AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 20  Marzo 2019

El encanto de la fractura
Emilio Campmany Libertad Digital 20 Marzo 2019

Hay una generalizada preocupación entre los votantes de derechas acerca de la posibilidad de que Sánchez conserve la presidencia del Gobierno con los inquietantes apoyos que hoy lo sostienen a consecuencia del fraccionamiento del voto entre Ciudadanos, PP y Vox. El sistema D’ Hondt castiga, en las circunscripciones pequeñas, que son muchas, al tercer partido. Sin embargo, esto es así sólo en las circunscripciones pequeñísimas. En las que eligen cinco o seis diputados sólo es verdad cuando los dos partidos mayoritarios lo siguen siendo de forma abrumadora.

Pero, PP y PSOE ya no son lo que eran. Y, en la derecha, han cambiado muchas cosas. La traición a los propios electores y la inclinación a ejecutar programas de izquierdas por buscar el aplauso de quienes no les votan, ha hecho que muchos electores de derechas no quieran votar al PP. Mientras Casado no tenga la oportunidad de demostrar su lealtad a los principios del PP desde puestos de Gobierno y no simplemente de boquilla, será para él imposible recuperar los votos de los decepcionados. La única forma que tiene la derecha de aprovechar estos votos, y no perderlos en la abstención, es ofreciendo una alternativa creíble al PP. Los electores que, sintiéndose moderados o centristas, estén preocupados por las amenazas a la unidad de España y crean que el PP ha sido excesivamente tibio ante ellas, tienen a Ciudadanos. Los de derechas que estén igualmente preocupados por la unidad de España y piensen del PP lo mismo que los anteriores, disponen de la opción de Vox. Y quienes, siendo también de derechas, crean que Ciudadanos es demasiado izquierdista y Vox excesivamente dogmático, pueden seguir votando al PP confiando en que Casado no les decepcionará como hizo Rajoy.

Las tres opciones garantizan que no se perderá un solo voto que, sin ser nacionalista, esté a la derecha del muy radicalizado PSOE. Si tan sólo se presentara uno de los tres partidos, esto estaría muy lejos de estar garantizado. Puede que sea perjudicial en las circunscripciones muy pequeñas. Pero, en éstas, la sabiduría del electorado evitará con el voto útil parte del daño. Y, en las circunscripciones medianas, donde se elijan más de cinco escaños y no digamos en las grandes, el efecto será beneficioso porque no habrá en la derecha más abstención que la de aquellos que, por cualquier circunstancia, no puedan votar. Esto es lo que pasó en Andalucía, donde la primera vez que el PSOE fue derrotado fue cuando la derecha se presentó fracturada.

En cualquier caso, lo que no puede hacerse al día siguiente de las elecciones, en caso de ganar el PSOE, es calcular lo que hubiera pasado si votantes de Ciudadanos y Vox en circunscripciones medianas hubieran optado por el PP porque en la mayoría de los casos se tratará de votantes muy reacios a respaldar al PP y que, de no haberse presentado a las elecciones ni Ciudadanos ni Vox, habrían caído probablemente en la abstención o, en el caso de algunos centristas, en las sacas del PSOE. Este fraccionamiento de la derecha no es tan malo como parece, ni mucho menos.

¡Qué pena de España!
María Claver okdiario 20 Marzo 2019

Leo con tristeza que Sociedad Civil Catalana completa su giro nacionalista, más allá de la cuestión lingüística, apostando porque el Estado tiene que ser generoso con los independentistas “si hay un arrepentimiento sincero” y concluye que lo que ocurrió no fue “un golpe de Estado al uso”. Van caminito de decirnos que ‘pelillos a la mar’. Si algo hay que reconocer al independentismo de los últimos tiempos, a diferencia de lo que ocurrió con el ‘pujolismo’, es que no esconden ni lo que son ni lo que pretenden. Han dejado claro que van a seguir adelante con sus objetivos ante un constitucionalismo que se desdibuja frente al único principio que debe guiar a todo demócrata: la defensa firme e incondicional de la ley. Eso es lo que ha ocurrido con Sánchez y eso es lo que está ocurriendo con Sociedad Civil Catalana.

Manuel Azaña, durante la constitución de la II República, decía: “a nosotros nos ha tocado vivir y gobernar en una época en que Cataluña no está en silencio, sino descontenta, impaciente y discorde” y “ahora nos toca conjugar la aspiración particularista o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la República”. Azaña lo intentó y el pago a su comprensión llegó en forma de golpe Estado de Companys y de la ERC tres años después.

No nos engañemos, a nosotros también nos ha tocado vivir una época en la que Cataluña ha roto su silencio, eso sí, quebrando la convivencia y el orden constitucional. No tengo ninguna esperanza en que nuestro país, ensimismado siempre en sus debilidades y complejos, afronte con determinación la lucha por la libertad. Sociedad Civil Catalana no serán los únicos que, llegado el momento, apuesten por “conllevar” el asunto catalán. Veremos como muchos otros se suman a la estrategia del falso apaciguamiento, convirtiendo a Junqueras en el nuevo hombre de paz, referente moral de lo que está por venir. Es triste y decepcionante, pero ya verán como es así.

Dudas, mentiras y encuestas imposibles
Fernando Díaz Villanueva. vozpopuli 20 Marzo 2019

Estas van a ser probablemente las elecciones de resultados menos pronosticables de la historia. En parte por la tendencia creciente a mentir en las encuestas y por el alto porcentaje de ciudadanos que no lo tiene nada claro

A lo largo de este mes se han hecho muchas encuestas, demasiadas, más de lo que suele ser habitual a dos meses de unas elecciones. El escenario que apuntan es muy parecido todas ellas: una victoria del PSOE pero por pocos escaños, entre 100 y 110. Le sigue el PP con unos 80-90, Ciudadanos con 60-70 y Podemos con unos 40-50. Cerrando la lista emerge Vox, que se apuntaría unos 20 o 30 escaños en el Congreso. Entre todos los partidos de ámbito nacional sumarían unos 320-330 escaños, es decir, el 95% de la cámara, idéntico porcentaje que en junio de 2016. El 5% restante se lo reparten los nacionalistas catalanes, vascos y canarios.

Ateniéndonos a estas encuestas todo lo que se observa es un trasiego de voto de Podemos al PSOE y del PP a Ciudadanos y Vox. De los 137 escaños que Rajoy obtuvo hace tres años unos 25 se irían a Vox y aproximadamente 30 a Ciudadanos. Podemos, por su parte, perdería 25 que recoge Sánchez en su totalidad.

Con estos números el pacto a la andaluza saldría por los pelos. PP, Ciudadanos y Vox se quedarían en unos 170-175 escaños mientras que el PSOE y Podemos llegarían rabiando a los 150. Pero recordemos que el bloque de izquierda puede echar mano de los nacionalistas, que entre todos suman unos 25 escaños. Eso lo cambia todo porque supondría un empate similar al de 2015.

Todo esto es válido si las encuestas aciertan, cosa que de un tiempo a esta parte no sucede. En 2015 y 2016 patinaron. Las agencias demoscópicas fueron incapaces de mostrar el inmenso voto oculto que tenía el PP. Tampoco anduvieron muy finas estimando los resultados de Podemos, cuya magia dejó de surtir efecto en el primer semestre de 2016. No hubo, tal y como vaticinaban muchos sondeos, un 'sorpasso' que 'pasokizase' al PSOE.

Hay más oferta que nunca: cinco partidos con implantación nacional, entre ellos la novedad distorsionadora que representa Vox, más los nacionalistas en no pocos territorios

¿La razón? O la gentemiente cuando le preguntan o es que no lo tiene muy claro. Probablemente se trate de una mezcla de ambas. Por un lado hay más oferta que nunca: un total de cinco partidos con implantación nacional. Algo así no se había visto nunca y eso crea cierta indecisión. Por otro, queda por despejar la incógnita de en qué sentido están mintiendo los que han decidido hacerlo de un modo deliberado.

Si lo que les da vergüenza es decir que van a votar al PSOE o a Podemos nos encontraremos la noche del 28 con una inesperada tromba de votos para la izquierda que atornillarán a Sánchez en la Moncloa sin contestación durante otros cuatro años. Si es al contrario, si los que no quieren reconocer ante los encuestadores que votarán (otra vez) al PP o (por primera vez) a Vox, la fiesta de la derecha será por todo lo alto y quizá pueda fraguar un pacto como el de Andalucía.

Porque el de las elecciones andaluzas de diciembre es el precedente más ilustrativo y no las anteriores legislativas. La demoscopia se dio un piñazo histórico que encarnó mejor que nadie el CIS de Tezanos. Pero no sólo falló Tezanos, fallaron todos. No predijeron la subida de Vox y el batacazo del PSOE. Al día siguiente todos se preguntaban de dónde habían salido todos esos votos para Vox. Muchos de ningún sitio, es decir, aseguraron al encuestador que se iban a abstener y luego votaron a Vox. Otros, la mayoría, del PP e incluso algunos de Podemos. Resumiendo, que o mintieron o se decidieron a última hora.

Los sociólogos afirman que, de promedio, uno de cada cuatro votantes deciden su voto en el último momento, dos o tres días antes de las elecciones. Esto ayudaría a entender vuelcos como los de 2004, cuando los atentados del 11-M dieron la vuelta a las expectativas de voto que tenía en PP. Pero en las andaluzas no hubo un 11-M, tampoco en las de 2016. De manera que hubo mucha mentira. Dijeron una cosa y luego hicieron otra.

Aquí surge una nueva pregunta: ¿por qué no quieren decirlo? Una de dos, o porque se avergüenzan de su propio partido, caso del PP en 2016, o porque entienden que no es políticamente correcto decir que votan a tal o cual formación, caso de Vox en Andalucía. No olvidemos que la corrección política lo inunda hoy todo, hace tiempo que salió de los debates televisivos y se instaló en templos de la vida cotidiana como el bar o la peluquería. Ciertas opciones políticas, especialmente las de derechas, están muy estigmatizadas por los medios de comunicación y el consenso general. Y esto cuenta mucho a la hora de confesar nuestra intención de voto a un desconocido.

En las elecciones del 28-A podríamos encontrarnos ante ambos extremos. Podría suceder que muchos votantes de Podemos no lo reconozcan en público porque el estado actual de la formación provoca vergüenza ajena. Luego ya, a solas delante de la urna, es posible que se sinceren consigo mismos y tomen la papeleta del partido al que votaron en las dos últimas elecciones. También podríamos estar ante una segunda edición aumentada del 'voxazo' andaluz. A Vox en la tele le llaman de todo y nada bueno. Es posible que ante semejante asedio muchos que ya han decidido su voto por Abascal no quieran decirlo en alto por el qué dirán.

No lo sabemos, de lo que si podemos estar seguros es que los sondeos este año más que despejar dudas van a generarlas. Tal vez tengamos que mirar hacia otro lado, a los estudios demoscópicos realizados mediante técnicas de Big Data por ejemplo, o dejarnos llevar por la intuición que nace de la observación detenida y desapasionada de nuestro entorno. No será fácil porque en campaña todo es distorsión y exceso, pero creo que esta vez la demoscopia tradicional no nos va a servir de mucho.

Vox, enemigo del pluralismo político
Juan Ramón Rallo elconfidencial 20 Marzo 2019

Vox es una coalición de derechas heterogéneas: entre sus filas, cabe encontrar a conservadores clásicos, neoconservadores, tradicionalistas, filoliberales o alt-righters. Lo que une a semejante batiburrillo ideológico es, por un lado, su amor a España y, por otro, su oposición a la izquierda política y social (lo que se ha denominado vagamente “marxismo cultural”). En un grado moderado, ni el amor a España ni la oposición a la izquierda tienen por qué resultar especialmente dañinos para nuestras libertades: una concepción no identitaria de España —como Estado de Derecho integrador de la diversidad cultural— y una lucha contra las políticas intervencionistas de la izquierda podrían, desde luego, contribuir a ampliar nuestro marco actual de libertades.

Acaso por ello haya habido personas bienintencionadas que pensaran que Vox podía contribuir a incrementar marginalmente las libertades dentro de nuestro país: no porque el partido no contenga militantes y dirigentes que sientan alergia hacia las libertades individuales (sobre todo en la esfera no económica), sino por la esperanza de que se terminara imponiendo una interpretación templada de los pilares ideológicos del partido —el amor a España y la oposición a la izquierda— en lugar de una versión fanatizada y exacerbada: a saber, que triunfarían el patriotismo cívico y un cierto liberal-conservadurismo frente el nacionalismo identitario y el autoritarismo anti-izquierdista.

Personalmente, nunca fui demasiado optimista con la deriva que fuere a adoptar el partido. Si a sus claros elementos antiliberales —claramente reflejados en muchos de los puntos de las famosas “100 medidas para la España viva”— le añadimos que, en general, los partidos políticos no evolucionan hacia el liberalismo sino que degeneran hacia el estatismo, se entenderá mi natural escepticismo hacia lo que pudiera llegar a significar Vox en el panorama político nacional. Y, por desgracia, los acontecimientos de los últimos días han terminado confirmando tan oscuros temores.

No ya porque el cabeza de lista de Vox por Albacete sea un confeso anticapitalista, negacionista, conspiranoico y homófobo personaje (algo que ingenuamente cabría atribuir a un mal funcionamiento de los filtros de selección de candidatos), sino porque la formación de Abascal ha recalcado su predisposición a perseguir y censurar a sus adversarios políticos. A día de hoy, Vox solo reclama la ilegalización de todos los partidos políticos independentistas por el mero hecho de ser independentistas (y no por los delitos que hayan podido cometer), sino que también amenaza con ilegalizar a Podemos por anti-español y marxista.

En otras palabras, no solo no rectifica una de sus propuestas más estrambóticamente liberticidas (ilegalizar a partidos y asociaciones independentistas), sino que redobla la apuesta para incluir a una formación que ni siquiera es independentista (más bien defiende facilitar la organización de una consulta sobre la independencia) y que formalmente ni siquiera suscribe a día de hoy planteamientos marxistas (cuestión distinta es cuál sea el posicionamiento profundo de muchos de sus líderes). Si Podemos puede ser ilegalizado, entonces cualquier otra formación se vuelve también potencialmente ilegalizable: el PSOE por “venderse” a Torra; Ciudadanos por ser un aliado de Soros y del marxismo cultural; y el PP por su “operación diálogo” con el golpismo secesionista. Una vez se cercena de base el respeto al pluralismo político y se apuesta por imponer una visión ideológica de carácter monolítico, cualquiera puede ser la próxima víctima del rodillo ilegalizador: las purgas políticas ya no se restringen al interior de las formaciones, sino que tienen lugar también entre formaciones.

Y cuidado, no se trata de que el marxismo no represente un peligro cierto para cualquier sociedad libre: evidentemente lo es. Se trata, más bien, de que las sociedades no pueden mantenerse libres instaurando la censura y reprimiendo las asociaciones voluntarias de sus ciudadanos. Puede que ésta sea la mayor fragilidad de las sociedades libres (tolerar a aquellos que defienden destruirlas mientras no ataquen los derechos individuales ajenos), pero es también la cualidad que las vuelve mínimamente atractivas para todos: que todos debemos respetar las libertades ajenas aun cuando los demás abracen visiones de la sociedad radicalmente enfrentadas a la nuestra es la garantía de que nuestra visión de sociedad también será respetada.

Al marxismo, mientras no dé el paso de utilizar la violencia contra sus conciudadanos, habrá que combatirlo intelectualmente, no policialmente: es decir, habrá que exponer cuáles son sus fallas argumentales y exhibir las devastadoras consecuencias de su aplicación en cualquier sociedad. Pero reprimir agrupaciones pacíficas por el mero hecho de que difundan tesis discordantes con un determinado statu quo político impide que el disenso contra ese statu quo político pueda manifestarse y articularse públicamente, de modo que sólo deja abierta la vía violenta como forma de expresar la oposición al mismo.

Una vía violenta que, por cierto, acaba canalizándose a través del Estado una vez que los grupos represaliados se hacen con el control del mismo. ¿O es que Vox es tan sumamente miope como para no darse cuenta de que existen amplios sectores de nuestra sociedad que —cada vez con más razones— ven en la formación de Abascal un peligro para sus libertades y, por tanto, estarían deseosos de ilegalizarla tan pronto como consigan una mayoría política suficiente y, sobre todo, tan pronto como se haya quebrado ese pacto social tácito de no reprimir el pluralismo político e ideológico en España?

Si aquello que Vox denomina “extrema izquierda” deviene ilegalizable, entonces, y por las mismas razones, aquello que la izquierda denomina “extrema derecha” (Vox) también será ilegalizable. Existen ciertos consensos mínimos acerca de la convivencia dentro de una sociedad que no deberían romperse bajo ningún concepto y Vox, ya sea por fanatismo ideológico o por cortoplacismo electoralista, los está rompiendo ahora mismo. Al igual que el populismo de izquierdas ha envenenado por lustros la convivencia dentro de España, el populismo de derechas está contribuyendo a hacer exactamente lo mismo.

La bazofia pluralista, la integración de la diversidad cultural, el tipo de Albacete
Nota del Editor 20 Marzo 2019

Cuando alguien suelta eso del "pluralismo" mis neuronas comienzar a revolverse. No saben que hacer ante tal idiotez. Es como querer terminar de calcular todas las cifras del número Pi o escribir las de un tercio. Había comenzado a leer el artículo pero me he cansado a medio camino. Tendría que machacar cada párrafo. Con Rallo casi nunca puedo ponerme de acuerdo: él es autonomista y yo defiendo la eficacia, así mi consejo es que si le preocupa España, vote Vox y deje de marear la perdiz con los grupos que cualquier persona sensata no puede contar para que España deje de seguir hundiéndose en la basura..

España 2019
Nemesio Fernández-Cuesta elconfidencial 20 Marzo 2019

María Elvira Roca Barea, historiadora cuyo libro 'Imperiofobia y Leyenda Negra' es de recomendada lectura, terminaba el pasado 11 de marzo una “tercera” de 'ABC' sobre el viaje de Magallanes y Elcano con la recomendación de “…celebrar con alegría y sin complejos los hechos del pasado que hicieron de España una nación sin la que es imposible entender la historia del mundo”.

El historiador americano Stanley G. Payne, en su libro 'En defensa de España' escribe: “El reino asturleonés comenzó su expansión durante el segundo cuarto del siglo VIII …el avance …continuó de forma intermitente hasta el reinado de Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir durante más de un milenio… una historia de expansión que duró más de mil años y que atañe a una parte muy considerable del mundo no es un asunto banal, sino algo realmente extraordinario, uno de los hitos más grandes de la Historia Universal. Estamos hablando de la expresión de una cultura, de una tenacidad y de una resistencia que difícilmente tiene equivalente en la Historia”.

Nuestra realidad histórica maduró políticamente a lo largo de los siglos. Payne, en su obra citada, atribuye a Ricardo García Cárcel el mejor resumen analítico sobre la cuestión de la identidad nacional española. En una versión más simplificada que la incluida en el libro de Payne, cabe distinguir:

Si maximizamos el Estado propio y común a todos los españoles como eje de la identidad española, el concepto de España no emerge hasta el siglo XVIII, tras la Nueva Planta de Felipe V.

Si por el contrario, subrayamos como claves identitarias nacionales la definición de un territorio global y mantenido con estabilidad a lo largo del tiempo, tendríamos que situarnos en 1512, con la anexión de Navarra como referencia estelar tras la conquista de Granada en 1492 y la unión territorial de las Coronas de Castilla y Aragón con el matrimonio de los Reyes Católicos.

Si nos atenemos a la plasmación de una plena conciencia de soberanía nacional española habría que retrasarlo al siglo XIX, con la Constitución de 1812.

Este proceso no es diferente al de otras grandes y viejas naciones europeas, cuya construcción no data del siglo XIX. No obstante, el concepto de nación política, con derechos y deberes que atañen por igual a todos los ciudadanos, es un concepto elaborado a partir de la independencia estadounidense (1776) y de la Revolución Francesa (1789). Nuestra incorporación no es tardía. Sin embargo, la historia de los siglos XIX y XX en España es la historia de un fracaso prolongado hasta el último cuarto del siglo XX.
La Transición Democrática, culminada en la Constitución del 78, nos ha permitido alcanzar cotas de libertad, convivencia y progreso que nos han convertido en una democracia avanzada y en la decimotercera economía del mundo. Suena a repetido, pero en esta época en que las mentiras se convierten en verdades a fuerza de repetirlas, conviene reiterar las verdades para que nadie nos las esconda.

Lo sorprendente de las próximas elecciones es que, pese al éxito de los últimos cuarenta años, hemos sido capaces de convertir a España en objeto del debate político. No su Gobierno, ni la orientación de su economía o su política, sino su propia existencia.

A lo largo de los últimos años hemos convivido con el “Estado Español” o con conceptos como “nación de naciones”. En un proceso de “balcanización” intelectual de nuestra historia, hemos asistido a la magnificación de cualquier hecho histórico que subrayaba los particularismos y al silencio sobre la realidad histórica común, cuando no a la tergiversación pura y simple:

Rafael Casanova, a quien los independentistas catalanes rinden homenaje todos los 11 de septiembre, era un austracista español que luchaba contra la instauración de la dinastía borbónica en España. En modo alguno era un independentista catalán.

Alfonso VIII incorporó la totalidad de Álava y Guipúzcoa, a la corona de Castilla en 1200, más de trescientos años antes de la anexión de Navarra por Fernando el Católico. A lo largo de los ciento cincuenta años anteriores la frontera entre Navarra y León primero y luego Castilla había sido inestable, pero de ahí a considerar Navarra y el País Vasco como una unidad histórica hay una distancia imposible de recorrer.

En el ámbito de los particularismos, Al-Andalus nunca fue un paraíso de tolerancia y convivencia entre tres culturas. Como señala Darío Fernández-Morera en su obra 'El mito del Paraíso Andalusí', la España musulmana no disfrutó de una armoniosa convivencia, sino de una precaria coexistencia. Como nos recuerda la obra citada, “en 1085 pocos cristianos quedaban al sur de Toledo. Cuando el rey de Aragón, Jaime I el Conquistador se anexiona el reino musulmán de Valencia en 1238, no encontró ningún cristiano. Cuando Fernando e Isabel conquistan Granada en 1492 tampoco”. La armoniosa convivencia había acabado con ellos.

Convivir con esta “balcanización” de nuestra Historia y su reinterpretación sesgada no nos ha aportado nada. Al contrario, hemos contribuido a dotar de un falaz sustrato intelectual a posiciones políticas que buscan destruir España o reducirla a una amalgama más o menos informe de pueblos y territorios. No se trata de volver a la cursilería ridícula de la “unidad de destino en lo universal”. Se trata de aceptar con normalidad una realidad histórica notable.

En un artículo de opinión publicado en 'El País' el pasado día 12, Juan Claudio de Ramón, además de reconocer que “el odio antiespañol existe y deberíamos empezar a llamarlo por su nombre”, escribía: “Es como si la xenofobia antiespañola existiese en un ángulo ciego o fuera una hipótesis incómoda, porque invierte el tradicional relato sobre quién es agresor y quién agredido en España, quién el tolerante y quién el intolerante”.

El tradicional discurso de buena parte de la izquierda y de los nacionalismos convierte en sospechoso de intolerancia, o de algo peor, a cualquiera que hable bien de España o de su historia. Las dos citas utilizadas al principio de este artículo son directamente sospechosas de albergar recónditos impulsos autoritarios y, sin embargo, son legítimas opiniones de renombrados historiadores. Porque la conclusión es que los intolerantes son ellos. Podemos preguntar a cualquier ciudadano que se siente español y reside en Cataluña.

La Historia debe estudiarse para entenderla y extraer conclusiones, no para usarla políticamente. Tampoco hay que envolverse en la bandera, solo hay que respetarla. Pero mantengamos con rigor que, como dice la Constitución, solo hay una nación, España, construida a lo largo de siglos. Parafraseando a Payne, contamos con una cultura, una tenacidad y una resistencia que nos hará superar, como hicimos con el terrorismo de ETA, el presente desafío independentista catalán.

Superar el terrorismo de ETA, a ver si con Vox lo conseguimos
Nota del Editor 20 Marzo 2019

Algunos optimistas o despistados se creen que ETA ha sido superada, pero la realidad muestra que les han dejado ganar: están gobernando en algunas regiones y ayudan a mantener al mafioso gobierno central del Dr No Doctor.

La revisión del sistema electoral
Amando de Miguel Libertad Digital 20 Marzo 2019

Es tal la inadecuación del sistema electoral vigente a la evolución social que su reforma implicaría redactar una nueva Constitución.

Vaya por delante un primer axioma: no existe un sistema electoral óptimo para todas las ocasiones. Antes bien, habrá que irlo adaptando a las circunstancias de cada tiempo y país. Es fácil acordar el principio de "un hombre, un voto", pero luego hay que determinar muchos detalles. Ni qué decir tiene que "hombre" viene de humus; se refiere a la especie humana, no al sexo masculino. En su día "un hombre, un voto" fue un grito revolucionario. Hoy lo que hay que acordar es cómo se traduce tal principio a las necesidades de cada sociedad. Eso es lo que determina precisamente una ley electoral, que será siempre ideológica.

El sistema electoral vigente en España se diseñó hace más de una generación para que posibilitara un régimen bipartidista. Resultó bastante "imperfecto", como se dijo, al introducir la cuña de los partidos nacionalistas. La obstinada realidad ha hecho que derive en un sistema multipartidista, más conforme con la sociedad en la que nos ha tocado vivir, pero también más inestable.

Es tal la inadecuación del sistema electoral vigente a la evolución social que su reforma implicaría redactar una nueva Constitución. La primera providencia sería que el nuevo sistema electoral no debería figurar en el texto constitucional para poder asimilar mejor los ulteriores cambios. Fue un gran error que el texto constitucional de 1978 fuera demasiado detallado hasta implicar un sistema electoral que hoy nos parece harto discutible. Lo malo es que, a la hora de plantear las posibles reformas, en el debate solo intervengan los representantes de los partidos políticos.

Se impone una primera condición para que funcione adecuadamente la democracia en esta atribulada España. A saber, todos los partidos políticos deben declarar de modo expreso y fehaciente que tratan de representar al conjunto de los españoles, naturalmente según las distintas ideologías, y no a una parte territorial de ellos. En la práctica quiere esto decir que se deben proscribir los partidos que se propongan representar en el Parlamento nacional solo a una región, una provincia o una localidad. Es fácil ver el posible sesgo a través de la denominación de los partidos.

Tampoco sería razonable la opción de que hubiera partidos que intentaran defender exclusivamente intereses sectoriales; por ejemplo, los de los inmigrantes extranjeros, las mujeres, los jubilados, los homosexuales, etc. El interés general debe ser la suprema ley en el funcionamiento de los partidos. Otra cosa es que después surjan en ellos humanísimos vicios de funcionamiento. Pero para eso están los tribunales.

La reforma del sistema electoral no se arregla con detalladas "tecniquerías": el número de escaños, la prima a las circunscripciones electorales menos pobladas, la segunda vuelta, etc. Se trata de ingeniosas maniobras para entretener o impresionar al personal ignaro que somos todos, menos los aficionados a la ciencia política, que tanto abundan. La peor y más real de las "tecniquerías" es que se presentan con un aura científica, pero se emiten solapadamente para favorecer a un determinado partido político.

Muchas de las propuestas sobre el régimen electoral se apoyan, con unción sociológica, en los vaticinios que hacen las encuestas. ¿Por qué se les hace tanto caso? Porque el registro de sus opciones se convierte en anticipaciones, naturalmente, según la "lectura" que de ellas se haga. Se presume que los electores van a reaccionar según la táctica de "apostar al caballo ganador". Es una imagen lúdica que no siempre se cumple. Puede darse el fenómeno contrario, de que, emitida una profecía, se realice el resultado opuesto. Por otra parte, el comentario tan repetido de "yo no creo en las encuestas" es tanto como decir "yo no creo en los termómetros" o en "el sistema métrico decimal". Está bien como desahogo, pero nada más.

Al final, más que las provisiones de la ley electoral, lo que funciona es la panoplia de usos y prácticas que despliegan los dirigentes de los partidos políticos ante los posibles comportamientos que permiten las normas. Ese es el verdadero debate. Todos quieren llegar a la cima del poder, pero solo un partido puede conseguirlo, aunque sea por tiempo limitado. Esa es la gracia y el interés del juego electoral.

Stanley Payne: "Lo de 1936 no fue un golpe de Estado"
El hispanista estadounidense vuelve a la carga con un estudio sobre la Guerra Civil y el papel que jugó en su estallido la revolución de la izquierda.
David Barreira elespanol 20 Marzo 2019

No cesa Stanley G. Payne (Texas, 1934) en su empeño de derribar mitos en torno a la historia de España. El hispanista estadounidense acaba de publicar un nuevo ensayo, La revolución española 1936-1939 (Espasa), con el que vuelve a sumergirse en el tema de la Guerra Civil. En esta obra recorre de forma analítica los principales lances políticos de la contienda, prestando especial atención al proceso revolucionario que se desencadenó en la zona republicana, sobre todo a partir de las elecciones de febrero de 1936 en las que se impuso el Frente Popular. Y sus conclusiones en cuanto a la responsabilidad del trágico desenlace no discurren por el carril habitual: "Un Gobierno de la CEDA no habría desembocado en el peor de los resultados", escribe. Pero hay mucho más.

De su libro se desprende que la mayor responsabilidad de la Guerra Civil le correspondió a las fuerzas revolucionarias, las izquierdas, y no a la sublevación militar.
A largo plazo sí, pero es una relación entre la causa inmediata y la causa fundamental. La Guerra Civil en si misma se abrió como consecuencia de la sublevación militar, el detonante, pero la causa fundamental de la gran división, los desórdenes y la crisis surgida en la sociedad española fue consecuencia del proceso revolucionario, que crecía más y más.

Usted habla de una "rebelión en contra de la erosión de la democracia". ¿No hubo entonces un golpe de Estado?
No fue un golpe de Estado en sentido estricto. Es decir, no pudo ser un golpe para acaparar los resortes directos del poder en Madrid. Fue una imposibilidad física, militar, porque los rebeldes estaban demasiado débiles en Madrid y por eso sería necesario una concentración de fuerzas, una insurrección mucho más amplia por todo el país. Y por eso supuso algo como una Guerra Civil breve... Todo el mundo esperaba una Guerra Civil entre las fuerzas más extremistas, pero la cuestión fue de qué clase de Guerra Civil y de cuánta duración. Pero el golpe de Estado... siempre se dice eso, bueno, es un término metafórico... Bueno, en el primer momento sí se concibió como un golpe de Estado, que varias cosas lleven a agarrarse a los resortes del poder, a los Ministerios en Madrid, pero eso fue después de algún tiempo, cuando fue absolutamente posible. Sería necesario no distraer a otras fuerzas para conquistar Madrid, y eso quiere decir una Guerra Civil breve.

En el libro asegura que un Gobierno de las derechas en el 36 no habría desembocado en el peor de los resultados.
Probablemente no. Según el estudio más reciente, la única investigación a fondo [que denuncia el fraude del Frente Popular], las elecciones acabaron casi en empate entre las varias fuerzas, por lo que habría resultado en un Gobierno de coalición de centro derecha. Entonces es muy posible que hubiera tenido lugar alguna rebelión o insurrección por parte de las izquierdas revolucionarias, pero habría sido posible contener y derrotar esto en una cuestión de varios días... Y no habría habido una verdadera Guerra Civil larga con un gobierno de coalición de centro derecha. Hubiera sido lo que más le convenía al país, pero la situación era enormemente complicada y contradictoria.

¿Pero no habrían seguido las izquierdas con ese proceso revolucionario? ¿No habría ido a más?
Creo que no porque habría habido una escisión en el Partido Socialista entre los moderados y los caballeristas revolucionarios. Quizá hubieran tenido una política más razonable y habría sido posible conciliar con parte de las izquierdas y no hubiera sido necesario enfrentarse con una gran coalición revolucionaria.

¿Cree que se ha mitificado todo lo que tiene que ver con la Segunda República?
Bueno, no se puede llevar la mitificación más allá de lo que ya se ha hecho, hemos tenido suficiente. Ahora es necesario ver las alternativas y las realidades.

Para usted, la Segunda República no es ese ejemplo democrático que abanderan algunos sectores.
No, pero hay que ir por partes. El régimen empezó como una democracia, y lo era en los primeros años. Durante la mayor parte de su vida, hasta la victoria del Frente Popular, era un régimen democrático y luego el Gobierno perdió la ley y el orden, con muchos actos arbitrarios. A pesar de la enorme censura de prensa, de los recortes en la libertad de expresión, y de los muchos defectos que hubo, seguía siendo más que cualquier otra cosa un régimen democrático desde el comienzo hasta las elecciones del año 1936.

¿Cómo acaba el Frente Popular con la democracia?
Con el rechazo de la aplicación de la ley y la Constitución. Se alentó a llevar a cabo toda clase de atropellos de la ley y el orden, actos revolucionarios, toda la violencia política, las ocupaciones de propiedades, de tierras.. en esos cinco meses anteriores a la Guerra Civil. Ante esto, mucha gente semimoderada se dio por vencida. Una parte considerable de los demócratas acabó en contra de la revolución y más o menos al lado de Franco en la Guerra Civil. Esto es algo que se ha escondido, pero que es una realidad. Lerroux, Ortega y Gasset, Marañón… tuvieron que cambiar de posición política durante el curso de estos sucesos. La lista, la serie de atropellos cometidos durante esos cinco meses, no tuvo parangón en otro país fuera de la Rusia de 1917. España batió todos sus récords.

Antes de la sublevación, los militares hablaban de instaurar una República conservadora. ¿Por qué España acabó gobernada por una dictadura que duró 40 años?
Lo más interesante de esto es el primer paso: los cambios habidos durante los primerísimos meses de la Guerra Civil, y no es fácil historiar todo esto porque hay una ausencia de documentación que es casi total. No hay nada en el archivo de la Fundación Francisco Franco sobre esto. Seguro que había papeles y documentos pero parece que han sido retirados y destruidos. No entendemos muy bien el proceso, pero el resultado es perfectamente claro: las dos reuniones en Salamanca de los miembros de la Junta Militar en la segunda mitad de septiembre de 1936 en las que se propuso a Franco como Generalísimo, como mando único militar; y luego la transformación de esto en una dictadura personal. Cómo se llevó a cabo todo esto y cuáles fueron sus trámites es algo que se queda muy oscuro.

El mismo Franco aceptó el plan de Mola de una República transformada, más conservadora, de derechas, y había sido bastante explícito en sus primeras declaraciones, pero esto cambió ante la totalidad de una guerra civil completa y extremista, ante la revolución en la otra zona. Franco se transformó de jefe militar en dictador político, gubernamental, controlándolo todo. Ese no fue el plan de los otros militares ni de Mola y fue algo mal recibido por los mandos más importantes, pero mantuvieron la disciplina ante las necesidades de la guerra. Cuando llegó la victoria final, Franco tenía todos los resortes del poder bajo su control personal.

¿Qué opinión tenían el resto de generales de Franco?
Aquí encontramos otra falta de documentación casi completa. Franco gozaba de mucho prestigio, pero también había deseos personales de otros militares. No se entiende el proceso de votación: Franco fue una elección, dos votaciones, pero no tenemos las actas y no sabemos lo que pasó exactamente. Hay solo una versión directa, la de [Alfredo] Kindelán, el militar que nominó a Franco. Con Franco como jefe de Estado y dictador en funciones había un resentimiento de parte sobre todo de los militares más liberales como [Miguel] Cabanellas o Queipo de Llano. Estas tensiones no se disiparon hasta la muerte de Mola en accidente de avión en junio de 1937. Después de eso, con Mola muerto, con Goded muerto, con Queipo de Llano en su feudo separado y en términos políticos bastante desprestigiado, Franco quedó como la figura dominante que controlaba todos los aspectos del poder.

A esa lista también podemos añadir a Sanjurjo, a Primo de Rivera… Franco tuvo mucha suerte… ¿o la buscó?
Franco tuvo mucha suerte, el destino permitió que muchas cosas evolucionasen en un sentido que le favorecieron, pero también era muy astuto. No cometió grandes errores y la gente que le apoyaba entre el mando militar eran sobre todo monárquicos. Ellos querían utilizarle para conseguir la restauración de la monarquía. Y eso tuvo lugar, pero después de 40 años (risas). Fue entonces la convergencia de todos estos factores: astucia de Franco, no adelantarse demasiado, conseguir el apoyo de otros que no eran franquistas acérrimos y el desarrollo de la situación que favorecía hasta cierto punto estos planes. Fue un plan que evolucionó, que no se concibió durante la etapa original.

No habría habido una verdadera Guerra Civil larga con un Gobierno de coalición de centro derecha tras las elecciones de 1936
Entonces, ¿Franco alteró el plan inicial de sus compañeros para su beneficio?

Sí, claro que alteró mucho los planes originales, pero luego tenía la ventaja que estaba ganando las batallas. Y esto le dio más y más poder. Franco llegó a tener un cierto carisma de la victoria y al final llegó a ser el ganador total y completo de todo.

Ahora parece que a Franco lo van a exhumar del Valle de los Caídos. ¿Qué opinión tiene sobre esto? ¿Cree que puede solucionar algo?
No porque el objeto de eso no es resolver nada, es de marcar puntos en esta batalla política, una lucha que se ha creado de la llamada memoria histórica que no es historia. No es una cuestión enormemente importante para España que Franco esté enterrado en el Valle de los Caídos. Que le coloquen en el cementerio del Pardo, en la cripta de la familia, en La Almudena… todo esto son cuestiones secundarias. Lo más importante es la cuestión de seguir la ley, las reglas, la moralidad… también los fallos del tribunal. El propio Franco nunca dio órdenes para ser enterrado en el Valle, no dijo nada. Porque la intención del Valle no era crear un espacio para Franco, fue de crear un monumento nacional a los caídos en la Guerra Civil y, en cierto sentido, para la reconciliación. La cuestión más fundamental es proceder a la exhumación con legalidad y respeto, como debe suceder con los muertos y los caídos sin importar el bando.

¿Realmente el Valle de los Caídos puede tener una función reconciliadora?
Ahora ha llegado a ser un símbolo de todo lo opuesto. En el siglo XXI, con el surgimiento de la nueva izquierda, la de zapatero, de Sánchez, de Podemos, han convertido el Valle de los Caídos en un símbolo de lucha, de sectarismo. Puesto que se trata de una basílica, de una iglesia, y tiene un claro sentido religioso, como la Guerra Civil, que fue una guerra religiosa de los católicos contra los anticatólicos, la basílica en sí no puede ser un símbolo de verdadera reconciliación, pero es muy difícil entender que pudiera ser ese símbolo, que otra cosa pudiera reemplazar al Valle de los Caídos. El monumento en sí es una cosa extraordinaria, es el monumento nacional a la guerra más impresionante del mundo de todo el siglo XX. Su valor artístico nacional como basílica es algo muy importante. Pero resolver esto en términos políticos es muy complicado.

En España se está hablando mucho ahora de la exhumación de Franco. Pero nunca el debate ha suscitado tanto interés con sus víctimas, ni con Federico García Lorca...
La violencia política de los años 30 fue una experiencia traumática máxima de España, en gran parte superada por el fin del franquismo. Ha sido resucitada por grupos individuales y políticos en el siglo XXI, algunos de ellos con buenas intenciones de resolver algunas cuestiones pendientes, porque es verdad que no ha habido una exhumación y un reentierro apropiado, digno y debido para los restos de algunos revolucionarios o izquierdistas ejecutados durante la Guerra Civil. Pero otra cosa es hacer de eso una cuestión política, sectaria, diciendo que entonces hay que tener un reconocimiento especial para las víctimas de Franco.

Es una cuestión complicada, que necesita una investigación a fondo y no es para una comisión de la verdad, porque una verdadera comisión de la verdad procede de los participantes mismos en esos sucesos, y en el caso español, casi un siglo después, todos están muertos. Esto es una postura ridícula. Lo mejor sería una comisión histórica, pero es muy difícil llegar a un consenso para llevar a cabo esta investigación porque faltan muchísimos datos. No puede hacerse de modo definitivo. No es un problema político, es un problema objetivo en cuanto a la investigación histórica y por tanto una resolución completa no se va a poder realizar nunca. Estamos ante la cuestión de la justicia histórica, y es una imposibilidad práctica porque la gente se ha muerto. Se pueden crear monumentos y memoriales, pero lo importante es hacer la historia del mejor modo posible y luego buscar la reconciliación y el perdón. No se puede imponer una justicia histórica, no es alcanzable por los medios humanos.

No es importante para España que Franco esté enterrado en el Valle de los Caídos

¿No cree que sacar a los fusilados de las cunetas es una urgencia democrática de España?
La cuestión de excavaciones, de reentierros, de reconocimientos, me parece algo digno y necesario, pero no solo para los muertos republicanos, también por los del otro lado que no han sido exhumados. Hay que proceder sobre un plan nacional y no sobre un plan político.

¿Y qué le parece que Vox reclute como cabezas de lista para las elecciones a generales conservadores, uno de ellos franquista declarado?

Es peligroso para Vox. Es un error táctico, político y estratégico porque esto da cierto color político al movimiento. La verdad es que en España hace falta un partido conservador responsable, y un partido conservador responsable no puede ser franquista ni tener evocaciones franquistas. Si es así, realmente me sorprende, es un error.
 

Enterradores, desenterradores y franquistas declarados
Nota del Editor 20 Marzo 2019

Esto de no dejar descansar a los muertos es un disparate. Como sigamos asi, tendremos que buscar, desenterrar y reconocer su aportación a la raza humana a algunos neandertales.

En cuanto a eso de franquista declarado, suena a sujeto peligroso capaz de comerse crudos a los niños. Se podía haber evitado ese comentario y haber quedado como un señor

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Jueces, sí; generales, no
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 20 Marzo 2019

La insoportable suficiencia moral de la izquierda, que ha contagiado a esa derecha que, para hacerse perdonar, imita sus muecas antifranquistas, se manifiesta epilépticamente tras el fichaje de cuatro generales en las listas de Vox. La reacción más zafia ha sido la del sicalíptico jotero Echeminga Dominga, del partido que fichó al generalito Julio Rodríguez en aquella época en que Errejón se jactaba de tener ya a parte del Ejército dispuesta a asaltar los cielos a sus órdenes, y cuyo ídolo político y financiador económico ha sido Hugo Chávez, militar golpista, con uniforme y sin él. Dice el defraudador a la Seguridad Social: "El 23-F entraron al Congreso disparando. El 28-A quieren entrar votando. Se dejarán la pistola en casa, pero es lo mismo." Pensará que los generales españoles son como su huidizo paisano Galtieri. Y no.

Si en España hay democracia es porque el Ejército, que era el que había ganado la guerra con Franco, pero de otra generación y sin sectores nazis como el argentino, facilitó la Transición. Lo hizo por la obediencia que Franco pidió en su testamento al Rey y porque era lo que convenía a España, a la que sirven y por la que han derramado su sangre no sólo en los campos de batalla sino bajo las pistolas de la ETA, cuya fachada política, Bildu, es, con el partido golpista ERC, socio político y electoral de Podemos. Gutiérrez Mellado, general en la reserva como los de Vox, fue el que hizo frente a Tejero, que se deshonró, tras deshonrar a su uniforme, al tratar de zancadillearlo sin éxito. Sólo un general, Milans del Bosch, sacó los tanques y cuando su superior lo ordenó por televisión, los devolvió a los cuarteles. Todos los demás, pese a su indefensión ante la ETA y a los recogenueces del PNV de Arzallus, "inmenso estadista" para Iglesias, mantuvieron la disciplina y, con ella, el régimen constitucional.

Más grave ha sido la reacción de la ministra de Defensa, que ha dicho que los militares están para defender a todos los españoles, como si, en el ejercicio de sus derechos cívicos, no lo hicieran en las listas de Vox y sí Zaida Cantera en las del PSOE, que gobierna con el apoyo de los enemigos de España y de la libertad. ¿Y los jueces como Robles, que van y vienen de la toga al ministerio? ¿No deben defender a todos los españoles? Pues en este gobierno sobran.

Más votos
Con su parsimonia ante los desaires separatistas Sánchez da alas a Vox
Luis Ventoso ABC 20 Marzo 2019

Tres detalles ocurridos ayer, que habrán molestado a millones de españoles de a pie, deseosos de algo tan sencillo como que en su país imperen el orden público y la ley:

1.- Vándalos de Arran, juventudes de la CUP, atacan las sedes de Cs y el PP en Barcelona, apedreando sus lunas y pintando sus fachadas con amenazas. Además, sabedores de que probablemente su tropelía quedará impune, se permiten reivindicarla. Nada nuevo en Cataluña. El estiércol ante los juzgados, las pintadas en la vivienda catalana del juez Llarena, los destrozos en el comercio de los padres de Rivera o el borrokismo contra las oficinas de los partidos constitucionalistas son prácticas reiteradas. Ni siquiera se comentan demasiado.

2.- Un ex alto cargo de Hacienda de la etapa de Montoro declaró ayer en el juicio del golpe de 2017 que el Gobierno separatista catalán pudo haber burlado el control del Ministerio, desviando fondos públicos a la organización del referéndum. Es decir, existe la posibilidad que los impuestos de todos los españoles sirviesen para costear la consulta ilegal. La semana pasada, en ese mismo juicio, Trapero, exjefe de la Policía autonómica, reveló que tenía preparado un dispositivo para detener a Puigdemont si se lanzaba a incumplir abiertamente la ley, como así hizo. No lo aplicó, porque nadie se lo pidió. El Gobierno de España dejó hacer.

3.- La Junta Electoral exigió la semana pasada al Gobierno de Torra que en 48 horas retirase los lazos amarillos y la simbología separatista de las fachadas de las instituciones catalanas. Torra no lo hizo. La insólita reacción de la Junta no fue obligarle, sino otorgarle 24 horas más. Torra y sus consejeros han vuelto a fumarse la orden. Pero el Gobierno de Sánchez se encoge de hombros, despeja el balón y se limita a enviar a la Junta Electoral fotos de cómo están las fachadas, para que ella decida. Resultado: el Gobierno catalán, máximo representante del Estado en Cataluña, se instala en la desobediencia y nada ocurre.

Escenas así no pasan desapercibidas. Muchísimos españoles anónimos se indignan al observar que un Gobierno regional goza de bula para saltarse las normas que nos obligan a todos. De ahí brota el grueso del voto a Vox, cuyo mayor agente electoral es Sánchez (hablamos de un presidente de España que incurrió en la infamia de recibir en La Moncloa a un Torra que portaba en su solapa el lacito amarillo, símbolo del golpismo antiespañol). «Si toleras el desorden para evitar la guerra, primero tendrás desorden y después guerra», advertía el perspicaz Maquiavelo. El enorme enfado por los abusos separatistas provoca una reacción emocional: responderles con lo más duro que se tenga a mano, y para muchos votantes eso se llama Vox. Personalmente desconfío del voto visceral, sea de derechas o de izquierdas, prefiero la aburrida moderación y estimo que tanto Casado como Rivera ofrecen contundencia suficiente frente a la inhibición de Sánchez. Pero se entiende el inmenso hartazgo de quienes optan por réplicas duras, porque el entreguismo del PSOE y Podemos en el mayor problema de España resulta insufrible.

La aburrida moderación para que todo siga empeorando
Nota del Editor 20 Marzo 2019

Ni Casado ni Rivera tienen la suficiente convicción y apoyo de sus cuates de partido para hacer algo positivo para España. Hacen falta principios y convicciones fuertes para demolir el frente popular que tenemos encima. Hay que votar a Vox, como última oportunidad.

Sánchez debe defender la ley en Cataluña
 larazon 20 Marzo 2019

El «proceso» independentista catalán se ha ido haciendo desobedeciendo una a una todas las leyes que se ha encontrado en el camino o forzando las leyes hasta el fraude. A lo largo de estos años, desde que 23 de enero de 2013 el Parlament aprobó la declaración de soberanía y el derecho a decidir de Cataluña, todo ha sido un camino bordeando la legalidad o incumpliéndola. Lo grave es que es un camino hecho ante la pasividad, impotencia o inoperancia de los gobiernos.

De este proceso se puede sacar una conclusión, confirmada estos días con el juicio en el Tribunal Supremo y la clara intención de los dirigentes independentistas de que tenían una voluntad innegable de subvertir el orden constitucional, de que si no se actúa en defensa de la legalidad ésta acabará quebrada. Esa situación se está viviendo día a día a Cataluña. Ante la decisión del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, de incumplir la sentencia de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos, banderas esteladas y demás propagada de los partidos y movimientos independentistas de las dependencias oficiales de la administración catalana, el Gobierno debe actuar de manera inmediata y denunciar ante la Fiscalía esta nueva desobediencia.

La JEC argumenta que esta exhibición de propaganda secesionista altera la neutralidad exigida en los centros públicos en periodo electoral, algo que en una situación normal –es decir, en un lugar donde se respeta al adversario político– sería cumplido, pero que la Generalitat, haciendo alarde de su desprecio a la legalidad española y a un irrefrenable instinto provocador, se ha negado. En Cataluña hay sectores políticos que creen que lo que denominan la «judicialización del problema» es una mala estrategia para apaciguar al independentismo, teoría compartida por los socialistas catalanes y que todo indica que ha encontrado predicamento en el propio Pedro Sánchez, siempre dispuesto a dejar a PP y Cs como fuerzas contrarias al «diálogo». Esta posición tiene una primera consecuencia que la sociedad catalana viene sufriendo desde hace tiempo: la usurpación del espacio público por el independentismo imponiendo banderas, himnos, consignas, gritos y, en definitiva, amedrentando a quien no comparta la doctrina oficial; y, en segundo lugar, desatendiendo a la obligación por parte del Gobierno de hacer respetar la legalidad allí donde se incumpla.

En el caso de los lazos amarillos y banderas separatistas vuelve a repetirse la habitual provocación de forzar al propio Estado a actuar –para mostrar su «rostro represivo», según jerga victimista al uso– y provocar el enfrentamiento. Este es el único programa de Torra y de su gobierno, lo que aprovechará hasta lo indecible. La Junta ha respetado todos los plazos, incluido esperar el escrito de alegaciones del propio Torra pidiendo la ampliación del plazo aduciendo que es difícil identificar los edificios públicos que incumplen lo exigido, hasta que, una vez desestimando, debe aplicarse lo requerido. El presidente de la Generalitat se expone a cometer un delito de desobediencia que podría derivar en inhabilitación, lo que en su estrambótica carrera política no debe significar mucho, y tampoco le importará demasiado un paso más en la degradación de la institución que representa. El argumento de que Torra sólo cumplirá lo que le aconseje el Sindic de Greuges (defensor del pueblo) es un acto más en esta ceremonia de falsedades a la que la Generalitat está sometiendo a los catalanes, ya que se trata de una instancia cuya función es otra («atender las quejas de todas las personas que se encuentran desprotegidas ante la actuación, o falta de actuación, de las administraciones»). A la espera de que la JEC decida llevar el caso a la Fiscalía, el Gobierno no puede abandonar a una parte de los catalanes y tomar la iniciativa.

Ilusos que piden a Sánchez que haga algo por España
Nota del Editor 20 Marzo 2019

Si, hay que estar muy despistado o pensando mal, muy escorado hacia el poder, para proponer que Sánchez Dr No Doctor haga cumplir la ley a quienes le apoyan en su personal locura.

El testimonio definitivo de la Guardia Civil
EDITORIAL Libertad Digital 20 Marzo 2019

Las últimas sesiones del juicio contra los responsables de la intentona golpista del independentismo catalán vienen apuntalando, cada vez con mayor firmeza, las principales tesis de la acusación y la instrucción del juez Pablo Llarena. La semana pasada fue la cúpula de la policía autonómica la que confirmó, sin el menor género de duda, que avisó a Puigdemont y a su Gobierno de que su empecinamiento en realizar la consulta ilegal del 1 de octubre provocaría numerosas escenas de violencia y pondría en grave riesgo la seguridad ciudadana. Esta semana ha arrancado con la prueba testifical de varios agentes de la Guardia Civil, cuyo testimonio está confirmando con total solidez la comisión por parte de los procesados de diversos delitos incluido el de rebelión, el más grave y por el que pueden llegar a caerles 30 años de cárcel.

Los agentes de la Guardia Civil citados a declarar han explicado con todo lujo de detalles las agresiones que debieron soportar en medio de situaciones de violencia creciente en dos momentos clave del proceso independentista: el registro de la Consejería de Finanzas el 20 de septiembre de 2017, entonces dirigida por Oriol Junqueras, y el propio día de la consulta ilegal celebrada el 1 de octubre.

En ambos casos, una masa perfectamente organizada trató por todos los medios de impedir el cumplimiento de los mandatos judiciales dictados al efecto para mantener la legalidad y el orden constitucional. A este respecto, el relato de un agente de la Benemérita presente en el registro de la Consejería de Junqueras resulta especialmente revelador por las amenazas y agresiones de centenares de independentistas descontrolados, azuzados en la calle por varios de los acusados como la ex presidenta del parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell. No es casualidad que en el registro del despacho del número dos de Junqueras hubiera documentación referida a los escenarios de guerra o de guerrillas, que los acusados consideraban entonces como probables tras la consumación del referéndum.

Los dirigentes de los mossos confirmaron que los acusados eran conscientes de que su decisión de llevar a cabo la consulta ilegal del 1 de octubre desembocaría en situaciones de extrema violencia callejera. El testimonio de los guardias civiles, ahora, demuestra que los procesados no sólo no hicieron nada para evitarlo sino que, por el contrario, fueron parte activa en la agitación de las masas para impedir la acción de la Justicia.

A falta de que se sustancien en los próximos días las declaraciones de nuevos testigos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, cada vez va quedando más clara la verdadera dimensión de este Golpe de Estado independentista, urdido y alentado por los acusados utilizando los recursos públicos de la Generalidad.

Todo ello parece conducir a que la prueba testifical de esta semana va a ser definitiva para el futuro penal de unos golpistas que, hasta ahora, pensaban que el juicio del Tribunal Supremo iba a ser solo un trámite más de los que, con su típica soberbia racista, están demasiado acostumbrados a desdeñar.

Marxismo y Nazismo, prohibidos: una lección de Historia alemana
Liberal Enfurruñada okdiario 20 Marzo 2019

“Algún día deberíamos analizar si tienen derecho a estar en el juego político los que no creen en la unidad de España y los que no renuncian al marxismo que tantos muertos ha dejado“, dijo el lunes Iván Espinosa de los Monteros cuando estaba hablando sobre Iñigo Errejón en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3. Ante esta declaración, la progresía mediática y política española ha reaccionado con el histrionismo que les caracteriza titulando que “VOX quiere prohibir los partidos comunistas”. Las declaraciones del número 3 de la lista de VOX al Congreso por Madrid son una crítica que debe interpretarse leyendo su programa electoral, ya que en su punto número dos figura la “ilegalización de los partidos, asociaciones y ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía“. Así pues, comprobamos que es una ‘fake news’, VOX no propone ilegalizar los partidos comunistas.

No obstante, merece la pena profundizar en las palabras de Espinosa de los Monteros. En la historia reciente de España se han ilegalizado partidos como Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, en aplicación de la Ley de Partidos Políticos de 2002, e incluso el ex juez Baltasar Garzón ilegalizó en 2003 el PartidoComunista de España (reconstituido) PCE(r). Todos ellos fueron declarados ilegales por formar parte de las bandas terroristas ETA y GRAPO. Pero existe debate acerca de la posibilidad de que se amplíen los motivos de ilegalización imitando lo que hacen otras democracias de nuestro entorno. Así la legislación alemana permite ilegalizar los partidos que persigan perjudicar o eliminar el orden liberal democrático y/o “amenacen la existencia de la República Federal de Alemania” y en su aplicación se ha ilegalizado el Partido Socialista del Reich, de ideología nacionalsocialista y el Partido Comunista Alemán. En Francia están fuera de la ley las organizaciones que “fomenten la discriminación y propaguen el odio y la violencia raciales“, con lo que han declarado ilegales a la organización independentista Iparretarrak y a los neonazis de la Federación de Acción Nacional Europea (FANE).

La exhibición de símbolos nazis y comunistas se ha prohibido en la mayoría de repúblicas exsoviéticas, donde tantos miles de muertos causó el comunismo. La pregunta a la que debemos respondernos es, ¿tenemos que permitir que los enemigos de nuestro sistema democrático utilicen a su favor nuestras herramientas legales para, desde dentro, destruirla, como hicieron los cubanos con la democracia venezolana? Existe la opinión muy respetable de aquellos que creen que la libertad de expresión debe estar por encima del resto de libertades y se debe permitir que cualquier idea pueda ser expresada, hasta las de los que nos pretenden destruir. El filósofo austriaco Karl Popper concluyó al respecto que, por muy contradictorio que parezca, para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con los intolerantes. O sea, que hay que defender la democracia de los que, aprovechándose de nuestros derechos y libertades, la pretenden destruir.

Pero lo más llamativo de este caso es que los que ahora se escandalizan son precisamente aquellos que quieren prohibir VOX, los que piden que se les aísle y se frene su entrada en las instituciones, los que declaran alertas antifascistas contra ellos e impiden violentamente que celebren sus actos. La extrema izquierda española siempre ha intentado silenciar la voz del que opina diferente incluso utilizando para ello la violencia. El partido de Santiago Abascal propone modificaciones legislativas democráticas, no violentas, que sólo se aplicarán si son votadas mayoritariamente y declaradas constitucionales por nuestros tribunales. Pero aquí los más intolerantes son los que reclaman tolerancia, esa es la paradoja de la tolerancia española.

Juicio al 'procés'
Manual de guerra, el ‘procés’ al desnudo y las declaraciones panorámicas de la Guardia Civil
María Jamardo okdiario 20 Marzo 2019

¡Malversación, malversación! Retumbaba en el Salón de Actos donde se celebra el juicio al 'procés'. Cada una de las declaraciones de los agentes de la policía judicial que se han sentado hoy frente al tribunal parecían gritarlo a medida que avanzaba su testifical.

No ha gustado, en absoluto, a las defensas de los golpistas catalanes la declaración hoy de los miembros de la Guardia Civil sobre los hechos preparatorios del 1-O. Vaya por delante -una vez escuchados sus testimonios ante el Supremo, en el marco del juicio del ‘procés‘- mi reconocimiento a su siempre profesional, e impagable, labor. Por la completa y panorámica visión de lo incautado en los registros judiciales y por la abundancia y detalle de los datos expuestos sobre la preparación del referéndum ilegal.

No importa si las preguntas tenían que ver con cartelería y campañas publicitarias, entradas de la policía judicial en las sedes centrales de Unipost y ‘Diplocat’, o si, por el contrario, se trataba de los documentos encontrados en los despachos de algunos de los entonces dirigentes de la Generalitat. Todo lo que han aportado resulta sumamente revelador. Y todo parece gritar, en cada rincón de la sala de vistas, en cada silencio, ¡malversación, malversación!.

Guardia Civil 1: “Manual de guerra”
La Guardia Civil encontró ocho folios hechos trizas, que posteriormente reconstruyó, en una papelera dentro del cuarto de la fotocopiadora del despacho del entonces secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó. El episodio ha sido relatado en el Supremo, de viva voz, por el jefe del dispositivo policial que registró su domicilio particular y su despacho profesional por mandato judicial.

Salvadó se enteró telefónicamente por una de sus secretarias, minutos antes de que sonase el timbre de su casa a primera hora de aquella mañana, de lo que estaba por llegar.“Entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa y tírala al patio”, pidió.“Ya he cogido algunas, las he metido en la caja de aguas, pero está aquí la Guardia Civil y ya no me da tiempo”, le contestó ella.

Trataba de ocultar a los agentes, el más estrecho colaborador de Junqueras, un documento que contenía información sobre los “escenarios posteriores al referéndum” del 1 de octubre, divididos en cuatro fases: noche electoral, recuento de votos y proclamación formal, período de transitoriedad jurídica y proceso constituyente.

De hecho, Junqueras apareció “cuando nadie se lo esperaba, acompañado por unas diez personas, para hablar con Salvadó”. Hubo un “pequeño forcejeo” porque aunque los agentes de la comisión judicial le advirtieron de que “no podía tener contacto con el detenido”, el entonces vicepresidente de la Generalitat, “hizo caso omiso, lo saludó, se abrazaron o se dieron la mano” y mantuvieron una breve conversación “en catalán”.

Del registro de Salvadó se obtuvieron “dosieres, archivadores, carpetas, libretas y material informático”, relativos a la organización de una agenda estatal propia; acciones orientadas a la obtención de un reconocimiento internacional, de un futuro Estado propio; y,“una carpetilla azul con la tarjeta de la Agencia Tributaria” bajo el título “escenario de guerra” y “escenario de guerrilla” con “dos hojas manuscritas”, en su interior, donde se detallaban las medidas que podía tomar el Estado español ante el “desafío independentista y las vías de subsistencia” con las que podía responder Cataluña. Acreditando la rebelión.

Guardia Civil 2: “El ‘procés’ al desnudo”
Tras analizar las cuentas del ‘Diplocat’, los agentes comprobaron que “existían pagos de vuelos y hoteles para un determinado grupo de personas que estuvieron en Barcelona entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre” a los que se encargaron “labores de observación” para el referéndum del 1-O. El cabo de la Guardia Civil que declara en segundo lugar afirma, “sin género de duda”, que el consorcio catalán contrató a parlamentarios y exparlamentarios internacionales para que asistiesen a los centros de votación y que, incluso, uno de ellos fue pagado por la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea.

Todas las actividades de ‘Diplocat’ -en contra de lo declarado por su ex secretario general, Albert Royo, que aseguró eran “expertos” realizando un “análisis académico” de la realidad catalana- fueron orientadas en 2017 “al pago de quienes vinieron para verificar” la consulta ilegal.

El agente desmenuza cómo en la documentación incautada aparecían detalladas hasta “tres actividades diferentes”, “perfectamente definidas con sus importes”, que fueron atendidas en un 85% del total por la Generalitat. Dinero público procedente, al menos en uno de los casos “de una partida del departament de Exteriores, dependiente de Raül Romeva” tal y como reflejó en un informe “la interventora de la Generalitat”.

El 85% de los gastos de observadores internacionales invitados por ‘Diplocat’ para verificar el 1-O los atendió la Generalitat

No sería la única. También las campañas de ‘Civisme’ fueron de pago: “Las facturas las aportó la señora Nuria Llorach” cuando se las requirieron, vía mandamiento, desde el “juzgado de instrucción número 13 de Cataluña”. Todos los directores de servicio contestaron al órgano judicial “que no se había destinado ni un solo euro a esta campaña”. Ante lo cual, el propio juzgado se dirigió en el mismo sentido a la “Delegación del Gobierno, desde donde se reenvió a la Secretaría de Estado de Hacienda quien, a su vez, lo remitió a la interventora” que identificó “una partida sustraída del fondo de contingencia, asignada al pago de estas campañas”. “Todo el expediente de pagos aparecía reflejado en varios correos que se emitieron por parte del señor Junqueras y del señor Turull, donde se aseguraba que, al no afectar a ningún proceso refrendario, no violentaba ninguna de las órdenes judiciales que lo prohibían”, abunda.

El “tal Toni”, el misterioso contacto de la Generalitat que encargó la publicidad del referéndum del 1-O a diferentes proveedores -entre ellos el propio Enric Vidal, coordinación de acción política de ERC en Badalona y diseñador gráfico- estaba detrás. Y el susodicho no era otro que el secretario de ‘Difusió’, Antoni Molons, próximo al exconseller Jordi Turull. Resuelto uno de los enigmas fundamentales del juicio, gracias al cabo de la guardia civil.

Molons entregó a Vidal un teléfono móvil de contacto. El número se rastreó. Correspondía a una línea prepago que fue contratada por “un tal Antonio Gorda”, pero “cuyo DNI correspondía a Antoni Molons”. Lo confirmaron los agentes en el registro de su domicilio. Allí encontraron la tarjeta SIM correspondiente, dentro de un teléfono en la habitación de una de sus hijas.

“El tal Toni” es Antonio Molons. Resuelto por el cabo de la Guardia Civil uno de los mayores enigmas del juicio del ‘procés’.

Los investigadores sospechan que Molons -que renunció a testificar en este juicio por su condición de imputado en otra causa por los mismos hechos- desempeñó un papel clave en la financiación de las campañas publicitarias de la Generalitat a favor del referéndum del 1-O, mediante “pagos opacos” con los que la máxima institución autonómica pretendía burlar la prohibición, para la financiación pública del mismo, del Tribunal Constitucional.

Mismo resultado tras el registro en la sede de Unipost. El guardia civil explica, siempre a preguntas de un certero fiscal Zaragoza, que también participó en el registro de la sede central de la empresa de mensajería en L’Hospitalet de Llobregat: “Accedimos a una nota manuscrita y a una tabla llamada ‘resumen campaña Generalitat’ en el despacho de Pablo Raventós” donde “se identificaba a 5 departamentos de la Generalitat entre los que se repartían las cantidades correspondientes al trabajo de envío de las 56.000 cartas certificadas, a través de las que se notificaban los nombramientos de los integrantes de las mesas electorales“.

“También se encontraron facturas proforma y notas de entrega, con sello original de cada uno de ellos, que correspondían a un pedido oficial de la Generalitat a Unispost”, detalla. El gasto total de las mismas “no llegaba al millón de euros, sin IVA”, recuerda el agente. El ‘procés’ al desnudo. La cocina de los preparativos, al descubierto, por primera vez en el juicio, narrada en primera persona.

Guardia Civil 3: “El capítulo de ‘terror'”
Riesgo de asalto, intento de “sustraer” a un detenido, amenazas de muerte y zarandeos en los coches de la Guardia Civil. Así describe el tercer agente, ante el tribunal, el ambiente de crispación y la escalada violenta que se vivió, el 20 de septiembre de 2017, durante el registro de la comisión judicial al Departamento de Exteriores.

Hasta tal punto fue así que uno de los entonces detenidos, Xavier Puig Farré, lo describió -tras abandonar su registro domiciliario previo, envuelto en una cápsula de seguridad de doble anillo, hasta el vehículo policial sin logotipar que le esperaba a un metro del portal- como “un capítulo de terror total”. No cesó ahí la escena. Los concentrados “nos tiraron agua, botellas y ocurrió un hecho gravísimo: la multitud se agolpó de tal manera que quisieron sustraer al detenido de la cápsula“, ha revelado. Algo que, asegura, en más de 25 años de profesión, no había visto jamás.

Las personas que se amontonaban entorno al coche policial “denotaban violencia, eran caras de muchas rabia. Una rabia descontrolada”, describe el agente. Se “produjeron forcejeos; una lluvia de golpes en el vehículo, en las puertas y en el techo, que incluso rompieron los cristales; había personas tumbadas en el capó y agarradas al limpiaparabrisas”. Generaron “un riesgo grave para la integridad de detenido” que, ante tal espectáculo, lo “único que alcanzaba a decir era, ‘Sáquenme de aquí, por favor’“.

Marchena cita a Alonso Martínez
Desde su labor al frente de la Comisión Parlamentaria de Justicia, primero, y como ministro de Gracia y Justicia, Alonso Martínez parió, en 1882, la Ley de Enjuiciamiento Criminal -código procesal español que rige la fórmula de los procedimientos judiciales del orden penal, tanto en su fase de investigación, como en su fase de celebración del juicio oral – y, posteriormente, el Código Civil de 1889. Ambos siguen hoy vigentes.

Al autor se refiere el presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, durante su reprimenda al letrado defensor, André Van den Eynde, que se queja -en una de las múltiples protestas que han formulado las defensas, profundamente incómodas, durante la sesión de hoy- porque se interrogue a un testigo al que no se ha tomado previa declaración en fase de investigación. Algo que es totalmente contrario a la espontaneidad propia de la prueba testifical y a los principios de contradicción e inmediación que rigen la celebración de la vista oral del procedimiento penal.

Las autonomías, en el diván de Freud
El tiro no parece errático: esta vez el Presidente de la Generalitat levantina ha anticipado las elecciones autonómicas de Valencia, haciéndolas coincidir con las generales
Félix Bornstein elconfidencial 20 Marzo 2019

Cerca de mi casa trotaba una alegre pandilla de amiguitos que iban juntos al mismo colegio. Unas veces eran buenos, se portaban bien con el profesor y el resto de alumnos, y en la hora del recreo se intercambiaban los cromos de sus futbolistas preferidos. Otros días, sin embargo, no paraban de hablar en clase, eran muy revoltosos y, al salir a la calle, se liaban a mamporros entre sí.

Aquel día fue uno de los peores. En la puerta del colegio les esperaba un señor muy raro que le entregó, solo a uno de los niños, un billete falso de cinco euros. El artificio era tan evidente que todos los chiquillos se dieron cuenta de que el billete valía menos que el envoltorio plateado (y chupado) de un caramelo. Aún así, los niños preteridos sintieron envidia del niño mimado por la fortuna.

Comenzaron a dar alaridos y gimotearon durante un buen rato. La escandalera únicamente cesó cuando el señor raro regaló también a los demás niños un billete de cinco euros a cada uno. Todos sabían que, como el primero, los billetes eran más falsos que Judas. Pero también todos reían felices. Nunca descifrarían las intenciones ocultas del intruso, pero lo cierto es que el señor atrabiliario, después de la rabieta de todos los muchachos menos uno, había puesto fin al agravio comparativo.

Ningún adulto ausente el día de autos se habría extrañado de la reacción de los chavales. Pero si el incidente lo hubieran protagonizado personas hechas y derechas, cualquier espectador imparcial habría pensado que el suceso era un fenómeno hilarante e incomprensible de locura colectiva. Con mayor motivo si los participantes en ese chusco “motín” hubieran sido dirigentes políticos de alto nivel. Al fin y al cabo, los ciudadanos esperan de sus representantes –y por eso pagan sus salarios- que se comporten con seriedad y solucionen los problemas reales de la sociedad.

Aunque no lo crean los escépticos, la posibilidad anterior ha trascendido del campo de la simple especulación. El pasado 13 de marzo se presentó ante todos nosotros un “prodigio” inverosímil.

Ese día se publicó en el BOE la Ley Orgánica 3/2019, de 12 de marzo, “de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en materia de participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones sobre inversión del Estado en la Comunidad Valenciana”.

Primero, conforme al procedimiento abreviado, iré al fárrago legal. Después apuntaré un comentario con más garbo, en sintonía con el espíritu falsario y tragicómico que inspira el texto de la Ley.

La LO 3/2019 añade un apartado 4 al artículo 52 del vigente (desde 2006) Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La adición establece el siguiente imperativo: “La Generalitat participará en las decisiones sobre la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana, la cual, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución, al peso de la población de la Comunidad Valenciana sobre la conjunta del Estado por un período de siete años. Con esta finalidad, se constituirá una Comisión integrada por la administración estatal, autonómica y local”.

¡Cuánta solemnidad! Parece un “ordeno y mando”, un ampuloso edicto imperial. Pero no se dejen engañar, en realidad se trata de una balada cariñosa o de una canción de música ligera. Algo así como 'El humo ciega tus ojos' (The Platters) o 'Parole, parole' (Alain Delon y Dalila).

El nuevo artículo 52.4 del Estatuto valenciano es un placebo de cara a la galería, un pelotazo al modo de “ustedes no saben con quién se la juegan” al que han sido invitados los patriotas valencianos. Es un obsequio de sus dirigentes regionales con la inestimable colaboración -¡qué más les da!- del Gobierno y el Parlamento del Estado (“el señor raro” que, en la fábula infantil, regala billetes falsos).

El Estatuto de Andalucía contiene un precepto similar (también en él el eje del compromiso inversor es la población). Por su parte, el Estatuto catalán de 2006 manifiesta (Disposición adicional tercera): “(1) La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años […] (2) Con esta finalidad se constituirá una comisión, integrada por las Administraciones estatal, autonómica y local”.

El Estatuto catalán y el valenciano son como las gemelas Pili y Mili (unas hermanas idénticas, como dos gotas de lluvia simultáneas). La única diferencia, tan estéril como irrelevante, es que mientras el primero modula la inversión estatal en función del PIB catalán, el segundo eleva a los altares de la inversión a la población de la comunidad valenciana. Pero, en todo caso, ambas normas protagonizan una aventura de dibujos animados. No despliegan ninguna eficacia activa. Son simples comparsas y marionetas de las Cortes Generales del Estado.

Cuando, en 2010, el “Estatut” se vio obligado a enfrentarse al test de constitucionalidad, su Disposición adicional tercera superó el examen. Sin embargo y paradójicamente, fue una victoria pírrica. El Tribunal Constitucional (STC 31/2010, FJ 138) despojó de trascendencia a la citada Disposición mediante “la técnica de la interpretación conforme”.

Según el Tribunal, la Disposición adicional tercera es un florero chino: no es contraria a la Constitución porque “no vincula a las Cortes Generales en el ejercicio de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues los compromisos financieros formalizados en los estatutos de autonomía no constituyen un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los Presupuestos Generales de cada ejercicio económico”. Ya que “es el Estado el que, atendiendo todas las variables concurrentes en cada caso, debe decidir si procede dotar, y en qué cuantía, las asignaciones correspondientes”.

¿Valencia como Cataluña? El Tesoro Público dice que vale, que no tiene ningún reparo, que la dupla autonómica le sale gratis. Las instituciones autonómicas valencianas lo saben perfectamente. Mejor dicho, lo saben los políticos que hoy las dirigen, que casi diez años después de la sentencia del TC exigen el mismo “techo competencial” que sus vecinos del Norte.

Sin embargo, han prevalecido sus intenciones de engañar a la parroquia con un ademán mayestático que reivindica el honor y la hidalguía del terruño. La lectura del preámbulo de la LO 3/2019 produce tanta vergüenza ajena como regocijo: “…no todas las reformas fueron leales, como la de Valencia, al Estado y al resto de autonomías…”; “…Valencia no puede permanecer impasible porque, ciertamente, no pretende estar por encima de ningún otro territorio dentro de España, pero tampoco va a consentir que sus legítimas aspiraciones se vean truncadas por la consolidación de un modelo asimétrico en el que unas comunidades autónomas puedan, en detrimento de otras, acceder a más competencias, a más financiación, a más inversiones o a más infraestructuras…”; “…pero el pueblo valenciano no va a ser menos que el pueblo catalán o el andaluz, porque tiene una población de cinco millones de habitantes…”.

¿Para qué tanto “postureo” si el Tribunal Constitucional zanjó definitivamente el problema en 2010? Un borrador de respuesta a la cuestión made Rodrigo de Triana: ¡Elecciones a la vista! El tiro no parece errático: esta vez el Presidente de la Generalitat levantina ha anticipado las elecciones autonómicas de Valencia, haciéndolas coincidir con las generales.

Un pajarito me ha soplado que Ximo Puig, Presidente de la Generalitat de Valencia, tiene todos los días unas jaquecas horribles y también se marea y sufre agudos ataques de vértigo. El conserje de un edificio cercano asegura que Puig, cuando sale de su palacio, se queja de que ve borrosa la pastelería de enfrente. Hay más testigos. Unos azafatos de Iberia cuchichean a sus parejas (como ven, sin éxito) que el Presidente valenciano ha viajado a Viena, con la intención de que le reciba en su consulta un tal Sigmund Freud.

“¿Qué me pasa, doctor”?. “Lamento comunicarle –dicen que ha dicho el refinado psiquiatra vienés- que tiene usted una neurosis obsesiva que no se la salta ni su amigo Babieca. Tómese una de estas pastillas doradas cada noche y, por favor, deje de hacer el ridículo vendiendo a la clientela pompas de jabón.”

Félix Bornstein es abogado y experto fiscal.


 


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