AGLI Recortes de Prensa   Jueves 21  Marzo 2019

Ante lo peor
Gabriel Albiac ABC 21 Marzo 2019

Vísperas de campaña electoral. Y, en el aire, un desasosiego que nunca he percibido así de intenso en estas cuatro décadas que van ya de convencional democracia. Pero es que nada de lo que está pasando se ajusta a las convenciones. Vivimos en una de esas grietas en las cuales se juega el destino de una nación: esto es, el destino de cada uno.

Dos ciclos históricos se cruzan en torno a unas urnas en las cuales se juega muchísimo más de lo que la convocatoria dice. El primero de ellos es un ciclo corto: porque corto es, en tiempo histórico, medio siglo. Es el ciclo de la Constitución de 1978. Que una Constitución forjada para salir de cuarenta años de dictadura haya de ser reconfigurada, no es algo que debiera alarmar a nadie. Por definición, una Constitución -cualquiera- es el código que formaliza un momento preciso de la nación en el tiempo. Y esa fluidez garantiza la continuidad de su sujeto constituyente: la nación misma. Para que la nación perviva, la Constitución debe estar siempre en curso de rehacerse.

Releída al cabo de casi medio siglo, en la Constitución de 1978 se aprecian ciertas imprecisiones léxicas que estaría bien corregir ahora. La más grave de ellas es el uso de un término, «nacionalidad», que, en los diccionarios anteriores a esa fecha, no significaba más que pertenencia a una nación, en el sentido en que decimos que alguien posee «nacionalidad española» o «nacionalidad islandesa». Y que, a partir del texto del 78, pasó a significar algo de ambigüedad potencialmente letal: una especie de «semi-nación», una nación de segundo grado, una nación germinal o inacabada.

Sobre eso se insertó el igual de ambiguo concepto de «autonomía», para dotar a tales simulacros de nación de sus específicos simulacros de Estado: administración propia, fuerzas del orden, parlamentos, gobiernos a escala… Se ponía con ello el fundamento de algo que los teóricos del Estado moderno no se han cansado de subrayar desde el siglo XVII: que la existencia de un «Estado dentro del Estado» -de un imperium in imperio en su léxico- es garantía de guerra civil. Porque el Estado no puede compartir su monopolio de orden y fuerza. No existe en la Europa moderna un ejemplo más puro de «Estado dentro del Estado» que el que dibujan hoy las autonomías en España.

Y es ahí donde el segundo de los ciclos que se cruzan, el largo, emerge con una resonancia trágica que sería estúpido ignorar. Llevada a su perfección, esa reduplicación del Estado dispone de todos los medios para lanzar el envite crucial: la autonomía se constituye en Estado, la nacionalidad se proclama nación. Y el golpe de Estado exige consumarse. Tras él, de la nación quedarán sólo astillas.

Eso hemos visto suceder en Cataluña. Eso seguirá sucediendo, al abrigo de ambigüedades que es hora ya de corregir. Puede hacerse. Se requiere tan sólo un acuerdo de todos los partidos constitucionalistas para poner orden en un país que se despeña. Es verdaderamente difícil para el ciudadano entender que, ante un envite de dimensiones tan catastróficas como el que la secesión de Cataluña plantea, los partidos que dicen someterse al imperio de la ley anden perdidos en rebatiñas infantiles por las prebendas que un mayor o menor número de escaños les garantizan.

No son, esta vez, los partidos, es la nación la que entra en riesgo crítico. Y, si la nación se quiebra, de esos partidos que no supieron evitarlo quedará ceniza e ira. Un amplio acuerdo nacional es aún posible. Sin ese acuerdo, lo peor es seguro.

Zapateos
Ignacio Camacho ABC 21 Marzo 2019

La otra noche, en la Casa de ABC de Sevilla, Pérez Reverte dijo que el punto cero del reciente fracaso español, el momento en que se empezó a joder todo, Zavalita, fue el mandato de Rodríguez Zapatero. En esencia porque, con un idealismo que aún no sabemos si era sólo irresponsable e incompetente o también perverso, se dedicó a romper todos los consensos que habían hecho de esta democracia una historia de éxito. Fue la época de la política levantatumbas y del aflojamiento de los pernos de una convivencia social y territorial que una década después iba a quebrarse casi por completo. Pero también, aunque esto no lo dijo Arturo, de la recesión que puso el bienestar social en riesgo y cuya existencia se negó a aceptar con un empeño que acabaría costándole el puesto. Sin duda fue peor todo lo primero, porque la crisis del sistema era un toro corniveleto que probablemente hubiese empitonado a cualquier gobernante que pillase por medio. En cambio, la ruptura de los grandes acuerdos de la Transición tuvo el carácter consciente de un proyecto cuyo adanismo desquiciado sacó de paseo a los demonios históricos que parecían superados en el tiempo.

Todo ese desastre, sin embargo, sería apenas un mal recuerdo si no mediasen indicios de que el sanchismo sigue el mismo prontuario y de que después de varios bandazos el PSOE parece dispuesto a terminar el trabajo que ZP comenzara hace quince años. Los arrumacos con el nacionalismo, la obsesión por Franco, la estrategia frentepopulista, los guiños ideológicos sesgados o la legitimación retroactiva del legado republicano demuestran que la socialdemocracia insiste con orgullo en los errores del pasado. Que alguien ha rescatado de algún cajón de La Moncloa aquel manual de fracasos. Y que, lo más inquietante, los ciudadanos dan la impresión de haber olvidado las consecuencias calamitosas de un modelo que llevó al país al borde del descalabro.

Los últimos rasgos de analogía con el descalzaperros zapaterista provienen de la negación de los patentes indicios de desaceleración de la economía. El Banco de España, los servicios de estudios financieros, la OCDE y la Comisión Europea llevan meses advirtiendo de una evolución negativa que el Gobierno desprecia con decisiones de gasto electoralista. El eco de Solbes -que luego entonó una palinodia arrepentida- ya ha retumbado en boca de una ministra, Nadia Calviño, para defender sus previsiones fiscales expansivas. Cuando suenan tambores de alarma en Alemania y otras naciones vecinas, Sánchez incrementa el déficit con frívola alegría. Las circunstancias no son las mismas de entonces pero nadie está atendiendo los nuevos síntomas. Suena a historia ya vista, pero no a lección aprendida. Estamos en lo que estamos: en la banalidad, en la fruslería política, en el tacticismo, en la cortedad de miras. Sólo que si te engañan por segunda vez no ha lugar a quejas tardías.

Aldeanismo político
Agapito Maestre Libertad Digital 21 Marzo 2019

Un ademán escéptico dibuja en el aire el hombre libre que se prepara para votar el 28 A. No quiere refugiarse en el seguro retiro de la contemplación y las formas. Rehuye la estética de la retirada, pero de ningún modo quiere entregarse a ese correr loco de la política española. El buen ciudadano español camina por la vida pública con impaciencia desdeñosa. Carece del vigor de quienes están consagrados a mostrar las contradicciones íntimas de la España de Felipe VI, pero de vez en cuando eleva el tono de voz y dice: ¡Basta, ya, señores de la prensa, de darle lecciones a la sociedad española! Es molesto, sí, para el votante español el "aldeanismo" político de algunos periodistas que aleccionan a Vox y PP para que vayan juntos a las elecciones del 28A. Aún es es más ridículo y pueblerino tratar de entender a Cs al margen de Vox y PP. Y aún es más destortolado cuestionar que el partido de Rivera no quiera saber nada con Pedro Sánchez.

Exhibiendo un pragmatismo ridículo, que está lejos de tener alguna verosimilitud, incluso concediéndoles que el sistema d´Hont, o sea, de asignación de escaños en función de los votos, pudiera darles la razón en las circunscripciones electorales más pequeñas, esos periodistas no están dispuestos a respetar lo real. Lo obvio. Tratan de negar la realidad política. Reducen la rica y compleja vida política española a técnicas electorales. Conforman o imaginan mayorías antes de someterse al proceso de votación. Aparte de ingenuidad o ideología perversa, esa actitud refleja un afán cuasi totalitario para transformar la complejidad del proceso democrático, que nos lleva a la elección, a un acto mecánico que está lejos del espíritu moral de la política. Si la política no incluye la moral, entonces desaparece la ética y la política…

Tiendo a pensar que esos periodistas están tan interesados por reducir lo complejo, el espíritu democrático, a una mera técnica aritmética para formar mayorías, que a veces caen en la mera mercadería periodística. No parecen dispuestos a aceptar el riesgo que implica la aparición de tres partidos políticos en un mismo "espectro" o franja del mapa político. Riesgo, en verdad, corren todas las formaciones políticas que no se mueven por los rulos ideológicos, por las fórmulas perversas, que tratan de aplicarles los periodistas que sólo ven derecha-izquierda, buenos-malos y, en fin, blancos o rojos. Porque la cosa, en efecto, este 28 A es más complicada, muchísimo más difícil, que elegir entre dos opciones, dejemos que la indeterminación democrática se resuelva el día después de la elección y no antes. No arruinemos el espíritu público democrático que ha surgido, sin duda alguna, de forma difícil y arriesgada en los últimos años por unos cuantos miles de votos… ¿O acaso piensa alguien que si hubieran concurrido en coalición esos partidos, habrían conseguido conformar esas "sugerentes" listas de candidatos al Congreso y al Senado?

Porque la sociedad española más avanzada, exactamente la misma sociedad que está a años luz del siglo XIX y del aldeanismo político de los analistas de provincia en la capital, ha demandado más y mejor democracia, el 28 A concurrirán tres partidos políticos que de modo claro y distinto no juegan con la base de la democracia: la Nación española. Los españoles quieren tres partidos nacionales para que sus líderes no mercadeen con lo fundamental: España. El resto no cuenta.

Una desastrosa gestión económica
Editorial El Mundo 21 Marzo 2019

El Banco de España advierte del desfase presupuestario al que conducen las medidas adoptadas en los viernes electorales

La irresponsable utilización del Consejo de Ministros como plataforma electoral por parte del Gobierno de Sánchez no ha pasado desapercibida para el Banco de España. No podía ser de otra forma. Porque los viernes electorales, anunciados con irresponsabilidad e instaurados con descaro desde la disolución de las Cortes, representan algo más que una forma de devaluar las instituciones del Estado. Son la constatación del peaje que el PSOE está pagando al populismo de Podemos por el apoyo recibido en la pasada legislatura y el que volverá a pedirle, en caso de necesitarlo, después del 28-A. Por eso se han convertido en un cúmulo de despropósitos y medidas equivocadas, además de una forma de lanzar globos sonda para contentar a su electorado, como el anuncio de una contrarreforma laboral o de un nuevo impuesto medioambiental sobre el diésel. Todo esto, ha recordado el Banco de España en su informe trimestral, no tiene únicamente una dimensión política, sino que afecta directamente a la marcha de nuestra economía.

El director general de Economía y Estadística del órgano regulador ha señalado un desfase entre ingresos y gastos del 2,5%, tan solo dos décimas menos que la previsión de cierre para 2018. Con los Presupuestos en suspenso y sin poder imponer los nuevos tributos que había diseñado el equipo económico de Sánchez para aumentar la recaudación, resulta absolutamente contraproducente aprobar medidas que incrementarán de manera sustancial el gasto, y consiguientemente el déficit, como la ampliación del incremento del permiso de paternidad, la exención del IRPF en las prestaciones por maternidad y la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años. Por otra parte, en lo que respecta al empleo, tal y como han demostrado los datos de enero y febrero, el aumento de la ocupación se ha frenado debido a la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, que está destruyendo empleos entre los jóvenes y en las provincias menos desarrolladas.

Pero junto al estudio del Banco de España, que prevé una disminución del crecimiento del PIB desde el 2,2% actual hasta el 1,7% en 2021, confirmando la ralentización económica, la consultora Marsh ha señalado a España como uno de los países que más elevan su nivel de riesgo político de cara a los inversores, por encima incluso de Reino Unido -en pleno proceso del Brexit- o Italia, con un Gobierno de coalición entre populistas de extrema izquierda y extrema derecha. El desafío independentista, alimentado por la legitimidad que Pedro Sánchez ha dado a Torra, y la amenaza de modificar la reforma laboral y subir la carga impositiva a las empresas están provocando que nuestro país comience a ser visto como un entorno poco fiable para los inversores. El Gobierno socialista está poniendo en riesgo la estabilidad económica lograda tras muchos años de esfuerzo de todos los españoles.

Aunque no guste a los radicales, VOX puede hacer campaña
OKDIARIO 21 Marzo 2019

Con independencia de la simpatía o rechazo que genere una formación como VOX, lo cierto es que se trata de un partido que, a día de hoy, cumple con las credenciales para concurrir a las elecciones generales. Sin embargo, la extrema izquierda y los independentistas han iniciado una serie de boicots al equipo de Santiago Abascal que –como mínimo– roza el terreno de lo delictivo. Como OKDIARIO adelanta este jueves, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quiere denegarles el permiso para celebrar un acto en el Palau Sant Jordi el próximo día 30, a lo que se añaden las llamadas de grupos anarquistas en Ciudad Real para igualmente boicotear un acto de Abascal éste sábado, día 16.

El filósofo catalán Jaime Balmes sostenía en su obra periodística que “es absurdo intentar parar con bayonetas las ideas”. Y esto es lo que tratan de hacer los extremistas; en vez fomentar el contraste ideológico característico de cualquier campaña, optan, en cambio, por recurrir a la intimidación y al burdo entorpecimiento jurídico. Difícilmente podría detectarse una actitud más saturada de errores, tanto en el plano teórico como en el estratégico o práctico. Aparte de que el hostigamiento realizado desde ámbitos comunistas y anarquistas resulta, en términos de rédito electoral, un ‘regalo’ que sitúa a VOX en el centro de la agenda pública, una conducta que renuncia a la argumentación y al contraste sereno para recurrir de forma sistemática al eslogan intimidante y a la violencia soterrada denota tal inseguridad y tal falta de calado intelectual que difícilmente podrá inspirar confianza –ni siquiera interés– a la mayoría de la sociedad.

La España de hoy, con ser una Historia de éxito, no cuenta a sus espaldas con una larga tradición de diálogo y debate sereno. Lo mucho que ha costado conseguir una democracia modélica debería servirnos para desterrar de la vida pública estas actitudes lamentables, máxime en periodo tan delicado como el electoral, que es cuando los estándares democráticos tienen que cumplirse con especial pulcritud. De lo contrario, de imponerse las formas y maneras de extremismo –sea éste del signo que sea–, continuaremos ahondando en el torpe círculo de la acción y la reacción.

La realidad acaba con los caprichos del desenterrador Sánchez
OKDIARIO 21 Marzo 2019

Pedro Sánchez está ultimando los fichajes para las elecciones generales. Sorprende, no obstante, que uno de ellos sea un candidato que curiosamente no habita en el reino de los vivos. El pasado Consejo de Ministros, ya en funciones, anunciaba que la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos se haría de manera taxativa el próximo 10 de junio para inhumarlos en el cementerio municipal de El Pardo. Último intento, a la desesperada, aún teniendo cabos sueltos, para cumplir con la promesa electoral que ha llevado a gala durante estos nueve meses de legislatura. Un anuncio gubernamental que, además de contravenir el deseo de los descendientes del dictador de trasladar sus restos a La Almudena, ningunea por completo al Tribunal Supremo.

Los Franco llevaron el caso hasta el Alto Tribunal con el fin último de que éste emitiera medidas cautelares que frenasen la exhumación y aún están a la espera de la decisión judicial. La misma actitud expectante que cabría esperar de un Ejecutivo que, supuestamente, respeta la separación de poderes y el Poder Judicial. No obstante, y a pesar del fuerte ruido mediático provocado por Sánchez, el Gobierno –aún llevando a cabo la exhumación– no tendría base legal para impedir que los restos mortales de Franco terminaran depositados en la catedral madrileña. No podría ampararse ni en la reforma de la Ley de Memoria Histórica que el PSOE llevó al Congreso debido a la disolución de las Cortes, ni tampoco en la Ley de Seguridad Ciudadana, tal y como se pretendía argumentar en el informe de la Delegación del Gobierno de Madrid encargado por el Ejecutivo.

Un obstáculo más que, al menos, retrasará la exhumación, aunque no es el único. Hasta que el Supremo se pronuncie, el derecho canónico brinda potestad total a la orden benedictina de Cuelgamuros para decidir sobre todo lo que haya dentro del templo, incluidas las criptas mortuorias. Resulta inverosímil, e incluso hilarante, que tras una transición democrática tan modélica como la española haya llegado a la Presidencia del Gobierno un dirigente que usa las herramientas gubernamentales para dividir a la sociedad y crear un ambiente guerracivilista. Sánchez debería estar a la altura de su cargo, aunque ya esté languideciendo por la proximidad del 28-A, y llegar a las elecciones generales de manera honesta y sin usar las instituciones públicas con fines propagandísticos y partidistas. Marca del sanchismo, por otro lado.

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Las amargas letanías
La campaña contra Vox distrae de la batalla contra el sanchismo, el enemigo real de España
Hermann Tertsch ABC 21 Marzo 2019

No hay día en que no lluevan los insultos a quien pretenda no votar a ninguno de los partidos hoy representados en el parlamento. Objeto de todos esos epítetos del desprecio son los españoles que en poco tiempo han adquirido la convicción o la esperanza de que hay una nueva opción política que tiene voluntad de representarlos a ellos. Que es Vox. Y de la que esperan que los defienda a ellos y a sus opiniones y sus intereses como ninguno lo ha hecho en pasadas legislaturas. Todos los días se suman nuevos fustigadores a la campaña que dirigen algunos ya realmente obsesivos. ¡Cuánto empeño en descalificar la libertad y la voluntad del prójimo! ¡Cuánta fatuidad en esas admoniciones! Que llegan a cuestionar la capacidad política, la madurez, el criterio y hasta la salud mental y la pertinencia del derecho de voto de todos aquellos que pudieran optar por votar a Vox. Los llaman fanáticos y patrioteros, pulseritas, idiotas y hasta agentes del sanchismo. Les conminan a la enmienda y a salvarse de sus bajos instintos no votando lo que desean sino lo que les digan las elites pensadoras y sofisticadas.

Poco favor hacen así a otros partidos con estas amargas letanías. Porque esta insistencia en que la salvación de España depende de que un número cada vez mayor de españoles no voten lo que quieren no tiene credibilidad y tampoco honradez intelectual ni política. Y menos aun cuando procede de quienes han jaleado y elogiado a los culpables de que la continuidad histórica de España y su régimen democrático estén hoy en grave peligro. En una crisis existencial comparable a las dos mayores tragedias que fueron la invasión napoleónica y la guerra civil. Estamos donde estamos porque el proyecto de cambio de régimen fraguado por la izquierda, el separatismo y el terrorismo bajo Zapatero recibió el visto bueno y la protección de un gobierno de Rajoy que tuvo la mayoría absoluta para acabar con él. Y estamos aquí porque el bolso de Soraya nos dejó en manos de un desaprensivo cómplice con todos los enemigos del régimen democrático y la nación.

El PP ha acometido cambios profundos bajo un Pablo Casado que tiene inmenso mérito dada la inmensa mochila de piedras heredada. Y recuperará fuerzas en campaña. Pero eso no basta. Porque ese partido sigue inmerso en los tóxicos efluvios del consenso político que le hace defender leyes ideológicas de la izquierda o políticas lingüísticas como la gallega. Casado ve el camino. Pero es Vox quien le ayuda a arrastrar en la dirección adecuada esa mochila que heredó de gobernantes que merecerían condena. La defensa eficaz de España, de su unidad nacional, su constitución, su lengua común y su libertad tiene aún posibilidad de éxito político e incruento gracias a esta revuelta popular nacional gestada desde 2017. Su incuestionable referente es Vox. Pedir que desaparezca es castrar la revuelta imprescindible para salvar a España. Es pedir que se suicide la esperanza.

La revuelta fue inicialmente una reacción al golpe de estado en Cataluña. Hoy es ya el inaplazable levantamiento popular en favor de la continuidad de la nación española y su democracia para derrotar la muy clara amenaza que supone un frente popular de socialistas radicales, comunistas, golpistas separatistas y filoetarras, liderado por un personaje sin escrúpulos ni freno moral ninguno. Vote cada español en conciencia y libertad a quien crea que le representará y defenderá mejor. Concentren los partidos y los medios sus campañas, no en insultar a su posible o imposible votante, sino en denunciar a quienes quieren destruir España y podrían tener después del 28A medios y tiempo para hacerlo.

Sánchez estrecha lazos (amarillos) con Torra
EDITORIAL Libertad Digital 21 Marzo 2019

Está visto que la desfachatez del Gobierno de Sánchez no conoce límites: en mismo Ejecutivo que no ha dudado, una vez disuelto el parlamento, en abusar de los decretos ley y del dinero del contribuyente con fines descaradamente electoralistas, rehúye ahora su obligación de hacer cumplir la ley al golpista mandatario de la Generalidad, Quim Torra, por considerarlo "poco escrupuloso" y "electoralista". Esta es, al menos, la delirante excusa que ha esgrimido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para justificar la renuencia del Gobierno a la hora de instar a la Fiscalía General del Estado a actuar contra el presidente separatista catalán por el público y persistente delito de desobediencia que conlleva su negativa a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos catalanes, tal y como le ha ordenado la Junta Electoral Central por considerarlos "partidistas".

Lo cierto es que la exposición de esos lazos amarillos es algo aun peor que el "uso partidista" de los edificios públicos catalanes; es la utilización de esos edificios para mostrar solidaridad con unos golpistas y para denigrar el ordenamiento jurídico español al que se le acusa abiertamente de tratar a los políticos encausados por el golpe de Estado como si se trataran de presos políticos. Por ello, no es un derecho sino obligación de cualquier gobierno impedir -o, en su caso, instar- a que se castiguen cosas como estas, con absoluta independencia de que le reporte o no beneficios electorales y con independencia de que estemos o no en campaña electoral. El imperio de la ley no admite intermitencias y la neutralidad exigible en campaña electoral no puede suponer una equidistancia entre el cumplimiento de la ley y su vulneración.

Con todo, la excusa dada por el Gobierno socialista para justificar su nada escrupulosa omisión del deber de hacer cumplir la ley es aun más desvergonzada si tenemos presente que obedece, precisamente, a fines partidistas. Y es que Pedro Sánchez sabe perfectamente que, después de haber gobernado con el apoyo de los separatistas catalanes, los proetarras y la extrema izquierda podemita, una firmeza sobrevenida contra Torra y su tropa golpista, no le reportaría ahora beneficio electoral alguno sino que, por el contrario, entorpecería sobremanera los pactos que pretende reeditar con estas misma formaciones tras las elecciones del 27 de abril.

Y es que, tal y como apuntan las encuestas publicadas hasta la fecha, la única forma que tendría Pedro Sánchez de seguir siendo presidente del gobierno es precisamente reeditando ese "gobierno Frankenstein" en el que el PSOE volvería a tener de compañeros de viaje a las mismas formaciones separatistas que mantienen intacto su desafío a España como nación y como Estado de Derecho.

La lamentable realidad es que Pedro Sánchez no quiere romper lazos con los separatistas aun cuando estos lazos son amarillos.

Cataluña, territorio sin ley
Isabel San Sebastián ABC 21 Marzo 2019

Nada azuza tanto el instinto criminal de quien se considera superior al resto como la certeza de impunidad. Si a ello sumamos la garantía de un sustancioso botín y el acicate añadido de humillar al otro, contemplado como víctima resignada a obedecer y callar, obtenemos los ingredientes de la tormenta perfecta: o sea, la situación creada en Cataluña por la combinación letal de un nacionalismo supremacista investido de amplio poder y un gobierno de España débil y carente de honor.

El nuevo «trío de la bencina», integrado por Pedro Sánchez, Carles Puigdemont y Joaquín Torra, ha convertido la antaño próspera comunidad autónoma en un territorio sin ley del que huyen las empresas en busca de seguridad. Por eso Madrid, mucho más pequeña, menos poblada, alejada de las rutas marítimas y situada en medio de la meseta, la supera ya con creces en Producto Interior Bruto y renta per cápita. Madrid se abre al mundo mientras Cataluña se encierra en un círculo vicioso de ombliguismo, desprecio por la norma, coacción y violencia creciente, no solo consentido por la falta de actuación de los organismos competentes sino alentado desde el Consejo de Ministros con promesas de nuevas dádivas. Una deriva perversa, que mantiene sumida en el abandono a esa mitad de la ciudadanía cuyo derecho a ser protegida y amparada por el Estado al que pertenece es sistemáticamente ignorado por quien debería ser su garante. Pónganse ustedes en su lugar. Sientan la frustración, la rabia, el miedo, la impotencia de todos esos compatriotas que trabajan, pagan sus impuestos y hasta sus multas, cumplen con sus obligaciones y respetan escrupulosamente la legislación vigente, mientras asisten, atónitos, a la escalada chulesca del desafío separatista protagonizado por sus gobernantes con cargo a nuestros bolsillos. Si a cualquier español bien nacido, provisto de dignidad, le subleva la lectura del periódico por la ración diaria de humillación contenida en sus páginas, traten de suponer lo que debe experimentar un catalán disconforme con esta locura ruinosa. El ejemplo de civismo que está brindando esa gente es merecedor de encomio, porque hasta hoy ni una sola de las provocaciones del bando independentista ha sido respondida con acciones semejantes. Veremos hasta cuándo…

Y es que, lejos de remitir como consecuencia del juicio que se celebra en el Supremo, la osadía del golpismo va en aumento. El president Torra, teledirigido desde Waterloo, se fuma un puro con las resoluciones de la Junta Electoral Central, se arriesga a ser inhabilitado y mantiene en los edificios públicos toda clase de símbolos partidistas, incompatibles con la neutralidad exigible a las instituciones e insultantes para España y para la democracia misma. ¿Sabrá él algo que los demás ignoramos respecto de eventuales indultos? Parece altamente probable. Los alumnos aventajados de la kaleborroka etarra, encuadrados en las CUP, de las que depende el Ejecutivo local, multiplican sus maniobras intimidatorias y tienen la desvergüenza de reivindicarlas. La cárcel de Brians 2, sujeta al control de la Generalitat, pone en libertad a Oriol Pujol, miembro ilustre de una saga de acreditados corruptos, tras apenas dos meses de prisión efectiva, como para dar patente de corso al latrocinio que se perpetra en nombre de la «nación catalana». Y suma y sigue.

Esta es la tónica desde hace ya demasiados años. Atrincherados en su capacidad de condicionar gobiernos, los separatistas han puesto a prueba nuestra paciencia con movimientos considerados hasta hace poco impensables. Imaginen lo que nos aguarda si, a lomos de un constitucionalismo dividido, Sánchez regresa a La Moncloa de su mano.
******************* Sección "bilingüe" ***********************


 


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