AGLI Recortes de Prensa   Viernes 22  Marzo 2019

El 28A tendremos ‘VOX’ y voto
Gonzalo Duñaiturria okdiario 22 Marzo 2019

Quienes consideren que el desafío secesionista en Cataluña es producto de los sucesos de 2017 están muy equivocados. Lo sucedido entre septiembre y octubre de dicho año fue la consecuencia de decenios de cesiones, pactos y camaraderías que alimentaron a la bestia, voraz e insaciable. El problema no era la bestia –no es la bestia– que con un corte de hacha queda agonizante, sino de aquellos que por vergonzosos y bastardos intereses han ido alimentando a la alimaña, con retorcidas y escondidas caricias hasta conseguir que la sabandija se sienta intocable, se muestre chula regodeándose ante sus hechos y felonías.

Cuando comienzo a escribir mi artículo semanal, leo no anonadado que Torra urde una burla a la Junta Electoral Central con símbolos alternativos al lazo amarillo. Mediante un choteo y chanza que nos debería pone colorados, semejante esperpento público ha burlado dos veces el mandato de la JEC, a la sazón y en periodo electoral Juzgado de Instrucción, sin que nuestro inefable Gobierno haya movido ficha, pudiendo hacerlo. Que nuevo escupitajo a la cara de todos y cada uno de nosotros. Que nula autoridad, ley, justicia tiene nuestro supuesto Estado de Derecho. Y que poca credibilidad tiene aquellos que hoy afrentan semejante desidia rayana en la traición cuando estando el escarnio en sus manos actúan de forma meliflua y cobarde sin aplicar la terapia de un cáncer cada vez más difícil de curar.

El consuelo no es que funcione el Estado de Derecho a través de sus órganos de Justicia. Que no nos engañen. Que no sigan haciéndolo. La responsabilidad del desafío a España no depende de la excepcional actuación del juez Marchena durante el juicio “del proceso”. Depende de la fuerza del Estado para ser y saberse respetado, de su autoridad y de la ley. Solo de la ley, pero de toda la ley. El problema en España es qué ante semejante afrenta, reitero, larvada desde hace cuarenta años, el Estado no utiliza la ley y a través de la Fiscalía, tiene capacidad para utilizarla. Nos encontramos ante un problema endémico de autoridad y de ley. Y solo nos recreamos en afirmar que vivimos en un estado democrático cuando no existe democracia sin ley, cuando la autoridad del Estado queda supeditada y amordazada a los burdos y execrables intereses de la clase política. Cuando no impera la idea de Estado con mayúsculas. Cuando no hay sentimiento de nación y cuando aquellos que lo tiene y pregonan son tildados de “fachas”. Atribuir responsabilidades es complejo y no seré yo quien pontifique. Pero existen objetivas e indiscutibles culpas. La mitificada Transición vendió muy barata la indisoluble unidad de España y cedió ante aquellos que sembraron lo que hoy recogemos. Los protagonistas del “bipartidismo” transigieron en todo aquello que el soberanismo les exigió con tal de conservar un poder con pies de barro y cara de hielo.

Y nadie con sentido de Estado supo poner pie en pared y aplicar la autoridad, con todas sus consecuencias, con la ley, solo con ella, pero con toda la ley. Tan solo un falso y cobarde “consenso” que con el paso de los años nos lleva al insulto, a la chulería y al desafío de unos delincuentes que aupados a un falso pedestal tiene la bula, por muchos concedida, de reírse de todos nosotros desafiando nuestras leyes nuestra historia, historia y convivencia de una nación de cerca de seiscientos años. Alumbremos un atisbo de esperanza y veamos qué en los próximos comicios, los españoles tendremos “VOX” y voto. Una gran parte de España está despierta y como afirmó Aristóteles: “La esperanza es el sueño del hombre despierto”.

Más gasto público para esconder la recesión
OKDIARIO 22 Marzo 2019

La información que este viernes ofrece OKDIARIO resulta preocupante. Que el actual presidente de España, Pedro Sánchez, pretenda esconder la incipiente desaceleración económica multiplicando por cuatro el gasto público denota una insólita mezcla de radicalismo y frivolidad; dos características que resultan letales para cualquier acción política y, sobre todo, para los ciudadanos que han de padecerla. Para evitar caer en la recesión técnica que los analistas más solventes coinciden en señalar como inminente, España no necesita electoralistas huidas hacia adelante, ni menos aún el irresponsable dispendio del gasto de la Administración. En nuestra memoria colectiva todavía colean frescos dos ejemplos que ilustran lo nefasto que resulta gobernar así: nos referimos al célebre debate electoral de 2008 entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro, cuando el candidato socialista y futuro ministro negó la llegada de la crisis, y al infausto ‘Plan E’ de José Luis Rodríguez Zapatero que, lejos de reactivar la economía, solo generó en el peor momento unas pérdidas adicionales de 7.800 millones de euros.

La España de 2019 no es la España de 2008, sin duda, pero hay pautas que vuelven a repetirse. Una de ellas viene recogida en el último informe trimestral del Banco de España, donde la entidad señala que la tasa de destrucción de empleo ha regresado, a finales de 2018, a los niveles previos a la crisis de 2008. Sabemos, además, que el sector exterior comienza a caer y que los principales componentes de la demanda interna –consumo e inversión– están ralentizándose a pasos agigantados; una demanda interna que, si en los datos oficiales es capaz de seguir dando el do de pecho, precisamente lo hace gracias al artificial bombeo de gasto público que el Gobierno ha puesto en marcha de cara a las próximas elecciones generales, autonómicas, europeas y municipales.

En este sentido, Sánchez demuestra ser fiel discípulo de su antecesor socialista. En vez de preservar la despensa para los peores momentos que están por llegar, prefiere dopar la economía para, de este modo, con el PIB inflado por el gasto público, afrontar con mayores probabilidades de victoria los inminentes comicios. El PSOE vuelve a las andadas.

La trampa de Sánchez: multiplica por 4 el gasto para esconder la desaceleración económica
Carlos Cuesta okdiario 22 Marzo 2019

El Gobierno de Pedro Sánchez sabe que la desaceleración económica ha comenzado e intenta camuflarla disparando el gasto público

El Gobierno sabe perfectamente que la desaceleración económica ha comenzado, pese a no dejar de negarlo. Lo sabe por sus indicadores avanzados –tal y como ha publicado OKDIARIO, más de la mitad se sitúan ya en negativo y casi la mitad lo hacen ya en situación de recesión (a lo largo de dos trimestres consecutivos)–.

Y Pedro Sánchez lo sabe, además, porque el debilitamiento del PIB se refleja claramente pese a que su Gobierno ha aprovechado el tiempo para disparar el gasto de las Administraciones públicas e intentar camuflar de ese modo la tendencia de caída que marca ya la actividad económica.

La economía puede crecer porque realmente haya ritmo económico. O puede hacerlo de forma artificial porque un Gobierno inyecte gasto público. La diferencia es abismal: el primer crecimiento será sano y sostenido porque no endeuda al país ni lo saquea a impuestos; el segundo será imposible de sostener porque se financia con lo que se quita en impuestos a la población con la otra mano. Y Sánchez ha metido ya a España en esta segunda vía para esconder la realidad de un debilitamiento generalizado.

Esa tendencia es precisamente la que refleja en estos momentos el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas españolas, que se ha disparado al cierre del cuarto trimestre de 2018 con respecto al mismo periodo de 2017. Si hace un año el ritmo de crecimiento de este indicador marcaba un 0,3%, ahora se eleva hasta un 1,2%, cuatro veces más, situándose, de este modo, en los niveles mostrados en los años previos al estallido de la burbuja.

Se dispara el gasto público
Los datos son obstinados. El crecimiento del PIB de 2018 cerró en un 2,5%. Pero el gran componente de ese avance es ya el gasto decretado por Sánchez –y financiado con nuestros impuestos o deuda (que se acaba pagando con los impuestos)–.

En 2017, el tercer trimestre registró un aumento del consumo final del 0,9% en las Administraciones Públicas y la aportación del sector privado fue del 0,6%. El cuarto trimestre de ese año registró un avance del consumo final de los hogares de un 0,4%, y un crecimiento del de las Administraciones Públicas del 0,3%. Una evolución errática pero que no marcaba ni por lo más remoto la tendencia registrada tras la entrada de Sánchez en el Gobierno.

Así, en 2018, el tercer trimestre del año mostró un alza del gasto en consumo final de los hogares de un 0,8%, frente a un auge del gasto de las Administraciones Públicas similar: del 0,8%. Y la corriente se ha disparado al cierre del cuarto trimestre, donde el auge del gasto en consumo final de los hogares ha crecido a un ritmo del 0,5%, mientras que el de las Administraciones Públicas lo ha hecho con un empuje del 1,2%.

Y todo ello mientras España mantiene la espada de Damocles de Bruselas que exige justo lo contrario: un ajuste de 16.000 millones de euros.

La humillación rebosante
Algunos no calculan la voluntad que generan rabia y hartazgo ante tanta afrenta separatista
Hermann Tertsch ABC 22 Marzo 2019

Los españoles están acostumbrados a la severidad del Estado. Saben que sus infracciones, de tráfico o urbanismo, fiscal o laboral, son castigadas de forma implacable y dolorosa. Con multas que siempre superan en mucho las sanciones en otros países con ciudadanos de mayor poder adquisitivo. La cantidad media de las multas de aparcamiento en una ciudad alemana es de 20 euros, en Madrid, de entre 90 y 180. Dos multas de tráfico pueden destruir aquí el presupuesto mensual de una familia modesta. El trato de los españoles con el Estado está cuajado de humillaciones. Por el desprecio y por la dureza del castigo de las faltas, la infracción del hombre honrado. En cambio, hay pocos países en los que se perdonen tanto los más graves crímenes. En España andan por la calle ladrones que son detenidos varias veces por semana, violadores condenados hace menos de un lustro y asesinos múltiples que han cumplido 18 meses por muerto a sus espaldas. A la humillación del trato injusto y severo al español honrado se suma la que causa la impunidad del más canalla.

Porque la cara más amable la reserva siempre el Estado a los peores matones. No hablemos de Josu Ternera, libre para que no hable de sus apaños con Zapatero. Ni de Mikel Antza, responsable en cientos de asesinatos, puesto en la calle al ser entregado por Francia. Hablemos de Quim Torra. Un jefe regional se burla de toda España. Se mofa de la Junta Electoral Central, se ríe de las instituciones y de las leyes y se cisca en los españoles. Se le ordenó quitar de los edificios oficiales pancartas y lazos amarillos que nunca debieron ser tolerados en ellos. Por ser un insulto a España y su Justicia y una amenaza a todos los catalanes no separatistas. Además de apología del crimen golpista. No los quitó. Hizo alarde de desacato hasta con broma de cambio de unos insultos por otros.

Es Torra el mismo sujeto al que la Guardia Civil vio en uno de los depósitos de material de la operación criminal en días de autos. Ahora, mientras Torra se ríe de los españoles porque sabe que el jefe del Gobierno de España está de su parte, se demuestra a diario en la Sala del Supremo que el golpe de Estado fue urdido y ejecutado por los acusados y muchos otros. Entre ellos, Torra. Había planes para situaciones de violencia extrema y se aplicó la violencia de forma calculada. Hubo acciones de vigilancia a la policía y coordinación de operaciones clandestinas con los cuerpos armados de los Mozos de Escuadra, destrucción de pruebas y las peores intenciones criminales. Sí, el golpe de Estado era y es ese golpe de Estado y todos los acusados y muchos más están implicados. También Torra, que sigue riéndose de los españoles. Sí, porque sabe que, pese a todos los disimulos y aunque no les gusten las maneras, Sánchez, el PSOE y los comunistas de Podemos le necesitan.

Sánchez y sus ministros, todos dedicados a la representación de la mentira, no perciben el calado de la indignación que generan estas humillaciones añadidas del golpismo. Millones de españoles asisten con rabia y estupefacción al circo montado por Torra y permitido por su socio Sánchez. A muchos sorprendió aquella manifestación de un millón en Barcelona de 2017. Fue el comienzo de una respuesta de los españoles a tanta humillación acumulada. En un eco atronador de la dignidad solitaria del Rey Felipe VI. Las humillaciones que generan otra vez los golpistas y quienes los amparan, ya son rebosantes. Como rebosan ya las emociones y voluntades ante una batalla decisiva de los defensores de la continuidad histórica de España contra sus enemigos.

¿Por qué Vox?
Samuel Vazquez /Club Viernes esdiario 22 Marzo 2019

¿Qué explica el repentino crecimiento de Vox? ¿Es la España cansada de tener que pedir disculpas incluso cuando la insultan? El autor da algunas claves sobre todo ello.

Ha ocurrido todo en un abrir y cerrar de ojos. No estaban ni se les esperaba, y de repente aparecieron desbordados en Andalucía. Su líder Santiago Abascal tiene fotos de hace cuatro días subido en un banco con un megáfono en la mano hablando para tres señoras mayores, un hombre con un perro y un chaval con la camiseta de la selección.

Ahora las fotos son saliendo por la puerta grande de la plaza de toros de valencia en loor de multitudes al grito de “presidente”. Al resto de formaciones políticas les ha pillado con el paso cambiado, me los imagino cual Mourinho en rueda de prensa:

¿Por qué?
La primera explicación a Vox la encuentro en las redes sociales. Es imposible pretender alcanzar cotas de poder político sin el apoyo explícito de los medios de comunicación de masas. Por ejemplo, nadie entendería el fenómeno Podemos sin las miles de horas en La Sexta, full time; mañana, tarde y noche en pantalla hasta que consiguieron colarlos en aquellas elecciones europeas de 2014.

Pero si a Vox nadie le daba bola en los Mass Media entonces ¿Por qué…?
La respuesta es sencilla. Hoy en día plataformas como Twitter y Facebook permiten a cualquiera entrar en las casas de todos los españoles sin la ayuda de los grandes grupos empresariales audiovisuales que a base de muchos millones sostenían al resto de partidos.

La gente se cansó de que cada vez que ante semejante humillación alguien respondía harto: “a la mierda hombre ya”, apareciera el Évole o el Buenafuente de turno para decirte: “Esa actitud no ayuda”

Hace apenas 30 años podías dominar la opinión general en España sólo controlando La Ser y El País. Con un Cebrián y un Gabilondo tenías asegurados millones de votos.

La aparición de nuevos canales de televisión y radio, sumado al poder de adoctrinamiento de nuevos gurús del entertainment amplio la oferta de líderes y partidos por la demanda de gente cansada de tanta corrupción y establishment, aunque en este punto, la situación todavía estaba controlada.

Todo lo anterior ya no sirve para explicar el presente.

En pocos años las redes han permitido que cualquier cosa que diga cualquier supuesto referente en algo sea contrarrestada de inmediato por una persona sin más poder que su móvil y una conexión a internet. Y eso en estos días es mucho poder.

El auge
Así que Lady Charleroi, que es un unicornio rosa con el cuerno azul, desmonta con un hilo de Twitter todo lo que una gran multinacional ha intentado grabarte en tu cerebro como dogma de fe, empleando millones en el empeño.

“Se puede engañar a todo el mundo un tiempo, se puede engañar a unos pocos todo el tiempo… pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

Pretender explicar el auge de Vox por el repentino aumento de población en España de extrema derecha, perversos fascistas que quieren que las mujeres mueran y los niños se ahoguen en el Mediterráneo, no es más que una estrategia política desesperada de la izquierda más inculta y guerracivilista de Europa.

La española, que a falta de proyecto e ideas, limita todo su poder a la vieja teoría marxista de dividir a los pueblos en dos mitades, señalar a una como causante de todos los males y hacer que la otra la odie hasta el punto de perder toda capacidad autocrítica hacia las personas que les guían en ese odio, materializado casi siempre con la enésima lucha inventada para alcanzar el poder, ya sea esta lucha de clases, de sexos, de razas o de lo que se tercie.

Pero para irrumpir de repente con la fuerza con la que lo ha hecho Vox también se necesita, no lo vamos a negar, una pizca de suerte, una chispa que haga que todo salte por los aires, y en este caso, fue Cataluña.

En Cataluña los españoles fueron testigos de la esencia de la Spanish Politik. El gobierno, que podía haberse asegurado una década de mayorías absolutas de haber sido valiente, manseó en tablas. Su respuesta ante el mayor reto de la democracia en España desde el 23F fue no hacer nada, quedar paralizado.

La oposición también hizo lo de siempre, aprovechar el momento para hacer política de partido y no de estado. Los nacionalistas no iban a cambiar ahora después de 40 años, así que tras insultarnos, escupirnos, y amenazarnos, pues se hicieron las víctimas, para variar.

Los españoles ya no sabían para dónde mirar sin que les embargara una sensación de hastío y abandono, y de repente aparecieron unos hombres de verde diciendo que los delincuentes se tienen que ir a prisión, sea cual sea el estatus de quien delinque; que a los policías que están dando la cara mientras todos los demás la esconden se les defiende, no se les deja tirados; que a los jueces valientes que no temen al poder se les protege y que en las calles tienen que ganar los buenos, no ser espacios de impunidad para los malos… que de hecho, no debe haber paz para los malvados.

Los insultos
¿Acaso no era eso lo que llevaba meses diciendo ese camionero de Huelva cada vez que paraba a comer, esa enfermera de Albacete cada vez que se sentaba a tomar el pincho?

Sí, era exactamente eso.

La gente se cansó de que nos escupieran e insultaran, se cansó también de que cada vez que ante semejante humillación alguien respondía harto: “a la mierda hombre ya”, apareciera el Évole o el Buenafuente de turno para decirte: “esa actitud no ayuda”.

Y en estas estamos oigan. Ya no hay miedo a decir lo que se piensa, ya no hay miedo a que te llamen facha, ya no hay miedo a que te señalen los rebaños de uniformidad intelectual de la izquierda, ya no hay miedo… y eso la gente lo agradece. Han propiciado un espacio de seguridad y confort en el que muchos españoles se sienten a gusto.

Las tres amenazas del futuro de España
Jesús Rul. vozpopuli  22 Marzo 2019

Son la fractura nacionalista, el desafío populista y la deshonestidad de los representantes públicos

Al principio era la tribu de la que emergían líderes, cuyo poder cohesionaba al grupo con la fuerza, las rutinas, los ritos y la expansión. La emergencia de otros liderazgos se resolvía por la fuerza: sólo uno podía ganar. La historia de los grupos humanos a través del tiempo, organizados en bandas, reinos, repúblicas e imperios es el relato de las luchas de poder interno y las guerras con otros grupos por el control del territorio y los recursos. En este contexto, con enorme dificultad, se desarrollaron las ideas de bien común y de justicia como factores de regulación de la vida comunitaria. También, y pese a todo, emergerá el individuo y la libertad individual de denso entramado del poder y de los fuertes vínculos comunitarios, sorteando y enfrentándose a resistencias, amenazas y graves riesgos. Un ejemplo cultural lo tenemos en la figura de Antígona (tragedia de Sófocles, siglo V a.C.) que antepone hasta la muerte el deber de conciencia frente al poder.

La creación del individuo, libre y responsable de sus actos, es tan reciente como conflictiva en el devenir humano, asociada a los derechos civiles y al Estado de Derecho con el imperio de la ley como garantía de libertad y seguridad, frente a las sectas y grupos criminales organizados que medran en el interior de las sociedades libres.

Desde la Edad Moderna pugnan con fuerza ambas concepciones de la vida social que pueden resumirse en la relación entre sociedad e individuo que da lugar a distintos modelos sociales, caracterizados por la dominancia de lo colectivo (comunitarismo) o lo individual (liberalismo).

Por un lado, tenemos las diversas formas de comunitarismo desde el nacionalismo identitario (Volksgeist) de inspiración romántica (Rousseau, Herder, Fichte...), actualizado en los nacionalismos, especialmente los fragmentarios que amenazan la integridad de las naciones, y el republicanismo moderno (Arendt, Taylor, Pettit, Skinner...) que asume, con diferencias, los valores originarios de ciudadanía, virtud cívica, implicación política y bien común de la tradición clásica (Aristóteles, Cicerón...).

Por el otro lado, la tradición de la Modernidad ilustrada con el constitucionalismo y la democracia liberal representativa (Locke, Jefferson, Stuart Mill, Rawls...) con los valores del individuo, la libertad, la seguridad, el Estado de Derecho y el pluralismo.

En su origen y término ambas posiciones divergen en lo fundamental creando sociedades bien diferentes. No obstante, más allá de la pugna maniquea, tanto desde el punto de vista conceptual como pragmático los genuinos valores republicanos sólo pueden hallar respuesta dentro del orden liberal del Estado de Derecho: derechos individuales, valores de igualdad legal y libertad, división de poderes, mecanismos de pesos y contrapesos, democracia representativa. En las sociedades actuales, toda pretensión comunitarista al margen y en contra de la democracia liberal tiende al totalitarismo al anteponer la voluntad colectiva -inducida y representada por élites político económicas- al Derecho (Constitución, ley, jurisprudencia, principios éticos), garante de seguridad y libertad individual.

La globalización y deslocalización, con la pérdida de control de las variables vitales y de sentido, llevan a muchos a sentir la futilidad de la existencia individual, agravada por las crisis económicas, y a crear un terreno propicio para el arraigo de ideologías colectivistas centradas en intereses y vínculos identitarios particularistas de raíz étnica, sexual, política y cultural, enarbolados en conjunción por nacionalismo y republicanismo, llegando incluso algunas corrientes a postular la “autorrealización colectiva” como voluntad de poder en contra del Estado de Derecho, como actualmente los nacionalismos secesionistas catalán y vasco; y el adanismo de la “democracia directa aclamativa” de cariz revolucionario de los movimientos populistas del 15-M/2011, origen del liderazgo de Podemos aderezado con formas de manipulación asamblearia, inspirados en movimientos neocomunistas recientes como el chavismo en Venezuela, o los funestos totalitarismos del siglo XX: fascismo y comunismo.

Las tres amenazas de signo colectivista que operan contra la Nación española, unitaria, democrática y liberal, son: la fractura nacionalista, el desafío populista y la deshonestidad de los representantes públicos:

1. La fractura nacionalista ha venido gestando durante décadas identidades colectivas militantes -exclusivas y excluyentes- formadas por intereses, relatos, símbolos y manifestaciones según una dialéctica de división “nosotros-ellos” para crear prejuicios contra España y los españoles. Los clanes nacionalistas se han ido apropiando de la mente y conciencia de muchos utilizando con deslealtad las instituciones españolas, la educación y el control subvencionado de los medios y de la vida asociativa para crear una masa crítica proclive a la secesión.

2. El desafío populista por la hegemonía cultural como mecanismo de dominación ideológica, y las luchas sectarias por la hegemonía política atizando los antagonismos de la división social: pueblo/casta, oprimidos/opresores, mujeres/hombres... como estrategia de movilización política y de poder, por ejemplo, convertir el feminismo en una ideología sectaria en la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer.

3. La deshonestidad de los representantes públicos ha degradado la cultura democrática con el sectarismo partidario (apropiación de las instituciones públicas, abuso de cargos de libre disposición, prebendas de los diputados...), y los clanes de corrupción política (tribalismo extractivo de élites políticas y económicas, amaños de lucro personal en detrimento del interés general, manejos turbios de “puertas giratorias”, entre lo público y lo privado, como han hecho algunos cargos públicos de PP y PSOE...).

Estas tres amenazas, arraigadas en la mente y conducta de muchos, ya condicionan nuestro presente. ¿Prevalecerán la Nación y la libertad o, por el contrario, dominarán los intereses tribales el futuro de España?

El Caballo Tonto de Troya
Cristian Campos elespanol 22 Marzo 2019

¿Conocen ese viejo chascarrillo que cuenta los cubanos sobre la dictadura castrista, el de "ellos fingen que nos pagan y nosotros fingimos que trabajamos"? En eso andan en estos momentos la Junta Electoral Central y el Gobierno catalán. El Estado finge que impone la ley y Quim Torra finge que la obedece.

Pero no se equivoquen. Sustituir el lazo amarillo por uno blanco no demuestra mayor desprecio a las reglas del juego democrático que ser investido presidente gracias a los votos de quienes te apoyan porque te consideran el Caballo Tonto de Troya gracias al cual lograrán al fin, después de intentarlo durante cien años, robarle el 19% del PIB y el 6,34% del territorio a los ciudadanos españoles.

¿Comprenden el hartazgo? Uno es catalán, catalán de los malos para mayor detalle, y empieza a estar hasta las narices de este eterno, tedioso y desesperante juego del gato y el ratón del que no parecen cansarse ni los nacionalistas catalanes, ni el PP, ni el PSOE. El Estado va produciendo sentencias, requerimientos y resoluciones como quien fríe churros y el Gobierno catalán recibe las notificaciones, se hace una foto burlona con ellas, gesticula un poco de cara a su hinchada, otro poco de cara a la del equipo contrario y procede luego, con gran solemnidad, a pasarse el Estado de derecho por el forro de la entrepierna.

El espectáculo posterior es fantástico. El Gobierno de turno ve la foto del presidente de la Generalidad de turno usando las sentencias del Tribunal Constitucional para desincrustarse los paluegos de las muelas y la interpreta como la prueba incontestable y fehaciente de que en Cataluña existe un problema enquistado desde hace siglos. Y tiene razón. Es el problema que de que en esta comunidad el cumplimiento de la ley es optativo si eres nacionalista o gozas del favor del cacique local de turno.

Luego, el Gobierno procede a ofrecer el oro y el moro al nacionalismo catalán a cambio de unos años más de calma chicha, despeja el problema con un patadón hasta el centro del campo y el paquete queda listo, lazo incluido, para que el siguiente inquilino de la Moncloa de turno se encuentre algún día con una foto del nuevo presidente autonómico catalán de turno y sus consejeros marcándose un bukake con alguna sentencia, requerimiento o resolución de algún órgano del Estado.

Y así han ido cayendo en Cataluña inmersiones lingüísticas, lenguas propias, préstamos, condonaciones, Estatutos que son Constituciones travestidas de Estatuto, trenes, carreteras, aeropuertos, inversiones extemporáneas, policías autonómicas, competencias de prisiones, vistas gordas, tratos de favor en los centros penitenciarios para los presos nacionalistas VIP, fugados de la Justicia, sentencias sospechosamente leves y, según parece y apuntan todos los indicios, indultos dentro de unos meses. El Salvaje Oeste.

Y es por esta rutina infinita, a medio camino de lo irresponsable y lo prevaricador, por lo que muchos ciudadanos que aún conservan la fe en el Estado van perdiéndola poco a poco y convenciéndose de que quizá no sea tan mala idea, si la alternativa es este infinito chapotear en el barro por parte de unos y otros, que los catalanes nacionalistas se vayan a tomar viento fresco. Que es probablemente el estado de ánimo que desea provocar el PSOE para colarnos de rondón, aprovechando que el Pisuerga pasa por Waterloo, una reforma constitucional que nos devuelva a los tiempos del Frente Popular y convierta España en un país hostil para el 50% de sus ciudadanos.

Corresponsabilidad y competencia fiscal entre autonomías
Juan Ramón Rallo elconfidencial 22 Marzo 2019

El sistema de financiación autonómica español combina un alto grado de descentralización del gasto público (servicios estatales tan relevantes como la educación o la sanidad están controlados en gran medida por las comunidades autónomas) con un grado muy bajo de descentralización de los ingresos públicos. Sí, es verdad que las autonomías pueden crear sus propias figuras impositivas (impuestos medioambientales, sobre grandes superficies, sobre depósitos…), que tienen cedidos plenamente algunos tributos (sucesiones, patrimonio, AJD, hidrocarburos...) y transferidos parcialmente otros (como el IRPF o el IVA), pero a la hora de la verdad no ejercen un control efectivo sobre la recaudación derivada de su estructura fiscal: el sistema de financiación autonómico actualmente vigente impone que el 75% de todo lo que supuestamente deberían recaudar las autonomías se destine a una bolsa común (llamada Fondo de Garantía) que ulteriormente es redistribuida entre todos los gobiernos autonómicos en función de criterios muy variados (población equivalente, superficie, dispersión, insularidad...).

Los incentivos perversos que genera este sistema sobre los gobiernos de las comunidades autónomas son obvios. No existe entre los capitostes regionales ningún incentivo a administrar eficiente y diligentemente el gasto público porque el coste de financiarlo no lo soportan sus contribuyentes/electores, sino (en su inmensa mayoría) los del conjunto de España. Tan es así que si una autonomía consiguiera amasar un superávit y optara por bajar impuestos a sus ciudadanos, un 75% del importe ahorrado debería seguir dirigiéndose hacia el fondo común ulteriormente redistribuido entre todas las autonomías (recordemos que el Fondo de Garantía se nutre con los ingresos teóricos de las autonomías, no con sus ingresos reales). Puestos a contentar a los electores, mejor sobredimensionar el gasto público (que es recibido al 100% por los ciudadanos de una región) que bajar los impuestos (solo recibido en un 25% por los ciudadanos de esa región).

En este contexto, lo razonable es reforzar la corresponsabilidad tributaria: que cada uno gaste a partir de lo que ingresa y no a partir de lo que ingresan los demás. Si una autonomía quiere gastar más en sus ciudadanos, a quien tiene que exigirles un mayor sacrificio fiscal es a esos ciudadanos/electores, no a los del resto de España. A su vez, si una autonomía prefiere optar por una administración más austera y minimalista, quienes han de experimentar los frutos de ese ahorro son los ciudadanos/contribuyentes de esa autonomía (que por algo recibirán menores servicios públicos).

Sin embargo, dos han sido los argumentos que se han blandido para oponerse a esta descentralización impositiva hacia las autonomías. El primero, que caeríamos en una suicida competencia fiscal entre regiones que terminaría desarticulando el Estado de bienestar. El segundo, que socavaría la solidaridad interterritorial y, por tanto, incrementaría la desigualdad entre regiones.

La primera crítica es, en realidad, una de las mayores virtudes de la descentralización fiscal: que las autonomías compitan por optimizar el 'mix' gasto-fiscalidad (no aprobar gastos que no compensen en términos de bienestar a los contribuyentes que los financian) no sería un vicio sino una clarísima virtud. En este sentido, cuando existan inversiones públicas que generen un mayor valor para los ciudadanos que el coste tributario de financiarlas, no habrá incentivos a dejar de impulsarlas por la necesidad de bajar impuestos, puesto que los contribuyentes valorarán más tales inversiones públicas que los impuestos que abonan. Cuestión distinta, claro, es todo aquel despilfarro coercitivamente sufragado por el contribuyente en contra de los propios intereses del contribuyente: ahí, claro, la competencia fiscal entre autonomías (y el muy democrático voto con los pies) forzaría a las administraciones públicas a rectificar.

La segunda crítica, a diferencia de la primera, sí puede tener una parte de razón: reduciendo las transferencias entre autonomías, la desigualdad entre territorios podría incrementarse. Ahora bien, sobre esta cuestión hay dos aspectos que suelen pasar desapercibidos. Por un lado, el actual modelo de megatransferencias entre autonomías y de fiscalidad centralizada desincentiva que las regiones con menor renta traten de desarrollarse diferenciándose fiscal y regulatoriamente de las regiones con mayor renta: es decir, lo que tiende a favorecer es la hipertrofia de una burocracia autonómica bien alimentada merced a los ingresos extraídos a los contribuyentes del resto de autonomías.

Por otro, si ha de haber algún tipo de redistribución fiscal entre territorios, tal papel debería corresponderle al Estado central a través de su propio Presupuesto: si el Estado central considera que ha de construir alguna infraestructura en Extremadura o que ha de suplementar los recursos del sistema educativo canario, todo ello debería hacerlo con cargo a los impuestos generales que establece sobre el conjunto de españoles (y no cada autonomía a costa de los impuestos que supuestamente se han cedido a otras autonomías). O dicho de otro modo, un sistema fiscal descentralizado a dos niveles (un primer nivel de impuestos estatales comunes y un segundo nivel de impuestos autonómicos propios) permite combinar la diferenciación y la competencia fiscal con una cierta redistribución interterritorial de los recursos.

Hasta la fecha, por desgracia, ningún partido político defendía este sentido común tributario tan elemental. La izquierda, porque detesta la competencia fiscal, y la derecha, por un jacobinismo centralizador completamente desenfocado. Al parecer, sin embargo, las tornas podrían haber empezado a cambiar o, como poco, se están empezando a escuchar otras ideas dentro del PP. El nuevo equipo económico de Pablo Casado, dirigido por el economista Daniel Lacalle, acaba de anunciar que apoya la extensión del concierto económico vasco (aunque sin la fórmula politizada del cupo) al resto de autonomías. Es decir, descentralización y corresponsabilidad fiscal: las dos características de las que ha carecido históricamente nuestro sistema de financiación autonómico y por lo cual ha engendrado resultados tan desastrosos.

Por consiguiente, que el PP pueda estar replantándose su tradicional posición centralizadora a propósito del sistema de financiación de las autonomías constituye una buena noticia para todos. Cuestión distinta, claro, es que finalmente lo termine aplicando: aun cuando Pablo Casado se decidiera a incluirlo en su programa electoral, a la hora de aplicarlo debería enfrentarse a sus previsibles socios de gobierno (Ciudadanos se opone radicalmente a esta descentralización tributaria, por mucho que Luis Garicano la defendiera públicamente en el pasado) y, sobre todo, a aquellos barones de su propio partido que se han acostumbrado a drenar recursos del resto de autonomías. Mucho me temo, pues, que la propuesta terminará siendo —como tantas otras— abandonada, pero al menos hay que aplaudir cuando se colocan buenas ideas sobre la mesa.

Vivienda virtual
Nota del Editor 22 Marzo 2019

Esto de la vivienda virtual es estupendo. Cada día puedo vivir donde me convenga: hoy playa, mañana montaña, pasado festival, y el fisco controla mi GPS y me factura en función de mis estancias.
Quiero decir el fisco de cada sitio, autonosuyo, controlando la duración de mi estancia, la centralidad, la disponibilidad y uso de recursos (carreteras, aceras, sendas, etc.).

Cuando me he despertado he visto que el recibo de la comunidad de vecinos ha aumentado por una derrama y que eso de buscar una autonosuya para optimizar, o sea, tratar de reducir lo que el fisco de todos los niveles me extrae del bolsillo es una quimera. Estoy anclado y no puedo elegir el sitio donde los profesionales de la política, por equivocación, son más eficientes. Vivienda y trabajo, son dos anclas difícilmente levables, además de otras tan pesadas como estas.

Si viviera en una caravana, podría llevar los niños a un colegio distinto cada día, resulta súmamente fácil conseguirlo, salvo si eres español.

Si tuviese una fábrica, la montaría en una caravana, y no tendría problema con suministros, proveedores: verían mis coordenadas y acarrearían y recogerías todo el producto, y el agua de lluvia y la luz de paneles solares evitaría más complicaciones (sanemamiento químico).

Solo se pelearían los fiscos para saber cuanto le correspondería rascarme del bolsillo a cada uno. Y se frotarían las manos los relacionados con la inseguridad jurídica, pues a ver quien sabe lo que estará en vigor mañana.

Total que eso de las autonomías, la descentralización fiscal y esas cosas, no dejan de ser un tremendo disparate.

El hundimiento de RTVE y el monocultivo de izquierdas en la televisión en España
EDITORIAL @ESdiario_com 22 Marzo 2019

RTVE ha perdido una parte importante de su audiencia, y no menos de su credibilidad, desde que el nuevo Gobierno utilizara su primer decretazo para literalmente asaltarla con la imposición de una administradora a dedo, la leal Rosa María Mateo; la purga de decenas de profesionales señalados como desafectos al "cambio" de Sánchez e Iglesias y el nombramiento, para puestos clave, de otras tantas decenas de personas más controlables.

El hundimiento de los servicios informativos y la caída de todos los espacios consagrados al análisis y el debate evidencia el antagonismo entre los deseos y las decisiones de la nueva dirección y el gusto de la audiencia, renuente a aceptar la propaganda que intentan colarle los mismos que decían buscar "una televisión de todos" como excusa para tener "una televisión para nosotros".

La audiencia decide
Y demuestra la abismal diferencia entre cómo denigraban la anterior RTVE, por su supuesto sometimiento al PP, y cómo la percibían entonces los espectadores: los Viernes Negros, símbolo de la lucha contra esa supuesta manipulación, eran más un recurso publicitario para obtener un resultado, logrado con la moción de censura, que el reflejo del sentir ciudadano.

Que sí se ha mostrado, en esta nueva etapa, de una manera incontestable y perfectamente medible: cambiando de canal. Frente a interpretaciones interesadas de quienes presumían de representar "la fuerza del periodismo" y zaherían a su propia casa con unas acusaciones deontológicas que básicamente han servido para promocionarles a ellos, queda la crudeza de los datos.

Bochorno: La noticia que puede costar el cargo a Sánchez no pasó el corte de TVE
Los españoles han dado la espalda a RTVE, un juguete en manos de Sánchez e Iglesias que esconde o matiza todo lo que les perjudica (lo último, el plagio y las mentiras que rodean la tesis del presidente); consolidan la agenda ideológica del Gobierno (a Franco solo le falta presentar ya el Telediario) e intentan persuadir al televidente de cuáles han de ser, en consecuencia, sus decisiones electorales.

Monopolio en España
El monopolio televisivo de la izquierda, abrumador por la acción u omisión de la práctica totalidad de las cadenas privadas, se consolida con el monocultivo ideológico de la pública y dibuja un escenario preocupante para la higiene democrática de un país que, por definición, ha de poner a disposición de los ciudadanos opciones variadas y complementarias y no un discurso único. No es el caso de España y eso, se vote lo que se vote, debiera ser contemplado como un enorme problema para todos: sin pluralidad, no hay democracia.

Torra: desobediencia y prevaricación
EDITORIAL Libertad Digital 22 Marzo 2019

La indignante decisión de Quim Torra de cambiar el color de los lazos que, en solidaridad con los golpistas huidos o encarcelados, cuelgan de la fachada de la Generalidad –y de otros edificios públicos del Principado– es bastante peor que la persistencia en el clamoroso delito de desobediencia que el patético supremacista viene perpetrando desde que decidió hacer caso omiso a la orden de retirada –que no de sustitución– dictada por la Junta Electoral Central (JEC). La sustitución del color amarillo por el blanco en los lazos constituye una prevaricadora tomadura de pelo que, lejos de dar satisfacción al requerimiento de la JEC, parece a destinada a ridiculizarlo. Más aún si se tiene presente que el lazo de la vergüenza de la Plaza de San Jaime sigue estando acompañado de la proclama orwelliana –tan usada por ETA y su entorno basura– que reclama "libertad para los presos políticos y los exiliados".

Dado que Torra ha agravado su ilícito penal con su enésima afrenta a la legalidad, lo normal es que la JEC haya finalmente procedido a denunciarle ante la Fiscalía y dado orden directa a los Mozos de Escuadra para que retiren todo ese material golpista de las instituciones catalanas. De hecho, lo único que resulta todavía más vergonzoso que el comportamiento del indigno Torra es que el Ministerio Publico, de oficio o a instancias del Gobierno, aún no haya procedido contra él. En cuanto al Ejecutivo, es evidente, tal y como se ha denunciado en estas mismas páginas, que Sánchez no está interesado en romper lazos –aunque sean amarillos– con unos indeseables que le han sostenido y podrían volver a sostenerle en el poder de la nación que pretenden destruir. Sea como fuere, la omisión del Ministerio Público en este asunto es absolutamente intolerable.

Ya que el Gobierno sigue negándose a intervenir la Administración regional catalana para impedir los desmanes de la canalla golpista que la maneja, confiemos en que la Justicia sí cumpla con su deber. Pero para que en este asunto Torra pueda ser justamente condenado, al menos a la inhabilitación, será preciso que la Fiscalía haga algo más de caso a la denuncia planteada por la JEC que el que le ha dispensado el propio Torra.

Sánchez plagió y mintió: por mucho menos dimitieron Cifuentes y Montón
Editorial @ESdiario_com 22 Marzo 2019

Queda acreditado que Sánchez plagió su tesis para lograr un beneficio económico, y algo aún peor: el presidente se sirvió de un montaje con recursos públicos para fabricarse una coartada.

Dos políticos contemporáneos tuvieron que dimitir, con oprobio público, e incluso enfrentarse a la Justicia, por hechos del mismo ámbito académico pero de inferior gravedad a los que protagoniza el actual secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las carreras de Cristina Cifuentes y Carmen Montón terminaron al saberse que ambas obtuvieron un máster falso que en realidad no hicieron. Se beneficiaron de su posición e influencias para adornar sus currículos y su vanidad académica, pues ése era el único beneficio real de ese tipo de títulos tan depauperados.

Lo de Sánchez es peor: su tesis le sirvió para obtener el beneficio económico, en ese momento y a futuro, que comporta habilitarse para impartir clases universitarias. Y logró esa condición gracias a un tribunal repleto de personas cercanas, en una universidad privada con menos supervisión y gracias a una tesis plagiada.

Todas las mentiras y trampas de Pedro Sánchez con su tesis plagiada quedan al descubierto
Esto último no es discutible. Las similitudes, cuando no las exactitudes, entre el trabajo doctoral de Sánchez y contenidos ajenos, resultan simplemente obscenas. Y así ha quedado demostrado en incontables informaciones de los pocos medios que investigan este caso en las que se reproduce, sin espacio a la duda, la copia y el original enfrentados.

Que además esa tesina se convirtiera en un libro firmado por Sánchez y el responsable de buena parte de los contenidos del trabajo doctoral previo, remata el bochorno y lo eleva a categoría de hecho constatado: las únicas fake news en este asunto son las que intentan desmontar, desde cualquier ámbito, las evidencias incontestables de un plagio, que según dijo el actual presidente en la sesión de la moción de censura a Rajoy, debería comportar la dimisión.

Sánchez plagió su tesis, pero ha sido el Presidente quien ha fabricado una coartada falsa con recursos públicos

Pero hay algo aún peor y todavía más evidente en este caso. Sánchez plagió y se benefició del plagio cuando no era todavía presidente; pero ha mentido de manera burda y descarada,utilizando recursos públicos y canales institucionales, ya en el ejercicio del poder ejecutivo.

Toda la investigación de ESdiario demuestra, con una precisión irrebatible, cómo La Moncloa fabricó una coartada para proteger a Sánchez, emitiendo un comunicado oficial falso que apelaba a desconocidos test antiplagio para auxiliar al líder socialista que, en realidad, o no existen o no fueron encargados ni eran conocidos por quien sin embargo los difundió con sello institucional para darles autoridad.

Que el Consejo de Transparencia haya corroborado la falsedad y que ahora, además, se pueda afirmar que el montaje incluye una especie de omertá en Moncloa para tapar al autor material de la campaña, debiera ser suficiente para que Sánchez diera explicaciones, sus rivales se las exigieran, las instituciones funcionaran y, probablemente, el responsable de todo dimitiera y se enfrentara a responsabilidades judiciales y administrativas.

Sánchez impide a La Moncloa que identifique al autor del comunicado falso para maquillar el plagio de su tesis

Que un político desconocido plagie su tesis doctoral para buscarse un trabajo cómodo es lamentable, e indiciario una vez más del deleznable nepotismo alojado en la universidad española. Pero que un presidente se sirva de recursos públicos para maquillar un problema privado, mienta a la opinión pública con descaro, falsee el carácter institucional de un desmentido falso y se esconda luego, es simplemente escandaloso.

Especialmente en alguien que llegó al poder apelando a la regeneración, la transparencia y la ética para justificar la obtención de un cargo que no le dieron los ciudadanos con sus votos.

CATALUÑA Y SUS REBELDES
Antonio García Fuentes Periodista Digital 22 Marzo 2019

España sin gobierno y Cataluña como la tienen

Acabo de escribir lo que sigue en un foro de Internet y aunque aquí la opinión del “pueblo” sólo sirve para papel higiénico de los inútiles que dicen gobernar España, pero al menos, me queda el consuelo del desahogo del alma, que aunque nada sirve para el cuerpo gobernante, pero sigo pensando que las mejores armas con que cuenta el individuo, son sus palabras, respaldadas con el grado de inteligencia analítica, que posea y que en realidad, quiera vivir en una sociedad mucho mejor y por tanto más justa, cosa que en España siempre estuvo lejana y hoy sigue igual o mucho peor y pese a las mentiras con que inundan la información los que dicen gobernarnos.

“CATALUÑA y quién la preside: Este individuo sabe que puede seguir riéndose de España y los españoles, catalanes incluidos; y lo va a seguir haciendo, hasta que de verdad exista un gobierno nacional que lo ponga en su sitio, o mejor que lo destituya e intervenga de una vez y sin contemplaciones, una autonomía que delinque más que cumple con las leyes españolas... es de bochorno, tener que escribir lo que he escrito y mucho más que se puede y se debe escribir”.

Me obliga a ello, las declaraciones de este indeseable que se sienta en la poltrona catalana (cuyo nombre no merece ni el reflejarlo) y que dice que va a cambiar las señales amarillas por blancas, pienso que para seguir, “meándose o cosa peor en España y los españoles, catalanes incluidos, puesto que estimo una desgracia si estos mercenarios lograsen la independencia que dicen buscar, lo que les caería encima a los buenos catalanes que trabajan y producen para que el resto viva la vida próspera que tuvo Cataluña, al menos en los tiempos que yo la visitaba”.

Para quién no entienda “lo de señales” he de decir que, son unos monigotes que se inventaron como bandera para difundir la gran mentira de que los detenidos y que ahora juzgan, son “presos políticos”; cuando no son otra cosa que “rebeldes a una constitución nacional y por ello están siendo juzgados”; o sea y más claro, que las leyes los entienden como delincuentes y es por ello por lo que los sientan en el banquillo, a los que pudieron detener, puesto que fuera quedan más y por estar en el extranjero, no han podido ser detenidos; pero que persisten en ello y pese a todos los inconvenientes que no se entienden en una comunidad europea, que, “hace aguas por muchas brechas que tienen y cada vez más”; pero que no entendemos los que con lógica pensamos.

También hay que decir que en España y otros países (por cuanto se ve con toda claridad) el político y la política han degenerado tanto, que ya se ve abiertamente que el mercenario que milita en ella (que son todos o casi todos) “sólo va a su panza y su bolsillo”; el pueblo o los pueblos, les importamos “dos cojones o menos”; y ellos, una vez instalados, sólo se preocupan de mantenerse en el poder, cobrar los altos emolumentos que se asignan ellos mismos, los que hipócritamente consideran que son bajos y; seguir enredando las cosas públicas, en interminables “batallas” en esos gallineros inmundos en que han convertido, lo que pomposamente denominan “parlamentos”; de ahí que la palabra político y política, estén hoy tan degradadas como lo están y tan despreciadas como se encuentran, puesto que los verdaderos problemas sociales y económicos, que de verdad contentasen a las masas; esos nunca se tocan y menos se solucionan o intentan solucionar; todo son mentiras y dar tiempo al tiempo para seguir cobrando del dinero público, que es de lo que se mantiene "esa ya enfermedad o plaga mundial, que es, la política ineficaz que en general en todo el planeta se practica”.

La política y a mi modo de analizar esa gran palabra, es “el arte para gobernar bien a los pueblos y no para exprimirlos y mantenerlos en las más negra ignorancia, que es lo que se practica hoy y considero que es lo que se ha practicado siempre”.

Así es que antes o después, habrán de venir de nuevo, “las nuevas o viejas guillotinas u horcas, para al final, implantar nuevos sistemas, que como ha ocurrido siempre, suelen ser repetitivos de los anteriores y por tanto malos o peores que los que les antecedieron”… Y esa es la marcha del pobre y desgraciado ser humano habitante de un minúsculo planeta, perdido en el espacio.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más)
 
Zapatero en Venezuela
Emlio Campmany Libertad Digital 22 Marzo 2019

Zapatero, el Solemne, puede pronto ser conocido con otro sobrenombre, el Inadmisible. En efecto, nuestro ínclito expresidente fue declarado "no admisible" como mediador por el Parlamento venezolano. El sempiterno pasmado ha vuelto a ser noticia gracias a un viaje relámpago a Venezuela en un Falcon de la empresa petrolera estatal venezolana. Es notable la querencia que los socialistas tienen por los Falcon. Se ve que no se termina de ser socialista del todo si no se viaja en jet privado. El caso es que a nuestro bobalicón mandatario lo recogió un Falcon en la República Dominicana y lo trasladó a Caracas para pasar allí unas pocas horas. Primero se sospechó que viajaba para muñir un acuerdo urgente entre Maduro y Guaidó, cosa que fue inmediatamente desmentida por el presidente interino, que no quiere ver al bodoque ni en pintura. También el Gobierno español se apresuró a aclarar que era un viaje particular que no tenía nada que ver con él, excusatio non petita de un Borrell que nunca es inocente y menos cuando se trata de Venezuela.

Luego, El Mundo ha informado que la visita relámpago tuvo por objeto engrasar las relaciones entre el Gobierno de Maduro y una plataforma cambiaria llamada Interbanex que, desde enero, ha sido autorizada a operar en Venezuela. Al parecer, esta empresa está constituida por dos sociedades, una española y otra domiciliada en Barbados. La sociedad con domicilio en el paraíso fiscal parece relacionada con el vicepresidente venezolano, hombre fuerte del régimen, Tareck el Aissami. Su trabajo consiste en operar en el mercado cambiario para recaudar dólares para el régimen. Lo hace a un cambio más favorable que el oficial para atraer a poseedores de divisas reacios a deshacerse de ellas al cambio que ofrece el Gobierno. Éste, mientras, con Interbanex, crea su propia competencia y rebaña los dólares que de otra manera no vería. Naturalmente, esos dólares sirven para sostener al régimen. Todo parece indicar que entre los socios venezolanos y los españoles han surgido desavenencias y el ilustre cacaseno ha tenido que viajar hasta Venezuela echando virutas a calmar los ánimos de los muy irritables mandatarios venezolanos.

Si efectivamente Zapatero hubiera estado empleando la cobertura que le da ser expresidente del Gobierno de España y mediador para la solución del terrible conflicto venezolano, que ha matado a miles y obligado a emigrar a millones, para hacer negocios allí, a la sombra de su corrupto Gobierno, el escándalo sería mayúsculo. Pero puede que la cosa no acabe en eso, sino que haya otros españoles escondidos detrás de esta empresa con la que parece estar relacionado Zapatero. Y puede que estos españoles sean, como el expresidente, políticos socialistas con influencia en el Gobierno o dentro del Gobierno mismo y estén dedicados a ralentizar y en última instancia evitar la caída de Maduro. Así pues, la distancia tomada con Trump y su decidido propósito de derribar al dictador, así como el relativo oxígeno suministrado al régimen por medio del Grupo de Contacto, no tendría motivaciones político-ideológicas, sino que estaría dirigida a conservar un pingüe negocio fundado en la pobreza de los venezolanos. Esto no sería ya un escándalo, sería una infamia.

Orwell y 'Homenaje a Cataluña': la ceguera de la parcialidad
Luis H. Goldáraz Libertad Digital 22 Marzo 2019

Una de las cosas que más fascinaron a George Orwell cuando llegó a Barcelona para combatir en la Guerra Civil fue el ambiente revolucionario. Lo cuenta él mismo, en su siempre aclamado Homenaje a Cataluña —ahora reeditado y publicado en forma de historia gráfica por Debate—, en uno de esos momentos de la narración en los que el autor echa la vista atrás y exclama entusiasmado: "Por primera vez en mi vida, me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas". Su voz deja escapar sin embargo una tristeza resignada, sabedor a esas alturas de que su sueño de una "dictadura proletaria" hacía tiempo que había dejado de ser factible.

Es llamativa esa expresión: "Dictadura proletaria". Y es llamativa, más que nada, porque encierra el corazón de una noción que todavía hoy continúa vigente: eso de que la única opresión permisible, e incluso deseable, debe ser la ejercida por aquellos que han sido oprimidos anteriormente. Una filosofía de la venganza, en definitiva, que viene a justificar esa cínica convicción de que la moralidad de los actos depende exclusivamente del actor que los realice.

A día de hoy, pese a todo, se continúa catalogando Homenaje a Cataluña como uno de los mayores ejercicios de objetividad periodística que se han realizado; y aunque la valiente denuncia de los métodos comunistas para acabar con los enemigos políticos es digna de admiración, la idea básica de la obra, que ha ayudado a consolidar la noción histórica sobre el conflicto español en todo el mundo, pocas veces es puesta en tela de juicio.

Todo por la revolución
Una cosa que no se puede negar es que el Orwell que, en 1937 y todavía convaleciente, escribió Homenaje a Cataluña, no es exactamente el mismo Orwell que, tiempo después, firmó libros como 1984. Muchas veces, sin embargo, su nombre y su prestigio confieren a su texto sobre la Guerra Civil una categoría que hace difícil entrar a cuestionar todo lo que en él aparece.

Pero valorar la obra con toda su complejidad se convierte en una tarea imposible si no se asume el verdadero mensaje sesgado del relato: el deseo del autor de que hubiese triunfado la revolución proletaria que quería acabar con la 'falsa democracia capitalista', al comienzo de la guerra; y el lamento de que, durante su desarrollo, ese sueño hubiese sido truncado por los propios comunistas. A partir de ahí, gran parte de las críticas a la atmósfera del terror que se instauró en Barcelona quedan subordinadas a esa frustración, como él mismo deja claro cuando se queja de que "cada movimiento" de los comunistas "era efectuado en nombre de las necesidades militares", para, en último término "alejar a los trabajadores de una posición ventajosa hacia una posición desde la cual, cuando la guerra terminara, les resultara imposible oponerse a la reimplantación del capitalismo".

Desde ese momento sus simpatías terminarán de decantarse por los anarquistas y por el POUM, a cuya milicia pertenecía por pura casualidad, y su visión de la guerra, como él mismo advertirá de manera loable, quedará completamente comprometida: "Cuidado con mi parcialidad, mis errores factuales y la deformación que inevitablemente produce el que yo sólo haya podido ver una parte de los hechos. Pero cuidado también con lo mismo al leer cualquier otro libro acerca de este período de la guerra española", exclamará en una de las páginas.

El plan comunista
Otra de las cosas que habla bien de Orwell es su incuestionable esfuerzo por entender la realidad. Él es comunista, simpatiza con los anarquistas, sueña con una sociedad utópica sin opresores ni oprimidos —sociedad sólo alcanzable, paradójicamente, mediante la opresión—; pero trata en todo momento de comprender la realidad. En el momento en el que escribe el libro aún no ha rechazado los esquemas mentales que le hacen ver el mundo de forma maniquea, es cierto, y por eso para él sigue siendo justificable que "el pueblo" —váyase a saber qué significa eso— se levante y tome una ciudad para imponer su ley. Sin embargo, al menos en todo momento se muestra como una persona crítica con la prensa y recelosa de la "verdad oficial". Gracias a esa mirada termina por explicarse, a su manera, la gran incógnita que se le ha aparecido en la cabeza: ¿Cómo es posible que los comunistas luchen por derribar una revolución proletaria, para permitir, además, la futura implantación del capitalismo?

La explicación la encuentra en esa salvaguarda que ha ayudado a los comunistas a lavar sus pecados del siglo pasado: "El estalinismo es el mal; por suerte, no todos somos estalinistas". Y esa idea, trasladada a la realidad de la guerra española, es la que Orwell esgrime cuando dice: "La política del Komintern está hoy subordinada (se comprende, considerando la situación mundial) a la defensa de la URSS, que depende de un sistema de alianzas militares. En concreto, la URSS es aliada de Francia, un país imperialista-capitalista. Tal alianza no es muy útil a Rusia a menos que el capitalismo francés sea fuerte y, por lo tanto, la política comunista en Francia debe ser antirrevolucionaria. (...). En España, la 'línea' comunista dependía sin duda del hecho de que Francia, aliada de Rusia, se opusiera decididamente a tener un vecino revolucionario...". O lo que es lo mismo: los comunistas en España hacían únicamente lo que decía Stalin —desarticular la revolución—, y por lo tanto, es posible condenar sus métodos salvando al mismo tiempo la causa revolucionaria.

Lo llamativo de esa argumentación tan lúcida de Orwell, sin embargo, es que le lleva a denunciar "la agobiante atmósfera creada por el miedo, la sospecha, el odio, la censura periodística" y "las cárceles abarrotadas" sólo cuando fue respirada por los anarquistas y por los miembros del POUM. Para él todos ellos, los mismos que meses antes se habían dedicado a quemar iglesias y ocupar edificios y tierras —acabando de paso con la lacra burguesa—, son de pronto los mártires de la noble causa revolucionaria.

La ceguera de la parcialidad
Leer Homenaje a Cataluña es una experiencia interesante. Se trata del texto de una persona que intenta en todo momento ser objetiva, pero que es consciente al mismo tiempo de que eso es una tarea imposible: Su manera de entender el mundo la predispone a justificar ciertas acciones y a condenar otras. Una de las primeras descripciones que hace Orwell de la Barcelona revolucionaria es que "parecía una ciudad en la que las clases adineradas habían dejado de existir. Con la excepción de un escaso número de mujeres y de extranjeros, no había gente 'bien vestida'". Lo dice como si esa fuera la sociedad más deseable. Y en el fondo, lo único que le empuja a estar convencido de ello es el creer, como si de una verdad incontrovertible se tratase, que la sociedad puede ser dividida perfectamente en dos grupos homogéneos: los ricos, opresores, por un lado, y los pobres, oprimidos, por otro.

Homenaje a Cataluña dibuja una Barcelona en la que los eternos ninguneados han tomado por fin el poder. Su descripción de las clases sociales parece sacada de una novela de Dickens, pero con menos profundidad. Así, presenta a toda la gente acomodada, sin excepción, como egoísta y superficial; y subordina la dignidad individual de las personas únicamente al estrato social en el que han nacido. Siguiendo su planteamiento, se entiende entonces que si alguien ha tenido la desgracia —o la suerte, depende de cómo quieran mirarlo algunos— de haber nacido proletario, tiene también todo el derecho de ejercer la violencia contra aquellos que "le oprimen". Para diferenciarlos, eso sí, lo único que tiene que saber es que van "bien vestidos".

Obviaba Orwell en aquella época que lo detestable de un burgués no es que tenga dinero, sino el hecho de que aproveche su condición social para oprimir al más débil. En realidad, y aunque parezca evidente, no es la condición social la que determina la dignidad de una persona, sino su manera de actuar cuando las circunstancias le dan la posibilidad de oprimir a los demás. En ese sentido, "un hombre obeso que come perdices mientras los chicos piden pan en la calle" no es más despreciable que un proletario con un arma que se dedica a asesinar a quien no piensa como él.

La verdad, pese a todo, se le presenta al autor cuando regresa del frente de Aragón y descubre que de la Barcelona revolucionaria que conoció ya no queda nada. Es entonces cuando presencia sorprendido el regreso de los burgueses a las aceras; y es también cuando, rememorando la ciudad de hace unos meses, exclama: "Yo no había captado que se trataba en lo esencial de una mezcla de esperanza y camuflaje. Los trabajadores creían en la revolución que había comenzado sin llegar a consolidarse, y los burgueses, atemorizados, se disfrazaban temporalmente de obreros". Su afán revolucionario no le permite, sin embargo, indagar ni preguntarse si era normal que esos burgueses hubiesen vivido atemorizados durante meses. Probablemente pensase que era lo mínimo que debían soportar.

Para finalizar, esa visión del mundo es también la que le llevó a creer que no podía haber trabajadores que apoyasen a Franco. "El Frente Popular podía ser una estafa, pero Franco era un anacronismo. Sólo los millonarios o los románticos podían desear que triunfara", dice en un momento determinado. Sorprende que no reparase en que dentro de ese proletariado que tanto le fascinaba pudiesen existir personas que no comulgaban con las ideas revolucionarias; o gente que, simplemente, sin poseer grandes nociones políticas ni conciencia de clase, era católica. "Algunos de los periódicos extranjeros antifascistas descendieron incluso a la penosa mentira de afirmar que las iglesias sólo eran atacadas cuando los fascistas las utilizaban como fortalezas. La realidad es que los templos fueron saqueados en todas partes como algo muy natural, porque estaba perfectamente sobreentendido que el clero español formaba parte de la estafa capitalista". Los templos fueron saqueados, pero a Orwell no se le ocurrió pensar que la gente que acudía a esos mismos templos, por muy proletaria que fuese, podía haber sido asesinada también. En su mente no existía esa posibilidad. Los revolucionarios actuaban en pos de la libertad y de la democracia real; una idea que llega a justificar cualquier matanza. Y es que a fin de cuentas, y por mucho que se esforzase, él —como yo mientras escribo esto, y como todos, en el fondo— tampoco logró zafarse de la ceguera de su propia parcialidad.

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La burla de Torra no puede quedar impune
Editorial El Mundo 22 Marzo 2019
 
LA Junta Electoral Central (JEC) envió ayer a la Fiscalía a Torra por desobediencia, abrió un expediente sancionador por incumplimiento «consciente y reiterado» a quien es el representante ordinario del Estado en Cataluña y ordenó a los Mossos que retiren los lazos y las esteladas de los espacios públicos, tanto en el exterior como en su interior. La orden, cuya contundencia contrasta con la onerosa pasividad del Gobierno, conmina a la Consejería de Interior a dar las instrucciones oportunas a la policía catalana para cumplir el mandato antes de las 15 horas de hoy. Se trata de una decisión ajustada a derecho y proporcional a la inaceptable burla del presidente de la Generalitat, que no solo ha vulnerado la orden del órgano encargado de velar por la neutralidad electoral, sino que ha intentado esquivar su responsabilidad sustituyendo los símbolos vinculados al procés por otros alusivos a la autodeterminación. Es la primera vez en democracia que la autoridad electoral se ve obligada a enviar a la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de la legislación, lo que revela tanto la degradación del sistema institucional en Cataluña como la extraordinaria gravedad del desafío separatista.

El desacato con los lazos no es el único incumplimiento del Govern durante el mandato de Torra, teniendo en cuenta la vulneración de la ley en materia de educación o el continuo pisoteo a la pluralidad por parte de la televisión pública catalana. En cambio, sí agrava el enfrentamiento institucional. El Govern se había cuidado en esta legislatura de no incurrir de forma flagrante en desobediencia. Que Torra haya dado este paso responde a varios motivos. Uno de ellos es su insolvencia e irresponsabilidad políticas. Otro es su sumisión a Puigdemont, que necesita un reclamo con el que combatir a ERC en el próximo ciclo electoral. Pero la razón fundamental es la debilidad del Gobierno socialista, incapaz de abandonar la calculada ambigüedad con la que socava la posición del Estado ante el envite soberanista.

La Moncloa ha mantenido durante los últimos días un bochornoso silencio. Incluso ayer, pese a la evidente estrategia separatista de patrimonializar las instituciones, Sánchez evitó el choque con la Generalitat y se limitó a comprometerse a materializar lo que mande la Junta Electoral. Sánchez parece más preocupado de seguir alimentando la distensión que de defender la legalidad constitucional. España no puede permitirse un Gobierno sin liderazgo ni determinación en un momento en el que el independentismo ha decidido volver a la unilateralidad. La acción del Estado de derecho no dejará impune la burla del títere de Torra, pero ello no es óbice para subrayar el riesgo que representa un Ejecutivo incapaz de hacer frente a la mayor amenaza de la democracia desde el 23-F.

Con el manual de Malaparte
Los independentistas fracasaron en su intento de crear estructuras de Estado y carecieron de fuerza para llevar a cabo un golpe mal planificado y peor ejecutado
Pedro García Cuartango ABC 22 Marzo 2019

Todas las mañanas, al cruzar la calle Génova en dirección al Palacio de las Salesas, me topaba con una docena de personas que llevaban lazos amarillos y exhibían unos carteles que decían: «Pueblo, rebelaos». Nadie les miraba ni les hacía el menor caso, por lo que su empeño sucitaba más compasión que rechazo. Ayer habían abandonado la escena, quizás hartos de tanta indiferencia.

Tampoco aparecen los Torra, Artadi, Torrent y demás dirigentes independentistas y hay menos público y muchos menos periodistas. Pero el juicio en el Supremo no ha perdido interés porque, ayer por la mañana, pudimos escuchar el testimonio de un agente de la Guardia Civil que examinó la información incautada en el registro a Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda.

En la documentación requisada había un correo que hacía referencia a un préstamo de 11.000 millones de euros, solicitado por la Generalitat al Gobierno chino, para poner en marcha la independencia. Y también quedaba constancia de un viaje de cuatro altos cargos a Eslovenia para estudiar el modelo que tanto le gusta a Torra. Por último, había una factura de 240.000 euros por un programa informático de IBM para montar la agencia tributaria catalana.

Ello corrobora el intento de los independentistas de crear unas estructuras de Estado paralelas que pudieran sustituir en el momento oportuno a instituciones como Hacienda o la Seguridad Social. El cerebro de este proceso era Carles Viver, presidente del llamado Consejo de Transición Nacional, que tenía que asesorar en la estrategia para desmontar la legalidad española. Una tarea a la altura de un hombre que fue magistrado del Constitucional y que fue distinguido con la Gran Cruz de Isabel La Católica. A eso se llama lealtad. Hoy está imputado en un juzgado de Barcelona, por lo que se negó a declarar la semana pasada.

Viver, como Junqueras, leyó sin duda «Técnica del golpe de Estado», el libro de Curzio Malaparte, publicado en 1931, cuando Mussolini regía los destinos de Italia. La obra se ha convertido en una referencia obligada de la ciencia política y parece haber inspirado la estrategia de quienes se sientan en el banquillo. El Che Guevara era un devoto seguidor de Malaparte.
Entre las diversas modalidades de golpe, los líderes del procés optaron por el bonapartismo

El periodista y agitador que acompañó a «Il Duce» en su marcha de 1922 formula dos observaciones a quienes pretendan dar un golpe de Estado. La primera es elegir bien el momento, un consejo con resonancias maquiavélicas, y concentrar las fuerzas en el punto débil del adversario. La segunda es que las élites pueden hacerse con el poder de forma abrupta si controlan resortes clave como los medios de comunicación o el Ejército. No hace falta –dice Malaparte– un apoyo masivo de las bases.

En su libro, el ideólogo fascista describe la tipología de los diferentes golpes de Estado. Pero, por resumir, distingue tres modalidades: la oportunista de Lenin, la violenta de Trotski y la aparentemente legal de Bonaparte.

En concreto, Malaparte estudia el XVIII Brumario como un modelo de conquista del poder mediante una coacción que crea una nueva legalidad desde las instituciones. Eso fue lo que hizo Napoleón, que primero ocupó el cargo de cónsul, luego se convirtió en dictador y, por último, se elevó a la condición de emperador tras casarse con una ilustre dama de la familia real austriaca.

Bonaparte siempre argumentó que tenía el apoyo masivo del pueblo francés y fue un maestro en el arte de manipular los sentimientos nacionales. Si se elimina la grandeza del personaje y se salvan las distancias históricas, hay mucho de bonapartismo en los líderes de un procés que se jactaban de ostentar la representación del pueblo para intentar dar un golpe de Estado, siguiendo el manual de Malaparte.

Pero al igual que el corso acabó sus días en Santa Elena, Junqueras y sus compañeros pueden ser castigados con una larga pena de cárcel. Y es que eligieron mal el momento, sobrevaloraron sus fuerzas y jamás controlaron los resortes del poder.

Los Mossos deben hacer cumplir la ley
 larazon 22 Marzo 2019

No había más salida que aplicar la ley. La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado a los Mossos d’Esquadra retirar los símbolos secesionistas de los edificios públicos y llevará al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ante la Fiscalía, además de abrir un expediente sancionador. De esta manera, la JEC ha utilizado todos los medios a su alcance para hacer cumplir la ley. Se abre de esta manera una nueva batalla, cuyo primer acto no será fácil: que la policía autonómica ejecute la orden de retirar los símbolos independentistas en miles de edificios –consejerías, dependencias de la administración, ayuntamientos, centros de salud, colegios públicos, institutos, universidades– ante la oposición organizada, como viene siendo habitual, de los grupos afines y de otros de carácter más violento.

Es la misma táctica provocativa de siempre. No es el momento más propicio para que la Generalitat haga demostración de desobediencia, justo cuando los líderes independentistas se esfuerzan en demostrar ante el Tribunal Supremo que el 1-O fue un ejemplo de pacifismo y respeto a los normas democráticas. Y de manera muy especial los mandos de los Mossos, que quieren corregir la acusación de pasividad y de que no cumplieron con el mandato del juez y del Constitucional. Provocación o no, Torra se enfrenta al delito de desobediencia que, según lo recoge el artículo 410 del Código Penal, supone la inhabilitación para ejercer cargo público entre seis y dos años.

La degeneración que sufre como institución la Generalitat es absoluta y con este nuevo desafío sólo ha conseguido ridiculizar a su propio presidente. Esperemos que la sociedad catalana todavía afín al «proceso» reflexione. La descripción de la burla representada por la Generalitat, diez días después de la JEC ordenase la retirada de los símbolos independentistas, es tan burda, tan ofensiva y demuestra tanto desprecio a lo que debe ser la función de una administración al servicio de todos sus ciudadanos, que en un Estado de derecho que se precie no puede aceptarse. En primer lugar, en defensa de los ciudadanos catalanes que no aceptan el plan independentista que se les ha impuesto. En segundo lugar, porque el objetivo de los dirigentes de la Generalitat no es otro que subvertir la legalidad democrática. Dirán que están ejerciendo el derecho de libertad de expresión, que ellos ya son una república..., pero no es más que su habitual método de volver a echar combustible a un «proceso» que da muestras de agotamiento y, según se está viendo en el Tribunal Supremo, de muy poca decencia moral.

Hace tiempo que se viene advirtiendo sobre la patrimonialización de la Generalitat por el nacionalismo catalán, pero se entendió que este era el pago obligado al catalanismo –antes de su transmutación al independentismo actual– que decía que en Cataluña no se puede ejercer la política si no es desde esa tradición; no basta un discurso reformador, liberal, europeísta, abierto y tolerante. Así que es lógico que sigan entendiendo que la administración catalana es un arma para alcanzar el objetivo final. El telón de este juego se ha descorrido hace tiempo y ha mostrado las entrañas de una sociedad profundamente dividida con unos líderes políticos con un nivel de irresponsabilidad difícilmente alcanzable en el entorno de las democracias europeas.

Es lógico, por lo tanto, que Pedro Sánchez contemple desde Bruselas el vergonzoso suceso de ver cómo cuelgan pancartas que insultan a la democracia española y nos ofrezca un discurso legalista. «Cuando entramos en un proceso electoral, lo que tenemos que hacer es someternos todos y cada uno de los actores a la Junta Electoral Central», dijo. Cierto. Pero un presidente del Gobierno debería anteponer la legalidad siempre. En los centros oficiales, que son de todos los catalanes, nunca debe haber símbolos independentistas.

Los mozos de cuadra tienen que ser desmantelados
Nota del Editor 22 Marzo 2019

Cualquier gobierno con un poco de sentido común, habría desmantelado el tinglado autonómico, comenzando por la educación-indoctrinación, las finanzas, los medios de  propaganda y su "ejército"

De cómo el nacionalismo ha tejido su red para la destrucción de España (IX)
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 22 Marzo 2019

Vengo relatando desde hace tiempo hechos característicos de la basura ideológica que pulula por nuestra tierra vasca y navarra, en una espiral sin fin con una finalidad clara: atacar el núcleo de lo que se debe entender como escuela que es el lugar donde los niños aprenden, no donde se les manipula e instrumentaliza con fines únicamente políticos e ideológicos. Si hay alguna perversión inadmisible es la utilización del sistema educativo para guiar a la masa de la población hacia objetivos inconfesables, en este caso hacia Euskalherria, es decir hacia la secesión cuando llegue la ocasión. Parece que el actual momento es un tiempo apacible, tranquilo, porque tenemos un lehendakari que no hace ruido, pero a nadie con un atisbo de inteligencia se le oculta que eso es meramente táctico. Cuando llegue la situación propicia darán el hachazo. No como lo hacen los catalanes independentistas, que más burdos y patosos no pueden ser, sino de una forma sibilina, cuando se dé el momento propicio para la incorporación de la Comunidad Foral de Navarra según el mecanismo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución Española.

Entre tanto, la línea de progresiva desconexión activada desde que se hicieron las Transferencias educativas a la Comunidad del País Vasco sigue poco a poco avanzando.

Estos días se está hablando de que el Gobierno Vasco deja de financiar la UNIVERSIDAD A DISTANCIA de Vitoria que como se sabe se realiza mediante un Patronato al que el Gobierno Vasco pertenece, lo que dejaría a ese Centro Asociado sin tutores. Muchos de los alaveses han compatibilizado estudios con trabajo gracias a la Universidad a Distancia, entre otros quien escribe este artículo; y en mi caso llegando al doctorado. Teníamos que estudiar todo el temario de cada asignatura y buscarnos los materiales de estudio, hacer trabajos sin fin, etc, constituyendo un esfuerzo bastante más fuerte que los alumnos presenciales, pero lográbamos nuestro objetivo con tesón y esfuerzo, con más años de estudio. Esa fórmula nos permitía a quienes no teníamos medios económicos para estudiar fuera del lugar donde residíamos llegar a formarnos mientras trabajábamos. Pero para el Gobierno Vasco la Universidad a Distancia, UNED, es española, y, por tanto, hay que liquidarla. No les es conveniente en su objetivo de desconexión programada y diferida.

Como de lo que trato en esta serie de artículos en episodios es hacer una taxonomía no suficientemente exhaustiva pero sí expresiva de lo que está pasando en nuestra infeliz España a la que el cronista romano Pompeyo Trogo se refería con estas palabras: “Los hispanos siempre están en guerra, si no tienen enemigo externo lo buscan en el interior”, voy a añadir un análisis que responde a mi experiencia empírica y a lo que un grupo de padres/madres de una ikastola me refiere respecto a la actuación sectaria y filonacionalista de una dirección de una ikastola pública de Alava. No voy a poner el nombre de esa ikastola por razones de prudencia, pero a nadie se le ocultan estos hechos pues en todas estas décadas de recorrido por la evolución de la educación vasca a nadie se le ocultan, y yo mismo podría hacer un amplio repertorio de sucesos y experiencias que tuve en mi paso por la Delegación Territorial de Educación de Alava.

Todo el mundo informado conoce los intentos que en los años ochenta se hicieron para crear lo que los nacionalistas denominaban “Escuela vasca”, que era ni más ni menos la institucionalización de una red de centros que sustituyeran progresivamente a los centros de enseñanza que fueron transferidos desde el Estado a la Comunidad Autónoma vasca tras el Estatuto de Autonomía, en 1984. Aquellos centros no respondían al criterio de los nacionalistas de configurar una escuela al servicio del proceso de secesión de la Euskadi sabiniana con la incorporación de Navarra a esa independización respecto a España. Por eso se necesitaba una red propia de centros que fueran fagocitando a los transferidos ya que el profesorado de éstos no estaba politizado; y eran simplemente profesionales que respondían al principio de pluralidad y neutralidad política del servicio público, con el único cometido de educar en el sentido genuino del término y no estar sujetos a ninguna obediencia política, y menos con una finalidad como es la formación del espíritu nacionalista. Ni ese profesorado, ni aquel currículo, ni el modelo de organización de los centros educativos eran susceptibles de ser doblegados para su instrumentalización política. Por eso crearon el EIKE, o red de “Escuela Vasca” al servicio exclusivo del nacionalismo.

Por efecto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, aquello quedó rectificado y subsanado; pero, más tarde, fruto del crecimiento artificial de las ikastolas privadas, auspiciadas sobre todo desde ayuntamientos nacionalistas, los socialistas intentaron el Pacto escolar con el PNV al efecto de absorber esa red de ikastolas e integrarlas con sus peculiaridades particulares en la red privada y en la pública, y así diluir el tinglado en ejecución de la jurisprudencia constitucional. Esto era un intento loable si no fuera por el resultado final que consistió en la ikastolización de todo el sistema. Es decir, para resolver el conflicto, se acudió, como siempre, a ampliar el cáncer a todo el sistema.

En las fechas en las que yo fui Delegado Territorial de Educación viví situaciones en las que se creaban ikastolas allí donde no había alumnos ni para los centros públicos que operaban en localidades de reducido número de habitantes de Alava. Esas ikastolas no reunían las condiciones y requisitos legales de tipo administrativo y por eso no fueron autorizadas, pese a lo cual, “manu militari” fueron puestas en funcionamiento. Se dio el caso de una escolarización clandestina que se hizo de unos alumnos en una localidad de la Rioja Alavesa en los bajos del Ayuntamiento, matriculando a los alumnos en otro centro de Guipúzcoa. Era evidente que el propósito era ir vaciando a los centros públicos comarcales para forzar a la Administración a cerrarlos. Sin embargo, un periódico de amplia tirada en Alava me presentaba a mí como un intransigente que merecía ser expulsado de la Administración. Lo cual lograron, gracias a la doblez del Partido que me auspició para el cargo.

En ese contexto, la Diputación alavesa creó un grupo de ikastolas públicas que adolecían de la necesaria moderación para ser centros educativos de calidad, con la necesaria asepsia educativa para serlo. Esos once centros educativos de carácter genuinamente nacionalista fueron integrados en la red pública a mediados de los años ochenta. Algunos de ellos produjeron episodios de histrionismo muy próximo a la locura, si lo vemos desde un plano objetivo.

Las madres de uno de esos centros me refieren que estos días atrás a niños de cuarto de primaria (nueve años de edad) les hicieron todo un recorrido por los episodios del tres de marzo de 1976, que para este articulista fueron movimientos obreros orientados hacia la sovietización, con evidentes rasgos marxistas, de la clase trabajadora, en una ciudad industrializada pero bastante provinciana como era Vitoria. En esa exposición se planteaba que aquello fue una guerra y que la policía era una especie de fuerza asesina que cometió crímenes, y, por tanto esa policía era, y es, la representación del mal poco más o menos que satánico. Estamos refiriéndonos a niños de nueve años, inmaduros e incapaces de valorar este tipo de situaciones. Yo creo que ofrece pocos visos de profundización respecto a la ineptitud pedagógica de quienes actúan así en su ejercicio profesional, sin respeto al derecho de los padres a permitir o no este tipo de injerencias en su libertad de ideario educativo.

Y solamente es una cuestión entre otras muchas que podríamos referir y que no hago por no extenderme en exceso.

Todas estas cosas en la dirección del adoctrinamiento son inadmisibles en un Estado de Derecho y en un sistema constitucional y democrático.

Cataluña: ¿un problema solo político?
Antonio Núñez y García-Sauco ABC 22 Marzo 2019

La insistencia a ultranza en la naturaleza exclusivamente política del conflicto catalán esconde una doble intencionalidad: primero, oscurecer el hecho de que, antes que político, es social, un problema entre catalanes, divididos y enfrentados en torno a cómo manejar su convivencia; segundo, excluir del conflicto catalán cualquier aplicación del Derecho y ponerlo al margen de sus consecuencias.

Respecto de lo primero, objetivo del independentismo ha sido y es ocupar todo el espacio social para, a través de la imposición identitaria, excluir de él a los no secesionistas. En otras palabras, apropiarse de toda la simbología nacional, acaparar el poder político y las instituciones para hablar en nombre de toda Cataluña, pero gobernar sólo para los intereses y aspiraciones de una parte de ella.

Ignorar el aspecto social del conflicto es reflejo inverso de la obsesión secesionista por excluir de cualquier proyecto nacional a quienes no comparten su credo. Relegados éstos durante años a mayoría silenciosa y silenciada, han sido sometidos a un sutil, pero duro, proceso de pensamiento único, a través del adoctrinamiento, la propaganda y un eficaz control social.

La inexplicable ausencia del Estado en Cataluña, explotada por el nacionalismo en términos de ventajismo y victimismo, ha contribuido a profundizar el sentimiento de abandono y exclusión por parte de la mayoría no nacionalista. Con dificultad, en una negociación política con independentistas, se sentirá esta mayoría representada por gobiernos interesados durante décadas en lograr el apoyo de los nacionalistas y en calmar sus ambiciones, en detrimento de los no nacionalistas, dentro o fuera de Cataluña.

Cualquier diálogo y negociación del Gobierno con independentistas corre así el riesgo de ser percibida por una gran parte de la mayoría no independentista como refuerzo a la política de exclusión que impulsa el secesionismo.

Respecto de lo segundo, hay un embeleco en la insistencia justificativa de que el problema catalán es de naturaleza política para concluir que solo cabe una solución política de diálogo y negociación. Lo que en el fondo se está reclamando es, ni más ni menos, que dar primacía al principio de legitimidad sobre el de legalidad, para colocar la reivindicación secesionista por encima del derecho. Artur Mas, con anterioridad, y Quim Torra, recientemente, lo han expresado sin ambages: la voluntad de un pueblo y la democracia están por encima de la Constitución y de las Leyes.

Como en un sistema democrático, legitimidad y legalidad se funden e identifican y son inseparables, tanto en su esencia como en su funcionalidad, el secesionismo, atrapado en su propia trampa, no ha podido evitar proclamar alternativamente un derecho inexistente a decidir o una legalidad alternativa y sucedánea en la que legitimarse. Así, proclamar que el conflicto catalán es solo político y no jurídico queda desmentido en la práctica, mientras emerge la amenaza de transitar caminos y buscar destinos fuera del rigor de las leyes vigentes.

Porque la insistencia en conceder exclusividad política al problema catalán conlleva también la intención de colocarlo al margen de la justicia. Esta vieja pretensión cobrará cada día mayor fuerza conforme avance el juicio a los autores del golpe independentista: meros presos políticos, perseguidos, detenidos y juzgados sólo por sus ideas y por aplicar el mandato democrático del pueblo catalán. Un relato fuera y al margen de toda consideración jurídica, pero plenamente coherente con la pretendida naturaleza exclusivamente política del conflicto y su relato: no se puede ni penalizar las ideas ni judicializar la política.

Hay todavía otro riesgo implícito en la reivindicación de un diálogo político. Al otorgarle exclusivamente naturaleza política y no social al problema catalán, se permite una vía de fácil sublimación: un conflicto entre Cataluña y España debe resolverse entre la Generalitat y el Estado. Así se abre camino una de las pretensiones más constantes del independentismo: formalizar una relación de bilateralidad entre dos entidades políticas de pretendida naturaleza similar que ayude a dar visibilidad al conflicto y a publicitarlo en todas direcciones, incluida su internacionalización. A nadie debe extrañar que al final del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat haya aparecido la figura de un «relator», pronto identificado como la manilla que abría la puerta a la intermediación internacional. El riesgo se hizo presente, aunque por fortuna no llegó a materializarse.

Por último, conviene destacar el azaroso peligro de la incoherencia de una negociación política con personas e instituciones que se niegan a desvincularse de actuaciones contra el Estado de Derecho y el sistema democrático. El diálogo negociador otorgaría así legitimidad, directa o indirecta, a interlocutores y negociadores políticamente vinculados a graves delitos contra el Estado de Derecho. Hay que asegurar la coherencia entre los diferentes órganos del Estado. El Gobierno no debe ponerse en posiciones ni adoptar medidas que no sean escrupulosamente respetuosas con otras adoptadas o decididas por la Justicia.

En conclusión, el diálogo y la negociación son mecanismos indispensables en democracia, pero instrumentalizados por la reivindicación independentista de que el conflicto catalán es solo político y, por tanto, exige una solución exclusivamente política, manejada por políticos, al margen de la mayoría social, fuera del marco jurídico y exento de consecuencias judiciales, pueden atentar contra principios básicos del derecho y la democracia.
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Antonio Núñez y García-Sauco es embajador

Los sindicatos independentistas arrasan en la escuela catalana
Anonio Robles Libertad Digital 22 Marzo 2019

Esta guerra solo se podrá ganar con la cultura, la educación y la información. ¿Tan difícil es verlo?

Entre tanta marquetería amarilla de parvulario, ha pasado casi desapercibido el resultado de las elecciones sindicales en la enseñanza no universitaria celebradas en Cataluña el pasado día 12.

He sostenido más de una vez que los maestros son el verdadero ejército de Cataluña. Lo que fue siempre una evidencia sociológica se concreta ahora en datos y porcentajes. Los resultados ponen en manos de sindicatos independentistas la educación de nuestros hijos. Los porcentajes asustan.

Quizás el más significativo sea el de la Intersindical CSC, liderada por el exterrorista indultado de Terra Lliure y asesino del empresario Bultó. Pasa de cero representantes a 47. Y las gana Ustec-STEs, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública no universitaria, cuyo ADN independentista propugna convertir el catalán en lengua oficial única de Cataluña. Pasa de 150 representantes a 162. Por el contrario, bajan todos los constitucionalistas. La infección indepe ha cuajado en la escuela.

Para hacerse una idea de la debilidad de los sindicatos no nacionalistas: CSIF (2), ANPE (2), USOC (4), CGT (24) y AMES (ni siquiera se presentó) suman entre todos 32 representantes, mientras que los secesionistas declarados –Ustec-STEs (162) e Intersindical-CSC (47)– o encubiertos –Aspepc-SPS (43), CCOO (58) y UGT (22)– suman 332. Los encubiertos, aunque no se declaren independentistas, participan de su relato y legitimación, y colaboran activamente en la imposición de la inmersión, en la imposición del catalán como única lengua oficial de las instituciones, en las multas lingüísticas, en la exclusión de la lengua española de la rotulación de la escuela, en el adoctrinamiento nacionalista, en la defensa de la campaña amarilla dentro del recinto escolar, en considerar a los políticos procesados por rebelión como "presos políticos", en exigir el indulto a los acusados, etc. Es decir, de todo lo que garantiza la desaparición del Estado en Cataluña.

Sólo la escasa participación (42,80%) relativiza la legitimación de unos sindicatos nacionalistas que tendrán a 332 maestros y profesores liberados para dedicar las 24 horas al activismo independentista en la enseñanza.

Estos datos corroboran la encuesta de CCC en la que el de los docentes aparece como el más independentista de todos los grupos profesionales, con un 61% de maestros indepes, mientras la media de Cataluña se reduce al 38%

Estamos en guerra, pero los Gobiernos de España aún creen que las guerras se libran con armas de fuego. Craso error. En Cataluña hace ya muchos años se libra mediante armas culturales, centros educativos, medios de comunicación, alteración de la historia, pervirtiendo el lenguaje democrático con emociones colectivas, fake news, el Barça y mucha, mucha pedagogía del odio contra España. Los tanques se han sustituido por limpieza lingüística, limpieza étnica, eliminación simbólica del Estado, supremacismo y todo el victimismo del mundo.

Hasta el inicio de la revolución de las sonrisas, la labor doctrinaria en la escuela se llevaba a cabo de forma sigilosa, ahora es descarada, intimidando a cuantos no estén de acuerdo con la independencia de Cataluña.

Reparen en esos parchís de filas y colores de las grandes manifestaciones indepes de estos años. Son la arquitectura mental de maestros de parvulario. Como el juego infantil de un presidente consentido jugando a putear al papá Estado con lazos amarillos. O con cualquier otra ocurrencia infantil que los sustituya.

Firmeza, falta firmeza. Y conciencia de que estamos en una guerra que sólo la ganará el Estado de Derecho si mete en vereda a una generación de políticos consentidos y provea de ilustración a unos adolescentes amamantados por sus maestros, arropados por el resentimiento de sus padres y emborrachados por TV3. No con tanques, sino con escuelas ilustradas libres de catalibanes, con películas, documentales, un ejército de historiadores, libros, RRSS constitucionalistas para oxigenar los mentideros nacionalistas… Y mucha documentación al resto del mundo. Esta guerra solo se podrá ganar con la cultura, la educación y la información.

¿Tan difícil es verlo?


 


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