AGLI Recortes de Prensa   Martes 2 Abril 2019

La hora de defender principios
Mateo Requesens www.eltorotv.com 2 Abril 2019

Las sociedades humanas se convierten en comunidades nacionales, no solo por compartir unos intereses meramente materiales, sino por construir unos vínculos espirituales que transcienden a las generaciones que transitan por un territorio. Cuando la Historia se escribe con las conciencias y no con los bolsillos, el interés que persiguen los gobernantes es el de fortalecer esa comunidad nacional y no el de procurar llevarse para sí y los suyos la mejor tajada. Al contrario, si en una sociedad se instala una concepción meramente materialista, suele traer como consecuencia el debilitamiento de la comunidad nacional, pues cada cual buscará su beneficio individual sin preocuparse por la conservación y el perfeccionamiento de la Nación.

Algo así ha sucedido en España estas últimas décadas. La alternancia en la gobernanza de PSOE y PP más ha tenido que ver con sus aspiraciones a alcanzar el poder que con diferencias sustanciales de principios. Más allá de divergencias de procedimientos y de prácticas, ambos partidos han puesto todo su empeño en construir un entramado de intereses oligárquicos que afectan a medios de comunicación, sistema financiero, organismos públicos, poder judicial, actividad económica… olvidando, cuando no despreciando, la idea de España como vínculo de solidaridad y proyecto de futuro.

Cuando se vuelve la mirada a los últimos treinta tantos años y se contempla nuestro presente, es fácil identificar la larga serie de torpezas y bajezas que, tanto PP como PSOE, han cometido en su afán por ocupar el gobierno, cediendo una y otra vez a los chantajes de los separatistas, anteponiendo al interés nacional su interés particular. Ambos han contribuido a destruir la verdadera unidad moral en la que la Nación se funda, que no es otro que el ideal de comunidad, la convicción de compartir un pasado y un proyecto de futuro y la conciencia de la labor civilizacional de la hispanidad.

Vázquez de Mella se preguntaba en el marco del desastre de 1898, “¿qué ha pasado entre la gloria de ayer y la ignominia de hoy?”, se respondía: “un ciclón de tiranías sin grandeza y de pasiones sin valor”. Hoy, ante la encrucijada en que se encuentra España, es hora de deshacernos de aquellos que han malbaratado la herencia de nuestros padres y ponen en peligro el legado de nuestros hijos. Es hora de acabar con la influencia de los separatismos en la vida política, terminar con los partidos traidores que desde la izquierda más ultramontana están dispuestos a dividir la soberanía nacional y dar la espalda a la derechita cobarde que ha vendido sus principios por un buen plato de lentejas.

Las próximas elecciones inauguran unos tiempos en los que se exigirá a los españoles decidir, no entre tal o cual partido, sino sobre la subsistencia misma de la comunidad nacional. Para ello será preciso recuperar España, no sólo en su constitución política, sino en su constitución social, cultural, filosófica e intelectual. VOX parece representar el inicio de esa reacción popular de la España que no se resigna a morir, partida en mininaciones o devorada por el mundialismo de una Europa de los mercaderes y consumidores. No existe consenso posible entre tales principios contrapuestos, cualquier amalgama que nos pretendan vender será un ardid, una confusión para poder vencer paulatinamente la voluntad contraria a la disolución de España como Nación.

Así que no se engañen, nuestra responsabilidad como ciudadanos y como españoles no termina con la introducción de un voto en las urnas, exige vigilar a quienes elegimos como representantes para cumplan esa misión de recuperar España, y además requiere un esfuerzo común que restaure los vínculos que nos unen como miembros de una comunidad.

Si así lo cumplimos, que Dios nos lo premie, si no, que nos lo demande. Y no les quepa duda que lo hará, porque la Historia, tarde o temprano, pasa su factura.

Si el déficit ya asusta, la deuda total del Estado, ¡se desmelena!
José María Gay de Liébana okdiario 2 Abril 2019

Todo es relativo en esta vida y el déficit público también. Repican las campanas: España cerró 2018 con un déficit público de “sólo” – entre comillas -, el 2,63% sobre nuestro producto interior bruto que ascendió a 1.208.248 millones de euros según el Banco de España y la Intervención General de la Administración del Estado, por debajo de la cota infernal del 3%. ¡Gran dato!, se oye decir a los sumos sacerdotes de nuestras finanzas públicas. Por cierto, que, en Portugal, su déficit público se ha quedado, entre dimes y diretes de unos y otros, según el color político, en el 0,5% del PIB luso. ¡Los portugueses, siempre con humildad y seriedad, sufriendo la severidad de su intervención, cumplen con sus compromisos!

Empero, todo tiene también su valor absoluto, ahí donde las cosas se dejan de relativismos y la crudeza, a veces crueldad, se impone. Nuestro déficit público en 2018 fue de 31.805 millones de euros; en números redondos, las administraciones públicas gastaron 32.000 millones de euros más de lo que ingresaron. ¡Fracaso estrepitoso de los guardianes de nuestras cuentas públicas que desde 2008 a 2018 acumulan más de 789.000 millones de déficit!

El gasto público en 2018 ha superado la barrera de los 500.000 millones de euros, incrementándose respecto a 2017 en 22.515 millones. Y eso que entre impuestos y cotizaciones sociales, los españoles hemos pagado 23.000 millones más que en 2017. En total, la suma de impuestos y cotizaciones pagados por los españoles en 2018 fue de 426.000 millones de euros. ¡Bravo ahí, y qué no se rompa el jolgorio deficitario!

Entre las distintas partidas que conforman el gasto público destaca el gasto en consumo final: 222.643 millones de euros, lo que quiere decir que Papá Estado vuelve por sus fueros con marcadas ínfulas políticas. Porque en 2017 tal consumo público fue de 215.690 millones de euros y si nos remontamos a aquellos tiempos en que los ajustes prevalecían bajo el férreo yugo de Montoro, en 2013 y 2014, tal consumo fue, respectivamente, de 201.899 y 202.048 millones de euros. En 2015, la cosa ya se animó y el consumo público se cifró en 208.923 millones de euros, en 2016 de 211.241 millones y ahora, en 2018, se ha disparado a los antedichos 222.643 millones de euros. Algo de rigurosidad, por consiguiente, se está perdiendo. Y de nuevo, hay que invocar aquella figura a la que tan a menudo nos referimos al hablar del gasto público que es la del presupuesto base cero. En definitiva, que se trataría de que por parte de expertos independientes y sin vínculos con la clase política se marcaran los conceptos y cuantías que han de conformar el gasto público de España. Sin duda, que se pondría freno a tanto desmán derrochador y a tantas veleidades frívolas.

Si golpea el déficit, la deuda se desmadra. Y si en cuestiones de déficit, las Comunidades Autónomas solo generaron en 2018 un saldo negativo de 2.810 millones de euros y la Administración Local, en cambio y como viene siendo habitual, siguió haciendo escrupulosamente sus deberes y obtuvo un superávit de 6.292 millones, el foco deficitario se concentra en la Administración Central, con 18.199 millones de euros perdidos, y, ¡ojo ahí!, en la Seguridad Social cuyo déficit fue de 17.088 millones, lo que confirma, bajo su actual statu quo, la insostenibilidad del sistema y que, tarde o temprano, habrá que enmendar su sesgo negativo. No entremos en detalles que eso nos lleva a replantearnos la edad de jubilación y posibles ajustes en las pensiones…

Si el déficit asusta, la deuda total del conjunto del Estado, es decir, los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas, ¡se desmelena! Cerramos 2018 debiendo 1.656.673 millones de euros, 53.000 millones más que en 2017 y ¡1.061.000 millones más que en 2008! La larga sombra de la deuda total de España equivale, al cierre de 2018, al 137,1% del PIB.

Precisemos que en los pasivos en circulación se incluyen, además del endeudamiento de las administraciones públicas, los pasivos comerciales netos de éstas, las deudas entre administraciones y las diferencias de valoración entre el valor nominal y el de mercado de los instrumentos representativos de la deuda. En todo caso, ¡la deuda trota!

Papelón de la 'derechita cobarde' en Murcia
EDITORIAL Libertad Digital 2 Abril 2019

Los cuatro partidos con representación en el Parlamento regional murciano han aprobado por unanimidad una reforma del estatuto de autonomía saturada de izquierdismo de la peor estofa, con escandalosas concesiones a la ideología de género y la memoria histórica, armas que utiliza la izquierda siniestra para amedrentar y dominar al centro y, sobre todo, a la derecha.

PP y Ciudadanos se han sometido a los dictados de PSOE y Podemos y dado su respaldo a un texto basado en los tóxicos dogmas de estos últimos, lo cual supone una humillación autoinfligida y una afrenta para sus votantes, que para colmo son muchísimos más que los de los partidos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El nuevo estatuto murciano no difiere en líneas generales de los últimos que pasaron con éxito el filtro del Parlamento nacional. Todos ellos, sin excepción, establecen nuevos derechos basados en la ideología de género, patrocinada por el tóxico feminismo izquierdista, y consagran la infame y falsaria memoria histórica, que pretende excitar los odios cainitas a través de la reescritura de la Guerra Civil.

El despropósito es de tal calibre que hasta en la cuestión del agua, asunto de extraordinaria importancia en el Sureste, queda patente la rendición de Cs y PP ante la izquierda y su particular concepción de la sostenibilidad, mantra utilizado para que cualquier expectativa de desarrollo económico quede al albur de lo que decidan partidos como PSOE y Podemos y las organizaciones ecologistas de corte más radical.

Los diputados de PP y Ciudadanos han tragado a sabiendas de los perjuicios que este nuevo estatuto va a causar a los murcianos. Todo para que la minoritaria y marginal izquierda local les conceda el carné de demócratas y acepte en el Club del Buen Progresista. Lo peor es que saben que no les darán ese patético gusto.

Con semejante rendición, los dos partidos del centro-derecha murciano abren las puertas a que la izquierda pueda operar sin la menor traba si algún día llega al poder en la Región, algo que resultaba impensable pero que, a poco que PP y Cs se empeñen, más pronto que tarde sucederá.

Esto es lo que ha hecho el PP de Pablo Casado y del murciano Teodoro García Egea. Ya pueden desgañitarse después rechazando el apelativo de "derechita cobarde" que Vox les ha adjudicado, pero lo cierto es que con este tipo de rendiciones a la izquierda, incluso en feudos como Murcia, no hacen sino dar razones para que se les moteje de esa forma que tanto les molesta.

El expolio fiscal de la izquierda
Editorial ABC 2 Abril 2019

La moderación fiscal de la que hacen gala los partidos del centro-derecha en vísperas de las elecciones generales contrasta con las fuertes subidas de impuestos que propone la izquierda, con PSOE y Podemos a la cabeza, a pesar de que dicha estrategia no solo acabará empobreciendo al conjunto de los españoles, sino que dañará el crecimiento y el empleo, con la consiguiente pérdida de recaudación. La eliminación definitiva del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que anunció ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, constituye un buen ejemplo de las diferencias que mantienen unos y otros en materia tributaria. La Junta aprobará la próxima semana el decreto que bonificará al 99 por ciento las herencias superiores al millón de euros, lo cual, unido a la exención que ya disfrutan los legados de inferior cuantía, supondrá la supresión de este impuesto entre cónyuges, hijos, nietos y padres. Aunque su impacto recaudatorio será reducido, con un ahorro de apenas 38 millones al año, implica un cambio trascendental.

Hace apenas dos años, heredar en Andalucía era unas cien veces más caro que en Madrid, hasta el punto de llevar a la ruina a miles de humildes herederos que no podían hacer frente a la elevada factura impuesta por el PSOE, al tiempo que producía una intensa fuga de capitales para evitar este expolio, mermando así la capacidad de este tributo para generar ingresos. Pero Cs y el PP han apostado por una sustancial rebaja que, al igual que ha sucedido en Madrid, frenará el éxodo fiscal y atraerá inversiones, de modo que las arcas públicas se verán beneficiadas. Esta particular doctrina se puede extender a toda la política tributaria. Mientras que el PP de Pablo Casado apuesta por una «revolución fiscal» para potenciar la generación de riqueza -consistente en reducir el IRPF y Sociedades, eliminando, además, Sucesiones, Patrimonio y los impuestos sobre el ahorro que se destine a la jubilación-, la izquierda pretende todo lo contrario.

A las políticas expropiatorias de Podemos, sustentadas sobre un ataque a la propiedad privada y la economía de mercado, se suman las subidas de impuestos que incluye el programa electoral del PSOE con la excusa de disparar el gasto público. En total, más de 60.000 millones de euros para converger de forma paulatina con el nivel de recaudación de la UE. Y todo ello, bajo el falaz argumento de que lo pagarán los ricos. El engaño de Pedro Sánchez no puede ser mayor. En primer lugar, porque tales incrementos recaerán sobre la sufrida clase media, que es donde se sitúa el grueso de los contribuyentes. Y, en segundo término, porque la clave para elevar la recaudación no es asfixiar al sector privado con nuevas cargas, sino ampliar las bases imponibles mediante la creación de empleo, el crecimiento de las empresas y el aumento de la productividad.

1 de abril
La manipulación de la historia es hoy peor que durante el franquismo
Hermann Tertsch ABC 2 Abril 2019

Ayer fue 1 de abril y se cumplían los 80 años del final de la guerra. Era el día del último parte de guerra que rezaba: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado». Firmado, Francisco Franco. Como siempre desde hace casi cuatro décadas, las fechas redondas de la guerra civil se prestan para el alarde de una interpretación torticera de la historia. Interpretación que en España no hacen, como en el resto del mundo, los vencedores. Sino los perdedores. A costa de dejarse por el camino la verdad hecha jirones irreconocibles y crear una narración grotesca por falsaria. La mentira es hoy mayor que cuando dictaban la historia los vencedores, mayor en democracia que en dictadura. Estas falsedades enferman a generaciones enteras a las que, con la verdad, se priva de capacidad de juicio y criterio.

Stanley Payne cierra su nuevo libro «La Revolución Española 1936-1939» (Espasa 2019) con un epílogo en el que expone los niveles del disparate de «la manipulación política de la guerra civil en el siglo XXI». Y es que con el tiempo, este sinsentido, lejos de paliarse, se ha agravado. Han quedado olvidados todos los esfuerzos, iniciados muy pronto ya en el franquismo, por buscar en la honradez y el rigor en la investigación explicaciones y datos para una reconciliación también en la historia sobre la base de los hechos. Y se ha impuesto una óptica unilateral de los perdedores más resentidos y más dispuestos a manipular dicha historia para medro en la lucha política del presente. Para instrumentalizar la forzada superioridad moral de las posiciones ideológicas de quienes con su pulsión mesiánica, revolucionaria y totalitaria hundieron la república, provocaron la guerra y después la perdieron.

Esa superioridad moral que la izquierda revanchista blande, sirve para la eficaz intimidación y la criminalización de todas las posturas políticas, historiográficas e intelectuales que discrepen de esa versión maniquea y sectaria. Es la historia oficial de la revancha que quiere imponerse como verdad única e incuestionable, pese a ser una única y larga concatenación de mentiras. Son fantasía sin apenas realidad los disparates que publican sobre la guerra y la represión franquista todos los chiringuitos surgidos al amparo de la lamentable Ley de Memoria Histórica.

Lo gracioso es ver cómo, una vez más en este 1 de abril, frente al obsceno despliegue de victimismo de los sectores ideológicos que se consideran hoy herederos y continuadores de los derrotados, todos los demás guardan un escrupuloso y cauto silencio para no herir susceptibilidades. No vayan a llamarlos franquistas o fascistas. Alguno de los historiadores profesionales de la muy rentable historiografía antifascista, evocan «el gobierno de la venganza» y dicen que el 1 de abril fue un día terrible. Para la inmensa mayoría de los españoles, pensaran lo que pensaran tres años antes, fue un día feliz. Quizás pudo haber sido menor la represión. Pero habría sido mucho mayor y más terrible si no hubieran ganado quienes ganaron ni perdido quienes perdieron. Porque hubo miles de fusilamientos de condenados después del 1 de abril. Pero pocos comparados con los habidos de inocentes antes de esa fecha en la retaguardia frentepopulista y separatista. Y a los muchos condenados a muerte por tribunales siguieron miles de conmutaciones de penas e indultos. Busquen alguna conmutación de una pena de muerte en un régimen comunista. No lo hay. Busquen a un condenado a muerte bajo el comunismo que cinco años después de la sentencia estuviera vivo, libre de todo cargo y con un trabajo en un ministerio del régimen que lo había condenado. No lo hay. Con Franco, vaya que si los hubo.

Tezanos: la manipulación continúa
OKDIARIO 2 Abril 2019

Llega un momento en el que las apelaciones al decoro cívico, por reiteradas, y por la contumacia del sujeto al que están destinadas, adquieren apariencia de inutilidad. La actitud de José Felix Tezanos es el vivo ejemplo de comportamiento descrito. Su forma de dirigir el CIS, sin el más mínimo rubor a la hora de mostrar su apoyo progubernamental, hace tiempo que ha dejado de asombrarnos. Lo curioso del caso es que también aproveche la autoridad que su cargo le confiere para hacer, incluso fuera del CIS, el mismo alarde de partidismo. Tal es el caso de Sistema Digital, el portal Web que dirige, donde, aparte de profesar su incondicional preferencia por el presidente Sánchez, reflexiona por escrito que PP, Ciudadanos y VOX son los responsables de una tendencia a la “agresividad extrema” en la política española. Curioso.

No menciona dentro de esta agresividad política aquella moción de censura por motivos éticos, tras la que iba a convocar rápidamente elecciones, ni el pactar con Torra, Otegi y Puigdemont para llevarla acabo, ni la cuestión de los relatores, ni el gasto público disparado, ni… No, PP, Ciudadanos y VOX son los responsables de una tendencia a la “agresividad extrema”. Curioso.

Igualmente, resulta curiosa otra exclusiva que hoy aporta ODIARIO. El Gobierno del presidente Sánchez suscribió, el pasado 12 de marzo, un convenio con la Fundación Sistema, presidida –oh, casualidad– por José Félix Tezanos. A través del Ministerio de la Presidencia han sido aportados 12.000 euros a dicha Fundación para la organización del congreso Balance y perspectivas de la Constitución Española de 1978, que se celebró en Madrid entre los días 13 y 16. Como decimos; curioso, muy curioso todo.

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Fachas con 'estelada'
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN elespanol 2 Abril 2019

Los ataques y agresiones a personas que acudían el sábado al mitin de Santiago Abascal en Barcelona se saldaron con siete detenciones. Mossos que se encargaban de la seguridad del acto también sufrieron el acoso y el lanzamiento de objetos por parte de radicales de los CDR y de Arran, las juventudes de la CUP.

Como resultado de esos incidentes, una joven que hirió a un simpatizante de Vox con una piedra ha ingresado este lunes a prisión, lo que ha motivado protestas ante la sede de la Consejería de Interior. El argumento de los manifestantes es muy indicativo de su fanatismo: "Combatir el fascismo nunca será delito".
Ultras

¿Quién decide quién es fascista? Y una vez identificado, ¿está permitido su linchamiento? A eso es a lo que parecen aspirar los ultras separatistas, que siguen los pasos de unos dirigentes políticos que alardean de supeditar el cumplimiento de la ley a una difusa voluntad popular. Guiados por esa autoconcedida impunidad agredieron el sábado a personas que se dirigían a participar en un acto político.

Conviene recordar que, justo dos semanas antes, miles de manifestantes independentistas llegados desde distintos puntos de Cataluña se manifestaban por el centro de Madrid sin que se registraran incidentes. No encontraron ni rastro de la España agresiva e intolerante que dicen combatir.
PSC y Colau

Abascal ha responsabilizado este lunes al PSC y a Ada Colau de las agresiones contra los asistentes a su mitin: "Unos señalan y otros disparan". Aunque su denuncia resulta exagerada, sobraban las declaraciones de dirigentes socialistas declarando non grato, de facto, a Vox. La decisión de la alcaldesa de impedir a toda costa que el mitin se celebrase en el Palau Sant Jordi es de todo punto improcedente.

El resultado final es el conocido por todos. Ciudadanos que acudían a ejercer su derecho a participar en una manifestación legal fueron atacados con el argumento de que eran fascistas y provocadores. Pero los únicos que actuaron como fachas llevaban piedras y esteladas. Su comportamiento no puede quedar impune.

Sangre de Vox en Barcelona
Pablo Planas Libertad Digital 2 Abril 2019

Cataluña es un polvorín. No hay fin de semana sin incidentes en las calles, agresiones, escraches y amenazas. El pasado sábado, con ocasión del mitin de Vox, varias personas fueron salvajemente atacadas y gravemente heridas en las inmediaciones de la Plaza de España de la capital catalana. Acudían al acto con banderas rojigualdas.

Ni la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ni el presidente de la Generalidad, Quim Torra, han condenado los hechos. La sangre en el asfalto de un ciudadano que recibió una pedrada en la cabeza, la conmoción de una mujer también herida, los moratones de un anciano vejado y apaleado por los valientes "antifascistas", todo eso no tiene cabida en el relato de la revuelta de las sonrisas.

Cataluña es tierra hostil para Vox, igual que para el PP y Ciudadanos. Ni siquiera el PSC tiene garantizado el ejercicio de los más elementales derechos políticos en la región, a pesar de los públicos y denodados esfuerzos de sus dirigentes por congraciarse con el separatismo y blanquear su violencia y odio desbocado.

Pasear con una camiseta de la selección española, con una bandera nacional atada al cuello de camino a una manifestación legal o con algún símbolo distintivo de España no es aconsejable en ningún punto de la geografía catalana. Se dice que la actitud de los Mossos es diferente a la del golpe de Estado, que ahora hacen lo que pueden para evitar linchamientos y males mayores.

El separatismo en pleno se muestra crítico con las actuaciones de la policía autonómica en la represión de los CDR y los muchachos de Arran, las juventudes de la CUP. En las imágenes hay veces que se aprecia a algún mozo que blande la porra de arriba abajo y no de manera lateral y por debajo de la cintura, como establecen las normas del Parlament, cuando algún mamarracho embozado trata de partirle el alma con una valla. La Consejería de Interior ha abierto varias investigaciones contra sus agentes al respecto.

Sea como fuere, el despliegue de los Mossos para proteger el acto de presentación de Vox en Barcelona sirvió para impedir una masacre. Igual que cuando la organización por la equiparación salarial entre policías Jusapol montó un acto en la Ciudad Condal el pasado otoño. O como cuando un grupo de entidades y partidos constitucionalistas quiso celebrar la Constitución hace cuatro meses.

El problema de la seguridad y el orden público en Cataluña es que están en manos de unos dirigentes políticos que alientan una violencia contra los partidos rivales que tienen que contener los Mossos que están bajo sus órdenes. Y la eficacia de la policía regional es su coartada.

Ha declarado el abogado Javier Melero, que defiende al exconsejero de Interior Joaquim Forn, que decir que en el proceso no hubo violencia es hacerse trampas al solitario. Melero tiene un prestigio. Defendió a Mas por el 9-N y no es independentista. En una entrevista en El Punt-Avui ha deslizado que violencia, haberla, la hubo, pero no con la suficiente entidad como para configurar los delitos de rebelión y sedición sino, a lo sumo, una "incitación a los desórdenes públicos". Aquello de que "las calles serán siempre nuestras" y "fuera las fuerzas de ocupación", pero de farol.

Sería exactamente lo mismo que sucede ahora en Cataluña, pero con la diferencia de que en este momento no hay en el horizonte un referéndum, sino tres elecciones y una sentencia. Los simpatizantes en Cataluña de los partidos constitucionalistas son piezas de caza para los CDR y los autodenominados "antifascistas", todos ellos soberanistas del rito del derecho a decidir, la inmensa mayoría separatistas.

El voluminoso aparato propagandístico del nacionalismo catalán sostiene dentro y fuera de España la ficción de que los líderes golpistas son unos pacifistas de tomo y lomo, mientras que seguidores de Mahatma Junqueras y el Che Puigdemont campan a sus anchas por Cataluña amedrentando a la población no nacionalista y pateando a los ciudadanos que se atreven a acudir a una manifestación de Vox un sábado al mediodía.

Se dice que el partido de "ultraderecha" ha logrado su objetivo, disturbios en Barcelona en su primer gran mitin en la calle por la prohibición de Colau de usar el Palau Sant Jordi. Muy bien los Mossos, ponderan dirigentes constitucionalistas. Hay incluso una detenida que ha ingresado en la cárcel por atentado a la autoridad. La Guardia Urbana cifró la asistencia en cinco mil personas y la prensa local determina que Vox ha pinchado en Barcelona. Las agresiones, los heridos graves, no suscitan la más mínima atención.

Han pegado a particulares por llevar una bandera española en la vía pública barcelonesa, pero el quid de la cosa es que la Junta Electoral Central prohíbe los lazos amarillos en los edificios públicos y que TV3 llame "presos políticos" a los encausados por el 1-O. En Cataluña, un lazo te puede costar una multa y una camiseta roja, la vida; que te puedes pasear por Madrid con una estelada sin problemas, pero no se puede hacer lo mismo con una bandera española en Barcelona.

A lo mejor Melero es un fenómeno y tiene razón en lo de que el delito que cometieron sus patrocinados no fue más que un par de llamadas a la insurrección, pero de buen rollo. En ese caso, el delito sigue en activo, porque es eso y no otra cosa lo que hacen Torra y Colau, una "incitación a los desórdenes públicos" según la fina descripción del letrado Melero respecto al golpe de Estado de septiembre y octubre del 17.

A diferencia de lo que ocurrió en Madrid con la manifestación separatista, los partidarios de la unidad de España no pueden manifestarse tranquilamente en Barcelona. Las cargas de los Mossos no son contra las arremetidas de hordas de martínez el facha en los actos independentistas sino contra los jordis y orioles por la república en las manifestaciones españolas en Cataluña.

Los separatistas más templados lamentan los ataques a Vox, la caza al facha en Cataluña, todo aquel que no crea que la república existe y ose decirlo. La violencia real perturba la consistencia de la cortina de humo del supremacismo tolerante y el golpismo pacífico, del nacionalismo sensato y la convivencia en Cataluña.

En cuanto al pinchazo que refiere la prensa barcelonesa, los cinco mil asistentes de la manifestación de Vox en Barcelona derramaron como mínimo tanta sangre como las víctimas del 1-O.

Abascal: “Todo lo que se dice en torno a Vox es una caricatura”
OKDIARIO 2 Abril 2019

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que, como católico, siente un profundo respeto por el Papa Francisco y trata de escucharle cuando habla ex cátedra (desde el cargo que ostenta), pero ha matizado que "si habla el ciudadano Bergoglio y da sus opiniones políticas, las respeta pero no tiene porqué compartirlas".

Así se refería Abascal, en una entrevista en EsRadio, a las declaraciones que hizo el Papa Francisco en la entrevista de laSexta, en la que cargó duramente contra los que quieren construir muros. Vox propone que se levanten sendos muros en Ceuta y Melilla.

Para Abascal, la cultura, las identidades y las naciones se preservan garantizando que la inmigración llegue de manera ordenada, y ha apuntado en respuesta a Francisco que él suele llevar el catecismo encima, y en él se dice que hay que acoger al inmigrante pero también habla de que estos tienen deberes, y han de adaptarse a las normas y cultura de esas sociedades a las que llegan. “Mi respeto pero mi diferencia” con el Papa, ha apostillado.

Abascal, quien ha reconocido que se ha prodigado poco en entrevistas en medios de comunicación, ha señalado que han atendido menos de las que les han pedido porque en la formación tienen “muchas cosas que hacer” y que el hecho de que Vox “haya triunfado” tiene más que ver con las redes sociales que con los medios de comunicación.

Marruecos debe pagar el muro
En cuanto a la propuesta de levantar un muro en Ceuta y Melilla, ha defendido que con esto se eliminarían las concertinas y se evitaría que los inmigrantes saltaran y se lastimaran. Para el líder de Vox, ese muro serviría para parar “la avalancha” y ha apuntado que debe ir acompañado de medidas que corten con el efecto llamada. “Quien entre será expulsado, mientras eso no cuaje hay que fortalecer las fronteras”, ha añadido.

En este punto, ha incidido en que ese muro quizá debiera pagarlo Marruecos o los partidos políticos de las naciones europeas responsables del efecto llamada. Así, ha aprovechado para añadir que si “el marqués de Galapagar” (por Pablo Iglesias) quiere estar protegido en su hogar, “los españoles no tienen menos derecho”.

“No hay duda de que Marruecos debe colaborar en la construcción de ese muro”, ha insistido, para añadir que sería una muestra de buena vecindad. Además, Abascal ha acusado al presidente del Gobierno de acabar con el Acuerdo de Schenguen gracias al efecto llamada de sus medidas sobre inmigración.

A pesar de proponer este muro con Marruecos, el líder de Vox se ha mostrado convencido que habrá migrantes que apoyen a Vox porque defienden que los nacionalizados tienen los mismos derechos. A esto, ha sumado que en sus actos hay inmigrantes, mujeres, homosexuales, catalanes y vascos. “Todo lo que se dice en torno a Vox es una caricatura”, ha apostillado.

La “propaganda de Guerra”
Preguntado sobre los datos de Vox en las encuestas, Abascal ha calificado a éstas de “propaganda de guerra” y ha confesado que no se las cree, al igual que opina que Sánchez no obtendrá tantos votos porque se verá lastrado por dejarse influir por el “radicalismo”. Así, ha insistido en que la demoscopia en estas fechas no son herramienta de predicción sino de “inducción al voto” porque pueden influir en él.

Para Vox se corre el riesgo de desprestigiar las casas demoscópicas, al igual que ocurre con los medios de comunicación. “Estamos destruyendo instituciones importantes (…), hay falta de prestigio”, ha añadido, para luego matizar que su crítica es distinta a la que hace Iglesias porque él no es “un totalitario”. “Tengo derecho a defenderme, (…) ha veces el mensaje es deformado cuando no inventado”, ha subrayado.

No obstante, ha explicado de que tienen encuestas propias que arrojan que “en muchos lugares, algunos muy significativos” están por encima de PP y Ciudadanos. “Salimos a ganar, hasta el rabo todo es toro”, ha añadido.

“El fraude de Rajoy” y el PSC
En cuanto a las palabras del expresidente José María Aznar en las que le echaba en cara durante un mitin que hablara de ‘derechita cobarde’ para referirse al PP, Abascal ha señalado que le extraña que se dé por aludido. Cuando se refieren a la derechita cobarde, dice, lo hacen para hablar del “fraude cometido por Mariano Rajoy”, quien mantuvo una posición débil en Cataluña o subió los impuestos. “Me sorprende que se dé por aludido –Aznar– porque creí que compartía” esa opinión, ha aclarado.

Por otro lado, ha acusado al PSC y a Ada Colau de ser los responsables de los disturbios acaecidos en Barcelona este fin de semana durante el acto de Vox. para Abascal, alentaron la violencia y el odio contra la formación al señalar a los simpatizantes del partido diciendo “que no debían estar allí”. “Los terroristas de los CDR y Arrán atacaron de forma violenta”, ha apostillado.

El pacto de la dinamita (Sánchez e Iceta contra España)
Carlos Dávila okdiario 31 Marzo 2019

Hace un año decía Iceta: “Pedro Sánchez y yo nos lo consultamos todo y cuando digo todo, es todo”. Confesión de parte que vale para ahora mismo: quien crea pues que la propuesta del jefe de los socialistas catalanes (una consulta en diferido) es una ocurrencia episódica “motu proprio” del bailarín del Paralelo barcelonés es decididamente un imbécil. Es el núcleo central del pacto de la dinamita que ya ha suscrito Sánchez con los barreneros de España, con los furiosos independentistas que, llegado el momento, votarán a favor del insensato de La Moncloa. Torra ya lo tiene previsto. Pero es curioso: aún quedan gentes en España que dudan de que el maldito acuerdo de la Censura vaya a repetirse. Dicen angélicamente: “Ya verás; esto no será posible”. Pues sí: lo puede ser salvo que los españoles decentes (o sea, los que no apoyan al desatinado) se lo impidan. Algunos de los numerosos botarates que se horripilan ante el nuevo pacto, se fían del despliegue festivalero a lo “¡Viva España”! con el que Sánchez intenta enardecer a sus bien pagados hooligans.

Les ha convencido de que las numerosas pistas que abonan la realidad del pacto sean concluyentes, piensan, hasta de buena fe, que el mencionado Iceta es un marginal que excreta ocurrencias a mayor gloria de su incesante ingenio; piensan también que el obstruccionismo filibustero que ha utilizado Sánchez para impedir que se supiera la sentencia del Tribunal de Cuentas sobre el saqueo de los rebeldes, es sólo una treta electoral más o menos discutible; piensan asimismo que el repulsivo veto de los socialistas vascos a nuestro portaviones en Guecho es cosa de un par de descerebrados que suelen libar potes con etarras arrepentidos en cualquier taberna del País.

Y no es así. Aquí está todo pactado y bien pactado. Sánchez ha acordado nuevamente bajo las faldas de España, una traición histórica, un referéndum disimulado que ya cuenta con el apoyo de Torra (lo ha dicho) y del prófugo Puigdemont, una consulta que tiene como maestro de ceremonias, el famoso “relator” (palabra condenada para siempre en nuestro idioma) al lehendakari Urkullu que personalmente o por delegación se encargará esta vez de que el proceso siga adelante. A nadie le conviene más que a él un Estado roto y débil al que se le pueda rapiñar sin decoro.

De aquí el veto conjunto PSOE-PNV contra nuestros marinos en Guecho. Encima Sánchez está pasando por un lumbreras; lo malo no es que engañe, que lo hace siempre, lo malo es que nuestra derechorra se deje embaucar y no monte un batalla en toda regla para que este individuo sin escrúpulos no siga vaciando nuestro bolsillos y quebrando una Nación milenaria. Lo tiene todo articulado; fíjense, hasta le han salido bizcos que van pregonando la imprescindibilidad de un indulto a los rebeldes con la malvada anticipación de que cualquier Gobierno, de cualquier color, lo tendrá que hacer obligatoriamente. ¡Qué desfachatez! ¡qué trola! ¡qué manera de engordar los intereses de los barreneros!

El pacto solo espera la hora de concretarlo. Pregunto: ¿a qué espera la derechorra para acordar una fusión de intereses, una coalición de socorros mutuos? ¿a qué espera para destruir la miserable pretensión de Sánchez de destruir España? ¿a qué espera para forzar un acuerdo prelectoral que evite la desmembración que se nos viene encima? Sépase esto: si la derechorra no lo hace, España evidentemente se pasará años llorando su desaparición, pero espero que no se lo perdone nunca. Nunca.

¡Es la democracia, estúpidos!
Javier Lindo eltorotv.com 2 Abril 2019

Por primera vez desde la Transición, los ciudadanos españoles nos jugamos en las urnas no solo cuatro años de gobierno. Esta vez no sólo está encima de la mesa un modelo económico, cambios en las leyes educativas o la forma de gestionar la administración pública. Está en juego el Estado tal y como lo conocemos.

Nadie duda a estas alturas, tras las declaraciones de Miquel Iceta, que el PSOE tiene cerrado no ya un pacto de gobierno con los enemigos de España, filoetarras incluidos, sino una hoja de ruta a medio y largo plazo que ponga patas arriba los cimientos de la España constitucional que emanó tras la Transición.

El viejo afán socialista de ganar la Guerra Civil 80 años después de terminada está muy cerca de producirse con la exhumación de Francisco Franco, verdadero artífice de que España no se convirtiese en una república comunista como sí sucedió en otros países como Rumanía, Polonia o Checoslovaquia. Desenterrar a Franco es dinamitar la concordia que se respiraba en España con la llegada de una monarquía parlamentaria.

Tras la disolución de las Cortes franquistas y el comienzo del reinado de Don Juan Carlos I, se disipaban del horizonte los nubarrones tormentosos que amenazaban con un nuevo enfrentamiento entre españoles.

Con la llegada de Zapatero, actual comisionista y comisionado de la Venezuela criminal de Maduro, comenzó el acoso y derribo a un futuro común y próspero para nuestra nación. La firma forzada del Estatuto de Cataluña y la aprobación de la Ley de Memoria Histórica no buscaban otra cosa que crispar a la sociedad española y cavar de nuevo trincheras para dividirnos entre rojos y fachas.

A partir de ahí, la historia es conocida por todos. Los gobiernos de Mariano Rajoy se centraron en rescatar al país de la crisis económica y rechazaron cualquier conato de debate ideológico que supusiese una mínima confrontación.

La entrega a la izquierda de la mayoría de cadenas televisivas y la estrategia de hacer crecer a Podemos para que la ciudadanía eligiese entre susto o muerte fue un error de unas dimensiones estratosféricas difícil de subsanar a estas alturas. La gestión del golpe de estado en Cataluña una calamidad sin precedentes que puso en peligro la unidad territorial nacional y que finalmente se llevó por delante a Rajoy y sus complejos e hizo surgir un nuevo partido llamado Vox.

El último escollo para el plan secesionista en el que Sánchez es cómplice se llama Felipe VI.

Tras el Golpe de Estado en Cataluña, nuestro Rey tuvo que salir a la palestra a defender a su pueblo y gracias al llamamiento nacional que lanzó por televisión, las calles de Barcelona se llenaron de banderas españolas y esos días los CDR, la CUP y Arran volvieron a las alcantarillas, transitadas en otros tiempos por sus admirados antepasados como el asesino Lluís Companys, Badía o Josep Dencàs que desfilaron en huida reptiliana hasta Francia en 1934.

Dinamitando la Constitución de 1978 y las leyes que emanan de ella, tachando a la monarquía de heredera del franquismo y hablando abiertamente de que España es una nación de naciones, el PSOE está allanando el terreno a un cambio de modelo de estado que podría ser una república, una confederación o directamente una dictadura bolivariana donde la clase media solo tenga derecho a pagar impuestos y a agachar la cabeza.

Por todo ello, en poco más de un mes en España nos jugamos todo lo que somos y lo que nuestros antepasados nos dejaron en herencia. Nos jugamos sobre todo la libertad.

La buena noticia es que jamás hemos tenido tan fácil salir a ganar. Algunos hablan de que la división de la derecha es una debilidad, pero viendo los programas de PP, Ciudadanos y Vox, con sus matices y singularidades, cada uno de nosotros tiene por fin una variedad de partidos decentes y democráticos en los que depositar nuestra confianza sin necesidad de votar con la nariz tapada. Nuestro enemigo es Sánchez y la abstención.

Todos los medios de comunicación pagan encuestas millonarias, hacen estudios, pierden su tiempo hablando de voto útil, de pactos o de circunscripciones, pero lo que de verdad importa es votar el 28 de abril para echar a Sánchez y a sus camaradas golpistas y proetarras de las instituciones.

¡Es la democracia, estúpidos!

Entre el País Vasco y Cataluña
Fernando Múgica. El Mundo 2 Abril 2019

El autor expresa su preocupación por la posibilidad de que un futuro Gobierno socialista acuerde sendos referéndums de secesión, ya que el nacionalismo es un proyecto político suicida que puede acabar con la convivencia entre españoles

El terrorismo de ETA terminó en 2011, y desde entonces Cataluña recibe constantes visitas de nacionalistas vascos que ahondan las divisiones internas entre los catalanes. Buscan en Cataluña aliados contra España, y extender su relato para verificar que sea bueno lo que han hecho en el País Vasco. En 2012 por primera vez un presidente de la Generalitat se sumó a la manifestación de la Diada por la independencia, y muchos catalanes anhelaron la mística racial y lingüística de esos vascos que ya no disparaban en la nuca a sus adversarios. Ahí empezaron las persecuciones civiles entre catalanes, y el deterioro hasta su actual tiempo catastrófico.

Muchos catalanes envidian al País Vasco porque disfruta un cupo fiscal beneficioso en relación con España, tiene buena salud económica y es la Comunidad más próspera, sumando PIB per cápita, gasto autonómico por habitante e ingresos por pensiones. Y con el menor desempleo.

Omiten ver que su población es una de las más envejecidas del mundo, y sus indicadores de salud demográfica (tasa de fecundidad, saldo vegetativo y envejecimiento) son de los peores de España, y los más deteriorados en los últimos cuarenta años. La sociedad vasca es la más envejecida desde la Transición, y se extranjeriza vertiginosamente. No les ha servido su plan para el fomento de la natalidad en 2018, dotado con 500 millones de euros. Y en 2018 el 25% de los nacidos en el País Vasco son de madres extranjeras. Euskadi es una sociedad fallida y una mercancía política averiada, la raza vasca se desploma y diverge de su ideología, y eso ya no se arregla con dinero.

Cataluña sigue una trayectoria regresiva por causas similares: alta y complicada barrera de entrada social, disminución de su población originaria y casi nula inmigración del resto de España, hispanofobia y extranjerización acelerada, e incertidumbre. Su población se extranjeriza desde hace más tiempo y más rápido que la vasca, en 2018 casi el 33% de los bebés catalanes nacieron de madres extranjeras. Y Cataluña expulsa ya a sus propios habitantes, que emigran por el ambiente tóxico en su origen. Una secuencia vivida en el País Vasco.

Los catalanistas han creado una realidad paralela, con doble lenguaje. Por un lado actúan felices como si España no existiera, y por otro lado pretenden que España les impone e impide algo, humillándoles. TV3 parece la gran pantalla de Orwell dando esas instrucciones simultáneas y tóxicas. Son una policía de conciencias y buscan enemigo donde no lo hay. Lo tienen dentro.

España tiene más de 500 años de historia y el español es el segundo idioma más hablado del planeta. De ahí su probabilidad de que dure otro tanto y nuestra lengua siga expandiéndose. Tenemos el pulmón y respaldo de América. A los catalanistas parece que eso no les gusta, hicieron políticas de inmigración extrañas a esa relación, y los terroristas de Barcelona y Cambrils en 2017 procedían de Ripoll y hablaban catalán.

Si el tiempo es juez seguro de personas y sociedades, la Euskadi nacida en 1980 no lo soporta y su población envejece y se diluye a gran velocidad. Arana decía que todo era culpa de los españoles, pero la supervivencia del nacionalismo vasco está en entredicho y es culpa suya. Euskadi disminuye y tiene mal funcionamiento social. Los nacionalistas insisten que su sistema tiene sentido, mientras generan incertidumbre con su doble alma oscilando entre integración e independencia.

Arzalluz y Jordi Pujol condujeron desde 1980 a sus sociedades, a las que tanto decían amar, al desastre actual. Uno con terrorismo y otro sin él. Arzalluz, carlista antañón y señorito, estaba fascinado por el crimen como medio de resolver diferencias políticas y pastorear su pueblo elegido, pues creía ser su amo. Pujol fue más refinado y sutil, diríase veneciano en la doma. Ambos fueron caciques antiguos, nacionalizaron sus sociedades y secuestraron sus ascensores sociales, y algo más.

Desde 2012 los catalanistas también viajan mucho al País Vasco, y los vimos con las banderas desplegadas en el funeral de Arzalluz. Aprenden unos de otros y ganan juntos contra España, a la que predican su odio. Así continúa la incertidumbre, en el País Vasco ya no hay asesinatos pero el futuro de la sociedad no se sabe dónde está, y Cataluña está dividida y tampoco sabe adónde va.

Los nacionalismos necesitan de oídos fieles a sus razas, o a sus etnias, o al menos a sus identidades. Los vascos y catalanes van contra su historia, disuelven sus sociedades y en breve no tendrán ya quien les escuche.

Nuestro resguardo está en la Constitución de 1978. El bucle trágico de España, iniciado con Fernando VII y que alcanzó hasta Franco, tenía su patrón de repetición en la deslegitimación de las instituciones y la persecución entre españoles. La primera guerra carlista o civil fue repetida hasta el siglo XX. Ese bucle y el antiguo régimen concluyeron con la actual Constitución, primera y única pactada entre todos con los grandes partidos españoles y entre ellos los nacionalistas. Así las persecuciones cesaron en España, excepto en el País Vasco, y sólo muchos años después y sin armas suceden en Cataluña. Sin coincidir en el tiempo las persecuciones de vascos contra vascos y de catalanes contra catalanes. España está cambiada y necesitamos seguir en paz con la Constitución.

En el siglo XX las sociedades se suicidaban yendo a la guerra. En Europa pasó varias veces por los nacionalismos, y hubo dos guerras mundiales. Para evitar su repetición nació la actual Unión Europea. Ahora esas guerras parece que ya no hacen falta, sino que las sociedades se autodestruyen. El proceso dura más tiempo pero es vistoso y ruidoso, produce el temblor y la furia del nacionalismo, siempre tan emocionantes. Hoy día las emociones del miedo y del odio son fáciles de generar y transmitir mediante algoritmos. Sus efectos están garantizados y en principio no hace falta sangre. Así las guerras no tienen por qué repetirse, pero los sufrimientos y daños civiles e institucionales son profundos y perdurables.

Tras las próximas elecciones sería nefasto que un gobierno socialista en España alcanzase entendimientos con los nacionalistas catalanes y vascos sobre sus referéndums de secesión. No hagan esos pactos, no debemos soportarlos. No hundan más a Cataluña y al País Vasco. No dañen a España. Vean lo que resiste en el tiempo, que es lo que vale. Presten atención a la luz de la Constitución y escuchen sus ecos del tiempo por venir.

Fernando Múgica es abogado.

Esta es la situación de Policía y Guardia Civil en País Vasco, Navarra y Cataluña
El líder del PP, Pablo Casado, ha abierto en esta campaña el debate sobre la coordinación policial en las regiones de España
Adrián Mateos. Jesús Hierro. Pablo Ojer. ABC 31 Marzo 2019

País Vasco
La política del Departamento vasco de Seguridad condena al ostracismo a la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuerpos que, en palabras de la consejera Estefanía Beltrán de Heredia, deberían limitarse a ejercer competencias de carácter «residual». Lo cierto es que la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) en el País Vasco decayó paulatinamente a raíz del fin de la violencia etarra. Según los datos que maneja el Ministerio de Interior, en la actualidad hay desplegados 3.686 agentes de las FSE, 1.766 menos que en el año 2011. Sus labores quedan reservadas al ámbito extracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos y aduanas o el régimen general de extranjería.

La mayoría de las competencias, incluidas la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público, pertenecen a la Ertzaintza, que en la actualidad dispone de 7.200 agentes. Recientemente, Seguridad anunció además la ampliación de la OPE de la 28ª promoción, que finalmente dispondrá de 700 plazas.

Cataluña
La ira de buena parte del independentismo contra la Policía Nacional y la Guardia Civil tras las cargas policiales del 1-O ha tenido consecuencias en Cataluña. «Ahora, nadie quiere venir», explican a ABC fuentes de la Policía Nacional. Pese a ello, el número de agentes se mantiene estable, ligeramente por encima de los 3.000 en cada uno de los cuerpos, desde el traspaso de competencia a esta comunidad en materia de seguridad.

Y es que, aunque los Mossos, con sus casi 17.000 agentes, tienen competencias en exclusiva en orden público, seguridad y tráfico, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil siguen conservando su monopolio en otros ámbitos. La Policía Nacional, por ejemplo, es el responsable único en materia de extranjería. Y la Guardia Civil es la única con competencias, también en Cataluña, en el control de armas y explosivos, además del control marítimo. Sin contar con que, los tres cuerpos, indistintamente, pueden actuar como policía judicial.

Navarra
El diario Gara lo dijo claro el pasado 14 de noviembre: «Bastaría con 449 forales para sacar a Policía y Guardia Civil de Nafarroa». En la actualidad, la Policía Foral apenas tiene competencias en exclusiva. Está presente en todos los ámbitos policiales de Navarra, pero en la mayoría de los casos comparte estas funciones con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Sin embargo, en septiembre de 2017, el Gobierno de Navarra aprobó un Plan para que la Policía Foral asuma en exclusividad las competencias de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra: bastaría con pasar de los 1.000 agentes actuales a cerca de 1.500 para sustituir a los aproximadamente 700 agentes de Policía Nacional y 1.800 de la Guardia Civil que trabajan en la Comunidad Foral. De momento, el pasado 31 de octubre, Pedro Sánchez y Uxue Barkos acordaron el traspaso de las competencias de Tráfico, lo que supondría el desalojo de los 230 guardias civiles de Navarra. No obstante, el Gobierno central se está retrasando en la firma de este traspaso y la convocatoria electoral del próximo 28 de abril hace muy difícil que se materialice antes del cambio de Ejecutivo en La Moncloa.

La banalización de la violencia independentista
Alejandro Tercero cronicaglobal 31 Marzo 2019

La normalidad con la que la prensa --especialmente las cabeceras nacionalistas-- asume los actos violentos del independentismo catalán empieza a ser preocupante.

Es cierto que Cataluña no se ha convertido en Kosovo con la aplicación del 155 ni con la celebración del juicio a los encausados por el intento de secesión ilegal de otoño de 2017. Pero no es menos cierto que la violencia ya es una característica habitual de las movilizaciones promovidas por el nacionalismo catalán.

El sábado pasado, con motivo de las contramanifestaciones independentistas convocadas en oposición al acto de Vox en Barcelona, se pudo comprobar nuevamente. Los secesionistas radicales --al abrigo de los CDR y de Arran, los cachorros de la CUP-- lanzaron piedras y botellas a los Mossos y a simpatizantes de la formación ultra, acosaron y agredieron a varios manifestantes de Vox, quemaron contenedores y formaron hogueras y barricadas en la vía pública.

Los extremistas sembraron su paso con varios heridos de diversa consideración entre mossos y asistentes al mitin de Santiago Abascal. Uno de estos, con la nariz reventada y dejando un reguero de sangre en la calle, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Clínico para poder atajarle la hemorragia.

Sin embargo, la mayoría de medios recogieron estos actos violentos como si fueran hechos marginales, tangenciales, secundarios, intrascendentes e, incluso, justificables. “Altercados”, “protestas”, “alborotos”, “tensión”, “incidentes” o --los más atrevidos-- “disturbios” son algunos de los calificativos utilizados por la prensa nacionalista para describir lo ocurrido, que evitó en todo momento utilizar el término violencia.

Lejos de lo que tratan de vender los dirigentes independentistas, la violencia del nacionalismo catalán no es residual. Al contrario, es una constante que florece en muchas de las manifestaciones a favor de la secesión desde antes del 1-O. De hecho, los Mossos están en el punto de mira por responder con contundencia a los radicales.

Minimizar o blanquear esta realidad solo puede conducir a su intensificación, especialmente en los próximos tiempos, en los que el movimiento nacionalista sufrirá en sus carnes un aumento de la frustración para cuya digestión no está preparado.

Lo que Podemos y Bildu deberían saber sobre la caza de brujas y la Inquisión en España
César Cervera ABC 31 Marzo 2019

La Inquisición española no fue la bestia sádica que te ha contado la Leyenda Negra

Mientras el resto de Europa sigue presentándose como los padres de la tolerancia religiosa, la razón y la democracia, España sigue con su particular flagelación sobre su historia y sobre los temas favoritos de la Leyenda Negra. Coincidiendo con el revisionismo histórico de López Obrador en torno a la figura de los conquistadores, el Parlamento navarro aprobó la pasada semana una propuesta de Podemos y Eh-Bildu para «reparar la memoria y la dignidad de las víctimas del mayor feminicidio institucional de toda la historia de la humanidad, en este caso a cargo de la Santa Inquisición», en referencia a las cazas de brujas de los siglos XVI y XVII.

Cuando se cumplen 409 años del caso de las brujas de Zugarramurdi, esta iniciativa aprobada por Podemos, Bildu y PSN insta al Gobierno Foral a rehabilitar la memoria de las brujas como «un antecedente de la represión sufrida por las mujeres también en períodos históricos más recientes», y a «elaborar un mapa de lugares de memoria relacionados con la caza de brujas, otorgándoles a dichos lugares un régimen de protección similar al de otros lugares de memoria».

Una reivindicación histórica que no deja de ser paradójica en un país como España, y en concreto contra la Inquisición, puesto que aquí la incidencia de condenas a brujas fue muy escasa en comparación con lo que se vivió en ese siglo en países como Alemania o Francia. Mientras que solo en Alemania se condenaron a muerte a 25.000 mujeres, se calculan únicamente 300 casos en España. Aparte de que fue en España donde se denunciaron por primera vez que no había base ninguna para estas ejecuciones de mujeres.

¿Por qué se persiguió a las brujas?
Salvados los siglos más tenebrosos de la Edad Media, se desató a comienzos de la Edad Moderna una inesperada obsesión por la caza de brujas, porque, según sostiene el historiador Ricardo García Cárcel, se introdujo una nueva novedad en la sociedad: «La idea de que el demonio estaba en todas partes y que las brujas habían sido creadas por él».

La fiebre cazadora empezó a finales del XV, respaldada, en 1484, por el Papa Inocencio VIII en la bula Summis desiderantes affectibus: «Muchas personas de ambos sexos se han abandonado a demonios, íncubos y súcubos, y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones han matado a niños aún en el vientre de la madre, han destruido el ganado y las cosechas, atormentan a hombres y mujeres y les impiden concebir». Se abría la veda.
«Muchas personas de ambos sexos se han abandonado a demonios, íncubos y súcubos, y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones han matado a niños aún en el vientre de la madre»

La fiebre tornó en delirante conforme avanzaban los años. «A finales del siglo XVI el problema se agravó porque la intelectualidad europea y racionalista se obsesionó con el demonio y mezcló esta idea con la de las brujas», explica García Cárcel, autor de «La Inquisición», Madrid, Anaya, 1995. A consecuencia de este fenómeno se vivieron ochenta años de terror que afectaron, sobre todo, a la Europa central, Inglaterra y a los países más avanzados. El empeoramiento del clima, las malas cosechas y la peste azotaron el continente a finales de siglo, mientras que la persecución de brujas se intensificaba coincidiendo con las crisis económicas.

La intensidad alemana
Los investigadores actuales estiman que, entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVIII, se produjeron de 40.000 a 60.000 condenas a la pena capital por este concepto. La mayor parte de las ejecuciones tuvo lugar en Alemania y los países colindantes. No obstante, la fragmentación política del Sacro Imperio Romano Germánico favorecía que cada ciudad se enfrentaba al problema por su cuenta. La tensión religiosa entre católicos, luteranos, calvinistas y demás herejías elevó la brutalidad de la persecución.

La intensidad en Alemania de esta persecución se explica por el fulminante éxito de Lutero, respaldado por importantes príncipes germanos, que justificó las matanzas en que la Biblia exige, en Éxodo 22,18, que «No permitirás la vida de los hechiceros». Los reformadores usaron esta persecución para incrementar su autoridad, aún precaria, y adquirir más control sobre la población local.

«Hay niños de tres y cuatro años, hasta 300, de los que se dice que han tenido tratos con el Diablo. He visto cómo ejecutaban a chicos de siete años, estudiantes prometedores de 10, 12, 14 y 15 años. También había nobles», escribió un cronista sobre los procesos que se llevaron a cabo en Würzburg en 1629. Las procesos masivos y el intercambio de acusaciones entre vecinos eran el pan de cada día en algunos territorios alemanes.

Pero, ¿realmente existían las brujas, es decir, mujeres que practicaban rituales satánicos? El mismo testimonio que se asombraba por la muerte de esos niños sostenía que no había duda de que «el Diablo en persona, con 8.000 de sus seguidores, mantuvo una reunión y celebró misa ante todos (los condenados) administrando a sus oyentes cortezas y mondaduras de nabos en lugar de la Sagrada Hostia». Si bien la mayoría de los testimonios eran producto de la psicosis colectiva, García Cárcel no tiene duda de que existían estas prácticas en distintos rincones de Europa. «La Iglesia persiguió a las brujas porque creían que hacían una competencia terrible al propio cristianismo. Eran mujeres que afirmaban que también podían intermediar con el otro mundo», señala el historiador valenciano.

España, ¿una isla para las brujas?
En el amasijo que conforma la leyenda negra contra España aparece destacada la imagen de la Inquisición persiguiendo a judíos, brujas, musulmanes y protestantes a través de los métodos más brutales. Sin embargo, al igual que la persecución de protestantes, la incidencia de casos de brujería en España fue mínima. De todos los procesos entre 1540 y 1700, solo el 8% fueron por causa de la brujería. En total, se condenó a la hoguera por brujería a 59 mujeres en España. En Portugal fueron quemadas cuatro, y en Italia, 36.

Esto fue así porque la brujería se vislumbraba, a ojos de los inquisidores españoles, un mal menor, en el que incurrían mujeres de baja extracción y ningún tipo de influencia social o religiosa. «En España este fenómeno nunca alcanzó niveles de fanatización del norte. La Inquisición moderna no alteró los procedimientos y la mecánica con respecto a las brujas», recuerda García Cárcel. El danés Henningsen habla en este sentido de un auténtico «escepticismo inquisitorial», donde los especialistas en leyes achacaban el fenómeno de la brujería a la ignorancia y a las alucinaciones.

Desde el principio, hubo eclesiásticos que descartaron la validez de los testimonios de las brujas, como el obispo de Ávila, Alfonso de Madrigal, que en 1436 afirmó que los aquelarres eran fantasías producto de drogas, o el dominico castellano y obispo de Cuenca, Lope de Barrientos, quien se preguntó «qué cosa es esto que dicen, que hay mujeres, que se llaman brujas, las cuales creen e dicen que de noche andan con Diana, deesa de los paganos, cabalgando en bestias, y andando y pasando por muchas tierras y logares, e que pueden... dañar a las criaturas», a lo que él mismo se respondía en ese texto: que nadie ha de tener «tan gran vanidad que crea acaescer estas cosas corporalmente, salvo en sueños o por operación de la fantasía».

El pragmatismo y la calma se impuso cuando, en 1526, el creciente problema de la brujería en Europa, al calor de las reformas protestantes, obligó a la teología española a reunirse en Granada. Henningsen se asombra de las disposiciones tomadas allí, frente a la situación de locura colectiva que se vivían en otros rincones. Estas disposiciones incluyeron el siguiente procedimiento:

-Cualquier bruja que voluntariamente confiese, y muestre señales de arrepentimiento, será reconciliada (con la Iglesia).
-En tales casos, si no median otros delitos, no habrá multa ni confiscación de bienes y solo habrá penas salutarias para su alma.
-Nadie será arrestado basándose en las confesiones de otras brujas.

La actuación del tribunal se encaminó durante los siglos XVI y XVII a la reinserción de las acusadas de brujería en el seno de la Iglesia, más que a la pena de muerte. Como ejemplo de condena benigna, una mujer llamada Isabel García, que en 1629 confesó ante el tribunal de Valladolid habérsele aparecido Satanás, con quien pactó la recuperación de su amante, fue únicamente castigada a abjurar de levi y a cuatro años de destierro.

Así y todo, hay que tener presente que en la Corona española la jurisdicción ordinaria y la religiosa (los obispos) contaban entre sus funciones habituales la represión de la superstición, con lo cual la mayoría de casos pasaron por sus manos y no por la Inquisición, cuyo registro era más minucioso. Parece que es evidente, con todo, que en España no alcanzó la represión de Europa Central.
Alonso de Salazar y Frías denuncia antes

Otra muestra de que el fenómeno de la brujería contaba con sus propias características en España es que, cuando la Inquisición moderna llevaba funcionando más de un siglo, surgieron aquí inquisidores racionalistas como Pérez Gil o Alonso de Salazar y Frías, que criticó el proceso de las brujas de Zugarramurdi.

Este proceso es tal vez el caso más famoso de la historia de la brujería en España y finalizó con un auto en noviembre de 1610 donde dieciocho personas fueron reconciliadas, seis fueron quemadas vivas y cinco en efigie (a través de un muñeco del tamaño de un ser humano que los representaba). «Alonso de Salazar y Frías empezó a desconfiar por primera vez de lo que las brujas decían sobre sí mismas. Empezó a considerar que todo aquello se había producido por una neurosis colectiva que había que erradicar», apunta García Cárcel.

Alonso de Salazar y Frías, que creía que los fenómenos de brujería eran historias inverosímiles y ridículas, presentó al Consejo de la Suprema Inquisición, el 24 de marzo de 1612, un informe crítico con el proceso de Zugarramurdi. Como destacó Julio Caro Baroja, el español «se adelantó de modo considerable a los que difundieron en Europa ideas concebidas en el mismo sentido», como el famoso jesuita alemán Friedrich Spee, que cargó contra la persecución de las brujas en el corazón del continente. Un resultado concreto del informe del inquisidor fue que se intentó reparar a las víctimas del auto de fe ordenando que sus sambenitos no quedaran expuestos en ninguna iglesia. Una consideración impensable en cualquier otro lugar de Europa.

«No hubo brujos ni embrujados hasta que se empezó a hablar de ellos», aseguró Alonso de Salazar, entre sus conclusiones. Un criterio en contra de la superstición y la ignorancia que prevaleció a partir de esas fechas. Nunca más se juzgaría a nadie en territorio español por solo el delito de brujería, mientras en el resto de Europa continuó la persecución. Una niña ejecutada en el cantón protestante de Glarus, en 1783, fue la última víctima de esta histeria prolongada durante siglos.


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