AGLI Recortes de Prensa   Lunes 22 Abril 2019

Medio billón
En campaña, la verdad sobre la situación económica no conviene a nadie porque los ciudadanos prefieren autoengañarse
Ignacio Camacho ABC 22 Abril 2019

Los expertos electorales saben que a los ciudadanos no les gusta oír propuestas responsables. El éxito de los populismos obedece en gran parte a esa tendencia infantil de los votantes a autoengañarse aceptando de buen grado promesas fáciles y olvidando anteriores fracasos con desmemoria alarmante. Conviene recordar este factor de psicología colectiva cuando muchas voces juiciosas invocan el desastre de Zapatero como precedente objetivo de un Sánchez que calca como sobre una falsilla los errores más graves de una campaña, la de 2008, que condujo a la nación al desastre. Pero, en honor a la verdad, la caída del zapaterismo no se produjo porque la crisis desnudase su frivolidad flagrante sino porque la presión internacional le obligó a adoptar a destiempo enojosos recortes sociales. Es decir, que lo que el pueblo penalizó fue su tardío aterrizaje en la realidad que con gran éxito había negado antes. En política, y especialmente con las urnas delante, decir la verdad no convierte a nadie en el más simpático de la clase.

Con una nueva amenaza de recesión anunciada por todos los observatorios económicos y financieros, España alcanzó en 2018 un gasto público de medio billón de euros. En términos relativos sobre el PIB nacional, un 40 por ciento. Y creciendo, gracias a las dádivas electoralistas que el Gobierno ha desparramado los viernes para tener a su electorado contento. No existe, sin embargo, ningún partido dispuesto a contradecir el optimismo oficial por temor a resultar agorero. Hay un colapso en las pensiones, una Seguridad Social con un agujero negro, una deuda galopante y un déficit estructural rebelde al incremento de ingresos, pero todos los programas electorales fían el reto a la magia contable de subidas o bajadas de impuestos. Cualquier líder que se atreva a sugerir ajustes concretos o dude de que el bienestar vaya a ser eterno será estigmatizado y arrojará sus aspiraciones por un sumidero. Los españoles preferimos que nos mientan aunque nos disguste reconocerlo.

Por eso vamos a votar por puro instinto, sea ideológico, emocional o biográfico. El factor de decisión es sobre todo visceral, tribal incluso, y a menudo determinado por el antagonismo hacia el adversario. Lo sabe Sánchez cuando reduce su discurso a una cruzada retroactiva contra el fantasma de Franco, lo sabe Iglesias cuando agita el resentimiento contra la casta de los privilegiados, lo saben los nacionalistas cuando enarbolan su supremacismo identitario y lo sabe la derecha cuando sintetiza su proyecto en bajar al presidente del Falcon. Si eso es lo que nos mueve, quién se va a molestar en articular engorrosas estrategias de Estado a medio plazo. Dijérase que se nos ha olvidado o que consideramos tolerable el 14 por ciento de paro; mientras sean los nuestros los encargados de gestionarlo, qué más nos dará que el país entero se vaya al mismísimo... garete.

Pero faltará Vox
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS Libertad Digital 22 Abril 2019

Si Vox no es un "grupo político significativo", la Junta Electoral Central no sirve al juego limpio y la máxima participación electoral. Será una especie de sindicato televisivo con las leyes que le han dado y, sobre todo, con las confianzas en su interpretación que se ha tomado, sin derecho a hacerlo. Si el precedente de Ciudadanos y Podemos debatiendo con PP y PSOE en elecciones pasadas y en función de sus expectativas de voto, una decisión acertada para invitar a la máxima participación bien informada, no invitaba a la JEC a permitir que, en una cadena privada, repito, privada, los cinco partidos con mayor expectativa de votos pudieran debatir, dígannos para qué sirve la JEC, excepto para entorpecer la información ciudadana.

Casi todos los medios, sectariosad nauseam, no sólo han aceptado de mil amores el veto a Vox sino que han insultado a Abascal por quejarse. ¡Pues no se atreve a hacerse la víctima de una decisión que le perjudica! ¿No creerá que ha caducado la Alerta Antifascista de Iglesias? A cambio, padecemos un ensordecedor coro mediático loando la reciedumbre moral y profesional de los informativos de Doña Mateo, alias Sánchez, que, tras convertir TVE en embajada paralela de la dictadura genocida de Maduro y picota de sus disidentes, simplemente han respaldado la postura podemita. ¿Pluralismo, neutralidad, profesionalidad? Ja. ¿Qué fue de los viernes de negro contra el PP? Desaparecieron en cuanto la izquierda llegó al Poder. El alivio de luto fue instantáneo. O sea, que menos lobos, Caperucita Roja.

La arbitrariedad con excusa leguleya, radicalmente infiel al espíritu de la Ley, es clamorosa tras permitir la JEC que los golpistas catalanes, socios pasados y futuros de Sánchez e Iglesias, emitan fatuas separatistas desde la cárcel. ¿Dónde viene eso en la Ley Electoral? Al final, la JEC da la razón a los nacionalistas que se burlan a diario de la Ley, pero participan en debates como el de TVE a seis, donde sobraban.

Digan lo que digan, es un atropello que cuatro de los cinco primeros partidos debatan dos días seguidos en dos medios diferentes y en ninguno de esos debates, ni distantes ni distintos, permitan que esté Vox. Dirá el giliprogre de turno que el veto favorece a Abascal. ¡Pues perjudíquenle y favorezcan el derecho a la información de la ciudadanía! Ah, que tampoco.

Gana la derecha, gobierna Sánchez
 larazon 22 Abril 2019

El «tracking» de intención de voto de «NC Report», que hoy publica LA RAZÓN, y que es el último que podemos hacer público de acuerdo a las discutibles normas de la Ley de Régimen Electoral, pronostica un triunfo del llamado «bloque de derechas», pero totalmente insuficiente para desalojar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno. En efecto, de celebrarse hoy las elecciones generales, el líder socialista podría sumar los mismos respaldos parlamentarios de la moción de censura contra Mariano Rajoy, con los partidos nacionalistas otra vez en el papel de árbitros decisorios.

Si bien la encuesta deja en el aire una serie de incógnitas que no permiten descartar un cambio dramático en las urnas, lo cierto es que la dispersión del voto en el ámbito ideológico del centro derecha se antoja como un lastre difícil de superar. Aún así, permanece como uno de los factores más determinantes el alto porcentaje de votantes indecisos que dudan entre la opción del Partido Popular y la de Ciudadanos, pero, también, aunque en menor medida, los que no acaban de decidirse entre el PSOE y Podemos.

En el primer caso, hablamos de más de dos millones de sufragios, que pueden ser decisivos en el reparto final de escaños y que, en su mayoría, proceden de antiguos votantes del partido de Albert Rivera. De hecho, entre los encuestados que se declaran indecisos pero que muy probablemente acudirán a las urnas este próximo domingo, un 43,3 por ciento votaron en 2016 a Ciudadanos y un 28,4 por ciento al Partido Popular.

En el sector de la izquierda, Podemos aporta el 30,8 por ciento de los que dudan y el PSOE, un 23,3 por ciento. De ahí que resulten decisivos los dos próximos debates electorales entre los cuatro candidatos nacionales, especialmente, por razones obvias, el último que se celebrará en Atresmedia y que, realmente, será el punto álgido de la campaña. De la trascendencia de este debate da cuenta que sólo un 50,3 por ciento del censo declara que tiene decidido su voto, mientras que los indecisos con alta probabilidad de votar representan casi el 20 por ciento del censo, es decir, 7.241.000 sufragios.

Otros seis millones de indecisos no ejercerán su derecho al voto con toda probabilidad y son cinco millones los que ya han decidido que se abstendrán. Sin embargo, a día de hoy, la radiografía demoscópica del voto muestra lo que señalábamos al principio: una victoria inútil del centro derecha, que obtendría, sumados PP, Ciudadanos y VOX, el 48,4 por ciento de los sufragios, frente al 42,9 por ciento del PSOE y Podemos, pero que, dadas las características de nuestro sistema electoral, esos votos sólo se traducirían en 166 o 168 escaños. La izquierda sumaría entre 153 y 155 diputados, pero con el respaldo de los partidos nacionalistas – que con el 6,4 por ciento de los sufragios tendrían entre 26 y 28 diputados– conseguirían una holgada mayoría absoluta: 179 escaños o más.

No es, desde luego, la mejor de las perspectivas para la estabilidad política de España, puesto que, y hay que insistir en ello todas las veces que sea preciso, las formaciones nacionalistas, especialmente las que conforman el actual separatismo catalán, no sólo se convierten en un factor determinante para la formación del Gobierno, sino que tienen agendas propias que condicionan gravemente la gobernabilidad del país. Baste recordar que nos hallamos en este punto porque los nacionalistas catalanes rechazaron aprobar los Presupuestos de Pedro Sánchez, pese a que sabían, o debían saberlo, que en la democracia española el Poder Judicial es independiente y el Gobierno no podía condicionar al Tribunal Supremo.

Sánchez ni gobierna ni ha gobernado y gana Vox

Nota del Editor 22 Abril 2019

Que haya españoles indecisos entre tirar su voto al PP o a Ciudadanos, con la que está cayendo, indica que las encuestas no llegan ni a propaganda intoxicativa. Afirmar que Sánchez gobierna indica un despiste de tremenda magnitud. El Dr cum fraude se limita a utilizar los recursos de España en su propio interés, y es así porque el PP ha perdido todas las oportunidades que se le concedieron para evitarlo. A cualquier español informado no le queda otra alternativa que votar a Vox, y confiar que el futuro no repita los disparates, la dejadez, la ineficacia del pasado.

Sánchez y su penoso concepto de democracia, participación y transparencia
EDITORIAL esdiario 22 Abril 2019

A Pedro Sánchez solo le gustan la democracia y la participación cuando se siente en inferioridad y considera que le benefician. Su errática actitud con los debates televisivos, un derecho ciudadano que finalmente se cubrirá a medias, sin los necesarios "cara a cara" y con Vox excluido; son las última prueba de una actitud general que ha dejado ejemplos memorables.

La marginación del militante del PSOE en la práctica totalidad de las decisiones que ha adoptado desde que llegó a la presidencia es el indicio más evidente de ello: prometió contar con ellos para todo; pero a la hora de la verdad les ha ignorado cuando no rectificado de manera casi grosera, cambiando su elección de candidatos en distintas provincias.

El cesarismo
Y el recurso al decreto-ley, tras escudarse en una alianza antinatural en el Congreso para derribar al Gobierno, también resume con estrépito esa tendencia cesarista: quien intentó compensar su minoría en las urnas apelando al parlamentarismo ha gobernado, en realidad, con el mayor número de decisiones a dedo de todos los presidentes desde 1978.

A Sánchez solo le interesan la democracia, la participación y la transparencia cuando le benefician a él. Si no, las pisotea

Solo la falta de transparencia, igual de incompatible con su propio mensaje previo a la moción de censura con el que construyó el relato de la necesidad inaplazable de echar a Rajoy, equipara en gravedad y contumacia al oscilante concepto de democracia del que hace gala el líder socialista.

Pero son los debates, con la utilización perversa de RTVE como una herramienta más de la campaña socialista, los que más ayudan a visualizar ese perverso sentido de la democracia, del papel de los medios de comunicación, de los derechos de los ciudadanos y de las obligaciones de quienes aspiran a gobernarlos.

Que nadie se engañe
Si al final va a haber dos debates es pese a Sánchez, que ha hecho lo imposible por evitar y suspender ambos, aliado con una Junta Electoral y una RTVE cuya reputación ha quedado irremediablemente dañadas. Y nadie tiene que engañarse al respecto: un presidente que solo aplica la transparencia, la democracia y la participación cuando le interesa a él, lanza los peores presagios de cómo se comportará si repite en el cargo. Que a nadie le sorprenda luego.

Identidades múltiples
BERTA GONZÁLEZ DE VEGA El Mundo 22 Abril 2019

Querido Pedro: No me ha llegado a casa su Epístola a las Mujeres, pero la he leído en redes. Ha pensado que, para votar, pesan más nuestros ovarios y hormonas. No sé yo. Gracias a usted, soy consciente de mis muchas identidades, además de "mujer". Ayer fui la madre de familia numerosa en un diésel de segunda mano que llenó el depósito con 75 euros. A las autónomas, Pedro, nos cuesta pelear cada factura y visualizamos nuestro trabajo en ese surtidor. También en la cuenta del Mercadona, que subirá porque los camiones son todavía muy de hidrocarburos y los filetes de pollo no van en patinete. Entre mis identidades no está la de compradora de coche eléctrico de 30.000 euros con subvención de cinco mil de los contribuyentes, con firma de Gobierno socialista.

Soy madre de dos varones y me preocupa que se erosione su presunción de inocencia. Tengo grabada la frase de Carmen Calvo: "Las mujeres tiene que ser creídas sí o sí". Siempre. Hablando de doctores, soy especialmente sensible con la calidad de la universidad española y, sinceramente, no creo que alguien que haya conseguido la tesis doctoral como usted se preocupe de su excelencia. O la vicepresidenta, doctora en Constitucional, que ignora el artículo 14, que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. Quiere darle al texto una pasada por la perspectiva de género.

Hablando de Constitución, también me siento española, por el azar del nacimiento. Vecina en varias ciudades. No entiendo premiar con más autogobierno a Cataluña por que dos millones de catalanes se crean superiores al resto de españoles. No soy doctora, claro.

También soy madre de una niña y la educo en una escrupulosa igualdad. Le digo, como a sus hermanos, que puede intentar ser lo que le dé la gana. Miles de mujeres lo han hecho antes que ella en España. No le hablo distinto por ser niña. Usted, a nosotras, sí. Tampoco le cuento que "nos violan, nos matan": extender el miedo es irresponsable. A los tres les digo que tenemos la suerte de vivir en uno de los países más seguros del mundo.

También soy de su quinta, 1972. No sé de qué España en blanco y negro habla cuando invoca el riesgo a volver a ella. Nos criamos sin Franco, con La bola de cristal, sin hablar en las pandillas de la guerra, tarareando letras irreverentes, ahora impublicables. Sí me inquieta la vuelta del rojo a los números, Pedro. En las casas, en las empresas. Costó salir de la crisis. A hombres y a mujeres. De nuestras inciertas pensiones, hablamos otro día, cuando pase la campaña, sus mimos a los que ya las cobran. ¿Les ha escrito?

Junta de Castilla-La Mancha
El Tribunal de Cuentas aflora 1.000 millones de contratos públicos sin justificar del socialista García-Page
Agustín de Grado okdiario 22 Abril 2019

El informe de fiscalización es demoledor para el gobierno de Emiliano García-Page, que aspira a revalidar su mandato en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.

El Tribunal de Cuentas ha detectado anomalías en la mayoría de los 656 contratos públicos adjudicados en 2016 y 2017 por la Junta de Castilla-La Mancha que preside el socialista Emiliano García-Page por un importe total de 988 millones de euros.

El tribunal encargado de velar por el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía concluye que en la mayoría de los contratos fiscalizados “no se ha justificado suficientemente la necesidad de su celebración”. La administración autonómica ni siquiera ha conseguido en muchos casos acreditar la urgencia que supuestamente justificaba el contrato.

Además, el Tribunal de Cuentas censura a la administración regional de García-Page ya que “los expedientes aportados presentan deficiencias porque los informes sobre la justificación de la necesidad aportados se limitan, bien a mencionar la competencia, a describir el objeto del contrato o, son sumamente genéricos, sin concretarse las necesidades supuestamente existentes en ese momento, que dieron lugar a la tramitación de los respectivos expedientes con los consiguientes gastos”.

El tribunal concluye que en la mayoría de los contratos fiscalizados “no se ha justificado suficientemente la necesidad de su celebración”

El informe de fiscalización es demoledor para un gobierno que aspira a revalidar su mandato en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.

En muchos de los contratos firmados por la Junta de Castilla-La Manda en 2016 y 2017 los auditores del Tribunal de Cuentas han observado “la ausencia de los informes o de los estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado”.

Y, por si fuera poco, también se han descubierto contratos con “pliegos de causas de exclusión o de prescripciones técnicas que limitan la concurrencia”.

El Tribunal de Cuentas muestra especial preocupación por el hecho de que, “con carácter general”, los contratos públicos de la administración de García-Page vulneran el precepto legal de que “la inversión de fondos públicos y el consiguiente gasto que la mayoría de los contratos implica sólo puede justificarse por la existencia de una auténtica, efectiva y concreta necesidad de interés público motivadora de la tramitación de cada expediente”.

Los auditores han detectado “la ausencia de los informes económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado”

Así, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas alerta de que desde 1994 se lleva contratando la conservación de las carreteras de Ciudad Real “sin que exista una justificación de que su externalización resulte más beneficiosa a la Administración, máxime teniendo en cuenta el importe del contrato 4.210.248 euros”.

Otro contrato que llama la atención del órgano fiscalizador es el de los servicios de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de las instalaciones de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Puertollano. Con un presupuesto máximo de licitación de 6,6 millones de euros en 48 meses, los auditores han descubierto que “no solo no se justifica la necesidad y falta de medios propios para llevar a cabo los trabajos”, sino que el propio informe de necesidad y justificación del procedimiento reconoce “que actualmente en los diversos centros de la GAI, es el propio personal de limpieza, quién viene desempeñando habitualmente, de manera directa unas veces, y de manera indirecta, mediante colaboración con personal más cualificado, otras, la totalidad de las prestaciones objeto del contrato”.

La felonía del PSOE al descubierto.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 22 Abril 2019

PEDRO SÁNCHEZ PLANEA CEDER EL CONTROL DE LOS FONDOS AUTONÓMICOS A LOS GOLPISTAS CATALANES.

Hoy en el periódico digital de Eduardo Inda, OKDIARIO, se destapa la enésima felonía que prepara Pedro Sánchez y su equipo para seguir contentando y cediendo ante sus socios de moción de censura, de modo especial con los partidos golpistas catalanes ERC y PDeCAT. En esta ocasión la propuesta viene en dar mayor poder dentro del Organismo encargado de controlar los fondos que el Estado atribuye a las Autonomías para su financiación. Se trata del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, dependiente del Ministerio de Hacienda de España. El Consejo de Política Fiscal y Financiera está constituido por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que además ejerce de Presidente del Consejo y por el Consejero de Hacienda de cada Comunidad y Ciudad Autónoma, siendo uno de ellos elegido como Vicepresidente. La función de Secretaría la ejerce la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Su funcionamiento se recoge en el Reglamento de Régimen Interior. Sus competencias básicas son las siguientes:

- la coordinación de la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con la del Estado
- la emisión de los informes y la adopción de los acuerdos previstos en la Ley Orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria
- el estudio y valoración de los criterios de distribución de los recursos del Fondo de Compensación
- el estudio, la elaboración, en su caso, y la revisión de los métodos utilizados para el cálculo de los costes de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas
- la apreciación de las razones que justifiquen, en cada caso, la percepción por parte de las Comunidades Autónomas de las asignaciones presupuestarias, así como los criterios de equidad seguidos para su afectación
- la coordinación de la política de endeudamiento
- la coordinación de la política de inversiones públicas
- en general, todo aspecto de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado que, dada su naturaleza, precise de una actuación coordinada.

En cuanto a los acuerdos, se realizan según lo estipulado en el artículo 10 del Reglamento interno y recoge lo siguiente:

“1. Para la válida constitución del Consejo será necesario la asistencia, al menos, de la mitad de sus miembros. 2. Los acuerdos del Consejo en las materias a que se refiere el artículo tercero de la LOFCA adoptarán la forma de recomendaciones, que se elevarán al Gobierno y serán publicadas en el "Boletín Oficial del Estado" y en los de las Comunidades y Ciudades Autónomas. 3. Para la adopción de recomendaciones los acuerdos se tomarán: a) En primera votación, cuando así lo acuerden los dos tercios de los votos de los miembros de derecho que integran el Consejo.
b) En segunda votación, por mayoría absoluta de los votos correspondientes al número de miembros de derecho que integran el Consejo. Esta segunda votación se efectuará en el plazo máximo de diez días en relación con la primera.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas dispondrá del mismo número de votos que posean las Comunidades y Ciudades Autónomas que formen parte del Consejo.
Los representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas dispondrán cada uno de ellos de un voto.”

Es decir, el Ministro de Hacienda del Gobierno de España posee tantos votos como el resto de CCAA, o lo que es lo mismo tiene el 50% del control con lo que es fácil sumar mayorías. La reforma que quiere plantear Pedro Sánchez intenta dar mucho más poder a las autonomías, para lo que necesariamente el sistema de votación debe cambiarse drásticamente y establecer un sistema donde los votos estén en consonancia con el peso de cada autonomía a nivel económico.Como resultado lo que además se perdería es la esencia de la solidaridad interterritorial, en aquello de que “cada palo que aguante su vela”. Eso sí disfrazado de distribución de la riqueza según recoge el punto 21 de los 110 de propuestas de “la España que quieres” que dice: “Impulsaremos un Pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica y el sistema de financiación de las entidades locales, modificando la “regla de gasto”, con el fin de adecuar la distribución actual de los recursos públicos entre los distintos niveles de la Administración y garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos en todo el territorio.”

Del mismo modo, en su programa electoral indica :”Las y los socialistas nos comprometemos a impulsar un Pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica y el sistema de financiación de las entidades locales, reformando la “regla de gasto”, con el fin de adecuar la distribución de los recursos públicos entre los tres niveles de la Administración, para garantizar eficazmente el cumplimiento de las correspondientes competencias, garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos y la adecuada atención de las necesidades de los ciudadanos tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural”.

La pregunta es si en ese Pacto de Estado harán como en el de las pensiones, el llamado “Pacto de Toledo” y seguirán anteponiendo intereses partidistas e ideológicos sobre el interés general de los pensionistas españoles que quedan a merced del partido que gobierna. Lo de reformar el sistema de financiación autonómica es aumentar la descentralización mediante las transferencias de competencias exclusivas del Estadocuya soberanía se basa en la realización de los Presupuestos Generales del Estado en una política general y, por supuesto,sería cargarse el sistema de control del gasto, perdiendo poder en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Porque si se admite la responsabilidad exclusiva de las Consejerías de Hacienda de cada autonomía para su propia autofinanciación, eso las equipararía a Estados soberanos si ademas se incluyen otras transferenicas de entidad. Es decir, equipararlas a aquello que está reconocido de forma expresa en la Constitución de 1978 a El País Vasco con su “Concierto Vasco” y a Navarra con su singularidad Foral.

Lo anterior no es sino un paso más que intenta dar el PSOE no solo para contentar a sus socios y enemigos de España, sino para avanzar en el tema de convertir a España en una federación de Estados. Y es que el control de la economía es uno de los pilares que definen la soberanía de un país. Una característica que ha ido perdiendo entidad por la pertenencia a la UE y la subordinación a unas normas y estrategias supranacionales impuestas por el Parlamento europeo y sus Comisarios, el equivalente a los Ministros de cada nación. Y lo que pretende Pedro Sánchez y su PSOE es fragmentar descentralizando totalmente la economía y dejar de controlar aspectos tan esenciales como el gasto, el déficit y la deuda nacional. Porque esta decisión, en vez de igualar y mantener la solidaridad interterritorial lo que hace es abrir aún más la brecha entre las regiones de España, que parten de situaciones económicas y sociales muy diferentes y de desigualdad manifiesta.

Esta es una felonía más que se quiere ocultar bajo pomposas palabras que tergiversan la realidad de un país cuyos Gobiernos han cedido de forma obscena a las pretensiones de los separatistas en detrimento del resto de autonomías que a duras penas pueden manejar las competencias transferidas por evidentes motivos de limitaciones económicas y demográficas. ¿Quién va a garantizar ese equilibrio y solidaridad que equipar en derechos a todos los españoles con independencia de su lugar de nacimiento o residencia?

Este aspecto creo que debería ser tratado en los próximos debates de este lunes en RTVE y mañana en Antena 3, aunque el tiempo sea tasado y escaso y sea un debate mutilado por la ausencia de VOX. Pero hay que desnudar a este sujeto y su jarca de impresentables que solo piensan en volver a pactar con los enemigos de España con tal de mantenerse en el poder hasta que España reviente. Porque la felonía de este PSOE no tiene límites y nos llevará al desastre económico y social. Un Estado débil es presa fácil para sus enemigos y España con este PSOE lo es.

¡¡¡VOTAR PSOE ES VOTAR A LOS GOLPISTAS Y ENEMIGOS DE ESPAÑA!!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

Elecciones Legislativas 2019
Gabriel Moris Libertad Digital 22 Abril 2019

He de confesar que, desde las elecciones del catorce de marzo de 2004, me resulta imposible asimilar un proceso electoral con un derecho y un deber ciudadanos.

No quiero alarmar a nadie con el título de mi reflexión, no. Tampoco quisiera ser alarmista ante un proceso electoral. Sí deseo transmitir mi preocupación ante este aspecto de nuestra democracia. También quiero advertir que me parece más adecuado el término votación que elección. Los votantes creo que no elegimos a los candidatos y, para colmo, nuestra libertad para votar, a unas siglas o a otras, se ve alterada o coartada por los medios de comunicación y por comportamientos totalitarios y antidemocráticos de algunos grupos, entre otros muchos factores.

He de confesar que, desde las elecciones del catorce de marzo de 2004, me resulta imposible asimilar un proceso electoral con un derecho y un deber ciudadanos. Cuando al pueblo –sujeto y objeto de la democracia– se le cambia la voluntad por medio de un atentado, o se le engaña permanentemente, o se le confunde con programas u objetivos falsos, la democracia deja de ser tal para convertirse en demagogia. Y buena parte del electorado se vuelve incrédulo ante todo lo relacionado con la vida pública. Los que asesinan a personas a veces se confunden o coinciden con los asesinos de principios, ideas y normas. La anarquía, el desorden y la impunidad pasan a ser la norma. La convivencia resulta inviable y la sociedad se autodestruye.

Desde aquellas elecciones, creo que hemos tenido cuatro o cinco procesos electorales y dos de ellos, al menos, han ido precedidos de ataques terroristas con víctimas mortales. El primero de ellos, por su magnitud, por su tratamiento y por sus consecuencias, podría asimilarse a un golpe de Estado o un crimen de Estado.

No me parece un buen balance para una democracia avanzada, como solemos calificar a la nuestra. Algo está haciendo mal nuestra muy deseada democracia, o los que hemos votado como nuestros dirigentes, para que sucedan estos hechos tan viles.

Aún resuenan en nuestros oídos frases como "¿Quién ha sido?", "¡Queremos saber!", "Ha sido ETA", "Hay terroristas suicidas", "Han utilizado Goma 2 ECO", "Es obra de Al Qaeda" o "España se merece un Gobierno que no le mienta"... Hoy día, una buena parte del electorado ni las conoce, ni las recuerda ni ganas que tienen de recordarlas; en parte porque han pasado quince años de silencio.

La Ley de Memoria Histórica en vigor, o es una ley incompleta, o se aplica de manera un tanto parcial o incluso aparenta ser una ley algo sectaria.

Sea como sea, el olvido del 11-M durante estos quince años –presente campaña electoral incluida–, aunque nadie haga mención de ello, no evita que algunos no podamos olvidar lo inolvidable. Las víctimas y una parte del electorado, muy cualificada moral y socialmente, son los únicos capaces de mantener públicamente las peticiones de investigar lo realmente ocurrido y se haga justicia por todos los males causados. Algunos de esos males son irreparables, pero entre ello y la inacción total debe haber –en nuestro ordenamiento jurídico– algo para reparar el mal causado. Si no es así, se podría haber legislado para corregir y prevenir los hechos, aún pendientes de conocer.

"España va bien y es un gran país". La economía, el paro y la convivencia eran asimilables a los de los países de la Zona Euro, en la que habíamos entrado con pie firme. Este balance nada tiene que ver con el de la España actual:

– Economía al borde del rescate y crecimiento de la deuda externa y del paro.

– Política exterior en la Alianza de Civilizaciones.

– Diálogo con ETA y los separatistas hasta introducir a los partidos secesionistas en las instituciones.

– Golpe de Estado en Cataluña y sinergia con los separatistas vascos. Hace recordar las reuniones de Perpiñán que precedieron al 11-M.

– Los Atentados de los Trenes de Cercanías se saldaron con un juicio, un autor material, pruebas falsas obviadas y una ley del silencio y olvido impuestos, lo que deja insatisfecho al analista más cándido o al mejor pagado de los colaboracionistas.

Creo que los días que vivimos nos pueden hacer recordar este dicho: "En tiempos de las bárbaras regiones, colgaban de las cruces los ladrones, pero ahora, en el siglo de las luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces".

Si en la nueva legislatura alguien propusiera investigar el 11-M, no haría nada más que cumplir con una deuda del Estado para con el pueblo.

PS. Por si fuera de su interés: Petición al Gobierno, al Congreso y a la Audiencia Nacional: Investigar los Atentados del 11-M.
https://www.change.org/p/al-gobierno-al-congreso-y-a-la-audiencia-nacional-investigar-los-atentados-del-11-m

El PSOE extremeño sigue regando con subvenciones a CCOO y UGT en pleno escándalo de sus fondos de formación
Carlos Cuesta okdiario 22 Abril 2019

El PSOE extremeño está inmerso en un macro escándalo de fondos de formación que puede superar los cien millones de euros. La Fiscalía y la UCO denuncian sin matices una trama organizada de UGT y CCOO para llevarse los fondos de formación concedidos por los socialistas y financiar con ellos sus gastos sindicales generales a nivel nacional.

La Fiscalía pide que se paralicen las entregas de subvenciones pendientes de asignar que se encuentran dentro de la investigación judicial. Y la respuesta del Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara es conceder más subvenciones para esos mismos sindicatos.

Lo acaba de hacer el Gobierno autonómico extremeño comandado por Guillermo Fernández Vara. Y lo ha materializado con la entrega de dos nuevos paquetes de subvenciones en concepto de fondos de formación por valor de 150.000 euros cada uno. Es decir, 300.000 euros en total que permiten a ambos sindicatos -CCOO y UGT- seguir financiando su labor cuando la Justicia tramita ya el parón e incluso devolución de parte de las ayudas a formación dadas por el Gobierno del PSOE y sometidas a investigación.

La ayuda ha sido reflejaba en el Decreto autonómico 21/2019 en el caso de CCOO, donde se señala en su “Artículo 5. Cuantía y financiación de la ayuda”, que “el importe de la subvención total asciende a 150.000 €, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242B48900 y proyecto de gasto 201214040001000 “Ayudas complementarias para la formación”, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio de 2019”.

En el caso de UGT se refleja una redacción similar -también por valor de otros 150.000 euros- en el Decreto previo, el 20/2019.

En ambos casos, además, se señala que “el pago de la subvención se hará efectivo de la siguiente manera: A) Un primer pago anticipado del 75 % de la subvención concedida, una vez notificada la resolución de concesión y aceptada la subvención por parte de la entidad beneficiaria”. Es decir que tres cuartas partes se entregan sin tener certeza de la efectiva realización de la labor encargada en la concesión. “B) Un segundo pago del 25 % de la subvención concedida se hará efectivo previa justificación por la entidad beneficiaria, en los términos indicados en el artículo siguiente, de la realización de, al menos, el 75 % de las actuaciones subvencionables y de haber incurrido en gastos y pagos para su realización, que deberán representar, al menos, el 100 por cien de la cantidad anticipada”, añaden los decretos de concesión de las ayudas.

Hay que recordar que ambas fuerzas sindicales están inmersas en una profunda investigación delictiva en Extremadura en estos momentos. Y que, además, los están por el uso fraudulento de los fondos de formación.
La Fiscalía, de hecho, ha solicitado ya de forma urgente la paralización de las entregas pendientes de las subvenciones ligadas a proyectos de formación presentados por UGT y CCOO en Extremadura y sometidos a investigación judicial, dada la gravedad del fraude descubierto en las diligencias realizadas hasta la fecha y que estarán, seguramente, en torno a los 100 millones de euros.

La Fiscalía ha empezado a dejar constancia de la enorme gravedad del latrocinio de fondos llevado a cabo por UGT y CCOO en Extremadura, tal y como está avanzando día a día OKDIARIO.

La acusación popular del PP considera que el volumen defraudado puede haberse amasado a lo largo de décadas y que su cuantía difícilmente quedará por debajo de los 100 millones de euros.

El escrito del Ministerio Público no deja lugar a dudas sobre las evidencias de delito en el comportamiento de los sindicatos hermanos del PSOE (UGT) y de IU -ahora apadrinado por Podemos- (CCOO). “Respecto a las entidades beneficiarias UGT Extremadura y Comisiones Obreras Extremadura se observa que la mayor parte de los hechos investigados habrían sido cometidos presuntamente” con la participación de entramados comandados por “las entidades IFES Extremadura (UGT) y Forem Extremadura (CCOO)”, señala la Fiscalía.

“En aras del seguimiento de las posibles responsabilidades civiles derivadas de estos hechos investigados el fiscal interesa sin perjuicio de las actuaciones administrativas de repercusión y recuperación de importes de la subvenciones públicas concedidas en esta convocatoria analizada, que se proceda a la retención cautelar del 25% aún no entregado a las distintas entidades beneficiarias, fundaciones y empresas investigadas”, concluye el Ministerio Público.

Los hechos relatados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Fiscalía reflejan que CCOO y UGT participaron en un latrocinio de los fondos de formación regionales. Ambos sindicatos, igualmente utilizaron redes de sociedades interpuestas para camuflar las prácticas y disparar el lucro provocado por el inflado sistemático de facturas.

Con ese fin, ambas formaciones sindicales enchufaron a falsos profesores con sueldos elevados artificialmente para llevarse el dinero de los fondos de formación que repartía sin control la Junta de Extremadura comandada por el socialista Fernández Vara.

Un año y medio después del 1-0, casi cuatro empresas se fugan de Cataluña cada día
Según el Colegio de Registradores, durante el primer trimestre del año 349 compañías dejaron la región y 194 aterrizaron en ella
G. GINÉS ABC 22 Abril 2019

Hace ya un año y medio que se produjo el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y, sin embargo, su impacto en la economía de Cataluña todavía se deja notar. Los ecos de la fuga de empresas que desencadenó el 1-O, que provocó que en los dos meses siguientes más de 3.200 compañías trasladaran su sede social fuera de la comunidad, se mantienen en la región. Y es que durante el primer trimestre de 2019, un total de 349 compañías salieron de Cataluña, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores.

Es cierto que Madrid, con 616 sociedades, casi duplica estas cifras. Pero, a cambio, la capital atrae casi el triple de compañías (532 por 194). Como resultado, Cataluña se erige como la comunidad que más empresas perdió durante el primer trimestre del año: 155.

Son cifras que, no obstante, se mantienen alejadas de las registradas durante los meses inmediatos al referéndum ilegal. Entonces la fuga de empresas de Cataluña vivía su pleno apogeo y provocó que, entre el 2 de octubre y el 29 de diciembre, 3.208 empresas abandonaran la región por el desafío soberanista. El éxodo también tuvo su impacto en el Ibex, donde seis de las siete empresas que tenía la comunidad (Caixabank, Gas Natural, Abertis, Banco Sabadell, Cellnex y Colonial) trasladaron su sede social a otra comunidad.

28.032 compañías nuevas
La estadística del Colegio de Registradores también recoge la constitución de sociedades, que ha crecido en España un 1,4% durante el primer trimestre del año hasta las 28.032 sociedades mercantiles, acumulando ya cuatro trimestres consecutivos de aumentos interanuales. En concreto, entre abril de 2018 a marzo de 2019, se han constituido 96.408 sociedades, un 2,4 % más que en el mismo período acumulado del año anterior y permanece por debajo de las 100.000 operaciones anuales a pesar de que se ha observado una moderada recuperación.

Por territorios, la creación de empresas ha bajado en diez comunidades, con Asturias, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Aragón, Baleares, Murcia y Cantabria a la cabeza, mientras que subido en el resto, principalmente, en La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña.

Por su parte, se han extinguido 11.098 sociedades en el primer trimestre, un 4,1% más que en el mismo trimestre de 2018, continuando con las subidas de trimestres anteriores, y en los últimos 12 meses aumentaron el 4,2 %.

Francia financia una oficina pública de la lengua catalana con 100.000 euros
El organismo, que estará operativo en junio en Perpiñán, promoverá la cultura catalana en esa zona del sur del país galo
Jorge de Lorenzo  22 Abril 2019

Las diputadas socialistas francesas Carole Delga y Hermeline Malherbe han dado el visto bueno a la creación de una Oficina Pública de la Lengua Catalana en Perpiñán.

El organismo está operativo en junio con una subvención de 100.000 euros del Gobierno francés. El Estado estará representado por el prefecto de la región y no por el Ministerio de Cultura.

Solicitada en 2016
Miles de catalanes se manifestaron en esta localidad de los Pirineos franceses en septiembre de 2016 para reclmar su entrada en vigor. Ahora, y al igual que ocurre con el vasco, el bretón y el occitano, el catalán tendrá su lugar de promoción, aprendizaje y desarrollo en esa zona del sur de Francia.

Delga y Malherbe, presidentas del Consejo Regional de los Pirineos Orientales, anunciaron la implantación de la Oficina Pública de la Lengua Catalana el pasado 29 de marzo, días después de recibir la confirmación de la participación financiera del Estado.

Protestas desde Cataluña
La Asociación por la Enseñanza del Catalán (APLEC) se había mostrado ofendida por el retraso del Estado francés a la hora de formalizar la puesta en marcha de la oficina. Muchos activistas en defensa del catalán culparon a Delga, como presidenta de la región de Occitania del impasse en su puesta en funcionamiento.

La estructura de la oficina se compone de un comité directivo que reúne a representantes del Estado, de la región, del departamento, de la ciudad de Perpiñán, un colectivo de cuarenta y cinco asociaciones y la universidad de esta localidad.

Fraternidad entre catalanes
La oficina se funcinará como una herramienta “para el apoyo al idioma, el patrimonio, la artesanía, la ropa, la gastronomía, en resumen, para toda la riqueza de esta vasta y hermosa cultura catalana”, ha subrayado Delga.

“Difundirá los valores catalanes de esta fraternidad entre las dos Cataluñas”, ha añadido Malherbe.

Francia de mal en peor
Nota del Editor 22 Abril 2019

Como en España ya no caben más desinformados, se han debido trasladar a Francia. Y de ahí a Inglaterra. Habrá que seguir buscando algún sitio normal por el ancho mundo.

Austria expulsará a cerca de 60 imanes y cerrará mezquitas financiadas por Turquía
EUROPA lagaceta.eu 22 Abril 2019

El gobierno de Austria anunció este viernes una ofensiva contra el "islam político" con la expulsión de decenas de imanes y el cierre de siete mezquitas financiadas por Turquía.
El anuncio del líder del gobierno, el canciller Sebastian Kurz, responde a un escándalo provocado por las imágenes de niños vestidos de soldados recreando una emblemática batalla otomana de la Primera Guerra Mundial en una mezquita financiada por Turquía.

Según Kurz, las "sociedades paralelas, el islam político y la radicalización no tienen lugar en nuestro país".
"El círculo de personas que podrían verse afectadas por estas medidas incluye a unos 60 imanes", señaló por su parte el ministro del Interior, Herbert Kickl. Sus familias también se verán afectadas, por lo que en total unas 150 personas podrían perder su permiso de residencia en Austria, explicó.

En algunos casos, el proceso de expulsión de los imanes financiados por Turquía ya ha empezado, según el ministro, miembro del partido FPÖ, que forma parte de la coalición formada en diciembre con los conservadores.
Las fotos de la reconstrucción de la batalla de Galípoli, interpretada por niños en la mezquita, fueron publicadas por el semanario de centroizquierda Falter y conmocionaron a todo el espectro político austriaco.

Bandera turca
Las fotos mostraban a niños vestidos de camuflaje en fila, haciendo el saludo militar y ondeando banderas turcas ante un público de niños. En otra fotografía aparecen echados en el suelo simulando ser las víctimas de batalla, con sus cuerpos enrolladas en banderas turcas.

"Lo que pasó (...) no tiene su lugar en Austria. El gobierno aplicará tolerancia cero", dijo entonces el canciller Kurz, prometiendo una reacción "fuerte".
La mezquita en cuestión está gestionada por la Unión Islámica Turca de Austria (Atib), que depende directamente de la dirección turca de Asuntos Religiosos (Diyanet). La Atib calificó la escena de "muy lamentable" y aseguró en un comunicado haber pedido la dimisión del responsable antes de que el caso saltara a la prensa.

La batalla de los Dardanelos empezó en febrero de 1915 con el intento de una flotilla franco-británica de forzar este estrecho para conquistar Estambul, entonces capital del Imperio Otomano. No lo logró pero el 25 de abril los aliados desembarcaron en Galípoli, donde fueron derrotados tras varios meses de lucha.

El Imperio Otomano terminó la Primera Guerra Mundial en el campo de los perdedores y fue desmantelado. Sin embargo la batalla de Galípoli se convirtió en el símbolo de la resistencia que llevó a la creación de la república turca moderna, en 1923.

Cerca de 360.000 personas de origen turco viven en Austria, 117.000 de ellas de nacionalidad turca. Las relaciones entre Ankara y Viena son particularmente tensas desde la represión posterior al intento de golpe de Estado contra Recep Tayyip Erdogan, en julio de 2016.

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(Veinte motivos para no irse a la playa el 28-A)
O llevaremos luto por España
EDUARDO INDA okdiario 20 ¿¿ 22 Abril 2019

No hacía falta que José María Aznar nos recordase desde casa de los Fierro que las del domingo son las elecciones más importantes de nuestra historia reciente. Ya lo había anticipado someramente OKDIARIO en la precampaña y en el banderazo de salida de la carrera del 28-A. Sea como fuere, es menester viralizar este desesperado SOS para que nadie sucumba a la tentación de quedarse en casa tumbado a la bartola o irse a la playa confiando en que otros harán el trabajo de salvar España metiendo la papeleta adecuada.

El que sin duda ha sido el mejor presidente de la democracia acierta, sin embargo, al apostillar éste por otra parte perogrullesco vaticinio: “Si gana la izquierda, habrá un cambio de régimen en España”. Lo cual significa que estamos ante unos comicios más sensibles incluso que las primeras elecciones democráticas, las de 1977, que ésas de 1982 que consumaron la Transición con la victoria de los que habían perdido la guerra o que ese referéndum de 1978 en el que nos regalamos las libertades que hoy día disfrutamos.

La aznariana tesis de que hay que agrupar masivamente el voto en torno al PP, lo dejo a su libre albedrío, querido lector, como no podía ser de otra manera. Tan cierto es que la centralidad de la derecha es Pablo Casado, porque Abascal no hará presidente a Rivera ni Rivera a Abascal, como que en Andalucía todos vaticinaban un castañazo histórico y se conquistó la Junta por primera vez en 38 años de autonomía. Dios o el diablo proveerán.

Se me ocurren 100, 200 o incluso 300 motivos para animar a todos ustedes a no vaguear el domingo próximo. Como quiera que tampoco es cuestión de aburrirles, no vaya a ser que provoque la reacción inversa, ahí van 20 razones para introducir el domingo que viene la papeleta con las siglas del PP, Ciudadanos o Vox:

1.-Unidad de España. Pedro Sánchez ha contestado “no es no” cada vez que le han cuestionado si autorizará un referéndum independentista en Cataluña. Pero ya se sabe: éste no le dice la verdad ni al médico. Sus machacas, comenzando por un Miquel Iceta que hace las veces de sherpa en el asunto catalán, lo han dejado meridianamente claro: “Si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso”. Blanco y en botella.

2.-Sí es sí al indulto. El todavía presidente del Gobierno no ha echado mano de su recurrente “no es no” cuando el interrogante ha sido otro: “¿Habrá indulto a los golpistas?”. No fui yo sino Pedro Sánchez el que admitió implícitamente que aplicará la gracia presidencial a los delincuentes que se sientan desde hace tres meses en el banquillo del Tribunal Supremo: “Dejen trabajar a los jueces y luego lógicamente tendremos que hablar de política”. Sobra decir que el indulto es uno de los peajes en la sombra de la investidura de Falconetti. Nuevamente, blanco y en botella.

3.-Junqueras. El presidente de ERC también empleó implícitos muy explícitos a la hora de referirse a su aliado Pedro Sánchez. No hace falta ser catedrático en Semántica para interpretar unánimemente las palabras de un Oriol Junqueras al que se permite hacer ruedas de prensa desde prisión mientras se hurta a Vox el derecho a participar en los debates electorales (cosa que sí se permitió a Podemos cuando era extraparlamentario). “Obviamente, preferimos investir otra opción que no investir a un Gobierno de extrema derecha”, apuntó el tejerito catalán. Nada nuevo bajo el sol. Más blanco y en botella aún si cabe.

4.-Otegi. José Luis Rodríguez Zapatero se refirió a este terrorista como “un hombre de paz” en la que constituye la afirmación más vil que jamás escuché a un presidente del Gobierno. Ahora este malnacido etarra es socio preferencial del Grupo Socialista en el Congreso, al que ha ayudado a sacar adelante sus decretazos. El partido que representa a los asesinos de 11 socialistas, Bildu, dio sus dos “síes” a la investidura de un Pedro Sánchez que, tal y como desvela la periodista Lorena Gómez-Lobato en el libro La Moción, acudió raudo y veloz a agradecer el gesto a los bilduetarras aquel 1 de junio de infausto recuerdo.

5.-155, no es no. El programa de los socialistas subraya, aquí sí que no hay subterfugios, que en ninguna circunstancia aplicarán ese 155 que será mano de santo el día que se implemente como Dios manda para revertir 38 años de dictadura separatista e ilegalidad en Cataluña.

6.-Podemos. Si usted quiere vivir en un país en el que haya ministros a las órdenes de Maduro o de los ayatolás iraníes, ya sabe cómo ha de comportarse el próximo domingo 28: pasando de todo o votando a PSOE o Podemos. Las huestes de ese Pablo Iglesias cuya campaña se resume en dos palabras, “Inda” y “OKDIARIO”, ya han puesto precio al respaldo al secretario general socialista: entrar en el Gobierno de España.

7.-Iglesias ministro del Interior. El político de los piños negros, el que gusta azotar a las mujeres hasta que sangren, el que percibió 272.000 dólares en el paraíso fiscal de Granadinas, el que se compró un casoplón de 1,2 millones por 660.000 euros, ha dejado bien claro que quiere ser ministro del Interior. Acojona sólo de pensarlo. Imagínense a este esbirro de Chávez y Maduro controlando los pinchazos telefónicos, la UDEF, la Policía Judicial, los servicios antiblanqueo o la Guardia Civil. Beria, Hoover y Himmler quedarán reducidos a la condición de aprendices si el coletudo secretario general de Podemos es ministro del Interior.

8.-El fin de la España constitucional. Zapatero asesinó ese Pacto de la Transición que permitió que franquistas como Suárez y comunistas como Carrillo se dieran la mano, mandasen a esparragar el pasado y mirasen al futuro en busca de una España mejor. La Ley de Memoria Histórica es el símbolo de la resurrección del guerracivilismo y el consiguiente apuñalamiento de la España constitucional. El pensamiento único imperante ha provocado la demonización de todos los que no pensamos como ellos.

9.-Guerracivilismo. Last but not least. El fin de la concordia constitucional ha degenerado en la persecución física de los disidentes. Las agresiones, el acoso y los escraches a actos de PP, Ciudadanos y muy especialmente Vox se han convertido en el pan nuestro de cada día. Salvando las distancias, algo parecido a lo que sucedió entre 1933 y 1936 en España con las terribles consecuencias conocidas por todos. ¿Se han percatado del pequeño gran detalle de que hay ataques de la izquierda a la derecha pero no al revés? ¿Curioso, no?

10.-Legitimación de ETA. Si usted quiere que lo de la banda terrorista quede como una anécdota de la historia, como algo que pasó pero que en realidad no fue para tanto, ya sabe lo que tiene que hacer: irse a la playa o votar PSOE, Podemos o a sus asquerosos coleguitas de Bildu. Las incalificables últimas actuaciones de un PSOE que vota con los etarras en el País Vasco son la antesala de la reescritura de una historia que se resume en 857 asesinatos, cientos de huérfanos, miles de heridos, decenas de miles de extorsionados y 250.000 vascos y navarros exiliados.

11.-Independencia del País Vasco. Conozco mejor que nadie al PNV, básicamente, porque mi abuelo y mi madre eran de la formación creada por el racista Sabino Arana. Obviamente, he seguido en primera persona la evolución de un partido antaño gritón de la mano de Xavier Arzalluz y hoy día posibilista al abrigo del moderado Urkullu. El inquilino de Ajuria Enea está haciendo lo mismo que Pujol en su día: arañar competencias y pasta en silencio. El nacionalismo vasco era antes violento y no conseguía nada y el catalán iba de pacíficio y lograba todo. Vamos, que el mundo se ha vuelto del revés. Pero que nadie se engañe: el PNV quiere referéndum de independencia sí o sí. Y esa demanda caerá más pronto que tarde.

12.-Censura. El Tesisgate convirtió a un Pedro Sánchez hasta entonces razonable en su trato con los periodistas en un enemigo de la libertad de expresión. La creación en Moncloa de una oficina destinada a perseguir las fake news, lo cual en principio pinta bien, no es sino un intento de poner en la diana y desacreditar a los medios críticos. El que se porte bien, no tendrá ningún problema, al que desvele escándalos, abusos de poder o mangancias varias se le endosará el sambenito de mentiroso desde Palacio. Franco estaría orgulloso de Pedro Sánchez.

13.-Inmigración. Nada tengo en contra de que vengan extranjeros a ganarse el jornal a España. Entre otras cosas, porque hace no tanto éramos nosotros quienes nos íbamos extramuros a buscarnos la vida. Francia, Alemania, Bélgica y Reino Unido están atestados de Michels García, Pierres Pérez o Karls Martínez. Pero aquí caben los que caben y nuestro Estado de Bienestar da de sí lo que da de sí, no es un chicle que podamos estirar hasta el infinito. A los indecisos basta con proporcionarles un dato: desde que Sánchez irrumpió en Moncloa hemos pasado de 30.000 inmigrantes llegados ilegalmente por mar a cerca de 60.000. A los escépticos, otro: nuestra tasa de inmigrantes, el 13,8% de la población nacional, es superior a la de Alemania (11,9%), Francia (11,6%), Reino Unido (12,4%) y no digamos Italia (9,4%).

14.-Navarra. La coyuntura, y ya no sé si la estructura, en mi tierra es inempeorable. UPN y PP luchan como jabatos en solitario contra un Gobierno, el de Uxue Barcos, que en comandita con los bilduetarras y el silencio cómplice del Partido Socialista ha metido la directa para aplicar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. Se lo resumo en pocas palabras a los profanos en la materia: es el mecanismo legal para celebrar un referéndum de anexión de Navarra al País Vasco. Para destrozar la historia. Para consumar un anschluss más pacífico que el de Adolf Hitler, pero anschluss al fin y al cabo.

15.-Corona. La pervivencia de la monarquía constitucional requiere indefectiblemente de dos premisas: que sean ejemplares, cuestión que cumplen a rajatabla Don Felipe y Doña Letizia, y que gobierne la derecha o el PSOE en solitario o con la buena compañía de Ciudadanos. Todo lo demás será un sinvivir para Zarzuela, con los independentistas humillando a los Reyes cada vez que vayan a Cataluña o al País Vasco o Navarra y los podemitas exigiendo un plebiscito Monarquía-República.

16.-PIB. Todo lo que tocan los socialistas lo convierten en ruina. Zapatero nos legó la peor crisis de nuestra historia y Sánchez va camino de hacerle bueno si no lo paramos en las urnas. Conviene recordar que cuando este personaje se hizo con las riendas de España, el 2 de junio del año pasado, crecíamos al 2,9%-3% gracias a un Mariano Rajoy que sentó las bases de una economía sana y longeva en la que la exportación había tomado el testigo al ladrillo. Diez meses y pico después el PIB aumenta a un ritmo del 2,4% aunque todos los servicios de estudios coinciden en que cerraremos 2019 en un 2%. Y gracias. En resumidas cuentas y nunca mejor dicho: 10.000 millones de riqueza menos. La broma Sánchez nos está saliendo muy cara.

17.- Más paro. Esos 10.000 millones de PIB menos significarán 200.000 ó 250.000 parados más. Un drama. La era Sánchez se resume, de momento y hasta que se haga pública la nueva EPA, que será demoledora, en 126.000 parados más. Cabe recordar que la inutilidad del iluminado Zapatero nos llevó a un 26% de paro, los mismos guarismos que Estados Unidos cuando el crack del 29.

18.-Déficit desbocado. Tenemos la peor relación entre gastos e ingresos de los grandes países de la zona euro. El Banco de España prevé un déficit muy superior al 2% este ejercicio frente al 1,3% ordenado por Bruselas. Los brindis al sol en forma de electoralistas decretazos generarán un gasto extra de 12.000 millones o, lo que es lo mismo, un déficit del 2,5%. El ajuste será tremendo. Y el sufrimiento en forma de menos renta disponible y más paro insufrible. Tiempo al tiempo. Ojalá me equivoque.

19.-Más impuestazos. Si usted es masoquista y quiere que le disparen el IRPF, le suban el diésel y le sigan friendo a impuestos en la otra vida vía Sucesiones, vote PSOE, Podemos o quédese en casa. Si considera que su parné está mejor en su bolsillo que en el de la ministra Montero, opte por Partido Popular, C’s o Vox que, por cierto, plantea la oferta fiscal más barata.

20.-Au revoir, Montesquieu. Mucho me temo que si continúan gobernando Sánchez e Iglesias con el apoyo de golpistas y etarras, Montesquieu volverá a la tumba en la que lo metió Alfonso Guerra en 1985. Los ataques al Supremo, ejecutados por los tonton macoute podemitas, se recrudecerán hasta su sometimiento. Y el indulto a los golpistas, bien sea directo, es decir, de iure, bien con beneficios penitenciarios, esto es, de facto, supondrá un golpe casi irreversible a la división de poderes. Seremos el hazmerreír del mundo-mundial: el más alto tribunal dicta una sentencia y el poder político la convierte en papel mojado en menos de lo que canta un gallo.

Concluyo parafraseando a uno de los tipos más geniales que ha parido esta gran nación que aún responde al nombre de España: Manuel Benítez El Cordobés. El día que tomó la alternativa, un sábado de 1963 para la historia, espetó a su hermana Lupe: “O te compro el piso o llevarás luto por mí”. Crucemos los dedos para que el próximo domingo no tengamos que llevar luto por España. En sus manos está, querido amigo. La vagancia, el conformismo, la confianza y anteponer el corazón a la cabeza pueden resultar letales.

El regreso de centroman y porque el PP tiene que desaparecer. Vota a Vox
Nota del Editor 22 Abril 2019

El "mejor" presidente, centroman, es otro más que se vendió por un puñado de lentejas a los nazionalistas. Agrupar el voto al PP es un disparate, ha demostrado sobradamente carecer de interés por España, siemrpe ha puesto por delante el interés de mantener su maquinaria partidista. Si el PP tuviera algún principio, Galicia habría dado signo de algún cambio. El PP con su permanente ineficacia nos ha llevado a donde estamos.

Semana decisiva, semana de debates
EDITORIAL Libertad Digital 22 Abril 2019

Lo que se dirime el próximo domingo es el futuro de la Nación y la vigencia del régimen constitucional surgido en 1978, clamorosamente amenazados por el PSOE del felón Sánchez.

Los dos debates tendrán una importancia crucial

Ya en el ecuador de la campaña electoral, los estudios demoscópicos siguen pronosticando una gran igualdad entre los bloques de izquierda y derecha. Los cinco principales partidos parece que también manejan ese escenario, y bregan por romper el equilibrio en su favor y en favor de su bloque.

En la izquierda, Pedro Sánchez trata de sacar partido del colapso del partido comandado por los potentados comunistas Pablo Iglesias e Irene Montero, lastrado por las purgas perpetradas por la pareja que acabó con cualquier asomo de credibilidad de la formación morada con la adquisición de su vivienda de lujo en la localidad madrileña de Galapagar, feudo de la derecha. El líder socialista apela al voto útil de la izquierda para evitar una mayoría del centro-derecha que llevara al popular Pablo Casado a la Moncloa, de la mano de Ciudadanos y Vox.

El virtual empate técnico y la enorme bolsa de indecisos confieren una gran importancia a los dos debates que tendrán lugar esta misma semana, que incomprensiblemente se celebrarán en días consecutivos y que han dejado por los suelos la imagen de las obsecuentes TVE y Antena 3.

Lo que se dirime el próximo domingo es el futuro de la Nación y la vigencia del régimen constitucional surgido en 1978, clamorosamente amenazados por el PSOE del felón Sánchez, que por supuesto no tendrá la menor duda en aliarse con proetarras, comunistas y golpistas para seguir donde jamás le ha puesto el electorado.

En ninguno de los dos debates podrá escucharse la voz de Santiago Abascal, boicoteado por la Junta Electoral en función de unas disquisiciones técnicas que, en cambio, no impidieron la participación de Podemos y Ciudadanos en los debates de 2015. A pesar de tan injusta ausencia, los debates del martes y el miércoles serán muy importantes para despejar dudas y fijar posiciones de cara a las trascendentales elecciones del domingo.

Sánchez: pactos que no quieren ni sus votantes
Editorial El Mundo 22 Abril 2019

La irresponsable hoja de ruta de Pedro Sánchez con el independentismo ha situado el desafío soberanista en el centro de la campaña de las generales. El 28-A está en juego la preservación del modelo democrático y de convivencia que alumbró la Constitución de 1978. El PSOE, cuya vocación nacional se ha visto minada por su peligrosa cercanía al nacionalismo, se ha situó fuera del bloque constitucional desde que decidió alcanzar el poder al precio de pactar con formaciones políticas cuyo objetivo principal pasa por liquidar la soberanía nacional. Tanto las cesiones de Sánchez como las declaraciones de los líderes independentistas indican que el bloque de la moción de censura seguirá marcando la gobernabilidad del país en caso de que el secretario general del PSOE continúe en La Moncloa. Se trata de una alianza antinatura -nada hay más contradictorio que definirse de izquierdas y coaligarse con nacionalistas- que encuentra un amplio rechazo entre las bases socialistas.

La paradoja en la que se ha instalado Sánchez es que los pactos que le permitirían seguir aferrado al poder no los quieren ni sus votantes. Según la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO, cuya segunda entrega publicamos hoy, el 72% de los electores del PSOE rechaza taxativamente un acuerdo con los independentista después del 28 de abril. Este dato revela que los enjuagues de Sánchez con el separatismo, rebautizado como política de distensión por parte del Gobierno, no ha calado ni siquiera entre los votantes del PSOE. El sondeo también refleja la inquietud de los ciudadanos ante un escenario de bloqueo. El 53,6% de los encuestados prefiere la repetición electoral antes que una coalición que rechazan.

La articulación de alianzas, en todo caso, será fundamental para alcanzar un acuerdo de gobierno. El mencionado sondeo muestra que ERC está en condiciones de hundir al partido de Puigdemont. Esto no sólo condicionará el futuro inmediato del escenario político catalán sino que puede ser un elemento clave para justificar el apoyo de Oriol Junqueras, en prisión preventiva por el golpe del 1-O, a una eventual investidura de Sánchez. Por su parte, el lehendakari Urkullu, aprovechando el Aberri Eguna, advirtió ayer del precio jeltzale para renovar el respaldo al líder socialista: el respeto a la "soberanía nacional vasca". En este contexto de incertidumbre, los distintos partidos deben explicar con claridad su posición antes de que los españoles vayan a las urnas. El debate electoral de esta noche en RTVE y el de mañana en Atresmedia constituyen una especie de partido a dos sets en el que la oposición puede mostrar los errores y las contradicciones del Gobierno. Sánchez está obligado a aclarar qué quiere hacer en Cataluña y hasta dónde está dispuesto a llegar en su entreguismo a los independentistas.

Sánchez oculta el documento con la agenda escrita del separatismo para apoyarle
Antonio R. Naranjo esdiario 22 Abril 2019

El líder del PSOE se niega a dar a conocer un documento en su poder donde la Generalitat, que difunde su versión, le pasa su factura para volver a hacerle presidente.

¿Tiene Pedro Sánchez una agenda oculta con el separatismo catalán? La sospecha no es infundada. El 20 de diciembre pasado, en su controvertida visita a Quim Torra, el presidente de la Generalitat le entregó a su homónimo en Moncloa un documento supuestamente oficial y único en el que, en 21 puntos, detallaba las peticiones del independentismo para sostener su apoyo al Gobierno socialista.

Sánchez nunca difundió aquel documento, cuya única versión trascendió dos meses después, desde la propia Generalitat y en catalán, sin que el Ejecutivo confirmara que ésa era exactamente la carta entregada por Torra al presidente del Gobierno, que tampoco aprovechó la circunstancia para hacerla pública.

No es una casualidad. De manera premeditada, según la documentación en poder de ESdiario, Sánchez se ha negado a hacer pública la carta entregada en mano por Torra para cotejar si coincide con la difundida por la Generalitat o contiene exigencias distintas.

Sánchez se ha negado de forma premeditada a enseñar las peticiones por escrito de Torra, guardadas bajo llave en Moncloa

El pasado 25 de enero este periódico formuló una petición de información para conocer, con exactitud, si el documento en poder de La Moncloa y el difundido por Quim Torra son el mismo o, por contra, difieren de algún modo: pasado el mes que la ley fija para contestar al requerimiento, la respuesta ha sido un sorprendente silencio, ya recurrido por ESdiario ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que obligue a Presidencia a acabar con su oscurantismo.

¿Nada de los indultos?
Es decir, el presidente del Gobierno se niega a confirmar si los "21 puntos de Torra" hasta ahora conocidos son los mismos que realmente le entregó o si, en una versión alternativa y privada, figuran otras exigencias que no aparecen en la carta difundida unilateralmente por la Generalitat, en la que no se citan, sorprendentemente, peticiones emblemáticas del PdeCat o ERC como la intervención en el juicio del Tribunal Supremo o la concesión de indultos a los eventuales condenados del "procés" por rebelión, sedición o malversación de fondos.

¿Por qué Sánchez oculta la "factura" del nacionalismo si supuestamente es la ya conocida a instancias de Torra? ¿Hay otras peticiones que no se dieron a conocer pero figuran en un supuesto documento alternativo? La última pregunta es una especulación, pero varios hitos contribuyen a activar, cuando menos, las alarmas.
Junqueras mete presión ya a Sánchez desde la cárcel con el inquietante precio que se cobrará

Así, desde aquel encuentro en Pedralbes justo antes de la Navidad, todo el PSOE, empezando por Sánchez, ha sido premeditadamente ambiguo en sus respuestas y propuestas para el futuro de Cataluña y, además, se ha negado a comprometerse a no conceder indultos pese a la insistencia en la pregunta en distintas intervenciones públicas y de líderes como Pablo Casado, Albert Rivera o Santiago Abascal.

"Cuando haya sentencia, el poder político tendrá que posicionarse", comentó el propio Sánchez el pasado 10 de abril interpelado por su postura sobre los indultos, claramente defendidos por el 100% de los partidos que el auparon a la presidencia con la moción de censura y que, de cumplirse los sondeos conocidos, volverían a ser sus socios potenciales en la próxima legislatura. Su declaración textual es, más que ambigua, favorable a esa medida de gracia, pero sin decirlo abiertamente.

El líder del PSOE no ha querido mojarse en lo que sí está en su mano, los indultos, limitándose en campaña a rechazar lo que en realidad no podría conceder ni aunque ésa fuera su intención: la celebración de un referéndum, que al afectar a la arquitectura territorial de España necesitaría siempre de una reforma inviable sin un respaldo de dos tercios del Congreso, de unas nuevas Elecciones y finalmente de un referéndum nacional.

"Más autogobierno"
Sánchez, en resumen, presume en campaña de rechazar lo que no está en su mano conceder, pero no aclara si tragará con lo que sí tiene al alcance en un Consejo de Ministros. Su silencio oficial, que apenas se rompe ni en un programa electoral premeditamente ambiguo en este punto, también avala otras conjeturas sobre el significado real de las dos únicas ideas que, sin precisiones, ha dejado caer en campaña: conceder "más autogobierno" a Cataluña y modificar su sistema de financiación.

Dos mensajes genéricos, que significan lo que cada uno quiera que signifiquen, pero que coinciden con el alud de declaraciones de destacados dirigentes del PSOE preparatorios del terreno futuro, sea cual sea éste: las de Miquel Iceta, más rotundas, fijando a finales de marzo la cifra de respaldo a la independencia que debería lograrse para concederla:

"Si el 65% quiere la independencia, la democracia tiene que encontrar el mecanismo para hacerlo posible (...) "Los independentistas deben retrasar el referéndum 10-15 años" (...) "Los partidos políticos españoles deberían proporcionar mayor autogobierno y una financiación mejor a Cataluña para arreglar la situación política".

Al silencio de Sánchez se le suma el apoyo indirecto al separatismo de Iceta o Batet, que alimenta una supuesta agenda oculta

O las más contenidas de Mertixell Batet, pero elocuentes en la misma dirección, el pasado viernes: "Si hay más de dos millones de personas en Cataluña que no reconocen como suyo ese marco constitucional, pretender imponerlo no nos va conducir a ninguna solución, habrá que sentarse a hablar, escuchar las razones y argumentos", explicó en una entrevista.

ERC y Podemos, en la línea
El ya adelantado apoyo de ERC a una investidura de Sánchez, anunciado en un insólito mitin de Oriol Junqueras desde la cárcel con el llamativo permiso de la Junta Electoral; o la apuesta de Podemos por un referéndum legal, cierran el paisaje subterráneo del "procés" oculto que parece estar desarrollándose por debajo del conocido para todos.
Romeva despeja dudas en una arenga desde la cárcel sobre los planes ocultos con Sánchez

Y la negativa de Moncloa a dar a conocer el documento de Torra, le añade un ingrediente de sospecha indudable: ¿De verdad la Generalitat dedicó más tiempo a las foses comunes y el franquismo, como aparece glosado en los 21 puntos conocidos ya, que a detallar sus exigencias concretas al Gobierno de España?

El silencio oficial de éste dispara la duda. Y el programa del PSOE para el 28A tampoco la aclara: lo único seguro es que, sea para lo que sea, Sánchez solo podrá ser presidente con el respaldo del independentismo. Que nunca hace nada gratis.

Sánchez regalará a los separatistas el control del organismo supervisor de los fondos autonómicos tras el 28-A
Carlos Cuesta okdiario 22 Abril 2019

Pedro Sánchez prepara una profunda cesión de poder a los separatistas para engrasar los acuerdos de gobernabilidad tras el 28-A. El presidente del Gobierno quiere apuntalar la alianzas con PDeCAT, ERC y PNV y no sólo baraja la reformas de sus Estatutos para ampliar sus competencias hasta el máximo, sino que, además quiere aumentar los fondos e inversiones que reciben Cataluña y País Vasco, y completar este regalo dando a la Generalitat un peso decisivo en el organismo que controla el uso de esos fondos y las finanzas en general de las autonomías.

El embalaje para vender esta reforma hace alusión a todas las autonomías que están bajo el régimen general -País Vasco y Navarra se acogen al esquema foral-. Pero lo cierto es que sólo los partidos catalanes tienen una capacidad de presión política sobre el PSOE, y ya Cataluña es la comunidad que más ayudas ha recibido del Estado -90.000 millones de euros- siendo, por lo tanto, la que más supervisión necesita de parte del Estado.

Y es en ese punto en el que el PSOE plantea que el Consejo de Política Fiscal y Financiera -el organismo que gobierna y controla las finanzas autonómicas y que coordina el sistema de reparto de los fondos comunes y el modelo de solidaridad- deje de tener primacía del Estado para que la tengan las autonomías. Traducido: para que la tenga la Generalitat, que es con la que Pedro Sánchez negocia su reforma en estos momentos.

El texto recogido en el programa electoral de los socialistas para los comicios de este 28-A recoge esta reforma sin matices. “En la actualidad, la Constitución no contiene ninguna regla mínimamente precisa que permita predecir cómo deben financiarse las comunidades autónomas. Esto es una singularidad, pues en los Estados descentralizados la Constitución prefigura, cuando menos, el sistema de financiación que se aplicará”.

Con esa explicación, el PSOE concluye que “el resultado ha sido la inestabilidad y la insatisfacción con el sistema de financiación autonómica. La Constitución debe garantizar un sistema en el que los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado, así como de la eficiencia de la gestión y del gasto”.

Por ello, “para abordar esta situación planteamos: – Incluir en la Constitución las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos. -Establecer en la Constitución, para darle la mayor transparencia, la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial. -Garantizar la participación de los territorios en la concreción del modelo a través de una configuración distinta del Consejo de Política Fiscal y Financiera”. Y esa configuración restaría poder al Estado para dárselo a las haciendas regionales.

En resumen: que el sistema de control financiera quedaría en manos autonómicas. Justo cuando una de las cuestiones que se juzgan estos días en el Tribunal Supremo es la malversación de fondos públicos por parte de la Generalitat que romper España y construir un Estado paralelo e independiente.

Próximo paquete de regalos
No se trata de la única cesión ni mucho menos. Pedro Sánchez ya tiene preparado el próximo paquete de regalos al JxCat, ERC y PNV a cambio del apoyo de los separatistas a su gobernabilidad. Y el PSOE, no sólo mantiene la apuesta de incrementar el traspaso de competencias a Cataluña y País Vasco, sino que, además, ha empezado a incluir entre sus propuestas una mayor presencia de los nacionalistas en los grandes reguladores económicos como la CNMV, la CNMC y el Banco de España.

Para ello, el PSOE quiere hacer partícipes también a las comunidades autónomas de la elección de los cargos clave en organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercados y Valores (CNMV) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los socialistas quieren combinar todo ello con un aumento de la presencia de las autonomías en las instituciones europeas, algo que, además de la dificultad de coordinación del mensaje nacional ante Bruselas y el resto de organismos comunitarios, dará más eco a las reclamaciones nacionalistas de algunas de las regiones españolas.

Independentismo en Cataluña
Torra encarga un informe a la subvencionada ONG del catalán para expulsar el español de la Sanidad
Agustín de Grado okdiario 22 Abril 2019

El independentismo no cesa en sus objetivos. Que el catalán sea la lengua de uso exclusivo en la Sanidad pública es uno de ellos. La nueva ofensiva presenta como avanzadilla un informe de la autodenominada ‘Plataforma per la Llengua’, también conocida como la ONG del catalán, que la Generalitat subvenciona para justificar después sus políticas lingüísticas.

Tres años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulara los preceptos más importantes del protocolo de usos lingüísticos en la Sanidad catalana, el gobierno de Quim Torra prepara una nueva ofensiva para expulsar el uso del español en los centros y los hospitales de la Sanidad pública.

La ofensiva presenta como avanzadilla un informe de la autodenominada ‘Plataforma per la Llengua’, también conocida como la ONG del catalán, que la Generalitat apadrina y subvenciona para justificar después sus políticas lingüísticas.

Bajo el título Reanimar el catalán. Datos y propuestas para mejorar la situación de la lengua en el ámbito sanitario en Cataluña, el estudio de la Plataforma se plantea tres objetivos: conocer el perfil lingüístico de los pacientes, investigar la vinculación entre los usos lingüísticos del personal del ámbito de la salud y los usos lingüísticos de los usuarios y, por último, estudiar la valoración de la atención lingüística en el ámbito de la salud.

Tres objetivos que sirven de pretexto para extraer las conclusiones y recomendaciones que el Govern de Torra quiere escuchar. Así, la Plataforma financiada por la Generalitat concluye en primer lugar que el idioma empleado por los profesionales de los centros y hospitales “determina fuertemente” el empleado por el paciente y sus familiares. Tres de cada cuatro usuarios usarían el catalán si fuera el idioma utilizado en exclusiva por los médicos y enfermeros, asegura el informe.

Un lamento
La segunda conclusión es un lamento: el castellano tiene una capacidad de fidelización más elevada que el catalán, ya que “el número de catalanohablantes que hablaría en castellano con el médico, si éste hiciera un uso exclusivo de esta lengua, es superior al de los castellanohablantes que emplearían el catalán”.

En este mismo sentido, los autores del informe también han concluido que “el porcentaje de la población que utilizaría el castellano independientemente de la lengua que hablara el médico es el doble que la del catalán” (22,9% en el primer caso y 11,3% en el segundo).

El estudio de la Plataforma per la Llengua extrae las dos conclusiones que necesitaba antes de plantear sus reivindicaciones:
1. Las expectativas de los catalanohablantes de ver respetados sus derechos lingüísticos son mucho más bajas que las de los hablantes de castellano.
2. Un porcentaje de catalanohablantes valora positivamente la atención lingüística recibida porque es entendido por el personal médico, “lo que significa que ya ha renunciado a ser atendido en catalán”.

Puesto que el objetivo político del informe es “reanimar el catalán”, la Plataforma lanza hasta nueve exigencias al Govern de la Generalitat para evitar que la sentencia del TSJC “no perjudique más al catalán”, después de que en 2016 anulara los dos protocolos de uso lingüístico más conflictivos: que la lengua de comunicación entre el personal ha de ser la catalana y que, en las conversaciones con los usuarios de los servicios sanitarios, los trabajadores las mantendrán en catalán, independientemente de que la inicie uno u otro y de la lengua que utilice el interlocutor.

Cursos y control
La Plataforma per la Llengua exige, en primer lugar, avanzar hacia la plena capacitación lingüística del personal que trabaja en la Sanidad, por lo que “se recomienda” la puesta en marcha de “cursos de formación en gestión lingüística entre el personal que atiende al usuario en el ámbito de la salud”.

El informe insta a la Generalitat a “difundir la importancia de no desempatar hacia el castellano en grupos multilingües. Conviene asegurar que el catalán es también una lengua de uso normal en las formaciones en grupo”.

Propone también “aumentar los mecanismos de control de las directrices que se dan en usos lingüísticos en aquellos centros de salud con participación pública, pero sin control directo del Institut Català de Salut”.

Y aconseja al Govern justificar las nuevas medidas de fomento de la lengua catalana “como actuaciones explícitas de fomento para evitar impugnaciones”.

La Generalitat suspende diez meses de empleo y sueldo a un profesor por oponerse al adoctrinamiento

La Generalitat sanciona a Francisco Oya, el profesor que imparte sus clases en castellano y «combate las consignas ideológicas en las aulas»
Esther Armora ABC 22 Abril 2019

El docente sancionado por el Govern habla en ABC: «La caza a los profesores constitucionalistas seguirá»

Es la primera sanción que la Generalitat impone a un docente que alza la voz contra el «adoctrinamiento en las aulas catalanas».Francisco Oya, el profesor de Historia del instituto Joan Boscà de Barcelona, a quien el Consorcio de Educación –participado en un 60 por ciento por la Generalitat y en un 40 por ciento por el Ayuntamiento de Barcelona– abrió un expediente el 12 de abril de 2018 por, según arguyó el ente educativo, «incumplimientos en su actividad docente», ha sido sancionado finalmente con diez meses de inhabilitación y suspensión de empleo y sueldo.

En una resolución, con fecha del 21 de enero de 2019, por la que se resuelve el citado expediente disciplinario y a la que ha tenido acceso ABC, la administración autonómica le acusa de tres faltas graves: «Desatender el ejercicio de sus funciones docentes», por lo que le impone la sanción de «suspensión de funciones, con pérdida de retribuciones durante dos meses»; «desobedecer una orden de un superior» y de «desacato a la autoridad, haciéndolo de forma ostentosa», por lo que le impone dos meses más de suspensión de empleo y sueldo.
«Daño moral» al director

Por último, le culpan también de haber ocasionado «un daño moral» al director del centro y de «la perturbación significativa en el servicio público de educación generada por su actitud y conducta», por lo que le imponen «suspensión de funciones y pérdida de sueldo durante seis meses». En total, la sanción suma diez meses de inhabilitación con suspensión de empleo y sueldo. Oya niega los hechos y asegura que «ha presentado documentación que desmiente tales acusasiones, aunque no ha sido tenida en cuenta a la hora de realizar la resolución».

En su argumentario, la Generalitat le acusa de profesar una «animadversión» hacia el director del instituto y de emprender «una campaña de difamación contra él con la maquinaria propagandística de organizaciones y medios de comunicación». Otras acusaciones en las que se sostenta la sanción son la «falta de coordinación del expedientado con el resto de profesorado del área», así como supuestos «incumplimientos de temario y horario». Por último, le atribuyen el «haber alterado la buena convivencia del instituto, comunicando su posicionamiento político» y de realizar comentarios de tono homófobo, sexista y xenófobo «que han herido la sensibilidad del alumnado».
Acusaciones «no probadas»

El docente, muy crítico con el proceso separatista catalán, con la inmersión lingüística y con el «adoctrinamiento» en las aulas catalanas, niega todas las acusaciones. Asegura a este medio que presentó documentos que prueban que cumplió escrupulosamente con el temario que debe impartir en su área y que éste «es el indicado para Selectividad». Admite solo que entregó «ciertos textos a los alumnos» para «estimular al alumnado a pensar por si mismos e interpretar la Historia de España no solo partiendo de una visión, la que le ofrecen unos libros de texto manipulados».

Oya desmiente de forma categórica haber acosado al director del instituto y el haber expuesto su ideología política en el aula. «Es una acusación genérica e inconcreta que como otras no han probado», añade. Tampoco hay, según explica, pruebas de sus incumplimientos horarios ni han tenido en cuenta que la vez que abandonó el centro antes de hora «fue para ir a un juzgado». El docente reclamó a las autoridades educativas que le concretaran por qué se le acusa de xenófobo, homófobo y sexista, aunque, según apunta, «en ningún momento me han dicho por qué frase o comentario me acusan. Sencillamente porque no existe». «No han podido probar nada», asevera. Francisco Oya fue recriminado por la inspectora que lo evaluó por impartir sus clases en castellano. Le acusó de «actuar sin coherencia linguïstica entre sus explicaciones orales y los textos de trabajo usados en la asignatura».

«Expediente político»
«Es un expediente político. Querían castigarme y lo han hecho. Han dictado su sentencia y yo he estado en todo el proceso en un estado de total indefensión», denuncia el profesor, que acusa al Gobierno de que no le haya apoyado ante una situación tan «injusta».

Por este motivo, Oya ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona un recurso contra la resolución al considerar que «no se ajusta a Derecho» y pide que «se restablezca su honor». Asimismo, se plantea denunciar a la dirección del centro y a la inspección por presuntos delitos «de odio y prevaricación».
 


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