AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 8  Mayo 2019

La ligereza del centro
Pedro Carlos González Cuevas okdiario  8 Mayo 2019

Hacia el año 386, San Agustín publicaba su libro Contra los académicos, en cuyas páginas criticaba el escepticismo de algunos filósofos de la época. Salvando las distancias, hoy creo necesario someter a análisis los fundamentos políticos de lo que algunos denominan centrismo, que a mi modo de ver forma un conjunto de falacias. Vaya por delante que escribo como profesor universitario, no como estratega político.

En el caso de la derecha, vuelve el mito centrista. ¿Es cierto que las elecciones se ganan siempre por el centro? Todo depende de los contextos sociales, políticos y culturales, así como de la capacidad de los distintos actores políticos. Ronald Reagan y Margaret Thatcher –tan admirados por el sector liberal de nuestras derechas- nunca jugaron al centro. Todo lo contrario; fueron portavoces de un proyecto claro y nítido. Jugaron fuerte y, al final, triunfaron. No fueron esclavos de las ideas de sus antagonistas. Lejos de nuestro ánimo poner como ejemplo a Donald Trump, pero el hecho es que triunfó frente a la centrista Hillary Clinton. En Francia, en cambio, estamos viendo la insuficiencia del centrista Emmanuel Macron y lo precario de su victoria. Veremos qué ocurre en Alemania, donde la decadencia del partido de Angela Merkel resulta evidente.

Los contextos cambian. Y, como ha señalado el politólogo liberal búlgaro Iván Krastev, el principal conflicto que afecta a las sociedades europeas es entre cosmopolitas, una elite beneficiaria de la globalización, y arraigados, víctimas de dicho proceso. En la actualidad existe, al menos en algunas sociedades europeas, una evidente contradicción en la praxis de los partidos conservadores. Por un lado, un importante sector de sus bases sociales se muestra partidario de las tradiciones, de orden moral basado en fundamentos religiosos, de estabilidad vital y de las ideas de Patria y Nación. Sin embargo, estos principios chocan con la Globalización, es decir; con la realidad de un marco socioeconómico que necesita ante todo fluidez, ausencia de fronteras y de tradiciones; un orden que, en el fondo, se basa en el cambio permanente. Los partidos denominados centristas, en general, han optado por la segunda alternativa, lo cual tiene consecuencias. Austria, Polonia, Bulgaria, Gran Bretaña, etc., están decantándose hacia la primera opción.

A fin de cuentas, ¿qué es el centro? La voz “centro” viene del griego “kentron” o punto fijo del compás que traza un círculo. Se trata, pues, de un concepto geométrico: el punto equidistante entre los extremos. Esta opción carece de entidad desde el punto de vista de la estricta práctica política, lo mismo que desde el plano doctrinal. Como señala el politólogo belga Julien Freund, “la política es una cuestión de decisión y eventualmente de compromiso”. En ese sentido, lo que se denomina “centrismo” es una manera de “anular”, en nombre de una idea no conflictual de la sociedad, no sólo al enemigo interior, sino a las opiniones divergentes. Por eso, el “centro” es, para Freund, “el agente latente que, con frecuencia, favorece la génesis y la formación de conflictos, que pueden degenerar en conflictos violentos”. El mejor ejemplo de ello son los partidos políticos españoles hegemónicos -PSOE y Partido Popular- en Cataluña y el País Vasco; su actitud allí ha puesto en peligro –y cada vez en mayor medida– la unidad nacional española. En parecidos términos se expresa la politóloga posmarxista Chantal Mouffe, también de origen belga, cuando afirma que el centrismo, al impedir la distinción neta entre derecha e izquierda, socava la creación de “identidades colectivas en torno a posturas claramente diferenciadas, así como la posibilidad de escoger entre auténticas alternativas”.

Tampoco desde el punto de vista doctrinal el centro resulta un concepto esclarecedor. Sólo tendrá algún fundamento cuando entre dos posiciones hubiera diversos niveles intermedios. En tanto que entre la derecha y la izquierda no existe una posición dialéctica en sentido estricto, no puede existir una tercera posición que las supere. Entre ambas sí existe, a nivel práctico, una dinámica continua de contrastes y tensiones, pero no cabe una posición doctrinal intermedia. De forzarla, esta adquiere perfiles imprecisos, centristas.

En realidad, el centro político, al carecer de sustantividad por sí mismo, ya que depende de posicionamientos ajenos, está más cerca de lo que sería un señuelo electoral. En el fondo, el centrismo no es más que la consagración del oportunismo político. No es casualidad que sea, de hecho, la opción preferida de los empresarios y del mundo del dinero en general. Lo vemos ahora cuando las elites económicas españolas apuestan por un gobierno entre PSOE y Ciudadanos. El centrismo es la filosofía política del comerciante.

En una sociedad vertebrada y estable, esta forma de escepticismo absoluto, de “razón cínica”, como hubiera dicho el filósofo alemán Peter Sloterdijk, podría ser operativa, pero no lo es en una sociedad como la española; una sociedad que, aunque la mayoría de sus ciudadanos no sea consciente de ello, padece una profunda crisis. Un Estado de las Autonomías que produce una imparable desnacionalización de España; la crisis del Estado benefactor y del sistema de pensiones; la hegemonía absoluta de un progresismo infantil y acrítico; la partitocracia; el invierno demográfico; la ausencia de una narración histórica compartida, etc. Ante todos estos problemas, ¿es el centrismo la solución? La verdad, lo dudo mucho.

Gracias y hasta pronto
«Dejo este inmenso privilegio que es ser columnista en ABC como tantos de los grandes maestros del periodismo y la literatura española para intentar adentrarme en el terreno de la política europea. Y será con la misma motivación de defender la verdad, la libertad y la cultura y el pensamiento de Europa que siempre quise caracterizara a mi columna Montecassino»
Hermann Tertsch ABC 8 Mayo 2019

Dicen que los españoles nos despedimos mucho y no nos vamos nunca. Nos pasa cuando se dispersa un encuentro, una cena o una fiesta. Nos quedamos de charla junto a la puerta, porque nadie quiere irse el primero. Cuando se siente uno bien en un sitio, cuesta irse. Me pasa hoy aquí al despedirme de los lectores de ABC con emoción e inmensa gratitud en esta Tercera. En la página de mayor honor de la prensa escrita en lengua española en el mundo. Tras doce años como columnista y muchos viajes de enviado especial, quiero pensar que solo interrumpo mi labor en ABC. Lo haré durante el mandato, si lo recibo el día 26, como diputado por España en el Parlamento Europeo en la lista de Vox. Ya echo de menos el deber vespertino de mis columnas, pero parto sin tristeza. Con ilusión y certeza de que la labor parlamentaria en defensa de España en Bruselas, en Estrasburgo y allá donde vaya, me compensará la ausencia. Y no dejo de escribir. Preparo una página Montecassino en la red para que se puedan leer reflexiones y comentarios en mi virtual monasterio benedictino. Sobre la actualidad política y siempre en defensa del legado de ideas y valores que hicieron a Occidente la civilización más compasiva y próspera, laboriosa y eficaz, racional, espiritual y libre jamás habida.

Entro en la política porque me lo pidió mi amigo Santiago Abascal, a quien conozco desde que su padre y mi querida y recordada prima Loyola de Palacio hacían campaña por España y el Partido Popular por los pueblos vascos. Le he dicho que sí por varias razones. Porque España necesita más defensa interna y externa y creo poder ayudar a reforzarla. Porque será un inmenso privilegio poder trabajar con Vox y con su presidente, un hombre admirable que, con su autenticidad y humildad, su valor, franqueza y patriotismo, ha logrado ya una movilización histórica en la sociedad española en defensa de la Nación que tendrá profundos efectos a medio plazo. En octubre pocos conocían el partido, ahora ya está en el Congreso en el primer gran paso para acometer ese añorado golpe de timón que evite desastres temidos y abra las puertas a la esperanza. Desde hace años clamo por una reacción nacional contra quienes quieren destruir nuestra nación y patria. Sería injusto y reprobable que, ahora que surge este movimiento encarnado en Vox, no ponga a su disposición fuerza, conocimiento y compromiso.

Nadie crea que es un sacrificio. Lo asumo como un inmenso privilegio. Me apasiona el proceso histórico que se intuye ya en marcha en toda Europa. Quiero ser útil para dar a España un mayor papel en la fascinante campaña política y cultural que se anuncia. Será nada menos que la reconquista del continente por los valores y principios de la civilización en Occidente. Tras décadas de ser perseguidos, ridiculizados y en gran parte olvidados bajo la despótica hegemonía cultural neomarxista. Que es la tiranía de lo barato, que pretende deconstruir nuestra civilización y acabar con la individualidad y el carácter sagrado de la persona. Una tiranía que crece sin parar desde aquel 1968 tan cuestionable que marca el Papa Benedicto XVI como origen de desgracia. Es ese rodillo que amenaza con asfixiar toda libertad, de palabra, creencia y pensamiento, de debate, educación, investigación y transmisión de conocimiento. Quiero participar en esa batalla cultural y en la defensa de los intereses de España en Europa. Que desde hace siglos pierde batallas sin merecerlo, por desidia o maltrato, por leyendas negras de dentro y fuera. España debe coprotagonizar la redefinición de un proyecto europeo realista y eficaz, del que ningún estado soberano quiera huir y en el que se respeten identidad e intereses de todos.

Dejo la labor que más me gusta, escribir en periódicos, y donde más me gusta, en este venerable y admirado diario ABC. Hoy, 116 años después de su fundación por el bisabuelo de la actual presidenta, Catalina Luca de Tena, es lo mejor que a diario puede comprar por dinero un lector serio de periódicos en España. Por todo, expreso mi infinita gratitud a los lectores y a ABC, donde he sido feliz y libre. Este periódico ha defendido mi libertad y mi palabra con firmeza, generosidad y señorío como ningún otro.

Pero la razón fundamental de bajar a la arena política es que considero ya insufrible que España viva bajo el permanente cuestionamiento de su existencia como Nación y Estado. Es intolerable. Por mucho que la hegemonía mediática de la izquierda engañe al electorado. Los españoles tienen el derecho y el deber de imponer la legalidad e igualdad en todo su territorio con la normalidad que se sobreentiende en todos los demás países europeos. En nuestro país, las elites han traicionado, una vez más, por egoísmo, codicia o indolencia, todos sus compromisos. Por enésima vez en la historia de España, no serán ellas quienes dirijan la defensa de la nación frente a sus enemigos. Quince años hace de la matanza de Atocha que, con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, quebró el sistema de convivencia política surgido de la transición. Desde entonces, el alineamiento del PSOE con todas las fuerzas que buscan su beneficio en la destrucción de España ha hecho inevitable el choque ideológico. Así, la revancha nos hace revivir fechas prebélicas y nos despoja del derecho a la verdad y de nuestra libertad. He escrito cientos de artículos y dos libros, «Libelo contra la Secta» (2010) y «Días de Ira» (2015), sobre esta nueva tragedia española. Exponer la verdad siempre es caro. En España más. He sido buen pagador. Porque siempre he creído en el deber del hombre libre en el compromiso con la verdad histórica, la honradez intelectual y la mirada limpia al pasado y al prójimo.

Me crié en una familia en la que periodismo, política e historia lo impregnaban todo. Donde llegaba el ABC, después los otros diarios de Madrid, seguían los de provincias y, al anochecer, con los niños ya en pijama, la prensa alemana, austriaca, suiza, francesa, americana y británica. Allí estaba la biblioteca de Viena en las siete lenguas que hablaba bien mi padre y alguna más que leía. Mi padre era la encarnación de la tragedia europea del siglo XX. Fue de los millones de europeos seducidos por ideologías totalitarias, de los pocos que vieron el abismo de la culpa antes del colapso y de los contados que se rebelaron contra el monstruo aún devorando víctimas. El 9 de abril de aquel 1945, días después de salir mi padre de Sachsenhausen, eran ahorcados en Flossenbürg el almirante Wilhelm Canaris y el pastor Dieter Bonhoeffer. Yo nacería ese día, 13 años después. La pista de Canaris había hecho caer a la Gestapo sobre mi padre. El mensaje de Bonhoeffer sería el que nos inculcaría hasta el final de una larga vida en la que siempre bendijo a Dios por el privilegio de sobrevivir al infierno y tener hijos a los que legar ese compromiso trascendente de gratitud. La lucha contra las tiranías del comunismo y el nazismo por igual, la fe en la sacralidad del ser humano, el compromiso con la verdad y con los valores occidentales, son más que una vocación. Son un compromiso. Tan acuciantemente actual en España y Europa hoy como en el pasado siglo. Y el eje de todo lo que he pretendido y pretendo intelectual, profesional y personalmente en ABC como en el Parlamento Europeo. Al final, como ven, la motivación es pura gratitud transformada. Motivación por gratitud a mi padre, a ABC y a la vida. Me despido feliz de todos Ustedes con las alforjas llenas de estos dos tesoros.

La debacle
Juan Van-Halen ABC 8 Mayo 2019

Tras el 28 de abril se multiplicó una pregunta: ¿Cómo es posible que el socialismo de Sánchez, con lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, ganase las elecciones con holgura? No reproduciré la conocida opinión de Gandhi sobre la idiotez y el poder porque no es nada amable para los votantes.

No caben los paños calientes: el PP sufrió un revés notable cosechando la mitad de los escaños de Rajoy en las anteriores elecciones y su peor resultado desde hace cuarenta años. El otro gran derrotado fue Podemos con la pérdida de 29 escaños. Pasa de tercera a cuarta fuerza política. Iglesias escamoteó su fracaso anunciando que entraría en el Gobierno.

Sánchez manejó sabiamente los tiempos. Su machaqueo sobre la fuerza de Vox al que ciertas encuestas, nacidas desde no se sabe qué intereses, llegaron a atribuir hasta 60 escaños, y sus actos multitudinarios que sobredimensionaban la realidad, hicieron que incluso sus propios dirigentes, y no digamos sus seguidores, se lo creyeran. Caló el repetido mensaje del miedo a la extrema derecha (en España se etiqueta a unos de extrema derecha, pero no se etiqueta a otros de extrema izquierda) y llevó a las urnas a parte de una izquierda que no se hubiera movilizado.

Abascal achaca en exclusiva al propio PP su fracaso, pero un mensaje radical, con esperpénticas propuestas, fortaleció la invocación al miedo que Sánchez necesitaba, a lo que se une que por la Ley D’Hondt Vox perdió muchos escaños; no consiguió escaños en no pocas provincias y sus votos no sumaron, acabaron en el PSOE. El mejor aliado de Sánchez resultó ser Abascal. También Vox fue favorecido por la Junta Electoral al excluirle de los debates. Nos quedamos sin saber qué opina Abascal más allá de la defensa de la unidad de España, compartida por la inmensa mayoría de los españoles, y de algunas ocurrencias de más que dudosa viabilidad.

Soy un veterano afiliado al PP, desde 1983, hoy fuera de la política activa, que ha vivido de cerca muchas situaciones gratas e ingratas. Conozco la peripecia del partido desde la práctica irrelevancia de 1977 y 1979 a los 106 escaños de 1982, y sus mayorías absolutas de 2000 y 2011. En 1986 asistí a la dimisión de Fraga por los pésimos resultados en las elecciones al Parlamento vasco, y en 1989 coordiné la ponencia de Cultura en el llamado Congreso de la Renovación. Entonces importantes dirigentes actuales del PP eran unos niños.

En junio pasado en «El error», publicado en estas páginas, opiné que el abandono por Rajoy de la presidencia del PP inmediatamente después de la moción de censura fue un error. La moción no cumplía ninguna de las condiciones exigibles y, de hecho, era un golpe parlamentario. Con la apertura de la sucesión se pasaba una página que hubiese tenido que estar viva y aprovecharse políticamente. En lugar de eso se abrió un periodo no exento de enfrentamientos. Lo ocurrido posteriormente puede tener su origen en aquel error.

Creo que el PP siguió en la campaña una estrategia desafortunada acercándose a las posiciones de Vox; comprando parte de su discurso. Alguien llegó a proclamar que lo que pretendía Vox «ya estaba en el nuevo PP». A mí personalmente no me motiva lo de «nuevo PP»; me suena a jubilación injusta de lo anterior. Tampoco se acertó prescindiendo en las listas de personas con importantes servicios a España y al PP. Ni echando un rosario de culpas sobre la etapa de Rajoy en la que Pablo Casado fue nada menos que vicesecretario de Comunicación y portavoz.

Tras el 28 de abril Casado reasumió el centrismo pero los bandazos no son buenos. Tampoco será rentable atacar a quienes, de una forma u otra, pueden suponer una parte de la suma para alcanzar un día el gobierno. Diferenciarse sí, atacar no. Cualquier movimiento debe ser medido y no espasmódico. Me preocupó la deriva derechista, porque las elecciones se ganan desde el centro. Tras las elecciones Rivera sacó pecho; le vimos de socialdemócrata, ahora de liberal y mañana quién sabe. En la derecha está Vox, en un centro ubicuo Ciudadanos, y en la izquierda Podemos. En este espectro el PSOE ocupa el centro-izquierda. El PP podría tener difícil su espacio de centro-derecha. La fragmentación blanqueó al PSOE de Sánchez, uno de los escasos socialismos que se salva del creciente hundimiento de sus correligionarios europeos.

El PP ha de superar la debacle como superó crisis anteriores. No será fácil, pero no olvidemos la larga travesía del desierto que padeció el PSOE. Y no exageremos los resultados de la izquierda. El centro-derecha obtuvo decenas de miles de votos más que PSOE-Podemos y superaría en votos la mayoría absoluta si las tres opciones hubiesen ido juntas. Ningún partido tomará decisiones antes del 26 de mayo, algo así como una segunda vuelta del 28 de abril, para no dejarse pelos en la gatera. Espero que los votantes hayan aprendido, en el caso del centro derecha, lo que supone no concentrar el voto.

Veterano afiliado al PP.
Nota del Editor 8 Mayo 2019

Eso de etiquetarse como veterano afiliado al PP, parece un poco raro, en realidad debería definirse como creyente del PP, puesto que como afiliado al PP en algún momento le deberían haber saltado las alarmas para desengancharse de semejante tropa.

Pactos y repartos del "botín nacional"
Antonio García Fuentes Periodista Digital 8 Mayo 2019

Sí, vayamos a la realidad y desenmascaremos las mentiras con las que los políticos, desorientan a los que nos consideran “sus borregos”. No van ninguno a tratar de gobernar “nacionalmente” y como debieran ir, cuando se trata como en las últimas elecciones en España; van como partidos, a defender sólo su parte, o sea más claro; la parte máxima que puedan, del dinero público, para emplearlo (si es que saben) en los intereses que afecten a su partido y partidarios del mismo; o sostenedores financieros que en la sombra, les facilitaron dinero para las absurdas y grandes propagandas, con las que nos aburren o engañan.

Si la política fuese honrada y de verdadero servicio público; los políticos todos, debieran realizar congresos nacionales y antes de las elecciones, ver y acordar, qué es lo que verdaderamente necesita la nación y con un índice claro de prioridades, donde se va a emplear el mucho dinero que nos sacan con los ya brutales impuestos, que nos hacen pagar. Aclarando igualmente, los motivos de empleo del mismo y los beneficios, sociales y económicos, que se pretenden realizar, caso de llegar al poder; donde y como es en la verdadera democracia, mande el que más votos saque y sin necesidad de coaliciones, que en puridad democrática; debieran estar prohibidas y totalmente fuera de la ley; las coaliciones sólo deben ser en el momento de votar un proyecto; y en el parlamento nacional, donde debe intervenir cualquier representante electo, que tenga algo que aportar sobre el mismo.

Por descontado que las listas o lotes que nos imponen, no son legales en verdadera democracia, la que se rige por seres humanos y como tales, han de ser elegidos individualmente; única forma de que el votante, sepa quién es el que le representa; y al que tiene derecho de poder dirigirse en cualquier momento, para felicitarle, criticarle o comunicarse con él de la forma que crea conveniente y siempre en el sentido respetuoso que marcaría un ser verdaderamente civilizado.

Pero todo “este potaje que dicen democrático”; es eso, un bodrio inventado, por los que no les interesa en absoluto una verdadera democracia moderna y como la inventara Montesquieu, en su momento; con la independencia de los tres poderes y unas leyes justas; y yo opino que muy duras, para quienes infrinjan esas tres normas o conductos, para “vigilarse mutuamente” los más altos cargos; sencillamente, cargo viene de carga y mientras más alto sea el cargo, mayor responsabilidad conlleva el mismo; y el que no quiera cargos, que se dedique (por ejemplo) “a la cría del gusano de seda, que es un trabajo silencioso, aparte de útil y sin muchos problemas”.

Hoy… ¿Qué problemas tiene España? Por descontado que el primero de ellos, es el abuso que los monopolios y el dinero (bancos y cajas) tienen sobre nosotros, por tanto sería el primero a solucionar, para que el dinero que genera el que sabe generarlo, produzca un bienestar y una riqueza repartida, que hoy brilla por su ausencia.

Después, podrían ser, los problemas del agua que en España ya se lleva un siglo sin haberlos resuelto (se inició en la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera y fue continuado por Franco, pero sigue sin ser ultimado) y que por su importancia, debe ser uno de los primeros a solucionar. Otro sería el de la despoblación y desertización del territorio. Otro muy importante, el de encauzar con soluciones claras el de las pensiones de quienes de verdad trabajaran el tiempo que se regulara, pero para todos iguales, o sea sin privilegios para nadie. Otro muy necesario, es la formación y educación individual, de todo nacido aquí; y el que necesita ser formado de forma integral, para que de verdad, sea preparado para ser útil a la sociedad. Otro importante, el de la natalidad, para lo que hay que arbitrar una paga para cada recién nacido y que obligue a la madre a criarlo, como naturalmente dispone la Naturaleza; y no en el abandono en que muchas de las criaturas vienen a este mundo; y así ir afrontando problemas de verdad necesarios y a los que hay que dedicar con prioridad el dinero público, administrado muy bien, por los encargados de hacerlo, que no han de ser los políticos, sino los profesionales que como empleados públicos por oposición y conocimientos plenos, lleguen a ello con la dignidad necesaria y precisa, para que no se malgaste ni un céntimo del erario público. Y así el resto.

Presentados en parlamento esos proyectos nacionales (igual sirve para los regionales, provinciales o municipales), todos los partidos, y sean de la índole que sean; deben apoyarlos, puesto que “un bien nacional”, no debe tener oposición alguna, una vez presentado y discutido parcialmente donde sea conveniente, por tanto al parlamento, debe llegar totalmente “razonado y depurado”.
A nosotros, el pueblo, nos importan dos cojones, los políticos que sean; lo que queremos son verdaderos estadistas, o sea, hombres y mujeres de Estado, y que de verdad, vayan solucionando los verdaderos problemas de España, que no son de partido alguno; son de todos los españoles y eso se olvida totalmente.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

Cien días de cambio en Andalucía: menos impuestos, más empleo y más transparencia
PP y Cs, con el apoyo de Vox, han impulsado varias iniciativas al frente de la Junta de Andalucía que ya empiezan a mostrar resultados.
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 8 Mayo 2019

El pasado 22 de enero, Juanma Moreno tomó posesión como presidente de la Junta de Andalucía e hizo oficial el arranque de un relevo histórico en el Ejecutivo autonómico. Tras décadas de dominio socialista, el PP y Ciudadanos encabezan un gobierno de coalición que cuenta con el apoyo parlamentario de Vox.

En sus cien primeros días de gobierno se han empezado a materializar algunos de los primeros cambios anunciados por las fuerzas de centro-derecha. Los mayores avances se han producido en el ámbito de la transparencia, donde han salido a la luz distintos escándalos del gobierno saliente de Susana Díaz.

Así, PP, Cs y Vox han acordado la constitución de una Oficina contra el Fraude y la Corrupción que pretende limitar el alcance de las malas prácticas en el ámbito público. No hay que olvidar que el PSOE andaluz tiene 500 altos cargos investigados por la Justicia y que los casos de presunta corrupción que están procesando los tribunales han tenido un coste total de 5.000 millones de euros.

La nueva mayoría política andaluza también ha sacado a la luz los distintos agujeros heredados de la anterior etapa de gobierno. En educación y sanidad, por ejemplo, los desvíos e incumplimientos ascienden a 2.900 millones de euros, mientras que en materia de obra pública e infraestructuras, el boquete rebasa el umbral de los 1.000 millones de euros.

Para agilizar el funcionamiento de los servicios básicos, el nuevo gobierno ha puesto en marcha un plan de choque con el que espera reducir drásticamente las listas de espera de la sanidad regional, donde el PSOE ocultó a más de medio millón de personas que están esperando algún tipo de intervención médica.

Ahondando en la agenda de transparencia, el gabinete que dirige Juanma Moreno ha empezado a tramitar medidas como la limitación de mandatos, la supresión de los aforamientos o la reducción de altos cargos y asesores. Algunos de estos puntos requerirán modificaciones en el Estatuto de Andalucía, pero el PSOE se ha quedado aislado e incluso Adelante Andalucía, la marca de Podemos en la región, apoya los planes negociados por azules, naranjas y verdes.

Por otro lado, ha empezado la auditoría a la llamada administración paralela. De momento, el gobierno regional ha estudiado doce entes y ha encontrado que apenas el 10% de sus trabajadores son funcionarios. Además, el análisis de las cuentas regionales ha puesto de manifiesto que la Junta tiene 4.665 millones de euros pendientes de cobro o 772 millones pillados en sentencias judiciales desfavorables a la Administración. El último escándalo tiene que ver con los trabajadores autonómicos dedicados a tareas de asesoramiento y apoyo en materia de violencia doméstica, puesto que la mitad de estos empleados públicos no están colegiados, tal y como venía denunciando Vox.

En materia fiscal, el nuevo gobierno ha introducido una nueva fórmula de la tarifa plana para nuevos autónomos. La bonificación, que reducirá de 270 a 60 euros su cuota mensual, tendrá ahora una duración de 24 meses. Además, el pago bajará a 30 euros para los nuevos trabajadores por cuenta propia que cumplan ciertos requisitos (menores de 25 años, autónomos residentes en zonas rurales, etc.).

También se han empezado a concretar algunas rebajas de impuestos. Las herencias quedarán bonificadas al 99% en el grueso de transmisiones canalizadas por el Impuesto de Sucesiones y los distintos tramos del IRPF bajarán tres puntos porcentuales, con el objetivo de devolver 235 millones de euros a los contribuyentes. El nuevo planteamiento equipara a Andalucía con el promedio nacional, después de muchos años en los que la región sureña estaba a la cabeza en los rankings de presión fiscal.

De momento, las cifras macroeconómicas son favorables. En el primer trimestre del año, Andalucía creó 15.000 empleos frente a los 124.000 que destruyó entre enero y marzo de 2018. La tónica se mantuvo en el boletín de empleo de abril, puesto que la región generó casi el 30% de los nuevos puestos de trabajo generados en toda España.

Además, Andalucía es la segunda comunidad que más está creciendo en lo que va de 2019, con un repunte cercano al 1% en los tres primeros meses del año, de acuerdo con los datos que maneja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Por último, el déficit autonómico ha pasado a moverse en niveles relativamente bajos, puesto que apenas supuso el -0,02% del PIB en los dos primeros meses de 2019.

¿A qué van?
Emilio Campmany Libertad Digital 8 Mayo 2019

La estrategia de Pedro Sánchez es casi ingenua de puro evidente. Tras unas elecciones en las que metió a todas "las derechas" en el mismo saco, ése que etiquetó con un letrero que decía "La foto de Colón", ahora las divide convocando a las dos supuestamente más moderadas y desdeñando a la tercera por radical. Para atraer a las incautas, Sánchez les ha agitado desde el umbral de la Moncloa la medallita de hojalata, más falsa que una sortija de roscón, con la que condecorará al jefe de la oposición. Uno, el más simple, cree que efectivamente está en manos de Sánchez otorgar la ambicionada distinción. El otro, algo más avisado, piensa que la conseguirá yendo al palacio a cantarle las cuarenta al convocante.

Fundamental en el truco que emplea esta especie de monarca laico, reyezuelo cateto de pocas luces que no pasa de guapo de bolera que es Sánchez es discriminar a Vox. "Queridos Pablo y Albert: a pesar de lo que he dicho durante la campaña, sé que no sois lo mismo que Abascal. Reconozco en vosotros genuinas convicciones democráticas, y por eso nos, desde nuestra majestad, hemos decidido descender a consultaros acerca del futuro Gobierno". Y los muy idiotas van. Como si, para demostrar lo muy centristas que son, tuvieran que avalar antes el imaginario centrismo del PSOE. Lo que en realidad están haciendo es permitir al PSOE arrogarse la función de dar patentes de constitucionalismo. Y eso pretende hacerlo quien dos días antes de convocar las elecciones aceptó que un mediador terciara en el supuesto conflicto entre España y Cataluña, que es en sí mismo una traición a la Constitución, además de una afrenta a la unidad de España. Y a la convocatoria de ése, acuden.

Casado estará tan contento de verse tan centrado, saludando a quien hace unos días tildara de traidor y demostrando así su buena disposición a traicionar él a su vez a sus electores, los que de verdad se creyeron que él creía, como ellos, que Sánchez había traicionado a España aceptando negociar con los independentistas. Y Rivera también lo estará de que le den la oportunidad de parecer el jefe de la oposición permitiéndole ir a la Moncloa a decirle a Sánchez que no pactará con él, demostrando así su deseo de renunciar a ser bisagra del sistema y su decisión de optar a ser mayoría de gobierno algún día. No se puede ser más bisoño.

En todo este asunto priman las fotos. Sánchez aparece sonriente, todo él investido de auctoritas y potestas, fingiendo ser el gran socialdomócrata moderado que no es. Lo hace estrechando la mano de esos dos líderes centristas, tan centrados ellos que ningún inconveniente pueden tener en tratar con alguien igualmente centrado. Los dos badulaques permiten que, en esa disputa que tienen por liderar el centro-derecha, sea el PSOE quien tercie. Cuando, en realidad, no es Sánchez el que decidirá. Será el electorado. Y no es razonable esperar que prefiera al que más se deje manejar por Sánchez. Eso no es ser centrista, eso es ser tonto.

Puigdemont: la Justicia se suma al esperpento
EDITORIAL Libertad Digital 8 Mayo 2019

Es vergonzoso que personas acusadas de tan graves delitos y en estado de rebeldía puedan llegar a ostentar un cargo público que no van a poder ejercer.

Pocos espectáculos ha ofrecido la Justicia tan vergonzosos como la sentencia por la que el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y su exconsejera Clara Ponsatí, fugados ambos al extranjero para rehuir el juicio por el 1-O, pueden presentarse como candidatos en las inminentes elecciones europeas.

Como se recordará, el 29 de abril la Junta Electoral Central (JEC), tras aceptar sendos recursos de PP y Cs, resolvió que ni Puigdemont ni sus compañeros de fuga podían ser candidatos porque no estaban en uso de sus derechos políticos, dada su situación de "rebeldía procesal penal". La JEC alegaba no sólo que debían residir en España para poder ser inscritos en el censo electoral, sino el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita los derechos políticos de los acusados por tan graves delitos cuando su procesamiento es "firme".

Cuando los abogados de los golpistas recurrieron tal decisión, la causa fue elevada al Tribunal Supremo (TS), cuyos magistrados, tras no considerarse competentes para resolver el recurso, devolvieron la causa al Juzgado Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid, no sin hacer unas consideraciones en las que decían no ver en la referida situación de rebeldía una causa de exclusión.

Así las cosas, el juez del juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dictaminado que éste "no puede entrar a decidir, ya que lo ha decidido el Tribunal Supremo", por lo que Puigdemont y Ponsati podrán finalmente concurrir como candidatos.

Por vergonzoso que resulte que el hecho de que la candidatura de Puigdemont salga adelante no por una sentencia propiamente dicha sino por un mero auto en el que el TS devuelve una causa a un órgano judicial inferior, el esperpento hunde sus raíces en el hecho de que el sistema no contemple una medida cautelar, mucho menos lesiva que la prisión preventiva para los derechos de los acusados, como es la suspensión cautelar del llamado derecho al sufragio pasivo.

Se puede entender que el legislador no pudiera prever una situación tan surrealista como la de que un acusado de delitos tan graves como los que pesan sobre Puigdemont y compañía –que, para colmo, han huido del país– se presentara a unas elecciones. Aun así, el mencionado artículo 384 bis señala que, "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional" por delitos como los que nos ocupan, "el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". Sólo una interpretación escandalosamente restrictiva podría sustentar que las limitaciones que se imponen a alguien que viene ostentando un cargo público no afectan, sin embargo, a quienes tratan de volver a ostentarlo, ya se encuentren huidos de la Justicia o en prisión preventiva.

De hecho, hasta la Fiscalía, que se ha alineado vergonzosamente con el recurso de Puigdemont, ha tenido que señalar este martes que pedirá la suspensión de los cinco golpistas que sí están en prisión preventiva tras su toma de posesión el 21 de mayo.

En cuanto a Puigdemont y Ponsatí, es cierto que tendrían que venir a España a jurar la Constitución, y que entonces podrían ser detenidos, pero no deja de ser vergonzoso que personas acusadas de tan graves delitos y en estado de rebeldía puedan llegar a ostentar un cargo público que no van a poder ejercer. Bastante burla han hecho estos golpistas al Estado de Derecho para que ahora se sumen a ellos con sus esperpénticas decisiones los miembros del Poder Judicial.

¿Es malo abstenerse?
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 8 Mayo 2019

Si Casado hubiera ofrecido a Sánchez su abstención en la investidura para que el Gobierno del PSOE no tenga dentro comunistas ni dependa de separatistas no habría hecho más que reeditar la oferta de la Alcaldía de Madrid que PP y Ciudadanos hicieron a Carmona, candidato del PSOE, a cambio de que los suyos no la entregaran a Carmena, entonces Podemos. La oferta se la hicieron Esperanza Aguirre, por el partido más votado, que fue el PP; y Begoña Villacís, de Ciudadanos, a la que la horda podemitarra le escupió cuando fue a recoger su credencial de concejal junto a su hija.

Los escupitajos mostraban lo bien fundado de la oferta y lo temerario del rechazo, pero Sánchez, antes de ser escupido de la Secretaría General por un PSOE que aún se negaba a ser la herramienta de los separatistas y los comunistas, tenía en la cabeza el plan que ahora intentará perpetrar: el cambio de régimen, junto a los enemigos de España, los separatistas y los comunistas, que en eso ha quedado la famosa "lucha de la clase obrera" que vitoreó el marqués de Galapagar al volver del Océano Pañaltlántico: despojar al pueblo español de su soberanía en favor del separatismo rapaz.

Lo absurdo es que Casado ofrezca a Rivera perdonar su abstención en vez de ofrecer la del PP, que hubiera sido lo coherente y el giro al centro típico de la derecha cuando quiere ganar en los despachos lo que pierde en el campo, y que se reduce a entregarse a la izquierda para que les perdone mediáticamente la vida y fabrique otro muñeco al que alancear. Después de Aznar, fue Rajoy ("no es no"); luego, Abascal, legitimado para debatir en TVE pero no para recibirlo en Moncloa; y ahora Lanzarote Rivera, que ocupa el sitio del peligro en la Mesa Redonda del rey Pero Fraude I.

Nadie del centro, la derecha y lo que quede de izquierda nacional criticaría esa abstención de Ciudadanos y tampoco la del PP, por una razón aún más seria que la de Madrid hace cuatro años: el bien común; y no de un municipio sino de la nación y el régimen constitucional en que se encarna. Lo malo de no verlo como trámite o trágala patriótico sino como arma arrojadiza dentro de la oposición es que desmoviliza a los votantes de la derecha en un momento crucial: cuando se juega compensar o confirmar el triunfo del PSOE, pequeño en lo físico pero enorme en lo psicológico.

¿En qué momento se jodió el PP?
Fernando Díaz Villanueva. vozpopuli 8 Mayo 2019

Las aguas bajan turbias en el PP, muy turbias de hecho, más de lo que nunca lo habían hecho en cuarenta años de historia. El castañazo electoral del día 28 ha dejado todas sus vergüenzas al aire y ahora las cuchilladas ya no se las propinan a escondidas en la intimidad de la sede, sino en público y con cámaras delante. Algo impensable hace sólo unos días, algo imposible hace sólo un año.

Hace unos días Esperanza Aguirre, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, volvió a cobrar protagonismo al recriminar al líder de su partido que hubiese dado una patada a Santiago Abascal en su trasero cuando el primero acusó al segundo de haber estado enchufado en el Gobierno de Aguirre cobrando un generoso sueldo. Desde Galicia llega mar gruesa. Feijóo, que no dio el paso cuando debió hacerlo, ahora pide cuentas. Los barones de Génova, antes compulsivos aplaudidores de Rajoy, ahora se rasgan las vestiduras y piden la cabeza de Casado.

Es la hora de las tortas, el momento en el que una década de trapos sucios salen a relucir para lavarse en público. Muchos se preguntan cómo un partido que llegó a tenerlo todo hace no tanto tiempo, ha podido deshacerse de esta manera. Y cuando digo todo es todo. Hace sólo cuatro años, en las vísperas de las municipales de 2015, el PP gobernaba cómodamente con 186 escaños en el Congreso. En el Senado su mayoría era incluso mayor. En las elecciones de 2011 obtuvo 136 senadores sobre 208, un 65%.

Controlaban 34 capitales de provincia con Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga a la cabeza. En las autonómicas de ese año ganaron en doce de las trece comunidades en las que se celebraron elecciones. Disponían a placer de cabildos y consejos insulares y de los Gobiernos de Ceuta y Melilla. Nunca antes el partido de Fraga y Aznar había mandado tanto como en esa legislatura. Ese era el PP en mayo de 2015.

Ese mismo mes les llegó el primer aviso. El barco hacía aguas pero no querían verlo. Perdieron el 30% de su representación municipal, incluidas las joyas de la corona: Madrid, Valencia y Sevilla. Perdieron también regiones como la Comunidad Valenciana que eran auténticos feudos y otros, como Aragón, que habían tardado años en conquistar y que no supieron retener.

¿Qué había pasado? Una parte de sus votantes se quedó en casa, otros se fueron a Ciudadanos, un partido que llevaba ahí muchos años pero que no había salido de Cataluña. La cúpula del partido, sorda y ensoberbecida, se negó en redondo a hacer la más mínima autocrítica. La culpa era de la crisis económica, de la prensa canallesca, de algunos asuntillos de corrupción o directamente de los votantes, que no estaban a la altura del partido.

Ni Rajoy ni su escudera Soraya Sáenz de Santamaría se dieron por enterados. Pensaban que los españoles sabrían valorar la estabilidad y los desvelos del Ejecutivo por acabar con la crisis y retomar la senda del crecimiento. Se equivocaron, pero no quisieron admitirlo. Era un pequeño traspiés que no se repetiría en las generales. Ahí está la hemeroteca como testigo mudo de su soberbia.

Llegó entonces el segundo golpe en diciembre de ese año. El descalabro fue mayúsculo. Perdieron 63 escaños de una tacada y, si no se terminaron de ir por el desagüe, fue a causa de que el PSOE se hundió en similar medida. La cara de Rajoy era un poema durante la noche electoral, no alcanzaba a entender cómo había sucedido aquello por la misma razón que nunca entendió por qué ganó las elecciones de 2011. Éstas y su desproporcionada mayoría absoluta se las había puesto en bandeja la hecatombe del PSOE de Rubalcaba, pero, inasequible a los hechos, quiso creer que se debía a su irresistible atractivo.

Pedro Arriola, que sí hizo el cálculo adecuado, le dibujó una hoja de ruta que valdría sólo si había tres jugadores frente al tablero y dos de ellos se encontraban en el campo contrario. Con esta estrategia el PP ganaría siempre hiciese lo que hiciese porque los votantes del PSOE o se abstendrían (como en 2011) o votarían al tercero en discordia (como ocurrió en 2015 con Podemos).

La pizarra de Arriola era aparentemente infalible porque el votante del PP aguantaría carros y carretas, su proverbial disciplina le dejaría como mucho en casa, pero jamás votaría a otros por miedo al regreso del PSOE. Las elecciones consecutivas de 2015 y 2016 le demostraron que no tenía que ser necesariamente así. En aquel momento Rajoy debió dimitir y convocar un congreso extraordinario al que él, por descontado, no concurriese. Pero se amarró a la poltrona con la esperanza puesta en que, por un lado, la división de la izquierda persistiese y, por otro, lo de Ciudadanos fuese poco a poco desinflándose.

Fue en ese punto cuando se terminó de arruinar el PP. Ya no había vuelta atrás. Lo que muchos sospechaban quedó a la vista: el partido de Rajoy y Soraya era un simple aparato burocrático sin un sólo principio que lo moviese más allá de permanecer eternamente en la Moncloa administrando cargos, favores y castigos.

Tan sólo faltaba un cebador para que la insatisfacción del votante habitual del PP se transformase en esperanza movilizada. Ese cebador fue el desenlace final del 'procés' catalán. Durante seis años Rajoy había dejado crecer al monstruo cuando no directamente lo había alimentado. La crisis en Cataluña se había incubado lentamente delante de sus ojos y de los de su vicepresidenta sin que ninguno de los dos encontrase motivo alguno para la alarma. Cuando todo se rompió en octubre de 2017 ya no tenía remedio. Habían llegado tarde a aquello como llegaron tarde (y generalmente mal) a todo. Dos oficiales de un registro esperando acontecimientos con la firme creencia de que todo se arregla con asignaciones del presupuesto. De lo demás no había que preocuparse porque la plaza la tenían en propiedad.

El Partido Popular nacido del congreso de Valencia en 2008 y apuntalado en el de Sevilla de 2012 creyó que los votos eran suyos en base a la posesión de unas simples siglas y al recuerdo de los buenos años de Aznar. Todo eso quebró el año pasado con el irrefrenable ascenso de Ciudadanos como opción de centro-derecha y de Vox como derecha pura. Sólo hizo falta que Rajoy perdiese el poder para que la gran ficción se mostrase tal cual era.

A partir de ahí, ni un año hace, el derrumbe fue tan desordenado como todas las demoliciones que se hacen sin control. La solución de urgencia encarnada en Pablo Casado llegó, una vez más, demasiado tarde. El partido quería volver a parecerse a sus votantes, pero éstos ya no estaban por la labor del volver. En un entorno multipartidista ya no tenía sentido que liberales y conservadores siguieran yendo de la mano.

Curiosamente el multipartidismo que ha acabado con la posición hegemónica del PP fue promovido activamente desde Moncloa pensando que a ellos nunca les afectaría. Nunca surgiría un partido a la derecha, nunca tendrían que pelear el centro. El sorayo-rajoyismo ha sido puro veneno, se lo han ido tomando a sorbos. Con ellos se jodió el PP y, salvo que medie un milagro, lo hizo para siempre.

El nuevo "código ético" de Vox: sus diputados tendrán que renunciar al coche oficial y al bonotaxi
La dirección del partido aprueba un reglamento que obliga a sus cargos públicos a prescindir de varias prerrogativas.
Íñigo Zulet elespanol 8 Mayo 2019

Vox se prepara para aterrizar en el Congreso. Sus 24 diputados llegarán a la Carrera de San Jerónimo el próximo 21 de mayo, pero deberán hacerlo “en su coche particular o en su moto”. La nueva política del partido de Santiago Abascal, según ha podido saber EL ESPAÑOL, incluye desde ahora varias renuncias a los conocidos como “privilegios” de sus señorías.

La formación de la nueva derecha reunía este martes por la tarde a los miembros de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el máximo órgano de dirección del partido. Durante ese encuentro formal, que se celebra normalmente cada mes, Vox ha aprobado un nuevo código ético para sus cargos públicos, con el fin de evitar “gastos innecesarios”, según cuentan a este periódico fuentes cercanas al partido. Un reglamento “muy estricto”, detallan esas mismas fuentes.

En concreto, Vox renunciará al vehículo oficial que pone a su disposición la Cámara Baja para los portavoces de los grupos parlamentarios. Ese coche también pueden utilizarlo los nueve miembros de la Mesa (presidente, vicepresidentes y secretarios), aunque no se espera que los de Abascal consigan plaza, porque con sus 24 asientos necesitarían que otro grupo les prestara votos, y PSOE, PP y Cs no están por la labor de ceder ningún asiento.

Asimismo, también se prevé que los diputados de Vox deban prescindir de la tarjeta personalizada de taxi por valor de 3.000 euros al año que el hemiciclo ofrece a los parlamentarios para facilitar sus desplazamientos.

Con estas medidas, Vox eleva a nivel nacional el compromiso que ya adquirieron los 12 diputados del Parlamento de Andalucía. Allí “Vox no tiene vehículos oficiales”, explican a este diario fuentes del partido verde en la citada región. “No creemos que el despilfarro de los coches oficiales sea necesario”.

Siguen la estela de Podemos y Cs
Sin embargo, esa política no es nueva. El rechazo de Vox a estas prerrogativas recuerda a las que en su momento anunciaron Podemos y Ciudadanos cuando irrumpieron en la Cámara Baja, hace ahora tres años.

También UPyD en su momento.
La formación de Pablo Iglesias fue más allá y acordó la limitación salarial a un máximo del equivalente a tres salarios mínimos, una medida que el partido morado aplica a todos sus cargos públicos. El resto del sueldo, según dicen los estatutos, lo donan a organizaciones sociales sin ánimo de lucro. En Vox, no obstante, no van a llegar a ese extremo: “Mantenemos nuestra filosofía de eliminar gastos superfluos, pero sin histrionismos populistas”.

A pesar esas buenas intenciones que pretendían acabar con las viejas formas del bipartidismo, esta legislatura tan sólo el 25% de los diputados ha renunciado a la tarjeta del taxi. Y en esa cifra se incluyen 41 políticos de Podemos.

No supone un ahorro
El hecho de que un diputado renuncie al coche oficial no supone realmente ningún ahorro para el contribuyente, dado que los vehículos siguen a disposición de la cámara. Concretamente, en el Congreso hay un parque móvil compuesto por 25 vehículos en régimen de arrendamiento: 23 turismos y dos monovolúmenes, uno de ellos adaptado a personas con movilidad reducida e incluso con capacidad para silla de ruedas.

En su momento, la popular Celia Villalobos tachó de “excesivo postureo” la decisión de Podemos y Cs. “Yo los uso para venir a trabajar”, se defendía en 2016. “Los coches son propiedad de la cámara y los conductores son funcionarios, por lo que no utilizarlos no supondrá un ahorro para las arcas públicas”, apostillaba.

¿Qué falló el 28-A?
La reunión del Comité Ejecutivo Nacional se produce una semana después de las elecciones generales. El 28-A Vox cosechó casi 2.700.000 votos, lo que se tradujo en 24 actas. Todo un éxito para un partido extraparlamentario, pero que supo a poco dadas las expectativas que rodeaban al partido de derecha radical.

Por ello, la CEN, además de esa nueva política de recortes para sus cargos públicos, también ha analizado los posibles fallos de la campaña electoral. La alta movilización registrada en los mítines no se tradujo un sorpasso a las otras fuerzas políticas. Vox se tuvo que conformar con la quinta posición.

En ese análisis postelectoral se incluye la relación de Vox con la prensa. “Hemos minusvalorado la capacidad de los medios de conformar la opinión”, reconocía el propio Abascal en una entrevista un día después de conocerse los resultados, donde también admitía que habían sobrevalorado el poder de las redes sociales.

Código ético, redefinición de la estrategia electoral y mejorar la política de fichajes. Esos son, entre otros, los asuntos que se han abordado en este encuentro. Los rostros poco conocidos y algunos candidatos rana no han ayudado a la hora de atraer al electorado. “Ahora toca afinar en la supervisión de las listas”, admiten en Vox, donde se han ‘colado’ varios aspirantes con un pasado turbio o declaraciones comprometedoras.

El Comité Ejecutivo está compuesto por una veintena de personas, entre las que se encuentran las principales caras visibles de la formación: Santiago Abascal, presidente; Javier Ortega Smith, secretario general; Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales; o Rocío Monasterio, responsable de Acción Social.

Antes de las elecciones generales y durante la Asamblea General Ordinaria celebrada en febrero, el partido aprobó un nuevo código ético donde regulaba las normas de conducta que debían seguir los miembros del partido con responsabilidad pública o dentro de la formación. Son los famosos diez mandamientos de Vox, un decálogo de principios que todos los cargos públicos y orgánicos deben suscribir: defensa de España, vocación de servicio, lealtad, sacrificio...

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El insólito caso de Puigdemont
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 8 Mayo 2019

Es una pena que el caso de Puigdemont, jurídicamente hablando, no fuera objeto de análisis en el XXVI Congreso Mundial del Derecho, celebrado en Madrid hace dos meses. Los 2.000 juristas de 70 nacionalidades diferentes se hubieran quedado estupefactos de cómo el ex presidente de la Generalitat juega con el Derecho, hasta el punto de que se ha convertido en un caso insólito de cómo se pueden torear las normas lo mismo que hace El Juli con el toro. Se acabarían preguntando si Spain is different desde el punto de vista jurídico...

Si digo esto es porque, desde hace dos años, Puigdemont anda por Europa riéndose de algunos jueces españoles, logrando vivir en libertad cuando fue el protagonista del golpe de Estado que sufrió Cataluña en 2017 y cuyas secuelas todavía no han acabado. Para más detalle veamos respectivamente los relatos político y jurídico de los hechos.

Relato político. Por iniciarlo en una fecha determinada, aunque habría que ver sus raíces en años anteriores, podemos señalar el 28 de junio de 2010. Después de cuatro años de titubeos, el Tribunal Constitucional notificó la sentencia tan esperada en la que declaraba que el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña era parcialmente inconstitucional. Esa decisión fue especialmente mal acogida entre los soberanistas que, a partir de entonces, se radicalizaron hasta el punto de que el 11 de septiembre de 2012 se celebró una manifestación de más de un millón de catalanes desfilando por las calles barcelonesas.

El 25 de noviembre de 2012, los partidos independentistas, partidarios de un referéndum de autodeterminación, obtuvieron la mayoría de escaños en unas elecciones anticipadas que convoco el president Artur Mas. En consecuencia, el 9 de noviembre de 2014, se celebró una consulta ilegal sobre la independencia, a pesar de que el Constitucional había vetado el llamado referéndum de autodeterminación. Más de dos millones de electores, de los cinco millones y medio que conforman el censo, acudieron a votar, sabiendo que era ilegal y sin garantía alguna, y cuyo resultado, según el Govern, fue de un 80% a favor de la independencia.

Poco después, se celebraron nuevas elecciones autonómicas, el 27 de septiembre de 2015, en las que se presentó una alianza, Junts Pel Sí, formada por Convergència y Esquerra Republicana, obteniendo el 47% de los votos. Tres meses después, presionado por los radicales de la CUP, Mas presentó su dimisión y se nombró en su lugar al ínclito Carles Puigdemont, claramente independentista. A partir de ese momento, el objetivo del nuevo presidente de la Generalitat no sería otro que conseguir la independencia. Anunció un nuevo referéndum soberanista para el día 1 de octubre de 2017, preguntando a los electores si querían un Estado independiente en forma de República. Como es fácil de entender, se trataba, por segunda vez, de un referéndum de autodeterminación inconstitucional, que sería igualmente prohibido por el Gobierno de España

Mientras llegaba esa fecha, el Govern de Puigdemont presentó dos proyectos de ley, uno sobre la organización del referéndum y otro sobre la Transitoriedad en el que se creaban las estructuras del Estado que querían construir. En unas convulsas sesiones parlamentarias, el 6 y el 7 de septiembre, en las que se retiró la oposición, el Parlament aprobó las dos leyes inconstitucionales, pero no se disolvió la Cámara ni se tomó, por parte del Gobierno español, ninguna medida eficaz. Es cierto que, al menos la Guardia Civil, registró varias oficinas de la Generalitat, confiscando material electoral y deteniendo a 14 personas. Pero las urnas para la votación no aparecían por ninguna parte. En vista de ello, el presidente Rajoy dio por desmantelado el referéndum.

Pero las urnas aparecieron como por arte de magia y el bastardo referéndum se celebró en una jornada revolucionaria en la que hubo violencia sobre todo por parte de los independentistas y, sin embargo, también por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que no pudieron impedir las votaciones ilegales por la falta de colaboración de los Mossos de Esquadra, los cuales tenían orden de no impedir la votación. Mal que bien, se realizó la participación y el Govern, a ojo de buen cubero, dijo que el 90% de los votos de unos dos millones de electores estaban a favor de la ruptura con España. En ese momento, a pesar de todas las trampas ilegales que habíamos presenciado, a muchos demócratas españoles nos invadió el desánimo, acrecentado por la aparición de Rajoy diciendo, como si estuviese en Marte, que no se había celebrado el referéndum y que no pasaba nada.

Afortunadamente, el día 3, el Rey pronunció un discurso por televisión que tranquilizó a la mayoría de los españoles, denunciando la extrema gravedad de la situación, que había que atajar cuanto antes. Cinco días después se movilizaron miles de personas en Barcelona contra la independencia de Cataluña. Sin embargo, el golpista Puigdemont declaró en el Parlament, con la boca pequeña, que Cataluña era una República, adoptando la Declaración Unilateral de independencia. Por fin, Rajoy despertó de su letargo y el día 21 de octubre, de acuerdo con el PSOE y CS, se destituyó al Govern, convocando elecciones autonómicas. Al mismo tiempo, se decretó la detención de los miembros del Govern. El presidente de la Generalitat desapareció sin que nadie le detuviese antes de llegar a Marsella. El 3 de noviembre, la Audiencia Nacional dio la orden de su busca y captura para que ingresara en prisión junto con sus compañeros. Pero el pájaro había volado.

Relato jurídico. Puigdemont viajó hasta Bruselas y, cuando el Gobierno español, conoció su paradero, se envió una euroorden de captura pidiendo su extradición. Un Tribunal de un Estado miembro de la República Federal Alemana se negó a cumplir con los requisitos expuestos en los Tratados Europeos, alegando que no existía el delito de rebelión porque no se utilizó la violencia. Sobre la incompetencia de estos jueces he escrito dos artículos en estas páginas. Pero para recordar lo que sucedió de forma breve, diré que la rebelión definida en nuestro Código Penal no se debe circunscribir únicamente a los medios utilizados, sino especialmente a los fines que persigue.

De esta manera, el artículo 472 del CP específica, entre los seis fines que describen a la rebelión, cuatro que fueron el objetivo de Puigdemont: 1. Derogar la Constitución. 2. Acabar con la Monarquía. 3. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Y 4. Sustraer cualquier clase de fuerza armada (los Mossos de Escuadra) a la obediencia del Gobierno. Se ha discutido mucho sobre si lo importante eran los medios utilizados y no los fines que acabo de indicar. Es más: la violencia, como se está demostrando a lo largo del juicio sobre el procés, fue utilizada ampliamente por los independentistas.

Pero es que, además, el artículo 473.2 del C.P. señala que si se han esgrimido armas, y se han utilizado diferente tipos de violencia, la pena será mayor. Puigdemont debía estar en la cárcel lo mismo que sus compañeros. Respecto al derecho de sufragio pasivo, el punto 2 del artículo 23 de la CE establece que "los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes". En el caso que nos ocupa queda claro que existe una clara violación de este derecho respecto a los miembros del Govern que se encuentran en prisión provisional si se otorgan prebendas al presidente de todos ellos, huido de la Justicia española y que sí goza de la libertad de circular por Europa.

Por otro lado, cabe afirmar que Puigdemont, electoralmente, no existe, pues ni está inscrito en el censo de residentes en España ni en el de residentes en el extranjero (art. 31.2 de la LOREG). Pero, en sus malabarismos jurídicos, ha logrado de forma absolutamente increíble que el Tribunal Supremo, que no tiene competencia alguna en este asunto, haya dicho que Puigdemont y sus dos compañeros pueden presentarse a las elecciones europeas, en contra de lo afirmado por la Junta Electoral Central. Ello significa que los cinco miembros de la Sala tercera del TS se han excedido en sus funciones, porque, no siendo competentes, tenían que haber devuelto a los tres Juzgados de Madrid los recursos presentados.

Por lo demás, no hace falta describir todas las violaciones de artículos de la Constitución, del Estatuto catalán, del Reglamento del Parlamento Europeo o de varias normas más que exigen requisitos de tipo administrativo que no ha cumplido Puigdemont. Pero, para no cansar al lector, me limitaré a transcribir un párrafo del Acta del Parlamento Europeo de fecha de 8 de octubre de 1976, puesto al día, que dice exactamente lo siguiente: "Los Estados miembros notificaran sin demora al secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas el cumplimiento de las formalidades exigidas por sus respectivas normas constitucionales para la adopción de las disposiciones anexas a la presente Decisión".

En otras palabras: Puigdemont solamente podría obtener el acta de diputado europeo si cumple previamente los requisitos que se señalan en la legislación española y que consisten en recoger su documentación en la Sede de la Junta Electoral Central y prestar el debido juramento a la Constitución (artículo 108.8 de la LOREG) Todo esto, como diría Valle-Inclán, es un esperpento jurídico que se debería estudiar en las Facultades de Derecho para demostrar lo que no se debe hacer en un Estado de derecho. En definitiva, el deseo del ex president fugado parece que es semejante al del rey de Tailandia, que acaba de subir al Trono, pero nadie le vera sentado mucho tiempo en él, porque vive desde hace años y seguirá viviendo fuera del país.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Así son los votantes del 1-O
Pablo Planas Libertad Digital 8 Mayo 2019

Se supone que el propósito de los abogados defensores de los golpistas es impresionar al tribunal con el desfile de gente corriente que votó el 1-O. Gente corriente pero muy selecta, la flor y nata de esa parte de la sociedad catalana empeñada en defender sus derechos pisoteando los del resto de ciudadanos, que además son mayoría.

La afinada selección de la defensa contempla todos los perfiles, del prejubilado a la sencilla ama de casa, del profesor universitario a la abogada o el pequeño empresario, del carpintero a los informáticos. Dejan pinceladas de su activismo vecinal, político y social, miembros de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), de Òmnium, de las Cridas de Puigdemont, mangonean a su antojo en las asociaciones de padres y en las de coros y danzas.

La "idea" es que el 1-O toda Cataluña se levantó a las cinco de la mañana para votar, que la independencia es el anhelo general de las buenas gentes catalanas brutalmente aporreadas y que votar es un derecho. A los testigos del lazo se les nota, además, orgullosos. Se pasaron el día entero en los colegios. Muchos de ellos habían pernoctado incluso en los centros con los niños y los abuelos. Una cosa con talleres de manualidades y partidas de cartas, recitales de poemas y tal.

La Fiscalía se tomó la molestia de reflejar en su escrito de acusación los datos del referéndum proporcionados por la propia Generalidad. La cifra de votantes, según la administración autonómica, fue de 2.286.217 sobre un censo electoral que superaba en aquellas fechas los cinco millones y medio de personas. Así que los héroes cívicos y pacíficos del 1-O no llegan al 40% siempre que se den por buenas las cifras de la administración golpista ante la falta de acreditación de los votantes, la ausencia de órganos de control y las notorias irregularidades que se produjeron durante la jornada. De hecho, ni hay actas ni papeletas de tan magna ocasión. La gente, esa gente que ha perdido la memoria en el Tribunal Supremo, se llevó las urnas de recuerdo. Pedazo de fiesta de la democracia.

No son mayoría, pero sí los que llevan la voz cantante en la sociedad catalana, los que se juntan en Barcelona cada 11 de septiembre, los que corean que las calles serán siempre suyas, adictos al régimen nacionalista, probos ciudadanos cuyo voto siempre vale más. Ahora mismo sus jefes, que siguen en el golpe, presionan a Sánchez con el "mandato del 1-O", que es el del ciudadano Marimón y la señora Pepita que dicen contestar por imperativo legal al abogado de la acusación popular. Qué bárbaros.

VOX Baleares suprimirá la Ley de Normalización Lingüística para acabar con "la deriva catalanista"
OKDIARIO 8 Mayo 2019

Juan Nigorra, candidato de VOX al Parlamento Europeo, ha atacado al PP tras el giro de Pablo Casado, líder popular, de tildar a la formación de Santiago Abascal como "extrema derecha". El dirigente ha asegurado que el PP "es cosa del pasado", en relación con los resultados de los populares en Baleares tras el 28-A. Nigorra, además, ha señalado que si gana VOX se pondrá fin a la Ley de Normalización Lingüística aprobada por unanimidad en el Parlament en 1986.

"Mi hijo, que va a un colegio público, gracias a la normativa aprobada por el PP, todo lo hace en catalán que no en mallorquín", ha manifestado Nigorra durante un acto celebrado en El Rancho Picadero. Además, el candidato se ha mostrado partidario de que los padres "elijan con libertad" la lengua de escolarización para que "deje de haber imposiciones por motivos ideológicos".

En este sentido, desde Vox se han referido a la "deriva catalanista" y Nigorra ha considerado que, en Baleares, "el pancatalanismo se haya hecho un hueco favorecido por algunos partidos", aunque no ha definido cuáles.

El también experto en economía se ha referido a las propuestas de Vox en materia económica y ha reiterado en que la formación se ha mostrado partidaria de "eliminar gasto superfluo", acabar con las "duplicidades" en las administraciones y con "cargos políticos y asesores" ya que, según ha sostenido, "cuestan mucho dinero y no aportan nada". Cabe recordar que Vox ha propuesto el cierre del ente de Radiotelevisión pública de Baleares IB3.

"Lo ideal es centralizar gran parte de las competencias para que todos los españoles tengan los mismos derechos y a la vez se ahorre dinero y se apueste por los funcionarios", ha defendido Nigorra, quien, asimismo, se ha referido a los resultados electorales de los comicios generales del 28 de abril. "Fueron unos resultados excelentes para Vox y no tanto para otros partidos, hemos pasado de cero a 24 diputados y me sabe mal decir que el PP es algo del pasado", ha resuelto.

Los embustes del candidato Puigdemont
Liberal Enfurruñada okdiario 8 Mayo 2019

«Perquè torni el president, s’ha de votar el president» -para que vuelva el presidente se debe votar al presidente-. Éste fue el eslogan del vídeo con el que Junts per Catalunya engañó a los catalanes hace poco más de un año, prometiéndoles que el fugado de la justicia Carles Puigdemont volvería a España para ser investido de nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña, en el caso de ser el más votado en las elecciones autonómicas que se celebraron el 21 de diciembre de 2017. En el vídeo se veía al prófugo paseando por un bosque belga mientras una voz en off recordaba a los golpistas encarcelados y a los que, como él, habían huido de la justicia, tanto de su partido como de ERC, contra quienes competían electoralmente. El engaño funcionó y con esta mentira Puigdemont consiguió dar más pena que el encarcelado Oriol Junqueras.

Que no iba a volver lo sabíamos todos, excepto los 948.233 pardillos que decidieron tragarse la bola y votarlo para nada. Su escaño sigue tan vacío como los de sus compañeros de candidatura encerrados en prisión preventiva, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull quienes, como Puigdemont, decidieron además no nombrar un diputado que los sustituya -como sí hicieron los políticos de ERC Junqueras y Romeva– dejando al Parlamento de Cataluña sin capacidad para aprobar nada. Y lo mismo que sabíamos entonces que Puigdemont estaba mintiendo también lo sabemos ahora cuando de nuevo promete que regresará a España si resulta elegido Eurodiputado gracias a que la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria le permitiría moverse por todos los Estados miembros de la UE desde el mismo momento en que se proclamase su elección, incluso antes de recoger el acta, motivo por el que no podría ser detenido, dice.

Pero es otra mentira, por todos es sabido que la inmunidad en la Eurocámara es de aplicación exclusivamente “por actividades cometidas durante su mandato como eurodiputado.” En concreto, la inmunidad en Europa se refiere a que “los diputados al Parlamento Europeo no pueden ser investigados, detenidos ni procesados por las opiniones expresadas o los votos por ellos emitidos en calidad de diputados al Parlamento Europeo”. Exclusivamente en ese caso no podrían ser detenidos ni procesados en su territorio nacional. Sin embargo, se añade: “La inmunidad no puede invocarse en caso de que un diputado haya cometido un delito o las autoridades judiciales competentes alberguen sospechas al respecto”. Por este motivo los servicios jurídicos de la Eurocámara ya han confirmado que Puigdemont podría ser detenido en cuanto cruzase la frontera para cumplir con el requisito de acudir a Madrid para jurar o prometer el cargo y ser incluido en la lista de eurodiputados que las autoridades españolas comunicarán al Parlamento Europeo.

Puigdemont no volverá a España, luego no será eurodiputado. No le importa en absoluto que los intereses de sus votantes queden sin voz en el Parlamento Europeo, sólo quiere dar titulares a la prensa internacional y burlarse de las instituciones españolas. Nuestra legislación es clara, mientras siga fugado en rebeldía no podrá ostentar ningún cargo público, pero la fiscalía, en dependencia jerárquica de Pedro Sánchez, se ha posicionado a favor de que se le permita ser candidato, lo que ha condicionado una muy discutible decisión de los tribunales de justicia. Igual que Rajoy le dejó fugarse y acató sin rubor las afrentas de los juzgados belgas y alemanes, Sánchez permite ahora que un golpista prófugo se presente como candidato para representar a España en el Parlamento Europeo y así seguir haciendo propaganda contra nosotros en las instituciones europeas, subvencionando su campaña electoral con nuestros impuestos, a cambio de sus votos en el Congreso de los Diputados.

Propaganda independentista y filoetarra en Kutxabank
www.latribunadelpaisvasco.com  8 Mayo 2019
La oficina que la entidad financiera Kutxabank posee en la Avenida de Madrid de San Sebastián, una de las principales de este banco en la capital guipuzcoana, mantiene en sus vitrinas publicidad de hipotecas, planes de pensiones y de otros productos financieros, pero también propaganda independentista difundida por la organización filoetarra EH Bildu, marca de la antigua ETA-Batasuna.

Concretamente, y tal y como se recoge en la fotografía, la propaganda secesionista difundida por Kutxabank a través de sus carteles, colocados en el interior de la oficina, muestra una imagen del escritor donostiarra José Luis Álvarez Emparanza (1929 - 2012), conocido en los ámbitos nacionalistas como "Txillardegi" y considerado como uno de los fundadores de la banda terrorista ETA y de la ilegalizada Herri Batasuna, brazo político de la organización criminal.

El póster que ahora se exhibe en el escaparate de la oficina de Kutxabank, firmado por EH Bildu, reproduce una frase de Emparanza en euskera que dice lo siguiente: “Con un Estado, quizás, el euskera no se salva, pero, sin Estado, seguro que no”.
 


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