AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 5  Junio 2019

Lo que quieren los representados
Mateo Requesens eltorotv.com 5 Junio 2019

Los medios de comunicación de la vieja derecha están empeñados en doblar el brazo a Santi Abascal para que trague con apoyar, a cambio de nada, los gobiernos de PP y C,s. Sí, sí, ya sabemos que Carmena es malísima y que el PSOE es una ruina moral para España y material para nuestros bolsillos. Pero con este análisis cortoplacista y simplista de la vieja derecha, lo único importante es que la izquierda gobierne lo menos posible. Y de paso que gobiernen ellos, claro.

Pero así no solucionaremos nada, salvo la carrera política de Casado y las ansias de poder de Rivera. El gran problema que tiene la sociedad española, por un lado, afecta a la subsistencia de España como Nación, por otro, al indiscutible predominio de la ideología progresista, relativista y materialista, como forma de concebir la cultura y el mundo. Lo esencialmente importante no es por tanto que gobierne el ayuntamiento de Madrid Almeida o Carmena, o la Comunidad, Ayuso o Gabilondo, lo importante es cambiar el signo de la sociedad. Lograr reconstruir la comunidad nacional, con la adhesión de la mayoría de los españoles a un proyecto común que lleva cientos de años en marcha. Lograr un cambio de actitud en la opinión pública para que se cuestione los axiomas políticamente correctos que le han impuesto de arriba abajo.

Y para conseguirlo, es necesario cambiar. Cambiar la forma de hacer política de la vieja derecha, que abandonó los medios de comunicación al dominio de las izquierdas y renunció a hacer frente a las ideas “progres”. Cambiar el oportunismo político por la defensa de valores y principios. Cambiar el consenso que consiste en ceder ante el avance moral de la izquierda para evitar ser señalados como “fachas”, por la firme defensa de posiciones patrióticas, la identidad de la comunidad nacional, la civilización cristina, el derecho de propiedad y la economía de mercado inseparable de la justicia social.

La Alianza Popular de Fraga o el PP de Aznar, a base de no plantar cara, ha descendido al extremo de contar con dirigentes como Feijoo o Alonso, cercanos al nacionalismo, o Maroto o Lasalle, cercanos a la socialdemocracia. En cuanto a Ciudadanos, sus votantes, cegados por su oposición al nacionalismo catalán, aún no se han apercibido que su antinacionalismo también lo es contra la Nación española. No creen en ninguna Nación, creen en el mundialismo y en la disolución de la soberanía del pueblo español en entidades supranacionales dirigidas por fuerzas ocultas. Excesivamente generoso ya es VOX con aceptar sentarse al lado de la veleta naranja. No ya por su despectivo trato hacía la formación y el deprecio a sus votantes, ni por su oportunismo, sino porque sus postulados se oponen a la reivindicación de España como Nación.

Entendemos el posibilismo. Pero sin olvidar que muchos de los votantes de VOX hemos depositado nuestra confianza en Abascal con la esperanza de vernos por fin representados, no para perpetuar la tiranía del consenso que impide cualquier cambio en el desgraciado rumbo de España, sino para lograr una nueva derecha lejos de ese invento del centro democrático, mezcla de socialdemocracia y democraciacristiana, destinado a preparar el camino al mundialismo y a desarmar el potencial del pueblo español para enfrentarse a la progresía y al proceso de desnacionalización o mejor dicho, desespañolización, de nuestra sociedad.

Los representados, votantes de VOX, exigimos a nuestros representantes que hagan todo lo posible para terminar con estas políticas que nos han llevado al borde del precipicio, rompiendo sin ningún miramiento con ese consenso, si sólo sirve para perpetuar la servidumbre de la sociedad a lo políticamente correcto y a la perdida de los vínculos de solidaridad que nos unen en una comunidad nacional.

Por ello aplaudimos a que Francisco Serrano y VOX rechacen en Andalucía unos presupuestos que aumentan el gasto público en un 5 %, destinan importantes partidas a la publicidad guerracivilista de la izquierda y su memoria histórica o siguen financiando la propaganda de la ideología de género, sin desmontar las redes clientelares que viven a la sombra de la subvención y las ayudas.

Y por ello creemos y esperamos que Abascal y VOX no nos defrauden y sigan plantando cara, sin ceder a presiones mediáticas, porque así, por fin en España, avanzaremos hacía una auténtica democracia de ciudadanos, a los que sus representantes respetan defendiendo sus valores, en vez de una democracia formal de partidos que sólo buscan votos para acceder al poder político y económico.
 
Órdagos irresponsables en la derecha
Editorial ABC 5 Junio 2019

El centro derecha en España se ha instalado en una espiral de órdagos irresponsables que dificulta cualquier alianza para impedir gobiernos de izquierda allí donde PP, Cs y Vox suman mayoría suficiente para gobernar. En el colmo del postureo, Vox amagó ayer con dinamitar el Gobierno andaluz al rechazar los presupuestos presentados por Juan Manuel Moreno y Juan Marín, al considerar que están viciados por un «marxismo cultural». Y Cs, en un nuevo ejercicio de barroquismo político confuso, planteó soluciones metafísicamente imposibles: negociar acuerdos con el PP de modo preferente, pero sin Vox presente ni tampoco integrado en ejecutivos de coalición, lo cual es tanto como vetar de facto cualquier mayoría alternativa a la izquierda. Aunque meses atrás Rivera sí compartió fotografía con Abascal en la plaza de Colón de Madrid, Cs no quiere ahora imágenes «negociando» con Vox, pero extrañamente sí admite fotos con ese partido para «comunicarles» los acuerdos que hayan alcanzado Casado y Rivera. A su vez Vox no solo pone en peligro la mayoría conservadora de Andalucía, sino que exige entrar en los equipos de gobierno. Y para rematar la sobreactuación, Cs se abre a pactos alternativos con el PSOE de Pedro Sánchez en aquellos territorios donde no consiga una mayoría con el PP y sin Vox. Pero todo, bajo la premisa de que los presidentes autonómicos socialistas renieguen de Sánchez... Cs solo impone condiciones incumplibles.

En realidad, todo se reduce a un galimatías teatral e impostado, basado más en un tacticismo mareante que en una negociación realista. Si Cs y Vox se vetan, España está abocada a una nueva etapa de bloqueo en varias autonomías o a regalar más triunfos a Sánchez. Por eso es secundario si hay o no fotografías de una negociación, o si un partido tiene más o menos consejeros en una coalición. La política responde a una demanda del votante para conformar mayorías, garantizar la gobernabilidad y generar estabilidad. Más aún: bajo la cobertura que le da esa pretendida superioridad moral que siempre ejerce, el PSOE no tiene rubor alguno en ceder ante la extrema izquierda -que sí existe en España-, o ante el independentismo más agresivo. En cambio, la derecha se tienta la ropa por las consecuencias que pueda tener una fotografía. ¿A qué vienen tantos complejos de PP, Cs y Vox a hacer algo tan legítimo como lo que hace la izquierda, que además presume de ello? ¿Qué motivo hay, y qué es tan lesivo para Cs o Vox, para impedir gobiernos demandados por una mayoría centrista y conservadora del electorado? La única respuesta es dañar al PP, que por cierto ha superado con creces a esos dos partidos el 26-M. Los pruritos de la eterna ambivalencia de Rivera ya no sirven, como tampoco deberían servir los chantajes de Abascal. La derecha debe pactar porque es prioritario que Sánchez no logre más poder.

Juicio 1-O: la independencia de la Fiscalía frente a la sumisión de la Abogacía del Estado
EDITORIAL Libertad Digital 5 Junio 2019

Con disparatados argumentos como el de que "no se puede equiparar la violencia con el uso de la fuerza" a la hora de perpetrar un delito, o el de que la violencia empleada por el delincuente, para ser considerada como tal, ha de ser "suficiente y proporcionada" para el fin perseguido, la Abogacía del Estado ha confirmado su bochornosa negativa a acusar a los golpistas del 1-O de un delito de rebelión –frente a lo que sí que ha hecho la Fiscalía–, acusándolos en su lugar de sedición, penado con mucha menos severidad.

Resulta surrealista que la representante del Gobierno contraponga la "violencia" al "uso de la fuerza", cuando la comisión violenta de un delito implica, precisamente, el uso de la fuerza. No menos alucinante es su consideración de que la violencia registrada en el 1-O "no tenía entidad suficiente" para que los acusados alcanzaran sus metas. Y lo es por varios motivos. En primer lugar, porque el hecho de que el delincuente no obtenga lo que pretendía nada dice sobre si empleó la violencia a la hora de cometer el delito. Y segundo porque, siendo obvio que los golpistas no lograron el reconocimiento de iure para su referéndum y su posterior declaración unilateral de independencia, lo cierto es que celebraron la votación y proclamaron la independencia de Cataluña desde la más radical ilegalidad.

Lamentablemente, a nadie debería sorprender que la Abogacía del Estado haya fungido de correa de transmisión de un Pedro Sánchez que cuando se encaramó a la presidencia del Gobierno dejó de ver en el golpe de Estado secesionista el delito de rebelión que sí viera antes de acceder a la Moncloa... de la mano de los separatistas. Eso, por no recordar la escandalosa defenestración del abogado de Estado Edmundo Bal tras negarse a firmar el primer escrito de acusación, en el que no se hacía una sola referencia a la violencia, mientras que en el de la Fiscalía se la mencionaba en más de veinte ocasiones. Si la abogada general del Estado, Consuelo Castro, destituyó a Bal por negarse a firmar el referido escrito, cómo extrañarse de que la sustituta de Bal, Rosa María Seoane, haya tratado de ocultar o de quitar gravedad a los actos de violencia del 1-O, de los que en el juicio se han dado sobradas pruebas y testimonios.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado son organismos dependientes del Gobierno; pero mientras el fiscal Javier Zaragoza ha mostrado independencia de criterio frente al Ejecutivo, las abogadas del Estado Castro y Soane han quedado como meras lacayas de un Gobierno tan condescendiente que incluso baraja la posibilidad de indultar a los golpistas.

Y es que, desgraciadamente, Sánchez está más preocupado por sus alianzas de gobierno que por velar por el imperio de la Ley.

Esta no es la oportunidad de Vox
Carmelo Jordá Libertad Digital 5 Junio 2019

Vaya por delante que la actitud de Ciudadanos con el asunto de los pactos y las no negociaciones con Vox me parece patética. Me gustaría usar un término más suave para la cuestión, porque, puesto en la balanza, el partido de Albert Rivera creo que es bastante más positivo que negativo para la vida política española; pero la hipocresía de la que hace gala en este tema me resulta especialmente repugnante, sobre todo porque se la permite a costa de unos votantes del centro-derecha que, sinceramente, bastante tenemos ya con lo nuestro.

Es indiscutible que Ciudadanos está en su perfecto derecho de no querer estar en un gobierno o un ayuntamiento en los que esté Vox, pero no puede negarles una mínima negociación formal si aspira a obtener su voto en una sesión de investidura.

Yo creo, además, que esa actitud acabará volviéndose en contra del partido, en primer lugar por hipócrita y chulesca; y en segundo porque su electorado lo ha votado para desalojar a la izquierda del poder –en esta ocasión no puede haber dudas sobre eso, después de la virulencia con que los de Ciudadanos han marcado distancias con el PSOE tanto en las generales como en las autonómicas–, y se sentirá más cerca o más lejos de Vox, pero de quien se siente definitivamente lejos es de Carmena, por poner un ejemplo.

Una vez dicho lo anterior, creo que Vox también se está equivocando en esta encrucijada, si bien es cierto que su situación es ciertamente difícil. Personalmente, no me gustan ni el tono numantino de sus seguidores ni el aire orgullosamente suicida de sus dirigentes, porque más de dos millones y medio de personas no han votado a Abascal para que éste prefiera ahora el "harakiri político", tal y como ha dicho este martes en esRadio, sino para lidere un partido útil. Y hoy en día la utilidad de Vox vendrá definida por que pueda colaborar en la formación de mayorías de centro-derecha que eviten, por ejemplo, que Madrid caiga en las garras de Gabilondo, Errejón y Serra, panorama escalofriante donde los haya.

Entiendo que Vox tiene que evitar dar la sensación de que es el partido de los trágala, pero aún así debe ser consciente de que su gran oportunidad no está en las investiduras de ahora, sino en los presupuestos que se han de negociar en los próximos meses en las autonomías y los municipios en que su voto será determinante. Y, ojo, que investidura hay una por legislatura, pero presupuestos hay cuatro.

Es ahí donde, jugando sus cartas con cierta habilidad –como, por cierto, no parece que esté haciendo en Andalucía–, puede imponer alguna de las políticas razonables y útiles que lleva en sus programas, que las hay, y obtener un legítimo rédito político de ello.

Si por el contrario lo que hace es bloquear el desalojo de este PSOE y sus peligrosísimos acólitos podemitas o facilitar su llegada al poder, mucha gente empezará a preguntarse para qué sirve un partido al que algunos acusan ya de dividir el voto del centro-derecha y movilizar a la izquierda; sólo le faltaría dar comunidades y ayuntamientos al PSOE para acabar siendo lo que los estrategas monclovitas están deseando que sea: el Caballo de Troya definitivo contra la derecha.

Cuidado con el caballo de Ciudadanos
Nota del Editor 5 Junio 2019

Vox está para defender España y Ciudadanos no se sabe, nunca ha defendido a los español hablantes y está tan seriamente preocupado por Vox que no para de insultar a quienes apoyamos a Vox porque defiende España. Vox es el espejo donde aparecen todas las miserias del PP y Ciudadanos, El PP trata de disimular, tiene una gran maquinaria que mantener, pero ciudadanos no tiene el fuste necesario y ataca a los defensores de España en lugar de atacar a quienes la estan destruyendo.

El festival de simplezas de nuestra ‘Izquierda Chiflada’
Pedro Carlos González Cuevas okdiario 5 Junio 2019

En una intempestiva contestación a mi artículo sobre la figura de Manuel Fraga, publicada en la revista Rebelión, el señor Salvador López Arnal se permite no sólo despreciar olímpicamente su contenido, sino descalificar sumariamente a OKDIARIO.

Conozco la producción intelectual del señor López Arnal, discípulo del filósofo comunista Manuel Sacristán, y arquetípico representante de nuestra “looney left”; “izquierda chiflada”, como dicen los conservadores británicos. Su airada y torpe respuesta sólo puede ser interpretada en un contexto sociocultural como el español. En una semblanza de Voltaire, Ronald Barthes caracterizó al autor de Cándido como “el último escritor feliz”, ya que disfrutó del privilegio de no tener críticos de su altura o que se atrevieran a poner en duda sus planteamientos. En ese sentido, la izquierda española puede considerarse, hasta ahora, como una izquierda “feliz”, ya que nuestra sedicente derecha intelectual, si es que existe, abandonó hace bastante tiempo el debate cultural. Por eso, los representantes de la izquierda intelectual, más o menos chiflada, puede decir las mayores insensateces sin suscitar la menor réplica.

Así, la novelista Almudena Grandes, en una conversación con el comunista Gaspar Llamazares, afirma: “Aquí el PCE no fue un partido que tuviera nada que ver con las purgas de Stalin, ni con el socialismo real. Fue un partido de oposición, el partido que mantuvo encendida la luz de la democracia durante treinta y siete años de dictadura, y es esa es la verdad. Hay una tradición de unidad, disciplina, generosidad, deseos de ser útiles y responsabilidad que merece la pena reivindicar”. ¿Habían leído ustedes en alguna ocasión embustes de tal envergadura? Por poner algunos ejemplos palmarios, ¿no tuvo nada que ver el PCE, durante la guerra civil, con el asesinato de Andrés Nin? ¿Tampoco tuvo nada que ver en el desarrollo de las masacres de Paracuellos del Jarama? ¿Y en el genocidio eclesiástico?

A ese respecto, me resulta difícil discernir qué resulta más pornográfico en la obra de la señora Grandes: si su libro Las edades de Lulú, sus novelas pseudo-históricas o sus opiniones políticas. Esa misma izquierda “feliz” no duda en exhibir a un indocumentado de cuarta regional como Antonio Maestre, presentándolo nada menos que como un historiador, cuando se arrugó ante Fernando Sánchez Dragó.

Camisa azul y marcial correaje
Y esto es lo que le ocurre al señor López Arnal, que se siente poco menos que impune a la hora de pontificar y condenar. Como historiador del pensamiento español, me ha interesado la figura de su maestro Manuel Sacristán Luzón. He leído el conjunto de su obra, cuyo contenido me decepcionó. Su figura me recuerda a Naphta, el siniestro personaje de La Montaña mágica, de Thomas Mann, al parecer inspirado en la persona del filósofo marxista Georg Lukács, tan del gusto de Sacristán y de López Arnal. Y es que, en gran media, sus contemporáneos coinciden con esa interpretación. Alberto Oliart lo describe, en sus memorias, como hombre de “camisa azul y marcial correaje”; Carlos Barral como un dogmático; y Eugenio Trías como un profesor universitario proselitista y manipulador, un auténtico “vampiro de almas”.

Competente en lógica formal, Sacristán fue incapaz de elaborar una concepción racional del mundo a través del marxismo. De hecho, su obra se reduce a panfletos y materiales, textos de ocasión y en general polémicos. Fue derrotado por Gustavo Bueno en su polémica sobre el papel de la filosofía en los estudios superiores. Falangista en su juventud, quizá su mejor obra sea una semblanza intelectual de José Antonio Primo de Rivera para un diccionario.

Políticamente, se sintió identificado con las figuras de la terrorista alemana Ulrike Meinhoff y con el indio Gerónimo. Rechazó el eurocomunismo como el último repliegue de un movimiento comunista en decadencia. Y sometió a una crítica inmisericorde el proceso de transición a la democracia liberal. Marxista y leninista, se mostró contrario al capitalismo y la democracia liberal, pero no fue capaz de elaborar una alternativa ni al uno y ni al otro. Eso sí, acaudilló una caterva de discípulos, cuyo miembro más carismático fue Francisco Fernández Buey, que, al final, se convirtió en un mero vulgarizador y apologista de Savonarola y del Che Guevara.

En lo que respecta a mi artículo, el señor López Arnal se equivoca o lee mal. La cita de Gil de Biedma se encuentra perfectamente documentada: “Carta de España (todo en Nochevieja en nuestra literatura al comenzar 1965)”. Ensayos Completos. Seix Barral. Barcelona, 2017, p. 280. Y mi aserto sobre la homofobia de Sacristán no se basa en los testimonios de Esperanza Aguirre, sino en la biografía que Miguel Dalmau dedicó a Gil de Biedma, que recoge el testimonio del economista Fabián Estapé, quien afirma que el filósofo comunista fundamentó su negativa a la entrada del poeta en el PCE en un texto de Lenin, porque “todos los homosexuales son víctimas de su naturaleza y pueden hacer peligrar la seguridad del Partido”. Ni más ni menos. Los alegatos del señor López Arnal en su obra La observación de Goethe son meramente apologéticos y nada convincentes.

El Gulag, "un estímulo productivista y pedagógico"
No pocos discípulos de Sacristán se han agrupado en torno a la revista barcelonesa El Viejo Topo, que yo leo todos los meses, y a la editorial del mismo nombre. Aquí nuestra “looney left” brilla en todo su esplendor. Daré algunos datos, pocos para no cebarme. La editorial El Viejo Topo ha publicado dos obras del filósofo comunista Domenico Losurdo, Contrahistoria del liberalismo y Stalin, Historia y crítica de una leyenda negra.

En el primero de los libros, interpreta el liberalismo como “una ideología de dominio y hasta una ideología de la guerra”. Losurdo es especialmente duro con Burke y Tocqueville, como apologistas de la esclavitud y de la explotación económica. En cambio, se muestra tolerante hasta el irenismo, en su segunda obra, con la figura de Stalin. No considera que su régimen fuese totalitario y lo caracteriza como una “dictadura de desarrollo”. Niega la existencia del “holocausto” en Ucrania. No llega a discutir la existencia del Gulag, pero banaliza su significado y características, ya que considera que en su interior predominaba no un proyecto de exterminio, sino “un estímulo productivista y pedagógico”. Y es que en el Gulag el detenido es un “compañero” potencial obligado a participar en condiciones de especial dureza en el esfuerzo productivo de todo el país, y después de 1937 es en todo caso un "ciudadano potencial".

No menos escandalosas son sus apologías en El Viejo Topo de Fidel Castro como líder comunista. Y su admiración se trasladó a Hugo Chávez, a quien, tras su muerte, El Viejo Topo dedicó un número extraordinario de la revista, con el título de Chávez Vive. Juan Carlos Monedero le dedicó una oración fúnebre, en la que el líder bolivariano aparecía como el gran enemigo del “fascismo” y del “neoliberalismo”. Hay que reconocer que cierta literatura de “looney left” resulta insuperable en simplezas y necedades. El Viejo Topo se ha tomado en serio, además, al sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, a quien Víctor Ríos y Miguel Riera entrevistaron para la revista barcelonesa, dedicándole ¡catorce páginas! Todo un hallazgo.

Por todo ello, la lucha contra nuestra “izquierda chiflada” es un imperativo categórico. Frente a ella, es necesaria la elaboración de una auténtica reforma intelectual y moral, no la del comunista Antonio Gramsci, sino la del liberal-conservador Ernest Renan.

Pedro Carlos González Cuevas es profesor titular de Historia de las Ideas Políticas y de Historia del Pensamiento Español en la UNED.

Ciberataque a Vox
La IP de Defensa del ataque a Vox está en un centro de comunicaciones militares
Carlos Cuesta y Pelayo Barro okdiario 5 Junio 2019

Un complejo de edificios del Ministerio de Defensa, en el que se ubica uno de los centros clave en las comunicaciones de las Fuerzas Armadas, aparece como el lugar donde está registrada la dirección IP que atacó a Vox durante la campaña del 28-A.

El rastreo de la dirección IP adscrita al Ministerio de Defensa que figura entre las que atacaron a Vox apunta hacia una dirección física de Madrid: el número 289 de la calle Arturo Soria. Allí se encuentran las oficinas centrales del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Unas instalaciones clave para las Fuerzas Armadas, ya que por allí pasan todas las comunicaciones informáticas de los usuarios adscritos a Defensa.

Técnicos forenses continúan analizando los detalles del ciberataque que tumbó los servidores de Vox antes del 28-A. Fueron, como desveló OKDIARIO, múltiples ataques realizados mediante la técnica de ‘denegación de servicio’. La Guardia Civil también ha abierto una investigación, en la que se reflejan los datos obtenidos por la firma Funcionalia por encargo del partido de Santiago Abascal.

Lo más significativo hasta el momento de esa investigación es la aparición de al menos una dirección IP -la ‘matrícula’ que identifica a un ordenador conectado a internet- correspondiente al Ministerio de Defensa. En concreto, la ‘193.33.3.234’.

Un rastreo a ese número ofrece datos técnicos sobre quién se encuentra detrás de ese ordenador. Y en este caso, uno de los más sorprendentes es la ubicación del propietario de esa IP: el número 289 de la calle Arturo Soria de Madrid.

Centro clave para Defensa
El motivo principal por el que la dirección ‘Arturo Soria 289’ figura tras la IP que atacó a Vox es que en esa ubicación se encuentra el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC). Desde la calle se puede ver la presencia de una imponente antena de comunicaciones, aunque el resto de las instalaciones permanecen ocultas al público y cubiertas por un muro de gran altura.

Se trata de un organismo, con un general de división al mando, que depende directamente de la Secretaría de Estado de Defensa. Su misión es proporcionar “servicios de la infraestructura integral de información para la Defensa”. Es decir, gestiona servicios de telefonía, correo electrónico, almacenamiento de información, acceso a bases de datos internas y navegación por internet para los usuarios adscritos al Ministerio.

En la práctica, según ha sabido OKDIARIO, por allí pasan todas las comunicaciones informáticas -entrantes y salientes- que se producen en Defensa. En el Órgano Central del Ministerio, el Estado Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, del Aire, la Armada y la UME. Y también se gestionan las comunicaciones con el exterior de todas las unidades desplegadas en misión internacional.

Epicentro de comunicaciones
El CESTIC, en definitiva, es el epicentro de las comunicaciones militares de la red de propósito general o ‘WAN PG’. Los paquetes de datos que se lanzaron masivamente contra los servidores de Vox con la intención de tumbar los servidores pasaron por este núcleo sin que, al parecer, fuesen detectados.

Este centro está ubicado en un complejo de edificios perteneciente al Ministerio de Defensa. Entre las instalaciones que comprende este recinto está la base de la AGRUMAD, la Agrupación de Madrid de Infantería de Marina. Al otro lado del recinto se ubican las llamadas Torres Ágora, un gran edificio que alberga a la mayor parte del personal adscrito al Ministerio de Exteriores. Y en las proximidades hay embajadas como la de Arabia Saudí, India, Libia o Corea del Sur. Un distrito ‘blindado’.

No fue fortuito
El ciberataque realizado desde IPs del Ministerio de Defensa y el PSOE no es confundible con actos fortuitos y sin intención de tumbar los servicios digitales del objeto bombardeado, en este caso el partido político Vox. Como certifica la denuncia y el informe forense presentado por Vox ante la Justicia, el ataque se ha producido con un carácter “continuado y dirigido a la página web de www.voxespana.es".

Y pese a que los mecanismos de defensa de la Home del partido de Abascal consiguieron impedir que se accediera a “archivos físicos alojados en el servidor web”, lo cierto es que “los atacantes han utilizado medios públicos de consulta en servidores de nombres para dirigir los ataques contra el servidor o servidores”, que se han utilizado en estos bombardeos esquemas de ataque altamente sofisticados como “un sistema de ataque DoS (Denial of Service) que pretendía saturar y sobrepasar los recursos técnicos de la máquina”; como “técnicas de ataque consistentes en la inyección de código SQL a través de peticiones a la página y contra los manejadores de los distintos formularios”; “escaneos de puertos masivos a la máquina”; “manipulación de paquetes TCP para simulación de paquetes contra la IP de la máquina atacada”; “paquetes dirigidos a puertos operativos de la máquina para saturar la interfaz de red y el firewall”; o “ataques, principalmente mediante navegadores de ordenadores secuestrados o “botnets” infectados con un malware controlado por los atacantes”.

Todo ello para llegar a superar los “30.000.000 millones de solicitudes en un período de 4 horas, en diferentes franjas horarias” con un objetivo “muy concreto de afectar a los servicios digitales de nuestro cliente de cualquier forma y a cualquier precio”, tal y como señala ya la documentación en poder de la Justicia y de la Guardia Civil.

La estrategia está clara y la gravedad es indudable al aparecer una IP del Ministerio de Defensa en un bombardeo con cuatro ataques distintos. Lo que avala la tesis de que, si el ordenador estaba secuestrado, lo estuvo de forma intensa y superando los controles oficiales del departamento.

Investigación en Defensa
El Ministerio de Defensa, tal y como informó OKDIARIO, inició una investigación interna para determinar cómo pudo un ordenador o varios adscritos a su red participar en este ciberataque contra Vox.

La hipótesis inicial del departamento de Margarita Robles apunta a que podría tratarse de un ordenador infectado por un virus. Lo que ha venido denominándose un ‘zombi’, un dispositivo sobre el que un hacker externo toma el control en un momento dado.

Eso no explica, sin embargo, el porqué no fue detectada esa supuesta invasión externa en ordenadores de la red de Defensa. Ni cómo los organismos que velan por la seguridad de las redes de comunicación militares no pudieron detectar ese tráfico de datos inusual, sistemático y masivo contra los servidores de Vox.

Hace tres meses Defensa admitió que sus servidores habían sufrido un ataque exterior de larga duración. Comenzó en las últimas semanas de 2018 y no fue detectado hasta principios de marzo.

Días después, Margarita Robles acudió en persona a la sede del CESTIC, en la citada Arturo Soria 289, para recibir explicaciones directas de los mandos sobre el ciberataque. Una invasión en las redes de Defensa de la que aún no se conoce alcance exacto.

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VOX acusa a los golpistas de organización criminal
Agencias eltorotv.com 5 Junio 2019

Rinde homenaje a los fiscales José Manuel Maza y José María Romero de Tejada y al juez de Barcelona que instruyó la causa del 1-O.

La acusación popular que ejerce Vox en el juicio por el proceso independentista en Cataluña ha defendido este martes en su informe de conclusiones que en el otoño de 2017 hubo una rebelión cometida por una «organización criminal» que diseñó una estrategia «concertada, coordinada», con una «unidad de acción» dirigida a «romper la organización política del Estado».

Así lo ha manifestado el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en su último alegato ante el tribunal, al que ha explicado por qué su acusación incluye el delito de organización criminal para todos los procesados, salvo para el exconsejero Santi Vila, además de los de rebelión y malversación de caudales públicos.

Ortega Smith ha afirmado que, en su opinión, el plan separatista fue ejecutado por una organización criminal en la que había tres patas: el Ejecutivo regional que se encargaba del plano «operativo», el Parlamento catalán para la creación de un «marco legal paralelo» y asociaciones civiles que mantenían la movilización ciudadana.

Unidad de acción perfectamente planificada
Estos actores, ha apuntado, formaban una «organización cuanto menos heterogénea y compleja dirigida a romper la organización política del Estado, la Constitución, el Estatuto de Cataluña y la unidad de la nación» y que mantuvo «una unidad de acción y de propósito» a través de actuaciones «perfectamente planificadas».

Para ello, según Ortega Smith, se diseñaron varias «estrategias», empezando por las leyes de desconexión -ley de transitoriedad jurídica y ley de referéndum-, siguiendo con la creación de las estructuras de Estado de la futura república catalana, un plan de comunicación interno y externo y un reparto de tareas para la consecución de una rebelión, todo ello utilizando «fondos públicos» y todos los niveles de la administración autonómica.

Ha sido el abogado Pedro Fernández quien se ha dedicado a argumentar la acusación de Vox por rebelión. Tras analizar todas las pruebas aportadas a la causa, ha asegurado que los acusados –salvo el exconsejero Santi Vila– «pretendieron culminar el más sofisticado proceso golpista que jamás se ha producido en una sociedad moderna».

No comparar con ‘golpes’ del pasado
Y aunque la Fiscalía ha hecho durante su informe una alusión a la sentencia condenatoria por este delito por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Fernández ha indicado que el golpe de Estado catalán no puede compararse con «otros procesos golpistas del pasado». «Cualquier comparación de los hechos con situaciones de violencia del pasado resulta indebido jurídicamente».

A continuación, el abogado de la acusación popular ha comenzado a describir las circunstancias por las que, en su consideración, el delito que se contempla en el artículo 472 del Código Penal encaja perfectamente con los hechos enjuiciados. Así, ha recalcado que es «falso» que la diferencia entre el delito de sedición y de rebelión lo marque la violencia.

«Para que alzamiento sea violento no es imprescindible que haya daños a personas o bienes, sino cuando se muestra la disposición a usar la fuerza», ha añadido Fernández, al mismo tiempo que ha señalado que la rebelión se cumple en el momento que los acusados han intervenido de forma «múltiple» y han hecho un «reparto de funciones» para culminar su objetivo: la independencia de Cataluña.

A todo esto ha sumado «la ocupación de las calles por centenares de tractores», los «escraches» a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que actuaron el 1-O, las «murallas humanas» de concentrados que impidieron las actuaciones policiales y el «asedio a edificios» y a comisiones judiciales, cuyos alguno de los letrados de la Administración de Justicia tuvieron que salir «escoltados», como la que estuvo en la Consejería de Economía que tuvo que abandonar el registro por la azotea. «Esta es la expresión clara y plural de la violencia», sostiene el abogado.

Asimismo, ha enfatizado que los acusados «aprovecharon su posición de cargos públicos o de representantes de asociaciones» para trasladar a los ciudadanos catalanes «un proceso de tensión creciente entre el poder autonómico y el Tribunal Constitucional» y desencadenar «dos situaciones de violencia concreta y determinada»: el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017.

Y todo ello lo hicieron de forma conjunta, pues la «carencia de un apoyo de los demás acusados nunca hubiera supuesto un riesgo de quiebra constitucional, sino una alteración del orden público o una sedición», ha dicho, poniendo como ejemplo que los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, no hubieran podido llevar a cabo la «movilización» sin la ayuda del «Ejecutivo (el Govern) y el Legislativo (el Parlamento de Cataluña)».

Segregación de catalanes
Con todo ello, el abogado de Vox ha concluido que «los acusados golpistas no respetaron a los ciudadanos de Cataluña» y «señalaron a los españoles que viven en Cataluña segregando a catalanes de primera y de segunda».

Ortega Smith ha dedicado los últimos minutos de su intervención para ensalzar la labor de todas las personas que han permitido que esté culminando este juicio en el Tribunal Supremo. «Todo el acopio probatorio, los miles de documentos, testimonios, grabaciones, intervenciones telefónicas no están por azar, no están por la colaboración de los acusados, están por la profesionalidad, el trabajo, la lealtad institucional y la valentía de personas que ya no están entre nosotros», ha recordado.

Así, ha recordado al fiscal general del Estado José Manuel Maza, autor de la querella por rebelión y fallecido el 18 de noviembre de 2017; el que fuera fiscal jefe de Cataluña José María Romero de Tejada, fallecido también sólo nueve días después de Maza; y el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez que investigó la organización del referéndum ilegal en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y que murió el 4 de noviembre de 2018.

También ha mostrado su agradecimiento a la Policía Nacional y la Guardia Civil porque «cumplieron con su deber y actuaron conforme a derecho para que el ordenamiento constitucional no terminara sucumbiendo ante un delito».

Así pues, Ortega Smith ha manifestado su confianza, «como la inmensa mayoría de los españoles», en que el tribunal que preside Manuel Marchena hará «justicia» con una «sentencia acorde a los delitos» cometidos, que «deberán tener una sanción» que sirva para disuadir para que «nadie más se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional». Tras la sentencia, ha subrayado, «habrá triunfado la justicia, el Estado de Derecho, la democracia, la soberanía nacional que corresponde al pueblo español y la nación española».

OpiniónUn golpe contra el orden democrático
Editorial El Mundo 5 Junio 2019

La contundente y motivada posición sostenida por la Fiscalía en su informe final del juicio del 1-O delimita con claridad el reproche penal que merece la asonada perpetrada por el independentismo en otoño de 2017. El Ministerio Público expuso ayer ante la Sala que preside Manuel Marchena por qué el Tribunal Supremo debe dictar una sentencia condenatoria por rebelión. Y lo hizo evocando a Hans Kelsen, constitucionalista de referencia, quien definió el concepto de golpe de Estado como "la sustitución de un régimen jurídico por otro por medios ilegales". Exactamente eso es lo que hizo la Generalitat entre el 20 de septiembre, con el asalto a la Consejería de Economía, y la votación ilegal del 1 de octubre. No fue esta convocatoria un acto democrático amparado en el supuesto derecho a decidir, sino un golpe de Estado cuyo objetivo era vulnerar el marco constitucional, despojar a más de la mitad de los catalanes de sus derechos de ciudadanía y liquidar la soberanía nacional. Para ello, los acusados no dudaron en recurrir a la unilateralidad y a la violencia hasta el punto de convertir los Mossos, como argumentó el fiscal Fidel Cadena, en un cuerpo armado al servicio de la rebelión.

Los políticos y dirigentes separatistas que se sientan en el banquillo, tal como sostuvo el fiscal Javier Zaragoza, no están perseguidos por la Justicia a modo de represión de su disidencia política, sino por haber horadado, vejado y humillado la Constitución. A diferencia de la Abogacía del Estado, que mantiene que los acusados cometieron sedición, los representantes del Ministerio Fiscal dejaron claro que la configuración jurídica del delito de rebelión, en su redacción actual, no exige un alzamiento armado o de tipo militar. Además, definieron los hechos enjuiciados como una "insurrección" y encuadraron a los acusados en una "organización criminal". Los líderes secesionistas, con Oriol Junqueras como "motor principal" de la sublevación -pese al intento de su partido de blanquear su pasado-, se valieron del aparato de la Generalitat y del apoyo de la ANC y de Òmnium para lanzar un desafío institucional que acarreaba la derogación del autogobierno catalán. Los fiscales desmontaron los falsos dilemas propalados por los separatistas, como el que les lleva a proclamar que votar no es delito. Sí lo es si se realiza sin cumplir las normas, articulando de facto un estado de sitio y recurriendo a la fuerza coercitiva de la policía autonómica.

El uso partidista de los Mossos por parte de Torra y el hecho de que las fuerzas independentistas hayan presentado como candidatos a algunos de los autores del procés revela la voluntad rupturista de las autoridades catalanas. Corresponde al Supremo dictar sentencia sobre el 1-O. Políticamente, resulta una evidencia palmaria, por mucho que Pedro Sánchez mire para otro lado, que el golpe continúa en marcha. El independentismo sigue sin asumir que no hay más legitimidad que la basada en la Constitución.

¡Viva el fiscal!
Un alivio escuchar la simple verdad: «Fue un golpe y Junqueras, su motor»
Luis Ventoso ABC 5 Junio 2019

Durante los últimos dos años, el fatigoso victimismo separatista nos ha endilgado como desayuno, comida y cena las siguientes pamplinas (perfectamente amplificadas por los dadivosos medios de comunicación estatales, que no han perdido ocasión de dar bola a los apologistas del odio a España):

-En Cataluña no quedaba otra alternativa que desconectar de la legalidad española y declarar la República, debido a que Artur Mas, Junqueras y Puigdemont sacaron un día un dedo por la ventana del balcón del Palacio de Sant Jaume y descubrieron que así lo demandaba el pueblo catalán, del que son exegetas únicos.

-España roba a manos llenas a Cataluña, que si no sufriese las chorizadas de esa panda de vagos que son los andaluces, castellanos, gallegos y extremeños sería tan rica como Dinamarca. En cuanto se proclame la independencia, las empresas se darán de bofetadas por instalarse en Cataluña y la UE tenderá una alfombra roja al nuevo Estado.

-Junqueras es un hombre de paz, a medio camino entre el Dalai Lama y Juan XXIII. Aunque quiere separarse de España, ama entrañablemente a los españoles. La suya es una revolución de flores y pachuli, que destila tolerancia, buen rollo y sentido común.

-En el 1 de octubre, entrañable jornada democrática, un Estado franquistoide reprimió de modo brutal, a porrazo limpio y con «miles de heridos», al pueblo que simplemente expresaba su legítimo derecho a decidir. Declarar la independencia fue algo obligado, porque en aquella consulta -ilegal, sin censo, con urnas de bazar chino y gente que votó hasta seis veces- se impuso el «sí» por un 90% (otro milagro de san Junqueras, pues no existe encuesta que dé mayoría al separatismo).

-En octubre de 2017 no hubo violencia alguna, ni utilización de la Administración autonómica y sus fondos para subvertir la legalidad. Simplemente, eclosionó de manera espontánea «el sentir de un pueblo».

-El juicio en el Supremo ha convertido en «presos políticos» a unos probos servidores públicos, que no hicieron más que cumplir su deber y observar el mandato del referéndum de cartón piedra.

Tras soportar durante meses tal recital de julandronadas antijurídicas, resultó todo un alivio escuchar ayer el alegato de los fiscales del Supremo: hubo un golpe de Estado, «un ataque contra el orden Constitucional». Hubo una rebelión con todas las letras y su «motor» fue Junqueras, que llevaba «muchísimo tiempo preparándola». El «procés», por supuesto, se desarrolló con violencia (contra las cosas, con intimidación y con violencia física). Los fiscales expusieron verdades elementales, de primero de Derecho, pero que sumidos en nuestra empanada buenista casi sonaban revolucionarias.

(P.D.: Una lástima que Sánchez dejase su mota de polvo obligando ayer a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión, decisión jurídicamente anómala, que se tomó tan solo porque hace unos meses el presidente de España necesitaba el aval separatista para sostenerse en el poder).

Anatomía del golpe

Medie o no fuerza, que medió, el requisito esencial de un golpe es la ruptura de las bases legales de la convivencia
Ignacio Camacho ABC 5 Junio 2019

Un matiz semántico, que no jurídico, cabría efectuar al alegato de la Fiscalía: más que un golpe de Estado, el procés fue un golpe contra el Estado, puesto que la sublevación no pretendía tomar el poder de la nación sino segregarse de ella. El fiscal Zaragoza ha preferido utilizar el criterio de la Escuela de Viena (Kelsen) que considera golpismo o revolución -«en el sentido amplio de la palabra», sic- toda modificación ilegítima de la regulación constitucional de la convivencia, sea a través de movimientos de masas y/o mediante actos selectivos de fuerza. Lo que sucedió en octubre de 2017, como el Ministerio Público bien interpreta, fue una revuelta organizada desde las instituciones para romper la estructura legal a la que están sujetas, y por tanto dirigida a sustituir la Constitución vigente, en Cataluña como en el resto de España, por otra nueva. En la visión kelseniana, ni siquiera es necesario que exista violencia. Sin embargo, en nuestro Código Penal es ése el requisito esencial que determina el delito de rebelión y su consiguiente pena.

Ahí se ha centrado el debate cardinal del juicio, y ahí estará el meollo de la sentencia. Frente a una Abogacía del Estado sospechosamente empeñada en rebajar la escala y las modalidades de la intimidación violenta, la argumentación fiscal ha resaltado la agresividad de la subversión callejera, la presión hostil a los cuerpos nacionales de seguridad, lesiones incluidas, y la ambigüedad clave de los Mossos ante un masivo motín de agitación y desobediencia. Pero sobre todo ha evidenciado que no hicieron falta armas para que la coacción se produjera. Hubo un plan concertado por las propias autoridades autonómicas de manera expresa, que desembocó en numerosos altercados tumultuarios y que se mantuvo a pesar de todas las advertencias. El encaje penal de esa atmósfera tempestuosa y desafiante -¿rebelión en grado de tentativa?- constituye la cuestión clave del veredicto que debe redactar el juez Marchena; su delicada misión es ahora la de decidir si una insurrección tan abierta que fue transmitida en directo y que cuajó en una declaración formal de independencia cabe en alguna tipificación delictiva concreta. Porque sucede que nadie había previsto algo así en las leyes de esta democracia ingenua.

En ese proyecto rebelde es más que relevante el papel que la acusación atribuye a Oriol Junqueras, señalado como «motor» del golpe y coordinador de su agenda. El jefe de una «organización criminal» que «con cinismo sin precedentes» aspira a denunciar al Estado de Derecho español ante la Justicia europea. El sofista santurrón que lleva años diseñando la estrategia de la secesión mientras se proclama mártir de sus ideas. Ése es el hombre en quien los terceristas biempensantes confían como interlocutor de conveniencia; el que Sánchez, Iceta y otros prefieren ver como la solución y no como el problema.

El escrutinio bananero del presidente que intentó un pucherazo
Liberal Enfurruñada okdiario 5 Junio 2019

En la tarde del sábado 1 de octubre de 2016 los partidarios de Pedro Sánchez fueron sorprendidos escondidos detrás de una cortina, votando en una urna que nadie sabe de dónde había salido ni qué tenía dentro, durante el Comité Federal de un PSOE roto por los intentos de su Secretario General de pactar con podemitas, independentistas y proetarras, para ser investido Presidente. Los gritos de “pucherazo” se escucharon entre lágrimas e insultos de unos militantes socialistas que no se podían creer lo que estaba ocurriendo. Sin ningún control, sin reglas, sin censo, sin urna verificada, sin interventor y tras un panel blanco, los pedristas intentaban convocar de forma secreta un Congreso extraordinario exprés. A Sánchez no le quedó más remedio que dimitir y una gestora se hizo cargo del partido. Un intento de pucherazo no menos tramposo que la tesis doctoral que le ha hecho acreedor del poco honroso título de doctor ‘Cum Fraude’.

Unos meses después Sánchez le ganó las primarias a Susana Díaz, pactó la moción de censura con proetarras vascos, golpistas catalanes y chavistas venezolanos, mintió asegurando que se trataba sólo de convocar elecciones y se pasó casi un año entero usando toda la maquinaria del Gobierno para hacer campaña electoral desde la presidencia. Lo que nos trajo a las elecciones generales del pasado 28 de abril y a las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Elecciones que se han caracterizado por tantos escándalos e irregularidades que, como mínimo, hacen que se las califique como “escrutinios bananeros” que, casualmente, han beneficiado en todos los casos al PSOE de Pedro Sánchez, otorgándole la posibilidad de mantener grandes cuotas de poder y convirtiéndolo a él en el vencedor indiscutible de los comicios.

En Ibiza ganó el PP y de repente, se dan cuenta de que habían hecho mal el recuento, cambian tres concejales y pasa a gobernar el PSOE. En León miembros del PSOE convencieron a dos vocales para que rectificaran un acta que habían firmado por triplicado y así otorgarle la Alcaldía de la ciudad al PSOE, tras arrancar el concejal a VOX. En Badajoz al menos un interventor del PSOE fue sorprendido votando dos veces, una en la mesa en la que estaba censado y otra en la que ejercía como ayudante socialista, sospechando el PP que esto mismo lo pueden haber hecho otros de los más de 200 interventores del PSOE en la capital pacense. La Junta Electoral revisó 800 mesas en Zaragoza por irregularidades el 26-M, después de que se aceptase un recurso de la Chunta Aragonesista, quienes habían perdido un diputado en favor, otra vez, del PSOE. Múltiples errores que huelen a pucherazo que apesta y que han hecho que el Gobierno se escude detrás de la empresa adjudicataria del escrutinio, Scytl.

Lo que llama poderosamente la atención es que en anteriores elecciones municipales, autonómicas, europeas ni en las generales, nunca se han denunciado tantísimos fallos en el escrutinio como los que están siendo noticia desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. El Pedro Sánchez que intentó mantenerse de Secretario General de su partido dando un “pucherazo” en su Comité Federal, el que es doctor ‘Cum Fraude’ gracias a una tesis “fake” con un alto porcentaje de párrafos plagiados, el que ha firmado un libro autobiográfico escrito por otra persona, el que prometió que su moción de censura era para convocar elecciones de forma inmediata. El problema es que el presidente del Gobierno de España no tiene ninguna credibilidad y debería haber dimitido al demostrarse que es un reputado tramposo. Pero como no lo hizo, todos los escándalos e irregularidades del escrutinio bananero nos hacen sospechar de él.

Golpe de Estado contra la Constitución
 larazon 5 Junio 2019

El objetivo del independentismo catalán, dirigido desde la Generalitat, fue liquidar la Constitución española e imponer un nuevo régimen que suponía la separación de Cataluña del resto de España, lo que, por necesidad, debía hacerse por la fuerza de la calle. El fiscal Javier Zaragoza, en su exposición de las conclusiones definitivas, calificó lo ocurrido en Cataluña durante las jornadas de septiembre y octubre de 2017 de golpe de Estado.

Es la primera vez que la Fiscalía emplea este concepto, que no fue incluido en el informe provisional a inicios de la vista oral, en el que se planteaba la acusación de rebelión, tipificada en el artículo 472 del Código Penal («son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente», entre otros fines para «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución»). En contra de los que opinaban que el Ministerio Fiscal suavizaría su acusación cuando presentase las conclusiones finales, no sólo la sostiene, sino que ha introducido un elemento nuevo: el golpe de Estado.

La argumentación de Zaragoza se sostuvo bajo la idea de «sustitución del orden jurídico por otro por medios legales. Esto es lo que pretendían. Derogar, suspender total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Para ello, el fiscal se ha basado en la idea del jurista vienés Hans Kelsen, según la cual «es indiferente que esa modificación de la situación jurídica se cumpla mediante un acto de fuerza dirigido contra el gobierno legítimo, o efectuado por miembros del mismo gobierno; que se trate de un movimiento de masas populares, o sea cumplido por un pequeño grupo de individuos.

Lo decisivo es que la Constitución válida sea modificada de una manera, o reemplazada enteramente por una nueva Constitución, que no se encuentra prescrita en la Constitución hasta entonces válida». Este ha sido el eje de la acusación, lo que sin duda supone una reafirmación en el delito de rebelión, pero intentando neutralizar el carácter pacífico del «proceso», pues en origen estaba acabar con el orden constitucional y declarar la independencia. De esta manera, desaparece la necesidad de la violencia de manera organizada. En su intervención, Zaragoza ha recurrido a principios democráticos y cívicos básicos que contradicen la base de la argumentación de las defensas: los dirigentes que encabezaron el «proceso» no están siendo juzgados por sus ideas, sino por intentar acabar con la Constitución del 78.

La Fiscalía sostiene que ha habido violencia suficiente, ejercicios de obstaculización, presión y actos de masa para impedir la acción de la justicia. Los acusados, expuso el fiscal Javier Moreno, «sabían que comportaría enfrentamientos» y, a pesar de ello, «llamaron a la ciudadanía a enfrentarse». Como era de esperar, la Abogacía del Estado defendió el delito de sedición frente al de rebelión basándose en que no es equiparable violencia con fuerza. Por un lado, es necesario que la violencia empleada consiga los objetivos, algo que no sucedió y, por otra parte, que haya sido organizada y estuviese prevista. Sin embargo, este último aspecto coincide con la argumentación de la Fiscalía. De hecho, Moreno sostuvo que los acusados sabían que desobedecer la prohibición del Constitucional comportaría enfrentamientos y «los admitieron antes de abortar la vía unilateral». Como se recordará, hicieron un llamamiento a salir a la calle. Lo que en la exposición de las acusaciones queda claro es que el 20 de septiembre –bloqueando con 40.000 personas una acción judicial–, el 1 de octubre –realizando un referéndum prohibido– y el 27 –declarado la independencia– plantearon una grave crisis de Estado en la que se cometieron graves delitos y estuvo en juego nuestra convivencia democrática.

El golpe de Estado separatista: rebelión, violencia y el antecedente nazi
La Fiscalía endurece sus conclusiones y la Abogacía del Estado se pasa al lado de los golpistas y asegura que no hubo la violencia necesaria.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 5 Junio 2019

Un golpe de Estado de manual. Duro informe de la Fiscalía. Arranca Javier Zaragoza: "Esto es un ataque contra el orden constitucional (rebelión), no contra el orden público (sedición)". El fiscal se luce. Lección de Derecho Constitucional con pinceladas de crítica política, como cuando califica a Oriol Junqueras de "gran experto en sofismas" propenso a "ejercicios de cinismo sin precedentes".

El fiscal tiene ritmo, improvisa e interpreta: "Nadie quiso desobedecer al Tribunal Constitucional, nadie quiso derogar la Constitución, nadie cree que el referéndum fuera un referéndum, la declaración de independencia fue simbólica...". Pero lo cierto es que se desobedeció con jactancia, se derogó la Constitución y se declaró la independencia en el Parlament. Más la malversación.

Zaragoza desmantela las líneas de la defensa, la teoría de que no pasó nada porque de nada quedó registro ni en el boletín del Parlamento ni en el diari de la Generalidad. "¡Como si a lo largo de la historia alguna declaración de independencia hubiera surtido efecto por su publicación en un boletín oficial!", exclama el fiscal.

Subraya además el papel de los Mossos, el plan timo para que pareciera que cumplían las órdenes judiciales y que Trapero ponía en conocimiento del exconsejero Joaquim Forn las instrucciones judiciales e ironiza sobre la "violencia pacífica" desarrollada en la insurrección separatista de septiembre y octubre de 2017.

Los compañeros de Zaragoza entran en detalles tras su alegato marco. Jaime Moreno da por bueno que a consecuencia de las intervenciones policiales del 1-O hubo mil heridos leves, pero le añade los 93 agentes que fueron atendidos por lesiones e ilustra a la sala sobre el incontrovertible principio jurídico de que el responsable de la violencia es quien la provoca.

Datos comprados al separatismo y el 23-F
A la fiscal Consuelo Madrigal le toca el delito de malversación. Por lo bajo, tres millones de euros. Denuncia que la Generalidad no se ha personado en la causa como parte perjudicada, lo que prueba, aduce, que la administración autonómica sigue en manos del entorno de los acusados. Concluye el informe fiscal Fidel Cadena, que fija el delito de rebelión, cuyo tipo básico no incluye el uso o exhibición de armas. La novedad delictiva es que los acusados ostentaban un poder casi absoluto en Cataluña. De ahí que hubiera que enviar seis mil agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, apunta. Cifra en dos millones los ciudadanos que siguieron las consignas del Govern, la Assemblea y Òmniun, otro dato comprado a los golpistas. Levanta objeciones del público cuando compara el golpe separatista con el 23-F. Interviene Marchena. Continúa Cadena, que evoca la zancadilla de Tejero a Gutiérrez Mellado y señala el contrasentido que supondría considerar que toda la violencia de aquel golpe de Estado fue el intento de llave de un par de guardias contra el vicepresidente de Defensa.

De Edmundo Bal a Seoane
Turno para la abogacía del Estado. Rosa María Seoane se ciñe a las órdenes, que son las de defender que no hubo rebelión. El Gobierno fulminó al jefe de la abogacía del Estado Edmundo Bal, ahora diputado de Ciudadanos, porque se negó a descartar la rebelión en favor de la sedición. Sostiene un tanto embrolladamente la letrada que no se puede dar por probado el uso de la violencia en el proceso ni que sea la violencia un elemento estructural del plan llevado a cabo por los acusados. Algo parecido a lo dictado por los jueces alemanes para negar la extradición de Puigdemont por rebelión. Pero se contradice a sí misma cuando describe la comisión de un delito de sedición con actos de resistencia activa contra comitivas judiciales y graves altercados en los puntos de votación. A su juicio, "solo" hubo "un intento de alterar el orden público de manera tumultuaria". Un "alzamiento insurreccional", cualquier cosa, aún peor, antes que rebelión.

Cumple la abogacía del Estado con la función requerida por el Gobierno, que es la de minar las tesis del Ministerio Público y la acusación popular, sembrar dudas, insuflar oxígeno a la teoría de que aquí no ha habido un golpe de Estado sino un malentendido.

El papel de Vox
Cierran la jornada los abogados de la antedicha acusación popular, los dirigentes de Vox Pedro Fernández y Javier Ortega Smith. Gran parte de los ingresos de su partido se han destinado a costear los pleitos contra el golpismo. En materia de rebelión y sedición se acogen a las conclusiones de la Fiscalía. Pedro Fernández glosa las intervenciones de las "heroicas" Policía Nacional y Guardia Civil y la "autoridad" del Rey.
Ramírez Sunyer, Maza y Romero de Tejada

Ortega Smith reivindica el papel de la acusación popular y sobre todo, las figuras del que fuera magistrado del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Romero de Tejada y del fiscal general del Estado José Manuel Maza, todos ellos fallecidos. Antes de eso explica que piden el triple de penas que la abogacía del Estado y el doble que la Fiscalía porque a su entender concurre en la rebelión, malversación y la desobediencia el cargo de organización criminal. Es casi como de Barrio Sésamo. Más de dos personas, jerarquía y reparto de funciones, relación prolongada en el tiempo y fines delictivos. No hace falta que el letrado explique que considera necesaria una sentencia ejemplar con efectos disuasorios.

Otra exhibición de Marchena
Al término, las defensas han montado el clásico pollo. Marina Roig, que encabeza la defensa del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha reclamado disponer de dos horas el próximo martes para hacer frente a la acusación de rebelión contra su patrocinado. Alega que son las mismas que ha destinado la Fiscalía para sustentar el cargo. Se suma Jordi Pina, defensor de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, lo que da pie a que el juez Manuel Marchena dé un repaso de derecho procesal a las defensas en el que invoca al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En sus salas estarían luchando por una intervención de veinte minutos. El juez no da crédito a que las defensas pidan más tiempo que el acordado previamente. Incluso reprocha a Pina que aplaudiera con las orejas el reparto cuando se pactó la fase terminal del juicio. A razón de una hora por defendido, al dicho Pina le corresponden tres horas de hablar seguido. Marchena pone los ojos como platos ante las objeciones del abogado. Según las defensas, las explicaciones del juez son más munición contra España en los tribunales europeos.

Hans Kelsen
Para los estudiantes de derecho quedan las referencias académicas del fiscal Zaragoza a Hans Kelsen y su definición del golpe de Estado, en síntesis la sustitución de un orden constitucional por un orden ilegal a través de la fuerza. El fiscal desliza que Kelsen tuvo que huir de Austria por el auge de los nazis y después constata que los acusados utilizaron las instituciones que controlaban para dar un golpe de Estado, igual que los nazis. Blanco y en botella, verde y con asas. Según han subrayado el Ministerio Público y la acusación popular – no así la abogacía del Estado– jueces y fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el discurso del Rey evitaron que triunfara el atentado contra la soberanía nacional.

En siete días, los informes de las defensas.

Cuatro servidores públicos excepcionales
Pablo Molina Libertad Digital 5 Junio 2019

Lo de la Fiscalía en la jornada de ayer fue una lección magistral de unos servidores del Estado ejemplares que todos los españoles de bien debemos agradecer.

Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Estos son los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que ayer defendieron al Estado frente a un grupo organizado que se conjuró para destruirlo desde dentro, utilizando la legitimidad institucional del Gobierno regional de Cataluña y el dinero de todos los españoles.

La jornada de ayer del juicio a los golpistas fue todo un seminario de doctrina procesal y Derecho Constitucional. A lo largo de casi siete horas de exposición, los cuatro fiscales hicieron un relato pormenorizado de la operación secesionista que se inició con las elecciones catalanas de 2015 y culminó con la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.

El fiscal Zaragoza demostró que lo que sucedió en Cataluña, especialmente durante el otoño de 2017, fue "lo que se llama un golpe de Estado: la sustitución de un régimen jurídico por otro por medios ilegales". El jefe de la Fiscalía dedicó su intervención a fijar las responsabilidades de los acusados en aquellas jornadas, en las que alentaron la violencia de la masa para impedir la acción de la Justicia. Su referencia al tumulto organizado por los Jordis el 20 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía para impedir el registro de la Policía Judicial es tajante:

Lo excepcional es que hubiera una manifestación para parar a la Guardia Civil; lo anormal es que hubiera 40.000 personas y que dos señores se convirtieran en los dueños del orden público en Barcelona.

Jaime Moreno se encargó de acreditar la existencia de violencia organizada, elemento central para condenar por rebelión y no solo por sedición, como quiere la Abogacía del Estado. En su discurso advirtió a la Sala:

No debe caerse en la trampa de las defensas de atribuir el millar de ciudadanos lesionados a las Fuerzas de Seguridad. Los responsables fueron los acusados, que no desconvocaron el referéndum pese al aviso de los Mossos de que habría enfrentamientos.

El turno de Consuelo Madrigal versó sobre las acusaciones de malversación de fondos públicos para financiar la operación secesionista. La fiscal heló la sonrisa de las defensas al definir a la Generalidad bajo el mandato de los acusados como una Administración regida por una organización criminal que, para encubrir las responsabilidades, puede recabar silencios, encubrimientos y hasta puede prometer contraprestaciones y compensaciones.

Finalmente, Fidel Cadena le tocó la parte más técnica de la exposición para justificar jurídicamente las acusaciones contra los procesados.

Los cuatro construyeron un relato contundente sobre las responsabilidades de los acusados y defendieron la vigencia del imperio de la Ley con solvencia y brillantez. Al margen de lo que recoja finalmente la sentencia, lo de la Fiscalía en la jornada de ayer fue una lección magistral de unos servidores del Estado ejemplares que todos los españoles de bien debemos agradecer.

La Abogacía anti-Estado
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 5 Junio 2019

Ayer fue humillante ver a la Abogacía del Gobierno de Sánchez, que llegó a Moncloa gracias a los golpistas catalanes y aspira a seguir con ellos como socios de legislatura, actuando obscenamente contra el Estado que debe defender. La ministra de las cloacas judiciales, Dolores Delgado, echó al abogado del Estado más prestigioso de España en el ámbito de lo penal, Edmundo Bal, porque se negó a cambiar la calificación de la acusación de rebelión contra Junqueras y compañía. Vamos, porque se negó a prevaricar en un asunto tan de conciencia, personal y profesional como es la de actuar o no, con todas las armas de la Ley, contra el golpe de Estado en Cataluña.

Y, más que humillante, fue de vergüenza ajena ver a Seoane tratar de combatir el implacable argumentario del fiscal Zaragoza -cuyos fundamentos reforzaron los demás fiscales y culminó Fidel Cadena- con la pobre excusa de los abogados del golpe: que "no hubo violencia". Si la intención no fuera la que es, favorecer a los socios de Sánchez, cabría pensar que la Abogacía, al defender el delito de sedición, que acarrea la mitad de la pena que el de rebelión, buscaba reforzar la posición de la Fiscalía, porque Cadena ya había rematado a los abogados de Jordi Sánchez y Pedro Sánchez con cuatro golpes inapelables.

Como los medios progolpistas, con TV3, La Sexta y PRISA a la cabeza, repetirán que proclamar la república catalana desde una parte del Estado español, utilizando la fuerza de los mozos de escuadra, no es violencia, ni tampoco la intimidación y las amenazas a funcionarios y ciudadanos, recordemos los argumentos de Cadena:

1: "El 27 de octubre se consuma la proclamación de independencia, ni más ni menos. La Constitución ha sido derogada en Cataluña, en una parte del Estado español".

2: "Es evidente que estamos en el ámbito del orden constitucional, no del orden público. No se puede calificar esto como sedición" (...)

3: "La utilización de los mossos es fundamental. El uso de la fuerza es monopolio del Estado y su utilización solo es posible en el marco de las leyes" (...)

4: "Cuando se invade el uso del poder inherente de la fuerza [...] la pasividad de los mossos no es irrelevante. Ha sido organizada por el poder político" (y eso supone) "planificación" y "disposición del cuerpo armado en favor de la rebelión".

Más claro, agua.

El PP vasco pacta con los asesinos de Miguel Ángel Blanco
OKDIARIO 5 Junio 2019

La reciente historia del PP vasco es la crónica de una muerte anunciada, causada en gran parte por la nefasta gestión de sus dirigentes. De ser una formación que luchó en defensa la unidad de España y de la Constitución más y mejor que nadie, a convertirse en ese PP Pop que desde hace ya demasiado tiempo pierde votos a raudales. La estrategia de Jaime Mayor Oreja no sólo era la correcta desde el punto de vista ético y político; también fue la que ofreció los réditos electorales más sustanciosos a los populares en Euskadi, superando el 23% de los votos y quedando en el segundo puesto a la Lehendakaritza. En cambio, hay sobradas pruebas de hacia dónde conduce el nuevo camino: el PP vasco, en las pasadas elecciones generales, no obtuvo ningún escaño.

El hacerse perdonar por sistema, el caminar pisando huevos, el renunciar a los principios que dotan de razón de ser a una formación política, siempre tendrá -sea cual sea el partido que ponga en práctica esta estrategia– unos resultados pésimos. La esencia de la política es la afirmación de unos determinados valores que se consideran tan importantes como para tratar de ubicarlos en el centro del debate público. Si todo deriva hacia una suerte de cesión, de compromiso y de pacto constante con el adversario, la razón de ser del proyecto, que ha de tener un núcleo asertivo y, por tanto, de inevitable y esencial alteridad, se licúa ante la indiferencia social, tal y como acabamos de ver en el País Vasco con respecto a este PP.

Lo que puede marcar el acta de defunción definitiva del PP en estos históricos territorios es que comience a pactar con Bildu, la formación que simpatiza con ETA, esa banda de criminales que tantos militantes del PP asesinó. Que el portavoz del PP en Labastida (Álava) cuente con la autorización de sus superiores –aunque luego ellos lo nieguen taxativamente– para reunirse con los proetarras de EH Bildu el pasado lunes y negociar el futuro político de la localidad es una traición –simbólica pero muy real– a cientos de asesinatos y, sobre todo, sería la confirmación de que semejante partido carecería de función o relevancia política.

El PP en el País Vasco no sólo tenía razón de ser cuando existía ETA. Precisamente ahora, cuando el discurso del nacionalismo con sus dos franquicias, PNV y Bildu, parece extenderse, es necesario crear un contra-relato que haga frente a tanta hegemónica simpleza y que además recuerde a la sociedad vasca que muchas de sus posibilidades –las mejores– nunca fructificarán mientras impere la ceguera ideológica nacionalista. Esta es la verdadera centralidad por la que el PP tiene que luchar en el País Vasco. Lo demás es morfina y cuidados paliativos.

Fuerista y liberal
Mikel Buesa Libertad Digital 5 Junio 2019

El PP vasco está de capa caída. Su fracaso electoral es indiscutible y sus posibilidades de salir del agujero en el que se ha metido parecen remotas. No sorprende, por ello, que su máximo dirigente, Alfonso Alonso, busque desesperadamente asomar la cabeza antes de que las próximas elecciones autonómicas rematen el final del partido del centro-derecha español en Euskadi. Para ello, por lo que parece, intenta retornar a las esencias fueristas en las que, desde el siglo XIX, se instalaron las viejas oligarquías conservadoras vasco-navarras y que tan buenos resultados les dieron en otros tiempos, una vez resuelto el contencioso entre liberales y carlistas. De ese fuerismo emergieron los conciertos económicos, primero en Navarra y más tarde en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que están en la base, hasta ahora, de la situación privilegiada de los vascos en cuanto a la disponibilidad de recursos económicos para sus Administraciones. Y en él se subsumió la burguesía liberal vascongada deseosa de beneficiarse de tal privilegio.

Pero conviene añadir que, desde aquellos tiempos, las cosas han cambiado mucho, y, con ellas, también el significado de los términos políticos. Para empezar, el fuerismo ha sido sobrepasado, en el País Vasco, por el nacionalismo sabiniano, toda vez que el PNV se ha mostrado, a la postre, más capaz que la vieja oligarquía españolista para gestionar los privilegios derivados del reconocimiento constitucional de los llamados "derechos históricos". Ello porque, injustamente o no, aquella oligarquía –que cuando no desertó, abandonando el país, se cobijó principalmente en Alianza Popular– fue identificada con el franquismo, mientras que los jeltzales del PNV –que cargaban con la misma culpa colaboracionista con el Régimen– supieron desmarcarse a tiempo y hacerse pasar por luchadores por la libertad.

El fuerismo se vació así al trastocarse en nacionalismo. Es verdad que hubo intentos de resucitación, como el de Unidad Alavesa, que, surgida de una escisión del PP, tuvo un cierto éxito electoral durante la primera mitad de los años noventa, y que tras otro quinquenio de declive acabó desapareciendo. Y también es cierto que en Navarra –cuya singularidad conservadora y españolista, heredera del carlismo, no tenía parangón en el País Vasco, y donde el nacionalismo apenas pudo arraigar, salvo en su vertiente radical asociada a ETA– el fuerismo avanzó con paso firme durante las décadas de 1980 y 1990 para, tras siete años de estabilización en el comienzo del siglo XXI, entrar en un declive que sólo en las recientes elecciones forales ha podido sortearse. Pero la tendencia histórica señala con claridad que con el fuerismo no se va a llegar muy lejos.

Además, hoy en día sería muy difícil, por no decir imposible, sustentar el fuerismo sobre una posición ideológica liberal, básicamente porque ésta repudia cualquier defensa de privilegios para un grupo de ciudadanos, con exclusión de los demás. No se crea que, porque defiende el capitalismo, el PNV es liberal. Como todos los nacionalismos regionales, los jeltzales se han teñido de las políticas redistributivas socialdemócratas, aunque siempre con una solidaridad entendida sólo para los suyos. Y esto es algo que chirría con el liberalismo, más aún cuando parece que el PP, en su política española, quiere reforzarse a partir de esta vertiente ideológica.

Mi impresión es que Alfonso Alonso busca hacer del PP vasco un PNV no nacionalista, incluso españolista. Pero eso es muy dudoso que, a la vista de la experiencia de las últimas cuatro décadas, pueda llegar a tener éxito. Desde mi punto de vista, de donde el PP vasco debiera extraer lecciones para el futuro es de su enfrentamiento radical con el nacionalismo cuando éste emprendió, a finales de los años noventa, la vía soberanista, pactando primero con ETA y proponiendo el Plan Ibarretxe después. Lo esencial de aquella situación no fue la defensa de los fueros, sino la afirmación de la pertenencia exitosa del País Vasco a España. El Plan Ibarretxe, cuando llegó al Congreso, donde fue rechazado, estaba ya muerto, sobre todo porque fueron muchos los vascos que, tras una intensa campaña que se desarrolló hasta 2004, alcanzaron el convencimiento de que la independencia sólo les reportaría perjuicios. Entonces, todavía el PP recogía los frutos de una oposición al soberanismo que no tenía nada de fuerista, aunque sí de afirmación radical de la libertad. Después ya no supo hacerlo y entró en barrena hasta hoy, tal vez porque el entendimiento de Rajoy con el PNV, lleno de cesiones a cambio de votos, impidió corregirlo a tiempo. Si ha llegado su final, no lo sabemos. Pero lo que sí es seguro es que otro fracaso electoral llevará al PP vasco al basurero de la Historia.

Sánchez se niega a entregar los documentos oficiales pactados con Torra sobre el indulto a los golpistas
Carlos Cuesta okdiario 5 Junio 2019

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, se niega a entregar los documentos oficiales al Consejo de Transparencia, pactados con Quim Torra, presidente de la Generalitat, sobre el indulto a los golpistas procesados en el juicio del 1-O tras la reunión en el Palacio de Pedralbes en diciembre de 2018.

La Declaración de Pedralbes pactada entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, y Quim Torra, presidente de la Generalitat, abrió una de las mayores polémicas de los últimos tiempos. El Gobierno de España aceptó negociar con un relator y en igualdad con la Generalitat el futuro de Cataluña y el trato a los golpistas del 1-O. El separatista desveló, tras la reunión de diciembre de 2018, que uno de los puntos incluidos en el pacto de negociación era, efectivamente, el indulto a los golpistas. Pero, además, todo ello sin que hubiera cotejo de actas o documentos oficiales del Ejecutivo.

Ahora, tras más de seis meses transcurridos desde aquel encuentro, Sánchez se niega a entregar los documentos oficiales del Gobierno con el reflejo de lo ocurrido en aquellas reuniones en Barcelona. Y se niega a ello, a pesar de la exigencia legal del Consejo de Transparencia, órgano que ya le ha reclamado la documentación exacta de lo ocurrido.

La citada reunión, llevada a cabo entre representantes del Gobierno de Sánchez y de la Generalitat en Barcelona a partir del 20 de diciembre, fue uno de los hechos que acabó provocando el adelanto electoral del 28-A. Sánchez aceptó una negociación con los separatistas en la que Torra directamente exigió el indulto para los dirigentes en prisión preventiva y lo hizo, además, por medio de una fórmula eufemística dejando a las claras el objetivo final de esas reuniones.

El separatista y presidente de la Generalitat comunicó públicamente los puntos abordados en el encuentro. Y, concretamente, en el punto seis se señalaba claramente que “la vía judicial tiene que quedar atrás”. Es decir, cerrar el juicio del ‘procés‘ de la forma que sea y dar paso a una negociación política. O, lo que es lo mismo, búsqueda de un indulto.

Tras esa filtración, la maquinaria para pedir explicaciones al Ejecutivo de Sánchez por parte de la oposición se puso en marcha, liderada por el PP y Ciudadanos, pero hubo la callada por respuesta. Ni un sólo documento se hizo público para esclarecer hasta qué punto se había mezclado el Gobierno en negociar una humillación a la Justicia de este calibre.

Sin embargo, una reclamación cursada ante el Consejo de Transparencia siguió su curso y el pasado 28 de enero se admitió la exigencia al Ejecutivo de “copia del documento con 21 puntos, propuesta de acuerdo democrático, entregado por el presidente de la Generalitat D. Quim Torra al Presidente del Gobierno D. Pedro Sánchez en la reunión mantenida el pasado 20 de diciembre”.
 Una exigencia que fue trasladada al Gobierno y en la que el organismo ha tenido que concluir que Sánchez mantiene una opacidad total.

“Con fecha 1 de marzo de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a través de la Unidad de Información de Transparencia competente y al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Dicho requerimiento fue reiterado el 2 de abril. A pesar de que consta en el expediente el conocimiento por comparecencia de la apertura del indicado trámite de alegaciones, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno no ha atendido el mismo”, señala el Consejo de Transparencia.

Además, el dictamen del organismo es rotundo. “En cuanto al fondo del asunto, ha de recordarse que la información solicitada es el documento que el Presidente autonómico catalán entregó al Presidente del Gobierno de España en su reunión del pasado 20 de diciembre de 2018 en Barcelona y que contiene 21 puntos o peticiones”. Y califica también de insostenible “la posición de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de no responder la solicitud de información ni los requerimientos de alegaciones efectuados por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”.

“Se trata de información a cuyo acceso no cabe la aplicación, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ni de la Administración, que tampoco lo ha alegado, ninguna causa de inadmisión o límite, por lo que podemos concluir que se trata de información pública en el sentido del art. 13 de la LTAIBG cuyo acceso ha de ser garantizado en aplicación de la concepción amplia y de escasos límites que debe reconocerse al derecho de acceso regulado en la LTAIBG tal y como ha sido interpretado por este Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno y los propios Tribunales de Justicia”, prosigue el documento.

Por todo ello, el Consejo insta con fecha 23 de mayo “a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno” a que remita “copia del documento con 21 puntos, propuesta de acuerdo democrático, entregado por el presidente de la Generalitat D. Quim Torra al Presidente del Gobierno D. Pedro Sánchez en la reunión mantenida el pasado 20 de diciembre”.


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