AGLI Recortes de Prensa   Martes 11  Junio 2019

Vox a partir de ahora
Amando de Miguel Libertad Digital 11 Junio 2019

Lo más probable es que los otros partidos de la derecha se aproximen a Vox, lo absorban o lo imiten.

Los psicólogos han estudiado el efecto de situarse en minoría de uno. Confrontadas las opiniones y sentimientos en un pequeño grupo, quien se siente aislado en una posición contraria a los demás acaba por ceder para plegarse a la moda estadística, lo que se lleva. El efecto contrario también se cumple excepcionalmente; es el que se muestra en la hermosa película Doce hombres sin piedad (Henry Fonda). Es ahí donde se vislumbra la misteriosa capacidad de liderazgo que privilegia a algunas personas.

En el plano colectivo es más interesante aún ese efecto del atractivo que a veces suponer estar en minoría de uno. Por ejemplo, en la panoplia de los actuales partidos políticos en España, además de la clásica dicotomía izquierda-derecha (más los nacionalistas y localistas) funciona una novedosa oposición: Vox. Se enfrenta a todos los demás partidos establecidos, singularmente a los otros dos de la derecha: PP y Ciudadanos. Lo más probable de tal contraste, a la larga, es que los otros partidos de la derecha se aproximen a Vox, lo absorban o lo imiten. Dejando los prejuicios a un lado, el hecho es que Vox proclama ciertos principios o líneas de acción que lógicamente deberían atraer al PP y a Ciudadanos. Por ejemplo, controlar la inmigración extranjera desbocada, derogar la estúpida ley de memoria histórica, acabar con las odiosas manifestaciones de la ideología de género, frenar el separatismo, suprimir la desigualdad que supone valorar más el testimonio de la mujer que la del varón en los casos de violencia doméstica, fomentar el patriotismo, exigir el derecho a recibir la enseñanza obligatoria en lengua castellana en las regiones con dos idiomas, reformar a fondo el desmadre de las autonomías, oponerse al excesivo intervencionismo de la Unión Europea. Ya no se puede sostener que todas esas ideas son extremas, ultras o fascistas. Es algo que se dice para no enfrentarse resueltamente a resolver muchos problemas de convivencia que afecta a la nación española, que no es "nación de naciones", como aviesamente a veces se dice.

Hay una implícita demostración de que no resulta descabellado el vaticinio sobre el posible atractivo de Vox sobre otros partidos de la derecha. Es el hecho de que tanto el PP como Ciudadanos se sienten acomplejados de sentirse de derechas. Por eso prefieren asegurar que son de centro o de centroderecha, precisiones que no terminan por convencer. De ese disimulo procede la actitud de desprecio hacia Vox. Ya se sabe que, tanto en la vida de la política como en la de las familias, los rencores más atravesados son los que se establecen entre parientes.

La verdadera posición ultra o fascista es la de ejercer la violencia contra Vox, alentada por la actitud de menosprecio que manifiestan los líderes de los otros partidos, singularmente los de la izquierda y los separatistas. Uno de los rasgos típicos del fascismo es la segregación y el ataque hacia los que se tachan de diferentes.

Hasta hace poco los planteamientos de Vox provenían de una formación política extraparlamentaria, pero ahora ya tenemos a los voxeros asentados en el Congreso de los Diputados y en otros órganos deliberativos. Así pues, las propuestas de Vox ya no tienen por qué sonar de forma radical o extemporánea. Es decir, se van a tener que discutir y negociar con cualesquiera otras que hayan presentado los partidos establecidos. Todo es cuestión de ponerse a hablar con calma. No otra cosa quiere decir el "Parlamento". Bien es verdad que el auténtico diálogo de los políticos se ventila ahora en los restaurantes, donde habrá más o menos luz, pero no taquígrafos. Es decir, lo que ahora priva es la negociación más o menos reservada entre los edecanes de los respectivos partidos en liza. Con tal formato se facilita mucho la superación de los posibles conflictos. Por eso mismo parece una desfachatez que un portavoz de Ciudadanos se haya atrevido a declarar que los líderes de su partido no se sientan a la misma mesa con los de Vox. La paradoja es que muchas veces se da el caso de que Ciudadanos necesita los votos de Vox para gobernar en ciertos ayuntamientos y otros órganos colegiados.

De momento, la gran paradoja es que el ninguneado Vox se convierte en la verdadera oposición del juego parlamentario. Áteme usted esa mosca por el rabo.

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El verdadero pacto que necesitamos
Mateo Requesens eltorotv.com 11 Junio 2019

La amenaza de convocar nuevas elecciones de Ábalos ha servido para que desde diversas instancias de nuevo se argumente sobre la necesidad de una reforma de la Ley Electoral. El sistema político que consagra nuestra Constitución en su art. 6 es el del Estado de Partidos, copiado de la constitución alemana, haciendo descansar en los mismos la representatividad democrática y por tanto haciéndolos dueños y señores de la escena política española.

Tras el fin del bipartidismo, aquel modelo que daba la alternancia en el poder a los principales partidos que aglutinaban el voto de las derechas e izquierdas, se ha acabado. Aunque parece que hay mucho interés en reinventarlo. Las voces que abogan por la introducción en España del sistema de segunda vuelta, pese al no tratarse, el nuestro, de un sistema presidencialista, en definitiva, lo que persigue es volver al bipartidismo y que PP y PSOE vuelvan a repartirse el poder pese a la sangría de votos que han sufrido. Todo en aras de la estabilidad y la moderación.

Qué pena que tan buenas intenciones no hayan caído en la cuanta de la más evidente causa de desestabilización que ha padecido el sistema político implantado por la Constitución de 1978: la fuerte dependencia de la gobernabilidad de España de los partidos nacionalistas. Una situación aceptada y cultivada tanto por PSOE como PP y que se ha traducido en las continuas cesiones que todos conocemos y que han desembocado en la actual situación.

Salvo VOX, ningún partido tiene en su horizonte la supresión del sistema autonómico. Nefasto políticamente hablando, pues la descentralización administrativa, que podrá ser criticada por la ineficiencia de su excesiva burocracia, que se traduce en una mayor carga económica para el contribuyente sin que reciba a cambio unos mejores servicios públicos, no es nada comparada con los males que ha traído la descentralización política.
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Las autonomías han venido a modernizar el caciquismo del siglo XIX, creando inmensas redes clientelares, como ha sucedido con el PSOE en Andalucía, el PP en Valencia, el PNV en País Vasco o CiU en Cataluña. Pero ha sido la descentralización política la que ha puesto en manos de los partidos regionalistas o abiertamente separatistas el destino de los gobiernos de España, instaurando la denigrante costumbre de convertir las Cortes en una lonja, donde se subasta al mejor postor los apoyos parlamentarios. El ejemplo más indecente lo hemos visto con el PNV y su chalaneo con Rajoy y Pedro Sánchez. Pero la práctica ha sido la habitual desde Felipe González o Aznar, que tiraban de la chequera de todos los españoles para pagar los chantajes de vascos y catalanes en investiduras y presupuestos. El zoco no quedaría debidamente retratado si nos olvidásemos de los pequeños partidos regionalistas, llámese C.C., PRC, UPN…, ávidos de sacar alguna tajada a cambio de dar su apoyo a unos u otros. Por no hablar de los barones territoriales dentro de PP y PSOE, siempre preocupados de su cuota de poder y sin escrúpulo alguno para adoptar un discurso nacionalista, como ha sucedido con Feijoo en Galicia o Puig en Valencia. Lo del PSC es ya institucional.

La consecuencia de este sistema, lógica si nos paramos a pensar, es que la soberanía nacional ha quedado condicionada o secuestrada por grupos políticos contrarios a la existencia de la Nación española, y el bien común relegado en beneficio de intereses partidistas y localistas.

Entendemos que quienes vivían tan bien, tan calentitos, a la sombra del bipartidismo alcen su voz para pedir la segunda vuelta. Otros entendemos que lo urgente sería adoptar una reforma que, como sucede en los sistemas políticos de Portugal, Francia o Alemania, impida que partidos regionalistas, interesados tan sólo en la defensa de cuestiones locales y ajenos al interés general, puedan obtener una representación que condicione los gobiernos de la Nación. Menos aún partidos separatistas, cuyo interés es abiertamente incompatible con la Nación en la que se fundan todos los vínculos de solidaridad de la comunidad política. En vez de segundas vueltas, bien podríamos empezar por convertir el Senado en una cámara territorial, donde estos partidos puedan tener su representación, y, al menos, impedir su presencia en el Congreso, evitando así que los intereses particulares de tal o cual terruño primen sobre el interés de España.

Los 'viernes socialistas' nos van a hundir
EDITORIAL Libertad Digital 11 Junio 2019

Qué posible es que Sánchez nos aseste una recesión tan grave como la que nos impuso su semejante, el ominoso José Luis Rodríguez Zapatero.

Pedro Sánchez esperó a que se celebraran las elecciones generales para enviar a Bruselas su Programa de Estabilidad para la economía nacional. Dicho plan descansa en un incremento del gasto público a través de una subida brutal de los impuestos, que situará la presión fiscal en niveles prácticamente confiscatorios. Pero como ni así es posible cuadrar unas cuentas desbocadas que disparan el gasto político, Sánchez se saca de la manga unas perspectivas que transforman la actual desaceleración en un estupefaciente repunte de la economía que le permitiría recaudar casi 100.000 millones de euros en impuestos hasta 2022.

La afición a expandir el gasto público, consustancial a todos los socialistas, se ha agravado con la falta de escrúpulos de Sánchez a la hora de tratar de comprar voluntades para seguir en la Moncloa. De ahí los famosos viernes sociales, que han disparado el déficit por encima de los 8.000 millones de euros y hecho sonar las alarmas en la UE. Por eso las autoridades de Bruselas andan exigiendo un ajuste severo para el próximo año de nada menos que 16.000 millones, que compense la desviación del presente ejercicio y permita reducir el déficit público en 2020.

Pero Sánchez no tiene la menor intención de moderar el disparatado gasto público que su Gobierno comprometió con los decretos de los viernes socialistas. Porque le supondría un coste político que el presidente más irresponsable de la historia reciente es incapaz de asumir. La renuncia a cebar el déficit, como exige la situación económica y demandan los organismos internacionales, le enfrentaría a las formaciones antisistema en las que confía para asegurarse la legislatura.

Los signos de debilidad de la economía española exigen medidas contundentes, en consonancia con las restricciones del gasto que pide Bruselas. Sánchez, sin embargo, está dispuesto a hacer exactamente todo lo contrario. El panorama, por tanto, no puede ser más preocupante, y no sería de extrañar que la UE volviera a activar contra España el protocolo de déficit público, del que conseguimos salir en 2012.

En contra de lo que asegura una ilustre analfabeta socialista, el dinero público sí tiene dueño y las consecuencias de su despilfarro son tremendas. Los decretos de los viernes socialistas se traducirán, para empezar, en fuertes subidas de impuestos, con los efectos perniciosos que tendrán para la economía y, en consecuencia, para el empleo.

Qué posible es que Sánchez nos aseste una recesión tan grave como la que nos impuso su semejante, el ominoso José Luis Rodríguez Zapatero.

Bruselas no se cree a Sánchez: déficit estructural, ingresos irreales y ausencia de reformas
José María Rotellar Libertad Digital 11 Junio 2019

La Comisión Europea exige un ajuste de 16.000 millones a España por el excesivo gasto y la irreal previsión de ingresos del Gobierno.

Hace unas semanas escribía sobre los riesgos del Programa de Estabilidad de Sánchez, el cual envió a Bruselas dos días después de las elecciones generales. Dicho programa se basa en un importante incremento del gasto público, una confiscatoria subida de impuestos y un planteamiento muy optimista de la evolución económica, donde no contempla la desaceleración que estamos sufriendo, y una todavía más optimista proyección de incremento de recaudación, donde en 2022 prevé recaudar 95.505 millones de euros más por impuestos que en 2018.

Esas cuentas que Sánchez envió a Bruselas no son más que los planes que escondían su fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estado, donde el gasto lo elevaba en miles de millones de euros. Eso hacía que, pese al optimista incremento de recaudación planteado, el déficit se incrementase cada uno de los años del programa de estabilidad sobre el anteriormente previsto.

Ahí es donde Bruselas ve que España se va a desviar en el objetivo de déficit sobre el PIB. Si el objetivo acordado con Bruselas en el anterior plan de estabilidad era de un déficit del 1,3% del PIB, ahora con Sánchez se eleva hasta el 2%, cuando tanto el FMI, con un 2,3%, como el Banco de España, con un 2,5% lo elevan todavía más. Esa desviación sobre un PIB estimado en 1,255 billones de euros, supone un mayor déficit, sobre el ya fijado, de 8.788 millones de euros, para dejar el déficit de 2019 en más de 25.000 millones de euros.

Bruselas empieza a considerar que no hay manera de ajustar esos más de 8.000 millones de desviación en 2019, dados los decretos de Sánchez y la circunstancia de contar con un gobierno en funciones, que no pueda tomar medidas al respecto. Por eso, pide un ajuste severo de 16.000 millones en 2020, para embridar conjuntamente la desviación de 2019 y 2020, donde la UE considera que España puede encontrarse en riesgo claro de incumplimiento.

Ese ajuste, continúa Bruselas, no debe ser coyuntural, sino estructural, que permita mantener bajo el déficit, hasta llegar a extinguirlo, sin necesidad de contar con una coyuntura económica favorable. De hecho, España tuvo en 2018 un déficit estructural del 2,7% del PIB y la UE cree que puede llegar en 2020 a un 3,2% del PIB, de manera que si el ciclo económico no acompaña, España volverá a entrar dentro del protocolo de déficit público excesivo.

Y es que Bruselas, aunque también cree que el gasto final puede ser mayor que el plasmado en el papel por Sánchez, donde desconfía de verdad es en la estimación de ingresos que prevé el Gobierno español. Cree que hay una "incertidumbre considerable" respecto a la estimación de dichos ingresos y a las "posibilidades de adopción de las medidas de obtención de ingresos". Es decir, Bruselas ve difícil que el Gobierno pueda aprobar la subida de impuestos que plantea, donde sube la práctica totalidad de los impuestos, de modo muy cercano a lo confiscatorio…

…Y, aunque lo logre, Bruselas no se cree que eso se vaya a traducir en la recaudación que el Gobierno estima, donde en 2022 recaudaría por impuestos 95.505 millones más que en 2018.

Por ello, Bruselas le pide a Sánchez que, en cuanto forme gobierno, tome las medidas para corregir el incremento de gasto, con ese ajuste citado de 16.000 millones de euros, de manera que el gasto suba sólo un 0,9% frente al 4% planteado por Sánchez.

Además, Bruselas le recuerda a Sánchez la necesidad de abordar la reforma del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad, pero los pasos que ha dado Sánchez al respecto van en la dirección opuesta, al volver a ligar el incremento de las pensiones al IPC, el descartar el factor de sostenibilidad y el no proponer ninguna reforma estructural que preserve el sistema.

¿Cómo va a conseguir reducir Sánchez ese desfase de gasto? Lo tiene difícil porque él se lanzó a aprobar a la carrera importantes incrementos de gasto mediante decreto, que ahora conllevaría, para él, un importante coste político. Por otra parte, si renuncia a incrementar el gasto tal y como planeaba en los presupuestos y como recoge en el Programa de Estabilidad, Podemos no le apoyaría, con lo que es difícil que pueda sacar adelante unas cuentas que corrigiesen dichos desfases. Por otra parte, tampoco parece que sus socios vayan a apoyarlo para plantear una reforma del sistema de pensiones, de manera que es lógico que la UE tenga serias dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas.

Eso sitúa a España en una difícil encrucijada. Calviño se felicitaba por el hecho de que la Comisión Europea había propuesto sacar a España del protocolo de déficit público excesivo, al cerrar el déficit de 2018 en el 2,48% (ya hemos visto que el estructural es del 2,7%, de manera que si se ha quedado en el 2,48% ha sido gracias al positivo ciclo económico), pero se olvida del motivo por el que a España se le aplicó dicho protocolo: una negación de la realidad, un incremento desmedido del gasto público y unos niveles de déficit que llegaron al 11%. Eso fue lo que provocaron las medidas de Zapatero, cuya línea económica fue muy parecida a la planteada por Sánchez en el Programa de Estabilidad. De ahí, las preocupaciones de Bruselas.

Salir del protocolo de déficit público excesivo ha costado mucho y no ha sido gracias a Sánchez, sino pese a él y gracias a las reformas implantadas en la economía española desde 2012, pero volver a caer en dicho déficit público excesivo es muy fácil: simplemente hace falta un incremento de gasto como el que propone Sánchez. Por eso, debe corregir cuanto antes su equivocada y dañina política económica. Eso, al fin y al cabo, es lo que viene a decir Bruselas.

La moto de Sánchez
El «gran triunfo electoral» se empieza a ver como lo que es: una victoria pelada
Luis Ventoso ABC 11 Junio 2019

La memoria de la humanidad guarda el recuerdo de gestas legendarias, que siempre se estudiarán con admiración. El 1 de octubre de 331 a. C., en una llanura no lejos de Mosul, Alejandro Magno ofreció la mayor exhibición de su genio y derrotó al rey persa Darío III en la batalla de Gaugamela. En octubre del 52 a. C., Julio César venció en Alesia a un jefe bárbaro con nombre de tebeo de Astérix, Vercingétorix, y se consagró como el gran talento militar capaz de doblar la mano de los irreductibles galos. El 7 de octubre de 1571, la flota comandada por Juan de Austria se impuso al turco en Lepanto, tal vez la batalla naval más tremenda de la historia. El 18 de junio de 1815, un general inglés de maneras cautas, Wellington, le dio boleto a Napoleón en Waterloo.

En tiempos recientes solo se ha producido un triunfo de genio estratégico equiparable a los referidos. Se trata de la victoria de Sánchez Pérez-Castejón el 28 de abril de este año. Tal es la conclusión a la que llegaron tras los comicios fuentes tan ponderadas como la TVE de Rosa María Mateo, la tele número 6 y ciertos chiringuitos digitales al rojo vivo, que estallaron en una trompetería eufórica por los resultados del PSOE. Los observadores neutrales, que no son tan sagaces como los politólogos del «progresismo» obligatorio, lo único que constataban es el hecho empírico de que Sánchez se había quedado en 123 escaños pelados. Exactamente la misma victoria anémica que obtuvo Rajoy en 2015, y con la que sudó tinta (hasta el punto de que hubo que repetir las elecciones, debido al enfático «no es no, ¿qué parte del “no” no entiende?» del por entonces líder de la oposición, un tal Sánchez, que advertía de sol a sol que con un triunfo tan rácano en modo alguno estaba Mariano legitimado para gobernar).

Pasado solo un mes y medio desde los comicios, la mayor gesta política que vieron los tiempos empieza a achicarse y a contemplarse como lo que realmente es: una achuchada victoria, con la que Sánchez gobernará de prestado y a lo Simeone (partido a partido y haciendo bastantes faltas). Ayer su hombre de guardia, Ábalos, lo vino a confesar al amenazar con nuevas elecciones. Su órdago es un farol, pues de repetirse los comicios probablemente el perjudicado sería el propio Sánchez, debido a que se produciría un reagrupamiento del voto de derechas, dilapidado en tres el pasado 28-A. Pero aún así, las palabras del escudero de Sánchez apuntan a una verdad: si Iglesias se pone estupendo y no se apea de su exigencia de ministerios, si el PP y Cs se mantienen en el no y si los conservadores navarros son toreados por el PSN y se enojan, Sánchez va a ser un presidente en el alambre. Paseará en el Falcon, se hará selfis por doquier y seguirá batiéndose gallardamente con el espectro de Franco. Pero gobernará más bien poco. O nada. Su eficaz factoría marketiniana no despeja la ecuación que importa: ¿Cómo se las apañará para sacar adelante los Presupuestos? ¿O acaso se llegaría a la aberración de indultos por apoyos?

Sánchez impugna a Sánchez
Cristina Losada Libertad Digital 11 Junio 2019

Con un saldo electoral de 123 diputados, es verdad que el Partido Socialista ha crecido, pero aún es más verdad que se ha crecido. Incierta aún la investidura, se ha permitido lanzar un aviso a navegantes. Si facilitan que Pedro Sánchez renueve, bien, pero si no lo hacen, prepárense para la catástrofe. No la del PSOE, al que sus propios ya ven subiendo a la mayoría absoluta, sino la que aguarda a los partidos que osen "dar una patada al tablero de la estabilidad" y provoquen una repetición electoral. "Las urnas tienen memoria", dijo el secretario Ábalos. "Los ciudadanos no perdonarán a quien ponga en solfa la viabilidad de la legislatura". Qué imprudencia que los socialistas, hablando de investiduras, apelen a la memoria. Porque las urnas no, pero los humanos votantes tienen memoria. Si no, aquí estamos para refrescarla.

La primera fase del refresco nos lleva a enero de 2016, cuando Sánchez estrenó su "no es no", en forma de "qué parte del no no ha entendido" para decirle a Rajoy que no contara con el PSOE para nada. El PP había sido el partido más votado y su cosecha en escaños fue idéntica a la actual del socialismo: 123. Con aquel resultado, sin apoyos a la vista, Rajoy no dio el paso adelante. Lo intentaría Sánchez tras un acuerdo con Ciudadanos y fracasó. Hubo que repetir elecciones y es ahí donde empieza la parte interesante de la película. Porque el PP subió a 137 diputados y Sánchez, de un modo más taxativo que antes, no quería, ni por asomo, facilitarle la investidura.

A pesar de que estaba en juego otra repetición electoral, persistió en su negativa, junto a su comité federal. La desglosó en tres noes: "No a la gran coalición, no a apoyar desde fuera a un Gobierno del PP y no a apoyar la investidura de Mariano Rajoy". La abstención entraba igualmente en la categoría de gestos imposibles. Aunque la única alternativa fuera convocar terceras elecciones. Con cierto paternalismo, como de político curtido en mil batallas de investidura, Sánchez recomendaba a Rajoy que se buscara la vida: "Tiene mimbres para gobernar. Si otros líderes fueron capaces de articular mayorías estables, ¿por qué no Rajoy?".

Eso: ¿por qué no Sánchez? ¿Es que no tiene mimbres? En aquellos meses de incertidumbre que Ábalos nos incita a recordar, los mimbres que el socialismo consideraba aptos para tejer la investidura de Rajoy incluían a los nacionalistas. Sin ningún problema, oiga. En plena preparación de la insurrección separatista en Cataluña. Porque el PSOE entonces no veía ninguno de los grandes peligros que advierte hoy si no se hace a Sánchez presidente. Les falla mucho la memoria. Pero tanto, tanto, que no recuerdan que hubo que echar al propio Pedro Sánchez de la secretaría general para que el PSOE se abstuviera en la investidura de Rajoy. Y es mejor no acordarse de que el defenestrado renunció a su acta de diputado para evitar contaminarse con aquel ejercicio de responsabilidad.

Sánchez, ésa es la cuestión, debe su resurrección política a su empecinado rechazo a facilitar la investidura de Rajoy. La debe a anteponer su veto a la gobernabilidad y la estabilidad, esos valores que ahora, cuando se trata de su investidura, eleva a supremos. Y los afiliados del PSOE, al elegirle en primarias, premiaron aquel mantenimiento de los principios sectarios por encima de todo: nunca facilitar un Gobierno del PP, pase lo que pase, aunque haya que convocar elecciones una tras otra. Quién le iba a decir a Sánchez que pocos años después iba a vindicar aquella abstención que reprobó con todas sus fuerzas. Que pondría aquello que a sus ojos fue una traición como ejemplo de conducta política responsable. Si los partidos a los que hoy presiona se comportan tan cerrilmente como lo hizo él hace tres años, no quedará otra que repetir las elecciones. Pero hasta Sánchez impugna a aquel Sánchez.

Sánchez pervierte el sistema
  larazonl 11 Junio 2019

No sólo es un debate falso –falso por basarse en una mentira–, sino que, además, esconde la falta de reparos que Pedro Sánchez demuestra para asegurarse los votos necesarios para la investidura. Se parte de una mentira cuando se dice que para evitar pactar con independentistas –todavía en actitud de alzamiento– lo que deben hacer PP y Cs es apoyarle para evitar llegar a La Moncloa con socios indeseados. El dilema se resolvería de una manera más sencilla, aunque moralmente mucho más exigente: renunciar a esos votos que no se desean y, si no se alcanza la mayoría, renunciar a la presidencia del Gobierno ante la imposibilidad de tener una mayoría respetable, no sólo numéricamente.

Con muchos menos diputados –con 84– Sánchez ganó una moción de censura con 96 escaños anti PP, que se sumaron a aquella operación, y no sólo aceptó con gusto el de los que protagonizaron un golpe de Estado contra el orden constitucional –siguiendo el alegato final de la Fiscalía–, sino que creyó que en un futuro su mayoría se iba a sostener en esos aliados y sin embargo enemigos. En una arquitectura tan débil, la argamasa de la ambición no es suficiente: hace falta que los aliados sean leales y compartir un proyecto común y el único proyecto es volver a La Moncloa. En este punto, Sánchez sólo cuenta con el voto del populismo caudillista de Unidas Podemos, el de regionalistas valencianos y cántabros, puede que de foralistas navarros y nacionalistas vascos.

Con este esqueleto de España vertebrada el futuro Gobierno podría ir tirando, si no hay deserciones de última hora. Dada la precariedad numérica y, sobre todo, política, que Sánchez reclame a PP y Cs su abstención para que salga adelante la investidura es traspasarle la responsabilidad a quien no corresponde, precisamente a la oposición. No sería un disparate si Sánchez hubiese llevado una verdadera política de Estado y, sobre todo, en la crisis de Cataluña.

Cometió el error estratégico de dividir la política española en dos bloques porque demonizar al adversario es un ejercicio para el que no se requiere mucho talento –este PSOE está falto de ello–, pero que puede tener consecuencias nefastas cuando realmente hay que recurrir a la oposición si los intereses nacionales lo requieren. Amenazar, además, con convocar elecciones –si bien ha sido formulada por José Luis Ábalos– es persistir en el disparate y desnaturalizar la función de la oposición. Está claro que esta solución no conviene a nadie y, de manera especial, a la sociedad española, sometida a un proceso electoral permanente desde que el propio Sánchez introdujo el dogma del «no es no».

Es lógico que desconfíe de su socio principal, o acompañante, Podemos, un partido en crisis que quiere tomar impulso sentando a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros con la cartera de Trabajo –con ese aire peronista de atribuirse las políticas sociales en exclusiva, por no citar al falangista Girón de Velasco porque sabía hablar a los trabajadores sin las pautas de los tecnócratas, de la UE en este caso–, de los problemas que le puede causar y de su habitual uso político de las instituciones. Sánchez, y con razón, querría una legislatura tranquila y no con un ministro plenipotenciario comprensivo con los independentistas encausados. Sánchez recibió el consejo de juntar en un solo mes dos convocatorias electorales, error o acierto –eso ya se verá– que ha convertido las negociaciones en un espectáculo despiadado por alcanzar cotas de poder, no siempre merecidas. Ha habido una perversión del sistema que está dejando al elector perplejo por comprobar que su voto en Murcia sólo tiene valor en Valladolid, por no ir más lejos.

Dalmacio Negro Pavón: Una defensa del liberalismo conservador
Pedro Carlos González Cuevas. okdiarioCristina Losada Libertad Digital 11 Junio 2019

Sin duda, el liberalismo marca hoy el horizonte político y económico de las sociedades desarrolladas occidentales. Sin embargo, bajo el membrete liberal se esconde, en muchos casos, no poca mercancía averiada. Y es que el liberalismo no es una doctrina política homogénea. En su espléndido libro Liberalismo triste: Un recorrido de Burke a Berlin, el sociólogo italiano Carlo Gambescia distingue elocuentemente cuatro tradiciones político-intelectuales que se pretenden liberales: la microárquica, la anárquica, la árquica y la macroárquica.

La primera estaría representada por pensadores como Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Robert Nozick, en cuyas obras destaca la defensa del “Estado mínimo” y la hipótesis de la identidad natural de los intereses sociales guiados por la “mano invisible” del mercado. La segunda, cuyos teóricos más conocidos Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe y Walter Block, rechaza la idea de “Estado mínimo”, que ha de ser sustituido por el libre ejercicio prepolítico de los derechos individuales.

La tercera tiene como precedente lejano la obra y la figura de Edmund Burke y sus críticas al jacobinismo y la Revolución francesa, que tuvieron, en
mayor o menor medida, continuidad en autores como Alexis de Tocqueville, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Guigelmo Ferrero, Benedetto Croce, José Ortega y Gasset o Raymond Aron, y cuyo fundamento es el historicismo y el realismo político. La cuarta se basa en el utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, y continúa con las doctrinas económicas de John Maynard Keynes, o las filosofías de Jürgen Habermas o de John Rawls.

¿Cuál es el liberalismo auténtico? A esta pregunta pretende contestar don Dalmacio Negro Pavón, en su nuevo libro La tradición de la libertad (Unión Editorial), que ha recibido recientemente el III Premio de la Libertad otorgado por el Centro Diego de Covarrubias. Discípulo del gran historiador Luis Díez del Corral, catedrático emérito de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y miembro numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, don Dalmacio ha destacado en el ámbito de la Historia de las ideas políticas con sus semblanzas de John Stuart Mill, Thomas Hobbes, Augusto Comte, Leopold von Ranke, Alexis de Tocqueville, Carl Schmitt y Friedrich Hegel. Es autor de libros como La tradición liberal y el Estado, El mito del hombre nuevo, Historia de las formas de Estado, Lo que Europa debe al cristianismo, La ley de hierro de la oligarquía, Comte: positivismo y revolución, El Estado en España, etc.

Su concepción del liberalismo es, en mi opinión, una síntesis entre la tradición árquica y la microárquica; rechaza anárquica y es muy crítico con la macroárquica, a la que identifica con el socialismo. Y es que para Negro Pavón el liberalismo no es la expresión de un proceso revolucionario, sino de la tradición política de Occidente, que se remonta a la Grecia clásica, y cuyo curso sigue hasta la actualidad. No se trata, pues, del liberalismo como ideología, sino como categoría política fundamental. Para que esta categoría sea operativa, se desdobla en dos corrientes, el liberalismo regalista o Estatal y el liberalismo político o tradicional. Este último, a juicio de nuestro autor, es el liberalismo estricto. Existe una tensión muy fuerte entre ambas modalidades, puesto que, en último término, el liberalismo, desde su perspectiva, sólo puede “tolerar” el Estado, artefacto, forma política no natural, aparato técnico que acaba por tener vida propia, condicionando todas las expresiones de la vida natural espontánea.

Negro Pavón es muy crítico con el liberalismo intervencionista o megaárquico, al que identifica con el socialismo y el Estado benefactor, el intervencionismo, el constructivismo y el nihilismo. Y es que el estatalismo, propio del liberalismo socialista, no sólo pretende regular la economía, sino las costumbres, la vida privada, las relaciones sexuales, la memoria social y política, etc. Frente a todo ello, Negro Pavón propugna el retorno al liberalismo estricto, es decir, al que considera la tradición política occidental, basado en la Historia, la religión, el realismo político, la autonomía de los cuerpos sociales intermedios, etc. El autor insiste en el papel de la Iglesia católica como contra-poder frente a un Estado cada vez más absorbente.

En el actual contexto sociopolítico, las reflexiones de don Dalmacio me parecen enormemente clarividentes y oportunas. Y es que el denominado “progresismo”, sinónimo de liberalismo Estatal o liberalismo macroárquico, no puede ser ya concebido como una potencia inofensiva y benéfica, sino que se trata de un peligro para la existencia de las sociedades. Se impone aquí, por emplear el término de Paul Ricoeur, una “filosofía de la sospecha” ante las fuerzas desatadas de la hipermodernidad. Porque el problema planteado al individuo por el universo secular-democrático es, en realidad, el límite y el fundamento de ese límite.

Ello puede verse hoy no sólo en la problemática estrictamente política, sino, por ejemplo, en los problemas planteados por la bioética, por las tendencias transhumanistas o las posibilidades destructivas que albergan las manipulaciones genéticas -un ejemplo claro de ello son los temores expresados por un progresista como Jürgen Habermas-, los proyectos de interrumpir la vida de los recién nacidos con discapacidades o ante los inextricables conflictos jurídicos y afectivos que plantean las familias de alquiler. O, en otro orden de cosas, las intervenciones “humanitarias” en los países de la periferia. Tal es la posmodernidad trágica en la que nos encontramos y cuyos efectos más graves es preciso contrarrestar. En ese sentido, las reflexiones de don Dalmacio Negro Pavón son tan necesarias como lúcidas.

Pedro Carlos González Cuevas es Profesor Titular de Historia de las Ideas Política y de Historia del Pensamiento Español en la UNED.

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Eliminar la lengua catalana
Alejandro Tercero cronicaglobal 11 Junio 2019

La vorágine del procés secesionista ha tapado otras cuestiones que no por menos urgentes son menos cruciales. Una de ellas es la discriminación lingüística que de forma sistemática sufren los catalanes castellanohablantes por parte de las administraciones autonómica, provincial y local.

El maltrato hacia los que tienen el español como lengua materna y habitual --que además son mayoría en Cataluña-- es especialmente sangrante en el ámbito de la educación. Y así lo denunciaba un informe elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y publicado hace apenas tres semanas.

El estudio --el más preciso y riguroso realizado hasta la fecha sobre este asunto-- reveló lo que era un secreto a gritos: todos los centros públicos de Cataluña están lejos de ofrecer el 25% de las clases en español, como ordenan los tribunales para hacer efectivo el modelo de conjunción lingüística que establece la ley y la jurisprudencia. De hecho, en una amplísima mayoría de colegios no se imparte ni una sola asignatura en castellano, más allá de la de lengua y literatura españolas.

Por otra parte, era un lugar común para ilustrar la realidad de la escuela catalana señalar que al castellano se le trataba como a una lengua extranjera. Pero ni siquiera eso es cierto. 75 institutos repartidos por toda la comunidad con el aval de la Generalitat ofrecerán el próximo curso un tercio de las horas lectivas en francés --y el resto en catalán-- en un programa de bachillerato bilingüe catalán-francés, el Batxibac. Así, es posible afirmar sin errar que el castellano tiene en el sistema escolar catalán peor consideración que una lengua extranjera.

El actual modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que se aplica en las escuelas públicas de Cataluña es, probablemente, la mayor aberración cultural que se ha perpetrado en las últimas tres décadas en occidente. Todo ello de forma impune y ante la pasividad de los diferentes gobiernos de la nación, ya fueran populares o socialistas.

Y por si eso no fuera suficiente, cuando alguien levanta la voz para reclamar un trato equitativo de las dos lenguas en la educación, es acusado por la clerecía nacionalista de querer “eliminar” la lengua catalana. El último de los talibanes en sulfurarse ha sido el actor y director de teatro Joan Lluís Bozzo, uno de los guardianes de las esencias patrias.

Cada vez son más abundantes los constitucionalistas que piden al Estado magnanimidad respecto a los promotores y ejecutores del golpe al Estado del 1-O. Se multiplican las opiniones que aseguran que una parte del independentismo y del nacionalismo ha asumido la derrota y apuesta por una vía moderada y legal para defender sus posiciones. Que hay que pactar con ellos para superar el “conflicto”.

Pues bien, que lo demuestren. Que empiecen por suprimir la inmersión lingüística y el adoctrinamiento escolar. Y que pidan perdón por tamaña atrocidad.

Cartas a los españoles (V)
Enrique Domínguez Martínez-Campos eltorotv.com 11 Junio 2019

Queridos amigos:
Recuerdo que entre los últimos días de abril y primeros de mayo de 1978, el PSP de Tierno Galván fue absorbido por el PSOE de González/Guerra debido, sobre todo, a las deudas que había acumulado el primero tras las elecciones. Después de una cena “secreta” entre F. González y Tierno en el restaurante “Las Reses”, se acordó aquella absorción asumiendo el PSOE las deudas del PSP. Tierno Galván claudicó ante el nuevo todopoderoso PSOE.

El 5 de mayo de 1978 el proyecto de Constitución elaborado por los “siete magníficos”, con la intromisión de Abril Martorell y A. Guerra, pasó a ser estudiado por la Comisión Constitucional del Congreso. En esta Comisión el centro y la derecha, con 19 diputados, tenía mayoría sobre los 17 de las izquierdas y nacionalseparatistas.

UCD y AP tuvieron que frenar –entonces- a los diputados catalanes y vascos que querían imponer en sus “cortijos” sus lenguas autóctonas como las únicas. La solución salomónica fue hacer cooficial el español y las de aquellas regiones, Cataluña y Vascongadas. De otra parte, el PSOE era partidario del Estado Federal. UCD y AP se oponían a ello. Y, por supuesto, los diputados catalanes, con Miguel Roca al frente. Quizás por ello Pujos escribió: “En la década de los años sesenta, la independencia no era nuestro objetivo (¿lo era ya en la década de los años ochenta?, añado yo), tampoco lo era el federalismo. El sistema federal… se aplica a colectividades y a territorios en principio iguales o muy similares”. Y, evidentemente, para él Cataluña no era ya una región española. Su idea del separatismo era ya meridianamente clara.

Mientras, en Cataluña, Tarradellas estaba al frente de la Generalidad. Procedente de la Esquerra y después de 38 años de exilio voluntario en Francia, era un hombre que se había “civilizado”, prudente, moderado y que en aquella región navegaba ya contracorriente. Decía “mi Patria es España” o “tenemos la obligación de hacer de España un gran país”. De modo que iba en contra de las ideas de Pujol.

En aquella Comisión el PNV estaba empeñado en que Navarra formaba parte de Vascongadas (Euskadi para ellos). El PSOE estaba de acuerdo con esta idea, pero los socialistas navarros se oponían a ella por aquello de que podían quedarse sin “puestos de trabajo”. Y sin pensárselo dos veces, aún no aprobada la Constitución, el gobierno Suárez comenzó a transferir competencias del Estado a Vascongadas y Cataluña.

El problema más arduo en la Comisión fue el debate sobre el Título VIII, el de la organización territorial del Estado. ¿Realmente sabían aquellos políticos lo que querían? Fraga dijo: “El gran tema, el único tema, si bien se mira, de esta Constitución”. Y así, el socialista Peces-Barba dijo que el PSOE aceptaba el régimen autonómico en tanto se entendiera como paso previo al Estado Federal. Los comunistas apoyaban esta tesis. Fraga advirtió: a ver si los servidores del Estado en Cataluña y Vascongadas van a ser, al final, elegidos exclusivamente por los vascos y catalanes por Decreto y vamos a ser todos “maketos” allí. ¿Se equivocó demasiado Fraga?

Cuando me he preguntado si aquellos políticos sabían lo que querían hacer con España (entonces se llamaba “Estado español”) lo he dicho porque no sé si sabían bien lo que eran los nacionalismos en Cataluña y Vascongadas o habían leído, por ejemplo, a Azaña. Cuando criticó el eje “Barcelona-Bilbao” en plena Guerra Civil, escribió: “Cuanto llevo escrito sobre la situación de Cataluña… parece demostrar que nuestro pueblo (España) está condenado a que con Monarquía o con República, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario o bajo un régimen autonómico, la cuestión catalana perdura como un manantial de perturbaciones…”. Y eso que en la Constitución de 1931, España se diseñó como un Estado integral. Por eso Cataluña y Vascongadas eran regiones autónomas, no gobiernos autónomos sin Estado, ni mucho menos “nacionalidades”.

El PSOE estaba decidido a identificarse con los “hechos diferenciales” y, por supuesto, con las “nacionalidades”. Así, el socialista José María (Chiqui) Benegas decía: “Los socialistas defendemos la tesis de que la máxima libertad, en solidaridad plena de los pueblos de España, es la mayor garantía de la unidad del Estado… Creo que por primera vez en la historia constitucional española, se reconoce que España está integrada por “nacionalidades” y regiones que tienen derecho a la autonomía… Para nosotros, el concepto de nación o nacionalidades no es un concepto estático, sino dinámico, sujeto a los cambios dialécticos de la Historia…”. ¿Qué demonios significaba este último párrafo? ¿Sólo palabrería hueca y sin sentido? Pero, además, añadía que los socialistas veían a las Autonomías como “un paso enorme para acercar por ellas el poder político a los pueblos y al pueblo…”. Y así nos va hoy en España con tanto poder autonómico, que no sólo sirve para desunir y enfrentar a los españoles sino que nos cuesta a todos un pastón impresionante con el que ni existirían recortes y se solucionarían muchísimos problemas.

Tierno Galván descubrió el “compromiso”, según él, que desde hacía años, en Toulouse, socialistas y separatistas catalanes se habían comprometido a respetar para, llegada en su día una Constitución, introducir en ella el término “nacionalidades”.

El 3 de julio de 1978 el texto constitucional pasó al Pleno del Congreso. Allí le esperaban más de 1.000 enmiendas. ¿Sería posible estudiarlas en 12 sesiones? El día 19, la cabeza pensante y el bolsillo ya pudiente de Pujol expusieron su afán expansionista sobre Valencia, Baleares y parte de Aragón. Dijo que en esos lugares los catalanes promovían concursos en “lengua catalana” y, dada la identidad cultural en “los países catalanes”, los intelectuales valencianos, por ejemplo, ganaban premios literarios en Barcelona. Y mostró a sus señorías un mapa de España con cuatro “naciones”: Cataluña, Vascongadas, Galicia y Castilla. Es decir, una confederación de naciones… de momento.

Por su parte, los nacionalseparatistas vascos se empeñaban en demostrar que su “soberanía” era muy anterior a la de España. Tenían que ser ellos quienes la delegaran al resto del país. Puedo asegurar que aquella especie de locura estúpida era acogida con, digamos, naturalidad por no pocos sectores de españoles, incluidos medios de comunicación. Abril Martorell cambió cromos con ellos. Si renunciaban a la autodeterminación se les concederían sus deseos foralistas o cupos económicos. Ante esta disyuntiva, los vascos se fueron de las Cortes. Dijeron que para meditar la respuesta a UCD. La tensión en el Congreso por el tema vasco era máxima.

Como anécdota, un periodista sueco en la tribuna de prensa decía: “Esto va muy bien… Todo esto… España… Porque antes, como Franco estaba loco…”. Alguien le contestó: “Pues mira, a lo mejor Franco estaba loco, pero ahora nos hemos vueltos locos todos”.

Y así, cogido con alfileres y “mucho consenso”, el proyecto de texto constitucional pasó a ser revisado por la Comisión Constitucional del Senado el 18 de agosto de 1978. Lo primero que allí se propuso por el senador Fidel Carazo fue realizar un referéndum para eliminar toda idea de Dios en España. Le contestó Torcuato Fernández Miranda, alejado ya de Suárez. Le dio que él no sabía exactamente en qué lugar de la Administración del Estado podía acoplarse al Altísimo y que Dios era difícil de ser reducido a los márgenes de lo que se decía en el artículo primero del borrador. No me digan ustedes, amigos, que todo aquello era de personas cuerdas.

Sánchez sigue en minoría
EDITORIAL ABC 11 Junio 2019

El PSOE no tiene sencillo configurar una mayoría suficiente. Volverá a ser una legislatura basada en el chantaje

Cuando aún faltan varios días para la conformación definitiva de acuerdos entre los distintos partidos para designar mayorías autonómicas y municipales, es indudable que la investidura de Pedro Sánchez va ligada a la resolución de algunos de esos acuerdos. Hoy Sánchez recibe a Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado con la pretensión de lograr una mayoría suficiente para formar Gobierno. Sin embargo, el panorama continúa enrevesado. De un lado, está el órdago lanzado por Iglesias para entrar personalmente en el Ejecutivo de Sánchez, algo a lo que inicialmente se opone el PSOE. Por tanto, queda en pie la amenaza de Iglesias de tumbar la investidura tanto en primera como en segunda votación. Tampoco está definitivamente cerrada la puerta para que Ciudadanos pueda finalmente abstenerse, de modo que Sánchez no llegue a necesitar los votos afirmativos o las abstenciones del separatismo catalán o de Bildu. Con 123 escaños, Sánchez no tiene sencillo configurar una mayoría suficiente, y menos aún una legislatura cómoda. Tarde o temprano, volverá a ser una legislatura basada en el chantaje. Y en cualquier caso, Sánchez no contará con los votos favorables o la abstención del PP, tal y como reiteró ayer Génova después de que su dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso sugiriese que sería mejor una abstención popular a una cesión del PSOE al independentismo. Sin embargo, el escenario no es ni mucho menos idéntico al de 2016, cuando el PSOE se abstuvo para poder investir a Rajoy. Entre otros motivos, porque fue Sánchez quien se encastilló en su «no es no» y renunció a su escaño, precisamente para no avalar esa decisión de su partido. Sánchez nunca dio su voto al PP, ni siquiera por responsabilidad.

Aún estamos en fechas de faroles, órdagos, vetos y bloqueos virtuales. Pero Sánchez tiene la obligación de armar una investidura. Su compromiso fue hacerlo con Podemos y otros partidos minoritarios, más allá de que pretenda disponer de un Gobierno en solitario. Para España sería nocivo que su Ejecutivo dependiera de las exigencias separatistas otra vez y de un populismo comunista cuyo papel ha quedado reducido a suplicar ministerios para garantizar la supervivencia política de Pablo Iglesias. No obstante, es esta la mayoría que ya fraguó Sánchez en la moción de censura, y llegado el caso, no tendrá reparo en intentar reeditarla, aunque ya no se fíe del independentismo por hundirle su anterior mandato. Pero plantear a Ciudadanos o al PP que faciliten su investidura se compadece muy poco con el agresivo discurso del PSOE en campaña. Además, fue Sánchez quien agrietó en su momento esa mayoría «constitucionalista» y quien despreció a las «derechas». Sánchez lo tiene difícil porque, aunque logre ser investido en julio, la gobernabilidad se presenta convulsa e incierta. Y si Iglesias decide vetarlo, deberá optar por repetir las elecciones. Y eso tampoco sería bueno para España.

Sánchez: ante lo posible o lo inviable
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 11 Junio 2019

Para el autor, el presidente del Gobierno no debería dejar pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo con Cs y PP para propiciar una urgente reforma de la Constitución sin la interferencia de nacionalistas y populistas.

Cualquier observador extranjero que conozca bien lo que está acaeciendo actualmente en España se estará preguntando por la razón de por qué durante la campaña anterior al 28 de abril, prácticamente no se debatió, e incluso se eludió, el problema más grave que tenemos en este país. Me refiero naturalmente no solo al problema catalán, sino a algo más amplio que lo engloba y que consiste en la falta de un modelo racional y estable del Estado descentralizado tal y como pretendía construir la Constitución.

La cruda realidad en España, en estos momentos, es que asistimos a un fenómeno que no creo se haya dado alguna vez en el mundo y que podríamos denominar como el "síndrome de las dos Penélopes". Es sabido que en el genial libro de la Odisea, Penélope ansiaba el regreso de Odiseo, su marido, que había partido para participar en la guerra de Troya, pero terminada ésta, pasaba el tiempo y su amado no regresaba, hasta el punto de que algunos le dieron por muerto. De ahí que muchos pretendientes la cortejaran para que aceptara volver a casarse, a lo que ella se resistió en un principio, pero para desembarazarse de los moscones prometió que aceptaría un nuevo matrimonio cuando acabase el manto que estaba tejiendo para el Rey Laertes. Sin embargo, la eterna tardanza le obligó a prologar aparentemente la impaciente espera mediante una trampa, porque lo que tejía de día, lo destejía de noche, sin que nadie se diera cuenta de que el manto no crecía, con el fin de no perder la esperanza de que volviera la persona de quien estaba enamorada.

Pues bien, esta sugestiva historia de la mitología griega, la hemos superado en la política española, pues lo que hemos conseguido es que no sea una la que hace las funciones de construir y destruir algo al mismo tiempo, sino que tenemos dos Penélopes, una que teje el manto para acabarlo de una vez y otra que, ante la pasividad del Gobierno, lo va destejiendo como si de rien n'etait. En consecuencia, en el primer caso, podríamos poner como ejemplo de tejedores eficaces a los fiscales y al excelente juez Marchena, que preside con todo rigor la sala de lo penal del Tribunal Supremo y del que esperamos, después de unos meses de un riguroso juicio, una sentencia justa, que consista en la condena de los procesados por el delito de rebelión o por el que decidan. Pero, por otro lado, está el destejedor o la segunda Penélope, en este caso, el Presidente Torra y la Generalitat, que consideran que este juicio es una farsa y piensan en la absolución inmediata de los procesados. En consecuencia, se sigue destejiendo el manto jurídico que encubría el golpe de Estado y se siguen tomando medidas con vistas a conseguir la independencia y la República, esperando mientras tanto a ver si llega Godot. Pondré algunos ejemplos de que el Gobierno de Sánchez, como antes el de Rajoy, no han impedido que se acabe el manto de una vez: Torra parece que no descarta un choque armado en Cataluña y, por tanto, este Napoleón de bolsillo está aumentando el número de efectivos de los Mossos y poniendo a su cabeza a claros independentistas. Pero hay más. Han conseguido que un órgano tan importante para la economía como es la Cámara de Comercio catalana, haya sido inundada de separatistas, comenzando por su nuevo Presidente. No ponen en duda que en Cataluña se sigue la hoja de ruta que trazó Pujol, el capo di mafia, que mantiene aún su poder. Siguen controlando los más importantes medios de comunicación, empezando por TV3. Han puesto en libertad a Oriol Pujol, que tenía que pasar dos años en prisión, mediante un subterfugio ilegal. En este sentido, la Generalitat, una vez que haya sentencia, controlará la libertad de los condenados siguiendo el ejemplo anterior, estando por medio los indultos. Como consecuencia de la política separatista se está produciendo una desandada de jueces no catalanistas favorables a la creación de una república. No se ha hecho nada para detener la acción en el extranjero, a través de las embajadas catalanas, de una política dirigida a mantener que España es un país represivo. Es significativo que la portavoz de Junts per Cat pensase ir a la consulta con el Rey luciendo el famoso lacito amarillo, que significa que los que dieron el golpe de Estado son presos políticos, lo cual es una incongruencia si pensamos que despachan en la cárcel y que han podido tomar posesión de sus escaños sin jurar la Constitución. Además pueden dar mítines, escribir en la prensa y reunirse con sus familiares cuando les place. Por ejemplo, en La Vanguardia del 9 de junio, se ha publicado un artículo de Jordi Cuixart, que comienza: "Hoy hace 600 días que soy un preso político...", en el que mezcla churras con merinas, citando a Antígona, a Rawls, a Dworkin, a Martin Luther King y menciona hasta una sentencia de la sala penal del Tribunal Supremo. En definitiva, me gustaría decirle dos cosas: una, ¿cree realmente que en un país en dónde hay presos políticos podrían éstos escribir en un periódico importante? Y, otra, le recomiendo, ya que tiene tiempo, que lea lo que dicen Kelsen o García de Enterría, por ejemplo, sobre lo que es un Estado de derecho, para no decir esas gansadas en las que confunde la desobediencia civil con un golpe de Estado, en un país tan democrático o más que otros de Europa.

En suma, la consecuencia de todo lo dicho es que aún falta, al margen de los pactos que se vienen realizando desde el 26 de mayo para resolver problemas importantes, pero de menor cuantía, la verdadera madre de todos los pactos que es el que tiene que realizar Pedro Sánchez para acabar con el golpe de Estado y resolver el problema básico de la subsistencia de España como nación. Estamos en una situación gravísima, aunque la mayoría de los españoles estén pensando en las arenas doradas de las playas soleadas. Si no se detiene el avance del separatismo catalán, es decir, si dejamos que los separatistas catalanes (ERC), que por primera vez son mayoritarios en el Congreso, sigan destejando la túnica de Penélope, se acabaran suprimiendo todos los vínculos, que son ya pocos, los que se mantienen aún con España. Pero no solo se trata del problema catalán, el verdadero problema es el de la organización territorial del Estado, cuyas bases para llegar a donde hemos llegado se pusieron en el nefasto Título VIII de la Constitución. No hay duda de que la única solución para intentar resolver este embrollo, pasa por la reforma forzosa de la Constitución. Y de ahí entramos ya en la cuestión fundamental que afecta hoy a España, esto es, la palabra la tiene Pedro Sánchez para saber si España sigue navegando o se hunde en las aguas del océano.

Es más: Pedro Sánchez debe ser consciente, como dijo el sociólogo alemán Robert Michels en el siglo pasado, de que "quien ha adquirido poder se reforzará siempre por consolidarlo y extenderlo, por multiplicar las murallas que defienden su posición y por sustraerse al control de las masas. Bakunin, el fundador del socialismo anarquista, afirmaba que la posesión de poder transformó en tiranos aun a los más devotos amigos de la libertad". Sea lo que sea, creo que Michels tiene toda la razón, porque sigue diciendo: "Es verdad que el ejercicio del poder produce un cambio profundo en el carácter". Lo cual quiere decir que tan cierto es que un político que solo busca el poder para sí mismo, puede cambiar y llegar a la convicción de que el poder es el arma más poderosa para poder cambiar la sociedad a mejor, como lo contrario. Es decir, Pedro Sánchez tiene la posibilidad de pasar a la Historia como un villano o como un estadista que hizo progresar a su país en unos momentos muy difíciles.

Todo esto viene a cuento porque el dilema que se le presenta, consiste en elegir bien un Gobierno de coalición con Ciudadanos, lo cual sumaría 180 diputados, es decir, más de 176, que es la mayoría absoluta o bien, por el contrario, formar un Gobierno de coalición, o simplemente de apoyos concretos, con los partidos populistas, nacionalistas y separatistas. Si opta por esta segunda opción, no solo no resolverá el problema de España, sino que pondrá las bases para su disolución y entonces no solo tendremos el problema catalán, sino también el vasco, el navarro, el de Baleares, el de Valencia y hasta incluso el de Canarias.

Por tanto, si se decide por esta opción, no logrará ni la estabilidad necesaria para gobernar, ni tampoco le garantizaría los cuatro años por los que suspira para seguir en La Moncloa. En consecuencia, no tiene más remedio, como desea la mayoría de españoles sensatos, que formar un Gobierno de coalición con Ciudadanos para poder gobernar y para lograr la urgente reforma de la Constitución, pues contaría también para ello con el apoyo del PP. Así las cosas, la responsabilidad no es únicamente de Pedro Sánchez, sino, en este caso, especialmente, de Albert Rivera, quien debe no solo tener en cuenta sus intereses, sino los intereses de España, puesto que ya nos ha demostrado que es un patriota, aunque a veces le pierda su ambición. Por lo demás, si es conveniente que cambie su opinión de Pedro Sánchez -o viceversa-, tendrán que hacerlo, porque, la condición humana admite todas las variaciones y transmutaciones posibles sobre todo cuando se busca el bien común...

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

La marginalidad del PP vasco
ROGELIO ALONSO El Mundo 11 Junio 2019

"El PP recupera espacios de proyección, pese a tener dificultades para contener la pérdida de apoyos electorales. Su paradoja es esa: más relevancia con menos votos". Esta era la reveladora conclusión del periodista que cubría las informaciones del Partido Popular vasco en El Correo en diciembre de 2013. El PP del País Vasco no ha dejado de perder votos desde que María San Gil dejó su presidencia en 2008 al sospechar que el liderazgo de su partido no deseaba combatir ideológica y políticamente al nacionalismo hegemónico del PNV. El tiempo le dio la razón. Por eso era previsible el nuevo descenso de votos en las últimas elecciones municipales y su fracaso en las generales: ningún diputado al Congreso. En absoluto obedece semejante trayectoria a la supuesta radicalidad que Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, atribuye al líder nacional. Precisamente Alonso es uno de los responsables del fiasco que ha convertido al PP vasco en un partido útil para el PNV e incapaz de desafiar la hegemonía nacionalista. En 2013, siendo Alonso portavoz del PP en el Congreso, se reunió, junto a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría, con la cúpula del PNV para tratar temas de Estado. "Un doble puenteo", escribió el profesor Chacón Delgado en El Correo: "El de los nacionalistas que puentean a sus homólogos del PP vasco y el de un dirigente del PP vasco que puentea a su propia presidenta".

Ante las elecciones de 2012, El Correo exponía los problemas de esa estrategia del PP vasco que camuflaba su pérdida de votos alardeando de una falsa relevancia: "Los bandazos del PP vasco en su viaje al centro (...). Basagoiti esconde su apuesta por un pacto con el PNV. (...) Internamente, los populares consideran que, si a estas alturas dieran por hecho sus preferencias por el partido de Urkullu, tirarían por la borda sus opciones en las urnas. Porque, en realidad, se mantiene la apuesta por la complicidad mutua. Al menos en la discreción". La periodista Tonia Etxarri describía en 2014 las implicaciones de ese "viaje al centro" pilotado por dirigentes que ahora encubren su ineficacia atribuyéndole a Casado un inexistente radicalismo: "Muchos de los que empiezan a aplaudir la moderación de Arantza Quiroga nunca votarán al Partido Popular". El "viaje al centro" constituía un nefasto encuadre estratégico al asumir que se venía de un extremismo con el que injustamente se identificó a María San Gil. Sigue vigente el análisis de Maite Pagazaurtundúa en 2014: "Hay un problema de fondo en el PP vasco, que es traumático y que no se ha terminado nunca de resolver. Tiene que ver con la salida de María San Gil -una mujer extraordinaria- del liderazgo. Eso, por un lado. Luego, el País Vasco es como un campo de reeducación". Como señaló Jon Juaristi hace unas semanas, "El PP de Euskadi se ha extinguido en justo castigo a su ambigüedad". La difusión de responsabilidad que Alonso pretende endosando a factores exógenos la debacle desvía la atención de las evidencias que demuestran que el PP vasco no debe ser liderado por los responsables de su agónica situación.

Tras la salida de San Gil, algunos medios elogiaron el "reformismo" de un PP vasco que, decían, había "salido de la trinchera". Javier Maroto, en 2012 alcalde de Vitoria y diputado, personificaba esa transformación que le fue restando votos hasta perder la alcaldía y su escaño al Congreso. Lo ilustran sus declaraciones en 2012 cuando el político popular criticó a su propio partido por su discurso "antivasco" desde el resto de España. Asumía la retórica nacionalista con enemigo exterior incluido aceptando ese genérico "Madrid" que, aducía, no entiende a los vascos. Como sintetizó Fernando Savater, populares y socialistas vascos han acabado ofreciendo "los mismos platos identitarios que los nacionalistas". Si la socialista Mendia brindó con Otegi, el popular Iñaki Oyarzabal bromeaba con el etarra en la tribuna de invitados del Parlamento vasco en 2016.

La sociología electoral vasca, con una cultura política nacionalista dominante, es compleja. Basagoiti, presidente del PP vasco entre 2007 y 2013 sostenía: "A veces es más difícil aguantar la exclusión social nacionalista que los asesinatos". La estrategia del PP vasco ante ese aislamiento ha ignorado la sensibilidad de muchos de sus votantes. PP y PSOE han normalizado como demócrata a Bildu tras su fraudulenta legalización. A Borja Sémper, que afirmaba en 2013 que Bildu "no es ETA", le desmentía la inapelable sentencia del Tribunal Supremo definiendo a la formación como "testaferro de ETA". Los tres concejales que Sémper mantiene en San Sebastián son vistos como un éxito de una forma de hacer política que precisamente es causa de la marginalidad de un partido superado por los diez concejales del PNV, los seis de Bildu y los cinco del PSE. Siete obtuvo el PP en 1995 tras el asesinato de Gregorio Ordoñez cuando iba a ser alcalde de la ciudad.

El declive del PP vasco refleja que se le recompensó en las urnas cuando combatió a ETA sin complejos en todos sus frentes, incluido el político y el ideológico. En cambio, su estrategia desde 2008 ha asumido como ciertas las críticas de sus adversarios. Su miedo a la exclusión, a la incomodidad en la sociedad vasca, le llevó a adoptar un discurso conciliador con el nacionalismo. Con ese giro hacia quienes demonizaron al PP vasco debilitó su posición ante electores potenciales. También con su base tradicional de la que se distanciaba para luego intentar movilizarla sin éxito al criticar en las campañas el carácter excluyente del nacionalismo. Un informe ignorado por la cúpula popular destacó en 2014 errores en el País Vasco como "Considerar que la posición del partido debe orientarse hacia la captura de voto del sector de población que pudiera calificarse como nacionalista moderado y reducir su mensaje a eslóganes sin demasiado contenido político con la aparente intención de ser tolerado como partido presentable en la sociedad vasca". Voces acalladas del PP vasco advirtieron internamente sobre la "falta de una estrategia sólida", y la "política pop", una "sobredosis de frivolidad" que valoraba más "la foto, la pose, por encima de los principios, las convicciones, los valores y nuestra particular historia". Otro cargo marginado advertía en 2014: "El PP, si decide orbitar en torno al PNV, no es probable que se beneficie sino que sea deglutido por el PNV". El primer gobierno autonómico sin el PNV, que el PSE formó entre 2009 y 2012 gracias al PP, mostró la renuencia de ambos a reforzar una identidad política no nacionalista. Renunciaron a desafiar la hegemonía nacionalista y aceptaron un modelo de final del terrorismo que indultó políticamente a ETA tras su derrota policial. Otra decisiva causa de la marginalidad del PP vasco.

En abril de 2018, Andoni Ortuzar, presidente del PNV, al salvar los presupuestos del PP se jactaba de que su partido "nunca había influido tanto en la política española". Días después apoyó la moción de censura contra Rajoy. El erróneo diagnóstico sobre los verdaderos intereses del PNV explica la crisis del PP y el panorama actual. Sánchez, el radical que pacta con golpistas, testaferros de ETA y nacionalistas vascos que desprecian la Constitución como "antidemocrática", es un moderado. En cambio se estigmatiza como radicales a quienes lo denuncian. Así se comprende la marginalidad del PP vasco empeñado en "viajar" eternamente "al centro", como lleva haciendo desde hace una década sin dejar de perder votos. Las consecuencias son dramáticas: la práctica desaparición de un partido nacional en una Comunidad Autónoma en la que se ha asesinado para eliminar el constitucionalismo; y la aceptación de que se debe regalar al PNV la gobernabilidad de Euskadi sin desafiar la hegemonía nacionalista, cediéndole además un inmenso poder en la política estatal. Thomas Paine corrige a los "centristas" que han inventado como chivo expiatorio una radicalidad ausente que, sin embargo, es necesaria para enfrentarse a ese nacionalismo falsamente moderado y desestabilizador del Estado a su conveniencia: "La moderación en el comportamiento es siempre una virtud. No lo es la moderación en los principios".

Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de La derrota del vencedor (Alianza).

Las actas de la vergüenza
Cayetano González Libertad Digital 11 Junio 2019

¿Qué hizo Zapatero con su negociación con ETA? Dar oxígeno a la banda terrorista.

Entre el guirigay de los pactos post-electorales y el empeño puesto por los medios que en su día apoyaron la negociación política de Zapatero con ETA para ocultar el contenido de las actas de dicha negociación, el conocimiento de las mismas ha quedado limitado a lo que muy contados medios, entre ellos LD y esRadio, han ido publicando en los últimos días en torno a lo que se podrían llamar las actas de la vergüenza.

El valor de estas reside en que es ETA quien certifica lo que en aquellas reuniones se negoció y se propuso por parte de los interlocutores del Gobierno: el socialista vasco Jesús Eguiguren, el exministro de Justicia Javier Moscoso y el exmiembro del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez. Aunque pueda escandalizar a algunos espíritus pusilánimes, he de decir que la experiencia histórica indica que ETA suele contar la verdad de lo que han sido sus contactos/negociaciones con los diversos Gobiernos de España: con el de Felipe González en Argel, con el de Aznar en Suiza o con el de Zapatero en Oslo. Los de ETA son asesinos, pero no son tontos: apuntaban y tomaban nota de todo y al final lo acababan contando. Aportaré una experiencia personal al respecto.

En mayo de 1999, los enviados del presidente Aznar tuvieron una reunión con la dirección de ETA en Suiza para explorar la voluntad real de la banda terrorista de poner fin de forma definitiva a su actividad criminal tras la tregua que habían declarado en setiembre de 1998. Aquella reunión de Suiza no condujo a nada y no hubo más encuentros. Al cabo de unos meses, el diario Gara publicó las actas de dicha reunión redactadas por ETA. Al día siguiente de la publicación tuve la oportunidad de preguntarle personalmente a uno de los asistentes a aquel encuentro, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, que me dijera, en una escala de uno a diez, cuánto de verdad había en la versión de ETA. La respuesta fue contundente: un 8,5, me dijo mi interlocutor, que añadió: y no pongo una nota más alta por algunas inexactitudes que no afectan a lo esencial de lo allí hablado.

Que Zapatero negoció cuestiones estrictamente políticas con ETA ya se sabía. Que el futuro de Navarra estuvo en la mesa de la negociación era evidente; y otras cuestiones, como intentar influir en el Poder Judicial para que no siguiera adelante con procesos como el del chivatazo del bar Faisán o que se rebajara la presión policial tanto en Francia como en España sobre los miembros de la banda terrorista, quedan recogidas en las citadas actas.

Es verdad que el paso del tiempo hace que se olviden muchas cosas, pero en algunos casos no debería ser así. La negociación de un presidente del Gobierno con una banda terrorista que ha asesinado a 857 compatriotas y herido a miles más es una de ellas. Cuando Zapatero llegó a la Moncloa, en 2004, ETA estaba contra las cuerdas, derrotada política, social y policialmente. ¿Qué hizo con su negociación? Dar oxígeno a la banda terrorista. ¿Por qué lo hizo? Porque la izquierda política y mediática no podía consentir que fuese un Gobierno de derechas, es decir el de Aznar, el que acabara con ETA. Lo terrible es que Rajoy, al llegar al poder, en 2011, asumiera la hoja de ruta marcada por Zapatero, eso sí, sin llegar a sentarse nunca con la banda terrorista. Pero liberó a Bolinaga y maltrató a las asociaciones de víctimas del terrorismo que eran críticas con su política antiterrorista.

El conocimiento de las actas de ETA al menos debería servir, si no es posible la imputación de algún delito a quien permitió y lideró aquella negociación política, para consolidar un repudio social hacia el que sin duda ha sido el peor presidente del Gobierno de España, a pesar de que sus dos sucesores han hecho méritos más que suficientes para disputarle tal honor.

El socialista Rodríguez Zapatero pactó con la banda terrorista ETA su declaración oficial tras el anuncio de la “tregua”
www.latribunadelpaisvasco.com 11 Junio 2019

Los enviados del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en las negociaciones políticas con la banda terrorista ETA aceptaron la propuesta de la organización criminal de ocultar en "anexos" secretos la consideración de 'vascos' que daban a los ciudadanos de Navarra en los acuerdos alcanzados antes de anunciar la declaración de alto el fuego permanente, según las actas de ETA a las que ha tenido acceso Europa Press. Estos anexos, junto con el preámbulo y las actas de las negociaciones están depositados en un banco y custodiados por el facilitador de los encuentros, la Fundación suiza Henry Dunant con sede en Ginebra.

El planteamiento surgió durante la fase inicial, en la sexta reunión de la tanda de negociaciones previas a la declaración de tregua por parte de ETA, las celebradas en julio de 2001. Fueron los enviados de la organización terrorista quienes los propusieron cuando estaban discutiendo con los representantes del Gobierno qué se consideraba sociedad vasca o ciudadanos vascos.

Los enviados de la banda terrorista plantearon que se incluyera en la declaración que tenía que realizar el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que este término de sociedad vasca incluía a los ciudadanos de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Pero ante las reticencias del Gobierno, que no quería ser tan preciso en la declaración pública del Jefe del Ejecutivo, los enviados de la banda propusieron que determinadas cuestiones se recogieran en "anexos" que serían secretos.

Según informa Europa Press, inicialmente, la representación gubernamental se mostró 'totalmente en contra, según consta en las actas intervenidas a ETA. Pero los enviados de la organización terrorista insistieron y preguntaron al facilitador de las reuniones si, atendiendo a su experiencia, era usual realizar anexos en los acuerdos, aunque éstos no se hicieran públicos. El facilitador respondió que sí, "que se hacen a menudo y que son habituales en el ámbito de la diplomacia" y se mostró dispuesto a realizarlos él mismo desde su labor de notaría". Pero la propuesta se quedó para la siguiente reunión y en la séptima, el Gobierno aceptó incluir los anexos.

La condición era que los hiciera el facilitador desde el ámbito de su trabajo, es decir, "desde su labor de recoger en acta el contenido de las negociaciones. Los puntos que se debían incluir inicialmente en esos anexos, que no formarían parte de la declaración final que haría el jefe del Ejecutivo pero que se referían al primer párrafo de ésta, eran relativos a los "ciudadanos vascos' y la expresión 'respetando las normas y procedimientos legales".

También se estableció que habría anexos para otra parte de la declaración de Zapatero, en lo relacionado con los "mecanismos de negociación", con los "partidos políticos vascos así como los agentes sociales, económicos y sindicales' y sobre las labores de las mesas de negociación.

Finalmente, en los anexos aceptados por las dos partes se reflejaron seis puntos que eran aclaratorios de la declaración que pactaron para que realizara Zapatero cuando ETA anunciara la tregua.

El primero de ellos se redactó así: 'Entendemos como 'acuerdos' los concernientes al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipúzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas'.

Tras alcanzar el acuerdo sobre la declaración del entonces presidente del Gobierno, los enviados de Zapatero expusieron que se abría un periodo hasta la declaración de éste en el que tendría que lograr una especie de pacto de Estado, al tiempo que ratificaban las "garantías" que serían tratadas también de 'manera secreta". Estas garantías eran las siguientes, según la información de Europa Press: no hacer detenciones, ni en España ni en Francia, no realizar ataques contra la autodenominada Izquierda Abertzale, legalización de facto de asociaciones, partidos y organismos abertzales y control de las fuerzas armadas.

Sobre este último punto, en una de las reuniones, el mediador que hablaba directamente con Zapatero explicó que el Ejecutivo estaba estudiando la posibilidad de hablar con los franceses para bajar la presión debido al temor del presidente a que llegara a la Policía la noticia de las conversaciones con la banda terrorista.

Finalmente y para evitar filtraciones, acordaron que las actas -que incluían el preámbulo y los anexos o aclaraciones- se guardarían en secreto, que habría una sola copia y que se guardarían en un banco. Estas actas, aclararon, serían la interpretación que hacía el facilitador de las negociaciones sobre todo lo hablado en ellas.

Según Europa Press, en las actas de ETA, el nombre del facilitador no aparece en ningún momento, se le identifica con las siglas LAU, pero el 22 de marzo de 2011, uno de los enviados del Gobierno a esa negociación prestó declaración como testigo protegido en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Allí dijo desconocer a qué respondían esas siglas pero desveló que los mediadores que estaban en esas reuniones eran del Centro Henri Dunant, con sede en Suiza.

Según ha podido saber La Tribuna del País Vasco, en aquellos momentos el Centro Henri Dunant nombró al socialista Javier Solana, ex secretario general de la OTAN y ex responsable de asuntos exteriores de la Unión Europea, como su presidente de honor. Paralelamente, también en aquellos años, tanto el Ayuntamiento de San Sebastián, entonces en manos del también socialista Odón Elorza, como el Gobierno Vasco, liderado en aquellos momentos por el también socialista Patxi López, subvencionaron diversas actividades del Centro Henri Dunant.


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