AGLI Recortes de Prensa   Jueves 13  Junio 2019

Vox como voto útil
EDITORIAL Libertad Digital 13 Junio 2019

La formación liberal-conservadora que lidera Santiago Abascal está mostrando gran inteligencia política, sentido de la responsabilidad y altura de miras tanto al negarse a dar un cheque en blanco a quien pretende marginarla y a la vez aprovecharse de sus votos como al facilitar los acuerdos en cuanto es tratada con la debida consideración. Sirvan como ejemplos su disposición a aceptar cargos intermedios, en lugar de consejerías, en la Comunidad de Madrid a cambio de "claridad en los acuerdos y el compromiso de cumplir aquello que se acuerde", y el principio de acuerdo alcanzado en Andalucía para que Vox retire su enmienda a la totalidad a los Presupuestos regionales a cambio de que el Gobierno de PP y Cs acepte una mayor reducción del gasto público en la denominada Administración paralela, foco de corrupciones sin cuento.

Vox demuestra así que existe un espacio entre el descalificable oportunismo de quien transige con todo y el numantinismo insensato de quien no cede en nada; entre el infame trágala que algunos pretenden infligirle y un contraproducente fundamentalismo que, ignorando que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, se cierra en banda a cualquier negociación. Hace muy bien el partido de Abascal en pensar no sólo en su programa sino, sobre todo, en lo que ocurriría si, por desubicada rigidez, los andaluces tuvieran que apañárselas con los Presupuestos que dejó la pésima Susana Díaz, o si la Comunidad de Madrid quedara en manos socialistas.

Por otra parte, el hecho de que no forme parte del Gobierno autonómico andaluz ni, por lo que parece, del madrileño permitirá a Vox defender sus apoyos puntuales a dichos Ejecutivos de PP y Cs cuando lo estime oportuno y arremeter contra despropósitos liberticidas como la obligatoriedad de celebrar el Día de la Memoria Histórica en los colegios públicos andaluces o la persistencia de legislaciones infectadas por la muy mal llamada "violencia de género" en ambas comunidades.

La izquierda en el poder es una calamidad, y también la derecha cuando no hace otra cosa que imitar a aquélla. Por eso Vox es necesario. Por eso Vox puede ser un muy necesario voto útil que impida a partidos como PP y Ciudadanos traicionar impunemente a su electorado.

Y la ley prevaleció
Editorial El Mundo 13 Junio 2019

Ayer tocó a su fin el juicio más importante desde la restauración de la democracia. Que lo era precisamente porque se trataba de enjuiciar a los responsables del más grave ataque a la Constitución desde 1978. El desarrollo del proceso celebrado en la Sala Segunda del Supremo será recordado como modelo de garantismo por todo aquel que haya querido asomarse a sus 52 sesiones. Es hora de decir que el juicio del 1-O constituye ya un hito y un triunfo de la democracia española. Un abogado de la defensa, Javier Melero, atribuye su ejemplaridad al "minucioso y pedagógico" trabajo del Tribunal. No se han escatimado esfuerzos porque esta vez estaba en juego, como en ningún trance anterior, el prestigio de nuestras instituciones, difamadas por la propaganda separatista pero perseverantes en la convicción de que la calidad de una democracia la marcan las garantías que se ofrecen a sus agresores en un juicio justo.

A lo largo de cuatro meses hemos podido presenciar el despliegue sistemático y riguroso de los hechos que desmontan la posverdad nacionalista, que ayer volvió a anegar el ejercicio del derecho a última palabra de los acusados, incapaces de distinguir entre mitin político y argumentación jurídica. Pero la prueba ha resultado notoria: hemos oído los testimonios y repasado las imágenes de un levantamiento planificado contra el orden constitucional -y no solo contra el orden público- que se sirvió deslealmente de los medios del Estado, desde la televisión hasta la policía autonómica, para forzar un referéndum ilegal que desencadenase un punto de no retorno al objeto de sustituir unilateralmente un orden legal por otro, diseñado a la medida de un régimen identitario excluyente. Las consecuencias de desorden y violencia estaban previstas por los promotores sentados en el banquillo: contaban con ellas como palanca de su plan de independencia, que fue real, y al que las defensas han intentado quitar hierro solo después de que el Estado -del Rey al Poder Judicial- se mantuviera firme ante el histórico envite. Si el golpe hubiera triunfado, no ya se habrían ahorrado el pretexto de lo simbólico en el juicio: es que no se habría celebrado juicio alguno.

En vísperas del 1 de octubre de 2017, en esta misma página escribimos que la ley prevalecería frente a sus enemigos. Casi dos años después, nuestra confianza en la vigencia del Estado de derecho ha sido premiada gracias a la labor de distintos fiscales y magistrados. Especial mención merece el juez Marchena, que ha conducido el proceso con una combinación admirable de paciencia y autoridad, así como la Fiscalía, que desde José Manuel Maza hasta Javier Zaragoza nunca dudó de que se enfrentaba a un golpe de Estado. No cabe decir lo mismo de la Abogacía del Estado, que tras la purga de Edmundo Bal se ha comportado como el brazo político del Gobierno para buscar la complacencia del independentismo.

"Somos libres porque somos esclavos de la ley", escribió Cicerón. Merced a esa sola servidumbre, esta seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales.

Marchena, héroe civil
Ignacio Camacho ABC 13 Junio 2019

Este verano debería haber en las playas camisetas con el rostro o las frases del juez Marchena. Y si los ayuntamientos tuvieran sentido de la civilidad y de la trascendencia histórica, en un futuro le dedicarán calles como dice el analista Ignacio Varela. Porque ha devuelto a una mayoría de españoles la confianza en una Justicia ejercida con temple, limpieza, claridad de criterio e independencia. Porque frente al ruido del conflicto separatista ha conseguido encarnar -como sólo el Rey lo logró en el instante crítico de la revuelta- la autoridad del Estado desde una jerarquía moral e intelectual terminante y serena. Porque ha dirigido el juicio más importante de la democracia con ecuanimidad, aplomo y mano izquierda. Porque en cada sesión ha impartido lecciones de derecho procesal cargadas de elegancia y de paciencia. Porque ha impedido que abogados, testigos y acusados convirtieran la sala del Supremo en el escenario de una verbena. Porque ha sabido cortar todo intento de distorsión, de controversia o de manipulación política de los testimonios o de las pruebas. Porque ha preservado las garantías de los imputados y refutado con aplastante maestría jurídica sus protestas. Porque, situado en el centro de un escenario de enorme polémica, ha manejado la presión a base de experiencia, conocimiento, madurez y flema. Porque ha puesto en su sitio, con intervenciones precisas, afiladas y certeras, a todo el que trataba de salirse de las reglas. Y porque mediante ese control de las circunstancias y de los problemas, ese soberbio despliegue de competencia profesional, de seriedad y de prudencia, ha recuperado el prestigio de la función judicial en un momento de tensión extrema y se ha cargado de credibilidad para abordar la fase decisiva de la redacción de la sentencia.

Y todo eso lo ha tenido que hacer con muy escasa colaboración del resto de los implicados. Frente a unos letrados defensores cuyo único empeño era el de preconstituir con denuncias de indefensión un recurso de amparo. Ante unos testigos exgubernamentales vergonzosamente pusilánimes ante las responsabilidades de sus cargos y otros de parte que llegaron dispuestos a convertir la causa en un mitin sectario. Con unos acusadores que a menudo, salvo dos fiscales, daban la impresión de no conocer bien los detalles del caso. Y ante unos procesados en actitud victimista, cuando no directamente lacrimógena como ayer, que se autodeclaraban mártires de una causa mientras enredaban presentándose como candidatos electorales en busca de privilegios parlamentarios. Todo eso configuraba a priori las condiciones para un monumental espectáculo que Marchena ha evitado con tacto, razón, compostura y liderazgo. Sea cual sea el veredicto, tiene garantizado un considerable lío político, social y mediático pero ya se ha ganado lo más difícil, que es el respeto de los ciudadanos.

Junta de Andalucía
Vox salva los Presupuestos andaluces: el PP ajustará el gasto en Memoria Histórica y empresas públicas
Raquel Tejero okdiario 13 Junio 2019

Vox apoyará los Presupuestos andaluces tras conseguir que el PP firme un acuerdo en el que se compromete a realizar ajustes claves en las cuentas. Además, se facilitará mediante convenio que la Policía y la Guardia Civil tengan mayor facilidad para colaborar en el control de la inmigración irregular.

Vox retirará la enmienda a la totalidad de los Presupuestos andaluces tras llegar a un acuerdo con el PP que permitirá al Gobierno de centroderecha salvar sus primeras cuentas públicas. El acuerdo ha sido posible gracias a un ajuste del gasto en Memoria Histórica y a un compromiso para adelgazar la denominada "administración paralela".

Desde primera hora de la mañana de este miércoles representantes de Vox y del PP han mantenido reuniones para intentar llegar a un acuerdo. No ha sido hasta una vez comenzado el Pleno del Parlamento andaluz en el que se deben votar las enmiendas a la totalidad, cuando el PP ha firmado el documento elaborado por Vox, al que ha tenido acceso en primicia OKDIARIO.

"Todas esas líneas son enmiendas que presentaremos y que el Gobierno aceptará a cambio de retirar nuestra enmienda a la totalidad", afirman fuentes de Vox.

Subvenciones y ‘chiringuitos’
El documento, de 34 puntos, hace especial hincapié en la "reordenación efectiva del sector público instrumental". Las enmiendas que el PP se ha comprometido a incorporar a su proyecto de Presupuestos pretenden ejercer un mayor control sobre los organismos públicos de tal manera que implique un "replanteamiento sustancial de las funciones y competencias ejercidas por las entidades".

Además, plantean que cuando se compruebe, tras una auditoría, que estos entes no son sostenibles financieramente, o se desvían de sus fines, se procederá a su extinción o transformación. Para lo que resulta necesario dotar al ordenamiento jurídico autonómico de la debida flexibilidad para acometer con agilidad dicha reestructuración.

Memoria histórica
El pacto recoge también una de las líneas rojas que Vox estableció desde un principio de las negociaciones: la Memoria Histórica. El PP se ha comprometido a una delimitación en la ejecución presupuestaria. El dinero asignado se entregará "estrictamente para realizar actuaciones de recuperacio´n en fosas, investigacio´n y localizacio´n de fosas, y banco de ADN".

Además, las excavaciones que se realicen mediante subvenciones públicas a asociaciones, no se podrán autorizar aquellas en las que "más de un 20% del total de la subvención venga a financiar gastos estructurales de la asociación".

Inmigración y Policía
Otro de los puntos más importantes es el de la propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de inmigración irregular.

Vox ha pedido que se cree un órgano de coordinación que facilite "el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigracio´n irregular”. Esto se traduce en un mayor flujo de información entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y consejerías como la de Salud. De esta manera, los agentes pueden tener una mayor capacidad de información que les facilite el trabajo. “Así no tendrán las manos atadas a la hora de trabajar”, aseguran las mismas fuentes.

Andalucía
Las fichas escolares de la Junta para el ‘Día de la Memoria’: "Diseña una escultura para una fosa"
Segundo Sanz okdiario 13 Junio 2019

"Diseña una escultura para una fosa del franquismo". Así instrumentalizan a los escolares las fichas que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ahora en manos de Ciudadanos, ofrece a los docentes para celebrar el ‘Día de la Memoria Histórica’ en los colegios de la comunidad este viernes 14 de junio.

En base a la Ley 2/2017 de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, que el Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos mantiene activa y que Vox ha exigido derogar, los colegios públicos acogerán por segunda vez esta jornada, siendo la primera en el año 2018 bajo mandato del Ejecutivo socialista de Susana Díaz.

La Consejería de Educación y Deportes que dirige Javier Imbroda, de Ciudadanos, ha remitido a los colegios la Instrucción 11/2019, de 7 de junio de 2019, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, para la "celebración del Día de la Memoria Histórica y Democrática en los centros docentes de la comunidad autónoma andaluza".

Esta circular emplaza a los colegios sostenidos con fondos públicos a programar "actividades que se orientarán a impulsar actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y la Dictadura consecuente, con el objeto de mantener viva su memoria", así como a "promover el conocimiento y la reflexión en torno al período que abarca desde la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía de Andalucía".

Revisionismo histórico
Todo el contenido de estas actividades está orientado a un revisionismo histórico donde sólo se aborda la perspectiva de uno de los dos bandos, omitiendo los episodios más oscuros protagonizados por los republicanos.

Para el desarrollo de tales actividades, que serán tanto en horario lectivo como extraescolar, la Junta ofrece en la misma Instrucción dos enlaces con fichas y material descargable que podrán utilizar los profesoras en las clases. En uno de ellos, aparecen 11 unidades didácticas para ser impartidas a modo de talleres.

Por ejemplo, uno de los títulos reza ‘Movimientos memorialistas’. En este dossier se propone al alumno "escribir una carta a una asociación memorialista solicitando la colaboración en la búsqueda de algún pariente" o "diseñar, hacer al menos un boceto, de una escultura que pueda ser usada como homenaje a las víctimas enterradas en una fosa común". "Dicha escultura ha de estar pensada para que se pusiera en la misma fosa", añade la descripción del taller.

Elogio a Garzón
Así mismo, este material destaca el papel del ex juez Baltasar Garzón al "intentar llevar a cabo un proceso contra los crímenes del franquismo. Eso lo llevó al banquillo de los acusados. Se terminó declarando incompetente para juzgar dichos crímenes", sostiene el texto de la Junta. Sin embargo, el Gobierno andaluz omite aquí pese a la absolución de un delito de prevaricación que dictó el Tribunal Supremo, la sentencia calificó su actuación de "errónea" y le reprochó que cuestionara la "legitimidad" de la Transición española.

En el dossier para el ‘Día de la Memoria’ también se adoctrina a los alumnos, buscando reabrir viejas heridas con afirmaciones del tipo: "Existe cierta acción reparadora en la apertura de una fosa" o "contemplar una fosa tiene efectos catárticos".

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El Supremo, garantía de imparcialidad
Editorial ABC 13 Junio 2019

A las siete y tres minutos de la tarde de ayer, el magistrado Manuel Marchena pronunció el «visto para sentencia» que ponía fin al juicio penal más importante de la historia de la democracia española. Tras cincuenta y dos sesiones de vista oral, la Justicia puede sentirse orgullosa del trabajo que ha realizado la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La evidencia se ha impuesto a las estrategias iniciales de las defensas, porque el rigor garantista aplicado por el magistrado Marchena, con el respaldo del tribunal, ha asegurado un proceso escrupulosamente respetuoso con los derechos de los acusados y de sus abogados defensores. Más allá del argumento tópico sobre la «criminalización» de las ideas, el proceso penal sobre el golpe de Estado termina con un fuerte blindaje para su posterior recorrido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Es un tópico del manual independentista afirmar que el juicio contra Oriol Junqueras y el resto de acusados ha sido una persecución a las ideas independentistas. Si fuera así, resulta inexplicable que Torra siga siendo presidente de la Generalitat y que los partidos secesionistas no estén ilegalizados. Tanto los informes de algunos abogados defensores como las últimas palabras de los acusados volvieron a demostrar que el separatismo catalán vive desconectado de la realidad y pretende que la legalidad constitucional de España se someta a sus delirios. El juicio que ayer finalizó en la Sala Segunda del TS no es fruto del fracaso de la política, sino de la utilización del poder político para derogar la Constitución y separar a Cataluña de España, mediante un alzamiento público y con violencia.

Entre septiembre y octubre de 2017, el separatismo atacó el orden constitucional. Lo hizo aprobando leyes y decretos contra las decisiones del TC, usando fondos públicos para financiar el proceso separatista, comprometiendo la Administración catalana en una sucesión de actos ilegales, sometiendo a los Mossos al guión del referéndum del 1-O, consintiendo y planificando que se produjeran actos de violencia como un factor más de la movilización social para la independencia. Claro que hubo violencia en septiembre y octubre de 2017. Hubo la necesaria para movilizar al independentismo en la calle, provocar la reacción de las Fuerzas de Seguridad del Estado y asegurar la votación en el mayor número posible de centros electorales el 1-O. No fue una violencia generalizada porque el separatismo no la necesitó, ya que el poder público autonómico estaba al servicio del proceso de independencia.

Allí donde fue necesaria para repeler la actuación de la Policía y de la Guardia Civil, el separatismo recurrió a la violencia, porque la consulta era necesaria para la posterior declaración unilateral de independencia. La relación finalista entre violencia y derogación de la Constitución, por un lado, y violencia y separación de Cataluña, por otro, era evidente. Los acusados pretendieron ayer y anteayer sustraerse a las evidencias sobre la violencia para centrarse en una versión naif de lo sucedido: ejercicio democrático, ambientes festivos, ilusión colectiva, derecho a votar. Vuelta a la «revolución de las sonrisas» para confrontar con la versión de los fiscales y para pretender del tribunal que juzgue con sentimentalismo a unos acusados que se presentaron como buenos cristianos, políticos pacíficos y padres de familia. Lo serán, sin duda, pero todo ello es compatible con la acusación de los fiscales, centrada en un delito de rebelión cuyo bien jurídico protegido es la Constitución.

¿Quisieron derogar la Constitución en Cataluña y separar esta Comunidad de España? Esta es la primera pregunta clave que debe resolver el tribunal cuando valore la prueba. Porque si la respuesta es afirmativa, la finalidad del delito de rebelión ya está acreditada, y faltará juzgar si hubo alzamiento público y violento. En el escenario ideal que se imaginaron los defensores aparecía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un libertador de los acusados. Este tribunal los despertó del sueño con una sentencia esencial para entender que la prioridad principal de un Estado es hacer respetar la legalidad constitucional y el orden público. Por eso, cuando los jueces europeos avalaron la suspensión de un pleno del Parlament por el TC, dieron un mensaje claro: no existe democracia sin respeto a la ley.

A un juicio inédito le seguirá una sentencia inédita, que la sociedad puede aguardar con tranquilidad porque está en manos de un tribunal que, resuelva como resuelva, es garantía de imparcialidad.

La ley de Marchena: las 20 intervenciones más destacadas del presidente del tribunal
Con tono tranquilo, el magistrado ha atado en corto a testigos rebeldes, defensas combativas y acusaciones envalentonadas, actitud que ha mantenido tanto con unos como con otros
Pablo Gabilondo elconfidencial 13 Junio 2019

"Mire, vamos a ver". Cada vez que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, pronunciaba estas cuatro palabras, los periodistas aguantaban la respiración a la espera de un nuevo titular. A lo largo de cuatro meses, sus intervenciones no han defraudado, convirtiéndose así en el principal protagonista del juicio del 'procés' junto a los 12 acusados. Con tono tranquilo, el magistrado ha atado en corto a testigos rebeldes, defensas combativas y acusaciones envalentonadas, actitud que ha mantenido tanto con políticos de primer nivel como con votantes y policías del 1-O. Daba igual quién elevara la voz para protestar o lanzar una petición. En el Tribunal Supremo, Marchena dejó claro desde el primer día que mandaba él.

Uno de los momentos que mejor reflejan la actitud del magistrado se remonta al 8 de mayo, cuando entre los testigos de las defensas se extendió la costumbre de revolverse contra Vox. Aunque los comparecientes respondían a los abogados de la formación, varios de ellos dejaban claro que lo hacían "por imperativo legal", fórmula que Marchena terminó por cortar en seco: "Usted está ahí por imperativo legal. Ha respondido a las preguntas de la letrada de Sànchez y Turull por imperativo legal. Ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal por imperativo legal. A las preguntas de la Abogacía del Estado, por imperativo legal. Y ahora tiene el imperativo legal de responder a las preguntas de la acción popular. Todo lo que ha pasado esta mañana es por imperativo legal". Señoría, no hay más preguntas.

Pero más allá de frases para el recuerdo y rifirrafes con las partes, su momento más destacable llegó el 14 de marzo. El turno de acusaciones y defensas ya había concluido. Tras más de cuatro horas de interrogatorio, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, parecía haber terminado la declaración y su abogada, Olga Tubau, sentada junto a él, comenzaba a recoger los documentos para marcharse. Pero entonces intervino Manuel Marchena. Apoyándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el magistrado lanzó en el descuento la pregunta clave que por un error de cálculo ninguna de las acusaciones había podido realizar: ¿avisaron los Mossos al Govern de la posible violencia en el 1-O? La respuesta del jefe de los Mossos cayó como una losa sobre las defensas.

Al margen de estos dos momentos, un repaso a la hemeroteca del juicio del 'procés' deja constancia de las mejores frases de Marchena. Entre sus intervenciones más memorables, cabe señalar las siguientes, que se recogen en orden cronológico:

Vox y los lazos amarillos: el 13 de febrero llegó la primera intervención del partido de Santiago Abascal en el juicio, una interrupción que provocó un pequeño terremoto a cuenta del lazo amarillo que lucía Jordi Sànchez en la solapa. Los abogados de Vox alegaron que el símbolo "tiene una carga política indudable", pero Marchena les paró los pies. "El lazo es un símbolo ideólogico y la sala no va a poner obstáculos a que lo usen los procesados", explicó el magistrado, apoyándose para ello en dos condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Bélgica y Bosnia por impedir la presencia de distintivos religiosos en los juicios.

El corte a Joan Tardà: el 27 de febrero arrancaron las testificales con el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, por lo que el presidente del tribunal marcó los límites desde el primer momento. Aunque Marchena ya había dejado claro que solo los acusados podían hacer uso del catalán, Tardà arrancó su comparecencia en este idioma. "Así no empezamos bien", interrumpió el magistrado, indicándole entonces que debía expresarse según marca la ley y, por tanto, responder en español. "Para que lo entienda, que soy lego en la materia, ¿tengo derecho a responder en catalán?", quiso saber el diputado. "No", fue la rotunda contestación.

El 'show' de la CUP: el mismo día que reprendió a Tardà, Marchena tuvo que emplearse a fondo con los testigos de la CUP, que por la tarde se negaron a responder a las preguntas de Vox. El espéctaculo comenzó con el exdiputado Antonio Baños y siguió con Eulàlia Reguant. Marchena ofreció la posibilidad de que Vox formulara sus preguntas y él se las repitiera a continuación, pero ni siquiera esta fórmula fue suficiente para que los 'cupaires' contestaran. Ante las constantes negativas de Baños y Reguant, el Supremo les impuso entonces una multa de 2.500 euros a cada uno de ellos, quedando además sus declaraciones sin valor alguno pese a haber sido citados por varias defensas.

El testigo sin memoria: el 13 de marzo, llegó el turno del responsable de Difusión Institucional de la Generalitat, Jaume Mestre, pero la comparecencia se convirtió en un recital de desmemoria ante las preguntas de las acusaciones. El fiscal reclamó entonces al tribunal que dedujera testimonio al considerar que mentía en sus respuestas difusas e incurría, con ello, en falso testimonio, tras lo que Marchena tomó la palabra. "Mire, señor Mestre, en el Código Penal, el delito de falso testimonio no consiste simplemente en no decir la verdad. Cuando el testigo, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altere con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, incurrirá en responsabilidad penal", advirtió.

La cita de Manuel Alonso Martínez: el histórico jurista apareció el 19 de marzo en el juicio del 'procés' de la mano de Marchena, que recurrió al político del siglo XIX para echar por tierra las quejas formuladas por las defensas durante el interrogatorio a un guardia civil. El abogado de Junqueras alegó que el testigo no había comparecido en la fase de instrucción y eso dificultaba su estrategia, ante lo que el magistrado respondió tajante: "¿Usted cree que los testigos hábiles para declarar en el juicio oral son aquellos que han declarado antes en la instrucción? Esto es ir hacia otro modelo de proceso. Como entendamos que para ir al juicio oral previamente hay que declarar en la instrucción, estaríamos incluso pervirtiendo la exposición de motivos de Alonso Martínez".

El aviso a un guardia civil: el 25 de marzo, Marchena se revolvió de nuevo contra otro testigo que aseguraba no recordar aspectos clave. En esta ocasión, se trataba de un guardia civil que respondía con evasivas a las defensas. Los "no lo sé" y "no lo recuerdo" comenzaron a repetirse en el interrogatorio de la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, lo que llevó al presidente del tribunal a interrumpir la declaración: "Señor agente, intente por favor responder con la misma seguridad con la que ha respondido a los responsables de la acusación y del Ministerio Fiscal", avisó al testigo. El testigo se defendió, pero Marchena no cedió: "La permanente coletilla de 'no lo recuerdo' nos obliga a nosotros a recordarle que está usted bajo juramento".

¿Usted cree que los testigos hábiles para declarar en el juicio oral son aquellos que han declarado antes en la instrucción? Es ir hacia otro modelo

"Los guardaespaldas son personas": ese mismo día, Marchena dejó una de las grandes frases del juicio. Era el turno para Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras y Romeva. Preguntaba a uno de los testigos, un agente presente en los registros del 20-S que decía desconocer quiénes atacaron los coches de la Guardia Civil. El letrado quería saber más sobre la llegada de Junqueras a la 'conselleria' y el agente aseguró entonces que llegó acompañado de cuatro personas. "¿Eran guardaespaldas o personas?", preguntó. Marchena tuvo que intervenir: "Los guardaespaldas son personas".

La polémica de los vídeos: a lo largo del juicio, las defensas pidieron una y otra vez exhibir vídeos para contrastar las declaraciones de policías y guardias civiles. Aunque las grabaciones se vieron en la fase documental, los rifirrafes entre el tribunal y los abogados fueron constantes. Uno de ellas se produjo el 28 de marzo, jornada que se cerró con las declaraciones de un guardia civil y dos 'mossos'. Durante la declaración del agente del instituto armado, uno de los abogados de Jordi Cuixart, Àlex Solà, puso sobre la mesa la recurrente polémica, tras lo que el presidente del tribunal le recordó entonces que se verían al finalizar las testificales: "Toda reiteración es una reiteración de cara a la galería. La sala sabe perfectamente lo que ha acordado".

La ley de ritos: ese mismo día, Marchena tuvo otro roce con Jordi Pina, el abogado que representa a Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull. Ante la declaración de un subinspector de los Mossos, el letrado cargó contra su credibilidad preguntándole sobre por qué en el atestado que se levantó el 20 de septiembre sobre su actuación se incluyó un posible delito de atentado contra la autoridad y no el de sedición. No conforme con su respuesta, insinuó que se le debería deducir testimonio con base en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reglamento al que se refirió como "ley de ritos". La expresión no sentó bien a Marchena, que calificó la misma como un "insulto", descartando además de forma tajante su solicitud: "No tiene ningún sentido".

"Si quiere, testifica usted": el 5 de abril, los roces de Jordi Pina con el presidente del tribunal se repitieron una y otra vez. Tras un primer choque por la mañana, el abogado de Rull, Turull y Sànchez volvió a la carga durante el interrogatorio a un guardia civil que intervino en tres centros de votación el 1-O y sufrió una lesión en uno de ellos, pero chocó de lleno con un muro llamado Marchena: "Si quiere, testifica usted. Esto no es serio, señor Pina", lanzó el presidente del tribunal. "Tiene razón, señoría, pero como comprenderá...", trató de defenderse el letrado antes de que el magistrado le parara los pies: "Como tengo razón, mejor lo dejamos y hace otra pregunta".

La masa: el 17 de abril, la sesión dejó una serie de rifirrafes entre Marchena y varios abogados. La última bronca la protagonizó uno de los abogados de Cuixart: Benet Salellas. Y lo hizo al preguntar por una de las palabras más repetidas por los policías: quiso saber a qué se refería el testigo cuando hablaba de "la masa", concepto que se repitió una y otra vez durante las declaraciones de policías y guardias civiles que intervinieron en el referéndum del 1-O. Antes de que el agente pudiera responder, Marchena explotó. "Llevamos 20 sesiones hablando de la masa y usted ahora quiere enterarse", zanjó molesto.

"Está usted perdiendo el tiempo": un día después, el presidente del tribunal y el abogado volvieron a chocar. El desfile de policías nacionales continuaba en el Tribunal Supremo cuando Salellas quiso saber si un antidisturbios se interesó por los heridos. Antes de que el testigo respondiera, Manuel Marchena cortó el interrogatorio: "Preguntar por el sentimiento piadoso o no piadoso del sujeto que está actuando como fuerza de intervención pública no tiene ninguna trascendencia". El abogado de Cuixart se revolvió y aseguró que en su escrito de defensa hacen referencia a esa situación, protesta ante la que el magistrado elevó el tono. "No vamos a discutir usted y yo. Está usted perdiendo el tiempo y nos lo está haciendo perder a nosotros".

"¿Qué haríamos sin usted, señor Pina?": el mismo 18 de abril, la sorpresa llegó con el testigo número nueve, el agente 087576. Nada más entrar por la puerta, el magistrado Juan Ramón Berdugo avisó a Marchena de que un murmullo se extendía por la bancada de las defensas. "No sé si voy errado, pero creo que el testigo ya ha comparecido en esta sala con anterioridad", interrumpió Pina. No se equivocaba: el policía había declarado ante el Supremo una semana antes. El presidente del tribunal no pudo evitar una sonrisa al responder al letrado: "¿Qué haríamos sin usted, señor Pina? Bueno, pues puede marcharse", dijo al policía. Mientras el agente abandonaba la sala, los 'exconsellers' Joaquim Forn y Raül Romeva fueron incapaces de aguantar la risa.

El 'mosso' más independentista: el líder de Mossos per la República, organización adscrita a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), llegó al Tribunal Supremo el 24 de abril. La cosa comenzó ya mal. El interrogatorio arrancó con Javier Ortega Smith, de Vox. "¿Se cuadró ante una estelada con el uniforme de los Mossos?", preguntó el del partido de Abascal. Y vino la primera respuesta desabrida: "Creo que no se me está juzgando a mí", respondió impertinente. El presidente intervino en ese punto y le puso en su sitio. "No confunda el escenario. Ha sido citado aquí como testigo. En consecuencia, se va a limitar a responder a las preguntas. Usted es un agente de la autoridad. Y usted está ahora ante la autoridad judicial. Responda a las preguntas que le formule la acusación popular. Si usted no me oye a mí decir que esa pregunta es impertinente, tiene el deber de declarar. Y de decir verdad".

"Las preguntas se tienen que traer preparadas de casa": el 30 de abril, Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras y Romeva, estaba interrogando a Marc Puigtió, alcalde de Sant Julià de Ramis, cuando en un momento dado se quedó callado. El silencio se extendió por la sala y, con ironía, Marchena le dio un toque de atención: "Las preguntas se tienen que traer preparadas de casa". Al letrado no le sentó bien y así se reflejo en su cara, pero incluso sus compañeros no pudieron evitar una sonrisa ante el comentario del presidente del tribunal.

La sesión más tensa: la sesión más tensa del juicio del 'procés' se vivió el 14 de mayo. Ese día, tres episodios dejaron frases de Marchena como "usted no viene aquí a explicar su grado de alucinación" o "su estado febril no tiene ninguna relevancia". "¿Son ustedes amigos de represión?", preguntó incluso a un testigo que indicaba que conocía a los procesados por este motivo, por la represión. La mañana completa fue un no parar, por lo que fuentes del tribunal terminaron por manifestar el profundo malestar de todos los magistrados con la estrategia de defensa de la sesión de la mañana y con el comportamiento de testigos y abogados: consideraban intolerable la provocación al tribunal.

"Yerra usted en su estrategia defensiva": el 5 de mayo, la sesión transcurrió con calma hasta que llegó el turno de Javier Pacheco, secretario general de Comisiones Obreras en Cataluña. A partir de ese momento, las intervenciones del presidente del tribunal, Manuel Marchena, fueron constantes, y todas ellas con un mismo objetivo: atar en corto a la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig. La tensión llegó a tal punto que lo que comenzó como simples avisos terminó en bronca. "?Formule preguntas que no inviten al testigo a una valoración", advirtió el juez en un primer momento. Pero como la letrada no recondujo su interrogatorio, Marchena elevó el tono: "Yerra usted en su estrategia defensiva".

"Visto para sentencia": las últimas jornadas del juicio transcurrieron con calma y las fases de prueba y de informes dejaron a Marchena en segundo plano. Tras 52 sesiones y 422 testigos, el presidente del tribunal pronunció así la frase definitiva el 12 de junio: "Muchísimas gracias a todos, visto para sentencia".

Un juicio en defensa de la democracia

 larazon 13 Junio 2019

El pasado 12 de febrero se inició el juicio por los hechos acaecidos en septiembre y octubre de 2017 y que culminaron con la declaración unilateral de independencia de Cataluña. En total, ciento treinta días ha durado la vista oral y, por encima de la sentencia final, que previsiblemente será después del verano, se puede extraer una primera conclusión: ha sido un verdadera lección de cultura democrática. Por las garantías procesales respetadas al detalle por un tribunal magistralmente presidido por Manuel Marchena, por el engranaje legal sobre el que se sostiene un estado de Derecho y por la demostración de que una democracia se defiende con la Ley. Hay algo más: queda patentemente demostrado que las buenas intenciones de los procesados –todo lo hicieron en cumplimiento de la voluntad del pueblo catalán, siguen argumentando– de nada sirven si se vulnera la ley y se hace, además, gravemente derogando de un plumazo la Constitución y el Estado de Autonomía que de ella emana. La verdad de los hechos ha prevalecido sobre un relato victimista, con capítulos de perverso sacrificio colectivo, como creer que desafiar al Estado al nivel que lo hicieron no desencadenaría momentos de violencia –pocos fueron– que han aprovechado como su único capital político. El alegato final de los acusados se ha mantenido en el mismo planteamiento y tono que hemos visto en las defensas en estos meses –salvando el pragmatismo de algún letrado–, enrocados en que, aun aceptando que su objetivo era la independencia y la liquidación para ello del orden constitucional, actuaron de «buena fe». Esa es la esencia del credo nacionalista. La política ejercida en Cataluña en los últimos cuarenta años puede dar alguna clave de por qué políticos que estaban al frente de la Generalitat pudieron actuar con tanta irresponsabilidad y saltarse la legalidad con tanta inconsciencia o directamente desprecio. En el turno de última palabra que acoge a los acusados no hubo la menor aceptación de que el camino emprendido fue un error y mantuvieron el habitual tono empleado para justificar cada una de las medidas que desde 2012 fueron irreparablemente hacia la desconexión con el resto de España, con el Estado y con el conjunto de la sociedad. Fueron cautos en hablar de «juicio político» ante el Tribunal Supremo, pero no dieron muestras de haber comprendido el verdadero fracaso del nacionalismo catalán, cuyo objetivo pasaba por acabar con la unidad territorial de España y minar de raíz el proyecto europeo. Las últimas sentencias y, de manera especial, la del Tribunal Europeo de Derecho Humanos de Estrasburgo, de que la actitud del Estado español era la «necesaria en una sociedad democrática», es una antecedente clave. Encima de la mesa del tribunal hay graves acusaciones por rebelión y sedición y dictará sentencia partiendo de hechos jurídicos probados y una acusación que es la que articula todo el proceso: quisieron destruir el orden constitucional utilizando métodos que están fuera de la legalidad. Eso es innegable y los propios implicados lo aceptan con los eufemismos clásicos del nacionalismo: por el bien de Cataluña. Si constituye un caso de golpe de Estado, como sostiene la acusación final de la Fiscalía, deberá argumentarse con mucho fundamento jurídico, lo que nadie duda –a excepción del presidente de la Generalitat–, sobre todo porque se va a tipificar un tipo de delito que hasta ahora no estaba recogido en nuestra legislación. Ningún país democrático hubiera impedido un ataque de este calibre. El «proceso» y su culminación el 27 de octubre no fue producto de un honesto arrebato patriótico, sino planificación con todos los recursos de la Generalitat para sobrepasar al Estado. El juicio del 1-O no ha sido el fracaso de la política, sino la acción legítima del Estado de Derecho para frenar un golpe contra nuestra democracia.

Director general en España: el maharajá y los barracones

José Manuel Sánchez Fornet okdiario 13 Junio 2019

Se llama Manuel Cortés Romero. No tiene 40 años. Es director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación que gestiona 400 millones de euros de presupuesto anual. Antes fue asesor en el ayuntamiento de Mijas por Cs, área de urbanismo. Su pareja nos ha enseñado la magnitud de su despacho al difundirlo por redes, anunciando remodelación del mismo a gusto de ella que se pagará con nuestro dinero. Dice Susana Díaz que es una frivolidad el comportamiento de la dama, que arroja dudas sobre la solidez de quien va a manejar tamaño presupuesto. No le falta razón. También podría reflexionar sobre la ética democrática/socialista que permite la existencia de esos despachos majestuosos de director general en la Junta, territorio donde ha gobernado su partido 36 años mientras millones de personas están en los mayores niveles de pobreza del país. Frívola Inmoralidad.

El derroche de las élites con el dinero de todos se mantuvo al cambiar la dictadura por la democracia, con la diferencia que donde antes gastaba uno hoy gastan 1.000. PSOE y PP han mantenido los comportamientos del régimen anterior sin adaptarse al sistema democrático, sin respeto a la gente, sin austeridad, confundiendo dignidad del cargo con ostentación, coches oficiales, conductor, escolta, grandes despachos, secretaria particular más otras varias secretarias, asesores “enchufados”, privilegios, pompa, boato, prebendas, lujos, tarjetas… Es así en organismos del Estado y de todas las comunidades autónomas, con miles de cargos de igual, mayor y hasta menor rango (subdirectores, jefes de Área…) y de muchos ayuntamientos. Pérez Touriño, candidato del PSOE a la Xunta de Galicia, criticó a Manuel Fraga por aparcar decenas de coches oficiales en una calle ocupando el espacio púbico. Después Touriño fue presidente de la Xunta y en el mismo acto, que se repetía anualmente, llevó el doble de coches oficiales y cerró la calle al tráfico. El presunto socialista se creía con derecho a hacer aquello que él denunciaba del ex ministro franquista. Son lo mismo si se comportan igual.

La clase política española es privilegiada respecto a la de países democráticos de nuestro entorno. Sus edificios y despachos oficiales son los más grandes, caros, pomposos y costosos (algunos también sus domicilios particulares), como si fuésemos el país más rico del mundo. Merkel preguntó extrañada por el Palacio de la Moncloa, residencia oficial del presidente del Gobierno, con todos los gastos de alojamiento, comida, vestido, servicio doméstico, coches… pagados, mientras ella vive en su casa y hace la compra en el supermercado con su coche y su dinero. País pobre que recibe ingentes cantidades de dinero cuyos políticos viven como maharajás comparados con los dirigentes de países ricos que lo subvencionan. Los políticos justifican sus privilegios en la dignidad del cargo o en razones de seguridad. La dignidad reside en que no haya niños sin escolarizar o en barracones prefabricados sin aire acondicionado con altas temperaturas (Andalucía) y no en la extensión del despacho o la potencia del coche oficial. El terrorismo actual no ataca a políticos sino indiscriminadamente a la ciudadanía. Nuestro sistema político está corrompido, malgastando para ellos lo que es de todos, mientras hay millones de personas en la pobreza.

La Casta política española confunde las autonomías, herramientas para mejorar la eficacia de las políticas públicas, con sus cargos, con gestionar ellos sanidad o educación. Aunque así sea menos eficaz y en las más pobres mueran pacientes por falta de medios y recursos. Un enfoque despreciable sobre el que pivota la España de las autonomías que deberá corregirse por interés general de la ciudadanía, la democracia, el Estado y la Nación.

Español en Cataluña: el odio que no cesa
Pablo Planas Libertad Digital 13 Junio 2019

Dicen los abogados de los golpistas que Cataluña es una balsa de aceite, un remanso de paz, un paraíso de la concordia, la convivencia y el progreso social, el viejo y apacible oasis donde un solo pueblo avanza con paso cívico y festivo hacia nuevos horizontes de justicia y bienestar, todo ello a pesar de la brutal represión del Estado.

El clima político es una prueba de ello. No hay más que ver el desempeño de la portavoz del Gobierno de Quim Torra, la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, que no puede disimular el asco que le produce el idioma español, la lengua materna de cada vez menos catalanes gracias a tortuosos experimentos sociológicos como la inmersión lingüística en las escuelas, la discriminación, a veces prohibición, de esa lengua en las Administraciones, el comercio, los servicios y los medios públicos.

La última rueda de prensa de la señora Budó, el pasado martes, puso de relieve con toda crudeza la eficacia del autoritario régimen lingüístico. Los periodistas sólo pueden preguntar en español al término de la comparecencia y siempre que sea para repetir las mismas preguntas que se han realizado antes en catalán.

Plantear a la portavoz del Ejecutivo regional que se pregunte en el idioma que se desee es considerado en el mejor de los casos una extravagancia impropia, cuando no una ofensa o una provocación. En un entorno libre, sano y razonable, a Budó no le debería causar mayor trastorno que una periodista le interrogue en un idioma todavía legal en la comunidad, que se alternen las lenguas oficiales, pero eso va en contra de lo que el nacionalismo considera la "normalidad", que no es otra que reducir el español a la categoría de lengua no ya extranjera, sino enemiga.

El proceder de Budó puede parecer una anécdota, la típica polémica de periodistas tocapelotas, nada nuevo ni reseñable. Pero es que Budó expresa como miembro del "Govern" de la "Generalitat" lo que es la norma en las escuelas y ante las ventanillas de las Administraciones en Cataluña, en las gestiones oficiales, en las universidades y en los servicios públicos. El "castellano" (nunca "español"), a la cola, para el final y como un favor.

De ahí seguramente que esté perfectamente documentado que no pocos maestros y maestras, en cumplimiento de las leyes autonómicas, se empeñen en que los niños tengan que utilizar el catalán hasta para ir al baño, lo que es una manera muy eficaz de garantizar que no se les ocurra de mayores utilizar en público la vejada lengua de sus padres o abuelos, en caso de que no la hayan perdido o no la odien. Y por eso mismo Budó no tiene ni siquiera que disimular el malestar o aceptar, como sus antecesores, preguntas impertinentes en el impertinente español.

La Generalitat exige que se registre como "incidencia" pedir la Selectividad en castellano
Insta a los profesores a repartir la prueba sólo en catalán y a no informar del derecho de hacerla en castellano.
I. Trujillo. larazon 13 Junio 2019

La discriminación del castellano en Cataluña llega a la prueba de acceso a la Universidad. Desde ayer y hasta mañana viernes, un total de 34.547 estudiantes catalanes se presentarán a las pruebas de acceso a la universidad (PAU) y la Generalitat ha repartido una serie de instrucciones a los profesores que vigilan la prueba.

Dentro de la estrategia de exclusión de la lengua española que desde hace años se viene llevando a cabo a en Cataluña y que es especialmente llamativa en colegios e instituto, la Generalitat establece unas directrices para la Selectividad en las que exigen que los exámenes se repartan sólo en catalán y no se informe del derecho de hacerlo en castellano.

Según denuncia la Asociación Impulso Ciudadano, en las citadas instrucciones se establece, además, que sólo se ofrezca el examen en castellano si el alumno lo exige y que, en este caso, sea anotado como "anomalía" o "incidencia".

Esta situación supone además una discriminación para el alumno castellanoparlante que debe levantar la mano y señalarse ante toda la clase para poder solicitar su examen, algo que además quedará anotado por los profesores que vigilan la prueba. Y es que, según se denuncia desde Impulso Ciudadano, a los profesores se les entrega un informe que deben rellenar con todas las incidencias. En dicho documento, figura una casilla expresa en la que deben apuntarse el número de peticiones de exámenes en castellano por parte del alumnado.

Esta nueva persecución del castellano ha sido muy criticada en redes sociales entre otros por el diputado de Ciudadanos en la Cortes Valencianas, Toni Cantó, que afirma que esta es una razón más para volver a aplicar el 155 en Cataluña. Otros muchos, califican estas prácticas de "nazismo catalanista" y aplauden la actitud de aquellos estudiantes que a pesar de verse señalados ante sus compañeros se atreven a exigir la prueba en español.

El Tribunal de Cuentas pone en marcha el procedimiento para embargar a Puigdemont y Junqueras

Agencias eltorotv.com 13 Junio 2019

La institución apreció indicios de responsabilidad contable que ahora hay que cuantificar y, en su caso, devolver.

El Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha el procedimiento contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y algunos de sus consejeros por el presunto uso de recursos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En concreto, y según confirmaron fuentes de la institución , se acaba de nombrar un instructor que investigará los hechos durante los próximos meses para aprobar un acta de liquidación con el cálculo del presunto daño causado al erario público con el fin de embargar un importe equivalente a los encausados.

El procedimiento parte de sendas denuncias presentadas el año pasado por la Fiscalía y por Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución. Ambas van dirigidas contra el expresidente catalán -huido en Bélgica- la interventora de la Generalitat Rosa Vidal y otras 17 personas, entre los que se encuentran exmiembros del Ejecutivo regional en el momento de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), como Oriol Junqueras y también los que dimitieron en julio de 2017.

A finales de mayo, la consejera de cuentas Margarita Mariscal de Gante dio por finalizada la fase preliminar concluyendo que existen indicios de responsabilidad contable por los gastos relacionados con la organización del referéndum ilegal, y acordó pedir a la Sección de Enjuiciamiento que trasladase el asunto a la Comisión de Gobierno del Tribunal para que se designara un delegado instructor que inicie la investigación, que es lo que acaba de hacer el tribunal.

La persona encargada de la instrucción, generalmente de entre los funcionarios de la Unidad de Actuaciones Previas de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, deberá ahora investigar los indicios apuntados por Mariscal de Gante, cuantificará el dinero público supuestamente desviado para el referéndum ilegal y redactará un acta de liquidación provisional con el importe total, un proceso que suele durar meses y que no se espera antes de final de año.

Antes de la primera condena, fianza o embargos
Ese dinero deberá ser aportado como fianza por los cargos públicos señalados como presuntos responsables del desvío de fondos y, en su defecto, se les embargarán propiedades. Y será después cuando comienza el procedimiento jurisdiccional con sus vistas hasta concluir en una sentencia en primera instancia que puede ser recurrida ante la Sala de la Justicia del Tribunal de Cuentas. Ahí acabaría el papel del Tribunal de Cuentas y el siguiente paso sería recurrir en casación por la vía de lo contencioso administrativo en el Supremo.

En el caso del referéndum ilegal, lo que el instructor o instructora investigará serán los gastos vinculados a la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para la creación de páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos que darían soporte digital a la votación; el uso de 2.259 locales habilitados como puntos de votación o publicidad institucional, como la denominada campaña ‘Civisme’.

También se analizará si se destinaron fondos públicos para el suministro de papeletas, censo electoral, cartelería y cartas certificadas, que fueron incautadas en las naves de la empresa Unipost, así como la acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del golpe de Estado.

La Fiscalía no fijó cuantía concreta
La denuncia de la Fiscalía no fija una cantidad concreta de gastos a reclamar, aunque si cita entre otras facturas relacionadas con los locales de votación (900.906.70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.6661,96 en papeletas y 38.431,20 en cartelería.

Por lo que se refiere a la acción exterior, el documento destaca la «acción de la presidencia catalana» en el exterior que absorbió 2,3 millones de euros, a lo que se añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.

En la fase preliminar, Mariscal de Gante no atendió la petición de las asociaciones de que se investigasen también los gastos derivados del desplazamiento de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ante el referéndum. Ello no impide, según apuntaba la consejera, que los organizadores de la votación puedan resultar obligados a indemnizar al Estado por los gastos derivados de la ‘Operación Copérnico’, pero ya por otras vías jurisdiccionales.

Artur Mas ya fue condenado por el 9-N
El pasado mes de noviembre el Tribunal de Cuentas ya condenó en primera instancia al expresidente catalán Artur Mas y varios miembros de su gobierno por responsabilidad contable en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Aquel procedimiento, que partió también de una denuncia de SCC y Abogados Catalanes por la Constitución, apoyada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, se inició en julio de 2017, y, cinco meses después el Tribunal dispuso el embargo preventivo de los bienes que los acusados presentaron para hacer frente a la fianza impuesta.

Casi un año después, en noviembre de 2018, llegó la condena que obligó a la devolución de los 4,94 millones de euros que la Generalitat destinó a la consulta, de los que el antecesor de Puigdemont debió responder de manera solidaria con los demás condenados.

Independentismo en Cataluña
Un restaurante de Gerona se niega a servir a un cliente por llevar un polo con la bandera de España

Gonzaga Durán okdiario 13 Junio 2019

El restaurante de 'La Barricona', en Ripoll (Gerona), ha expulsado a una familia porque uno de sus miembros llevaba un polo con la bandera de España. Uno de los socios principales del local es Albert Lambert Durán, detenido en 2001 por colaborar con la banda terrorista ETA.

Un restaurante de Cataluña se ha negado a servir a una familia porque uno de sus miembros llevaba un polo con la bandera de España. Se trata de ‘La Barricona’, ubicado en la carretera San Juan de las Abadesas, en el municipio de Ripoll (Gerona).

Tras ser rechazados, los clientes decidieron levantarse de la mesa y abandonar el restaurante. Uno de ellos escribió una crítica negativa en Google para dejar constancia de su mala experiencia en ‘La Barricona’: "En este restaurante no aceptan a gente que estima la Patria madre española, vergonzoso".

El restaurante respondió a la crítica a través de su perfil oficial de Twitter: "Han entendido perfectamente de qué va el rollo. Efectivamente, chusma. Anfifascismo. Cooperativismo". Esta réplica ha recibido el apoyo de multitud de independentistas en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 8 de junio. La familia era parte de un grupo de excursionistas que viajaban en moto por la comarca del Ripollés (Gerona) y decidió parar a comer y descansar en ‘La Barricona’. La conversación que tuvo lugar entre uno de los encargados del local y un miembro de la familia se produjo de la siguiente manera, según cuenta el portal ‘Dolça Catalunya’:

– Aquí no comeréis.
-¿Cómo dice?
-Que no os daremos de comer. No nos gusta la banderita que lleva ese en el pecho.
-Oiga, es un polo, y dentro de ese escudo hay una banderita de España. ¿Pasa algo?
-Sí, que aquí no damos de comer a gente que lleva esa bandera. No sois bienvenidos. ¡Marcharos!

‘La Barricona’ es un restaurante de comida mediterránea, tradicional de fusión y europea que nació en julio de 2009 en Ripoll (Gerona), en una antigua masía catalana. El local está vinculado a dos cooperativas de trabajo asociado: Cooperativa Riembau SCCL y Coop 57. A través de ellas promocionan y venden productos con el objetivo de "dar préstamos a proyectos de economía social que promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, la asociación y la solidaridad en general, y que promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios". Los recursos de Coop 57 proceden de las entidades con las que trabaja y de sus socios.

Socio vinculado a ETA
Uno de los socios principales de ‘La Barricona’ es Albert Lambert Durán, un reconocido separatista vinculado al entorno de la CUP y que fue detenido en septiembre de 2001 en Barcelona durante una operación de la Guardia Civil contra la banda terrorista ETA. Lambert fue detenido como presunto colaborador del ‘comando Barcelona’, por recopilar información sobre posibles objetivos de ETA y de la "violencia callejera".

Albert Lambert fue arrestado por la Benemérita en las inmediaciones del edificio ocupado de "Kasa de la Muntanya", en Barcelona. En su declaración ante el juez, Lambert reconoció que acudió a casa de José Tamboleo, donde estuvo alojado Fernando García Jodrá, miembro del ‘comando Barcelona’ de la banda terrorista ETA, para entregar "una mochila con documentos sobre la fabricación de explosivos y armas cortas y con numerosas fotografías de varias personas". Así informó en su momento la cadena pública de TV3.

En la web del Ministerio del Interior aún figura una nota en la que se informa de que Albert Lambert fue un "colaborador" que "facilitó la huida" del etarra Fernando García Jodrá


 


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