AGLI Recortes de Prensa   Sábado 15  Junio 2019

El ingente despilfarro público sale a la luz
EDITORIAL Libertad Digital 15 Junio 2019

El enorme peso que representa el Estado sobre el conjunto de la economía puede y debe rebajarse, pero el problema es que no existe voluntad política para ello.

El análisis que ha llevado a cabo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre algunas de las partidas presupuestarias que manejan las Administraciones Públicas ha evidenciado de forma clara e incontestable que España cuenta con un enorme margen de maniobra para reducir el gasto, a diferencia de lo que afirman, una y otra vez, los políticos y sus palmeros. El enorme peso que representa el Estado sobre el conjunto de la economía puede y debe rebajarse, pero el problema es que no existe voluntad política para ello.

Y la prueba es que ni siquiera haría falta abordar las urgentes y positivas reformas estructurales que precisa el llamado Estado del bienestar para lograr tal objetivo, dado que bastaría, simplemente, con eliminar buena parte del gasto innecesario e ineficiente que acumula el sector público para aligerar la pesada carga fiscal que soportan las familias y empresas. No en vano, de los casi 500.000 millones de euros que gastó el Estado el pasado año, la AIReF apenas ha revisado una partida próxima a los 30.000 millones (el 6% del total), correspondiente a subvenciones, medicamentos y políticas activas de empleo, y su trabajo ha sacado a la luz el ingente despilfarro de dinero que protagonizan políticos y burócratas.

En materia de subvenciones, cuya cuantía asciende a 14.000 millones, este organismo alerta de las graves deficiencias observadas. Para empezar, porque constata que la mayor parte de este dinero se destina sin ningún tipo de planificación ni estrategia, de modo que no responde, en ningún caso, al principio de interés general que, en teoría, se presupone. Así pues, buena parte de las subvenciones que se conceden año tras año carecen de justificación alguna. Además, tampoco se evalúan los resultados obtenidos, de modo que se desconoce tanto su utilidad práctica como la consecución de los objetivos perseguidos. Y, por si fuera poco, no existe rendición de cuentas, de modo que reina la opacidad en su reparto y destino. Si a todo ello se le suma la ausencia de sanciones para evitar irregularidades, el resultado es que las subvenciones en España constituyen un agujero negro por el que se tiran miles de millones de euros del contribuyente con el único fin de beneficiar a algunas empresas y colectivos escogidos a dedo.

En cuanto al gasto farmacéutico, si bien el ahorro que plantea la AIReF no es muy sustancial, llama la atención sobre la necesidad de modificar y mejorar el sistema de copagos, cuya puesta en marcha ha cosechado buenos resultados en los últimos años, a diferencia de lo que defienden la mayoría de partidos. Asimismo, el análisis realizado por esta entidad aflora lo que, por otro lado, ya era un secreto a voces. A saber, que las políticas activas de empleo no sirven para nada, salvo para malgastar el dinero que con tanto esfuerzo y trabajo ganan los españoles. Los cerca de 6.000 millones de euros al año que se destinan a la formación y colocación de parados resultan del todo punto inútiles, dado que no logran mejorar su empleabilidad. La propuesta de la AIReF, consistente en dotar de mayor autonomía e incentivos a las oficinas del antiguo Inem para recolocar a los desempleados, tampoco ha cosechado ninguna reacción por parte de las formaciones políticas.

El trabajo de la AIReF, por tanto, demuestra, al menos, dos cosas. En primer lugar, que es perfectamente posible eliminar gasto y mejorar servicios sin necesidad de acometer grandes reformas o cambios en las políticas presupuestarias. Bastaría con aplicar mínimamente el sentido común. Y, en segundo término, que a la mayor parte de la clase política, contraria a reducir el gasto, no le importa nada el bienestar de los ciudadanos, y aún menos el de sus bolsillos, puesto que no piensa poner freno al despilfarro de recursos de la Administración.

Lo que España debe aprender de Italia
Daniel Lacalle elespanol 15 Junio 2019

“You're sending me tulips mistaken for lilies”. Elvis Costello.

La tensión entre la Unión Europea e Italia… ¿”crece”? ¿De verdad? El Gobierno italiano se encuentra, sin embargo, muy cómodo. La burbuja del Banco Central Europeo le permite financiarse a tipos que ni siquiera podría imaginar si la locura presupuestaria que ha anunciado se diera en condiciones normales de mercado.

Imaginen por un momento un gobierno europeo que se financia a 2,31% a diez años mientras se lanza a un endeudamiento del 134% del PIB (estimaciones de Fidentiis) y un déficit del 2,6%, anuncia la emisión de una moneda paralela en la mejor tradición argentina y amenaza constantemente en los medios de comunicación con salirse del euro. Una broma. Una nueva muestra de que la política del BCE no sirve para apoyar reformas estructurales, sino para perpetuar los desequilibrios.

Italia ha sido uno de los países más beneficiados por el gas de la risa monetario. El BCE acumula casi el 17% de la deuda italiana, disfrazando el riesgo, en el caso de España, casi el 22%. El gran problema es que, cuando le haces creer a los gobiernos que el dinero es gratis, se lo creen.

Es muy importante mirar al caso de Italia porque nos está permitiendo escapar del escrutinio de Bruselas porque somos un “mal menor”, pero en Italia ya se hacen la pregunta “¿nos van a multar por tener el mismo déficit que tendrá España?”.

Debemos aprender, porque los periodos de tregua que estamos viviendo se van a encontrar, como ha pasado con Italia, con la realidad de un programa de estabilidad inverosímil.

Italia nos enseña que, a pesar de todo el riesgo escondido y de los constantes estímulos y subvenciones, el país continúa en estancamiento, y la política de aumento de gasto constante que estamos proponiendo nos lleva al mismo lugar que Italia, pero con más paro.

El problema de Italia nunca ha sido de austeridad. Con un gasto público del 48,6%, hablar de austeridad en Italia es hilarante, en un país que ha tenido un gasto público medio del 49% del PIB desde 1990.

Italia también nos muestra que el populismo no se combate blanqueándolo. Años de políticas extractivas, aumento de gasto improductivo y subvenciones con ataques fiscales a los creadores de riqueza, han generado una doble economía italiana: la exportadora, innovadora, vibrante y de alta productividad se ve constantemente atacada por el mantenimiento a toda costa de los conglomerados ineficientes y los sectores de baja productividad. Ahora, los gobernantes plantean aumentar aún más los desequilibrios mientras se financian a tipos ultrabajos que no imaginarían ni en sus mejores deseos.

La política de tipos bajos y recompras de deuda no ha debilitado el populismo ni fortalecido las reformas estructurales, ha sido un cheque en blanco para aumentar los desmanes presupuestarios que en 2012 nos parecían inasumibles. ¿Qué lección saca la coalición populista cuando el gran beneficiario de las palabras del BCE del pasado jueves es Italia y Grecia? Que no pasa nada. Más madera.

Pero sí ocurre. Es la receta del estancamiento. Esas exigencias de mayor gasto y mayores desequilibrios no son la fórmula para salir de la espiral de bajo crecimiento y alta deuda, sino para continuarla.

De momento, España cuenta con el silencio del consenso ante el empeoramiento del cuadro macroeconómico porque lo de Italia parece peor.

Hasta que se lean en detalle el programa de estabilidad de Sánchez. Empezando por la falacia de incrementar el PIB nominal a 1,394 billones de euros en 2022, mientras que el crecimiento real del PIB se ralentiza, para cuadrar a martillazos el objetivo de deuda sobre PIB. Una deuda que se va a disparar en el periodo 2019-2022 en 63.749 millones de euros…. Si nos creemos los ingresos de ciencia ficción del Gobierno.

Sánchez y su Gobierno estiman un aumento de ingresos fiscales entre 2019 y 2022 en más de 95.000 millones de euros, con aumentos constantes y anuales de más de 20.000 millones. El Gobierno de Sánchez parte de ingresos fiscales récord de 2018 y simplemente los eleva exponencialmente como si la desaceleración de la economía real que hasta ellos mismos asumen no tuviera impacto. Pero los ingresos están fallando, mientras los gastos siguen desbocados. A pesar de ello, el Gobierno de Sánchez estima aumentos anuales superiores a los que se dieron en el pico de la burbuja.

Esto ocurre mientras el Gobierno “exige” que se creen instrumentos para empaquetar deuda de Estados soberanos pero -por supuesto- sin condicionalidad. “Preferimos que no salga un instrumento si es sólo para recompensar a cambio de reformas estructurales”, decía la ministra. Faltaría más. Vamos, que nuestros desequilibrios nos los tienen que pagar los demás y, por supuesto, financiarnos barato, o dejamos de respirar. No me puedo ni imaginar la urgencia incontrolable de nuestros socios a la hora de aprobar paquetes de “subprime soberano” sin condicionalidad.

La gran lección de Italia es que lo que estamos viviendo no es una anomalía o un exceso sino peligrosamente similar a lo que se quiere hacer en España a toda costa y acelerando sin frenos. Pensar que el riesgo se puede disfrazar eternamente es irresponsable. Creer que somos mejores engañando en las estimaciones de crecimiento, ingresos y déficit es inaceptable.

Italia no es una anécdota, es la evidencia de que, si seguimos por este camino, vamos directos al estancamiento.

El odio une a tarados
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 15 Junio 2019

H. D. Thoreau, escritor y filósofo estadounidense del s. XIX, en su Desobediencia civil, antología de ensayos políticos, levantó esta estatua a la ironía: “Ahora estamos muy atareados construyendo un telégrafo magnético entre Maine y Texas; pero puede ser que entre Maine y Texas no haya nada importante que comunicar”. Sustituyan dichos estados por La Moncloa y Villa Tinaja, las residencias de dos fuleros reconocidos como Sánchez e Iglesias, y entenderán en qué consiste un “gobierno de cooperación”, opaca solución que se han sacado de la manga el maniquí en funciones y su abyecto siervo para poder seguir traicionándose.

Iglesias, ese nuevo ricachón que anda a la baja, le suplica a Sánchez, petimetre en alza, socorro. Viene a rogarle que le eche una mano, le pide, porque ya no se atreve a exigir, un ministerio, aunque sea el de la basura. Entre muy veladas amenazas advierte que, de no dárselo, ninguno de ellos verá el futuro. Así andan estos crápulas, vendiendo y mendigando favores. Mientras uno goza de la soberbia que da el poder, el otro se rinde buscando auxilio. España y sus 47 millones de habitantes, a ambos, les sale a devolver. Tales sablistas, concebidos con el estigma de pervertir instituciones, procuran nuestra ruina y no van a cejar en el empeño.

Cooperar es obrar individualmente en una estructura conjunta con el fin de lograr un objetivo común. Pero al confundir el concepto de la estructura con el del juego del meccano, y teniendo los cooperantes objetivos distintos, (uno sueña en llegar a ser el peor presidente de la historia y vaya que sí lo está consiguiendo, mientras que el otro, ha perdido de vista sus fines pues las purgas le obnubilan), la alianza fingida terminará en un sonoro desastre, por mucho que se odien los socios y mira que el odio une a tarados. No soy un astrólogo beodo, como aquel del Sunday Express que, antes de estallar la 2ª guerra mundial, pronosticó: “Insistiré una y otra vez en que el horóscopo de Hitler no es un horóscopo de guerra”. El “gobierno de cooperación”, imita el mismo final.

La historia clínica y mental de Iglesias y Sánchez, de ser válidos los exámenes médicos, no supera el mínimo equilibrio exigido que ha de tener un gobernante. Los dos han de pacer en el ala de incurables, por no decir irrecuperables, en el psiquiátrico que sea. Ignorantes e ineptos no deben cooperar, y menos aún, gobernar. España no puede estar representada en el mundo por descerebrados incultos.

¿Quién protege el derecho a utilizar la lengua común en Cataluña?
Rosa Díez okdiario 15 Junio 2019

“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a hablarla”.
Artículo 3.1 de la Constitución Española.

Hablar en español es un derecho y, como tal, su ejercicio ha de ser protegido por las autoridades públicas. El castellano no es una lengua española más; es la lengua española oficial del Estado. El resto de lenguas oficiales en determinadas Comunidades Autónomas también son españolas, pero solo el castellano es la lengua común de todos los ciudadanos españoles.

Es español es la lengua que nos permite a todos participar de forma activa y en igualdad de condiciones en todos los asuntos de interés común. Es la lengua que hablan más de cuatrocientos millones de ciudadanos en todo el mundo, la segunda lengua más hablada del planeta Tierra, lo que la convierte, además, en un instrumento de competitividad para las personas y para el país, más importante si cabe para los ciudadanos con menor capacidad adquisitiva.

Como supondrá cualquier lector que haya llegado hasta aquí, todo esto viene a cuento de la última vulneración de ese derecho constitucional perpetrada por la portavoz del gobierno del supremacista Torra. No es la primera ni será la última vez que en un espacio público, y para hacer su trabajo, se prohíbe utilizar su lengua a un ciudadano español. Tampoco es sorprendente cuando este hecho se lleva a cabo por la misma gente que es responsable de educar en el odio y en la mentira en las escuelas catalanas, los mismos que incumplen las sentencias de los tribunales y les niegan a los padres el derecho a que sus hijos sean educados en la lengua materna.

Precisamente el hecho de que no sea ni novedoso ni sorprendente ha de impulsarnos a hacer algo más que escandalizarse y rasgarse las vestiduras en editoriales y tertulias por lo que hacen los supremacistas. Pongamos el foco donde procede: ¿Quién protege los derechos de los ciudadanos privados de utilizar su lengua en su propio país? ¿Qué va a hacer el Gobierno de España? ¿Qué van a hacer los partidos llamados constitucionalistas? ¿O nadie va a hacer nada más que soltar unos cuantos adjetivos?

Normalización no es exclusión
España necesita desde hace mucho tiempo una ley que garantice determinados derechos básicos lingüísticos de los ciudadanos; una ley basada en la igualdad de trato entre aquellos ciudadanos que libremente quieran usar el español y aquellos que quieran utilizar cualquiera de las distintas lenguas españolas de ámbito autonómico. El objetivo de esa ley no sería conseguir más y mejores hablantes del español, sino garantizar el derecho de todos los españoles a utilizar su lengua en cualquier parte de España en la que se encuentre.

En España se ha llamado normalización lingüística a excluir la lengua común del ámbito educativo y/o del ámbito institucional en aquellas Comunidades Autónomas en las que existía otra lengua española oficial. La normalización ha sido un ariete de las políticas nacionalistas que ha contribuido a crear la ficción de dos comunidades políticas, caracterizadas por la lengua que usan, que conviven en un mismo territorio. Y la imposición de la lengua llamada propia sobre la que es común ha sido también la forma de demostrar quién manda. Ya se sabe que pervertir el lenguaje es el primer paso para pervertir la política y hasta la propia democracia; y en esta materia los pervertidores han tenido un éxito notable.

Claro que esta situación no es nueva. Hace años que existen muchas razones para preocuparse por la situación institucional de la lengua castellana y por la vulneración de derechos de los ciudadanos, que reivindican su derecho a utilizarla como lengua principal de comunicación democrática, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como dijimos en un Manifiesto en Defensa de la Lengua Común, presentado allá por el 2008: “Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen (…) Contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano”.

Ni los territorios ni las lenguas tienen derechos. Los derechos son de los ciudadanos; las lenguas autonómicas oficiales no tienen el derecho a imponerse como prioritarias ni en una rueda de prensa ni en la escuela; y mucho menos a llamar a eso normalización lingüística. Pero como pasan los años y todo sigue… peor; y como vivimos un tiempo de pactos y nada se puede esperar de quien nos gobierna y seguirá haciéndolo en complicidad (ahora le llaman cooperación) con los supremacistas, me atrevo a utilizar esta columna para instar a los partidos y a los colectivos sociales constitucionalistas a que se pongan de acuerdo y elaboren una ley que garantice de forma efectiva los derechos lingüísticos de los ciudadanos, únicos titulares de los mismos. ¡Eso sí que sería un Pacto de Progreso!

Rosa Díez, cofundadora de ¡Basta Ya! y de UPyD, aventurera cuerda.

¿ Más leyes ? No, gracias
Nota del Editor 15 Junio 2019

Tras tantos años de problemas, está claro que la solución consiste en anular todas las leyes de lenguas regionales. Cualquier medida que trate de obviar el debido conocimiento del español es un disparate.

La C.E es un cúmulo de irracionalidad. Ya está bien de hacer el idiota.

La oscura realidad de Suecia que la socialdemocracia oculta
www.latribunadelpaisvasco.com 15 Junio 2019

En un artículo titulado "El desastre autoinfligido de Suecia", publicado en la web del Gatestone Institute, la joven analista y periodista Judith Bergman revela un esclarecedor dato de la dramática situación a la que la socialdemocracia sueca ha arrastrado al país nórdico: "en la pintoresca ciudad universitaria sueca de Uppsala, el 80% de las chicas no se sienten seguras en el centro de la ciudad". Publicamos algunos de los extractos más llamativos de su texto.

"Muy pocos, si es que los hay, me creen cuando digo que Suecia puede estar bajo la sharia durante nuestra vida". Gilla Gaule, candidata musulmana en las elecciones municipales suecas / Imagen: Captura de Twitter
En la pintoresca ciudad universitaria sueca de Uppsala, el 80% de las chicas no se sienten seguras en el centro de la ciudad. Una adolescente de 14 años, que temió revelar su identidad, dijo a los medios suecos que siempre lleva zapatillas deportivas para poder "correr más rápido" si la atacan:

"Me senté en un banco e inmediatamente vinieron unos tipos y se sentaron a cada lado de mí. Después llegaron más y se quedaron de pie delante de mí. Empezaron a agarrarme del pelo y las piernas y decían cosas que no entendía. Me asusté tanto que les dije muchas veces que pararan, pero no me hacían caso... Todo es muy horrible. Está muy mal. Quiero poder sentirme segura", dijo, sobre el momento de coger el autobús para ir a casa.

Una reciente encuesta realizada en la región de Uppsala muestra que sólo el 19% de las alumnas de instituto se sienten seguras en el centro de Uppsala. En 2013, esa cifra era del 45%. Los hombres y los jóvenes de las pandas que acosan a las muchachas suecas de Uppsala son con frecuencia inmigrantes recién llegados.

En respuesta, las autoridades de Uppsala, según dijeron a la prensa sueca: "Solemos animar a las jóvenes que no se sienten seguras que piensen en qué necesitan hacer para sentirse seguras, como no ir solas por la calle, y asegurarse de que las recoja otra persona para que puedan reducir su sensación de inseguridad". Es decir, que las autoridades están dejando la responsabilidad de abordar este crucial problema de seguridad a las propias jóvenes.

Las jóvenes que pasan miedo en Uppsala son sólo una pequeña parte de toda la historia. Según el último Informe Nacional de Seguridad, publicado por el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen de Suecia (Brottsförebyggande Rådet o Brå), 4 de cada 10 mujeres temen salir libremente a la calle. Casi una cuarta parte de la población elige un camino distinto u otro medio de transporte como consecuencia de la ansiedad por los crímenes. Entre las mujeres de entre 20 y 24 años, el 42% afirma que han solido escoger otra ruta u otro medio de transporte porque se sentían inseguras y preocupadas por la posibilidad de ser víctimas de un crimen. La proporción correspondiente entre los hombres del mismo grupo de edad es el 16%, según el Brå.

Sin embargo, el Gobierno está recortando los recursos de la policía. En el nuevo cambio presupuestario de primavera del Gobierno, la policía se enfrenta a un recorte de 232 millones de coronas suecas (24,5 millones de dólares). "Las propuestas del cambio presupuestario de primavera tendrán consecuencias para las actividades de la policía, pero en este momento es muy pronto para responder qué impacto tendrán. Ahora vamos a analizar cómo vamos a manejar las nuevas condiciones económicas", dijo la policía en respuesta a la propuesta de recorte de presupuesto, mientras que el jefe de policía, Anders Thornberg, criticó los recortes.

Tal como están, la policía ya está desbordada con tareas que no puede llevar a cabo en condiciones, como resolver los casos de violación. Un reciente informe de Amnistía Internacional, "Es hora de un cambio: justicia para las supervivientes de violaciones en los países nórdicos", hecho público en abril, criticó duramente a los suecos por no abordar debidamente los casos de violación. Según el informe de Amnistía Internacional, algunos de los problemas son que a las investigaciones sobre violaciones se les da menos prioridad de la debida, "los tiempos de espera para los resultados de los análisis del ADN son demasiado largos", no hay suficiente apoyo a las víctimas de violaciones y no se hace suficiente trabajo con propósito preventivo.
(...)
Los delitos sexuales no son los únicos que las autoridades suecas se ven incapaces de afrontar. En 2018, Suecia experimentó una cifra récord de muertes por disparos: 45 personas fueron asesinadas en el país. La mayoría tuvieron lugar en el área de Estocolmo, y la mayoría de las muertes se produjeron en la región del sur, donde está Malmo. "Es un nivel terriblemente alto", dijo el comisario de la policía de Estocolmo, Gunnar Appelgren, sobre los tiroteos. Antes, era 2017 el año récord, con 43 muertes por disparos. Sin embargo, la cifra de tiroteos reportados en general sí descendió ligeramente: de los 324 en 2017 a los 306 en 2018. El número de personas heridas también es ligeramente menor: 135 personas en 2018, frente a las 139 en 2017.

Según la policía, muchos de los disparos están vinculados a conflictos entre delincuentes y las llamadas "áreas vulnerables" (utsatta områden, conocidas popularmente como "zonas de exclusión" o zonas sin ley). En los primeros seis meses de 2018, según la policía, casi todos los tiroteos tuvieron lugar en un "área vulnerable". En 2017, un informe de la policía sueca "Utsatta områden 2017" ("Áreas vulnerables 2017"), indicó que hay 61 áreas de ese tipo en Suecia. Abarcan 200 redes criminales y se calcula que están compuestas por 5.000 delincuentes. Veintitrés de esas áreas eran especialmente críticas: niños de tan sólo 10 años se han visto involucrados en delitos graves allí, incluidos los relacionados con armas y drogas. La mayoría de los habitantes eran no occidentales, y principal y lamentablemente, inmigrantes musulmanes.

Para agravar estos problemas, la ministra de Exteriores, Margot Wallström, parece estar planeando el retorno de los hijos de los terroristas del Estado Islámico (ISIS) que están viviendo en los campos de refugiados en Siria. "Es complejo y por eso ha llevado tiempo desarrollar una medida y un mensaje claros, pero trabajamos en ello cada día".
(...)
Además, 41 de los 291 ayuntamientos suecos podrían ser obligados, o ya lo son, a acoger a los terroristas retornados del ISIS en el futuro próximo, según un reciente reportaje de SVT Nyheter. Los terroristas del ISIS o están aún en Siria o ya están volviendo a Suecia. Para "preparar" a los ayuntamientos, el Centro contra el Extremismo Violento sueco los invitó a una "jornada de aprendizaje" sobre los retornados del ISIS el 24 de abril. El propósito era "dar apoyo a los ayuntamientos que hayan recibido o vayan a recibir a los niños y adultos retornados de áreas antes controladas por el Estado Islámico". Los ayuntamientos implicados son los de las localidades donde los terroristas vivían antes de ser reclutados por el ISIS.

En total, se espera que 150 miembros del ISIS, hombres y mujeres, vuelvan a Suecia, así como 80 niños que viajan con sus padres.

Según el primer ministro Stefan Löfven, los terroristas retornados del ISIS tienen "derecho", como ciudadanos suecos, a volver a Suecia. Löfven afirmó que iría contra la Constitución sueca privarlos de su ciudadanía, pero que los que hayan cometido crímenes serían juzgados. El experto sueco en terrorismo, Magnus Ranstorp, en cambio, ha advertido a Suecia contra el retorno no sólo de los terroristas del ISIS, sino también a sus esposas y sus hijos, que también representan una amenaza a la seguridad.

Las mujeres no son víctimas inocentes, y también hay un grupo grande de hijos del ISIS [...]. Desde los ocho o nueve años los han mandado a campos de adoctrinamiento donde han aprendido técnicas de combate y el manejo de armas. Algunos han aprendido a matar [...]. Sus identidades estarán siempre vinculadas a su temporada en el ISIS, y al hecho de que tengan un padre o una madre del ISIS.

Suecia parece querer importar aún más problemas.

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El drama de Navarra: depender de Bildu tras cuatro años de inmersión abertzale
Marco Ballesteros ESdiario 15 Junio 2019

Si nada lo remedia, Bildu tendrá la sartén por el mango en Navarra y podrá coronar, por ambición del PSOE, un proceso de euskaldización acelerado que lleva ya 4 años.

Navarra no es la Cataluña secesionista. Pero sus Gobiernos sí se parecen, durante la legislatura ya conclusa, incluso en la composición e intenciones. Ambos son un batido de siglas, los dos dependen del partido más radical de cada autonomía y les hermana también haber puesto la 'construcción nacional' a la cabeza de todas sus prioridades.

Y este fenómeno puede prolongarse si, como todo parece indicar, el PSOE acepta el abrazo de Bildu para llevar a María Chivite a la presidencia en sustitución de Uxúe Barcos, la Arzallus navarra: lo que hace unos días parecía poco probable, ahora parece muy posible, frustrando la mayoría en las urnas de Navarra Suma, la unión de UPN, PP y Cs.

La responsabilidad del PSOE en Navarra no puede depender de cambalaches
En la Comunidad Foral, regida hasta ahora por un cuatripartito de difícil convivencia interna, Geroa Bai dependía a la vez de Bildu, de Podemos y de Izquierda-Ezkerda. Del partido de Otegi seguirá dependiendo Chivite si acepta el pacto, no explícito pero inevitable, aunque le moleste reconocerlo. Ha sido un batiburrillo unido para echar al centro-derecha, mayoritario allí desde casi los tiempos de Sancho VI El Sabio, pero de compleja sintonía en todo lo demás.

Salvo en un asunto, el más importante de todos y el más decisivo en un momento convulso para España: profundizar con rapidez en la 'euskaldización' de uno de los reinos con más solera nacional para, de algún modo, intentar imponer la cosmovisión abertzale, ésa que perfila una Euskal Herría mística anexionando al actual País Vasco a Navarra y a Iparralde, en territorio francés.

Bildu y el PNV ya han logrado que Navarra sea sometida a la presión abertzale. Y ahora mandarían más que nunca sobre el PSOE

Una locura histórica que, sin embargo, deja un reguero de decisiones para lograrlo, escondidas del debate nacional por la hegemonía del conflicto en Cataluña. Pero son algo más que indicios y puede hablarse, sin temor al equívoco, de un proyecto sin fisuras para alcanzar una meta a pesar de que levante sarpullidos en la mayoría de la población navarra.

Más ikurriña
De momento, la anulación de la Ley de Símbolos para meter por los ojos a todos la ikurriña, es un hecho. Y nada aislado. La apuesta por el euskera, emblema de la política de la izquierda radical en el País Vasco, es total, aunque en el viaje incluso se subordine la enseñanza del inglés. Y hay algo más.

La presidenta, Uxúe Barcos, ha agradado al mismísimo Arnaldo Otegi con una hoja de ruta marcada por la desaparición de la bandera de España y la apuesta por el euskera, dos certezas que forman parte de un plan mayor, recogido por escrito en el pacto del cuatripartito: someter a referéndum el estatus de Navarra.

Un eufemismo que, sumado a otro compromiso igual de genérico -"normalizar e impulsar las relaciones con la Comunidad Autónoma Vasca"- revela la intención real: derribar la histórica resistencia de Navarra a ser autónoma y española. E integrarse en 'el norte'. ¿Cómo resolverá eso Chivite si Bildu es aún más decisiva?

La 'resistencia navarra'
Y no es un brindis al sol, como ha denunciado reiteradamente Ana Beltrán, presidenta del PP y verdadera líder de la 'resistencia' navarra a su euskaldización pese a tener muchos menos diputados que la vieja UPN, lastrada por el pasado y a menudo atada de pies y manos para encabezar una oposición más enérgica. Ahora ya en Madrid, en la dirección nacional, sacrificada en favor del proyecto de Navarra Suma, su denuncia sigue siendo la misma.

Barkos quiere que Navarra sea como ella, abertzale, y gobierna con esa hoja de ruta para integrarse en el País Vasco ¿Chivite va a evitarlo dependiendo de Bildu?

El año pasado, Beltrán tuvo ocasión de denunciarlo por enésima vez en una sesión del Parlamento navarro donde se escenificó de nuevo la apuesta 'light' por el soberanismo, con una resolución que calca los argumentos de la CUP o de Puigdemont al respecto de cómo defiende España la vigencia de la Constitución.

Con el secesionismo
La aprobación del texto, una declaración de amor al secesionismo catalán pero también un aviso a navegantes sobre el auge del abertzalismo navarro; fue vista como una "infamia" por la portavoz del PPN, Ana Beltrán, quien ha considerado "indigno" que los grupos que sustentaran en ese momento al Gobierno Foral no respeten "ni la Constitución, ni las leyes, ni la democracia".

Antes, los cuatro miembros del Gobierno de Barcos habían impulsado una condena expresa contra el artículo 155, con frases gruesas que remiten a los tiempos duros del independentismo vasco en los años 80 y 90. "Es un Golpe de Estado revestido por medio de acuerdo legales", para Adolfo Araiz, protavoz de Bildu, quien comparó la decisión del Gobierno con "un bando de Mola", en alusión al general franquista.

¿Violencia?
El delegado de la propia Barcos, Koldo Martínez, no se quedó atrás, con un discurso incendiario que, bajo una supuesta apuesta por el diálogo, calificaba la actitud del Estado de Derecho con palabras muy gruesas: "Violencia, imposición y represión".

Los otros dos miembros del cuatripartito insistieron en la misma idea, una síntesis en el peor momento del ideario colectivo de todos ellos que llevó a la propia Beltrán a recordar que el artículo 155 se puede utilizar más allá de Cataluña. En las calles de Navarra, coquetas y tranquilas, se respira ese ambiente abertzale, pero también, y en contrapartida, más banderas españolas que nunca.

Esas dos realidades conviven bajo la batuta de una presidenta que públicamente no se atreve a anunciar su apuesta por la sumisión navarra al País Vasco pero que tampoco oculta sus verdaderas apetencias. Lo dijo el mismo día de su investidura: "Soy una presidenta abertzale en una región no abertzale". Chivite dirá ahora probablemente que ella no es abertzale, y no lo es, pero su yugo lo es como nunca y de Bildu dependerá para casi todo si llega a la presidencia.

Unos meses después, ya empezó a concretar sus planes, golpeando de nuevo a los símbolos: retiró la invitación a los Reyes a la ceremonia del premio Príncipe de Viana, un primer paso culminado, ya en junio del año pasado, con la insólita moción paralmentaria para exigir un referéndum sobre la Monarquía: al día siguiente, don Felipe tenía previsto visitar Navarra.

La ETB, sí o sí
Y es que Barcos, con sus socios abterztales repartidos en distintas siglas, ha querido invertir la tendencia y que Navarra sea como ella confesó ser. Imponer el euskera en las escuelas e incluso en la cartelería urbana, luchar contra el Gobierno Central para permite a Euskal Telebista emitir en la Comunidad Foral y arriar la bandera española son hitos de un proceso que aspira a unir Navarra y el País Vasco.

Una quimera y un tabú hasta ahora. Pero una posibilidad incluso legal. La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, una de las nueva de la Carta Magna, avala técnicamente la 'anexión' a Euskadi, prohibida en el artículo 145.1 para el resto de comunidades españolas.

¿Utilizar la Constitución contra la Constitución?
La presidenta de la Comunidad lo sabe. Sólo tiene que conseguir una mayoría parlamentaria y otra social para llevarlo a la Cámara, consciente de que esa votación sólo se puede presentar cada cinco años. Nadie lo ha logrado nunca, y la única tentativa, en diciembre de 1979, naufragó antes de ser presentada formalmente. Ahora ya no podrá... o sí, dependiendo de hasta dónde presione Bildu.

El tablero navarro va a tener más consecuencias nacionales que nunca. Un PSOE intervenido por Otegi presagia lo peor, a juicio de sus detractores, sustentados en una evidencia: aunque Chivite no sea nacionalista, ¿cómo va a resistirse a las presiones de quien tiene en su mano el futuro de su probable presidencia?

Navarra: el arma secreta del PNV
 larazon 15 Junio 2019

Arnaldo Otegi quiere que los problemas territoriales se resuelvan por la vía política –a buenas horas– y, por lo tanto, aspira a conseguir y conservar el mayor poder posible en las instituciones, en concreto en Navarra, territorio que consideran parte de su proyecto de conseguir la gran Euskal Herria. Pero en Navarra, las pasadas elecciones arrojaron un resultado que no coincide con ese histórico plan. Tanto en la Comunidad Foral como en el Ayuntamiento de Pamplona, la fuerza vencedora fue la coalición Navarra Suma, formada por UPN, PP y Cs. No resultó una victoria por la mínima, sino que casi dobló al segundo, a PSN y EH Bildu.

Navarra Suma también fue la más votada en las elecciones generales, con dos diputados, escaños cuya abstención habían ofrecido a Pedro Sánchez con la intención de que los socialistas navarros no pactasen con los abertzales de EH Bildu. Pero los planes de Sánchez para Navarra parecen que son otros. Javier Esparza, el candidato que ganó las elecciones con el 36% de los votos –y 20 de los 50 diputados del parlamento foral–, sólo podrá ser presidente de Navarra si el PSN se abstiene, una opción que ha sido descartada por la candidata socialista navarra, María Chivite. Prefiere ser ella la presidenta, lo que es lógico, aunque sea con el apoyo de EH Bildu, factor que rompe algunos acuerdos constitucionales que ahora están en juego en la comunidad. A cambio, el PSN aseguraría que la alcaldía de Pamplona continuase en manos del partido de Otegi, aunque sólo sea con 7 de los 27 concejales frente a los 13 de Navarra Suma.

De nuevo, se vuelve a pervertir el sentido del voto, un asunto que ya resulta menor comparado con lo que está en juego en esta comunidad. Así quedaría el mapa de Navarra, repartido por un pacto entre batasunos y socialistas, pero este trueque de instituciones tiene consecuencias a gran escala, más allá del dominio sobre un territorio de 653.846 habitantes (padrón a 1 de enero de 2019), con un PIB que lo sitúa entre los que tienen mejor nivel de vida de España, con el tercer puesto en el ranking de PIB de comunidades autónomas, y el 8,2% de paro (el más bajo de España, cuya media es de 14,7%). Lo que se está dirimiendo es un choque entre el foralismo español y constitucionalista y el foralismo vasquista que aspira a la anexión al País Vasco. El PNV ha marcado una línea clara a Sánchez, si quiere que su investidura salga adelante: impedir que Navarra Suma gobierne y mantener intocable el peso de los abertzales.

No hay que olvidar que el PNV es la formación principal de la coalición Geroa Bai, cuya líder, Uxue Barkos, ha ejercido como presidenta de Navarra esta pasada legislatura y que apoyaría ahora a los socialistas en el gobierno foral y aseguraría –con condiciones– su futuro. Los nacionalistas vascos no quieren interferencias políticas nacionales en Navarra, pero es ahí también donde tienen el último recurso: en la disposición transitoria cuarta de la Constitución española. Fue una negociación larga y compleja entre el PNV y UCD, que es la que permitiría que Navarra se incorporase al régimen autonómico vasco a iniciativa de la propia comunidad foral. «Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto», dice la misma disposición transitoria. De ahí que el PNV no acepte que nacionalismo vasco pierda Nafarroa, que forma parte del proyecto nacionalista vasco y no ha renunciado a él. No es sólo un elemento simbólico y cultural, sino una pieza clave para el desarrollo económico del País Vasco. Sánchez debería tener en cuenta que lo que está en juego es el avance del nacionalismo disgregador en un momento en que Cataluña sigue en su empeño de poner en jaque al Estado.

La sociedad cautiva del golpe
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 15 Junio 2019

Solo cuando todos los culpables de este interregno doloroso de la historia de España hayan sido desalojados podremos salir del cautiverio.

Quienes vivimos en Cataluña no podemos dejar de sentirnos menospreciados cuando algunos juristas contradicen a la Fiscalía y argumentan que los delitos perpetrados en septiembre y octubre del 2017 no fueron un golpe de Estado. La mayoría de nosotros carece de los conocimientos de Derecho necesarios para polemizar con estos juristas, pero nuestra experiencia cotidiana nos confirma que vivimos en una sociedad cautiva de dicho golpe.

Nos toman por idiotas
Cataluña funciona como una taifa donde no rigen las leyes y las instituciones del Reino de España. Una taifa sometida a los caprichos de un puñado de caciques que se disputan el bastón de mando sin un asomo de pudor. Los negacionistas del golpe alegan que los imputados no recurrieron a la violencia ni a las fuerzas armadas. Nos toman por idiotas. El golpe se ciñó a un plan metódicamente diseñado con la consigna "hoy paciencia, mañana independencia".

La reciente toma por asalto de la Cámara de Comercio de Barcelona no ha sido más que la última prueba visible de la metodología aplicada a lo largo de todo el golpe encubierto que el nada honorable Jordi Pujol puso en marcha en 1982: cooptación gradual de los centros de enseñanza, medios de comunicación, colegios profesionales, sindicatos y clubes deportivos, para ponerlos al servicio del objetivo final. La rotación intempestiva de mandos de los Mossos d´Esquadra ha sido la guinda del pastel, y la entrada del supremacista monotemático Ernest Maragall en la alcaldía de Barcelona por la puerta de atrás sería, si se consumara, la codiciada joya de la corona… republicana.

Nuestros carceleros
El modelo aplicado no ha sido el de los alzamientos militares entre gallos y medianoche, sino el del putsch que Adolf Hitler inició en 1923 en una cervecería de Múnich para culminar en 1933 cuando ascendió a Führer del Tercer Reich, tras diez años invertidos en el adoctrinamiento de jóvenes, las movilizaciones de masas y el reclutamiento de feroces fuerzas de choque. Inicialmente, Hitler pasó en una cárcel de cinco estrellas solamente nueve meses de los cinco años a que había sido condenado, y los aprovechó para conspirar con sus esbirros, conceder entrevistas y escribir la primera parte de su infame Mein Kampf (Mi lucha). ¿Les suena la historia de este "preso político"?

Y así estamos, cautivos del golpe. Porque si los doce acusados de haber activado la trama subversiva están en el banquillo esperando la sentencia del Tribunal Supremo, todo funciona en Cataluña como si los cabecillas presos o fugados siguieran gobernando. Unos imparten instrucciones desde su politburó carcelario en tanto que otros lo hacen desde palacetes flamencos. Pero lo más aberrante es que quienes manejan Cataluña como si fuera su hacienda particular, blindada contra las leyes y las normas de convivencia civilizada, son los secuaces impenitentes de esos cabecillas presos o prófugos, cuyas instrucciones aplican al pie de la letra. Los golpistas, estén donde estén, son nuestros carceleros. Estos carceleros, que dicen estar avalados por dos millones de votos, abusan obscenamente de tres millones y medio de catalanes discriminados por su cosmopolitismo que -las urnas lo confirman- no los han votado ni los votarán jamás.

El combustible de los parásitos
El tribunal benévolo de Schleswig-Holstein se mostró dispuesto a aceptar la imputación de Carles Puigdemont solo por malversación. El juez Llarena no aceptó esa reducción de cargos y el prófugo continúa su campaña difamatoria en los pocos chiringuitos donde consigue infiltrarse. Sin embargo, la malversación del dinero de todos los españoles es el combustible con que estos parásitos alimentan los motores del golpe. El 6 de junio, el presidente putativo de la Generalitat reunió en Bruselas a los doce emisarios de su taifa para exhortarlos a viajar por el mundo denunciando "la represión" en Cataluña (LV, 7/6). Doce paniaguados del tabernario Diplocat, que han recuperado su estipendio tras la derogación del 155.

El día que se divulgue la malversación de fondos públicos desviados de la educación y la sanidad hacia las cloacas de la trama supremacista, muchos catalanes todavía encandilados por el procés renegarán hasta de Prat de la Riba.

Falsarios trashumantes
Los falsarios trashumantes no son solo los vivales del Diplocat. El Institut del Teatre Barcelonés ha montado su propio pabellón, separado del de España, en la Cuatrienal de Escenografía de Praga. En el recinto se proyectan escenas atribuidas a las cargas policiales del 1-O y el discurso del Rey del 3-O (LV, 7 y 10/6).

Un discurso que se ve, como el resto de imágenes, en una pequeña pantalla, y se escucha distorsionado. La sorpresa viene cuando por encima de la pantalla asciende una bandera con Piolín, cuya voz parece también sonar sobre el discurso del Monarca.

Las autoridades del Institut del Teatre, que contó, según la crónica, con la ayuda económica del Institut Ramon Llull, "ofrecieron, más que una conferencia, un verdadero mitin", en el que también participaron palanganeros supremacistas, con las consabidas diatribas contra España y muestras de solidaridad con el rapero Valtónyc, compositor de odas al asesinato y la tortura.

La malversación nos despoja
No es España la que nos roba sino los malversadores que llenan el buche de las aves carroñeras en el festín de la plurinacionalidad ficticia. Los ciudadanos de a pie pagamos el pato. La malversación que engorda a la troupe del golpe nos despoja de los servicios básicos. Lo atestigua un editorial ("Más médicos para Catalunya", LV, 7/6):

El sistema sanitario catalán está sometido a una profunda tensión, con un constante aumento de las listas de espera, derivado en gran parte de su insuficiente financiación. El presupuesto actual de la sanidad catalana, prorrogado desde el 2017, es de 8.800 millones de euros, mil millones menos que en el 2010. La salud pública en Catalunya recibe el 3,8 % del producto interior bruto frente al 6,3 % del conjunto de España y el 7,3 % de la Unión Europea, lo que supone un desajuste evidente que, por el momento, se sostiene gracias al enorme esfuerzo y dedicación de los profesionales del sector.

Efectos retardados
La desfachatada emisaria del JxCat tribal, Laura Borràs, se adjudicó una representatividad de la que carece y, colada en la Zarzuela, intentó agraviar a Felipe VI jactándose con chulería barriobajera de que Cataluña no tiene rey. Lo que esta Cataluña cautiva del golpe no tiene, por ahora, es una administración regional decente que se preocupe por el bienestar de los ciudadanos. Después de que el Tribunal Supremo dicte la sentencia en el juicio a los golpistas de septiembre y octubre del 2017, la Fiscalía del Estado deberá abocarse al estudio de las abundantes pruebas materiales que incriminan a los suplentes de los sentenciados que, con Quim Torra a la cabeza y sublevado espectacularmente contra la aún desconocida sentencia del Supremo, se obstinan en mantener a la sociedad catalana cautiva de los efectos retardados de dicho golpe.

Solo cuando todos los culpables de este interregno doloroso de la historia de España hayan sido desalojados definitivamente de los puestos de mando y enviados a donde corresponda para purgar su felonía, podremos salir del cautiverio y recuperar la libertad, la solidaridad y la prosperidad perdidas.

Ayuntamientos soberanistas: Un “ejército” de 6.000 concejales contra la Constitución
El independentismo alienta que sus ediles prometan hoy el cargo por la «República catalana».
Javier Gallego. larazon 15 Junio 2019

El independentismo volverá a estar hoy bajo la lupa de la Junta Electoral Central (JEC). Los más de 6.000 concejales electos separatistas en los 947 municipios de toda Cataluña prometerán el cargo bajo la sombra del aviso de la JEC del lunes: «Solamente pueden reputarse válidas aquellas fórmulas que expresamente manifiesten la voluntad incondicionada de acatar la Constitución». El acuerdo de la administración electoral se tomó a raíz de un recurso que presentaron dos entidades constitucionalistas (Impulso Ciudadano y Aixeca’t-Levántate), precisamente, para tratar de frustrar una campaña que ha organizado la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) que aspira a que los ediles secesionistas prometan o juren por la «República catalana».

La AMI ha distribuido entre los concejales independentistas un texto con la fórmula propuesta para emplear. «Por expresión democrática de la voluntad ciudadana, manifiesto el firme compromiso con los valores de la república catalana y declaro que continuaré trabajando en la construcción de una Cataluña políticamente libre, socialmente justa, económicamente próspera y territorialmente equilibrada», reza el documento. Si bien, desde la propia AMI se matiza que esa fórmula propuesta no es más que una «sugerencia» para acompañar la promesa del cargo: según la organización, la fórmula propuesta no sustituye a la que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), sino que «una va detrás de la otra». «Es complementaria», afirmó ayer su presidente, Josep Maria Cervera, que mantuvo una reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlament. La LOREG, en su artículo 108.8, fija que «en el momento de tomar posesión y adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución».

Es decir, desde la AMI, que ha distribuido hasta 6.000 tarjetas con la fórmula –entre ERC (3.107), JxCat (2.798 y la CUP (335) suman 6.240 ediles de los 9.077 que hay en juego en Cataluña–, se hace también un llamamiento a ajustar la promesa del cargo a los mínimos que dicta el ordenamiento legal para poder darle validez –y, de paso, evitar que cunda cualquier temor a posibles consecuencias (el desacato de Quim Torra a la JEC ha desembocado en un proceso judicial en Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)–. Si bien, el acatamiento de la Constitución, como precisa la LOREG, hace ya tiempo que se evaporó de las fórmulas empleadas por el independentismo, que mayoritariamente apuesta por prometer o jurar por «imperativo legal» e incorpora algún tipo de reivindicación.

Los dos principales partidos políticos independentistas se han adherido a la propuesta de la AMI. ERC ha distribuido sugerencias a sus concejales y ha propuesto que usen la fórmula «Sí, prometo por imperativo legal...» o «Sí, juro por imperativo legal...» y, a continuación, añadirle el texto difundido por la AMI. De hecho, el presidente del grupo parlamentario de Esquerra en el Parlament, Sergi Sabrià, restó hierro a la controversia desatada y ya advirtió hace unos días de que los ediles de su partido prometerán el cargo con la fórmula que más cómodos se sientan.

Por su parte, JxCat, ha sugerido dos propuestas: por un lado, la de la AMI, y por otro, una propia, para recordar a los presos: «Prometo o juro por imperativo legal con lealtad al madato democrático y al pueblo de Cataluña y con solidaridad y apoyo a los presos y presas políticos y a los exiliados y exiliadas, manifiesto mi firme compromiso con la igualdad y la libertad y declaro que continuaré trabajando en la construcción de una Cataluña políticamente libre, socialmente justa, económicamente próspera territorialmente equilibrada». Para supervisar que la toma de posesión discurra por los cauces legales estarán los secretarios de los Ayuntamientos, que se encargarán de notificar si ha habido alguna fórmula que no se ajusta a la legalidad. Planeará, por tanto, durante la jornada el aviso de la JEC, aunque el presidente de la AMI expresó ayer su rechazo a la alerta porque considera que «no es competente en esta cuestión».

Entre ERC, JxCat, la CUP y Primàries (candidaturas que impulsó la Asamblea Naciona Catalana en algunos municipios) ya tienen garantizadas 575 alcaldías de los 947 que hay en juego en toda Cataluña, ya que en esos municipios obtuvieron mayoría absoluta. En total, las cuatro formaciones vencieron en 739 municipios. Si nada cambia a última hora, el independentismo logrará la alcaldía de tres de las cuatro capitales de provincia –Lleida, Tarragona y Girona–, aunque se quedará sin la visibilidad que otorga Barcelona.

Una escuela de Blanes divide a los alumnos entre catalanes y castellano-españoles

El centro de primaria enumeraba a sus alumnos en función de la lengua utilizada y de su origen en un documento lingüístico que ha borrado en la web al difundirse en las redes
Manel Manchón cronicaglobal 15 Junio 2019

Un recuento de alumnos. Un documento que parte de la lengua utilizada y del origen de cada uno de ellos. Es la escuela de primaria Carles Faust de la localidad de Blanes (Barcelona), que ha provocado un enorme revuelo en las redes, tras un comentario del catedrático de la UB, Joan Francesc Pont. En el documento se enumeran las diferencias entre el alumnado: “Número de alumnos catalanes, 3; número de alumnos castellanos españoles, 157”.

El documento, sobre su política lingüística con esa enumeración es de hace unos años, pero se había mantenido en la web de la escuela. Al divulgarse, ha desaparecido en menos de 24 horas. El link fue recogido por los que quisieron denunciar esa relación de alumnos, pero ya no se puede abrir.

Derechos fundamentales vulnerados
Joan Francesc Pont señala, en conversación con Crónica Global, que se ha tomado conciencia en los últimos años de una realidad que se conocía en el mundo educativo, pero que había pasado por alto. No es generalizable, pero esos casos tampoco son aislados. La difusión del documento la formalizaba de este modo: “En una escuela, este documento clasifica a los alumnos de la forma como se ve. A mi juicio, esta lista contraviene de forma grave los derechos fundamentales y las libertades civiles, porque no reconoce la existencia de una ciudadanía única”.

En esa relación se insiste en diferenciar por criterios de lengua y de origen. Así, se señala que hay 34 alumnos “castellanos latino-americanos”, 10 alumnos “africanos subsaharianos”, hasta 22 “alumnos marroquíes”, 13 “alumnos de la Europa del Este”, y 7 de “otros países”.

La explicación de Puntí
La cuestión central es que se identifica la lengua catalana con una supuesta ciudadanía catalana, y en ese caso sólo hay tres alumnos que cumplen esos requisitos. El grupo más numeroso corresponde a los “castellanos españoles”, con lo que se da rienda suelta a una identificación primigenia del nacionalismo catalán. En los años 70 y 80 era frecuente esa designación como “castellanos” a los catalanes que utilizaban la lengua castellana. El escritor Jordi Puntí lo reflejó en su libro, de 2011, Els castellans. Puntí mostraba el universo en su Manlleu natal de aquellos años, y quería constatar que con aquella designación, “los castellanos”, se hacía referencia a toda la población que había llegado desde otros pueblos de España. “Hoy día, en los pisos en los que vivían los castellanos viven otras personas. En cada balcón hay una parabólica, y mucha ropa tendida. Está previsto que algún día los derriben. Ahora la gente dice: los moros, los negros, los chinos. Miro hacia atrás, 30 años atrás, y pienso que el pasado funciona siempre como ensayo general del presente”, señalaba en el libro.

Ahora, en una escuela de Blanes, se repite la historia, al identificar la lengua castellana con una supuesta pertenencia a España, y el catalán con Cataluña, diferenciando comunidades.

La lengua como instrumento de identidad
En los medios extranjeros, lo que ha ocurrido con la identificación de la lengua se ha comenzado a explicar. Los propios dirigentes nacionalistas reproducen en las redes sociales, para criticarlo, lo que recogen algunos medios, como el Frankfurter Allgemeine que, en su suplemento cultural, señala, con el título de El lenguaje de los estúpidos que Cataluña “es un caso singular en Europa: los separatistas catalanes han aplicado la hegemonía de su lengua y han expulsado el español de los planes de estudio en las escuelas”.

El debate se ha reavivado después del incidente de la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, que se negó a contestar preguntas en castellano de los periodistas tras el Consell Executiu del Govern. La lengua vuelve a ser, 30 años después, un elemento de identidad, cuando todos los actores políticos en Cataluña habían considerado que eso estaba superado, con la idea de un sol poble.

Aprender español por Ricky Martin
Al Saki se interesó por España escuchando canciones y ahora es uno de los cuatro estudiantes de Bangladés que visitan A Coruña con la Cátedra Inditex de Lengua
a. carro la opinion l 15 Junio 2019

Aprender español no es cuestión de sentarse con un libro y estudiar. Hay otros métodos para soltarse con las primeras palabras. El ejemplo está en la historia de Abdullah Al Saki, que se interesó por España y su cultura con canciones de Ricky Martin y David Bisbal. Ahora es uno de los cuatro estudiantes de la Universidad de Daca, en Bangladés, que visitan A Coruña con una beca de la Cátedra Inditex de Lengua y Cultura Españolas.

Maleeha Hafiz, estudiante de Lingüística; Shanaj Parvin Jonaki, de Educación; y S. M. Bayjid Bostami, de Humanidades, también forman parte de esta experiencia. Ninguno de los cuatro puede esconder su pasión por España. "Primero escuché Un pasito pa'lante María, de Ricky Martin, que fue la que me despertó el interés, y después, en 2010, escuché la canción de Bisbal del Mundial y la memoricé sin entenderla", cuenta Al Saki, que es estudiante de Económicas. "Llevo años queriendo aprender español pero no sabía dónde hasta que descubrí la Cátedra Inditex de Lengua y Cultura Españolas", explica.

Todos coinciden en que esta es una experiencia única para saber más de un "bonito idioma". Hafiz se considera una "afortunada" por estudiar este idioma a través de esta Cátedra. "Antes no teníamos posibilidad de aprender español allí", confiesa. Además, solo tiene buenas palabras para Galicia: "Es una tierra encantadora y nos ha recibido muy bien".

Bostami ya lleva cuatro años enganchado al español y asegura que la Cátedra Inditex ha "abierto una puerta para conocer la lengua y la cultura españolas en Daca". Como estudiante de Humanidades, defiende que este viaje a A Coruña es "una experiencia fantástica y una oportunidad para conocer directamente otras culturas y religiones diferentes". Para Bostami, la mayor sorpresa de esta aventura ha sido "descubrir la catedral de Santiago y su botafumeiro".

Mientras que Al Saki se enamoró del español por las canciones, Parvin lo hizo por la literatura y el arte. "Me gustan los libros de García Márquez, los problemas de Neruda, las películas de Buñuel y Almodóvar y la pintura de Picasso y Dalí", revela. Por estos motivos, su estancia en A Coruña es "como ir al país de mis sueños".

Estos cuatro estudiantes de Bangladés estarán un mes en tierras gallegas, mientras que el profesor en formación Mizra Wasfi Jabber, antiguo alumno de la Cátedra, ha sido becado para participar este mes en un programada avanzado de lengua y cultura españolas en la Universidad de Oviedo. Son, según el rector de la Universidad, Julio Abalde, "embajadores de España".

La Cátedra Inditex
La Cátedra Inditex de Lengua y Cultura Españolas, que ha becado a estos cuatro estudiantes de Bangladés, es el resultado del convenio firmado entre Inditex y las Universidades de A Coruña. Santiago y Daca. El objetivo es la promoción de la lengua y la cultura españolas en Bangladés a través de diversas actividades académicas y de difusión cultural, entre las que destacan los cursos de lengua y cultura españolas, el programa de becas de movilidad de estudiantes y la organización de iniciativas artísticas. Esta Cátedra nació en 2011 y desde entonces han participado más de 3.000 estudiantes.

 


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