AGLI Recortes de Prensa   Lunes 8 Julio 2019

La sostenibilidad del Estado del Bienestar
La España insostenible: más personas cobran su nómina del sector público que de la empresa privada
Calixto Rivero okdiario 8 Julio 2019

Sostener el Estado del Bienestar en España es cada vez más complicado. El envejecimiento de la población, que está amenazando la estabilidad del sistema de pensiones a largo plazo; el incremento del número de funcionarios; y un desempleo estructural especialmente elevado en comparación con el resto de los grandes países desarrollados son algunas de las gotas que colman el vaso.

Con los últimos datos disponibles, en España hay cerca de 15 millones de personas (concretamente 14,6 millones) que cobran su sueldo del sector público, un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que hay sólo 13,1 millones de asalariados privados en el país. En definitiva, que hay más personas que cobran un salario del sector público que de la empresa privada.

9,7 millones de pensionistas
El colectivo más abultado, y que más seguirá creciendo debido al envejecimiento de la población, es el de los pensionistas. En la actualidad hay 9,7 millones de jubilados que reciben cada mes su jubilación por parte de la Seguridad Social. Un artículo reciente del Instituto BBVA de pensiones destaca que es probable que en 2050 haya 1,3 jubilados por cada persona en edad de trabajar (entre 20 y 64 años). El análisis recuerda que, “teniendo en cuenta que de esa población con posibilidad de trabajo no todos estén empleados, se llegará a nivel de una persona activa que tendrá que mantener a un pensionista”.

En la actualidad uno de cada cuatro municipios (1.851) cuenta con más jubilados que personas cotizando a la Seguridad Social. Y en un tercio de municipios (2.129) ya hay un trabajador por cada persona jubilada.

3,2 millones de empleados públicos
A esto se suma que en España hay 3,2 millones de empleados públicos, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística del primer trimestre de 2019. En el cuarto trimestre de 2013 había 2,9 millones, 300.000 trabajadores de la Administración menos, a pesar de que es evidente que en los últimos años no se ha producido una mejora de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos verdaderamente llamativo y que corresponda con el incremento del 13% de los asalariados del Estado, las CCAA, los ayuntamientos y las empresas públicas.

Es cierto que estos trabajadores prestan un servicio esencial y que también pagan sus impuestos para sostener el Estado del Bienestar, pero también es evidente que sus nóminas proceden de los impuestos que pagan tanto ellos como los asalariados del sector privado.

1,7 millones de perceptores de prestaciones de paro
Los gastos totales de los servicios públicos de empleo, el antiguo Inem, en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.457,5 millones de euros el pasado mes de mayo, un 8,5% más que en igual mes de 2018, según los datos difundidos por el mismo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de mayo ascendieron a 1.745.593, un 1,7% más que en el mismo mes de 2018.

… Y además 1,5 millones de subvenciones
A esto se suma la guinda del pastel: la Intervención General del Estado (IGAE) estimó en 2016 que ese año el sector público español lanzó 25.965 convocatorias de subvenciones y ayudas públicas, que derivaron en la concesión de 1,5 millones de subvenciones. Es una cifra que habitualmente no se suele publicar agregada pero que muestra cuál es el tamaño de las subvenciones en España.

El estado de crisis permanente
Amando de Miguel  Libertad Digital 8 Julio 2019

Parece contradictorio decir que la crisis política, referida a la España actual, sea permanente, pero así es. Lo primero que llama la atención es que se va a tardar un año en formar un Gobierno estable. Esto es, el Gobierno en funciones lo ha sido sin que tuviera lugar el adecuado control parlamentario, por lo que poco ha debido de funcionar. Aunque los funcionarios reales hayan seguido trabajando, son innúmeras las decisiones públicas que se han pospuesto, lo que ocasiona un gran malestar para la sufrida población.

Para el caso da más o menos lo mismo que tenga lugar la investidura del Gobierno o se posponga, como tantas otras cosas, para después del verano. Pero la provisionalidad del Gobierno no es tal. Resulta indiferente la combinación de apoyos que pueda conseguir el Ejecutivo. La política para los viejos partidos españoles se ha reducido a algo semejante a un inveterado juego de envite. Cada partido juega con las cartas que le ha proporcionado el azar de las elecciones. El objetivo real de los partidos con posibilidad de decidir el nuevo Gobierno no es tanto ganar como seguir jugando, un placer en sí mismo.

Haría falta una nueva política para que los gobernantes dejaran de preocuparse por lo que ahora de verdad les interesa: aposentarse en suculentos cargos y nombrar a ciertos conmilitones para otros puestos. Para ello tendrían que contar más con partidos de nuevo cuño (como Vox), más cercanos a la vieja idea del servicio público. Pero la verdad es que los políticos establecidos ni siquiera mencionan a Vox para formar Gobierno en los distintos escalones del poder. No es que lo desprecien por minoritario o por nuevo, sino porque lo tachan de antidemocrático. ¡Como si los partidos establecidos fueran dechados de democracia!

La democracia no es una certificación que otorguen los partidos. Es más bien el resultado de un principio de otorgar poder a la mayoría, pero respetando a las minorías y con ello favoreciendo el interés general. El cual solo se consigue si los partidos intentan representar a todos los españoles (naturalmente según una particular ideología), y no solo a una fracción geográfica de ellos. Con una definición así, es evidente que el sistema político español no es propiamente democrático; solo lo es con un criterio formal. Tampoco cumple las esencias democráticas el funcionamiento de algunos partidos que han gobernado con una tasa de corrupción tan escandalosa como la que se ha dado en España. La corrupción no es solo llevarse una comisión del dinero público, sino abusar de la capacidad de hacer favores a los amigos, deudos y compañeros de partido. Esa es la gloria y la miseria del poder político. Se entiende, por tanto, la sensación de movimientos espasmódicos que asaltan a los intentos de formar Gobierno en España, de mantenerse en él con suficiente legitimidad. ¿En qué cabeza cabe que pueda haber un Gobierno socialista en España, aupado al poder (aunque solo sea indirectamente) por partidos que pretenden acabar con la nación española?

Con la estructura de más de una docena de partidos en las Cortes Españolas no hay forma de conseguir una democracia estable. Solo cinco de ellos intentan representar al conjunto de los españoles. Los demás son más bien grupos de presión con un limitado alcance territorial. Además, los dos partidos nacionales de la izquierda no pueden compartir la misma mesa del Consejo de Ministros, pues uno de ellos, el minoritario, no sabría guardar el secreto de las deliberaciones. Por si fuera poco, los tres partidos de la derecha, tan parejos en su origen, no se pueden ver ni en pintura. Es imposible que puedan establecerse alianzas duraderas con esa heteróclita panoplia de partidos. Así nos va.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Cómo estar eternamente en funciones y seguir mandando
IGNACIO VARELA EC 8 Julio 2019

Hay dos versiones de un Gobierno en funciones. Una es la descrita en la ley, que lo denomina “Gobierno cesante”. El legislador lo concibe como un estado excepcional destinado a durar lo menos posible, por ello restringe drásticamente sus competencias. Todo lo que haga más allá del “despacho ordinario de los asuntos públicos” es una extralimitación. Esa es la situación actual del Gobierno cesante de Pedro Sánchez —aunque él la interpreta a su manera—.

La segunda versión se produce cuando un Gobierno legalmente constituido padece tal grado de debilidad y precariedad que, en la práctica, ha de renunciar a ejercer plenamente como tal y a impulsar cualquier medida de calado que requiera mayorías o consensos. Esa fue la situación material del 'Gobierno bonito' de los 84 diputados. Bonito, pero cojitranco.

El presidente Sánchez, pues, acumula ya una larga etapa de interinidad: 10 meses de Gobierno renco y, por el momento, tres más de Gobierno cesante. Ello no le ha impedido realizar continuas exhibiciones pornográficas de los atributos del poder, pedalear furiosamente sobre la bicicleta estática jaleándose como si cada día coronara la cima del Tourmalet, anunciar decenas de compromisos sabiendo que no los cumpliría y cometer por el camino un puñado de irreverencias institucionales y fraudes de ley.

El caso es que Sánchez parece sentirse cómodo en esta situación. De hecho, sus voceros sugieren que no le importaría prolongarla tanto tiempo como sea preciso hasta doblegar a quienes se resisten a reconocer su autoproclamado derecho a monopolizar el poder, aunque las urnas le hayan dado apenas un tercio del voto popular y de los diputados.

Cuentan que, vistos los resultados, en algún despacho de la Moncloa comenzó a apostarse por repetir las elecciones en la misma noche del 28 de abril. De ahí que, como observa Rubén Amón, se haya construido la agenda partiendo del final: primero se eligió la fecha de la segunda convocatoria y después se acomodó el resto del calendario. Es la conocida 'doctrina Sánchez', que ya ensayó (mientras se lo permitieron) en 2016: os haré votar una y otra vez hasta que lo hagáis a mi conveniencia.

Calculemos. Cuando se celebre la sesión de investidura, llevaremos ya 14 meses con un Gobierno material o formalmente en funciones. Según el PSOE, un fracaso en este intento nos abocaría directamente a volver a votar el 10 de noviembre: tres meses y medio más. Si tomamos como referencia lo sucedido ahora, tras esas elecciones la investidura se demoraría al menos otro trimestre. Así que, pasito a pasito, nos plantaríamos en febrero de 2020 con Pedro instalado en la Moncloa de aquellas maneras y todo lo importante para el país metido en el congelador. Lo peor es que ni aun entonces tendríamos garantías de salir del atasco, salvo que Sánchez alcance la mayoría absoluta o todos los demás se rindan y acaten su designio.

Pensemos ahora en algunas consecuencias de seguir como mínimo hasta febrero en la presente situación:

a) De momento, el Gobierno cesante se ha garantizado ya otra temporada completa de control absoluto e irrestricto de la radio televisión pública. No habrá consejo de administración y nadie, salvo su amo monclovita, controlará a la administradora única (quién te ha visto y quién te ve, Rosa).

b) Tras el cese obligado del director del CNI, el servicio de inteligencia español permanecerá también 'en funciones' durante todo ese tiempo. Esperemos que no suceda nada que nos haga lamentarlo.

c) La renovación del Consejo General del Poder Judicial —que incluye la presidencia del Tribunal Supremo— seguirá paralizada. Teniendo en cuenta lo que está pasando en Cataluña y lo que probablemente vendrá, no parece lo más prudente mantener en la interinidad a los máximos órganos de la Justicia.

d) No habrá un proyecto de Presupuestos del Estado al menos hasta la primavera de 2020. Si todo fuera bien (que es mucho suponer), estarían aprobados y en ejecución para ese otoño. Mientras, habrá que seguir funcionando con las cuentas de Rajoy y Montoro, que datan de 2017. En Bruselas, puede haber algo más que palabras respecto a España.

e) No se podrá empezar siquiera a negociar el sistema de financiación autonómica, caducado y bloqueado desde hace seis años mientras algunas comunidades autónomas (sanidad y educación, recuerden) caminan hacia la asfixia. Lo mismo para otros asuntos nimios como las pensiones, la reforma de la reforma laboral, el marco educativo que sustituya la ley Wert o la política fiscal. En cuanto a las reformas institucionales, los politólogos de guardia tienen años por delante para escribir sobre ellas.

f) La producción legislativa será cero, porque este Gobierno cesante ni siquiera puede ya recurrir al trampantojo abusivo de los decretos-leyes.

El 30 de octubre puede consumarse el Brexit duro, que pondrá patas arriba a Europa entera. En España, un Gobierno en funciones tendrá que lidiar con la tempestad política y económica que se avecina.

Para principios del otoño, se espera también la sentencia del Tribunal Supremo sobre la insurrección en Cataluña. Habrá lío, y de los gordos. Esperemos que no se haga necesario recurrir al 155, porque estaríamos ante un conflicto jurídico colosal: dilucidar si un Gobierno en funciones puede o no activar en el Senado ese mecanismo excepcional. Si no es posible nombrar a un secretario de Estado, menos lo será cesar a un Gobierno autonómico y asumir todas sus competencias.

Todo ello, además, rezando para que no ocurra ninguna desgracia —atentados terroristas, catástrofes naturales, sacudidas en los mercados— de las que exigen gobiernos fuertes en plenitud de facultades.

En todo caso, una campaña electoral con el personal justamente encabronado, los partidos inculpándose entre sí por el estropicio y bajo el impacto inmediato del Brexit y de la sentencia del Supremo, será cosa de verse. Por el momento, aconsejo no gastar un euro en encuestas.

Sánchez prefiere, claro está, que le entreguen gratuitamente la presidencia el 23 o el 25 de julio. Pero ha decidido que el problema sea de los demás. Sus condiciones son terminantes: a) que Iglesias se deje humillar y abandone toda esperanza de compartir el poder; b) que Ciudadanos se suicide para que él gobierne con Podemos y con los nacionalistas; c) en su defecto, que los independentistas le abran la puerta del cielo aparentando que lo hacen a cambio de nada.

En otro caso, amenaza con prolongar a perpetuidad el secuestro de un país en funciones. Estar así eternamente importa poco, siempre que se siga mandando y, sobre todo, que se vea. A los políticos de su clase les importa mucho menos el gobierno que el poder. Y ese ya lo tiene, Tezanos es la prueba.

Ante el juez por mentir: qué gran esperanza y qué poco ha durado
Pedro de Tena  Libertad Digital 8 Julio 2019

Me gustaría que algún partido propusiera una reforma del Código Penal para que las penas por falso testimonio o perjurio fueran mucho más elevadas.

Me lo refirió hace dos días mi amiga Cornelia Cinna Minor, que no es la esposa de ningún César y sí una cincinata infatigable, y lo comentó su blog Letra Cursiva. Pero lamentablemente ha sido en el Reino Unido y el afectado ha sido Boris Johnson, el conservador, probable sucesor de Theresa May y partidario inmisericorde del Brexit. El denunciante ha sido un joven empresario que ha motivado su acción judicial en que Johnson mintió cuando dijo que la salida de la UE supondría un ahorro semanal de 350 millones de libras (396 millones de euros) que el Reino Unido podría destinar a la sanidad pública. Me morí de envidia, lo confieso. La democracia española, si es que tal cosa existe, se ha convertido en un paraíso de la mentira cada vez más cochina, pero a los ciudadanos nos falta coraje para emprender acciones judiciales para cercar y reducir al silencio político a los mentirosos. Es más, es que ni siquiera en los procesos judiciales los testigos dicen la verdad, porque mentir en España es posible, es rentable y no tiene consecuencias. El falso testimonio es lo habitual en nuestros juzgados y las penas previstas, si es que se aplican alguna vez, poco contundentes.

En el artículo 458 del Código Penal se dice que el testigo judicial que mienta será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. Si su mentira se inscribe en una causa criminal de ámbito nacional o internacional, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. E incluso penas superiores en grado si su falso testimonio ha provocado una condena. Pero hay más. En el artículo siguiente, los peritos e intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente serán inhabilitados para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años. Si hay alteración, inexactitud o silencio acerca de hechos relevantes, también hay multas y suspensión de empleo o cargo público. Pero de los políticos, intérpretes máximos de la realidad nacional, no se dice ni media palabra en cuanto a su habitual persistencia en el mentir.

Se me vienen a la cabeza tantas mentiras perpetradas por políticos españoles, por presidentes del Gobierno incluso, por ministros, por altos cargos de los partidos, por alcaldes y por concejales, que no doy abasto memorístico. Las hay del género bobo, como aquella de Manuel Chaves que trataba de hacer tragar que no conocía que su hija trabajaba en la empresa a la que la Junta le concedió 10 millones de euros a fondo perdido ni en calidad de qué lo hacía. Pero las hay más abominables, desde la OTAN no, pero de entrada sí, a las un Zapatero o un Rajoy que decían no tener nada que negociar con ETA ante las cámaras pero que entre bambalinas hacían lo contrario.

¿Y lo de las desaladoras? ¿Y lo de los sobresueldos y tinglados internos? ¿Y lo del 11-M? ¿Y lo de que Vox es violento mientras los que han matado, escrachado y golpeado, ayer mismo en los Sanfermines, son otros? ¿Y lo de que Ciudadanos es anti-homosexuales mientras Irán, fuente financiera de Pablo Iglesias y otros, los condena a muerte? ¿Y las trolas del golpe de Estado en Cataluña? ¿Y los silencios y ocultaciones de los memoriones de la II República? Es más, puede proponerse y propongo que se confeccione una relación de las mentiras de los políticos españoles, sin distinción de partido, que se hayan inyectado sobre la población desde 1976 hasta el momento. Dará para algunos tomos.

Por ello, y aunque no sé si algún día será posible alguna democracia que respete a los ciudadanos y los considere fines en sí mismos y no medios para sus infames, casi siempre, propósitos, me gustaría que algún partido propusiera una reforma del Código Penal para que las penas por falso testimonio o perjurio fueran mucho más elevadas, como lo son en otros países, que se aplicaran en serio y que afectara de manera preferente a los políticos de cualquier nivel.

Pero mi gozo en un pozo. Hoy mismo se ha informado de que el Tribunal Superior de Londres ha desestimado, sin dar razón siquiera, procesar al exministro de Exteriores británico por haber mentido durante la campaña del Brexit. Estamos atrapados. Bienaventurados los mentirosos porque de ellos son los Gobiernos, democráticos o no, que cada vez más da lo mismo si la democracia no sirve para castigar a los embusteros, falsarios, tramposos, badulaques y farsantes que inundan la vida pública.

El Consejo Fiscal Europeo advierte de un aumento del déficit en España e insta a revertirlo
Prevé que la tasa de paro siga por encima de niveles precrisis dentro de cuatro años
Alejandra Olcese www.vozpopuli.com 8 Julio 2019

El Consejo Fiscal Europeo, que asesora a la Comisión Europea en materia fiscal, ha advertido en un informe publicado a cierre de junio de que España es uno de los países de la Eurozona en los que el déficit en lugar de bajar del umbral actual del 2,5% del PIB se incrementará este año y el próximo.

"Si se tienen en cuenta las medidas adoptadas hasta la fecha, que no incluyen todavía las políticas incluidas en los proyectos de Presupuestos Generales de 2020, una amplia mayoría de países que necesitan consolidar sus cuentas no lo hará adecuadamente. Algunos incluso se espera que vayan en la dirección contraria (Bélgica, España, Italia, Portugal y Eslovaquia), lo que provocará una situación fiscal agregada más expansiva de lo que está permitido en el Pacto", apunta el Consejo en su análisis.

Este diagnóstico está incluido en un documento destinado a evaluar cuál es la situación fiscal de los países de la Eurozona de cara a los años 2019 y 2020.

"Esto requiere una corrección", advierte el Consejo, que insta a España a revertir esta situación y aprobar cuánto antes unos presupuestos que incluyan medidas de ingresos necesarias para poder contener el desfase presupuestario provocado por incremento del gasto. Dado el trascurso de la actividad parlamentaria y el hecho de que todavía no haya certeza sobre la formación de gobierno, todo apunta a que las cuentas que se aprobarán serán para el año 2020.

Paro y deuda
El Consejo Fiscal analiza también otras variables como el mercado laboral en los países de la zona euro. Para España pronostica que la tasa de desempleo se mantendrá alta y no conseguirá en los próximos cuatro años volver a los niveles precrisis.

Culpa también a las políticas fiscales expansivas de que España no consiga bajar su alto nivel de endeudamiento, aunque reconoce que el efecto combinado del crecimiento y los tipos de interés permitirán que bajen los niveles de deuda.

Perspectivas para Europa
Esta institución prevé que el crecimiento económico para la zona euro recupere impulso en la segunda mitad de 2019, gracias a una demanda doméstica resilente, un repunte del comercio global y una reducción de los factores negativos específicos de cada uno de los estados de mayor tamaño.

Esa conjunción de elementos positivos permitirá que el crecimiento del PIB sea del 1,5% en 2020, aunque el continente se enfrenta a importantes riesgos a la baja. "Es posible que haya más sorpresas negativas", advierte el Consejo y alude directamente a las tensiones entre China y EEUU, y entre EEUU y la Unión Europea, a la salida del Reino Unido de la UE así como al elevado endeudamiento.

Libertad de enseñanza más allá del pin parental
Quienes se oponen a la libertad educativa no lo hacen atendiendo al interés superior del menor sino al del político para modelar al menor según su conveniencia ideológica
Juan Ramón Rallo www.vozpopuli.com 8 Julio 2019

La principal exigencia de Vox en las negociaciones para alcanzar un pacto de gobierno en Murcia o en Madrid no se refiere ni a los impuestos, ni a los inmigrantes, ni a la natalidad, sino a la educación: la formación de Santiago Abascal reclama el derecho parental a escoger la educación de sus hijos. Y hace bien: los padres, salvo que hayan sido desposeídos de la patria potestad debido a algún tipo de maltrato grave o persistente contra el menor, son los tutores legales del niño y, por tanto, aquellos a quienes les corresponde escoger qué tipo de formación ha de recibir para —eso sí— facilitar su desarrollo como adulto funcional dentro de nuestras sociedades. En otras palabras, si bien los menores no son unos muñecos que los padres tengan legitimidad para manipular caprichosamente, mucho menos cabe considerarlos las cobayas ideologizables de políticos y burócratas.

Por supuesto, existen dudas más que razonables acerca de cuán elástico sería en la práctica el respeto a la libertad parental por parte de Vox dentro de un mundo que ellos mismos juzgan invadido y controlado por la bicha del “marxismo cultural” (¿tolerarían, por ejemplo, que los padres escogieran enseñanzas antiespañolas o anticatólicas para sus hijos?). Pero, en todo caso, el principio de fondo es acertado: son los padres —y no los políticos— quienes 'prima facie' han de determinar la enseñanza de sus hijos. Y deben poder hacerlo de un modo mucho más amplio que el restrictivo "pin parental" propugnado por la formación verde, el cual sólo constituye un limitado derecho de veto de los padres sobre algunas materias impartidas por el centro docente.

La efectiva libertad de elección parental para orientar la educación de sus hijos requiere, por un lado, que cada centro de enseñanza cuente con una amplia autonomía para determinar sus planes de estudio (los cuales, a su vez, estarían fuertemente condicionados por las pruebas de admisión que debería tener derecho a establecer también autónomamente cada universidad); por otro, que los padres dispongan de la libertad de escoger centro de enseñanza para sus hijos, como poco a través de un sistema de cheque escolar (es decir, la asignación de una dotación económica a cada familia para que sufraguen la matrícula de sus hijos en aquella escuela que ellos mismos escojan).

A este último respecto, es verdad que la evidencia internacional con respecto a la eficacia de los cheques escolares resulta controvertida: aunque en los países en vías de desarrollo sí parecen contribuir a mejorar los resultados cosechados por los estudiantes, en los países desarrollados no está claro que tengan una incidencia muy marcada sobre los mismos —ni los mejoran, ni los empeoran—. Para algunos oponentes a la liberalización de la enseñanza, que los cheques escolares no mejoren significativamente los resultados lectivos de los menores constituye un argumento de peso para oponerse a ellos. Pero no deberían.

Primero, porque los sistemas de cheques escolares suelen implementarse sin que simultáneamente se liberalicen los planes educativos, lo cual impide que los centros de enseñanza oferten programas docentes radicalmente mejorados con respecto a los presentes. Segundo, porque la evidencia sí es concluyente en revelar que la existencia de un sistema de cheques escolares —y, por tanto, de un aumento de la competencia entre la escuela pública y la privada— mejora la calidad de los centros públicos (los cuales han de esforzarse por retener a sus estudiantes). Tercero, porque la evidencia también comienza a apuntar que los cheques escolares conllevan beneficios sobre los alumnos que van más allá de sus calificaciones lectivas: por ejemplo, contribuye a incrementar sus años de escolarización así como a mejorar algunos factores no cognitivos que redundan en una mejor calidad de vida (menor incidencia de embarazos adolescentes y mejoría de la salud a largo plazo merced a la adquisición de hábitos más productivos). Y cuarto, y acaso más importante, porque si la evidencia no apunta a que la libertad de elección parental perjudica de ningún modo significativo a los menores, entonces esa libertad de elección —vía cheques escolares— debería ser escrupulosamente respetada y no conculcada por nuestros políticos y burócratas.

Recordemos que el punto de partida es que los padres son los tutores legales de sus hijos y, por tanto, es a ellos a quienes les corresponde en principio determinar su educación. Sólo si esa administración parental de la enseñanza generara daños notables sobre el desarrollo del menor, cabría plantearse la conveniencia de limitarla en aras del superior interés del menor. Pero la evidencia internacional es que, justamente, no existe ningún indicio serio de que en términos generales la libertad de elección parental sea perjudicial para los menores. Y, en consecuencia, ha de ser respetada. Al final, quienes se oponen a la misma no lo hacen atendiendo al interés superior del menor sino al interés superior del político para modelar al menor según su conveniencia ideológica. También ahí, como dique de contención frente al sectario adoctrinamiento estatal, la libertad de elección parental resulta fundamental.

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155: Manual de instrucciones
Ignacio Camacho ABC 8 Julio 2019

Excepcional, subsidiario y temporal. Estos tres adjetivos resumen el manual de instrucciones que el Tribunal Constitucional ha redactado para la aplicación futura del Artículo 155. La doble sentencia sobre los recursos contra la medida del Gobierno de Rajoy contiene una noticia buena y otra (relativamente) mala. La primera es que la decisión fue justificada y correcta: el procés, en su objetivo de «quebrar el Estado» (sic), había saltado todas las barreras. La segunda es que se trata de un arma legal expeditiva que sólo puede utilizarse por tiempo limitado y no incluye la suspensión completa de la autonomía en ningún caso. «Roma locuta, causa finita», dice el adagio clásico. Es decir, que ese 155 «largo y duro», o indefinido, que propugnaban los partidos del centro y la derecha, queda descartado porque no se trata de «un fin en sí mismo» sino de un procedimiento instrumental de ultima ratio. El TC no entra, como es lógico, en el debate político sobre si pudo y debió aplicarse antes, cuando el Parlamento catalán aprobó las leyes de desconexión que rompían con la legalidad española. No juzga hipótesis; sólo resuelve sobre el hecho efectivo, la realidad factual de un orden jurídico desafiado por las instituciones y autoridades que estaban obligadas a preservarlo. Y decide que la respuesta fue adecuada y se atuvo a las advertencias, garantías y protocolos necesarios.

El Tribunal ha aprovechado para fijar términos, condiciones y cláusulas doctrinales a contemplar en lo sucesivo, dado que la redacción de la Carta Magna es muy escueta y genérica. Su conclusión es que el derecho de una región a su autonomía constituye un bien protegido y no puede derogarse: sólo cabe restringirlo por plazo tasado y con medidas parciales. El Senado debe acotar la duración y el alcance. Y las disposiciones de emergencia contemplan también, si así se considera preciso, al Parlamento autonómico, que en Cataluña «no resultó en absoluto ajeno» al proyecto de ruptura y sabotaje.

El fallo del TC invita a pensar a bote pronto en una cierta desprotección de la nación ante un desafío como el planteado por los separatistas. No es del todo cierto: lo que el intérprete de la Constitución sugiere es que los Gobiernos deben acudir antes a otras vías que forman parte de su potestad política. Y tiene razón porque existen leyes específicas redactadas para que el Estado ejerza su autoridad coercitiva, aunque históricamente no lo haya lecho por apocamiento o cobardía. La revuelta de 2017 se produjo precisamente por esa lenidad que otorgó al secesionismo campo libre hasta que no quedó más remedio que una actuación invasiva. La próxima vez, que la habrá -«ho tornarem a fer», repiten como un mantra los secesionistas-, todas las partes están advertidas. Y si se reproduce el conflicto, ya existe al menos una guía. Otra cosa es que siga faltando determinación para seguirla.

El 'procés' está fracasando
RAÚL DEL POZO El Mundo 8 Julio 2019

Siguen las paridas periféricas, el pensamiento abertzale navarro y el odio contra la nación, aunque se observa un inesperado repliegue de los enemigos. España sigue deshaciéndose pero hay síntomas de retroceso del nacionalismo. El independentismo catalán se reunió en Ginebra para desfacer el entuerto del pacto de JxCat con el PSC en la Diputación de Barcelona. Asistieron a la cumbre Puigdemont,Torra, ERC, CUP, ANC, Òmniun y Marta Rovira que ya estaba en Suiza. Se juntaron en un momento de desconcierto, ante las inminentes y duras condenas del Tribunal Supremo y cuando los jueces de Estrasburgo y Luxemburgo han dictado resoluciones contra sus pretensiones. La hegemonía franco-alemana va a ser cada vez más hostil al procés. La UE no acepta un nuevo Brexit ni la plaga del fanatismo chauvinista del nacionalpopulismo.

Informan fuentes de Canaletas: "La Diada de este año, pase lo que pase con la sentencia, va a congregar a la mitad de gente que la del año pasado. Se acabaron las grandes manifestaciones. A Estrasburgo el otro día fueron cuatro gatos". La gente está ofendida con la actitud de los partidos secesionistas que se odian y fingen unidad. Aunque es claro el retroceso del independentismo, hay un temor nuevo: que Junqueras se convierta en el héroe absoluto de la revuelta y logre aumentar los diputados para lograr más del 50% del electorado.

A Inés Arrimadas, la liberal Mariana Pineda posmoderna contra el neocarlismo, le arrojaron botellas de orina en Madrid y ella dijo: el PSOE y Podemos están calentando el Orgullo. Fernando Grande-Marlaska criticó a Ciudadanos "por pactar de forma descarada y obscena con quien trata de limitar los derechos de LGTBI. La derecha española le está dando combustible a la extrema derecha". El Gobierno acusa a la derecha española de estar dando combustible a la extrema derecha mientras sigue dando gasolina, pactos y gobiernos a la versión más destructiva de la ultraderecha. Los separatistas en fase depresiva han enviado a Roger Torrent a Madrid para decir que renuncian a la vía unilateral y proponen el pacto de claridad a la canadiense. Borrell, ministro de Exteriores de Europa, les ha recordado que no existe ninguna posibilidad constitucional de celebrar un referéndum de cesión de Cataluña. El PSOE tendría que aceptar que ha sido un error histórico la colaboración con el supremacismo, como también tendría que reconocer el error Podemos si quiere gobernar. Hay que dejar de ver la bandera como un icono franquista y ya hay algunas señales de autocrítica desde la nueva izquierda. Clara Ramas, filosofa marxista, diputada de Más Madrid, propone un patriotismo progresista. Ya era hora.

Navarra es el primer plazo
Sánchez lo quiere todo, sin renunciar a nada, mientras que Rivera y Casado comparten inequívocamente el bando constitucional
Isabel San Sebastián ABC 8 Julio 2019

A estas alturas de la partida, todas las fuerzas presentes en el tablero patrio han dejado clara su posición, excepto una: el Partido Socialista Obrero Español, que pretende estar al plato y a las tajadas, en la vanguardia social de la izquierda mal llamada «progresista» y en la ortodoxia económica de la liberal UE, en la defensa de la Constitución y en la alianza con el independentismo golpista o filoterrorista... sin abandonar el poder, por supuesto. Cosas de la inmejorable conciencia que impregna el alma de Pedro Sánchez y le convence de su derecho divino a mandar. Pocos rostros ha habido en política tan cercanos al cemento armado.

Mientras el líder del puño y la rosa pierde su tiempo y el nuestro azuzándonos las «encuestas» de su amigo Tezanos a modo de amenaza de repetición electoral, su socio de referencia, Pablo Iglesias, muestra una actitud mendicante, asumiendo que pasó la época de exigir una vicepresidencia todopoderosa con control directo de los servicios de inteligencia, la televisión pública y la Justicia. ¿Recuerdan cuando proponía que todos los cargos claves de la judicatura, empezando por el fiscal general y los jueces encargados de combatir la corrupción, tuvieran que manifestar su adhesión ideológica al gobierno como requisito indispensable para ser nombrados? Ahora se conforma con que le den un puestecito en el Consejo de Ministros, el que sea, que le permita sacar pecho ante sus huestes menguantes y seguir justificando su lucrativa responsabilidad. Al menos es consciente de su posición precaria y actúa en consecuencia, lo cual es mucho más de lo que vemos hacer al otro.

Incluso los separatistas evidencian sin complejos su disposición a respaldar la candidatura del socialista por un precio módico, posponiendo a más adelante sus demandas abiertamente enfrentadas a nuestro ordenamiento jurídico. El «nihil obstat» de ERC, Bildu (tanto monta, monta tanto) y PNV a la investidura parecerá gratuito, aunque diste mucho de serlo. Sánchez ya ha empezado a pagar en Navarra, entregando la comunidad foral a quienes quieren destruirla dejando que sea absorbida por la Euskadi que concibió a mediados del XIX el racista Sabino Arana, y pronto tendrá que hacer frente a los restantes plazos de la hipoteca. Hasta entonces, a los dinamiteros de Nación les interesa tener en La Moncloa a un relativista débil, rehén de sus votos, antes que a un presidente de convicciones firmes (o bien sujeto en firme por alguien con convicciones), por lo cual allanarán cuanto puedan el camino a su reelección. La alternativa sería mucho mejor para España y, en consecuencia, mucho peor para ellos.

Esa alternativa sería un Ejecutivo sostenido por Ciudadanos, respetuoso con el marco establecido en la Carta Magna y por tanto enfrentado sin ambages al secesionismo. La aritmética lo permite. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo no es Albert Rivera, sino Pedro Sánchez, que no quiere enemistarse con los enemigos del Estado. Lo ha dejado meridianamente claro en Navarra, decantándose por el lado oscuro. ¿Desearía recibir gratis el respaldo de los naranjas? Desde luego. Y lo utilizaría a renglón seguido para vendernos al separatismo. En caso contrario, habría formulado alguna propuesta concreta, imposible de rechazar. Pero él lo quiere todo, sin ceder ni renunciar a nada, mientras que Rivera y Casado saben, sin sombra de duda, de qué lado del golpismo se sitúan. Se disputan a cara de perro el liderazgo del centro derecha, con matices de fondo cada vez más difusos, pero comparten inequívocamente el bando constitucional. En cuanto a Vox... después de lo visto en Murcia, es difícil decir dónde están.

Vox está en la defensa de España. Otros siguen empeñados en resucitar muertos
Nota del Editor 8 Julio 2019

¡ Qué empeño en cargarse a Vox, el único grupo que defiende a España. Si hemos llegado a esta situación es por la idocia y traición del PP y "ciudadanos". Ambos partidos han perdido su razón de ser y deben desaparecer. Los periodistas con conocimiento de la situación desastrosa de España deberían apoyar a Vox, único baluarte contra el Dr Cum fraude, los "luchadores" del quinto frente y los independentistas del 3%.

La restitución del idioma común español en toda España, la derogación de todas las leyes de lenguas regionales, el desmontaje del tinglado autonómico son las tareas prioritarias e indispensables que ni PP ni "ciudadanos" han sido capaces ni de enunciar.

Cerco judicial al independentismo
Editorial El Mundo 8 Julio 2019

Fracasada de forma estrepitosa la vía política unilateral, tras la aplicación del artículo 155 y el descarrilamiento del proceso soberanista, el independentismo catalán cifraba en el ámbito judicial sus esperanzas de perpetuar el choque con el Estado. Sin embargo, tanto las últimas decisiones de los tribunales comunitarios como la exquisita pulcritud garantista de la Justicia española están dejando sin margen al secesionismo. Una vez concluida la vista oral del juicio por la asonada del 1-O, el Tribunal Supremo (TS) ha aprovechado el caso de la inmunidad de Oriol Junqueras para trasladar sus quejas al corazón judicial de la Unión Europea, especialmente, por la negativa tanto de los tribunales belgas como alemanes a entregar al prófugo de Carles Puigdemont. A ello se une, tal como revelamos hoy, que el juez Pablo Llarena -instructor del 1-O y magistrado de quien depende la batalla judicial por la entrega del ex presidente catalán- podría reactivar la euroorden en caso de que la Sala que preside Marchena emita una sentencia condenatoria de los acusados por el referéndum ilegal. Desde luego, este extremo constituiría una base muy sólida para reclamar de nuevo la entrega de Puigdemont.

En la resolución enviada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Supremo no sólo se limita a trasladar una consulta sobre la inmunidad del ex vicepresidente de la Generalitat, sino que incluye duras críticas a los tribunales belga y alemán que denegaron la extradición de Puigdemont. Los jueces belgas adujeron que el Supremo no había aportado la necesaria orden de detención contra los reclamados -pese a que sí existía esa orden de la Audiencia Nacional-, mientras que la corte regional de Schleswig-Holstein rechazó la entrega por rebelión al estimar que la violencia no había sido suficiente como para formular la misma acusación en Alemania. Los jueces de Schleswig-Holstein no debieron haber entrado al fondo de los hechos enjuiciados, desnaturalizaron la esencia de la euroorden como instrumento de cooperación y erosionaron la confianza mutua que debe regir entre Estados miembros de la UE.

Lo más probable es que el TJUE avale la actuación de la Junta Electoral Central, que no incluyó a Junqueras entre la lista de europarlamentarios enviada a Bruselas porque, al no poder salir de prisión, no llegó a acatar la Constitución. A ello se suman los espaldarazos recibidos por España desde Estrasburgo: el aval a la suspensión del referéndum por el Constitucional y la denegación de medidas cautelares a Puigdemont. En consecuencia, Llarena debería valorar la posibilidad de reactivar la euroorden en caso de que el tribunal del 1-O dicte una sentencia condenatoria. Está en juego no sólo hacer justicia sobre el principal responsable de los golpistas que perpetraron el asalto a la Constitución, sino la propia imagen de España como un Estado de derecho sin tachas.

Orgullosos de odiar
EDITORIAL  Libertad Digital 8 Julio 2019

Como ya sucedió en Barcelona y en Valencia, la izquierda convirtió la manifestación celebrada este sábado en Madrid con motivo del Orgullo Gay en un despliegue orwelliano de odio contra Ciudadanos, a cuyos representantes se acosa, insulta y agrede con indignante impunidad y con modos muy propios de los Comités de Defensa de la Revolución en la homófoba Cuba comunista, los malandros a sueldo del igualmente homófobo régimen chavista en Venezuela o, para no salir de España, los terroristas callejeros al servicio de ETA en Navarra y el País Vasco.

De nuevo se repitieron las imágenes de representantes de Ciudadanos siendo hostigados por indeseables en una marcha planteada, en teoría, para dar visibilidad a unas reivindicaciones que el partido naranja comparte plenamente. Da igual: ahora le acusan de estar conchabado con Vox, precisamente cuando los de Rivera más resaltan su negativa a negociar políticamente con una formación demonizada de manera goebbelsiana por partidos con un historial democrático tremendo o comandados por sujetos a sueldo de la homófoba República Islámica de Irán, que defiende con orgullo su derecho a ejecutar a los homosexuales.

Lo ocurrido este sábado en Madrid, o el mes pasado en Barcelona y Valencia, no es una excepción. La violencia callejera de extrema izquierda no sólo está yendo a más: es que encuentra justificación o directamente se la fomenta desde la izquierda hegemónica. Incluso desde el Gobierno, con declaraciones repugnantes como las perpetradas nada menos que por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tan suelto de boca para culpabilizar a las víctimas ciudadanas del odio ultraizquierdista como vilmente silente cuando se supo de la manera vomitivamente homófoba en que hablaba de él su compañera de Gabinete Dolores Delgado frente a un sujeto tan tóxico como el comisario Villarejo.

Grande-Marlaska ha hablado de Ciudadanos como hablan los bildutarras de las provocadoras víctimas del terrorismo etarra. Por eso, se ha descalificado para ser ministro y aun para desempeñar cualquier otro cargo público. Sencillamente, es indigno de ello.

Tiene toda la razón Ciudadanos al denunciar la actitud intolerable de Grande-Marlaska, que "alentó a las masas para que Cs fuera objeto de insultos y agresiones", y pedir su destitución. Pero ha de hacer más: ha de emprender acciones legales para que se persiga a los agresores y a los incitadores por un delito de odio. Sí, de odio. Ese sentimiento que la izquierda atribuye a sus rivales pero del que se alimenta más que nadie. Odia y vive del odio y no se le puede seguir tolerando.

En cada vez más lugares del país, los representantes o simpatizantes de PP, Ciudadanos o Vox no pueden manifestar en público sus opiniones sin temer por su integridad física. Esto es de una gravedad extrema; y la responsabilidad de los partidos y los medios de comunicación que miran para otro lado o justifican y hasta jalean a la escoria liberticida es tremenda. Ya está bien: la Justicia debe tomar cartas en el asunto, caiga quien caiga; aunque el banco azul del Congreso se quede desierto.

El independentismo, fase superior del catalanismo
Pedro Vega Cronica Global 8 Julio 2019

Es cada vez más apreciable la tendencia a asumir la idea orteguiana de que “en estos momentos, lo único serio que se puede hacer, es las maletas”. Lo decía Ortega y Gasset pensando en España y hasta no falta quien opina que la frase es apócrifa. Da igual. El hastío es tal y tanto el disparate, que bien vale la pena la idea de salir corriendo. Aunque sólo sea de vacaciones, para olvidar y despejar las meninges. Sea referido al país en general o específicamente a Cataluña, donde la capacidad de sorpresa sigue siendo inagotable. Los independentistas no descansan ni los fines de semana, mientras la inactividad ha dado paso a la desidia. Tanto que hasta el consejero Miquel Buch estuvo a punto de salir acribillado por la mosca negra, según contaban las crónicas, del incendio de Tarragona. Los insectos no están para trámites burocráticos y, como se ha actuado mal y tarde, campan a sus anchas por la ribera del Ebro.

Hay algunos que son peor que la mosca negra. Y no hace falta viajar a Waterloo. Artur Mas, atacado por un frenesí inusitado, volvió ayer a la carga. Por un lado, en TV3, la suya, para proponer un pacto con el que frenar a la derecha hispana, como si se hubiese vuelto de izquierdas; por otro, para reclamar una respuesta contundente a la previsible sentencia condenatoria de los políticos procesados. Y todo ello con el envoltorio de la recuperación de un espacio “catalanista” que le permitiría volver a primera línea de la vida política. No sorprende que pida al mismo tiempo prudencia a la hora de convocar elecciones autonómicas, muy condicionadas por una sentencia que no se tiene claro cuando se hará pública. Puede estar seguro de que no dependerá del timing de sus intereses, sino de la voluntad de los magistrados de emitir un veredicto por unanimidad.

La obsesión de recuperar un espacio para el catalanismo abre la puerta a una reflexión transversal, puesto que afecta a la mayoría de formaciones políticas catalanas. Vale preguntarse, de entrada, si tiene futuro el catalanismo a estas alturas del siglo XXI y si significa algo para las nuevas generaciones. A la vista de lo acaecido estos últimos años, y entendido como un nacionalismo de baja intensidad, el independentismo no deja de ser la fase superior del catalanismo. Josep López de Lerma, que fue destacado negociador de CiU con el gobierno de Madrid y miembro de la Mesa del Congreso, recordaba ayer que “todas las palabras que finalizan con el sufijo ismo indican doctrina, sistema, pensamiento y hasta partido político”. Habría que añadir, tal vez, militancia y actitud. En el fondo, volvemos a situarnos en la búsqueda de una argamasa capaz de asentar sentimientos que tienen escaso valor ideológico y nada que ver con los retos del cambio de época que vivimos. Menos aún con la coyuntura que atravesamos, en la que parece interesar más la supervivencia de algunas formaciones, la forma de financiar las competencias más que ellas mismas, y superar la lucha cainita dentro de un independentismo que empieza a ver un balón de oxígeno en la investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

Cuando se negociaron los Pactos del Majestic, allá por 1996, tras la primera victoria del PP de José María Aznar, CiU vivió momentos de intenso debate. No era fácil facilitar la investidura de un candidato que, menos bonito, había llamado de todo a aquel partido. La misma noche electoral del 3 de marzo de 1996 fue una verdadera borrachera de rechazo en las puertas del PP en la calle Génova. El grito de “¡Pujol, enano, habla castellano!” fue de lo más escuchado. En definitiva, la negociación para dar el sí a la investidura no estuvo exenta de tensiones en el seno de CDC. Al final, se impuso el criterio de hacerlo “por responsabilidad”, en palabras de Miquel Roca en el transcurso de un encuentro restringido. Eran los tiempos de contribuir a la gobernabilidad de España que permitió negociar y pactar hasta en los tiempos más difíciles. Nada que ver con lo que ahora ocurre: importa sobre todo la supervivencia y poder salir airosos de un procés que empuja al vacío. En palabras de Josep López de Lerma, “la Cataluña del catalanismo transversal, sereno, juicioso y constructivo que representaba CiU se terminó en cuanto el torpe de Mas llevó el de Pujol al soberanismo y, de aquí, al derecho a decidir”.

Sin embargo, seguimos en busca del catalanismo perdido. Un principio al que son adeptos la mayoría de los partidos catalanes, al margen de su tintura ideológica.

El 1 de octubre es una fecha de raros recuerdos. Para la generación que vivió el franquismo, era un día festivo en que se conmemoraba la exaltación del Caudillo a la Jefatura del Estado; desde 1978, año de la Constitución, se celebra el Día Internacional del Vegetarianismo. En el aniversario de 2017 no vale la pena insistir. Pero conviene recordar que en tal día de 1998, el Parlament aprobó una moción reconociendo el derecho de Cataluña a la autodeterminación.

La moción se aprobó con la abstención de PSC e ICV, como si el tema no fuera con ellos. La izquierda, soplando y sorbiendo al mismo tiempo. Más o menos, seguimos estando en circunstancias parecidas. La dicotomía derecha española versus nacionalismo catalán parece exculpar o servir de alibi a una izquierda que se nutre en demasiadas ocasiones de ambigüedad, algo que tanto parece gustar a los Comunes, pero a lo que tampoco parece ajeno un amplio sector del PSC. Jordi Solé Tura, que fue ponente constitucional, ex militante del PSUC y ex ministro del PSOE, escribía en 1985: “La izquierda no puede defender el Estado de las Autonomías, propugnar su desarrollo y plenitud en sentido federal y mantener, al mismo tiempo, un concepto --el derecho a la autodeterminación-- que cambia este modelo y puede llegar a destruirlo. O una u otra, pero no ambas a la vez”.

Progresismo reaccionario
BERTA GONZÁLEZ DE VEGA El Mundo 8 Julio 2019

Si vas a Rentería o a un pueblo catalán y limpian con lejía por donde pasas, vienes a provocar y no te enteras. Sólo quieres la foto, rebañar unos votos fuera y hacerte la víctima. Si eres universitario en Cataluña y montas un acto con políticos del PP o de Ciudadanos, lo reventarán: a quién se le ocurre tirar un pedrusco en esa balsa de aceite. Si te da por quitar lazos amarillos, pues lo mismo, menuda idea. La retirada lazi es una provocación que bien se merece 72 horas en calabozo, como les ha ocurrido a siete detenidos por los Mossos, según ha contado Cristian Campos en El Español. Como terroristas.

Los militares de la academia de Talarn no han llegado a provocar tanto como para plantarse en Tremp, quitar los lazos del teatro y dar un concierto. Se negaron mientras estuvieran los plásticos amarillos allí. La alcaldesa dijo que a ver quién se ha creído el Ejército que es para pedir eso. Los militares están para que se les llame cuando haya que apagar incendios sin metáforas y punto.

Lo explicaba muy bien Pau Mari Klose, académico nombrado por Pedro Sánchez responsable de la lucha contra la pobreza infantil: "Es un clásico. Vas (a sabiendas) a dónde te van a increpar y quizás agredir, y pierdes toda la razón que te da tu legítimo derecho a la expresión y a la reunión sin sufrir acoso, culpando a terceros de la situación que has contribuido a provocar". La narrativa es que Ciudadanos, al gobernar en Andalucía con el apoyo de Vox, no puede ir al Orgullo. Seis meses después, ya sabemos lo que le está pasando a los homosexuales en Andalucía: Nada.

Sólo parte de la izquierda, nacionalista y no, justifica agresiones a oponentes políticos. No hay más. Ese es el retroceso democrático.

Menos mal que Grande Marlaska recordaba que todos debemos ser maduros y asumir las decisiones de con quién queremos pactar. No se refería a esos nacionalistas navarros que quisieron colgar la ikurriña a patadas y dentelladas en el Ayuntamiento de Pamplona. Los socios del socialismo. De la familia de los que escupían y llamaban fascistas a los valientes de Basta Ya que protestaban por cada atentado etarra. Pero Chivite ya tiene un gobierno "progresista, plural y feminista".

Tiene razón el ministro de Interior: que cada palo aguante su vela, sus escupitajos, sus agresiones, su intolerancia. Que lo llamen pluralidad, mientras otros traducimos su neolengua.

Echaron al centroderecha del feminismo, del Orgullo y pronto dirán que quieren matar de hambre a los niños españoles. Siempre de buen rollo y acusando a los demás de imponer cordones sanitarios.

Auspiciado por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa
Un oscuro Observatorio Lingüístico comienza a perseguir a los ciudadanos y organizaciones de Navarra que no utilizan el euskera
www.latribunadelpaisvasco.com 8 Julio 2019

Una oscura fundación con sede en Pamplona y Bayona (Francia) que según su página web cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Guipúzcoa ha comenzado a enviar cartas “informativas” a organizaciones navarras que no utilizan el euskera en sus comunicaciones, tanto verbales como escritas.

La Fundación Behatokia, dirigida por Garbiñe Petriati Ijurra, que es también la persona que firma las comunicaciones con las “recomendaciones” y consejos, se autoproclama protectora “de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en los territorios del euskara, la lengua vasca” y afirma dirigir su actividad “a garantizar esos derechos, tanto en el ámbito público como en el socioeconómico”.

En la misiva tipo, el “Observatorio de Derechos Lingüísticos” Behatokia se permite gestionar “quejas” de los ciudadanos relacionadas con el uso del euskera y, una vez recibida éstas, realizar las pertinentes “recomendaciones” a los presuntos responsables de las faltas. Concretamente, en el documento al que ha tenido acceso La Tribuna del País Vasco, la Fundación Behatokia afirma gestionar una “queja” de “un/a ciudadano/a” que afirma haber recibido información de una determinada organización “exclusivamente en castellano”.

En su carta a la entidad acusada, Behatokia no solamente se autoadjudica una presunta e inexistente autoridad para gestionar este tipo de presuntos conflictos lingüísticos sino que, además, se permite ofrecer información sesgada y falsa. De hecho, Behatokia asegura en su documentación que “el euskera es lengua propia de la Comunidad Foral Navarra y en el momento de recibir un servicio las/os ciudadanas/os vascohablantes desean ser tenidas/os en cuenta como el resto de la ciudadanía. Aunque el euskera es lengua propia y oficial de este territorio, las personas vascohabla tes no tienen la opción de recibir en euskara muchos servicios e informaciones”.

En este punto, Behatokia miente y omite que tal y como se recoge en la normativa actualmente vigente, “la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, es la norma fundamental en lo referente a las lenguas, y en base a ella el vascuence o euskera y el castellano serán lenguas oficiales en las zonas vascoparlantes de Navarra, mientras que fuera de esas zonas únicamente el castellano será lengua oficial”. Behatokia también omite que según el artículo 3 de la Constitución, “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.

Por si todo esto fuera poco, Behatokia no duda en atribuirse la potestad de “animar” al presunto ¿infractor? a “subsanar la reclamación que ha sido presentada en el Observatorio de Derechos Lingüísticos, y a que adopte las medidas necesarias para garantizar la presencia del euskara en sus comunicaciones”.

Behatokia, lejos de poseer ningún herramienta administrativa o legal para forzar al infractor señalado a modificar su actitud, recurre a citar párrafos perfectamente seleccionados de otras instituciones y organismos más etéreos y no menos partidistas. “Adjunto les enviamos un extracto de los artículos más representativos que en torno al respeto de los derechos lingüísticos recogen la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos”. Concretamente, la tan sonora “Declaración Universal de Derechos Lingüísticos” también es un documento sin ninguna validez pergeñado y aireado en 1996 por dos organizaciones privadas sin ningún tipo de representatividad: el Comité de Traducciones y Derechos Lingüísticos del International PEN Club y el CIEMEN (Escarre International Center for Ethnic Minorities and the Nations).

 


 


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