AGLI Recortes de Prensa   Viernes 12  Julio 2019

La chistera del candidato Sánchez
Editorial El Mundo 12 Julio 2019

Decimos que Sánchez es el presidente de las primeras veces porque muchas de las cosas que hace no se había atrevido nadie a hacerlas antes. Se requiere carecer de todo escrúpulo. Y no es fácil acostumbrarse a esa cualidad de Sánchez, ese olímpico desprecio de cualquier noción de responsabilidad. Ayer el presidente en funciones, mientras se sirve del aparato del Estado -del CIS a RTVE- para presionar a sus presuntos socios tanto como a sus rivales, se descolgó con una propuesta de reforma constitucional para desbloquear situaciones como la actual. El mismo Sánchez que achacaba a Rajoy "en exclusiva" su inmovilismo de agosto de 2016 y que ha recibido del Rey el encargo de recabar los apoyos necesarios para formar un Gobierno, ese Sánchez culpa ahora de su propia y calculada pasividad a las reglas de juego. El único candidato propuesto desvía la atención para evitar abrir con su proclamado aliado preferente una verdadera negociación. Ayer la rompió otra vez.

Confiado en su estrella, Sánchez cree que amenazar a Podemos con una repetición electoral para obligarle a renunciar a sus pretensiones le procurará al fin la investidura gratuita que busca. Pero esa estrategia kamikaze no solo puede resultar contraproducente para sus intereses personales sino que tiene un alto coste que ya están pagando todos los españoles, privados de un Gobierno que afronte los problemas del país.

Ofende a la inteligencia este empeño en disimular la propia incapacidad o el obsceno cálculo partidario mediante el truco del anuncio efectista pero hueco; todavía estamos esperando que se materialice aquella propuesta de suprimir los aforamientos, lanzada a bombo y platillo ante todos sus ministros para acallar el escándalo de la tesis. Sánchez solo demuestra así que nunca tuvo un proyecto para España, sino que va improvisando un plan de supervivencia diario que exige negar la realidad: el cambio del bipartidismo al multipartidismo. Sigue comportándose como si tuviera mayoría absoluta, pero quiere que parezca que la culpa del bloqueo es de los otros. Otro ejemplo: alude a su presunta voluntad de aplicar un 155 que sería inviable con Podemos en el Gobierno, cuando el PSOE cuenta con mayoría absoluta en el Senado y Podemos ya ha dicho que respetaría las decisiones de Sánchez en lo tocante a Cataluña. Y así.

Por lo demás, la reforma del artículo 99 no es precisamente sencilla. Ese artículo afecta directamente a la Corona, cuya principal función institucional está allí regulada: recibir a los líderes, proponer candidato y nombrar presidente. Abrir ese peligroso debate regalaría a Podemos la oportunidad de forzar un referéndum que ponga a la Monarquía en almoneda. Ya basta de soluciones de bombero pirómano. Y además, si no es capaz de sacar adelante una investidura ni unos presupuestos propios, ¿cómo va a aprobar una reforma constitucional?

La vergonzosa carta de 66 diputados del PSOE exigiendo el apoyo ciego a Sánchez
EDITORIAL ESdiario 12 Julio 2019

La carta de 66 diputados del PSOE pidiéndole al PP su abstención para facilitar la investidura de Sánchez es otra jugada impúdica más de un líder socialista sin precedentes, ni probablemente sucesores, en la falta de límites en su acción política.

Que Sánchez movilice a los suyos para reclamar lo que él mismo, en persona y de manera tan rotunda, se negó a hacer, lo dice todo de los principios políticos del personaje, siempre adaptables a las circunstancias e intereses personales.

Pero incluso así y, pese a ese alarde de cinismo, podría tener sentido la petición: un error no se arregla con otro, sino que se suma para prolongar un problema de estabilidad que ya lastra a España desde hace años.

Sus socios desde 2015
La cuestión es que las circunstancias no son las mismas, ni las intenciones tampoco: las de Sánchez son, estrictamente, anular al principal partido de la oposición y, a ser posible, el segundo, para gobernar luego una larga legislatura con sus socios ya visibles desde 2015 en ciudades, comunidades y la propia Moncloa.

Cuando Rajoy solicitó la abstención del PSOE veníamos de diez meses de bloqueo del Gobierno, de una repetición inusual de las Elecciones Generales y no existía ninguna otra alternativa aritmética. Además, el PP ofreció un gran Pacto de Estado global a los socialistas, asumiendo incluso la posibilidad de un Gobierno de coalición a la alemana.

Es patético el papel de 66 diputados críticos del PSOE ahora arrodillados ante Sánchez para mantener su puesto

Son tres hechos incontrovertibles que dieron coherencia a la propuesta y aclaraban sus efectos. Todo lo contrario que en el caso del PSOE, que ni propone nada a ninguno de sus socios estructurales ni coyunturales y se limita a exigir un respaldo ciego para hacer a continuación lo que estime oportuno con quien considere en cada momento.

Si va a hacerlo con Podemos y el independentismo, trampolines ya en la moción de censura, que les reclame a ellos su favor en la investidura. Si quiere que sea Ciudadanos, que les haga una propuesta formal que perfile el tipo de Ejecutivo saliente de esa síntesis. Y si espera el plácet del PP, que explique exactamente para qué y en qué piensa invertirlo.

Un desvarío constante
Que los 66 diputados socialistas que actuaron al final con decencia institucional, desbloqueando la investidura para no abocar a España a una parálisis eterna, resulta patético e indiciario de hasta qué punto domina Sánchez el PSOE con puño de hierro y provoca la rendición incondicional de la parte de su partido, con barones incluidos, que puso en el pasado un punto de sensatez a sus desvaríos.

Y que el ecosistema mediático compre y difunda sin más esa postura, prescindiendo de los antecedentes y obviando el paisaje real de responsabilidades en la España actual, resulta descorazonador y degrada la calidad del debate público. Justo el escenario en el que Sánchez chapotea con tranquilidad.

PP, Cs y Vox, (por fin) en la buena dirección
EDITORIAL  Libertad Digital 12 Julio 2019

Después del bochorno de los últimos días, con investiduras fallidas, declaraciones intempestivas e incluso insultos en las redes sociales, los tres partidos del centro-derecha por fin negocian a tres bandas la formación de Gobiernos en Madrid y Murcia.

Hemos sostenido durante estas semanas la necesidad de que se pusiera fin a las confrontaciones estériles y los cordones sanitarios infames y PP, Vox y Ciudadanos se dedicaran a forjar un acuerdo de calado. Todo parece indicar que los encuentros mantenidos este jueves van en esa dirección, lo que ahuyenta la amenaza de que Madrid y Murcia caigan en manos de la izquierda.

Isabel Díaz Ayuso ha propuesto en Madrid una fórmula que permite Ciudadanos aferrarse a su ominosa reluctancia a firmar documentos con Vox y, a su vez, concede al partido de Rocío Monasterio la consideración que merecen sus electores y sus 12 diputados. Se trata de que cada partido exponga sus planteamientos y compromisos de viva voz, para que queden recogidos en el Diario de Sesiones y sirvan como prueba del acuerdo de investidura, iniciativa que cuenta con el beneplácito de los dos socios del PP. Algo similar podría llevarse a cabo también en Murcia, donde están implicados los mismos actores, de manera que las tres fuerzas verían satisfechas sus aspiraciones con un pacto tácito que garantizaría la estabilidad en ambas comunidades a lo largo de la legislatura.

La renuncia de Vox a entrar en los Ejecutivos autonómicos ha sido una concesión importante que todos los votantes liberal-conservadores (no solo los que entregaron su confianza al partido de Abascal) han de valorar. Por su parte, Ciudadanos ha levantado tácitamente su infausto veto al partido conservador, allanando el camino a este necesario acuerdo. En cuanto al PP, el equipo negociador liderado por Teodoro García ha sabido templar los ánimos de todos y encontrar una fórmula válida para poner fin a un culebrón veraniego que estaba acabando con la paciencia de todos.

Ahora se trata de abrochar las negociaciones con un acuerdo que permita la investidura de Díaz Ayuso en Madrid y de López Miras en Murcia. Hay tiempo para cumplir los trámites parlamentario e iniciar una nueva etapa que haga de ambas regiones un refugio seguro contra el sanchismo.

Vox, el octavo pasajero
Cristina Losada  Libertad Digital 12 Julio 2019

En el pleno sin candidato de la Asamblea de Madrid, el diputado Errejón, dirigiéndose a Ciudadanos, habló del octavo pasajero. No lo llamó así, porque el cofundador de Podemos no puede tener en su memoria el recuerdo del efecto deslumbrante que nos produjo Alien cuando se estrenó, en 1979 o 1980. Cuando descubrimos, en aquel corazón de las tinieblas espaciales –la nave se llamaba Nostromo y su lanzadera, Narcissus–, al mismo tiempo, al director Ridley Scott y a la teniente Ripley (Sigourney Weaver). Luego se convirtió en saga y perdió, pero aquella primera vez fue inolvidable.

Errejón habló del maletero de un coche, que es un espacio donde en las películas se mete a secuestrados y otras víctimas del crimen, para referirse al comportamiento de Ciudadanos con Vox. "Quieren viajar en el mismo coche que el PP y Vox, pero pretenden que Vox viaje en el maletero y que no se le vea". Lo dicho, un secuestro. Pero, fuera bromas, sí que a Errejón pareció preocuparle la incomodidad del maletero, al punto de que se solidarizó, en cierto modo, con los de Vox. "Y Vox dice una cosa razonable, que quieren que se le vea", afirmó en lo que puede ser su primer y último reconocimiento de que Vox tiene razón en algo.

Lejos de ese guiño retórico, destinado a fastidiar a Ciudadanos, es bien conocida la actuación de los partidos de izquierda existentes respecto al de Abascal. En la película de terror y política-ficción que están montando desde que Vox entró en el Parlamento andaluz, el peligro no es tanto la aparición de esa criatura monstruosa, de ese alien terrorífico, sino su capacidad, aparentemente probada y total, para incubarse gracias a la disposición a portarlo del PP y Ciudadanos, sea de manera voluntaria o involuntaria, que es el caso de Cs, por aceptar sus votos.

El PP y, en especial, Ciudadanos, que está mucho más en el punto de mira del PSOE y Podemos –y sus escisiones– que el propio Partido Popular, meten al alien Vox a bordo de sus Nostromos y así, siempre según la ficción, la criatura malvada podrá llegar al planeta democrático, acabar con todos los derechos allí reconocidos o convertirlo, directamente, en un campo de concentración. Por supuesto, la experiencia andaluza, la constatación de que la Junta formada por PP y Cs con el apoyo externo de Vox no ha suprimido derechos fundamentales ni lleva la región hacia un régimen autoritario y dictatorial, es irrelevante. Hablamos de política-ficción, de un relato, y la realidad importa poco.

La función que cumple Vox en la izquierda política existente está clara. Sirve de coco para meter miedo y para tenerlo, pues el miedo a la ultraderecha tiene mucha demanda entre quienes están necesitados de enemigos absolutos, de malos cada vez más malos, para cubrir el vacío, para llenar unos maleteros ideológicos que se quedaron incluso sin rueda de repuesto. Y en lo inmediato tiene una función en la batalla partidista, que es desplazar a Ciudadanos del centro a la zona siniestra de los ultras, algo que ya tuvo como objetivo Podemos y han hecho suyo los socialistas.

Donde no está claro el papel de Vox es en el campo de la no izquierda. No lo está en un aspecto fundamental como el de formar Gobiernos. Su posición inicial después de las elecciones andaluzas, que era no obstaculizar un Gobierno alternativo al de los socialistas, empezó a variar enseguida y ha terminado por ser casi la contraria. Aunque pugnen por responsabilizar a Ciudadanos, su estatus, como partido con menor representación, no permite justificar fácilmente que eleven sus demandas a condiciones sine que non.

Sus demandas, al final, se han reducido o condensado en una, que consiste en exigir que Ciudadanos revoque su decisión de no firmar acuerdos programáticos con ellos. Esto, que exigen en nombre de la dignidad, conduce curiosamente a que parezcan dependientes. Es como si cifraran el valor de su partido en la posición o actitud que hacia él mantiene otro. Al empeñarse en el pulso con Ciudadanos para que los acepte como socios al mismo nivel que el PP, aunque no van a estar en los Gobiernos, contribuyen a reforzar la política ficción del alien, en lugar de ignorarla. Y al concentrar ahí su presión desplazan por completo del foco aquellas medidas programáticas que pueden negociar con los populares. Veremos cómo acaba la función. Pero tiene pinta de que no van a ganar este juego del gallina. En cualquier caso, todo es más doméstico que el terrorífico Alien.

Con la Constitución no se improvisa
 La Razon 12 Julio 2019

No es habitual que las reformas constitucionales se anuncien en entrevistas matinales en la televisión, aunque sea en la pública. En primer lugar, por una elemental cuestión de método: necesita un número determinado de diputados que no tiene para sacarla adelante, por lo que es necesario un acuerdo con el resto de partidos. Por cortesía, pero sobre todo por seriedad, debería haber informado antes a las formaciones que creen deben participar en esta operación, PP, Cs, además de los que considera sus socios, Unidas Podemos y PNV.

Pero de nuevo se ha guiado por un oportunismo motivado por los problemas que tiene para conseguir su propia investidura. Efectivamente hay una situación de bloqueo que tiene visos de instalarse en nuestro sistema político por la ausencia de partidos con mayorías holgadas. Pero no olvidemos que los problemas que tiene Sánchez son con su socio preferente, Pablo Iglesias, con el que ha fabricado una ficción política basada en que disponen de una «mayoría de progreso» suficiente, aunque sean incapaces de sellar un acuerdo. La de elegir a Unidas Podemos como socio principal fue su opción política y el bloqueo que sufre el sistema es la consecuencia más directa.

Ayer propuso reformar la Constitución en su artículo 99, que es el que regula la investidura, en el sentido de que gobierne la lista más votada, en la línea del artículo 196 de la Ley Orgánica del régimen electoral general, que es la que se sigue en la elección de alcaldes en los Ayuntamientos. No dio más detalles y se limitó a decir que este artículo «no funciona». Sin duda es un verdadero estorbo en este nuevo contexto político. En su punto número tres, este artículo establece que el Congreso debe otorgar la confianza de la Cámara al candidato propuesto por el Rey por mayoría absoluta de sus miembros en una primera votación. Si esa mayoría no se alcanza, la misma propuesta se someterá a nueva votación 48 horas después. Ese es el escenario al que nos podemos abocar a partir del próximo día 22, con la perspectiva señalada en punto cinco, según el cual si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, el Congreso no inviste a ningún candidato, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones.

Oportunista o no, la necesidad de esta reforma se viene planteando hace tiempo, reafirmada hace unos días por dirigentes populares, por la necesidad de una estabilidad que ahora resulta imposible. Pero primero conviene marcar los tiempos con exactitud porque la desquiciada negociación de Sánchez con Iglesias no debe hacer perder de vista que la reforma habrá que dejarla para esta legislatura, si es que arranca. Si hay acuerdo y se dispone de las tres quintas partes del Congreso y del Senado, podrá ponerse en marcha el procedimiento, que es menos gravoso, similar al empleado por las reformas del sufragio activo y pasivo para los ciudadanos europeos (27 de agosto de 1992) y la de estabilidad presupuestaria (23 de agosto de 2011).

Pero en la que se propone ahora de arbitrar que gobierne la lista más votada hay muchos aspectos del articulado que no puede improvisarse: desde los plazos de tiempo que deben cumplirse para que quien cuenta con más votos sea automáticamente nombrado presidente o el papel del Rey en la ronda de consultas. El único inconveniente procede precisamente del socio de Sánchez, Iglesias, que ha anunciado en varias ocasiones que pedirá un referéndum para aprobar cualquier reforma constitucional, ya que el grupo de Iglesias dispone del número de diputados exigidos para pedir una consulta, incluso si propone una reforma más en profundidad, como tantas veces ha propuesto. En cualquier reforma de la Constitución no se puede improvisar.

Reforma electoral e incompetencia
Emilio Campmany  Libertad Digital 12 Julio 2019

En horas veinticuatro han coincidido Sánchez y Casado proponiendo sendas reformas electorales. El líder del PP quiere darle al partido más votado una prima de cincuenta diputados, siguiendo el ejemplo de Grecia. El del PSOE propone que directamente sea nombrado presidente quien encabece la lista más votada cuando no pueda resultar investido por las buenas, lo que removería los pocos incentivos que hoy tiene cualquier candidato para llegar a ningún acuerdo. No sólo, sino que, con cualquiera de las dos reformas, el electorado se vería obligado a renunciar a votar a terceras, cuartas o quintas fuerzas políticas en caso de querer influir en la elección del presidente del Gobierno. Votar a Ciudadanos, Podemos o Vox sería entonces inútil a estos efectos.

PSOE y PP han estado abusando durante lustros de un sistema que, no obstante llamarse proporcional, beneficiaba extraordinariamente a los dos grandes partidos. Ninguno de los dos, tan incapaces de llegar hoy a acuerdos con otras fuerzas políticas nacionales, ha tenido nunca empacho en comprar a precios exorbitantes el apoyo de los nacionalistas y mantenerse así en el poder. Gracias a la protección del sistema, conservaron los apoyos que tenían no obstante sus corrupciones y traiciones. Y ahora que las muchas en las que han caído les han hecho perder buena parte de aquéllos y se ven obligados a negociar con otros partidos, proponen nuevas reformas con el objeto de que al electorado le sea todavía más difícil castigar su mal gobierno.

Encima, si fuera necesario reformar la Constitución, que con la propuesta de Sánchez es indispensable y con la de Casado probable, ¿quién la apoyaría, además de PP y PSOE? ¿No sería necesario hacer concesiones a los nacionalistas para que también la respaldasen? ¿Qué clase de demandas exigirían el PNV, ERC y demás independentistas? ¿Estarían PP y PSOE dispuestos a admitirlas a cambio de las primas electorales que para sí reclaman?

Para bien o para mal, España tiene un sistema parlamentario. Eso supone que a veces tenga que haber Gobiernos de coalición. Si aquí no los ha habido es por los extraordinarios pluses que el sistema regala a los partidos mayoritarios. Si aun así éstos no son capaces de conseguir mayorías holgadas no es por un fallo del sistema, sino por la incompetencia, corrupción y estulticia de sus líderes. Exigir nuevas ventajas y regalías tan sólo ayudaría a prostituir aún más el sistema de lo que ya lo está.

Otra cosa sería abandonar el sistema parlamentario e ir a uno presidencialista. Eso dejaría al Rey sin casi papel institucional que desempeñar, pero se podría estudiar. Sin embargo, hay montones de sistemas parlamentarios que funcionan perfectamente y en los que son frecuentes los Gobiernos de coalición, los acuerdos y los pactos, sin que quienes se ven obligados a suscribirlos se quejen y quieran cambiar las leyes en su beneficio. Dice Sánchez que no funciona el artículo 99 de la Constitución. Lo que no funciona es él, y los que son como él.

Sánchez abre la compuerta de las cloacas policiales
OKDIARIO 12 Julio 2019

Nuestra democracia es reciente. Porta a sus espaldas un sólido andamiaje jurídico, pero sus cimientos no son profundos. Ello se debe a la inestabilidad de gran parte de nuestra Historia contemporánea; inestabilidad que como consecuencia ha producido una falta de sedimentación del Estado español y, en cambio, la hipertrofia de un poder político que, con mayor frecuencia de la deseable, tiende al nepotismo y al empleo de las instituciones como si éstas fueran instrumentos de uso personal. De ahí a oscuros episodios como guerras sucias, espionajes diversos o financiaciones ilegales sólo media un paso; una delgada línea roja que resulta tentadoramente sencillo cruzar. Baste recordar que Mariano Rajoy en 2014 fue el primer presidente de la Democracia que legisló para que el delito de financiación ilegal de partidos políticos aparezca en nuestro Código Penal. Hasta entonces aquí, como en tantas otras esferas de nuestro espacio público, cada uno hacía de su capa un sayo. Lo más triste es que esta conducta era vista como normal.

Pedro Sánchez está demostrando ser un discípulo aventajado en estas prácticas cesaristas, máxime cuando gran parte de su ejecutoria –hasta el día de hoy– la lleva realizando en funciones (preferimos no pensar qué sucederá cuando sea presidente de pleno derecho). Sobreabundan episodios llamativos de este tenor; desde la transformación del CIS en una empresa demoscópica a mayor gloria del PSOE hasta el empleo del Falcon como si fuera el avión privado de una Star, pasando por los viernes sociales.

Con la manipulación de informes policiales para justificar agresiones a partidos democráticos fomentadas por su propio ministro de Interior, Sánchez ha dado un salto cualitativo a peor de nefastas consecuencias para la salud de nuestra Democracia. Hablamos de la complicidad de las cloacas policiales con las cloacas periodísticas –El País– para justificar a las cloacas políticas. Por si el asunto no tuviera ya la suficiente gravedad, la aparición de un segundo informe que –esta vez sí– porta todos los requisitos oficiales hace que el asunto adquiera un tono entre chusco y siniestro. ¿Desde qué oscuras habitaciones se redactan informes ad hoc y en serie para justificar las agresiones que el poder político propicia contra sus rivales? Late aquí una pulsión totalitaria y abiertamente ilegal que urge investigar con todos los medios de nuestro Estado de Derecho, que por fortuna no son pocos.

El juego de las identidades
Pedro García Cuartango ABC 12 Julio 2019

La volatilidad y la incertidumbre se han instalado no sólo en nuestras vidas sino también en una actividad política cada vez más imprevisible. Nadie es capaz de saber lo que va a suceder en este país a corto plazo o, dicho de otra manera, si Pedro Sánchez podrá superar la investidura o estamos condenados a unas nuevas elecciones.

El final del bipartidismo y la aparición de tres nuevas fuerzas políticas nacionales han fragmentado el mapa electoral con la consecuencia de dificultar la formación de Gobiernos estables. Acostumbrados a la alternancia entre PSOE y PP, brilla por su ausencia una cultura de pactos.

El modelo ha cambiado, pero también la naturaleza del debate político. El primero en advertir este fenómeno fue el filósofo Richard Rorty, que publicó en 1998 un libro titulado Achieving our country en el que predecía la llegada al poder en EE.UU. de «un hombre fuerte» como resultado del deterioro de las condiciones materiales de la clase media y de la quiebra del discurso social de la izquierda. Casi dos décadas después, la victoria de Donald Trump confirmó el análisis. Este intelectual subrayó que se había producido a finales del siglo pasado una mutación del discurso político de la izquierda tras abandonar reivindicaciones como la igualdad o la libertad para poner el foco en temas identitarios como el feminismo y los derechos de las minorías.

Esta tendencia no sólo se puede observar ya en el debate político en nuestro país sino que, además, explica acontecimientos como el acoso que sufrieron los militantes de Ciudadanos en la manifestación del Día del Orgullo Gay en Madrid. ¿Por qué la izquierda rechaza que la defensa de los derechos de los homosexuales pueda ser una causa transversal y expulsa a la derecha? Sencillamente porque la confrontación ideológica se ha desplazado a una cuestión identitaria que nutre el rechazo que siente la izquierda sobre sus adversarios, basado en una pretendida superioridad moral.

Como la izquierda se ha vuelto impotente para defender el Estado de Bienestar y evitar el deterioro del nivel de vida que propicia la globalización, se ha refugiado en este discurso que le viene como anillo al dedo al establecer una nítida raya de separación con la derecha.

Sostiene la izquierda: nosotros impulsamos los derechos de las mujeres y los homosexuales mientras que partidos como el PP y Ciudadanos defienden la involución y el retroceso de las libertades. Éste es el discurso del PSOE y Podemos, que se encuentran muchos más seguros en este terreno que cuando tiene que ofrecer soluciones a problemas como la regeneración de las instituciones o el reparto de la riqueza.

Fracasados experimentos como el de Zapatero o el de las políticas socialistas en Francia, Gran Bretaña, Italia o Grecia, Sánchez se ha dado cuenta de que su supervivencia depende de su hegemonía en estos debates identitarios que polarizan los sentimientos. Y sólo cabe concluir que el éxito le ha acompañado en esta estrategia.

La crisis catalana es el problema y la solución de Sánchez
Pablo Sebastián Republica 12 Julio 2019

Pedro Sánchez le ha dicho ayer a Pablo Iglesias que no puede pactar un Gobierno de coalición con Podemos porque las diferencias entre los dos partidos en cuestiones de Estado son insalvables y pondría en peligro la estabilidad del Ejecutivo.

Por ejemplo en el caso de tener que aplicar otra vez en Cataluña, tras la sentencia del juicio del golpe catalán, el artículo 155 de la Constitución. O si desde Podemos se insiste en afirmar, como lo hace Iglesias, que en España hay presos y exiliados políticos, como lo recordó Sánchez. Además existen importantes discrepancias entre PSOE y Podemos en política exterior sobre Europa, Cuba y Venezuela.

La cuestión catalana y la sentencia del Tribunal Supremo son las dos piezas fundamentales del otoño político y con estos argumentos Sánchez espera convencer a PP y Cs antes de septiembre que se abstengan y permitan un gobierno del PSOE en minoría.

Con el que además, los tres partidos constitucionales deberían de abordar unos nuevos a Presupuestos Generales del Estado para 2019 y coordinarse para actuar de manera conjunta en Cataluña en caso de que la sentencia del Supremo provoque un nuevo terremoto e intento de rebelión catalana.

Lo que no quiere Sánchez es una repetición electoral porque, al margen de que no cambiaría en nada sustancial el actual reparto de escaños entre los partidos políticos nacionales, unas elecciones del 10 de noviembre y con un nuevo proceso de investidura no permitiría la formación de Gobierno hasta finales de año y primeros de 2020.

Con lo que España estaría casi un año sin gobierno, otro sin Presupuestos y con la crisis catalana abierta en canal. Y es con estos argumentos con los que Pedro Sánchez espera convencer a Pablo Casado y Albert Rivera para que le dejen gobernar.

Al tiempo que Sánchez les propondrá, a ambos partidos, la reforma urgente del artículo 99 de la Constitución para lograr un modelo de investidura del automática del Presidente del Gobierno en el beneficio del candidato del partido que resulte más votado en unas elecciones generales. Un proyecto demasiado simple que debería de ir acompañado de una profunda reforma de la ley electoral.

Pero antes de llegar a esa situación están los problemas de la investidura que sigue bloqueada y del tenso horizonte catalán. Y la certeza, momentánea, de que Sánchez no quiere a Iglesias en el nuevo Gobierno. Como muy cierto es que el apoyo de Iglesias a los independentistas y a la autodeterminación de Cataluña, sitúa a Podemos en una insalvable marginalidad institucional.


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Un cinturón de castidad para el PSOE
Javier Orrico Periodista Digital 12 Julio 2019

Lograr que el PSOE vuelva a ser un partido español. Esa debería haber sido la estrategia. El gran peligro para la continuidad de España reside en la alianza creciente entre la izquierda post-zapatera (también Podemas y Errejón y Carmena y Garzón y tutti quanti son zapaterismo) y quienes persiguen la disgregación nacional. Y la única solución es que el PSOE se rehaga sobre la idea más progresista que la modernidad nos ha traído: la ciudadanía, frente al identitarismo étnico que anida en los nacionalistas españoles de toda la periferia centrífuga, y frente a todo colectivismo.

Es decir, la idea de la condición política como referente esencial de las personas, la defensa de los derechos individuales, el respeto al espacio público para que no sea propiedad exclusiva de nadie, el derecho a elegir como se quiere vivir, siempre que ello no vaya contra ese mismo derechos para los demás. No se puede consentir que ni nacionalistas ni otros grupos sociales se adueñen de la calle. Y ya sólo nos faltaba que los homosexuales, que siempre fueron gente abierta y tolerante, y que contaban con toda la simpatía y el afecto de quienes aman la libertad, se conviertan en una nación de lazis al modo separatista y crean que pueden prohibir la presencia en las calles a quienes ellos decidan.

El gran peligro para la democracia es, por tanto, que se nos reduzca a todos a miembros obligatorios de algún ‘colectivo’, sea étnico-lingüístico, social, sexual o religioso. La Constitución se hizo precisamente para superar eso. Y ahí es donde la izquierda hace mucho que dejó ser la fuerza emancipadora que aún se considera a sí misma. Acontecimientos muy recientes reiteran este desvarío del socialismo antaño español: la entrevista a Otegui, y su afirmación impune sobre el derecho que tenían a hacernos daño a los demás en nombre de una supuesta raza superior; la revelación de que entre los planes del nazicatalanismo estaba la expulsión de los funcionarios que no fueran de origen catalán; o la confesión de la socialista Chivite de que el nuevo gobierno de la comunidad foral tendrá como objetivo primordial la ‘euskaldunización’ de Navarra.

El palabro significa en español llano la imposición, al modo en que se ha venido realizando en el País Vasco, Cataluña, Baleares, Galicia, Valencia y hasta en la Franja aragonesa (siempre y en todas partes con el apoyo o la dirección socialista), de una lengua minoritaria, en este caso el vascuence, sobre la lengua común y mayoritaria, el español. No se trata, pues, de salvar un instrumento de comunicación, sino de todo lo contrario: de exclusión de los no hablantes y, por tanto, de identificación de la clase dominante: los ‘euskaldunes’ (hablantes nativos de vascuence, más exactamente euskaldun zaharra o euskaldunzarra, vascohablante viejo); y los ‘euskaldumberris’, vascohablantes nuevos, por aprendizaje, no tan ‘puros’, tan de raza, pero tolerables por asimilación y por adhesión política demostrada al proyecto nacionalista. Un solo dato: los vascohablantes de Navarra son el 6%. Y con la lengua va la ideología. Una vez que hayan conseguido aumentar el número de ‘euskaldumberris’, entonces sí se podrá llevar a cabo sin apenas resistencia la incorporación al País Vasco y la construcción de la Euskalherría feliz y antiespañola en la nueva Europa neomedieval. Esto es lo que llaman un proyecto ‘progresista’: volver al Medievo y, encima, a un medievo inventado, porque el romance es la lengua de cultura de los vascos, y mucho más de los navarros, desde hace ochocientos años.

Al PSOE no hay que ponerle un cordón sanitario frente al centroderecha. Lo que hay que hacer es colocarle un cinturón de castidad contra las PODEMAS de autodeterminaciones a la carta y la balcanización subsiguiente, y contra los nacional-separatistas, que son todos (otro engaño: no hay nacionalistas que no sean, siempre, separatistas como proyecto final). Lo que debería haber hecho Ciudadanos, que vino para rescatar la idea de España como gran espacio de progreso y democracia, era haber pactado, sin remilgos de ursulinas, con las derechas en todas las regiones, haciendo de contrapeso a las comunidades separatistas; y, a la vez, haberle ofrecido a Sánchez una coalición de gobierno para España que nos devolviera la posibilidad de un PSOE como el que alguna vez fue antes de Zapatero. Controlarlo desde el Gobierno o, al menos, haber desnudado ante los españoles las verdaderas intenciones de Sánchez. Están a tiempo.

Una solución (imposible)
Lo ideal es una salida a la alemana, pero nadie sitúa al país por encima de las siglas
Luis Ventoso ABC 12 Julio 2019

Sí, ya lo sabemos: fue el contumaz Dr. No, y sin embargo ahora, con los mismos escaños pelados que tenía Rajoy, demanda por «razón de Estado» que PP y Cs se abstengan en su favor. Lo sabemos: echó al PP hace hace solo 13 meses, retorciendo una sentencia y en una maniobra urdida con Podemos y los separatistas. En su breve Gobierno, su primera medida fue someter al interés del PSOE instituciones del Estado como RTVE y el CIS. Arrastra el baldón de la vidriosa tesis. Ayer advirtió a Podemos que tal vez se necesite otro 155, pero hace solo siete meses se reunía con Torra y aceptaba en secreto observadores para una negociación bilateral. Ahora se presenta en modo presidente constitucionalista, pero con la otra mano permite que los suyos pacten en Navarra con nacionalistas vascos y Bildu, o que los socialistas obtengan la Diputación de Barcelona ¡en comandita con el partido de Puigdemont! (ocurrió ayer). Lo sabemos, sí: no es fiable y su trayectoria deja mucho que desear. Pero en Sánchez 2 hay una importante novedad respecto a Sánchez 1: esta vez ha ganado las elecciones, los españoles le han votado, y debe aceptarse con fair play democrático su victoria (aunque él no lo hiciese con el PP, porque un mal no justifica otro mal).

Con la llamada Nueva Política hemos arribado a una sopa de letras amenísima, pero que ha vuelto el país ingobernable. La inestabilidad es norma. Numerosas administraciones ya dan por sentado que los presupuestos, herramienta esencial de todo Gobierno, jamás se aprobarán en plazo. España sigue en piloto automático, con las cuentas que sacó adelante Rajoy en mayo de 2018 con apoyo de Cs y PNV (y el voto en contra feroz de Sánchez, Podemos y los separatistas). En realidad el país lleva tres años malgobernado, porque Rajoy se pasó sus dos últimos años en el alambre y consumido por el pulso independentista y porque el mandato de Sánchez fue magro en leyes y duró solo un año (lo reventaron los separatistas, socio imposible). Hemos arribado a un laberinto kafkiano, donde el fiel de la balanza son un partido populista de extrema izquierda y unas formaciones que tienen como meta expresa romper España. Entonces, ¿qué hacer? Los alemanes lo tienen claro. En 2005, cuando Angela Merkel ganó con una victoria corta, en lugar de dejar al país en el limbo del desgobierno se unieron democristianos y socialistas, situaron el interés del país por delante del de sus siglas y formaron la Gran Coalición. Desde entonces la fórmula se ha repetido en otras dos legislaturas. Alemania evitó ser rehén de extremistas.

Una solución obvia para España sería que el PP hiciese de tripas corazón y presentase a Sánchez unas exigencias mínimas para poder abstenerse y dejarle gobernar (renuncia a indultos a los golpistas, compromiso de 155 en caso de desafío frontal, acuerdo para no pactar con fuerzas separatistas y un marco de prudencia contable). Pero a veces lo mejor es enemigo de lo posible. Ni Casado ni Sánchez aceptarían esa salida, aunque todos, empezando por ellos, sabemos en nuestro fuero interno que sería la mejor para España.

Razones para aplicar de nuevo el 155
Jesús Rul. vozpopuli  12 Julio 2019

Una mirada profunda a la realidad social e institucional catalana pone en evidencia el mantenimiento y abono de la fractura en los ámbitos político, económico y sociocultural

La aplicación del artículo 155 de la CE, a propuesta del presidente del Gobierno, aprobada por el Consejo de Ministros de 21.10.2017, y aprobada por el Senado el 27.10.2017, estuvo vigente casi seis meses hasta la constitución de los órganos de la Generalidad de Cataluña después de las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno de la Nación. Pese a que Ciudadanos, partido constitucionalista, obtuvo la mayoría de votos y porcentaje con 36 escaños, el pacto de los partidos independentistas (JuntsxCat -34 escaños-, ERC-CatSi -32 escaños-, y la CUP -4 escaños-) les dio el control de la Generalidad (Parlamento y Consejo Ejecutivo).

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional al recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por el Parlamento de Cataluña y el partido político Unidos Podemos contra la aplicación del artículo 155, además de declarar ajustadas a la Constitución las medidas concretas aplicadas, por el incumplimiento de las obligaciones constitucionales o legales y el grave atentado al interés general de España perpetrado por las instituciones autonómicas de Cataluña a finales de 2017, establece criterios jurisprudenciales a futuro, contenidos en esta sentencia y en la STC 89/2019, para el ejercicio ajustado de este artículo al orden constitucional. Pueden ordenarse en tres apartados:

1. Dos vías de control de las CCAA
La vía ordinaria propia de un “control de naturaleza competencial de incumplimientos constitucionales o legales contrarios a los intereses generales por parte de autonomías, de órganos del Estado o de las corporaciones locales”, y la vía extraordinaria, del artículo 155, de “coerción directa para afrontar incumplimientos constitucionales extremadamente cualificados, mediante actos o disposiciones formales o de comportamientos fácticos que supongan una grave alteración jurídica e institucional en parte del territorio nacional”, “como último recurso de los poderes del Estado ante el incumplimiento flagrante de obligaciones constitucionales”. En este sentido, la CE autoriza esta coerción estatal directa con el efecto de “limitar el autogobierno y constreñir la autonomía de las CCAA”.

En definitiva compete a los órganos del Estado el control ordinario y extraordinario de la actividad de las administraciones públicas. Esta competencia no es discrecional sino imperativa para la eficacia de la Constitución en todo el territorio nacional.

2. Procedimiento de aplicación del 155
A.- En primer lugar, corresponde al Gobierno de la Nación “requerir al presidente de la autonomía sobre la alteración jurídica e institucional grave para que cese en el incumplimiento de las obligaciones constitucionales o legales, o en la actuación contraria al interés general y lleve a cabo la reparación correspondiente” y,

B.- En segundo lugar, en caso de no ser atendido el requerimiento, proceder a la coerción directa que habilita el artículo 155 mediante “la aprobación por el Senado, por mayoría absoluta, de las medidas coercitivas que estime oportunas a partir de la previa propuesta del Gobierno, como garantía para restaurar la validez y eficacia de la Constitución y restablecer el orden constitucional de manera que el funcionamiento institucional opere dentro de dicho orden”.

3. Contenido y plazos de las medidas de coerción
A.- Contenido: Las medidas a aplicar son potestativas y discrecionales del Gobierno de la Nación, las “imprescindibles e idóneas” ajustadas al ordenamiento jurídico y constitucional, para “obligar a la comunidad autónoma a cumplir con las obligaciones constitucionales y a preservar o proteger el interés general contra el que se ha actuado”. Tales medidas necesarias, en atención a las circunstancias, pueden abarcar: “subrogarse en actuaciones o funciones de competencia autonómica, así como ocupar el lugar, previo desplazamiento institucional, de determinados órganos autonómicos” para “salvaguardar la Constitución (...) y la soberanía del pueblo español”.

B.- Tiempo. La doble garantía de la eficacia constitucional en todo el territorio nacional y del derecho de autonomía (art. 2 CE) induce que la alteración del funcionamiento de la autonomía, como consecuencia de la aplicación del 155, haya de tener un “límite temporal determinado o determinable” susceptible de “prórroga o renovación, previa solicitud del gobierno y aprobación del Senado”. Ni la Constitución y la jurisprudencia fijan un cómputo temporal concreto que puede ser corto o largo en función de las circunstancias hasta garantizar la eficacia constitucional, pero, en todo caso, debe tener un límite temporal: un inicio y un final. Queda excluida tanto la suspensión indefinida como la supresión institucional de la autonomía.

Así las cosas, después de más de un año de vigencia del pacto de partidos independentistas en el gobierno de la Generalidad, procede plantearse el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales por parte de las autoridades catalanas, y de su defensa y protección del interés general de España en su gestión política y administrativa.

Transcurrido un año largo del pacto que hizo a Torra ‘president’, procede plantearse el grado de cumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte de las autoridades catalanas

Pese a que en declaraciones mantienen el relato rupturista (ho tornarem a fer -lo volveremos a hacer-), los hechos concretos no están a la altura de sus intenciones.

No obstante, una mirada profunda a la realidad social e institucional catalana pone en evidencia el mantenimiento y abono de la fractura en los ámbitos político, económico y sociocultural que lleva a cuestionar la lealtad incondicionada debida de las instituciones catalanas a la Nación española, de quien deriva su legitimidad.

Los hechos -por acción y omisión- evidencian que la acción política, económica y cultural es subsidiaria del ideario nacionalista y del proyecto insurreccional. Por ejemplo: políticas de subvenciones a grupos y medios independentistas, políticas de comunicación de radio y televisión púbicas comprometidas ideológicamente y contrarias a los valores constitucionales, políticas educativas de exclusión del castellano como lengua vehicular, arbitrariedad en el tratamiento del sectarismo nacionalista en las escuelas (parcialidad política y carencia de la debida neutralidad ideológica de determinados docentes, directivos e inspectores), propaganda nacionalista y secesionista en oficinas públicas y, especialmente, en instituciones docentes que atentan contra el interés superior de los alumnos.

Son hechos fácticos que suponen una “alteración jurídica e institucional en una parte del territorio nacional”, “contraria al interés general” con arreglo al Derecho. Hechos que lesionan derechos y expectativas razonables de los ciudadanos con arreglo al ordenamiento vigente. Hechos que demandan el control interno y, en su defecto, el de los poderes del Estado como garantía de “validez y eficacia de la Constitución”.

Adoctrinar, excluir, fracturar, violar
Antonio Robles  Libertad Digital 12 Julio 2019

Adoctrinar en las escuelas, excluir el español, fracturar la sociedad, violar las leyes: exactamente lo que pasa en Cataluña desde hace cuatro décadas.

Dicho así parece la obsesión de un déspota, de un ser malvado y pervertido empeñado en hacer el mal. Sin embargo, es el diagnóstico que la Asociación por la Tolerancia hace del Gobierno nacionalista de la Generalidad en una campaña de réplica a Òmnium donde la entidad secesionista reta: Ho tornarem a fer ("Lo volveremos a hacer").

Adoctrinar, excluir, fracturar, violar parece lo que es, si se añade al verbo un predicado: adoctrinar en las escuelas, excluir el español, fracturar la sociedad, violar las leyes. Exactamente lo que pasa en Cataluña desde hace cuatro décadas, aunque la mayoría lo haya comenzado a percibir desde el 1 de octubre del 2017.

No se podía resumir mejor la realidad que oculta TV3, y el Gobierno de la nación ignora a sabiendas. Ante ello, la asociación cívica constitucionalista advierte a los golpistas en su campaña: No ho tornareu a fer ("No lo volveréis a hacer").

Son sólo cuatro marquesinas de cuatro estaciones de metro de Barcelona frente al despliegue millonario de los catalanistas. Una capacidad limitada de los pioneros de la Resistencia al nacionalismo en Cataluña, la nave nodriza de la que surgió la doctrina constitucionalista y el activismo a cara descubierta, a la que se le negó todo, la que lo dio todo sin esperar nada a cambio y jamás renunció a sus principios. Y ahí sigue, dando ejemplo.

A punto ha estado de ser rechazada su campaña por el Ayuntamiento de Barcelona. No sería la primera vez. En 2009 no le permitieron desplegar una campaña para difundir la sentencia del Tribunal Supremo 12/12/2008 que la Generalidad se negaba a cumplir, donde se le obligaba a incluir en sus instancias de preinscripción de principio de curso unas casillas para que los padres pudieran elegir la lengua vehicular de sus hijos, sin menoscabo del estudio de ambas. Aquí el derecho a decidir no existe.

Lo más sangrante del caso fue que, a la vez que prohibían esta campaña de Tolerancia, permitían otra de Plataforma per la Llengua, entidad que defiende el supremacismo lingüístico, a pesar de haber abonado ya el 50% de la campaña. En esta ocasión, al comprobar el silencio administrativo, su presidente, Eduardo López-Dóriga, reclamó y advirtió que, de no admitirla o dilatarla para que no coincidiera con la campaña de Òmnium, lo pondría en comunicación de los medios. Curiosamente, al día siguiente aceptaron la campaña. Una coincidencia nada más. ¿O es más bien que el coraje sostenido en el tiempo acaba por socavar la impunidad del despotismo?

No se vengan arriba, siempre hicieron caso omiso a quejas y greuges. Y pusieron todo su entusiasmo en apoyar la ilegalidad. Tolerancia no fue la única a la que se vetó. Pocos meses después, el Ayuntamiento de Barcelona vetó publicidad antiabortista de e-Cristians en los autobuses metropolitanos. En 2011, Promedios impidió una campaña de apoyo a Baltasar Garzón. En 2013 la empresa TMB censuró una campaña de promoción del libro de Marta Sibina y Albano Dante Fachin, Artur Mas: ¿dónde está mi dinero? Sin embargo, el Ayuntamiento no puso pega alguna a campañas como la de Plataforma per la Llengua en 2009 para denunciar la supuesta discriminación del catalán por parte del Estado, la del Pacte Nacional pel Referèndum en abril de 2017, en la que se instaba a votar en el referéndum secesionista ilegal del 1-O; la de la ANC en septiembre de ese mismo año, en la que se promocionaba la Diada independentista previa al 1-O, y la de Òmnium Cultural de mayo de 2018 que, con el lema Mañana puedes ser tú, denunciaba la supuesta represión del Estado contra el independentismo.

Y ahora, Ada Colau, no ha tenido reparo alguno en permitir y apoyar públicamente el órdago golpista de Òmnium contra el Poder Judicial. En este tuit:
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Tolerancia espera impaciente su apoyo.

Bildu presidirá la Comisión de Derechos Humanos en Guipúzcoa
Cuando se cumplen 22 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, homenajeado ayer en Ermua y en Madrid
Andrés Bartolomé. Madrid. La Razon 12 Julio 2019

EH Bildu se hizo ayer con la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Guipúzcoa, el territorio más castigado por la violencia terrorista de ETA. Una noticia que se conocía precisamente la misma jornada en que la localidad vizcaína de Ermua rendía homenaje al edil del PP Miguel Ángel Blanco y al peluquero Sotero Mazo, ambos asesinados por ETA hace 22 y 38 años, el primero después de un secuestro con ultimátum seguido con desesperación en toda España.

Las Juntas Generales de Guipúzcoa constituyeron ayer las doce comisiones ordinarias de la XI Legislatura, cada una con 13 miembros, según comunicó la institución foral a través de una nota de prensa. El PNV presidirá cinco de las 12, mientras que EH Bildu encabezará cuatro y el PSOE dirigirá tres.

EH Bildu, que nunca ha condenado los crímenes etarras, estará durante esta legislatura al frente de la Comisión de Derechos Humanos
–con el añadido de «y Cultura Democrática»–. Es una de las cuatro comisiones ordinarias que estarán presididas por los abertzales, que controlarán asimismo Igualdad Lingüística, Igualdad de Hombres y Mujeres y Gobernanza.

Los partidos acordaron entregar la presidencia de las comisiones en función a los resultados de las últimas elecciones, en las que la coalición soberanista se erigió como segunda fuerza.

No es la primera vez que ETA alcanza un destino semejante. «Josu Ternera», el «ideólogo» de matanzas etarras como la del 11 de diciembre de 1987, cuando una brutal explosión redujo a escombros la casa-cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, ejerció como representante de la izquierda proetarra en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, cargo que las víctimas del terrorismo consideraron una macabra burla.

Durante el acto por Blanco y Mazo, el alcalde de Ermua, el socialista Juan Carlos Abascal, denunció que «existen personas y colectivos que siguen haciendo homenajes a los presos de ETA», y reivindicó la construcción de «un futuro distinto» que no puede hacerse «sobre la base del olvido del pasado», informa Ep.

El alcalde recordó que al acabar con sus vidas, ETA asesinó «con una crueldad inexplicable a personas sencillas», si bien afirmó que «no logró sus objetivos totalitarios ni nos arrebataron nuestra dignidad».

En Madrid, la Fundación Miguel Ángel Blanco organizó un acto en los jardines que llevan el nombre del edil en la capital. En presencia de Marimar Blanco, el líder del PP, Pablo Casado, reiteró su exigencia para que «los herederos de Batasuna» no sean interlocutores políticos. Ambos criticaron la reciente presencia de Arnaldo Otegi en TVE. «No se pueden poner altavoces a quien no condena el terrorismo», dijo la hermana del concejal asesinado en 1997.

El verdadero rostro de los socialistas navarros
Fernando José Vaquero Oroquieta latribunadelpaisvasco 12 Julio 2019

Muchos siguen sin creérselo: ¿cómo es posible que los socialistas navarros hayan pactado con las demás izquierdas y los separatistas, en lugar de hacerlo con Navarra Suma? Pero, ¿no era, esta segunda opción, la preferida –también- por el diario de Cordovilla y buena parte de los empresarios navarros de dentro y de fuera de la Comunidad?

Desde nuestra modestia ya anticipamos, días atrás, nuestra propia tesis al respecto (https://latribunadelpaisvasco.com//art/11192/el-navarrismo-entre-la-travesia-del-desierto-y-la-extincion). Una teoría prefigurada en agosto de 2017 con el artículo “El PSOE quiere catalanizar Navarra” (https://somatemps.me/2017/08/06/el-psoe-quiere-catalanizar-navarra-por-sila-felix/). De tal modo, los socialistas navarros se estarían movilizando por una doble y poderosísima razón: una decidida voluntad de poder y su comunión ideológica con los demás actores del acuerdo. Una convergencia que venían anunciando desde hacía ya un tiempo y que únicamente a los desinformados o ingenuos ha podido sorprender.

Recordemos, por ejemplo, las inequívocas declaraciones de Santos Cerdán León, el 3 de junio de 2017 (http://www.psn-psoe.org/en-navarra-queremos-gobiernos-de-progreso-con-la-izquierda-sin-los-vetos-del-pasado/). O las anticipadas por la propia María Chivite ya en agosto de 2015 (https://www.osoigo.com/es/maria-chivite-con-que-partidos-pactariais.html). Estaba claro: ¡¡queremos el gobierno y lo queremos “de progreso” y sin UPN!!

Todo ello venía ratificado por el Congreso del PSN-PSOE celebrado el 29 de julio de 2017, quien avaló con el 82’75 de los delegados la nueva Ejecutiva y su correspondiente línea estratégica (http://www.psn-psoe.org/chivite-situa-al-psn-psoe-como-referente-de-la-izquierda-en-navarra-y-afirma-que-el-objetivo-es-liderar-el-gobierno-en-2019/). Pero, ante nuestra lógica alarma, por ejemplo reflejada en el segundo de los artículos antes citados, se nos respondió, por parte de “estrategas” y “personalidades bien informadas” del campo navarrista que “los programas de los partidos no deben tomarse en serio: se elaboran para incumplirse; nadie cree a los políticos”. Acaso fuera cierto… para los del centro-derecha; pero no para la izquierda, quien siempre ha mantenido potentes vectores ideológicos a modo de “centro de gravedad permanente”.

Entonces, ¿por qué semejantes golpes en el pecho, ruptura del velo del Templo, declaraciones destempladas y llorosas?

El preacuerdo de PSN-POSE, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, con algún tipo de complicidad por parte de EH Bildu, es público: consúltese en su integridad, por ejemplo, en el siguiente enlace:
https://static.noticiasdenavarra.com/docs/2019/07/06/preacuerdo-navarra-psn_geroa_bai-i-e-podemos_13735.pdf

Su lectura desvela a todo interesado una muy precisa y calculada orientación ideológica, que bien podría caracterizarse como podemita-separatista. ¿Podemita?, efectivamente, por tratarse de un programa, en buena medida, alejado de una social-democracia clásica -antaño orientada a las mayorías sociales formadas por la clase trabajadora e incluso la clase media- derivando decididamente hacia los nuevos tópicos y mitos de la izquierda progresista. A saber: aval a las “nuevas minorías” y sus “nuevos derechos subjetivos”, la extensión sin fin de los mismos, la agenda LGTB, unas migraciones sin restricciones ni fronteras, deconstrucción de toda forma de autoridad “tradicional”, “superación” de los marcos nacionales históricos... Una deriva ideológica -perfectamente prefigurada por Michel Foucault y sus numerosos seguidores- que aqueja a buena parte de las izquierdas occidentales y que ha facilitado que amplios sectores sociales, antaño socialdemócratas e incluso comunistas, sintiéndose abandonados por tan divina izquierda, hayan oscilado hacia los populismos identitarios más o menos derechistas del continente. E, incluso, en Brasil.

¿Separatista? Efectivamente, pues sus guiños y ambigüedades hacia la política lingüística del anterior cuatripartito, por ejemplo, proporcionando a la actual ley del euskera un año más de vigencia (apartado 3.8.1.4., página 54), van a permitir su implementación social y funcionarial.

Y otro aspecto claramente en línea con las tácticas separatistas: la elaboración de un relato del terrorismo que contemple con equidistancia a víctimas y verdugos, entreverándolo con el del denominado de “abusos policiales”. De hecho, en su apartado 3.11.2. (página. 59) no se habla de terrorismo, sino de “violencia de origen político”. Significativo, ¿no?

Más pruebas. La perspectiva de la Memoria Histórica en el preacuerdo es, igualmente, totalmente sectaria, adoctrinadora y revanchista. Y, respecto a la educación, su apuesta por la enseñanza pública y el marcaje ideológico y material de las “unidades concertadas” (pág. 6). Más y más intervencionismo, en suma.

Todo ello ya venía -en gran medida- siendo anunciado por el PSN-PSOPE -repásese su página web oficial- pero algunos, especialmente entre quienes mayores responsabilidades públicas mantenían hacia sus propias gentes, no quisieron verlo: por no comprenderlo, por no aceptarlo, por restar validez a los posicionamientos ideológicos de las nuevas generaciones socialistas... De ahí la persistencia de Sociedad Civil Navarra, sectores empresariales y la propia dirección de UPN, en pactar como fuera con unos socialistas… que les despreciaban profundamente.

Esta sucesión de hechos demuestra varias cuestiones:

En primer lugar, la ideología sigue teniendo su importancia. No todo es Canal de Navarra y TAV. Pero las ideologías evolucionan; siendo éste el caso de la izquierda, que lo ha hecho rápida y radicalmente.

En segundo lugar, la estrategia del “quesito”, tal y como se diseñó, ya no es operativa. Sigue habiendo centro-derecha, izquierdas y separatistas. Pero el eje constitucionalismo/ruptura ya no es operativo.

Tercero: el separatismo sigue avanzando. En unos miles de votos, en arraigo institucional, en capacidad de maniobra. Y quien no quiera verlo, se engaña a sí mismo y, lo que es peor, quiere engañar a otros.

Derecha y centro-derecha navarros están solos: ¡asúmase de una vez! Y, para afrontar esta situación, deberán cambiar de estrategia y poner en marcha múltiples tácticas orientadas a la captación de nuevos sectores de electores: trabajar y más trabajar; ni atajos ni pensamiento mágico. ¿O vamos a esperar, resignadamente, a que el PSN-PSOE cambie de socios en un futuro hipotético? Y de producirse, ¿en base a qué programa?

Ya se ha demostrado que una mera espera -a la recogida en votos por los errores perpetrados por los separatistas en el gobierno- no ha sido suficiente para poder regresar: había otras fichas en el tablero que no se han querido ver.

La Asociación por la Tolerancia pone en marcha la campaña "no lo volveréis a a hacer"
www.latribunadelpaisvasco.com 12 Julio 2019

La Asociación por la Tolerancia ha conseguido finalmente el permiso de TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona) para llevar a cabo una campaña publicitaria con carteles en cuatro estaciones del metro de la capital catalana (Sants, España, Paseo de Gracia y Cataluña) del 10 al 17 de Julio, como modesta réplica a la enorme y reciente campaña de la asociación secesionista Òmnium Cultural con el lema “Ho tornarem a fer” ("Lo volveremos a hacer").

Según denuncia la Asociación por la Tolerancia, esta campaña de Òmnium nunca se debería haber permitido ya que desafiaba al Estado de Derecho al indicar que se volvería a “movilizar” a las masas y se volvería a “votar” en un nuevo referéndum ilegal. "Con la frase 'Ho tornarem a fer', enarbolada inicialmente en el juicio por algunos acusados del llamado 'proceso' y luego por el actual presidente de la Generalitat, se demuestra que no sólo no hay arrepentimiento alguno, sino que se reafirman en su clara intención de volver a violar las leyes".

En forma de réplica, el eslogan de la campaña de la Asociación por la Tolerancia “No ho tornareu a fer” ("No lo volveréis a hacer") quiere ser, según se informa desde esta organización, "una voz que contribuya a que no se vuelvan a repetir los tristes sucesos de septiembre y octubre de 2017, y exige a los secesionistas que dejen de ahondar en la enorme fractura abierta en la sociedad catalana".

En el cartel de la AT se pone acento en los pasos que el secesionismo ha seguido, a través de un plan perfectamente trazado desde hace décadas, para llegar hasta la situación actual, que se seguirá agravando si desde el Gobierno central no se toman las medidas oportunas:

ADOCTRINAR en las escuelas
EXCLUIR el español
FRACTURAR la sociedad
VIOLAR las leyes

Asimismo, la Asociación por la Tolerancia insta a la alcaldesa de Barcelona a que respete la neutralidad de las instituciones públicas y "retire de la fachada de su Ayuntamiento el lazo amarillo con el que se pide la libertad de unos políticos que se hallan en prisión no por sus ideas, sino por sus acciones contra la legalidad vigente. Dicho lazo es una expresión política partidista que no representa a todos los barceloneses y por ello debe ser retirado de inmediato".
 


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