AGLI Recortes de Prensa   Sábado 20 Julio 2019

CUENTAS PÚBLICAS
España es el quinto país de la zona euro que más aumenta la deuda pública en el primer trimestre
OKDIARIO 20 Julio 2019

La economía nacional sigue teniendo un problema importante con el endeudamiento público. La deuda pública de España aumentó en el primer trimestre de 2019 hasta el 98,7% del PIB comparado con el 97,1% registrado en el último trimestre de 2018, lo que sitúa a este país como el séptimo Estado miembro de la UE y la eurozona con el nivel más alto de deuda pública entre enero y marzo. Además, el incremento de 1,6 puntos porcentuales en la deuda española fue el quinto mayor del club comunitario.

La deuda pública de la eurozona aumentó hasta el 85,9% del PIB durante el primer trimestre de 2019, frente al 85,1% de los últimos tres meses del año pasado, mientras que el déficit público bajó hasta el 0,5% en los países del euro, frente al 1,1% anotado entre octubre y diciembre, según la oficina estadística europea (Eurostat).

En el conjunto de la Unión Europea (UE) la deuda soberana creció hasta el 80,7 % del PIB desde enero hasta marzo, comparado con el 80% del trimestre final de 2018, mientras que el déficit bajó al 0,6% desde el 1% del trimestre anterior.

Comparado con el primer trimestre de 2018, la deuda pública con respecto al PIB cayó tanto en la eurozona (del 87,1% al 85,9%) como en los Veintiocho (del 81,6% al 80,7%), informa Efe.

En total, hasta catorce estados miembros del club comunitario acumulaban una deuda pública superior al 60 % del PIB, el límite establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que exige situar el endeudamiento por debajo de ese porcentaje.

Las proporciones más elevadas de deuda pública con respecto al PIB al final del primer trimestre de 2019 se registraron en Grecia (181,9%), Italia (134%), Portugal (123%), Bélgica (105,1%) y Chipre (105%), mientras que las más bajas se dieron en Estonia (8,1%), Bulgaria (21,2%) y Luxemburgo (21,3%).

Si se comparan los datos del primer trimestre de 2019 con los del último de 2018, doce estados miembros registraron un aumento en su deuda pública con respecto al PIB y en trece disminuyó, mientras que el porcentaje se mantuvo estable en Alemania, Lituania y Eslovaquia.

Los mayores incrementos se registraron en Bélgica (3,1 puntos porcentuales), Chipre (2,5 puntos), Irlanda (2 puntos), Italia (1,9 puntos), enfrentada los últimos meses a la Comisión Europea por su elevado endeudamiento, y España (1,6 puntos).

En contraste, los países en los que se dio una mayor reducción fueron Suecia (2,5 puntos), Eslovenia (2,3 puntos), Holanda y el Reino Unido (1,5 puntos) y Bulgaria (1,4 puntos).

En términos intertrimestrales, la deuda pública durante el primer trimestre de 2019 frente al mismo periodo del año pasado creció en cinco estados miembros, bajó en veintiuno y permaneció estable en España y el Reino Unido.

Las subidas se produjeron en Chipre (12,2 puntos porcentuales), Grecia (4,1 puntos), Letonia (1,7 puntos), Italia (1 puntos) y Francia (0,3 puntos), en tanto que las caídas más acusadas se detectaron en Eslovenia (7,6 puntos), Austria (4,4 puntos) y Holanda (4,2 puntos).

Al final del primer trimestre de 2019, los títulos de deuda representaban el 81,1% en la deuda pública de la zona euro y el 81,9% en la de la UE, los préstamos suponían el 15,8% y el 13,9%, respectivamente, y la moneda y los depósitos representaban el 3,1% en la zona euro y el 4,2% en los Veintiocho.

España: el cóctel perfecto para un déficit descontrolado
Daniel Rodríguez Asensio  Libertad Digital 20 Julio 2019

Las aguas bajan revueltas por Moncloa. Sus palmeros económicos han pasado del "crecemos por encima de la media de la Unión Europea" preelectoral, a "la economía española comienza a dar síntomas de desaceleración", para volver a "las perspectivas son de crecimiento por encima de la media de la Unión Europea".

¿Casualidad? Parecen ignorar una realidad que ya dibuja un país que se dirige inexorablemente hacia la recesión económica. Los que clamamos por la desaceleración desde mediados del año pasado vemos con estupefacción cómo el Gobierno y sus medios de comunicación afines deciden obviar indicadores obvios. Muchos ya los hemos comentado aquí. Pero últimamente se van adhiriendo más a la lista:
compraventa-de-viviendas.png

El mercado de la vivienda, probablemente uno de los indicadores de ciclicidad más fiables, se ha tornado al rojo. No sólo ha registrado el primer dato negativo para la compraventa de viviendas desde 2015 (-5,2% en mayo) si no que, además, se ha producido un repunte nada menospreciable en el riesgo asumido. Y, no olvidemos, España tiene una tasa de ahorro ligeramente superior al 4%, una de las más bajas de toda Europa y del mundo desarrollado.

Incluso el sector servicios, que ha sido el que ha sostenido el impulso económico, muestra claros síntomas de desaceleración. En los primero cinco meses del año ha crecido a una tasa del 4,5%, lejos del 6% del mismo período del año pasado.

El cuento de que la recuperación no ha llegado a los españoles de a pie y por tanto hay que recurrir al Leviatán público, una vez más, ha sido la excusa perfecta para secuestrar nuestra libertad y ahogarnos en un modelo que cercena la capacidad de crecimiento en el medio y largo plazo. El archiconocido austericidio, en neto, ha supuesto un incremento de casi 50.000 millones de gasto público desde 2008, 734.000 millones de deuda pública y una estructura burocrática prácticamente inamovible.

Por el contrario, la tímida liberalización económica llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en los años 2015 y 2016 (ligera bajada de IRPF y Sociedades, respectivamente) ha supuesto una vuelta al crecimiento real para los ingresos de las familias españolas. En 2018 se ha superado la renta media del año 2008, con una senda creciente desde 2015.

Ahora que la resaca electoral ha pasado y la pluralidad democrática se ha convertido en bloqueo institucional casi crónico, vuelven a sonar los cantos de elecciones y los palmeros vuelven con la cantinela. Cada vez que lea usted que algún organismo supranacional o casa de analistas mejore las perspectivas de crecimiento para el presente año debe saber:

Todas abogan por una debilidad interna que irá creciendo conforme pase el año. Es más, parte del incremento en la tasa de crecimiento del PIB viene por un descenso en las importaciones. Vaya éxito.

El resto de dinámicas que (supuestamente) mejoran las perspectivas de la economía española son exógenas: perspectivas de bajadas de tipos, descenso en los precios del petróleo, etc. Otro éxito.

Todos incluyen un disclaimer alertando de los elevados niveles de riesgo e incertidumbre que rodean a la economía española. Cojamos el último informe de BBVA Research Situación España. Tercer trimestre 2019 (y cito textualmente): "Los riesgos continúan siendo numerosos y la probabilidad de ocurrencia de algunos va en aumento". Otro éxito.

Mientras todo esto ocurre, Pedro Sánchez no es capaz de formar Gobierno. Pero hay más: la factura de los viernes sociales ya asciende a 3.200 millones de euros, la fiebre por la contratación pública supone un incremento del gasto en nóminas del sector público de (prepárense) casi otros 2.000 millones de euros en los cuatro primeros meses del año… En definitiva, que ya llevamos casi 6.500 millones de euros más gastados que en 2018. Un incremento nada reseñable del 4,6% interanual acumulado.

Resumiendo: Desaceleración con vistas a una recesión, inacción política, ausencia de vientos de cola, gasto descontrolado… ¿Adivinan lo que está ocurriendo con el déficit? Correcto, que se dispara. En lo que va de año se ha incrementado en casi 900 millones de euros, un 14,6% más que en los cuatro primeros meses de 2018. Y en estos datos no se incluyen los de corporaciones locales. La AIReF ya ha alertado acerca de la evolución del gasto durante el primer trimestre del año de algunos municipios, entre los que llama especialmente la atención Madrid.

Las perspectivas no son especialmente positivas. Vean y juzguen lo que va a ocurrir en la última parte del año. Apuesto a un déficit incluso superior al 2,5% y rozando el 3%.

Afortunadamente, mantener unos presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy (2017) sirve de buque de contención para no volver a una situación como la de 2008. No obstante, no debemos obviar que ya en dichos presupuestos el incremento del gasto público era superior al incremento del PIB y, algo que es muy importante, los gastos consolidables que se han incluido últimamente los vamos a pagar con creces.

¿Y qué ocurre con los ingresos? Precisamente lo que muchos (excepto Sánchez, al parecer) alertábamos de que iba a ocurrir:

Con datos hasta mayo, el crecimiento total de ingresos acumulado no llega a los 300 millones de euros más que en 2018. Un pírrico 0,4%. Viendo por partidas, solamente destaca al alza la recaudación por IRPF. ¿Adivinan por qué? Correcto, lo estamos pagando todos vía salarios públicos y, en el caso de la subida del SMI, los más necesitados reciben 200 euros netos menos al año, tal y como explicamos aquí.

El IVA crece un 0,2% (el año pasado crecía al 3,5%) y las operaciones interiores ya están en negativo. Digna de ver la evolución del Impuesto de Sociedades. Todo un éxito del socialismo más inmovilista e intervencionista de la España democrática.

El señor Sánchez provoca la tormenta perfecta y lo pagaremos todos. Ya he defendido aquí que la próxima crisis no vendrá de Estados Unidos, sino que se producirá en Europa. Será Alemania, Italia… o España. Desde luego, nos pillará con el 100% de deuda pública, con un déficit crónico y una clase política incapaz de desbloquear las reformas estructurales que necesitamos. Al tiempo.

'Mater Admirabilis' o por qué el nacionalismo español es otra cosa
A colación de unas manifestaciones de Francesc de Carreras, el autor sostiene que es errónea la idea muy extendida de que el nacionalismo español es tan condenable como el separatismo supremacista vasco o catalán.
Guillermo Gortázar El Espanol 20 Julio 2019

En 2002 un influyente libro de José Álvarez Junco, Mater Dolorosa, hizo un recorrido sobre las debilidades de la construcción del nacionalismo español, a diferencia del francés, en el siglo XIX.

Muchos lectores dedujeron que el nacionalismo español del siglo XX fue una reacción contra los nacionalismos periféricos vasco y catalán; estos se alinearon con la democracia en la II República y surgió una reacción nacional-católica que sirvió de cobertura ideológica al franquismo.

La deducción siguiente es que es más negativo el nacionalismo español que el actual nacionalismo catalán o vasco. De ahí que se pueda pactar con los racistas del PNV o con los golpistas de CiU, pero no con Vox.

El nacionalismo fue la ideología liberal del siglo XIX sobre la que se construyeron todos los Estados nación, España incluida. Un espacio territorial delimitado, con seguridad, respeto a la propiedad y a la ley, con libertades, representación parlamentaria y ampliación del sufragio en dirección a la democracia plena que sugiere que ese nacionalismo no tiene nada de Mater Dolorosa sino de Admirabilis. En España ese nacionalismo liberal admirabilis estuvo vigente hasta 1936.

El nacionalismo liberal es el que permite la difícil convivencia de sociedades complejas y diversas. Los ciudadanos se sienten partícipes de una historia común, de unos derechos y obligaciones en un ámbito de libertad y con representación democrática cuyos gobiernos, mediante las urnas, pueden cambiar cada cuatro años.

Al hilo de las declaraciones de ayer de Francesc de Carreras en un periódico nacional sobre la deriva hacia el nacionalismo español de Ciudadanos, me permito precisar que el nacionalismo español actual es libertad. Sorprendentemente, parte de la derecha política y de la izquierda creen que el nacionalismo español es tan condenable como el separatismo supremacista vasco o catalán.

Numerosos políticos y periodistas repiten machaconamente la simpleza: "No se puede combatir un nacionalismo con otro nacionalismo". Craso error. La Historia demuestra lo contrario.

Buena parte de esta opinión se debe a libros tan equivocados, a mi juicio, como Mater dolorosa de Álvarez Junco. No todos los nacionalismos son igualmente liberticidas. Hay nacionalismo totalitario y nacionalismo liberal.

Hace apenas dos días, acertadamente, Savater, Latierro y otros diez intelectuales de izquierdas, en un comunicado en favor de la gobernabilidad y el fin del bloqueo político, al referirse al nacionalismo lo apellidan como "identitario" lo que es una clara referencia al nacionalismo vasco y al catalán.

El nacionalismo identitario vasco (en el caso del PNV, racista) y catalán es totalitario, excluyente, expansionista, supremacista y violento; lo conocemos en Europa y lo padecimos entre 1939 y 1945: Alemania e Italia. Otro ejemplo: EEUU, con su nacionalismo liberal, derrotó al nacionalismo militarista de Japón en 1945. El nacionalismo de Normandía era moralmente muy superior al de Berlín. Hasta el punto de que merecía la pena arriesgar la vida en su defensa.

El nacionalismo español que se deriva de la Constitución de 1978 es justo lo contrario del totalitario. Por eso los nacionalistas vascos y catalanes no soportan la Constitución. Es el mismo nacionalismo que pueden defender franceses, ingleses, suecos, suizos o norteamericanos: aquel que venció en 1945 al nacionalismo totalitario.

Tanto Carreras como los políticos sometidos a la corrección política de los nacionalismos periféricos que padecemos en España sería conveniente que reflexionaran y distinguieran el nacionalismo español liberal, constitucional, inclusivo, defensor de las libertades frente al excluyente nacionalismo vasco o catalán.

Es hora de no confundir nacionalismos y hacer honor a la Mater Admirabilis.

*** Guillermo Gortázar es historiador y abogado. Su último libro es ‘El fuerismo liberal vasco’, Madrid, 2019.

Podemos en el Gobierno sería una bomba de relojería
OKDIARIO 20 Julio 2019

Sánchez comienza a sentir el vértigo de unas nuevas elecciones generales, y parece que echa el freno de mano. Ahora está dispuesto a que entre Podemos en el Consejo de Ministros, siempre que no figure Pablo Iglesias –para que éste no le haga el juego de presidente bis–, y sea él, Sánchez, quien tenga la última palabra sobre los nombramientos concretos.

Craso error. Podemos en un Gobierno de España, con o sin Iglesias, es como un elefante en una cacharrería. Todas las decisiones en las que tengan participación, y desde un Consejo de Ministros, por mucho que Sánchez luego quiera contenerlos, tenderán hacia abajo. En la unidad de España, en la marcha de la economía, en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos… No hay ámbito de la esfera pública donde la irrupción de Podemos tenga consecuencias positivas. Sin olvidar tampoco que son un partido que ha mantenido estrechas relaciones con las dictaduras de Venezuela, Irán y Cuba. Cabe cuestionarse seriamente si los secretos y la razón de Estado podrán mantener a salvo con ministros morados.

Hablando de la marcha de la economía, cabe recordar que Bruselas se ha puesto seria en relación con el objetivo de déficit para 2020, que tiene que pasar del actual 2,3% al 1,1% del PIB. Esto implica un recorte adicional de 15.000 millones de euros. Y no cabe duda de que Podemos será un serio problema para ese objetivo. Entonces, quien tendrá el verdadero problema será el Gobierno socialista.

Por mucho que Sánchez quiera dejar atado y bien atado este ejecutivo antes de que eche a rodar, Podemos en cuestiones de orden público, o de tratamiento de los regiones con dinámicas separatistas también será una auténtica bomba de relojería. Esto, en definitiva, será una reedición del gobierno de Zapatero, sólo que en peor, con mayor carga radical. Vienen tiempos difíciles.

Iglesias y Sánchez, club portátil
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 20 Julio 2019

Quién iba a imaginar que en verano los políticos mintiesen el doble de lo que suelen hacerlo el año entero. Acaso este fenómeno se deba a que durante el estío los días son más largos y las neuronas de los próceres, calcinadas por un sol abrasador, ya no rigen. Al andar con los fusibles fundidos sólo les queda el recurso de la filfa, en todas sus modalidades, para continuar embaucándonos. El ejemplo de club portátil que han montado en la sombra Iglesias y Sánchez tapa las miserias ideológicas de ambos y les permite reunirse en secreto cada vez que lo estimen oportuno. Por eso el club es portátil, porque han de cambiar constantemente de guarida con el propósito de introducir nuevas falsas promesas allí donde las viejas, fueron rechazadas.

Iglesias, que evita el trabajo por comodidad y busca enriquecerse de manera rápida pegando el salto final del suburbio al infinito, ahora le mendiga a Sánchez, otro vago en funciones que tal baila, un sillón en un gobierno inexistente. A pesar de sus desavenencias pactadas, yo creo que se siguen entendiendo a escondidas. Por algo comparten pésimos amigos y componendas con Otegui. Tampoco le niegan el caldo gordo a los golpistas, a los que les dan cuartel vez tras vez sin que les tiemble el pulso. Para los del club social S.A., ser demócrata consiste en alentar bandas de traidores. Su lema es otro plagio (pues pertenece a Artaud): “Amigos hasta en el infierno”.

Iglesias y Sánchez pueden fingir cuantas peleas se les antojen, que ya nadie cree a semejantes ganapanes. Sabemos que, según se vetan, se parapetan. Están de acuerdo en todo, incluso en los desacuerdos. Y disfrutan de idénticos delirios para sumar votos: sacar de la tumba al dictador y prometer indultos a tutiplén. Forman una piña con el puño en alto, aunque la comandita, mal blindada con aluminio enclenque, todavía no se ha enterado de la poca vida política que le queda. Hay que ser mendrugos como los fundadores de la secta del club portátil para continuar disimulando y negando que integran una alianza de impostores, por no llamarles bandidos.

Los dos grandes partidos de centroderecha habrían de esbozar un plan razonable que evite choques entre ambas formaciones. Si sus líderes Casado y Rivera luchan por lo mismo, no parece inteligente que anden a la gresca, más aún cuando sus enemigos comunes pretenden transformar nuestro país en la Venezuela de Europa. De infradotados para gobernar, como los del club y sus tropecientos compinches impresentables, estamos bien servidos. La idea de unir a quienes creen en España, aparte de ser una idea limpia, resultaría rentable electoralmente hablando, cara a un futuro. ¿O prefieren que el maniquí de Primark siga en Moncloa y el que viste al estilo trapero le exija un ministerio? ¿Ministro de qué, pedazo inútil?

Gobierno de coalición no deseada
 La Razon 20 Julio 2019

Habrá que interpretar que cuando Pedro Sánchez dijo el pasado jueves en La Sexta que no quería que Pablo Iglesias estuviese en su Gobierno, en realidad el mensaje iba más allá. Visto lo visto, todo indica que querría decir que no quiere a nadie del núcleo duro de Podemos. Y, por supuesto, alejar la idea de que Iglesias esté a la sombra de «sus» ministros e imponga su protocolo mediático habitual. Que una de las partes coaligadas, la más importante, le diga a la otra que no quiere que esté su representante más distinguido es algo por lo menos peculiar, como lo es toda esta negociación. Lógicamente, como en cualquier serie de televisión, sobre todo en las más castizas, sigue funcionando la idea de fuerza de «si no quieres caldo, toma dos tazas». Y esa ha sido la respuesta de Iglesias a la insólita propuesta de Sánchez de decir en público –con momentos de ensañamiento inéditos– que no lo quiere a su lado como ministro. Que no se fía de él. Si no me quieres a mí de ministro –ha venido a responder el que es su socio preferente–, yo diré cuáles deben ser los que nos corresponden.

Es obvio que para los mensajes de calado ya estará él fuera de La Moncloa, incluso el mismo viernes para hablar de las políticas de sus ministros. «Lógicamente», añadió Iglesias, será su formación la que elija a los ministros que le corresponden, que será proporcional al número de votos obtenidos. Estamos hablando de casi un cuarenta por ciento de carteras y nadie descarta que también tengan su propia cuota catalana, lo que, de cumplirse, podría hacer temblar a Sánchez. Pese que para el PSOE la decisión de Iglesias de renunciar a ser ministro es un alivio, lo más deseable ahora sería no contar en el Consejo de Ministros con carteras al frente de las cuales hubiesen destacados dirigentes de Podemos de acusado perfil político.

En una lógica política sensata –algo que no ha existido en esta larga comedia–, sería al presidente del Gobierno a quien le correspondería nombrar a sus ministros o que estos sean elegidos con su aceptación porque su perfil se ajusta al programa que quiere llevar a cabo. Puede que se haya llegado a un punto de inflexión y que ante el escenario de una investidura fallida, dejarla hasta septiembre con la perspectiva de elecciones el 10 de noviembre, no haya más salida que ceder por ambas partes. En este sentido, la retirada de Iglesias es una victoria para Sánchez y un mérito para Iván Redondo, la bestia negra de Podemos. Si hay ministros de Podemos, que por lo menos se ajusten en lo posible al criterio de Sánchez, pero esa es otra batalla que se librará en estos días para llegar a la investidura con el voto asegurado.

La sociedad española está aguantando con perplejidad y mucho escepticismo a un espectáculo con momentos realmente esperpénticos, pero si realmente ambas formaciones se sientan en una mesa deberían hablar con claridad de cuáles son sus planes. Es decir, qué va a hacer cada ministerio, cuáles van a ser las reformas centrales, las leyes que quieren derogar, las que quieren aprobar y, sobre todo, cuáles son los temas de Estado en los que la posición común será inamovible. Ayer, ERC dijo que apoyaría la investidura de Sánchez con su abstención sólo si PSOE y Unidas Podemos llegaban a un acuerdo. Puede que ese pacto se esté aproximando, pero que también se esté empezando a vislumbrar la realidad de lo que supone la llamada «mayoría de progreso» que Sánchez viene aireando desde la noche del pasado 28 de abril.

Un gobierno socialista en coalición con Podemos y el apoyo en la investidura del independentismo no es muy tranquilizador para la situación política que puede abrir la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. Sánchez puede tener asegurado su reelección si se cierra el pacto con Podemos, pero en ningún caso contará con el Gobierno que pedía el pasado jueves: el que haga frente con lealtad al mayor reto de la democracia española tras la sentencia del 1-O.

La Luna y La Moncloa
Juan Manuel de Prada ABC 20 Julio 2019

El doctor Sánchez pretende ahora convencernos de que el Estado le cabe dentro de la cabeza, como a Manuel Fraga. El hombre que no tuvo cabeza ni siquiera para escribir una tesis de baratillo ahora resulta que la tiene para albergar huésped de tan grueso volumen. Así se desprende de esa batería de invectivas que ha lanzado contra Pablo Iglesias, a quien no quiere hacer ministro porque, según él, existen «discrepancias abismales» entre ellos sobre las «cuestiones esenciales de Estado».

Resulta, en verdad, delirante que un impostor como el doctor Sánchez pretenda presentarse como un estadista de tronío. Pero, si consiguió que un tribunal universitario se tragase una tesis de baratillo con la ayuda sola de un negro, ¿por qué no va a conseguir ahora que las masas cretinizadas se traguen que es un estadista de tronío, con la ayuda de todos los poderes sistémicos? El doctor Sánchez no puede tener el Estado en la cabeza por la sencilla razón de que, cuanto más hueca es una cabeza, menos cosas caben en ella; pero tiene una concupiscencia de Estado que se le sale por los ojos, la nariz y las orejas. El doctor Sánchez quiere zamparse el Estado él solito, con la venia de los poderes sistémicos, pero la aritmética parlamentaria se lo impide. Y, para salvar el escollo de la aritmética, necesita vampirizar los votos de Podemos, que Iglesias -como es natural- no quiere regalarle. Así que, siguiendo los consejitos de su gurú electoral, el doctor Sánchez ha lanzado una campaña de desprestigio de Iglesias, resucitando incluso aquellas burdas consignas, más viejas que Carracuca, con las que los tertulianeses asustaban a las viejecitas, anunciándoles que el mozo de la coleta venía a cepillarse a la opípara señora Democracia y a su hijito rebolludo, don Estado de Derecho.

El doctor Sánchez asegura campanudo que Iglesias no está dispuesto a «defender la democracia española» ni las «cuestiones esenciales del Estado». Pero este impostor alcanzó el poder en una moción de censura gracias al apoyo de Iglesias, a quien de inmediato proclamó públicamente «socio preferente». Este impostor gobernó durante casi un año gracias al respaldo de Iglesias, firmó con él un acuerdo presupuestario y, en vísperas electorales, declaró que no tendría inconveniente alguno en compartir tareas de gobierno con él. Este impostor ha mantenido durante dos meses embarrancada la investidura para conseguir el apoyo de las menguadas huestes de Iglesias en ayuntamientos y autonomías. ¡Y este impostor pretende ahora presentar a Iglesias como un peligro para la democracia y para la integridad del Estado! Increíblemente, las masas cretinizadas parecen dispuestas a tragarse tan burda añagaza; y ya las terminales sistémicas que ayer le ensalivaban el bálano a Iglesias piden ahora su castración, como si estuviera exigiendo al doctor Sánchez los cuernos de la Luna.

Hace cincuenta años, cuando el hombre llegó a la Luna, Pemán se quejaba en ABC del significado excesivamente hiperbólico con que se empleaba el verbo «llegar». «¿Llegar está correctamente empleado cuando se pone el pie en algún sitio y luego se marcha uno?», se preguntaba. El doctor Sánchez llegó a La Moncloa como el hombre llegó a la Luna, para poner allí el pie y luego marcharse; pero los poderes sistémicos quieren que llegue para quedarse y saben perfectamente lo que tienen que hacer para conseguirlo. Que, en resumidas cuentas, consiste en aniquilar a Iglesias, a quien tanto auparon cuando les convenía agitar el miedo, y en convocar cuantas elecciones haga falta, hasta que la aritmética cuadre. A fin de cuentas, las convocatorias de elecciones las pagan los mismos ilusos que le pagan a Sánchez los consejitos de su gurú electoral.

Cabalgando hacia el Frente Popular
Amando de Miguel  Libertad Digital 20 Julio 2019

No es por alarmar, pero recuerdo con el clásico que "la Historia se repite a veces como farsa". La pedantería de la cita viene a cuento porque cunde ahora la sensación de que, en medio de una España ingobernable, asoma la amenaza (o la oportunidad y la gloria para otros) del Frente Popular de 1936.

Son indiscutibles las diferencias estructurales entre la España de los años 30 y la actual. Entonces destacaba numéricamente la clase de los míseros jornaleros del campo. Hoy sobresale el amplio y heteróclito estrato de las clases medias urbanas; aunque propietarias, son las que pagan mayormente los impuestos, hoy mucho más elevados que en la época republicana e incluso que en el régimen franquista.

Sin embargo, hay rasgos más sutiles que permiten razonar sobre la actual tendencia a una especie de nuevo Frente Popular; que ahora, naturalmente, no se podría llamar así, sino Frente Progresista o algo por el estilo. Se asienta sobre la sólida hegemonía cultural de la izquierda progresista en España. Es una dominación tan sofocante que incluso el Partido Popular (el equivalente formal de la CEDA del periodo antebélico) asume algunos de los artículos de la fe progresista. Por ejemplo, hace poco el Gobierno del PP con mayoría absoluta no se atrevió a derogar la ominosa Ley de Memoria Histórica. No fue menos cobarde y miserable la aceptación de la llamada ideología de género, que se impone por todas partes, incluso en las escuelas. Así se podrían registrar docenas de atentados progresistas con los que el PP ha transigido sin rechistar. Lo ha hecho a cambio de las migajas de poder político que le han concedido los progresistas hegemónicos.

El Frente Popular de 1936 significó una extraña alianza entre socialistas, comunistas, republicanos y nacionalistas vascos y catalanes. El equivalente hodierno del comunismo es Unidas Podemos y todas sus confluencias, afinidades y secesiones. La versión actual de los nacionalismos es la camada de partidos de querencia separatista, implantados ya en distintas regiones. El resultado es la desintegración de la nación española. La palabra España ya solo se emplea para denigrar "la España franquista".

En 1936 los que no comulgaban con las ideas del Frente Popular eran tachados de "fascistas" y convertidos en blanco de exterminio. Hoy se tiende a una operación similar, solo que el fascismo parece algo remoto y solo se maneja como una licencia semántica.

La mayor proximidad entre las dos situaciones que digo, históricamente tan distantes, es que en ambos casos la izquierda hegemónica entiende que la derecha carece de legitimidad para gobernar. Dentro de la derecha, el mayor desprecio se dirige contra Vox, la bestia negra de casi todo los medios de comunicación y el único partido que reivindica abiertamente la idea de la nación española. La hegemonía progresista, aunque parezca mentira, prescinde bonitamente de la idea de España. En el mejor de los casos la convierte en "el Estado". En su día fue un acierto terminológico de los separatistas que se ha ido aceptando poco a poco por el resto de la banda progresista.

Al igual que en 1936, y por razones algo distintas, España se nos ha hecho ingobernable. Obsérvese la repetición actual de voces como "bloqueo", "colapso", "fragilidad", para describir los intentos de formar un Gobierno estable después de no sé cuántas elecciones. No digo que al final vayamos a desembocar hoy en una guerra civil, porque el Ejército no es lo que era y porque no existe la violencia generalizada de los años 30. Se trata, pues, de una farsa benévola.

Lo malo no es que nos amenace ahora una caricatura del Frente Popular de 1936. Siempre se pueden superar las tendencias históricas. Lo peor es que España lleva ya un año bajo la férula del Gobierno más incompetente de la historia contemporánea de nuestro país. Claro que lo peor siempre puede empeorar; baste con que el Gobierno del PSOE coloque a algunos miembros de la Unidas Podemos en algunos altos cargos donde se maneje mucho dinero. Lo pésimo es que muy poca gente se ha dado cuenta del desaguisado político en el que nos encontramos todos metimos.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Un bloqueo institucional reversible
ELISA DE LA NUEZ El Mundo 20 Julio 2019

Son muchas las reflexiones que pueden hacerse del sorprendente bloqueo institucional que vivimos en España desde las últimas elecciones generales, o para ser más exactos, desde que se rompió el bipartidismo en 2015. Desde entonces ha habido tres generales y una moción de censura, y periodos de tiempo muy prolongado con gobiernos en funciones, con lo que eso supone desde el punto de vista de la gobernabilidad. Recordemos que su función principal es hacer el traspaso de poderes al nuevo Ejecutivo, evitando que se produzca un vacío de poder; de ahí que, como recuerda la Ley del Gobierno, deben limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos y no puede adoptar otro tipo de medidas, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general. Y es lógico puesto que un Gobierno en funciones no goza de la confianza de las nuevas Cámaras. El presupuesto es que un Gobierno esté muy poco tiempo en funciones. Pero Rajoy en 2016 gobernó en funciones durante 316 días y el actual Gobierno de Pedro Sánchez lleva ya en funciones desde las elecciones del 28 de abril. Y más allá de haberse fijado una fecha por fin para la votación de investidura, las previsiones no son buenas.

Lo cierto es que el sistema político español parece incapaz de compatibilizar la gobernabilidad con el pluripartidismo. Hay muchos factores que lo explican, aunque no por eso la situación resulta menos preocupante. Se pueden mencionar, en primer lugar, los factores estratégicos; la coincidencia temporal de las generales con las autonómicas y locales que ha priorizado los pactos regionales y municipales sobre los nacionales; la renuncia de Ciudadanos a funcionar como partido bisagra -que fue el papel que desempeñó de forma fallida con el acuerdo con Sánchez que no consiguió la abstención de Podemos y después con éxito con el Gobierno de Rajoy gracias a la abstención del PSOE- , lo que ha dejado vacío un espacio que en un entorno tan fragmentado resulta crucial para facilitar la gobernabilidad; la presencia de unos cuantos partidos antisistema en el Parlamento, con un número nada desdeñable de escaños, lo que plantea el debate de si es preferible integrarlos en los acuerdos o hay que vetarlos y levantar un cordón sanitario, obviando la cuestión de que un cordón sanitario se le impone a sus votantes puesto que son partidos legales aunque no sean constitucionalistas, como han puesto de relieve las peculiares fórmulas empleadas por sus diputados para la toma de posesión.

Cabe también añadir que el pluripartidismo ha acentuado no solo la fragmentación sino también la polarización, dado que los partidos tienden necesariamente a buscar una mayor diferenciación de sus competidores electorales, poniendo el foco sobre las diferencias y atenuando las semejanzas, que suelen ser mucho mayores de las que se muestran a los votantes. Por otro lado, los nuevos partidos en cuanto a su estructura y democracia interna, compiten en hiperliderazgos con los viejos partidos, teniendo aparentemente las mismas o mayores dificultades que ellos para integrar corrientes minoritarias o discrepantes o para contar con las voces críticas que, como ha ocurrido con Íñigo Errejón, han tenido que formar su propia plataforma electoral. Por último, también los propios líderes tienen que marcar diferencias entre sí, máxime cuando todos son hombres de la misma generación y la mayoría con carreras políticas dilatadas y algunos, como Sánchez o Rivera, curtidos en la adversidad política.

En todo caso, hay que tener presente que el pluripartidismo se mueve dentro de un sistema político cuyos incentivos institucionales no han variado y eso explica muchas cosas. Esos incentivos, que no suponían problemas en épocas de bipartidismo imperfecto, como demuestra la gran estabilidad de los Gobiernos hasta 2015, ahora sí lo son. El factor institucional es muy relevante por la sencilla razón de que las reglas del juego que tenemos no ofrecen incentivos suficientes para la formación de Gobiernos en un entorno fragmentado y permiten con facilidad el bloqueo que padecemos. No es casualidad que sea más fácil alcanzar acuerdos en ayuntamientos, donde si no hay un acuerdo que alcance la mayoría absoluta gobierna automáticamente la lista más votada, o en comunidades que sí cuentan con los incentivos correctos. En cambio, en el ámbito estatal hay que mencionar la falta de previsión de un plazo para presentarse a la investidura, lo que permite posponer sine dia ese momento si el aspirante a presidente del Gobierno no lo considera oportuno por no tener garantizada la mayoría a favor. Recordemos lo que ocurrió cuando Rajoy se negó a presentarse tras las elecciones de 2015, lo que provocó un primer bloqueo institucional que solo se resolvió tras la presentación fallida de Sánchez a la investidura y la convocatoria automática de elecciones a los dos meses, tras ponerse en marcha el calendario electoral.

Por tanto, mientras no se cambien estos incentivos -y hay muchas propuestas encima de la mesa, algunas bastante razonables como copiar la fórmula del Parlamento vasco en que los diputados solo pueden votar a favor del candidato a lehendakari o abstenerse, pero no votar en contra-, hay que seguir funcionando con las reglas de juego que tenemos. De ahí la necesidad de apelar a la responsabilidad de todos porque es urgente que las instituciones funcionen. Ahí tenemos el ejemplo de Cataluña como aviso de navegantes de lo que ocurre cuando un bloqueo se cronifica, un Parlamento no legisla y un Gobierno no gobierna, todo ello combinado con la agitación de la calle.

Pero conviene no olvidar el factor cultural que suele ir unido al institucional. Es cierto que los ciudadanos (según el útimo CIS) no habían estado tan preocupados por sus políticos desde 1985; pero no lo es menos que no parecen haber castigado en las urnas las estrategias de polarización, de vetos cruzados y del no es no desplegadas ampliamente en la campaña electoral, que permitían augurar un escenario como el que vivimos de no darse, como estaba pronosticado, una mayoría absoluta. Al contrario, algunos partidos pueden interpretar razonablemente sus resultados como un aval a sus propuestas de vetos o de no alcanzar determinados acuerdos. Y ahora pueden decir que no cambiar de estrategia para facilitar la gobernabilidad es una prueba de lealtad al electorado. Y, sin embargo, este tipo de actitudes -o de coherencia mal entendida- lleva al bloqueo si, como ha ocurrido, los pactos resultan ser imprescindibles para la gobernabilidad. En un escenario pluripartidista los vetos y las promesas a priori de no pactar con unos u otros -y todo ello con independencia de los acuerdos programáticos, por cierto, que son los grandes olvidados- deberían ser mirados con desconfianza por un electorado que aspire a gobiernos estables, porque las dos cosas pueden llegar a ser sencillamente incompatibles como estamos viendo.

Por último, convendría no olvidar la llamada de atención de Levitsky y Ziblatt en su espléndido libro Como mueren las democracias; si convertimos -aunque sea retóricamente y en campaña electoral- al adversario político en un enemigo con el que no es posible pactar nada y al que hay que impedir a toda costa que llegue al Gobierno (porque de hacerlo se presume que acabará con los consensos básicos establecidos) estamos minando la esencia misma del sistema democrático. En este sentido, la responsabilidad de los dirigentes es muy grande. Si ellos colaboran y alcanzan acuerdos el mensaje que se lanza a la sociedad es muy claro: los pactos entre adversarios no solo no son peligrosos sino que son posibles y son fundamentales para alcanzar gobiernos estables. Este mensaje me parece clave en una sociedad en la que no existen graves fracturas, como ocurre en otros países, por cuestiones de raza, religión o incluso clase social. El ejemplo de Cataluña es un aviso a navegantes. La fractura social creada lo ha sido de arriba abajo y no a la inversa. En definitiva, si la polarización -como pienso- es inducida por la clase política y se debe, sobre todo, a razones ideológicas y partidistas debería ser más fácilmente reversible con unos líderes responsables. En otro caso, las consecuencias para la propia democracia pueden ser muy graves.

La guerra de España como guerra ideológica / falsedad del átomo
Pío Moa Gaceta.es 20 Julio 2019

Sobre la plaga del feminismo: https://www.youtube.com/watch?v=kCLVsOVtTUE

*El franquismo fue, como todos, un régimen de partidos, aunque se llamaran “familias”. Y, como en todos los regímenes, las rivalidades entre ellos podían resultar muy peligrosas. Aquí se explican algunos aspectos clave de la cuestión, a menudo tan mal entendida https://www.youtube.com/watch?v=9CU7pgIaARE

Los Mitos Del Franquismo (Historia)La guerra civil y los problemas de la democracia en España (Nuevo Ensayo)

****************************

Dada la conflictiva variedad de intereses presentes en la sociedades humanas, las guerras pueden surgir por objetivos muy variados: territoriales, económicos, políticos, religiosos, ideológicos, etc., incluso personales. En la práctica suelen intervenir varios, aunque alguno siempre predomina y da carácter al conflicto . Si hubiéramos de definir el de España creo que su carácter ideológico sería el dominante. Grosso modo, una ideología viene a ser una concepción general del mundo, y el choque entre esas concepciones produce un tipo de guerras radicales, parecidas a las de religión. Cada bando piensa que el enemigo no solo le perjudica económicamente, por ejemplo, sino de manera total, siente que su mera presencia destruye todo lo que da sentido a la vida social y personal, a los sentimientos que le permiten identificarse con su sociedad o sus esperanzas vitales. A estas situaciones se llega generalmente mediante procesos más o menos largos y en gran medida inconscientes para los mismos políticos.

El problema lo vio con claridad premonitoria el editorialista del diario El Sol que en el último día del año 1935 diagnosticó: “Los españoles vamos camino de que nada nos sea común, ni la idea de patria, ni el régimen, ni las inquietudes de fuera ni de dentro, y mucho menos los postulados de la convivencia nacional”, abiertos esperanzadamente por la república. Recojo con frecuencia esta cita porque define la situación y explica, por ejemplo, la negativa de Margarita Nelken o de Federica Montseny (entre tantas) a entender como “fratricida” la contienda: no había fraternidad alguna derivada de compartir un país y una cultura, porque las ideas y sentimientos al respecto se presentaban como radicalmente incompatibles.

Dado que el término “ideología” se presta a muchas interpretaciones, expondré en qué sentido lo empleo aquí con más precisión del resumido más arriba. El concepto procede de Marx, para quien la ideología consistía en un conjunto de ideas sobre el mundo y la vida humana con pretensiones de valor general pero creado en realidad para justificar la dominación de un grupo social sobre la mayoría explotada. Siendo esa su función, sus pretensiones explicativas son en realidad parciales y falsas, opuestas a la ciencia. La religión sería la ideología por excelencia.

En mi ensayo sobre Europa en su historia, he expuesto la cuestión de otro modo: el hombre es en gran medida un misterio para él mismo, y la necesidad de encontrar sentido a su vida y actividad le obliga a depositar fe en algo fuera de su alcance, que les dé ese sentido. La base y sustancia de la cultura europea es el cristianismo, el cual entraña una fuerte tensión interna entre fe y razón o, como a veces se expresa, entre el legado de Jerusalén y el de Atenas. Esa tensión ya dio lugar en la llamada Edad Media a intensos debates entre los escolásticos, con conclusiones divergentes. Con el protestantismo, la tensión se resolvió a favor de la fe y en contra de la razón, “la ramera de Satanás” en frase de Lutero, socavadora permanente de la fe. El catolicismo, en Trento, buscó una vuelta a la difícil armonía entre ambos componentes, pero la Ilustración lanzó un nuevo embate contra el cristianismo al privilegiar la razón y someter la fe a un demoledor examen racionalista. La Ilustración afirmaba la creencia en que la razón conseguiría llegar a conclusiones universalmente válidas, necesarias y por tanto de aceptación forzosa para todo el mundo. Esto, sin embargo, no dejaba a su vez de ser una fe, y el resultado no fueron en modo alguno aquellas “verdades universales” sino ideologías diversas y a menudo radicalmente enfrentadas.

Considero aquí, por tanto, que las ideologías son concepciones del mundo y del hombre, basadas en la razón, con los correspondientes programas prácticos. O más apropiadamente, basadas en una Razón divinizada y reforzada por la ciencia o un concepto de la ciencia. Las ideologías principales en los dos últimos siglos y medio han sido el liberalismo, el marxismo y, ya en la primera mitad del XX, el fascismo y el nacionalsocialismo. El encontronazo entre las tres daría lugar a la II Guerra Mundial y a una profunda decadencia de Europa. En cada una de esas ideología se aprecian, además, interpretaciones discrepantes y hasta opuestas, de modo que ni siquiera puede decirse de cada una que aporte unas conclusiones unívocas y necesarias. Todas ellas estuvieron presentes en la guerra de España, y también otras menores, en particular el anarquismo, muy influyente en la contienda civil y en los movimientos que condujeron a ella. Para entender la conducta del Frente Popular y más ampliamente la guerra, será imprescindible, por tanto, examinar el contenido de las ideologías en pugna así sea a grandes rasgos: estudio casi siempre ausente en las historias de aquellos episodios.

************************
La teoría atomista de Demócrito suele presentarse como un gran avance en el pensamiento científico, pero en realidad es una composición racionalista contradictoria. Racionalista porque extremaba el hecho de que toda la materia puede ir dividiéndose en “pedazos” más pequeños, por lo que había que llegar a un elemento indivisible, pues de otro modo no existiría nada. Sin embargo, el mundo resultante sería una acumulación gigantesca de átomos iguales, con un aspecto uniforme y solo diferenciado en tamaños. Como evidentemente no era así, había que suponer “algo” ajeno a los átomos, que les haría comportarse de maneras muy distintas para originar un mundo tan multicolor y variado, lo cual eliminaba la propia teoría como explicación última. O bien atribuir a los átomos formas, colores y agarres diversos, lo cual implicaba composiciones distintas, es decir, negaba asimismo la propia teoría.

La teoría atomista se ha aplicado también, con pretensiones científicas, a la sociedad. Esta se compondría a su vez de átomos (individuo significa lo mismo que átomo), lo cual daría origen a sociedades perfectamente uniformes, más aún que las de las hormigas. Hay en las ideologías una especie de nostalgia por esa igualdad que garantizarían los átomos personales y que visiblemente nunca existió. También las ideologías quieren ser “científicas”.

Los hunos y los hotros
Jesús Laínz  Libertad Digital 20 Julio 2019

Antes de morir, Unamuno reiteró sus obsesiones, como la barbarie del Frente Popular o su adhesión al alzamiento para salvar la civilización.

El hecho que cambiaría la actitud de Unamuno con el bando alzado fue el celebérrimo, y muy novelado, episodio del 12 de octubre con él y Millán Astray como principales protagonistas. Al parecer, Unamuno, que presidía el acto en representación de Franco, no tenía pensado hablar, pero las palabras de algunos oradores, sobre todo las del catedrático de Literatura Francisco Maldonado contra vascos y catalanes por considerarlos la anti-España, le hicieron cambiar de opinión. Además de recordar que en aquella mesa presidencial estaban sentados un vasco y un catalán que no podían ser acusados precisamente de antiespañoles, apeló a la concordia en un momento en el que el furor bélico estaba provocando muchas víctimas inocentes en ambas retaguardias.

No quedó registro sonoro ni escrito de lo sucedido, por lo que la única fuente de conocimiento son los testimonios, parecidos aunque no coincidentes, de los que allí estuvieron. Pero la versión que más éxito ha tenido fue la de una persona que no estuvo presente y que elaboró de oídas un relato con el objetivo político de escenificar una lucha entre el bien y el mal, personificados en el bando republicano –el suyo– y el nacional. Se trató de Luis Portillo, viceministro azañista de Justicia exiliado en Inglaterra, cuya libre elaboración "Unamuno’s last lecture", escrita un lustro después de los hechos dando rienda suelta a su imaginación, sería considerada fuente directa por Hugh Thomas para su muy influyente The Spanish Civil War (1961), y desde entonces reproducida incluso por historiadores filofranquistas como Ricardo de la Cierva.

La versión de Portillo consiste en el épico enfrentamiento entre el racional rector y el irracional general, arropado este último por falangistas y legionarios pistolas en mano. El núcleo de la narración es la celebérrima frase, tan repetida como el padrenuestro:

Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitarías algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España. He dicho.

El problema de dicha frase, como coinciden todos los presentes, es que nunca fue pronunciada. El propio Unamuno lo relataría así en varias cartas posteriores:

Es el terrible resentimiento, es la envidia (…), es la lepra nacional, es el odio a la inteligencia. Y por haber dicho esto en público, y que vencer no es convencer, ni conquistar es convertir, y haber pedido otros métodos, el gobierno dictatorial militar que me restituyó mi rectorado me ha destituido de él sin oírme ni darme explicaciones (carta a su traductora italiana Maria Garelli, 21 de noviembre). En una fiesta universitaria que presidí dije toda la verdad, que vencer no es convencer ni conquistar es convertir, que no se oyen sino voces de odio y ninguna compasión. ¡Hubiera usted oído aullar a esos dementes de falangistas azuzados por ese grotesco y loco histrión que es Millán Astray! (carta a su amigo bilbaíno Quintín de Torre, 1 de diciembre).

El matiz es importante, pues no es lo mismo proponer a alguien compasión que reprocharle altaneramente su actitud. Y tampoco aparece testimonio de que Millán Astray pronunciara el igualmente célebre "¡Muera la inteligencia!". Así lo recordó José María Pemán ("La verdad de aquel día", ABC, 26 de noviembre de 1964):

Recuerdo que combatió el excesivo consumo de la palabra anti-España; que dijo que no valía sólo vencer, sino que había que convencer (…) Cuando terminó y se sentó, se levantó, como movido por un resorte, el general Millán Astray, inesperada y para mí innecesariamente (…) Fueron unos gritos arrebatados de contradicción a Unamuno. No hubo ese "muera la inteligencia" que luego se ha dicho y que denuncia claramente su posterior eleboración culta (…) Lo que dijo fue "mueran los intelectuales"... Hizo una pausa. Y como vio que varios profesores hacían gestos de protesta, añadió con ademán tranquilizador: "los falsos intelectuales traidores, señores".

De los testimonios directos recopilados por el biógrafo Emilio Salcedo y, más recientemente, por el historiador Severiano Delgado, se deduce que la tensa versión de Portillo no se atiene a la verdad. En cuanto a las palabras exactas, confirmadas por el propio Unamuno en su correspondencia, debieron de aproximarse a esto:

Vencer no es convencer y hay que convencer sobre todo, y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión; el odio a la inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, mas no de inquisición.

La falsedad de Portillo, tanto en las palabras –brevísimas en los labios de Unamuno y discurso ciceroniano en su pluma– como en los hechos, puede apreciarse también en las fotografías conservadas: Unamuno saliendo tranquilamente junto a Carmen Polo y el cardenal Pla, Millán Astray dándoles la mano amablemente y unos falangistas sin gestos crispados ni ademanes violentos. Pero lo que sí es cierto es que aquel encontronazo implicó su destitución como concejal y rector así como el enfriamiento de sus relaciones con unas autoridades que le dieron la espalda a partir de entonces.

Durante los dos meses que le quedaron de vida concedió varias entrevistas, escribió algunas cartas y esbozó el Resentimiento trágico de la vida, que no llegaría a la imprenta hasta 1991. Si hasta aquel momento había disparado sus invectivas sólo contra el bando republicano, a partir del 12 de octubre las dedicó también al contrario: los hunos y los hotros, como habrían de pasar a la historia de la obra unamuniana. No había transcurrido una semana del agitado episodio universitario cuando Unamuno fue entrevistado por Nikos Kazantzakis para el diario ateniense Kathimeriní. Aunque manifestó su desesperación por la locura que se había adueñado de ambos bandos, a los que acusaba de no creer en nada, ni en Lenin, ni en Cristo, y de que lo único que les movía era la rabia, insistió en su defensa del bando nacional, único capaz de garantizar el orden:

En este momento crítico que está atravesando España, yo sé que debería estar junto a los soldados. Son ellos los que nos salvarán, los que impondrán el orden. Los otros nos han traído la anarquía y la barbarie. Franco y Mola son prudentes y tienen rectitud moral. Quieren el bien del país, son sencillos y equilibrados. Saben lo que significa la disciplina y saben imponerla. No haga caso, no me he vuelto de derechas, no traicioné la libertad. Pero, por ahora, es absolutamente necesario imponer el orden. Después me levantaré y empezaré a luchar de nuevo por la libertad, absolutamente solo. No soy ni fascista ni bolchevique. Estoy solo.

En los últimos días de octubre le entrevistaron los hermanos Jean y Jerôme Tharaud. Comenzó lamentando que le hubieran destituido "por palabras bien inocentes y que no niego" y concluyó repitiendo su propuesta de suicidio a Azaña. Cuando el entrevistado señaló que lo que estaba sucediendo en España le parecía consecuencia de "una enfermedad mental colectiva, una epidemia de locura con un substrato patológico", los entrevistadores le lanzaron una pregunta muy característica de la visión que suele tenerse de España desde el norte de los Pirineos, a la que Unamuno respondió con una reflexión racial que ya había apuntado dos meses antes al norteamericano Knickerbocker:

–En este furor sanguinario que prevalece tan extrañamente en España, ¿no hay algo que viene de todo lo que en ella hay de árabe y de bereber?

–Es muy posible. Pero hay otra sangre que se ha mezclado en nuestras venas, de la que no se habla nunca, pero que, en mi opinión, tiene una importancia considerable en la formación de nuestra raza y de nuestra mentalidad. Es la sangre de los gitanos, esa población errante de herreros, de estañadores, de negociantes de caballos, de trenzadores de canastas, de las que dicen la buenaventura, que se les encuentra por doquier en este país, hasta en la más insignificante aldea. Tales gitanos tienen instintos primitivos, inhumanos, antisociales, y estoy convencido de que es sobre todo a través de ellos que se ha introducido entre nosotros una herencia cruel.

Posteriormente extendería la crueldad congénita a los andaluces, sin distinción de bandos y con las ideologías como meras excusas. Por ejemplo, el 27 de noviembre escribió esto a Francisco de Cossío, director de El Norte de Castilla y partidario de los sublevados:

Claro está que aun siendo hoy ya toda la Falange algo inmundo, de verdugos demenciados, no comparo lo de aquí, la castellana con la andaluza. Lo de Andalucía es algo que pone espanto. De parte de los hunos y de los hotros. En el fondo es una locura colectiva con cierta base somática. Una epilepsia de la doble lepra española, la sífilis y la envidia. Lo de Málaga, Almería, Granada, Sevilla… es indecible. Esos degenerados andaluces con sus bizantinas pasiones de invertidos sifilíticos y de eunucos masturbadores. ¡Y eso se ampara en yugos y flechas! ¡Como en hoces y martillos!

En cuanto al breve manifiesto que redactó para explicar su postura, y que copió a los hermanos Tharaud, podría resumirse su contenido en estos párrafos:

Apenas iniciado el movimiento popular salvador que acaudilla el general Franco, me adherí a él diciendo que lo que hay que salvar en España es la civilización occidental cristiana y con ella la independencia nacional (…) En tanto, me iban horrorizando los caracteres que tomaba esta tremenda guerra civil sin cuartel debida a una verdadera enfermedad mental colectiva, a una epidemia de locura. Las inauditas salvajadas de las hordas marxistas, rojas, exceden todo descripción y he de ahorrarme retórica barata. Y dan tono no socialistas, ni comunistas, ni sindicalistas, ni anarquistas, sino bandas de malhechores degenerados, expresidiarios criminales natos sin ideología alguna que van a satisfacer feroces pasiones atávicas. Y la natural relación a esto toma también muchas veces, desgraciadamente, caracteres frenopáticos (…) Si el desdichado gobierno de Madrid no ha podido querer resistir la presión del salvajismo apellidado marxista, debemos esperar que el gobierno de Burgos sabrá resistir la presión de los que quieren establecer otro régimen de terror (…) Insisto en que el sagrado deber del movimiento que gloriosamente encabeza Franco es salvar la civilización occidental cristiana y la independencia nacional, ya que España no debe estar al dictado ni de Rusia ni de otra potencia extranjera cualquiera, puesto que aquí se está librando, en territorio nacional, una guerra internacional. Y es deber también traer una paz de convencimiento y de conversión y lograr la unión moral de todos los españoles para rehacer la patria que se está ensangrentando, desangrando, arruinándose, envenenándose y entonteciéndose. Y para ello, impedir que los reaccionarios se vayan en su reacción mas allá de la justicia y hasta de la humanidad, como a las veces tratan (…) Triste cosa sería que el bárbaro, anti-civil e inhumano régimen bolchevístico se quisiera sustituir con un bárbaro, anti-civil e inhumano régimen de servidumbre totalitaria. Ni lo uno ni lo otro, que en el fondo son lo mismo.

Incapaz de comprender el estallido de furia colectiva, incluido el bando que se decía –y él creía– defensor de la civilización, intentó hallar la explicación en algunos culpables identificables: militares furiosos como Martínez Anido o el propio Millán Astray, curas fanáticos o, sobre todo, unos falangistas a los que en un principio consideró perniciosos por su cercanía al fascismo. A pesar de ello, siempre tuvo en alta estima a José Antonio e incluso, invitado por él, asistió a un mítin falangista celebrado Salamanca en febrero de 1935, asistencia que acabaría teniendo el inimaginable efecto de que por ella la Academia Sueca le privó del premio Nobel de Literatura del año siguiente.

Pero con el paso de los meses fue advirtiendo que los falangistas no tenían la influencia que había supuesto –"parece que los desgraciados falangistas empiezan a reaccionar y a avergonzarse, si es que no a arrepentirse, del papel de verdugos que han estado haciendo"– y cambió su acusación hacia los carlistas y el general Mola, a quien en un principio había tenido por sensato y ahora dedicaba los peores adjetivos. Por el contrario, siempre tuvo en alta consideración a Franco, al que exculpó de los desmanes cometidos por sus aliados. Así se lo explicó a Quintín de Torre, con singular sinceridad por tratarse de una carta privada, dos semanas antes de morir:

En cuanto al caudillo –supongo que se refiere al pobre general Franco–, no acaudilla nada en esto de la represión, del salvaje terror de retaguardia. Deja hacer. Esto, lo de la represión de retaguardia, corre a cargo de un monstruo de perversidad, ponzoñoso y rencoroso. Es el general Mola (…) Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco, sin contar con los otros y fiado –como sigo estándolo– en este supuesto caudillo. Que no consigue civilizar y humanizar a sus colaboradores. Dije, y Franco lo repitió, que lo que hay que salvar en España es la "civilización occidental cristiana" puesta en peligro por el bolchevismo, pero los métodos que emplean no son civiles, no son occidentales, son africanos –el África no es, espiritualmente, Occidente–, ni menos son cristianos. Porque el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. Eso es militarización africana pagano-imperialista; y el pobre Franco (…) se ve arrastrado en ese camino de perdición. Y así nunca llegará la paz verdadera. Vencerán, pero no convencerán, conquistarán, pero no convertirán.

Una semana antes de su muerte recibió a Armando Boaventura, del lisboeta Diário de Noticias, a quien le subrayó que consideraba a las "hordas rojas" unos "fenómenos patológicos, malhechores, expresidiarios, criminales natos de tipo lombrosiano que procuran satisfacer las ruines pasiones que abrigan en sus instintos de bestias feroces". En cuanto al bando nacional, le indicó su disgusto por todos los partidos agrupados en él y su adhesión a Franco, "un buen hombre y un gran general".

En sus últimas líneas, esbozadas tres días antes de morir, el desesperado Unamuno reiteró sus obsesiones: la barbarie del Frente Popular, su adhesión al alzamiento para salvar la civilización, los métodos no civilizados de los militares, el desquite de inspiración carlista y frailuna por encima de la lucha contra el marxismo, el exilio exterior o interior que esperaba a muchos españoles inteligentes y limpios de corazón, el abatimiento…

Lo dejó anotado en las desordenadas cuartillas de El resentimiento trágico de la vida: "Da asco ser hombre".

www.jesuslainz.es
******************* Sección "bilingüe" ***********************

Una Stasi lingüística en los recreos de Cataluña
OKDIARIO 20 Julio 2019

El independentismo catalán y vasco, lejos de interpretarse como un signo de modernidad y de emancipación, como habitualmente sucede en ciertos ambientes izquierdistas, es, por el contrario, un fenómeno reaccionario en extremo, que porta en su ADN constitutivo –el nacionalismo– una de las principales causas de las dos guerras mundiales que asolaron Europa, además de ser fuente de interminables conflictos, dentro y fuera del continente.

El nacionalismo es, en esencia, una religión sustitutiva que aporta, al igual que las religiones tradicionales, un significado de totalidad. Con la diferencia sustancial que los grandes sistemas religiosos sitúan esta totalidad en la trascendencia, mientras que los nacionalismos lo inmanentizan para hacer del Estado-nación una suerte de dios mortal. La experiencia del siglo XX nos ilustra perfectamente hacia dónde desembocó este camino: en los regímenes fascistas surgidos en Europa entre 1918 y 1945.

Las políticas lingüísticas que los partidos nacionalistas tratan de imponer, cada vez más a las claras, en los territorios donde son fuerzas mayoritarias muestra las tendencias totalitarias, de corte fascista, que son congénitas a este movimiento. Esto es lo que rezuma cada una de las páginas del Documento para la organización y gestión de los centros que el Gobierno de la Generalitat, liderado por Quim Torra, quiere implantar para el próximo curso. Su objetivo es que la lengua catalana no sea únicamente "objeto de aprendizaje" sino que sea el idioma utilizado en cualquier ámbito: aulas, recreos y comedores.

Los nacionalistas tienen claro que tendrán que crear e imponer un personal extra, cuya función será estar a cargo de la gestión de actividades no educativas. Es decir, montar una especie de Stasi lingüística que se inmiscuya en los procesos de socialización de los alumnos para vigilarlos e imponerles el uso de un único idioma. Esto tiene un nombre muy claro: fascismo.

El Gran Germà del patio
José García Domínguez  Libertad Digital 20 Julio 2019

Ahora se dedican a espiar a los niños en los patios de los colegios para constatar, y con infinita desolación, que esos pequeños traidores a la pàtria se siguen empeñando en hablar el idioma que les da la gana en cuanto nadie los controla. Pero eso es ahora. Porque Plataforma per la Llengua, la enfermiza cofradía de acosadores de la infancia catalana que ampara Torra, no es más que el nuevo nombre oficial que adoptó, allá por 1990, la Crida a la Solidaritat, aquella trama de agitación e intimidación callejera auspiciada por Pujol y la totalidad de los partidos catalanistas como respuesta al Manifiesto de los 2.300 en defensa de la la lengua común castellana. Ruidoso chiringuito, la Crida, que tuvo por vicepresidente e impulsor principal al ahora afamado golpista Jordi Sànchez. Parece, pues, que nuestros muy patrocinados talibanes domésticos acaban de descubrir con horror que en Cataluña, y ya desde la más tierna infancia, es costumbre habitual practicar eso que los filólogos llaman diglosia, esto es, el hábito de cambiar de idioma de forma casi inconsciente según el contexto social en el que el hablante se encuentre.

Una práctica colectiva que solo tiene unos quinientos años de antigüedad en la plaza. Así las cosas, siendo yo niño, todos mis profesores impartían sus clases en castellano, pero la gran mayoría de ellos se pasaba al catalán en cuanto sonaba el timbre de salida. Muchos años después, cuando yo mismo fui profesor, seguía ocurriendo lo mismo, solo que al revés: las clases se impartían exclusivamente en catalán, pero al volver a pisar la calle, alumnos y profesores, todos, retornaban al castellano de modo automático. Retornaban y siguen retornando, pues justo eso es lo que ahora mismo continúa aconteciendo tal como certifican alarmados los informes confidenciales de los espías de Torra. Y es que, frente al falsario cuento lacrimógeno de los catalanistas a propósito de la terrible persecución sufrida por la lengua vernácula a lo largo de la Historia, lo cierto y verdadero es que la diglosia ya era algo muy normal en Cataluña cuando Felipe V firmó el Decreto de Nueva Planta.

De ahí que, mucho antes de 1714, los buenos burgueses y gentilhombres de la élite de Barcelona educaran a sus retoños en castellano, acudieran a ver representaciones de teatro en castellano dentro de los muros de la ciudad, leyeran libros en castellano y hablasen con notable desenvoltura y pericia formal en castellano cuando se topaban con algún interlocutor que tuviera esa lengua por propia. En todo lo demás, seguían utilizando el catalán. O sea, una situación muy similar a la de hoy mismo, tanto en los patios de los colegios como en las aceras de las calles o en las barras de los bares. Frente a la gran mentira canónica catalanista, el castellano no entró en Cataluña ni tras las bayonetas de Felipe V, a principios del XVIII, ni tampoco dentro de las maletas de madera de los emigrantes interiores que arribaron en distintas oleadas a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Su gradual penetración a partir de la Baja Edad Media fue un proceso por entero endógeno, no exógeno. Y que la Stasi con barretina y su jefe supremo, ese gran asno llamado Torra, todavía lo ignoren para nada cambia las cosas. Escupen contra el viento.

Las oportunidades perdidas de Cs
Antonio Robles  Libertad Digital 20 Julio 2019

El miércoles se supo que Francesc de Carreras había dejado Cs por su negativa a facilitar el Gobierno a Pedro Sánchez. El mundo del periodismo y los adversarios políticos han subrayado el hecho como si la renuncia de Carreras, después del cisma en la dirección, acelerara definitivamente la ruina del partido.

Ni ruina ni viento en popa, un acontecimiento más en la marcha de Rivera hacia el desguace del Cs fundado en 2006 y su sustitución por un modelo cesarista.

Los acontecimientos de estas últimas semanas, a partir del "no es no" al PSOE y las labores de desescombro en la Ejecutiva, no son nuevos, sólo un paso más en la confusión entre partido y líder. Sustituirá a los dirigentes con criterio propio por acólitos y ahí acabará todo. Así lo hizo con la crisis de Libertas en 2009, así lo hizo en el CN poco después, cuando eliminó la limitación de mandatos y la reducción de las listas abiertas, así lo hizo en el Congreso de 2017, con la eliminación de la socialdemocracia del ideario, y así pasará ahora. Limpieza y control.

No lo hace por antojo de "un adolescente caprichoso", como le reprochó Francesc de Carreras en El País, sino por el control del poder con las formas frías del acero. Su rostro aniñado y sus maneras educadas no deberían servir para minusvalorarle: tiene la misma ambición que Pedro Sánchez, esconde mejor que él sus defectos, y ha logrado que Cs sea un partido que no puede concebirse ya sin él. Él es Cs. Para los que crean que Inés Arrimadas podría coger el relevo, les adelanto que Inés es creación suya. También. Aunque ha crecido y se haya ganado un respeto. Pero nunca permitirá que se le suba a las barbas. Para escépticos: mirad por el retrovisor cómo acabó Rosa Díez.

Nada de esto es nuevo. Se afilió al PP con la ambición de liderar a sus juventudes, y en cuanto le vedaron el paso lo dejó. Llegó a Cs cuatro meses antes de su fundación, y desde el principio quiso acaparar cargos y eliminar adversarios potenciales. Empezando por ignorar a los intelectuales que le pusieron rostro mediático a la fundación del partido. Jamás les tomó en cuenta. Ese mito periodístico de los fundadores de Cs guiando al joven partido en sus primeros pasos nunca existió. Arcadi Espada le catalogaba entre bambalinas de "Rey Sol" porque ni siquiera le cogía el teléfono. Con el único que mantenía cierta cercanía era con el ecuánime Francesc, y sólo para adornar sus decisiones y darles lustre.

Quienes hicimos posible la creación de Cs como instrumento para embridar al nacionalismo y defender España como espacio del bien común, le hemos perdonado errores monumentales y oportunidades perdidas, pero todo tiene un límite. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a convertir los esfuerzos de miles de personas en un cortijo privado para su ambición personal. Lo hizo de manera obscena en 2009 pactando con la ultraderechista Libertas. A punto estuvo de acabar con Cs, si la dimisión de dos de sus tres diputados y los intelectuales comprometidos con la causa no hubiéramos presionado hasta hacerle rectificar. Después de aquello, verle ahora sobreactuar contra Vox para ocultar su huida a la derecha y borrar el apodo mediático de "veleta" invita a la ternura.

En el camino de Albert a la Moncloa, Cs ha perdido muchas oportunidades. Me centraré en la más bochornosa, la renuncia de Inés Arrimadas a presentar su candidatura a la presidencia de la Generalidad en 2017. El error fue tan descomunal como la causa que lo inspiró: evitar cualquier derrota parlamentaria en la ascensión de Albert Rivera a la Moncloa.

Fue una oportunidad perdida para decirle al mundo que un partido no nacionalista había ganado las elecciones en Cataluña y borrar de un plumazo a nivel internacional la identificación de nacionalismo y Cataluña. Una oportunidad única para dirigirse a todos los ciudadanos de Cataluña sin filtros ni controles de medios nacionalistas y mostrarles un programa cívico, social, integrador, de respeto por todos en una sociedad ensimismada con un relato infectado de mentiras y odio. Intercalando español y catalán, sin complejos ni exclusiones. Y lo mejor, como candidata podía disponer de tiempo ilimitado en la presentación de su investidura y desgranar una a una, con todo lujo de detalles, cada una de las mentiras y falsificaciones históricas. Para desactivarlas internacionalmente.

Una oportunidad única para rodearse de juristas, constitucionalistas, historiadores, economistas, antropólogos, sociólogos, filólogos, filósofos, psicólogos, ingenieros, médicos, maestros, informáticos, periodistas… un auténtico círculo de sabios y armar un discurso impecable, racional, empírico, y emocionalmente equilibrado, que expusiera el ambiente irrespirable y supremacista que ha impuesto el nacionalismo con mentiras, manipulaciones y corrupción, no sólo en Cataluña, sino en el resto del mundo.

Cinco, seis, siete horas seguidas hablando serían noticia en el mundo entero, y con ella la información que desenmascararía las mentiras del procés en ciernes. Una lección magistral de lo que es un Estado de Derecho y por qué lo estaban conculcando en Cataluña en nombre de la libertad y la democracia. El sueño ilustrado del sentido común. Quién sabe si hubiera abortado la asonada golpista posterior.

Esa epopeya de desintoxicación como campaña valdría millones, y se necesitarían años para llevarla a cabo con éxito. Y, sin embargo, estuvo al alcance de Albert Rivera, que prefirió esconderse para evitar un manchón en su carrera a la Moncloa. Sería rechazada, por supuesto, pero después de dejar al PSC a la intemperie si la rechazaba.

Ahora tienen de nuevo la oportunidad de volver al Pacto de Vergara con 180 escaños, evitando a nacionalistas y populistas. La función de bisagra por la que nació.

Coda: se lo hice saber. Hubiera sido épico, no por el arrojo mostrado, sino por la victoria de la razón y el conocimiento al servicio de la verdad y la libertad. Monotonía de lluvia tras los cristales…

Un bloqueo institucional reversible
ELISA DE LA NUEZ El Mundo 20 Julio 2019

Son muchas las reflexiones que pueden hacerse del sorprendente bloqueo institucional que vivimos en España desde las últimas elecciones generales, o para ser más exactos, desde que se rompió el bipartidismo en 2015. Desde entonces ha habido tres generales y una moción de censura, y periodos de tiempo muy prolongado con gobiernos en funciones, con lo que eso supone desde el punto de vista de la gobernabilidad. Recordemos que su función principal es hacer el traspaso de poderes al nuevo Ejecutivo, evitando que se produzca un vacío de poder; de ahí que, como recuerda la Ley del Gobierno, deben limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos y no puede adoptar otro tipo de medidas, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general. Y es lógico puesto que un Gobierno en funciones no goza de la confianza de las nuevas Cámaras. El presupuesto es que un Gobierno esté muy poco tiempo en funciones. Pero Rajoy en 2016 gobernó en funciones durante 316 días y el actual Gobierno de Pedro Sánchez lleva ya en funciones desde las elecciones del 28 de abril. Y más allá de haberse fijado una fecha por fin para la votación de investidura, las previsiones no son buenas.

Lo cierto es que el sistema político español parece incapaz de compatibilizar la gobernabilidad con el pluripartidismo. Hay muchos factores que lo explican, aunque no por eso la situación resulta menos preocupante. Se pueden mencionar, en primer lugar, los factores estratégicos; la coincidencia temporal de las generales con las autonómicas y locales que ha priorizado los pactos regionales y municipales sobre los nacionales; la renuncia de Ciudadanos a funcionar como partido bisagra -que fue el papel que desempeñó de forma fallida con el acuerdo con Sánchez que no consiguió la abstención de Podemos y después con éxito con el Gobierno de Rajoy gracias a la abstención del PSOE- , lo que ha dejado vacío un espacio que en un entorno tan fragmentado resulta crucial para facilitar la gobernabilidad; la presencia de unos cuantos partidos antisistema en el Parlamento, con un número nada desdeñable de escaños, lo que plantea el debate de si es preferible integrarlos en los acuerdos o hay que vetarlos y levantar un cordón sanitario, obviando la cuestión de que un cordón sanitario se le impone a sus votantes puesto que son partidos legales aunque no sean constitucionalistas, como han puesto de relieve las peculiares fórmulas empleadas por sus diputados para la toma de posesión.

Cabe también añadir que el pluripartidismo ha acentuado no solo la fragmentación sino también la polarización, dado que los partidos tienden necesariamente a buscar una mayor diferenciación de sus competidores electorales, poniendo el foco sobre las diferencias y atenuando las semejanzas, que suelen ser mucho mayores de las que se muestran a los votantes. Por otro lado, los nuevos partidos en cuanto a su estructura y democracia interna, compiten en hiperliderazgos con los viejos partidos, teniendo aparentemente las mismas o mayores dificultades que ellos para integrar corrientes minoritarias o discrepantes o para contar con las voces críticas que, como ha ocurrido con Íñigo Errejón, han tenido que formar su propia plataforma electoral. Por último, también los propios líderes tienen que marcar diferencias entre sí, máxime cuando todos son hombres de la misma generación y la mayoría con carreras políticas dilatadas y algunos, como Sánchez o Rivera, curtidos en la adversidad política.

En todo caso, hay que tener presente que el pluripartidismo se mueve dentro de un sistema político cuyos incentivos institucionales no han variado y eso explica muchas cosas. Esos incentivos, que no suponían problemas en épocas de bipartidismo imperfecto, como demuestra la gran estabilidad de los Gobiernos hasta 2015, ahora sí lo son. El factor institucional es muy relevante por la sencilla razón de que las reglas del juego que tenemos no ofrecen incentivos suficientes para la formación de Gobiernos en un entorno fragmentado y permiten con facilidad el bloqueo que padecemos. No es casualidad que sea más fácil alcanzar acuerdos en ayuntamientos, donde si no hay un acuerdo que alcance la mayoría absoluta gobierna automáticamente la lista más votada, o en comunidades que sí cuentan con los incentivos correctos. En cambio, en el ámbito estatal hay que mencionar la falta de previsión de un plazo para presentarse a la investidura, lo que permite posponer sine dia ese momento si el aspirante a presidente del Gobierno no lo considera oportuno por no tener garantizada la mayoría a favor. Recordemos lo que ocurrió cuando Rajoy se negó a presentarse tras las elecciones de 2015, lo que provocó un primer bloqueo institucional que solo se resolvió tras la presentación fallida de Sánchez a la investidura y la convocatoria automática de elecciones a los dos meses, tras ponerse en marcha el calendario electoral.

Por tanto, mientras no se cambien estos incentivos -y hay muchas propuestas encima de la mesa, algunas bastante razonables como copiar la fórmula del Parlamento vasco en que los diputados solo pueden votar a favor del candidato a lehendakari o abstenerse, pero no votar en contra-, hay que seguir funcionando con las reglas de juego que tenemos. De ahí la necesidad de apelar a la responsabilidad de todos porque es urgente que las instituciones funcionen. Ahí tenemos el ejemplo de Cataluña como aviso de navegantes de lo que ocurre cuando un bloqueo se cronifica, un Parlamento no legisla y un Gobierno no gobierna, todo ello combinado con la agitación de la calle.

Pero conviene no olvidar el factor cultural que suele ir unido al institucional. Es cierto que los ciudadanos (según el útimo CIS) no habían estado tan preocupados por sus políticos desde 1985; pero no lo es menos que no parecen haber castigado en las urnas las estrategias de polarización, de vetos cruzados y del no es no desplegadas ampliamente en la campaña electoral, que permitían augurar un escenario como el que vivimos de no darse, como estaba pronosticado, una mayoría absoluta. Al contrario, algunos partidos pueden interpretar razonablemente sus resultados como un aval a sus propuestas de vetos o de no alcanzar determinados acuerdos. Y ahora pueden decir que no cambiar de estrategia para facilitar la gobernabilidad es una prueba de lealtad al electorado. Y, sin embargo, este tipo de actitudes -o de coherencia mal entendida- lleva al bloqueo si, como ha ocurrido, los pactos resultan ser imprescindibles para la gobernabilidad. En un escenario pluripartidista los vetos y las promesas a priori de no pactar con unos u otros -y todo ello con independencia de los acuerdos programáticos, por cierto, que son los grandes olvidados- deberían ser mirados con desconfianza por un electorado que aspire a gobiernos estables, porque las dos cosas pueden llegar a ser sencillamente incompatibles como estamos viendo.

Por último, convendría no olvidar la llamada de atención de Levitsky y Ziblatt en su espléndido libro Como mueren las democracias; si convertimos -aunque sea retóricamente y en campaña electoral- al adversario político en un enemigo con el que no es posible pactar nada y al que hay que impedir a toda costa que llegue al Gobierno (porque de hacerlo se presume que acabará con los consensos básicos establecidos) estamos minando la esencia misma del sistema democrático. En este sentido, la responsabilidad de los dirigentes es muy grande. Si ellos colaboran y alcanzan acuerdos el mensaje que se lanza a la sociedad es muy claro: los pactos entre adversarios no solo no son peligrosos sino que son posibles y son fundamentales para alcanzar gobiernos estables. Este mensaje me parece clave en una sociedad en la que no existen graves fracturas, como ocurre en otros países, por cuestiones de raza, religión o incluso clase social. El ejemplo de Cataluña es un aviso a navegantes. La fractura social creada lo ha sido de arriba abajo y no a la inversa. En definitiva, si la polarización -como pienso- es inducida por la clase política y se debe, sobre todo, a razones ideológicas y partidistas debería ser más fácilmente reversible con unos líderes responsables. En otro caso, las consecuencias para la propia democracia pueden ser muy graves.

España se encamina, inexorablemente, al caos político
La falta de respeto por la Ley se convierte en práctica común entre separatistas, comunistas, progresistas y antisistema. Cataluña a la cabeza de la revolución contra la unidad España
Miguel Massanet diariosigloxxi 20 Julio 2019

Mientras los miembros del gobierno socialista en funciones siguen convencidos de que los españoles somos capaces de tragarnos todo lo que tengan a bien decir en defensas de sus intereses políticos; beneficios que, por otra parte, los mantienen alejados de sus principales funciones de gobierno que, por extraño que pueda parecer, quedan supeditadas a lo que, para el PSOE del señor Pedro Sánchez, parece que se ha constituido en su objetivo primordial, excluyente, obsesivo y, evidentemente, ajeno a lo que debería ser la preocupación de cualquier gobernante de un país, de cuidar de que las leyes del Estado se respeten y se cumplan por todos los españoles; se mantenga el orden y la seguridad de la ciudadanía en todos rincones del ámbito territorial comprendido dentro de las fronteras de la nación, de modo que la vida cotidiana de los ciudadanos, sus derechos constitucionales, su seguridad, sus libertades, la igualdad con el resto de los conciudadanos, cualquiera que fuera el lugar de la nación en el que decidieran residir; tuvieran la garantía absoluta de la tutela del Estado, ejercida a través de su gobierno, sus autoridades nacionales, sus funcionarios y sus representantes, autonómicos o locales, de modo que ningún español se pudiera llegar sentirse extraño, incómodo, postergado o privado de sus derechos básicos, en cualquiera que fuere la parte de España en la que decidiera asentarse.

Por desgracia, ya hace bastante tiempo que los gobernantes, de uno y otro color político, parecen estar más preocupados por mantenerse en el poder y conseguir el apoyo para asentarse en la poltrona gubernamental, que en ocuparse de que la nación pueda mantener su actividad económica, que los ciudadanos no se sientan discriminados según la parte del país en la que les haya tocado vivir, que las calles sean lo suficientemente seguras para que la delincuencia no haga de ellas un lugar peligroso en el que pueda resultar poco menos que arriesgado, azaroso, inseguro y, en ocasiones, turbulento y peligroso transitar. De hecho, el señor Sánchez, que accedió al gobierno de la nación española por medio de una moción de censura que, a la vez, comportó la expulsión del señor Rajoy de la presidencia del gobierno; ha convertido los más de doce meses que está al mando del gobierno de España y que, con toda probabilidad, va a seguir ocupando la poltrona gubernamental en adelante, debido a su pasado triunfo en las urnas; en una constante campaña de propaganda sobre su persona. Se puede decir que, tanto él como su ejecutivo, han dedicado el ,90% de su estancia en la Moncloa trabajando para conseguir asegurarse la permanencia al frente del gobierno español en próximas legislaturas lo que, dada la despreocupación, que durante este año que lleva al frente del ejecutivo, por los problemas que verdaderamente afectan a los ciudadanos y su empeño en ocultar, quitarles importancia, cuando no defender los intentos del separatismo catalán y vasco durante unos meses en los que la demostración de fuerza, de desacato al Estado español y a sus leyes y a la propia Constitución, por parte de las autoridades e instituciones soberanistas ha sido, no sólo creciente, descarada, temeraria y obsesiva, sino que la situación a ala que han llevado a aquella autonomía, ha dado lugar a que, cada día que pasa, se está convirtiendo en más opresiva e insoportable para los millones de ciudadanos españoles que, sin compartir el soberanismo que se masca en una parte muy importante de los ciudadanos que propugnan la división de Cataluña de España, se ven precisados, como si vivieran en un país extranjero, a aquietarse ante la presión que, desde todas las instituciones y autoridades catalanas, se vienen ejerciendo para chantajear, forzar, obligar y coaccionar a quienes pretenden que se les respeten sus derechos como españoles, para que acaben cediendo y opten por abandonar Cataluña, como ha sucedido con los numerosos médicos que se han trasladado a otros lugares del reino al verse coaccionados para que se pongan a estudiar catalán si quieren continuar ejerciendo en esta autonomía o bien, han tenido que encerrarse en una especie de guetos mentales, en los que esconder todos aquellos sentimientos y lealtades que, si los manifestase públicamente, le reportarían tener que vivir en un aislamiento insoportable.

Pero, en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo en Cataluña, mientras el Gobierno simula que no se entera y sigue permitiendo que las instituciones que gobiernan Cataluña, desde la Generalitat del señor Torra, al Parlament del señor Torrent o sociedades “cívicas”, patrocinadas por el Ayuntamiento y la Generalitat, como la ANC o el Omnium Cultural, sigan actuando impunemente apoyadas, desde laTV3 o Cataluña Radio, que, como es evidente, fueron los medios que colaboraron de una forma más directa en los sucesos del 1.O; dando instrucciones y avisando a los rebeldes separatistas de los movimientos de la policía nacional y la Guardia Civil, para obstaculizar el trabajo de ambas fuerzas policíacas.

La lista de irregularidades es larga y deja al descubierto la forma con la que los dirigentes separatistas, que dirigen Cataluña, actúan con plena impunidad mientras que, desde el Gobierno de Madrid, se observa de lejos y se mantienen inactivos e impasibles, mientras piensen que puedan necesitar el apoyo de ERC y los otros partidos separatistas para la investidura del señor Sánchez. ¿Sabían ustedes que, el señor Quim Torra, ha establecido un sistema de espionaje sobre los alumnos de los colegios públicos catalanes en el que, al parecer, estar involucrados profesores, padres de familia, etc? Al parecer uno de estos estudios que tanto proliferan para seguir la evolución de la lengua catalana no sólo en las instituciones, dónde se viene imponiendo a rajatabla, sino, admírense ustedes, ¡en los patios de los colegios! Resulta que, desde la “Plataforma per la Llengua” (una ONG volcada en la inmersión lingüística) han llegado a la conclusión “¡grave conclusión!” de que, en los patios de los colegios, durante los recreos, los alumnos utilizan mayoritariamente el castellano (la lengua vehicular de una gran parte de los que viven en Cataluña) y que, sólo un 24% utilizan el catalán. Ante semejante “blasfemia” se han disparado todas las alarmas y la KGB de la Generalitat parece que ha decidido averiguar quiénes son los alumnos que incurren en semejante “sacrilegio”, suponemos que para tomar nota y ejercer las represalias sobre ellos y sus familias.

Pero no acaban aquí los esfuerzos de todos estos fanáticos defensores de la independencia de Cataluña, porque ahora sabemos que los jueces y magistrados se han quejado de que, en los ordenadores facilitados por la Generalitat para que puedan llevar a cabo su labor jurisdiccional, aparece una ventana en la que se les indica que deben apretar una determinada tecla para que la Generalitat pueda vigilar lo que cada juez o magistrado escribe respecto a los asuntos de su competencia, violando con ello el supuesto secreto profesional que debe presidir, como garantía del derecho a la privacidad de todas aquellas personas, cuyos datos y circunstancias personales, puedan aparecer especificados en los referidos expedientes que obren en los archivos de cada juzgado o tribunal.

“Ninguna conquista ha sido regalada, si actuamos unidos, saldremos adelante, pero hay que hacerlo desde la determinación. Nuestro único enemigo es el miedo, salgamos a la calle y expliquemos que lo volveremos a hacer”. Esta consigna, inventada por el recluso, en prisión provisional por presuntos delitos cometidos contra el Estado español, señor Jordi Cuixart, es lo que, dos actores catalanes, identificados con los independentistas que están esperando la sentencia del TS sobre lo que haya quedado demostrado, en el juicio que se llevó a cabo para determinar el grado de responsabilidad de todos ellos en los sucesos que tuvieron lugar en Cataluña el 1.O del 2017; se dedican a ir leyendo en voz alta, en los vagones del metro de Barcelona, para que los viajeros que lo tienen que usar necesariamente vean perturbada su tranquilidad anímica viéndose obligados a escuchar semejantes sandeces, sin que, al parecer, nadie, ninguna autoridad pueda salir al paso contra quienes se dedican a hacer semejante propaganda en contra de la unidad del Estado español.

Es sabido que, el señor Torra y toda su camarilla de independentistas, seguramente en íntimo contacto con su jefe de filas, actual mente en horas bajas dados sus recientes fracaso en Europa, ante el TE y el TEDH, que le han obsequiado con “dolorosos” rechazos a que le fueran reconocidos unos derechos que no le han sido otorgados, con el añadido de que, al parecer, los encargados de pagarle sus gastos en el exilio empiezan a tener dificultades para poder sostener tanta parafernalia, en la que quedan incluidos su guardia de corps; el alquiler del palacete de Waterloo; su camarilla de asesores; sus viajes por Europa; sus abogados y sus gastos personales que, como es evidente, no creemos que sean inferiores a los 40.000 euros mensuales; una cifra que, evidentemente, no es de despreciar cuando ha de salir de los presupuestos de la Generalitat, del bolsillo de donantes o del apoyo de las empresas y burgueses que decidieron apoyarle pensando, seguramente, que el tema de su exilio tendría pronta solución y ahora, 20 meses después, se están dando cuenta de que, el ilustre exiliado, cada vez se encuentra más aislado, más solo, menos optimista, debido a sus fracasos judiciales, y cuestionado por los mismo que, en otros tiempos lo estuvieron defendiendo. Y, todo ello, sin tener posibilidades de volver a su casa ante la amenaza de que, si se atreviera a hacerlo, se encontraría con la Guardia Civil esperándolo para que fuera juzgado, lo mismo que lo han sido el resto de soberanistas que participaron en el referendo ilegal de octubre de 1917 pensando que, la justicia, a diferencia de la tolerancia del Gobierno, iba a permitir que se saliera de rositas después de haberse escabullido de España.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, seguimos manteniendo que los que han conseguido hacerse con el gobierno de la nación española, pese a que el señor Pedro Sánchez ahora pretende aparecer como una persona moderada, alejada de los extremismo de izquierdas y derechas, dispuesto a favorecer la economía del país y, aparentemente, habiéndose olvidado de la multitud de decretazos con los que arrancó los votos que le permitieron ganar las elecciones; va a conseguir poder cumplir sus ofertas y, a la vez, conseguir mantener una economía boyante. Ahora, cuando ya está a las puertas de renovar el mandato, va a verse obligado a ir cumpliendo, uno a uno, cada uno de ellos pese a que, algunos, pueden significar poner el endeudamiento de nuestra nación a niveles que, desde Europa, se van a considerar como insoportables. Bastará esperar, tener paciencia y dejarle sedal para que, con el tiempo y el apoyo de sus ministros, expertos en mentir y engañar a la audiencia pero, como lo vienen demostrando, carentes de la preparación y la solera para asumir el difícil cometido de dirigir a una nación y sus ciudadanos por los intrincados caminos de las reglas económicas que, por mucho que se intente ignorarlas, acaban pendiendo sobre la cabeza de quienes las ignoran, como la famosa espada que pendía afilada y amenazante, sólo sujeta por una sola crin de un caballo, sobre la cabeza del ambicioso y aterrado Damocles. Tanto tienes, tanto vales.

Dictadura lingüística
Un documento de la Generalitat ordena vigilar el uso del catalán en patios y comedores escolares
La Generalitat elabora un documento sobre el catalán en las aulas
R. Tejero y L. Sela okdiario 20 Julio 2019

Torra permite que se espíe a maestros y alumnos para denunciar el uso del español

El Gobierno de la Generalitat, liderado por Quim Torra, ha elaborado un documento en el que exige al personal docente y demás trabajadores de los centros educativos de Cataluña que el catalán sea la lengua utilizada en cualquier ámbito: aulas, recreos e, incluso, el comedor.

El ‘Documento para la organización y gestión de los centros’ para el próximo curso cuenta con trece páginas en las que el Govern impone que la lengua catalana no sea únicamente "objeto de aprendizaje": "Es el lenguaje de la institución y, por tanto, el lenguaje de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general", recoge.

La lengua catalana, expone, "se utiliza habitualmente en las acciones del centro en el que intervienen instituciones y entidades del entorno, con el objetivo de garantizar su continuidad y coherencia educativa". Esto supone que sea el catalán la lengua usada en los colegios como idioma prácticamente único.

La obligación supone el desplazamiento casi total del español en las aulas en Cataluña. Según publicó OKDIARIO, una organización catalanista autodenominada ‘Plataforma per la llengua’ infiltró ‘espías’ para controlar precisamente este aspecto. Los infiltrados se hacían pasar por monitores de angloparlantes que apuntaban, sin que nadie de los afectados lo supiese, la lengua en la que se comunicaban los profesores y alumnos de distintos colegios catalanes.

Esta acción llevada a cabo por la asociación financiada por la Generalitat responde a ordenanzas como este documento de organización de los colegios. La normativa fija que el catalán se use también fuera de las aulas y se requiera esta exigencia al "personal a cargo de la gestión de actividades no educativas como almuerzos escolares o actividades extracurriculares".

El documento se convierte así en un elemento de presión sobre el personal que trabaja en los colegios catalanes que se ven obligados también a rotular en catalán: "La rotulación de los espacios del centro estará en lengua catalana. La presencia de otros idiomas en el espacio físico del centro (paredes, carteles, etc.) se limita a las producciones de los estudiantes”.

Contra leyes y sentencias
Con este documento a través del que la Generalitat ordena a los centros educativos públicos cómo deben articular sus Proyectos Lingüísticos, los independentistas persiguen un objetivo. Conscientes de que estos usos lingüísticos infringen el ordenamiento jurídico (desde leyes orgánicas a sentencias del TSJC), la Consejería de Educación los impone en unas instrucciones distribuidas a las direcciones de los centros (sin posibilidad de conocimiento directo por los usuarios o trabajadores).

De este modo, el Gobierno de Cataluña logra que cuando alguna familia o ciudadano afectado (funcionarios y trabajadores del centro incluidos) reclame sus derechos, la dirección del centro aduzca que cumple las Instrucciones de la Administración. O que si el afectado se dirige a la propia administración, ésta decline cualquier tipo de responsabilidad alegando que es el colegio el que hace ejercicio de su ‘autonomía’.

Plataforma per la Llengua
El Govern regó con 3,7 millones de euros a la ONG que espiaba en los recreos que se hablara catalán
VÍCTOR MONDELO. El Mundo 20 Julio 2019

La Plataforma per la Llengua -la entidad que espió a profesores y a alumnos en 50 escuelas de Cataluña para saber si usaban el catalán o el castellano en el recreo- recibió más de 3,7 millones de euros en subvenciones de la Generalitat entre los años 2012 y 2018, es decir, desde el inicio del procés.

Así lo admite la propia «ONG del catalán» en su página de transparencia, donde constan dos convenios plurianuales firmados con la Generalitat a razón de más de 1,8 millones de euros por acuerdo.

Ambos convenios fueron rubricados por el entonces consejero de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, que por entonces ya había abandonado el PSC para enrolarse en el proyecto secesionista de Artur Mas. Sin embargo, las partidas destinadas a financiar el funcionamiento de esta organización -también dedicada a delatar a la Generalitat a comercios que no rotulan en catalán o a vendedores que no emplean este idioma para dirigirse a sus clientes- salieron de múltiples departamentos del Govern. En el primero de los acuerdos de financiación de la Plataforma per la Llengua, el vigente entre 2012 y 2016, el Departamento de Cultura aportó 388.000 euros públicos, el de Empresa y Ocupación 357.000, misma cantidad que el de Presidencia; el de Bienestar y Familia 278.000 euros, el de Gobernación 342.000 euros, el de Justicia 54.0000 euros y el de Enseñanza los 84.000 euros restantes hasta completar 1,86 millones.

La operación se repitió en el segundo de los convenios, el correspondiente al periodo 2016-2018. También entonces las principales consejerías de la Generalitat se volcaron para financiar a la ONG de la inmersión lingüística. El Departamento de Cultura de la Generalitat inyectó a la entidad 405.000 euros, el de Empresa y Ocupación 372.000 euros, y otros 372.000 el de Presidencia, el de Bienestar Social y Familia 291.000 euros, el de Gobernación 360.000 y el de Justicia 60.000.

"Extender el catalán"
La Generalitat justificó el gasto de fondos públicos alegando que la ONG debería utilizarlos para «conseguir resultados en normalización y sensibilización lingüística en la empresa y el consumo, los juegos y juguetes, la inmigración y la acogida lingüística, la educación y el mundo universitario, la cultura, el audiovisual, los medios de comunicación, la toponimia, el reconocimiento de la lengua catalana y los derechos lingüísticos y el uso social del catalán». ¿Cómo? A través de «debates y estudios sobre la lengua catalana que puedan servir para el cumplimiento de los objetivos de normalización lingüística», además de la «celebración de actividades y actos públicos para extender el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos».

En el marco de estas actuaciones para «extender el uso del catalán» y trabajar por la «normalización» se enmarcan estudios como el elaborado por la Plataforma per la Llengua en los patios de escuelas catalanas de zonas urbanas especialmente tendentes al uso del castellano.

Tal y como recogió ayer este diario, la entidad envió a varios de sus voluntarios a 50 centros educativos de Cataluña -tras ponerlo en conocimiento de la Consejería de Educación de la Generalitat- y observó de «incógnito» si los profesores se dirigían en catalán o castellano a sus alumnos y si los propios escolares utilizaban un idioma o el otro para relacionarse con sus docentes y compañeros.

Los colegios no estaban advertidos de la finalidad real del estudio. De hecho, el representante de la Plataforma per la Llengua se hacía pasar por un monitor que sólo sabía hablar en inglés y proponía en esta lengua una «actividad lúdica» a los profesores para que después estos le trasladasen la mecánica a sus alumnos. Después observaron la lengua empleada por docentes y estudiantes, tomaron nota y usaron los datos recabados para publicar un estudio que denuncia que la inmersión no sea total en el recreo.

Dictadura lingüística
El socialista Puig financió con 136.573€ a la ONG catalana que espía a los niños en el recreo
Raquel Tejero okdiario 20 Julio 2019

La denominada ‘ONG del catalán’, la plataforma subvencionada por la Generalitat de Cataluña que ha espiado a maestros y alumnos para comprobar el nivel de uso del catalán en las escuelas, también ha sido impulsada y subvencionada por el presidente valenciano, Ximo Puig. El socialista ha destinado 136.573 euros de dinero público en sufragar a la ‘Plataforma per la Llengua’ para la difusión del catalán en la Comunidad Valenciana.

OKDIARIO publicó este jueves que dicha plataforma elaboró un informe en el que reconocía una metodología poco ortodoxa: introducir ‘espías’ en los colegios catalanes para conocer el porcentaje de uso del catalán en los centros educativos. El mecanismo de actuación era el siguiente: supuestos monitores de habla inglesa realizaban actividades con los menores y los maestros. Mientras estos desarrollaban la actividad, el ‘espía’ tomaba datos de las interacciones entre los maestros y su alumnado para plasmarlos en un documento de análisis sobre la implantación del catalán en las aulas.

El polémico informe ha levantado ampollas en otros lugares del territorio español. La ‘Plataforma per la Llengua’ no sólo ha sido financiada por el Govern de Cataluña. El Consell de Puig ha otorgado más de 130.000 euros a la organización catalanista entre 2016 y 2018. En el primer año, recibió ayudas para proyectos de fomento del valenciano y del "multilingüismo en el ámbito social", en el 2017 para "el fomento de trabajo de investigación y de estudios en el ámbito de la planificación lingüística" y en el año 2018 para el "fomento del valenciano a nivel social y musical". La cifras que oscilaban entre los 11.000 euros y los 48.000, dependiendo del año y del fin, sufragaron la actuación de la plataforma en el territorio valenciano.

Al respecto de lo ocurrido y de las informaciones reveladas, el Partido Popular en Valencia ha registrado una pregunta en las Cortes Valencianas para averiguar las cantidades exactas percibidas durante estos años por esta organización catalanista y si ha llevado a cabo movimientos con ‘espías’ también en los centros educativos valencianos.

Obsesión por catalanizar
El Gobierno de Puig pretende, a través de ayudas económicas, extender el uso del catalán por todo el territorio valenciano.

En ocasiones, sus aspiraciones son tal que también intenta que estos límites se amplíen a los pueblos limítrofes de Murcia. De esto se encarga el departamento de Educación e Investigación de la Consejería de Educación de la Generalitat valenciana, que gestiona la política lingüística de la Comunidad.

Como parte de su estrategia, convocan unas subvenciones dirigidas a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y entidades locales menores de la región y municipios de El Carche que realicen "actividades de promoción del uso del valenciano". El presupuesto fijado para estas subvenciones alcanza los 2.000.000 euros.

En términos más sencillos, la medida pretende dotar de un presupuesto a aquellos municipios murcianos limítrofes con Valencia para que promulguen el uso del valenciano.

La Generalitat miente sobre el catalán en la Justicia
Torra sostiene que el conocimiento de las lenguas extranjeras puntúa más que las cooficiales en las oposiciones, pero el ministerio y los sindicatos demuestran que no es así
María Jesús CañizaresCronica Global 20 Julio 2019

Semana negra para las presiones soberanistas del Gobierno de Quim Torra en el terreno judicial. El Consejo General del Poder Judicial acaba de abrir una investigación para determinar si la Generalitat ha accedido a su base de datos. En paralelo, el Ministerio de Justicia y los sindicatos han rebatido sus afirmaciones sobre la discriminación del catalán en las oposiciones.

Los funcionarios judiciales pertenecen a un cuerpo nacional, de ahí que exista una gran movilidad lo que, unido a la falta da tradición opositora y la carestía de la vida en destinos catalanes como Barcelona, provoca que los trabajadores judiciales permanezcan pocos años en su puesto de trabajo. De ahí que el ámbito judicial se haya convertido en el terreno vedado para el soberanismo. Pero el Govern no ceja en su empeño.
Un 8% de las sentencias en catalán

Abrió fuego el propio Torra el pasado día 11, durante una entrega de premios judiciales. Tras denunciar, de nuevo, que solo el 8% de sentencias se redactan en catalán, aseguró que “las nuevas bases del sistema de concurso para oposición aprobado por el Ministerio de Justicia para cubrir plaza para interinos especifican que puntuará más conocer una lengua extranjera que el catalán”. Una semana después, la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, anunciaba, en sede parlamentaria, un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno por “discriminación” del catalán en las pruebas de selección de funcionarios.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia han explicado a Crónica Global que en la Orden JUS/764/2019, de 10 de julio, publicada el día 15, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia “no se hace mención a la valoración, bien en la fase de oposición, bien en la fase de concurso, de idiomas extranjeros ni de idiomas autonómicos”.

Valoración de las lenguas oficiales propias
No obstante, en el apartado “Valoración del conocimiento de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas y del Derecho Civil Vasco” de la convocatoria, en relación exclusivamente a las lenguas autonómicas, sí se dispone que “los aspirantes aprobados que concurran por ámbito territorial con lengua autonómica propia, serán emplazados para la realización del ejercicio de carácter optativo, no eliminatorio, que acredite el conocimiento de la misma”.

Paralelamente, el Tribunal Delegado correspondiente valorará “la documentación acreditativa del conocimiento de las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas y del Derecho Civil Vasco, que hubieren aportado los interesados”. En este caso, la “puntuación otorgada será la más alta que en su caso corresponda, sin que pueda ser acumulativa”.

En Cataluña, la acreditación del nivel B de lengua catalana equivale a cuatro puntos; el nivel C, ocho puntos, y nivel D o J (jurídico), 12 puntos.

Una sentencia contra la orden de la Generalitat
“Lo que ocurre es que el departamento de Justicia pretendía que el catalán fuese un mérito directo en la fase de oposición, pero una reciente sentencia --que se puede leer en este enlace-- lo prohíbe”, explican a este medio fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

En efecto, el pasado mes de marzo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón al sindicato UGT, que presentó un recurso contra la orden del departamento de Justicia JUS/141/2017 de 5 de julio, que regula la selección, el nombramiento y el cese del personal interino de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de Cataluña.

Uno de los puntos impugnados se refiere a la valoración, como mérito, de la participación del candidato en programas de fomento del uso del catalán. El sindicato alegaba que esa participación no depende del juez ni del letrado de la Administración de Justicia (secretario judicial) del órgano donde presta los servicios. El TSJC afirma en su resolución que, en efecto, el uso del catalán a efectos de méritos, tal como está contemplado en la orden de la Generalitat, “no dependerá del funcionario, sino de terceras personas, por lo que efectivamente procede declarar tal apartado como no ajustado a los principios de mérito, capacidad e igualdad”.

El tribunal alude a un informe del Consejo General del Poder Judicial, según el cual, si los méritos contemplados en la orden “no son excluyentes, ello puede suponer una doble valoración del conocimiento del idioma y afectar a los criterios objetivos exigidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial".

"Nunca delante de los alumnos se hablará en castellano"
Los centros educativos, avalados por la Consejería de Educación, instruyen a su personal sobre la necesidad de hablar a los alumnos siempre en catalán, también en el patio y en el comedor
María Jesús Cañizares Cronica Global 20 Julio 2019

“Tanto el personal de limpieza, como la cocinera y conserje también tienen el conocimiento del catalán para dirigirse a los niños en esta lengua”. “Nunca delante de los alumnos se hablará en castellano”. “El profesorado se dirigirá a las familias en castellano, si es necesario, cuando el alumno/a no esté presente”. Estas son algunas de las instrucciones dadas en los centros escolares, avaladas por la Consejería de Educación, con la finalidad de que la lengua catalana no solo se utilice en las aulas, sino también en otros ámbitos, como el comedor o el patio.

Con motivo de la presentación del Estudio sociolingüístico en los patios de escuelas e institutos de zonas urbanas de Cataluña, esta semana se ha sabido que Plataforma per Catalunya espió a menores de edad durante las horas de recreo en 50 centros escolares con la finalidad de averiguar en qué idioma se expresan los alumnos. La entidad concluye que el catalán solo está presente en el 24,3% de las conversaciones de los recreos. Una tesis que ya fue utilizada en el polémico programa de TV3 Lletraferits, en el que se asegura que el uso de la lengua catalana está en peligro.

De hecho, la Consejería de Educación elaboró un informe en el verano de 2018 en el que se subraya la necesidad de fomentar ese idioma en el recreo. Y parece que esa consigna ha cuajado en numerosos centros escolares, a juzgar por las instrucciones monolingües de sus responsables.

El informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) Los proyectos lingüísticos de la escuela pública catalana: La marginación del castellano se ha convertido en un referente de la situación de ese idioma en las aulas catalanas. En el mismo se demuestra el empeño de los responsables de los colegios por extender el uso del catalán en zonas no lectivas, como el comedor y el patio.

Las consignas son muy claras. “Entre los alumnos, tanto dentro del aula, como en el recreo y durante las horas que estén en el centro (comedor, actividades no lectivas) la comunicación debe ser en lengua catalana”, indican en la Escuela Cèsar August de Tarragona. “La escuela prestará especial atención al uso de la lengua vehicular durante las horas de recreo, para conseguirlo, se sensibilizará a todo el personal docente y no docente”, afirman en la escuela Pi Verd de Palafrugell. En este sentido, el centro Llar d’Infants La Llavor, de Badia, es mucho más preciso. “Tanto el personal de limpieza, como la cocinera y conserje también tienen el conocimiento del catalán para dirigirse a los niños en esta lengua”. Sin duda, el mensaje más taxativo corresponde a la Escuela Ferran Sunyer de Barcelona: “Nunca delante del alumnado hablaremos en castellano”.

En la escuela Francesc Macià de Barcelona, se indica que “el profesorado se dirigirá a las familias en castellano, si es necesario, cuando el alumno/a no esté presente”.

“Últimamente hemos constatado que hay un grupo importante de alumnos que utilizan la lengua castellana en la hora del patio y en los cambios de clase. Ante esto nos proponemos planificar anualmente reuniones con todo el personal de la escuela (…) donde se incida en este hecho y se busquen mecanismos de seguimiento, para favorecer el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos de la vida escolar tanto dentro como fuera de las aulas”, se instruye en la Escuela Montbui de Caldes de Montbui. Y en el Institut Illa de Rodes, en Roses, se propone una tabla de juegos lingüísticos para “potenciar el uso de la lengua catalana en el recreo” donde, avisan, “el 20% del alumnado usa el catalán y el 80%, el castellano”.

Asimismo, hay un grupo de escuelas en las que se ordena que el profesor o profesora de castellano no sea la tutora, como la escuela Doctor Trueta de Viladecans, la Rosa Sensat de El Masnou, o Can Rull, en Sabadell.

Todas estas instrucciones vienen avaladas por las directrices de la Consejería de Enseñanza, que en junio de 2018, envió a los centros escolares un documento de once páginas, al que ha tenido acceso Crónica Global y se puede leer en este enlace, que bajo el título Documentos para la organización y la gestión de los centros, aborda el tratamiento y uso de las lenguas en el sistema educativo. El texto no deja lugar a dudas: “La lengua catalana no es únicamente una lengua objeto de aprendizaje. Es la lengua de la institución y, por tanto, la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro”. Ese uso vehicular se hace extensivo incluso a ámbitos extraescolares.

“En las manifestaciones culturales y públicas y en las actividades de proyección externa del centro se utiliza la lengua catalana como vehículo normal de expresión”. Y “en las actuaciones del centro en que intervienen instituciones y entidades del entorno se utiliza normalmente la lengua catalana, con el objetivo de garantizar la continuidad y la coherencia educativa, tanto por lo que hace referencia al aprendizaje como al uso, con la finalidad de contribuir a la cohesión social”.

Asimismo, “se traslada a los profesionales encargados de la gestión de las actividades no docentes (comedor escolar, actividades extraescolares, etc.) información sobre los usos lingüísticos de la escuela acordados en el proyecto lingüístico”.

Tras la polémica generada por el informe de la ONG del catalán, la diputada de Ciudadanos, Sonia Sierra, ha presentado una batería de preguntas dirigidas al consejero de Educación, Josep Bargalló, con la finalidad de determinar hasta qué punto conocía la Generalitat la investigación realizada por Plataforma per la Llengua en los patios de los centros escolares. El departamento aseguró desconocer ese proyecto, mientras que la asociación sostiene que sí lo sabía. Sierra quiere conocer la opinión de Bargalló ante lo que califica de “evidente falta de ética de una entidad privada subvencionada por la Generalitat”.

Subvenciones por valor de 620.000 euros
Cs también ha pedido la comparecencia de Bargalló en la Comisión de Educación del Parlament para que dé explicaciones, y ha tramitado una propuesta de resolución para que el Govern retire las subvenciones a Plataforma per la Llengua, cifradas en 620.000 euros. “Con independencia de las responsabilidades que correspondiesen a las autoridades de la Administración autonómica de la Generalitat por estos graves hechos, es a todas luces evidente que el patrimonio público de una Administración, el cual sostienen los ciudadanos con sus impuestos, no puede ser destinado a actividades que lejos de perseguir intereses generales, vulneran los derechos de los menores de edad y sus familias”, indica la formación naranja en su iniciativa.

Cataluña
El dentista que vigila que se hable en catalán en los colegios de Cataluña
Òscar Escuder i de la Torre es el presidente de Plataforma per la Llengua, pero además trabaja como director de cirugía maxilofacial del Hospital Taulí, en una conocida clínica dental de Sitges y está inscrito en el directorio de DKV Seguros
Álvaro Medina www.vozpopuli.com 20 Julio 2019

Òscar Escuder no solo es presidente de la Plataforma per la Llengua, sino también el director de cirugía maxilofacial de uno de los hospitales más importantes de Cataluña, Parc Taulí (Sabadell).
ite una campaña que vigila si los niños hablan catalán en el recreo

Su puesto es público, pero también trabaja en el sector privado. Escuder ha tratado de ocultar sus vínculos con el sector privado tanto en la web de Plataforma per la Llengua como en la red profesional Linkedin. Según ha podido saber Vozpópuli al menos está presente en otras dos clínicas odontólogas, una de ellas situada concretamente en el exclusivo municipio de Sitges (Barcelona), en la clínica dental Balust.

También está dentro del directorio de DKV Seguros, con una clínica en la calle Esglesia de Sabadell (Barcelona), junto al Ayuntamiento de la ciudad, a tan solo unos 15 minutos andando del Hospital Parc Taulí, su principal centro de trabajo.

Escuder, pese a defender únicamente el catalán como lengua vehicular, no logra imponer su ideología en la empresa privada Balust, que sí permite la cabida del castellano en su web, que puede leerse también en inglés y francés, además de en catalán debido principalmente a la cantidad de extranjeros que habitan en Sitges. Por contra, en la página de Plataforma Per la Llengua no existe opción a leerla en castellano, pero si en Occitano. En la web de Balust aparece su foto y es presentado como "odontólogo" en el equipo, aunque con la especialidad maxilofacial.

Según cuenta, no solo está especializado en inspeccionar y operar minuciosamente la boca de los clientes y pacientes, sino también realiza una intensa actividad deportiva, especialmente triatlones.

El jefe de la 'ONG del catalán', como se autodenomina Plataforma per la Llengua, también tiene cabida en medios de comunicación catalanes, convenientemente regados con dinero público vía subvenciones. "Yo también quiero hablar en catalán a la tostadora" es el título del último de sus artículos, publicado este mismo mes de julio, donde ha sido especialmente activo.

En el articulo, publicado hace apenas dos semanas, hace referencia al polémico informe "Llenguaferits", donde se compara a Netflix con el franquismo, y donde aparecen 'frikis' catalanistas que hablan en su lengua materna a electrodomésticos. "El '30 minuts' del pasado domingo ha levantado ampollas. Y es lógico. ¿Es cierto que el catalán está en peligro? Pues miren, sí", escribía. Para el catalanista, todos los residentes entre Baleares, Valencia y Cataluña hablan el catalán, "la 14ª lengua más hablada de Europa, y se habla en cuatro estados europeos diferentes".

La carga de profundidad la lanzaba contra Josep Bou, concejal del PP en Barcelona, por pedir ayuda para Àlex Hinojo, el catalanista que habla con tostadoras en catalán. "Yo quiero hablarle a mi tostadora en catalán y que mis hijos entiendan que con las máquinas también podemos hablar en catalán", afirmaba Hinojo. Un hecho que le ha valido las críticas de cientos de tuiteros.

"La obsesión por la imposición lingüística en Cataluña ha trastornado a algunos". Porque normalizar el catalán es imposición obsesiva", escribía. "Miren, poder hablar en catalán con la tostadora cuando esta esté conectada a un asistente por voz sería una muestra de que el catalán es útil en todos los ámbitos", escusaba Escuder. "Que se puede vivir plenamente en esta lengua y no hay que renunciar a ella para hacer según qué", ha señalado, para exigir el catalán en todos los software posibles, y para ello no duda en hablarle hasta el cepillo de dientes.
Políticos, un físico e historiadores, los otros miembros de Plataforma per la Llengua

Los otros miembros de Plataforma per la Llengua son Mireia Plana i Franch, vicepresidenta de la ONG y nombrada subdirectora general de Memòria Democràtica de la Generalitat de Cataluña. Como ocurre con el perfil de Escuder, Plana ha ocultado este cargo en la web de la Plataforma, donde asegura que "ha trabajado en la Generalidad de Cataluña en temas de normalización lingüística, comunicación y formación", mientras en su perfil de redes sociales, donde oculta que es miembro de la "ONG del catalán", sí aparece el cargo que ocupa en el Ejecutivo catalán.

Francesc Marco Palau es el secretario de la asociación e historiador. El también escritor es un habitual en las tertulias catalanas.

Roger Torrents i Serra, el tesorero de la ONG. Es un físico, vinculado a la informática y a la consultoría de bases de datos e inteligencia de negocio. Torrents i Serra realiza su labor habitual en Typeform.com, donde es jefe de datos de operaciones. Anteriormente había ocupado un cargo en Softonic.

Rut Carandell i Rieradevall, por su parte, es licenciada en derecho, abogada y mediadora. Se dio de baja de ERC en 2006, debido al pacto con el PSC e ICV para gobernar la Generalidad de Cataluña. Cuatro años después fue la candidata de Reagrupament a las elecciones en el Parlament. Ni el pasado político ni presente aparecen en la web de Plataforma. Carandell es fundadora de la Asociación de Juristes en Defensa de la Lengua Propia (AJDLP), con puesto en la directiva.

Manuel Carceller i Safont, el único nacido fuera de Cataluña, es el coordinador territorial de la Plataforma en Valencia. Se dedica a investigar y divulgar cultura popular, concretamente en Castellón.

Estalla la pelea por la oficialidad del bable: "Es una lengua artificial, una estafa"
Con la llegada del socialista Adrián Barbón al Principado, que incluyó en su programa electoral abrir el debate, partidarios y detractores anticipan la batalla de la legislatura
Paloma Esteban  El Confidencial 20 Julio 2019

La oficialidad de la lengua asturiana —los académicos no dicen bable— está más cerca que nunca. El flamante presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, considera esta lucha como un asunto capital y pretende dar el impulso definitivo a lo largo de la legislatura. Lo demostró incluyendo por primera vez en un programa electoral del PSOE abrir el debate de una reforma del Estatuto y el reconocimiento oficial del asturiano, a diferencia del anterior líder de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Javier Fernández, que consideraba suficiente lo recogido en la ley de uso del asturiano de 1998 y declinó dar un paso hacia adelante.

La decisión es especialmente aplaudida por la Academia de la Llingua Asturiana, institución creada en 1980 ligada al Principado y máxima defensora de dotar esta lengua de oficialidad de una vez por todas. Su presidente, el profesor de la Universidad de Oviedo, Xosé Antón González Riaño, se remite a la previsión constitucional: "El artículo 3.2 lo dice claramente. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos". De corrido lanza una pregunta al aire en una conversación con este diario: "¿Por qué se nos niega a nosotros lo que se permite a los gallegos, vascos, navarros, valencianos, baleares y hasta a los araneses?".

En la Academia tienen claro que el modelo a seguir no debe replicar el de otras comunidades, pero reconocen con la misma intensidad que no abandonarán su objetivo porque, según los últimos estudios analizados en la institución, cuentan con un amplio apoyo social, destacado entre la población joven de 18 a 29 años. Aseguran que la oficialidad que proponen pasaría por que el asturiano pudiera estar "al alcance de todos los alumnos" en las escuelas (ahora es una materia curricular voluntaria, pero la cooficialidad implicaría que fuera vehicular) y en las administraciones: la ley de uso permite dirigirse a todas ellas en asturiano de forma oral o escrita, pero las respuestas se devuelven en castellano.

La cooficialidad propuesta desde la Academia pasa por proteger el uso del asturiano, pero no solo: quieren ampliar su implantación en la sociedad. El cálculo de la institución sobre el gasto público que generaría la puesta en marcha no supera el 0,5% del presupuesto. Aseguran que sus pretensiones son distintas a las de otras comunidades y que se conformarían con iniciativas como compartir al 50% la programación en la televisión y radio públicas, o reducir la obligatoriedad de conocer la lengua en las administraciones a un número concreto de funcionarios.

En la otra cara de la moneda se encuentra la Plataforma contra la cooficialidad. Su portavoz, Javier Jové, insiste en que activar la oficialidad de la lengua asturiana supondría un agujero de 70 millones para las arcas públicas y lo compara, por ejemplo, con el dinero que se destina a las ayudas a discapacitados intelectuales: nueve millones al año.

La batalla entre partidarios y detractores está servida. Jové asegura que el proyecto de cooficialidad "hay que frenarlo como sea" porque se trata de un proyecto meramente ideológico y político. "Es una lengua artificial, de laboratorio. Una gran estafa. En Asturias no existe un problema de este tipo y lo que esconde es un proceso de batasunización en nuestra comunidad", explica. La plataforma está convencida de que la defensa del asturiano es un "modus vivendi" para los académicos y recuerda que no existen escuelas ni academias privadas que impartan clases de asturiano. "Se reduce todo a lo público y subvencionado. Fíjate qué demanda existe".

El presidente de la Academia, Xosé Antón González Riaño, asegura que las críticas que se vierten en ese sentido atienden exclusivamente a la estrategia del miedo. "La situación de Cataluña o la relación de la lengua con el nacionalismo no ayudan a procesos socioculturales como el que queremos hacer en Asturias con la lengua asturiana. No tienen nada que ver con nuestro caso, porque aquí no hay veleidades de ese tipo. La oficialidad la apoyan partidos de ámbito estatal y no hay formaciones nacionalistas en el Parlamento asturiano, ni existe el riesgo que hay en Cataluña", insiste. "Eso se utiliza como una amenaza. Se nos dice empezáis así, con la lengua, y mirad luego en Cataluña".

González Riaño asegura que lo que en el resto de España se ve como algo "exótico", en Asturias es "completamente cotidiano". De hecho, recuerdan desde a Academia, las titulaciones de su lengua están ajustadas al Espacio Europeo de Educación Superior y avaladas por la ANECA, e insisten en que los principales referentes literarios, musicales y culturales que existen en la actualidad utilizan el asturiano. "Posiblemente la literatura de más calidad que se hace en Asturias no es en castellano", asegura citando a autores como Xuan Bello, Berta Piñán o Antón García.

En la Plataforma contraria a la cooficialidad tienen una visión distinta: "Es más fácil encontrarse un oso por Asturias que a gente que se identifique realmente con el bable. Jamás ha habido un problema lingüístico aquí", zanja su portavoz.

¿Es posible o no?
En el 32 Congreso de la FSA-PSOE, celebrado en 2017, venció la enmienda que defendía la oficialidad de la lengua asturiana encabezada por Barbón. En las elecciones de mayo, los socialistas concurrieron con un programa electoral que por primera vez pedía abrir seriamente el debate. Los resultados, tengan o no que ver con esta particularidad, hablan por sí solos: el PSOE ganó en Asturias sumando seis diputados más que en 2015 y se quedaron a tres escaños de la mayoría absoluta.

Sin embargo, la reforma del Estatuto que podría impulsar la cooficialidad requiere de una mayoría cualificada de tres quintos en la Cámara. En estos momentos se muestran a favor los socialistas, Podemos (4 diputados) e Izquierda Unida (2 diputados), sumando entre todos 26. Necesitarían uno más. Aunque en la Academia no descartan avanzar con algunos partidos, PP y Ciudadanos se muestran en contra y Vox lo hace de forma más tajante aún. Foro Asturias, que aún retiene dos diputados, muestra recelos. Los partidarios reconocen que no tendría sentido hacer una reforma asociada únicamente a la izquierda. "Los estudios sociológicos dicen que es una cuestión transversal", asegura González Riaño.

En la Academia de la Llingua son optimistas atendiendo a los antecedentes políticos. Cuando se debatió la última reforma del Estatuto de 1999 era el PP el que sacaba a colación la posibilidad de incorporar la oficialidad. Los socialistas, en cambio, lo rechazaban. Los académicos no van a tirar la toalla: "Nos parece que tener respeto y consideración hacia una lengua propia nunca va en perjuicio de la economía de una comunidad. Lo que hace falta es desterrar los mitos y miedos", zanja González Riaño.
 


 


Recortes de Prensa   Página Inicial