AGLI Recortes de Prensa   Lunes 5 Agosto 2019

Navarra y la utopía
Juan Manuel de Prada ABC 5 Agosto 2019

Escribía Pemán en este mismo periódico, hace más de medio siglo, que «Navarra es la partitura a la que el director de orquesta dirige, de vez en cuando, una mirada de reojo para que su sinfonía se parezca lo más posible a la que está allí escrita». Hermoso símil en el que se sobrentiende que, si Navarra es la partitura, España es la sinfonía. O sea, que Navarra es la partitura que todo gobernante mira para que luego España entera se rija por las notas que allí han sido escritas. Pero, si Navarra fue antaño partitura para interpretar una sinfonía, también puede serlo hogaño para interpretar una fanfarria.

Para entender esta mutación hay que reparar en el efecto letal que ha tenido lo «utópico» sobre Navarra. El mismo Pemán lo explicaba maravillosamente en este mismo periódico: Navarra se constituyó «a través del fuero, la carta-puebla, el gremio, el municipio, que son el extremo opuesto de la “utopía”. Es lo tradicional y lo local; lo plenamente ajustado, como un guante, a la magnífica imperfección del tiempo y del espacio». Pero a Navarra llegará también el veneno de la utopía «en pleno impulso racionalista, iniciando geometrías revolucionarias o constitucionales -prosigue Pemán-. Las Constituciones son “utopías” articuladas. Pero la gloria de Navarra está en que escogió resueltamente la fórmula de vida tradicional histórica: la viva y antigeométrica imperfección realista de lo foral, de lo municipal y regional; la “antiutopía” por definición. (…) Lo más contrario, pues, que puede hacerse con esa sustancia viva y tradicional que es la esencia de Navarra, es petrificarla en “utopía”».

No hay intelectualillo sistémico que, para explicar la progresiva tendencia separatista de las tierras de España que en otro tiempo más apegadas estuvieron a la tradición, no repita la sandez de que el culpable es el carlismo, o una misteriosa supervivencia atávica del mismo. Es como si, para explicar el cambio de un señor antaño muy religioso y fidelísimo marido que un día perdió la fe y se convirtió en formidable putero, se dijese que la culpa de ese cambio la tuvo... la religión. ¡La culpa la tendrá el haberla perdido, acémilas! Y habrá que investigar cuál fue el veneno que a aquel marido fidelísimo le hizo renegar de su fe, convirtiéndolo en putero. Si las tierras de España antaño más tradicionales, más apegadas a «la viva y antigeométrica imperfección realista de lo foral, de lo municipal y regional», han acabado haciéndose separatistas, o -como le ocurre a Navarra- dejando de ser partitura de una sinfonía, es porque el veneno narcisista de la «utopía» las ha desbaratado.

Señalaba Dostoievski, refiriéndose a Rusia, que las naciones apegadas a sus tradiciones, cuando finalmente se rinden al veneno que las destruye, no reaccionan al modo pacífico de las serviles naciones luteranas, sino vengándose, porque esa rendición ha subvertido su naturaleza. Así ocurrió en Rusia, que envenenada de liberalismo reaccionó haciéndose bolchevique. Y así le ocurrirá a la otrora tradicional Navarra, que mediante sucesivas Constituciones -«utopías articuladas»- fue envenenada primero con la «utopía» del centralismo estatal, después con la “utopía” del centralismo regional (mediante esos desquiciados entes de razón llamados «autonomías»); y que ahora ya está siendo envenenada con otra «utopía» delirante (sin sustento histórico ni político), que es la de su anexión al País Vasco, a través de la disposición cuarta de la Constitución. Hacia esa «utopía» se encamina Navarra; y, mientras tanto, le toca ser partitura de la fanfarria dirigida por el doctor Sánchez. Porque el conciliábulo urdido en las Cortes de Navarra se repetirá en septiembre en la Carrera de San Jerónimo.

Fin a la mafia sindical
EDITORIAL  Libertad Digital 5 Agosto 2019

El modelo sindical que existe en España, herencia directa del sindicato vertical vigente bajo el franquismo, no solo es caduco, arcaico y tremendamente pernicioso, sino que se ha convertido en todo un instrumento de corrupción y fraude en provecho de unos pocos a costa, eso sí, del dinero de todos los contribuyentes.

El número de escándalos que acumulan a sus espaldas los dos grandes sindicatos nada tiene que envidiar al de los partidos políticos. Mención especial merece el caso de los ERE en Andalucía, tanto por la cuantía aflorada como por el largo listado de imputados en el proceso judicial, pero, por desgracia, no es el único. El millonario fraude cometido por UGT con las subvenciones recibidas de la Junta andaluza entre 2009 y 2013, cuya cantidad supera de largo los 40 millones de euros, según la investigación en curso, debería hacer reflexionar de una vez tanto a la sociedad como a la clase política. No en vano, la presunta malversación de fondos públicos no constituye un caso puntual ni aislado, dado que afecta al 64% de las subvenciones otorgadas por esta administración regional.

Semejante nivel de corrupción merece la calificación de mafia, pues no es fruto de una acción particular, sino de una estrategia urdida a nivel organizativo para financiarse de forma irregular, saltándose así todos los controles y salvaguardas que prevé la ley a fin de evitar posibles enriquecimientos ilícitos. Lo trágico, sin embargo, es que la gravedad de estos hechos no ha cosechado la reacción que merece por parte de la mayoría de los medios de comunicación y los responsables políticos. Y es que, más allá de las duras condenas que merecen tales comportamientos, los partidos, especialmente los que no están vinculados a UGT y CCOO, deberían aprovechar estos casos para exigir e impulsar un profundo cambio en el sistema sindical.

Los dos grandes sindicatos, de marcado carácter de izquierdas, son, para empezar, los responsables de que España destruyera más de 3 millones de empleos durante la crisis, al tiempo que la tasa de paro media ronde el 17% desde el comienzo de la democracia. Los responsables últimos de semejante despropósito, claro está, han sido los distintos gobiernos, pero la obcecación de UGT y CCOO por mantener una elevada rigidez laboral durante todos estos años ha condenado al desempleo y a la miseria a millones de potenciales trabajadores, lo cual dice mucho acerca de su supuesta "conciencia de clase". Y todo ello para lucrarse y ganar influencia política a través del manejo de los convenios colectivos.

Además, el sindicalismo español no representa a los trabajadores, puesto que su financiación depende, mayoritariamente, de las arcas públicas, de modo que responde a directrices partidistas. Estas entidades pueden resultar útiles y constructivas siempre y cuando trabajen para representar los intereses de sus afiliados y dependan de las cuotas que estos desembolsan voluntariamente para cubrir sus gastos y funcionamiento, tal y como sucede en otros muchos países. Su enganche al maná público, por el contrario, acaba generando el caldo de cultivo idóneo para la comisión de todo tipo de irregularidades y corruptelas. Y todo ello sin contar que la ausencia de una regulación clara y razonable sobre el derecho de huelga convierte en muchas ocasiones a los sindicatos en meros instrumentos de chantaje y coerción, ya que toman a los ciudadanos como rehenes para la consecución de sus objetivos particulares. Urge una reforma sindical en España y, dada la estrecha connivencia entre sindicatos e izquierda, esta iniciativa debería ser liderada por PP, Cs o Vox.

Cuando llegue septiembre, la sentencia de los ERE irrumpirá en la escena nacional
Pedro de Tena  Libertad Digital 5 Agosto 2019

Junto con la sentencia del juicio por golpe separatista, calentará el otoño político.

Los más viejos conocerán, tal vez, la canción "Cuando llegue septiembre" que sonaba en los primeros guateques de los años sesenta y muy pocos. La cantaba Bobby Darin y en algunos de sus versos decía: "Cuando llegue septiembre se ocultará la luz más pronto y la noche y la noche sin final será el encanto de septiembre". Todo parecía maravilloso salvo para algunas rosas, que no seguirían vivas. Pues a algunas de las rosas socialistas del Sur, cuando llegue septiembre, con la sentencia de los ERE a cuestas, les va a costar trabajo sobrevivir.

Como no es la única sentencia que nos sorprenderá cuando llegue septiembre, es de suponer que el panorama político -todavía más si nos encaminamos como algunos auguran a unas nuevas elecciones en noviembre-, sufrirá nuevas convulsiones. Si los jueces se dan prisa, la sentencia de los ERE podría conocerse en septiembre, casi al mismo tiempo que la sentencia por la intentona de Golpe de Estado del separatismo catalán del 1-O de 2017.

Recordemos enseguida que este juicio celebrado en Sevilla durante casi todo 2018 afecta a dos ex presidentes nacionales del PSOE que fueron a su vez presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a 19 ex altos cargos, desde consejeros y viceconsejeros a directores generales de la Junta de Andalucía por delitos que comprenden la prevaricación y la malversación de caudales públicos.

Se enjuicia -y por ello es considerado el caso político de los ERE-, el procedimiento utilizado para conceder ayudas sociolaborales por un importe de alrededor de 800 millones de euros, muchos de los cuales recayeron en empresas "amigas", intermediados por sindicalistas "amigos" y en colectivos de trabajadores y zonas geograficas afectados por la crisis pero privilegiados respecto a los demás por razones partidistas.

Resumiendo, digamos que el procedimiento utilizado fue eliminar el habitual mecanismo de las subvenciones excepcionales, que tenían que tener control de la Intervención, por unas transferencias, llamadas de financiación y que el propio ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, calificó de "fondo de reptiles", donde se eludía todo tipo de controles y era ilegal, según el propio Interventor General de la Junta de Andalucía y procesado, asimismo, Manuel Gómez.

Tras el apartamiento de la juez Mercedes Alaya de los macrocasos que instruyó desde el principio, su sucesora la juez Núñez Bolaños, troceó todo el caso ERE contra el criterio de su antecesora. Además, inició una polémica instrucción que la tiene ahora pendiente de las quejas presentadas contra ella por la Fiscalía Anticorrupción. De todos modos, el caso político de los ERE fue llevado a juicio.

Hasta ochos de cárcel pide la Fiscalía para algunos de los procesados como el ex consejero José Antonio Viera -seis nada menos para el ex presidente del PSOE y de la Junta, José Antonio Griñán- aunque para otros, como Manuel Chaves, todo queda en peticiones de inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público.

Hace dos días, Diario de Sevilla titulaba una de sus piezas sobre el caso ERE: "El tribunal de los ERE pisa el acelerador". Teniendo en cuenta que el juicio finalizó el pasado 17 de diciembre de 2018, ajustadamente después de las elecciones autonómicas del 2 del mismo mes, el parto del tribunal de la Audiencia Provincial, si todo va bien, se producirá nueve meses después, si se pisa el "acelerador" en agosto.

Atrás han quedado unas elecciones generales, unas autonómicas, unas municipales y un debate fallido de investidura. Pero, miren por donde, esta sentencia puede terminar dictándose en un período preelectoral con consecuencias mayores para las partes implicadas. Lo de pisar el acelerador tiene doble lectura porque acentúa la diligencia judicial exhibida ahora, pero deja adivinar que no siempre fue así y que el acelerador no fue pisado antes.

Hay tres magistrados de la Audiencia que tendrán que firmar la sentencia, presididos por Juan Antonio Calle Peña, que fue liberado desde hace seis meses de cualquier otra dedicación judicial. Las otras dos magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez también fueron liberadas desde el mes de abril de atender a ciertos asuntos y de asistir a juicios.

Aun así, y aunque la instancia superior andaluza, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha puesto como tope septiembre, nadie tiene seguro que la sentencia no se alargue hasta octubre o más. Pero, en cualquier caso, no cabe duda de que su resultado afectará a unas elecciones generales si es que finalmente se celebran, otras más, en noviembre.

Nadie puede dudar de dos cosas: de la complejidad del caso y de su repercusión política nacional. El caso contempla diez años de gestión política de la Junta de Andalucía regida por el socialismo desde 1982 y está relacionada con los presupuestos y la gestión contable de los fondos públicos, gran cantidad y calidad de pruebas periciales de la acusación y de la defensa donde destacan las aportadas por la Intervención General del Estado y las declaraciones de un centenar bien largo de testigos.

Todo el caso está adobado de escándalos laterales como las andanzas picarescas de un director general de Trabajo y su chófer, las maniobras de ex líderes sindicalistas que acumularon dinero "pa asá una vaca" gracias al procedimiento empleado y los enfrentamientos públicos entre un Interventor General y el ex presidente Griñán por la legalidad de lo practicado. Por si fuera poco, el que el Consejo General del Poder Judicial tenga que decidir si el comportamiento de la juez Bolaños ha sido o no lesivo para el resto troceado del caso, añade expectación al resultado.

Tampoco puede dudarse de la repercusión política nacional porque si el PSOE de Pedro Sánchez ha presentado, con éxito, al PP de Rajoy como el partido más corrupto de España, a partir de septiembre, si la sentencia le es adversa, puede sufrir una inversión de calado pasando a ser el único partido con dos presidentes nacionales condenados por corrupciones varias y, ojo, con dinero público.

Si, además, la sentencia de los ERE, cuando llegue septiembre o cuando pase, se dicta al mismo tiempo, o en tiempo cercano, que la otra sentencia esperada para otoño, la relativa al golpe de estado separatista de 2017 en Cataluña, no puede caber duda de que el otoño comenzará más que caliente y que algunas rosas, ya sean rojas o amarillas, no sobrevivirán al calurón político y la Junta de Andalucía, en manos de "los otros", ya no puede regar nada de ese jardín.

El votante de VOX, puteado y perplejo (II)
Antonio Cabrera Periodista Digital 5 Agosto 2019

Como les decía, el votante de VOX estaba pletórico. Tanto, que hasta convenció a la parienta y juntos se fueron a Barcelona a participar en la manifestación convocada por la Sociedad Civil Catalana por la unidad de España y contra el independentismo. Una manifestación histórica que congregó a más de un millón de personas en un mar de rojigualdas que proclamaban el orgullo de ser español. Una revolución de banderas que corrió como la pólvora por los balcones y ventanas de toda España.

Unos meses más tarde (febrero 2019) nuestro aguerrido votante volvió a participar en otra manifestación decisiva. La de Colón, en Madrid. Un inmenso clamor en contra de Pedro Sánchez, el gobierno socialista y las negociaciones secretas entre el Estado y el Govern independentista catalán, incluidos hasta ‘relatores’ internacionales. Un éxito de las mal llamadas tres derechas (PP y C’s nunca lo han sido) que tumbó al gobierno de Sánchez obligándolo a convocar elecciones generales. El votante de VOX se sentía orgulloso de su partido.

Y llegaron las elecciones del 28-A. Tras una campaña vibrante y plena de fervor patriótico, abarrotando plazas y auditorios de toda España -«VOX no es un partido, es un movimiento patriótico; España es lo único importante», clamaba Abascal- se produjo el milagro. A pesar del boicot del resto de partidos y de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales que lo tachaban de ultraderechista, cuando no directamente de escoria fascista o nazi; a pesar de la inicua Junta Electoral Central, que vetó a VOX impidiendo que tomara parte en los debates televisados; a pesar de la falta de recursos económicos, que incluso impidió el buzoneo de sus papeletas y propaganda electoral; a pesar del absoluto ninguneo que le prodigaron todos los medios de comunicación, VOX alcanzó un gran éxito: casi tres millones de votos y 24 diputados en el Congreso. Estaba claro que su mensaje había calado en la derecha sociológica española, silenciosa y silenciada desde la muerte de Franco. La gente había creído que la política en España podía cambiar. Confiaba ilusionadamente en Abascal.

Y en ese momento justo, en la celebración del éxito en la noche electoral, se comenzaron a gestar los problemas del votante de VOX -cuyo punto culminante se alcanzará dentro de unos días al escenificar su pacto (es un decir) con PP y C’s para entregar gratis et amore a la popular Díaz Ayuso el gobierno de la Comunidad de Madrid-. Aquella noche se empezaron a incubar las inconsistencias, los incumplimientos y las traiciones de VOX a su fiel electorado. El cambio de rumbo para la campaña de las europeas, autonómicas y municipales que se celebraría un mes después. Una campaña electoral de perfil bajo -absolutamente contraria a la de las generales- con una desastrosa “pegada de carteles” dedicada a la «España que madruga” en un almacén (secreto) de Paracuellos de Jarama; sólo para periodistas, sin la asistencia de un solo militante. Su compadreo vergonzante con la prensa, mayoritariamente hostil.

Un mes más tarde, tras las elecciones del 26-M, el votante de VOX empezó a mosquearse seriamente. Y no por los resultados electorales obtenidos, bastante buenos pero limitados -esperables por la nefasta ley D’Hont y no haberse podido presentar más que en el 10% de las 8.000 circunscripciones existentes- sino por la torpe, mansa y oscura campaña electoral, dirigida (o acaso impuesta) a su jefe de campaña, Espinosa de los Monteros, otrora ardoroso y combativo orador. La estúpida excusa fue que no había dinero.

Cuando, además de las diatribas y los ‘cordones sanitarios’ de C’s contra la ‘ultraderecha’, el 30 de mayo compareció Casado en rueda de prensa afirmando tronante que «hay un partido de centro derecha que es el PP, otro de extrema derecha que es VOX y otro partido socialdemócrata disfrazado que es C’s» y, a pesar de ello días más tarde VOX anunció –por el bien de España, naturalmente- su acercamiento al PP y C’s para «conformar mayorías alternativas», su mosqueo inicial se transformó en profunda irritación y perplejidad. ¿Qué podría pactar su partido con quienes les ofendían públicamente? ¿Serían Rocío Monasterio y Espinosa de los Monteros víctimas propiciatorias del ‘talante negociador’ de Santiago Abascal y Ortega Smith? ¿Se repetiría el bochornoso pacto de Andalucía? ¿Serían capaces de traicionar a sus votantes?

(Continuará)

Un nuevo enfoque sobre la guerra civil
Pío Moa Gaceta.es 5 Agosto 2019

Ochenta años después de terminada, la guerra civil sigue pesando de modo obsesionante sobre la conciencia histórica de España. La pugna continúa no solo en las ideas e interpretaciones, sino en la política, lo que es más peligroso, generando acciones y leyes de partidos y gobiernos. La causa de este hecho, que escandaliza a unos, fascina a algunos y hastía a otros, salta a la vista: aquel conflicto no ha sido aún asimilado por la sociedad, pese a la imponente bibliografía que ha engendrado, en español y otros idiomas. Y no lo ha sido porque las tergiversaciones, enfoques ilógicos y cargados de emocionalidad han alcanzado un volumen realmente asombroso: se ha dicho que es quizá el suceso de los años 30 sobre el que más falsedades se han contado. En esta maraña de datos y versiones, ¿será posible alcanzar un enfoque lo bastante veraz para disolver tal obsesión? Creemos que sí, lo cual no significa el fin de la controversia, sino su elevación a un plano más racional y objetivo.

Los Mitos Del Franquismo (Historia)Según la definición canónica de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. También podría considerarse el fracaso de la política, si entendemos esta como el arte de mantener los equilibrios de convivencia en las sociedades humanas. Estas, a diferencia de las sociedades animales regidas por la seguridad del instinto, se nos presentan como un hervidero de intereses, ideas, sentimientos, aspiraciones y hasta personalidades distintas y a menudo opuestas. Desatender este carácter conduce a muchos equívocos. Por tanto, son sociedades naturalmente conflictivas, cuyo equilibrio, que permita la convivencia social impone un esfuerzo permanente y un poder decisorio más o menos reconocido por el conjunto. La política puede entenderse entonces como ese esfuerzo en el ejercicio del poder, asentado en una violencia implícita que se supone legítima si es aceptada mayoritariamente. Cuando la política fracasa en mantener los equilibrios sociales, la violencia tiende a hacerse explícita, con unos intereses en pugna por imponerse decisivamente a los contrarios y establecer un nuevo orden del poder. Por eso la guerra es una constante en la historia humana.

Cabría asimilar la guerra a la sustitución de la política por la violencia abierta. Sin embargo, esa sustitución nunca llega a ser total. La política sigue existiendo en el seno de cada bando enfrentado, donde se generan tensiones y conflictos no siempre fáciles de resolver con acuerdos u órdenes; y a menudo vuelve la política entre los dos bandos mediante negociaciones cuando ninguno logra imponerse por las armas. Y la victoria o la derrota originan nuevas políticas.

La guerra civil española se inscribe en el período de graves alteraciones revolucionarias en Europa entre 1918 y 1945, y condujeron al viejo continente a una profunda decadencia política, militar y cultural, aun si no económica. Dentro de ese conjunto de conflictos, y si excluimos la desembocadura de todos ellos en la II Guerra Mundial, las civiles de Rusia y de España fueron las de mayor envergadura y transcendencia. La rusa terminó en victoria de un régimen comunista tremendamente expansivo, que se proponía como modelo para toda la humanidad, y la española en victoria de un régimen opuesto radicalmente, de aspiraciones limitadas a la propia España, pero que, al definirse como católico, esto es, universalista, sugería a su vez una ejemplaridad más general. Sin embargo, la contienda mundial subsiguiente lo privó de capacidad expansiva, aun sin conseguir anularlo.

Así pues, el conflicto español no pasó los Pirineos y dio lugar a un régimen largo tiempo semiaislado, pese a lo cual ha generado un excepcional interés bibliográfico en varios idiomas. Esto se debe a que en él confluyeron las ideologías e intereses políticos cuyas rivalidades culminarían en la II Guerra Mundial, y en tal sentido su interés desborda el propiamente local. Fue ante todo una guerra ideológica y desde ese ángulo debe ser enfocada, cosa que rara vez se ha hecho de manera explícita, aunque ese contenido estuviera más o menos sobreentendido en las versiones político-militares, es decir, en casi todas.

Creo que hay otra razón para el interés suscitado por aquella contienda, y es la peculiar posición de España con respecto al resto de Europa y a América y más difusamente al resto del mundo. En sus casi dos siglos de preeminencia (XVI y XVII), España había descubierto un continente y el mayor de los océanos, y puesto en comunicación por mar todo los continentes habitados; había construido el primer imperio transoceánico de la historia, parcialmente perdurable hoy en el orden cultural; había defendido a Europa frente a la expansión otomana y salvado al catolicismo frenando el impulso protestante. Entre otros hechos relevantes menores. Sin embargo, su decadencia desde mediados del siglo XVII coincidió con la época de la Ilustración, el empuje del pensamiento científico, la revolución industrial y el auge de potencias rivales, en particular Francia o Inglaterra y de algunas sociedades protestantes sobre unas católicas más o menos anquilosadas. Por lo cual se quiso ver en “el espíritu de España” el contrario a la fe en la Razón y la Ciencia propias de la Ilustración. Concepciones que fundamentaban la llamada Leyenda negra, un relato extremadamente denigratorio contra todo lo realizado por España anteriormente.

No obstante subsistía un fondo de interés e incluso admiración por aquella historia, actitudes que no dejaba de manifestarse ante la guerra civil. Así, esta podía enfocarse como una lucha entre el viejo espíritu ( oscurantista, cruel, supersticioso, reaccionario, “fascista”), representado por las fuerzas de Franco; y el predominante en la Europa avanzada, representado por las del Frente Popular. De hecho así ha venido interpretándolo una masa ingente de la historiografía, siguiendo inconscientemente el dictamen de Stalin: la guerra de España debía ser asunto no meramente español, sino de “toda la humanidad progresista”.

VOX pide clases de español en Melilla para que los alumnos que no conocen bien el idioma no retrasen al resto de estudiantes
Agencias eltorotv.com 5 Agosto 2019

Vox Melilla ha instado al Gobierno de Melilla (CPM, PSOE y Cs) a diseñar cursos de aprendizaje y refuerzo de lengua castellana para niños y jóvenes con problemas de comprensión del español «para no retrasar» al resto de alumnos que sí conocen el idioma y para «evitar el sobresfuerzo» que supone esta situación para el profesorado en el desarrollo de sus clases.

Su coordinador, Jesús Delgado Aboy, ha comunicado que el Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla ha informado que presentará en los próximos días una moción ante la Secretaría General de la Asamblea para que el Gobierno de la ciudad autónoma, a través de las consejerías de Educación, Distritos y Bienestar Social, ponga en marcha, coincidiendo con el inicio del curso académico 2019-2020, «una serie de cursos de aprendizaje y refuerzo de la lengua castellana, entre niños y jóvenes que estén dentro del sistema educativo español».

La razón de esta moción, ha explicado el portavoz de Vox en la Asamblea, Jesús Delgado, «está muy relacionada con los problemas que acarrea en numerosas aulas de los diferentes centros escolares de la ciudad, sean del ciclo que sean, que haya alumnos que no hablan ni entienden el castellano a la perfección».

Vox ha destacado que se trata de un hecho que «ha sido denunciado en numerosas ocasiones por los sindicatos de educación» y que les supone a los docentes «un sobresfuerzo en su trabajo» para poder impartir las clases con «un mínimo de normalidad».

Delgado ha recordado que la ciudad autónoma tiene abierta una red de ludotecas que perfectamente pudrían servir para esos cometidos, «toda vez que la concepción de las mismas fue dar refuerzo y apoyo escolar a niños de diferentes barriadas de la ciudad, tuviesen éstos o no problemas de compresión de nuestra lengua».

Para poder llevar a cabo esta propuesta, y que ésta sea obligatoria, es decir, como ha remarcado Delgado, «que esos alumnos vayan a los cursos», desde Vox Melilla se instará al Gobierno de Melilla a que suscriba los acuerdos que sean necesarios con la Dirección Provincial del Ministerio de Educación para «que se habilite una fórmula con la que obligar a esos alumnos con problemas de compresión y habla de la lengua española a que acudan a las mismas», ya que, como ellos han afirmado, esas clases «no pueden ser declaradas lectivas».

Delgado está convencido que dentro de las limitadas competencias que en materia de educación tiene el Gobierno de Melilla, «a través de esta medida se puede contribuir, de un lado, a mejorar la formación de todos los alumnos de los diferentes centros educativos, que a lo mejor no progresan debidamente por problemas con el lenguaje, y en segundo lugar, a que aquellos que no tienen problemas de comprensión no se vean retrasados en sus estudios por tener compañeros a los que las cosas no se les pueden explicar del mismo modo».

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La Transición no fue la solución, sino la salida
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 5 Agosto 2019

El autor considera necesario un Gobierno Constitucional integrado por PSOE, PP y Ciudadanos que pueda llevar adelante algunas reformas básicas y urgentes para que España pueda avanzar

Hay una frase famosa de Tierno Galván, con un significado que no es el que voy a utilizar aquí, pero que adaptada condensa -como reza el título- lo que quiero explicar en las siguientes líneas. Así las cosas, aprovecho para sostener a pie juntillas lo mismo que mantenía Federico II de Prusia en una carta dirigida a Voltaire. En ella le comunicaba lo siguiente: "Cuanto más se envejece, más se convence uno de que Su Alteza el azar es el responsable de las tres cuartas partes de los actos que suceden en este miserable mundo". Pues bien, aunque comparto en general esta afirmación, creo también que hay que dejar un hueco a la personalidad, al esfuerzo y a la voluntad de ciertos personajes, incluidos los mediocres, porque a veces pueden cambiar su destino y hasta el azar de su propio país.

Dicho esto, qué duda cabe de que el azar ha tenido bastante que ver en que se haya evitado tal vez uno de los mayores dislates de la Historia de España, cuya superación nos hubiese costado muchos años y muchos disgustos, ante la pasividad o miopía general. Me refiero al posible Gobierno de coalición entre el PSOE de Pedro Sánchez y Podemos de Pablo Iglesias, felizmente fracasado por ahora. Los errores históricos sólo se evitan cuando no se cometen. Por eso, aunque el PCE fue una escisión del PSOE en el año 1920 y en 1936 hubo dos ministros comunistas que formaron parte de un Ejecutivo de Largo Caballero, nunca más los socialistas han intentado una coalición con el PCE o sus derivados, como ocurre ahora. Por ejemplo, en las elecciones de 1993, Felipe González obtuvo únicamente 159 diputados, luego le faltaban 17 para alcanzar una mayoría absoluta que podía haber alcanzado con los 18 de IU. Sin embargo, prefirió recurrir a los nacionalistas catalanes y vascos para asegurar su investidura, en lugar de pactar con los comunistas de Julio Anguita. Pauta que se ha mantenido hasta nuestros días, aunque a la larga no sabemos si fue peor el remedio que la enfermedad.

Sea como sea, esta conducta de evitar comunistas en el Gobierno ha estado a punto de romperse ahora, puesto que después de las elecciones del 28 de abril, el PSOE y los neocomunistas de Podemos disponían únicamente de 165 diputados, es decir, menos de la mayoría absoluta. Por consiguiente, para la investidura y poder gobernar habrían tenido que recurrir a los votos de los ocho partidos localistas de origen nacionalista, separatista, proetarra, populista y regionalista. Es decir, cada uno de su padre y de su madre, pero todos con un objetivo en común: socavar la unidad de España, salvo alguna excepción. En otras palabras, el cóctel formado por un total de 10 partidos, encabezados por dos mentes políticas extremadamente narcisistas, en unos momentos en que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el conflicto catalán está a punto de hacerse pública y cada vez es más urgente reformar nuestra estructura estatal y nuestra economía, podría ser explosivo.

Todo esto viene a cuento porque desde que se realizó la moción de censura, la nave de la política española depende en parte de la incompetencia de unos políticos que no tienen ninguna experiencia ni conocimientos y que pretenden que España es plurinacional. Lo cual indudablemente facilitaría su obsesión por la desmembración de España, mientras que, al mismo tiempo, no se pondrían de acuerdo para construir una Confederación de Estados, o algo parecido, que no funcionaría nunca. Por eso, como ha escrito Gregorio Morán, refiriéndose a Pedro Sánchez, "sólo a quien la astucia ha concedido el privilegio de dotarle una flor en el culo sabe que todos miran al suelo, menos él". Por supuesto, con ello no reduzco el importante papel del azar, pero nadie en su juicio podrá negar que el fracaso de un Ejecutivo de coalición con Podemos, el cual no hubiese durado más de dos o tres meses, ha sido la gran suerte de Pedro Sánchez si es que sabe aprovecharla. Aunque ahora parece que ha descubierto un mirlo blanco con el cuento del Gobierno a la portuguesa y parece que vuelve a las andadas para recabar el apoyo de los enemigos de España, ya que no admite más que dos soluciones: un Gobierno monocolor de 123 diputados, con el que no podrá gobernar eficazmente o la convocatoria de unas elecciones en noviembre que el país no podrá soportar. La verdadera solución hay que buscarla en otro lado.

En efecto, como vengo diciendo desde 1978, España no dispone de un modelo definitivo y estable de Estado descentralizado. Yo no voy a juzgar aquí si el Estado de las Autonomías ha sido conveniente o no. Creo, en razón de la experiencia, que en algunas regiones ha sido enormemente útil para modernizar territorios que seguían igual que a principios de los años 50. Sin embargo, aun reconociendo esos beneficios, hay que señalar también los graves problemas que las CCAA han amplificado a la par. Especialmente dos: la desintegración del Estado y la fragmentación de la lengua oficial están en la base de los conflictos del País Vasco -y ahora también de Navarra-, de Cataluña y de los llamados Països Catalans. La causa, repito, se encuentra en el desastroso Título VIII de CE, que no ha permitido poner fin a la alabada Transición. Dicho de otra forma, la Transición no ha terminado todavía en este país. Y aquí surge, si sabe coger la mosca al vuelo, la gran suerte de Pedro Sánchez pues puede pasar a la Historia, si quiere, como un gran estadista o, por contrario, como un villano que destruyó el Estado.

Para lograr lo primero tendría que convencer a Casado y a Rivera -un milagro, pues aquí nadie se fía de nadie- para redactar un manifiesto de reformas y crear un Gobierno Constitucional formado por el PSOE, el PP y CS, los cuales podrían iniciar un proceso constituyente para racionalizar y acabar el Título VIII de la Constitución. El momento no puede ser más adecuado, porque la esperada sentencia del Tribunal Supremo, para evitar confrontaciones violentas, podría incitar a este Gobierno ampliamente constitucional a una eventual negociación para resolver dos enigmas. Por una parte, encontrar alguna salida razonable, que no sea el clásico indulto, para que los procesados catalanes pudiesen, en un término no demasiado largo, volver a adquirir su libertad, pero siempre que garanticen el abandono de toda actividad ilegal y que cumplan escrupulosamente con la Carta Magna, la cual tendrán que volver a jurar, pero ahora en serio. Ellos verán. Y, por otra, como he dicho también, dispondríamos de un Gobierno fuerte para modernizar nuestro Estado, reformando la Constitución, actualizando el Senado, la ley electoral, el Consejo del Poder Judicial, asegurando asimismo la independencia de las Cortes y todo lo que sea necesario. Este Gobierno Constitucional, formado por los tres partidos citados, dispondría de una mayoría de más de dos tercios de cada Cámara, algo que será imposible conseguir otra vez.

Así, quedaría como jefe de la oposición Pablo Iglesias, papel en el que tiene alguna experiencia -ninguna en gobernar-. Por otro lado, los ocho partidos localistas que disponen de 38 diputados no tendrían más remedio que aceptar este periodo constituyente si es que pretenden seguir siendo legales.

En consecuencia, Pedro Sánchez debe considerar que el azar le ofrece dos caminos: uno tortuoso, si no se resigna y sigue luchando por un Gobierno monocolor sin ningún futuro, puesto que dependerá continuamente de las fuerzas independentistas. En este sentido, mal asesorado, reivindica un tipo de Gabinete como el danés o el portugués. Pero se equivoca totalmente. Dinamarca, una de las democracias más estables del mundo, dispone de un Ejecutivo minoritario, apoyado externamente por otras fuerzas políticas, sí, pero todos los partidos representados en el Parlamento de Copenhague no sólo aceptan las reglas de juego, sino que, además, defienden la Monarquía como el mejor símbolo de la Nación. Y, en cuanto a Portugal, tiene un partido comunista tan racional que rechaza la violencia, apoya a un Gobierno socialista que no ganó las elecciones y acepta reformas laborales procedentes de la derecha. Ni siquiera las corridas de toros son en Portugal igual que en España. Su forma actual de Gobierno, por decirlo así, es una jeringonza que no se puede copiar aquí. Respecto al segundo camino mucho más seguro, si a Pedro Sánchez, a Pablo Casado y a Albert Rivera les ocurriera como a San Pablo cuando se cayó del caballo y se convirtió al cristianismo, podrían salvar a España del colapso institucional al que nos dirigimos, logrando antes una entente cordiale y un fuerte Gobierno para evitarnos la debacle de unas nuevas elecciones.

Tal vez sea yo demasiado utópico en lo que se refiere a la solución política adecuada para estos momentos de España. En los barcos de guerra británicos existe una tradición náutica desde tiempo inmemorial que merece la pena resaltar. Cada día, cuando comienza el atardecer, el oficial de guardia comunica al capitán lo siguiente: "Señor, el sol se pone", a lo que éste responde invariablemente: "Que todos estén en su lugar y que hagan lo que tienen que hacer". Esta anécdota británica que posiblemente ya no significa lo mismo en los tiempos del Brexit, nos muestra lo contrario de lo que ocurre en España. Aquí también se pone todos los días el sol, pero nada ni nadie están en su lugar y llevamos cinco años en una situación irregular, con un Gobierno en funciones que se podría alargar hasta mediados de 2020. Y la casa sin barrer; sin abordar los graves problemas que tiene el país, pero que se encuentran ocultos tras la cortina de humo que algún día se disipará, para dejar ver el deterioro del Estado que hasta ahora hemos llamado España y que no quiso ver Pedro Sánchez.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Los zorros y las gallinas
Nota del Editor 5 Agosto 2019

El tinglado autonómico es el mayor explosivo que se ha perforado en España. Cualquier bondad del tinglado autonómico es pura mentira. Confiar en que el PSOE puede hacer algo beneficioso para España es una vana ilusión, es una mafia que tiene que desaparecer. Confiar que el PP o "ciudadanos" anteponen España a sus intereses particulares es otra vana ilusión y también tienen que desaparecer.

¿Debemos rendirnos en Cataluña?
José García Domínguez  Libertad Digital 5 Agosto 2019

Cien millones de moscas no pueden estar equivocadas. O eso es lo que también barrunta el nuevo presidente de Sociedad Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, el ex diputado regional del Partido Popular de Cataluña y veterano docente en un centro universitario del entorno del Opus Dei en Barcelona que ha sustituido a Josep Ramon Bosch, otro ex del PP catalán ahora embarcado en el proyecto de resucitar algo parecido a la vieja Convèrgencia de Pujol, una sopa menestra de catalanismo tibio y la preceptiva matraca asimétrica e identitaria de siempre que llevará por nombre el de Lliga Democràtica. Mas volvamos a la lógica nada cartesiana de las moscas y su dieta favorita. O sea, a la del otro Sánchez. "No puedes decir ‘no’ a dos millones de personas", acaba de deponer el presunto líder de la resistencia constitucionalista local en relación al objetivo político de los separatistas. Y uno infiere que si no podemos decirles ‘no’, quizá habrá que decirles ‘sí’ y, acto seguido, rendirnos para partir hacia el exilio. ¿Es eso lo que postula el otro Sánchez?

Dejemos que él mismo nos lo aclare para así salir de dudas. "Las personas somos seres de sentido y tú a dos millones de personas [ Ah, los cien millones de moscas] no les puedes decir: ‘No, lo que has hecho no ha tenido ningún sentido durante seis años. El ‘procés’ independentista, todas tus movilizaciones, todo eso no ha valido para nada". ¿Y por qué no se lo podemos decir? Pues no se lo podemos decir porque, según el otro Sánchez, "eso no va a ser aceptado y no puede ser asumido ni psicológica ni políticamente". Acabáramos. No podemos crearles un trauma psicológico a los pobrecitos golpistas del 1 de Octubre. Sería de una crueldad inhumana. Sin embargo, sí se lo habíamos podido decir hasta ayer mismo, con el consiguiente impacto emocional que nuestra actitud habrá causado en ellos. Unos estragos terribles que imagino habrán escandalizado a la tierna sensibilidad del otro Sánchez. ¿Debiéramos tal vez pedirles perdón a los separatistas por haber estado contrariándolos durante todo este tiempo? Prefiero no conocer su respuesta.

Por lo demás, está claro: si dos millones de españoles albergan un deseo muy, muy intenso, ese deseo debe ser satisfecho por el orden político. Pero resulta que también hay cuatro millones de españoles, en su día cinco, que quieren acabar con el capitalismo. Y cuatro parece que todavía es el doble de dos. ¿Deberíamos suprimir mañana mismo el capitalismo para no generar frustración psicológica en los cuatro millones de votantes de Podemos? No semeja que nuestro tan delicado y sensible Sánchez esté por esa labor. ¿Y por qué en un caso sí y en el otro no? He ahí la madre del cordero claudicante. Pues porque, aunque no lo vaya a verbalizar nunca, nuestro Sánchez considera en su fuero interno que los dos millones de separatistas encarnan la legítima representación política de los catalanes genuinos. Esos cuatro millones de votantes de Podemos no son más que una mínima parte de España a sus ojos, pero dos millones de separatistas son Cataluña. No una parte de Cataluña, sino Cataluña. Y por eso se quiere rendir. El problema es que ese tipo no habla por boca de ganso. A Sánchez lo acaban de poner ahí PP, PSC y Ciudadanos. Ya hemos escuchado, pues, a Doña Rogelia. Ahora solo nos falta saber quién es la Mari Carmen que se expresa a través de sus labios.

Con el permiso de Bildu
Francisco Muro de Iscar diariosigloxxi 5 Agosto 2019

MADRID, 4 (OTR/PRESS)Pedro Sánchez, que tuvo el apoyo de Bildu en la moción de censura contra Rajoy que le llevó al poder, no ha podido todavía formar un gobierno para España, pero, con el permiso de Bildu, ha dejado que el Partido Socialista forme gobierno en Navarra.

Con el permiso de Bildu y del PNV y de su rama navarra Geroa Bai, María Chivite deberá avanzar en objetivos que, al parecer, "siempre" han estado en el programa socialista: más euskera en las aulas, utilización de la educación para crear conciencia vasca, apuesta por una euskaldunización progresiva y, ahora más cerca, retirada de la Guardia Civil de las carreteras navarras. Es decir, "estricta aplicación de la Constitución".

Con el permiso de Bildu, con su vigilancia y con su amenaza permanente, Chivite hará lo que le dejen hacer sus "socios" de gobierno. No es un camino nuevo, inexplorado. Barkos lo inició ya hace ya cuatro años y, seguramente, es un camino irreversible hacia la anexión de Navarra por el País Vasco antes de que quienes son hoy socios leales y preferentes de Pedro Sánchez --el PNV, que también lo fue del PP cuando les interesó a ambos-- inicien el camino hacia el objetivo final: la independencia.

Con el permiso de Bildu, los herederos de ETA siguen y seguirán homenajeando a los etarras condenados por asesinar a personas inocentes que sigan saliendo de la cárcel como lo han hecho con el carcelero inhumano de Ortega Lara. "Hay 250 presos y habrá 250 homenajes", ha dicho Arnaldo Otegui, el que para Zapatero fue "un hombre paz". Y no habrá homenajes para sus víctimas, la mayor parte de ellos muertos a traición o por la espalda. Muchas de esas víctimas fueron enterradas casi en secreto. Sus asesinos serán homenajeados públicamente. No ha habido arrepentimiento, no ha habido súplica de perdón. El odio sigue vivo.

Con el silencio de Bildu, el casi millar de víctimas de ETA y sus esposas, madres, hijos y hermanos vuelven a ser víctimas. Otra vez. Asesinadas otra vez inútil, salvaje, cobardemente. Y sus asesinos, los "padres" de Bildu, seguirán pudiendo ejercer todos sus derechos democráticos.

Con el cinismo de Bildu, pero también con sus votos, Navarra puede estar en uno de sus peores momentos. Algunos de los barones socialistas dicen que el PSN no ha buscado a Bildu pero que "es una carta que está en la baraja". Los mismos que niegan a Vox poder formar parte de Gobiernos democráticos, abren las puertas a los herederos de ETA, a los que no han condenado a ETA. El poder a cambio de los principios.

Con el permiso de Bildu al Partido Socialista navarro, ¿alguien cree que Pedro Sánchez está legitimado para pedir al PP y a Ciudadanos su abstención para poder ser presidente del Gobierno de España? Con el permiso de Bildu y sus votos es probable que en septiembre Sánchez sea elegido presidente. Avanzará así lo que intentó y no consiguió Zapatero. Que nadie dude que cada uno de esos votos tiene un precio, además del que ya ha pagado en Navarra Pedro Sánchez.

El manual del Govern para hablar mal de España por todo el mundo
Antonio Fernández. Barcelona El Confidencial 5 Agosto 2019

Los independentistas catalanes confeccionaron un argumentario para que los representantes de la Generalitat pudiesen desacreditar a España ante los ojos del mundo. Se trata de todo un compendio que bien podría titularse 'Manual para hablar mal de España', distribuido a los 'embajadores' y a los altos cargos de la Consejería de Exteriores. Para ello, introduce datos incorrectos —o directamente falsedades— en los argumentos que los representantes del Gobierno catalán debían utilizar. Este manual está escrito en catalán y en inglés y fue distribuido a todos los 'embajadores' catalanes en una reunión mantenida con la cúpula de Exteriores el 20 de julio de 2017.

En los argumentarios, que fueron confiscados en 2017, existe un capítulo cuyo título es 'Asalto legal a Cataluña'. En él se explica que "el Gobierno del PP mantiene una escalada en su asalto legal hacia Cataluña impulsando juicios políticos que 'no estarían presentes en ningún país civilizado', tal como afirma una carta dirigida por un grupo de eurodiputados catalanes a los 751 miembros del Parlamento Europeo".

Entre las noticias a divulgar, se encuentran también la de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue llamada a declarar "ante la Corte Suprema de Cataluña" alegando "desobediencia al Tribunal Constitucional español por el hecho de haber permitido un debate parlamentario sobre el actual proceso de independencia en Cataluña y, en un segundo caso, por haber permitido un voto sobre dos resoluciones sobre un referéndum de autodeterminación".

Otro de los ítems es que el anterior consejero de Presidencia, Francesc Homs, fue procesado por su implicación en la consulta informal que se celebró el 9 de noviembre de 2014. Para ello, "el Congreso español votó levantarle la inmunidad para asegurarse de que responda ante los tribunales". Asimismo, aducen que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, expresidente, exvicepresidenta y exconsejera de Educación, respectivamente, "fueron condenados por los cargos de malversación de fondos públicos y prevaricación por su implicación en la consulta del 9 de noviembre". Pero, en realidad, esta afirmación es falsa, ya que los tres fueron absueltos del delito de prevaricación y resultaron condenados solo por desobediencia.

También destaca en otro punto que, "actualmente, hay 283 casos abiertos contra municipios catalanes por sedición y desobediencia administrativa" y que "el Constitucional español tiene 45 casos pendientes relacionados con Cataluña".

"Déficit democrático de España"
Otro capítulo lleva como título 'Déficit democrático en España'. En él, se afirma que "hay preocupación en Cataluña y en el extranjero en relación con la creciente amenaza a la democracia en España” y subraya a continuación que "el sistema legal se encuentra fuertemente politizado y amenaza seriamente uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático: la separación de poderes". Siguiendo ese razonamiento, subraya también que "por lo que respecta a Cataluña, España ha impulsado un verdadero asalto legal contra representantes políticos catalanes en lugar de establecer un diálogo político".

Echa mano, asimismo, del hecho de que "el Consejo de Europa publicó recientemente un informe alertando a España del hecho que resulta crucial de que el CGPJ no solo sea independiente, sino que también sea visto como libre de cualquier influencia política". Así, uno de los puntos contenidos en el argumentario señala que "en 2016, el índice de justicia de la UE sitúa España casi en la cola de los países de la UE con un nivel de independencia de la Justicia calificado de muy malo". Y recuerda a continuación que "el Foro Económico Mundial de 2015 elaboró un informe de independencia judicial que sitúa España en el número 97 en una lista de 150 países, por debajo de Tanzania y equiparándola con México".

En otro capítulo, explica que la Administración de Cataluña siempre ha buscado el diálogo con España y que dirigió 18 peticiones oficiales al Gobierno español para realizar un referéndum acordado. Pero se encontró con “políticas agresivas, como las de instruir a sus embajadores y cuerpos diplomáticos para hacer un 'lobby' en el exterior en contra del actual Gobierno catalán". Afirma que "España sigue intensificando la confrontación legal con Cataluña a través de la politización del Tribunal Constitucional para que actúe como la rama legal del PP, partido en el Gobierno". Y luego remata: "Cataluña no tiene como objetivo perjudicar la imagen de España en el exterior".

A la hora de justificar el ‘procés’, señala que "el actual apoyo a la autodeterminación por parte del pueblo catalán va más allá del malestar por una situación de desajuste fiscal". Y recurre a verdades a medias para justificar su postura: "Las crecientes amenazas por parte del Gobierno español a la cultura y lengua catalana están poniendo en riesgo el actual modelo de integración catalán, que ha sido ampliamente elogiado a nivel internacional".

"La hoja de ruta"
Además, justifica que "en caso de bloqueo continuado por parte del Estado español, y como única vía posible para completar la transición a la independencia, se podría dar el caso de que fuese necesaria una declaración unilateral de independencia (DUI)". Y recurre a que la Corte Internacional de Justicia ha dejado claro que "el derecho internacional no contiene ninguna prohibición expresa a las declaraciones de independencia". Y zanja: "Este no es un tema legal, sino político".

Expone el documento que "Madrid rechaza cualquier tipo de acuerdo y se escuda en argumentos legales cuando esta es básicamente una cuestión política y no legal. Es preciso llegar a una solución política, tal y como hizo el Gobierno del Reino Unido con Escocia”. De ahí que dedique todo un capítulo con argumentos para equiparar el tema catalán con el escocés y señala que "la principal diferencia es que Escocia tuvo la opción de votar en el marco de un referéndum legal mientras que el Gobierno español negó este mismo derecho a Cataluña". Y eso a pesar de que los propios líderes independentistas escoceses alertaron varias veces de que los dos procesos no podían compararse debido a las grandes diferencias entre Cataluña y Escocia.

Así las cosas, expone una “hoja de ruta” en la que fijaba 18 meses (tal y como había prometido el entonces ‘president’, Carles Puigdemont) para alcanzar la independencia. Esa hoja de ruta incluía una “declaración solemne” del Parlament, para luego negociar la ruptura con España, informar a la comunidad internacional del nacimiento del nuevo Estado, preparar las instituciones y redactar la Constitución de la república catalana.

En el capítulo de activos y pasivos, el documento destaca que "Cataluña asumirá la parte que le corresponda de las deudas y activos españoles”, pero aclara que “hasta que se llegue a un acuerdo, España seguirá siendo responsable de la totalidad de la deuda existente" y que “los detalles sobre el reparto entre España y Cataluña después de la independencia se establecerán mediante la negociación o el arbitraje. A nivel internacional, hay muchos precedentes de reparto de la deuda”.

Recuerda también que "España tiene la obligación de pagar las pensiones estatales de cualquier persona que haya contribuido al sistema de pensiones español, viva en el país donde viva". Y subraya que "disponer de un Estado propio permitirá tomar decisiones económicas propias y mejorar el sistema de pensiones y subsidios. Las pensiones serán más seguras en la república catalana".

"La octava economía de Europa"
Para su reconocimiento internacional, los representantes del Govern tiraban de comparaciones. "Debido a la negativa del Gobierno español de establecer un diálogo político, como se ha pedido de forma reiterada por parte del Gobierno de Cataluña, se decidió que era necesario explicar el proceso a la comunidad internacional. Esta era también una vía para generar presión a Madrid y forzarlos a negociar".

En otro punto, explica que "cuando hay acuerdo entre las dos partes implicadas en un caso de secesión, la comunidad internacional generalmente no tiene problemas para reconocer los nuevos Estados. Este fue el caso de los dos nuevos Estados que surgieron de la antigua Checoslovaquia, así como tras la separación de Islandia de Dinamarca".

El documento asegura, asimismo, que, como los tratados de la UE no abordan la cuestión de la secesión interna, el tema catalán es un caso "esencialmente político" que se resolverá mediante la negociación de Cataluña con el resto de Estados miembros. "Todas las partes saldrían beneficiadas", subraya el texto. Y asegura luego que "bajo ninguna circunstancia, un nuevo Estado quedaría inmediatamente fuera de la UE. Para que Cataluña fuese expulsada de la UE sería preciso: a) la decisión por parte de España de reconocer la independencia de Cataluña; b) una petición por parte de España al Consejo Europeo para que Cataluña sea expulsada de la UE, y c) la aprobación específica por parte de los otros Estados miembros".

El argumentario insiste en varias ocasiones en que Cataluña jamás quedará fuera de la UE si se independiza y recuerda que su PIB "supera al de Finlandia o Portugal”. Además, añade, "tiene una economía dinámica y con potencial exportador que representaría la octava economía más importante de Europa. Hemos sido un contribuidor neto de la UE. Cataluña es un importante puntal de estabilidad, un país pequeño pero eficiente y un motor de crecimiento e innovación".

En uno de los capítulos, señala que "no hay razón para justificar una imposición de altos aranceles a los socios de la UE. Esto solo se podría dar en caso de que España opte por intentar conseguir que sea la misma UE quien los imponga, cosa muy improbable, porque perjudicaría a todas las partes implicadas". Por tanto, concluye, "Cataluña seguiría aplicando un arancel externo común a toda la UE tal y como lo hace ahora”. Esta afirmación es también poco consistente, ya que Cataluña no tendría más remedio que pagar aranceles si se separa, por el hecho de que en ese instante quedaría fuera de la UE, tal y como han advertido reiteradamente altos cargos comunitarios.

Al hilo de estas afirmaciones, el documento catalán remarca que "una Cataluña independiente mantendrá el euro porque interesa a todas las partes. Mónaco, San Marino, el Vaticano y Andorra utilizan el euro sin formar parte de la UE. Montenegro y Kosovo adoptaron el euro como una medida unilateral y sin necesidad de la aprobación del Banco Central Europeo”.

Ya lo dice el documento: "La cuestión o el problema catalán no se para". Y en otro punto añade: "Si se mantiene la falta de diálogo por parte del Gobierno español, esto hará que el 'problema' catalán se agrave y acabe afectando al conjunto de lo países de la UE, convirtiéndose en un problema de difícil gestión dados los diferentes enfoques e intereses".

Prensa a la ‘catalana’ en Navarra: PSOE, PNV y Bildu regarán con fondos públicos a los medios nacionalistas
La secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha sido elegida este viernes por el Parlamento de Navarra presidenta del Gobierno Foral con los votos de su partido, de Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra, la abstención de parte de EH Bildu y el rechazo de Navarra Suma.
Carlos Cuesta okdiario 5 Agosto 2019

El precio exigido por el separatismo y los proetarras a cambio de apoyar la Presidencia del PSOE en Navarra está cada vez más claro: Geroa Bai (formación que lleva inmerso al PNV) y EH Bildu han exigido a los socialistas la dotación de partidas millonarias para impulsar la prensa nacionalista y discriminar a los medios que no se sumen a la causa separatista.

El modelo es fácil de adoptar, básicamente porque pretende copiar el ya implantado por la Generalitat en Cataluña: un esquema que ha permitido financiar con fondos públicos a todo un listado de más de 150 medios en esa región y que ha cumplido perfectamente con su cometido de adoctrinar a la población.

La exigencia ha sido trasladada a los socialistas por Geroa Bai. Y es que Geroa es el partido que se va a encargar de forma más evidente de trasladar las exigencias de Bildu a la presidenta María Chivite (PSN-PSOE) a lo largo de toda la legislatura, de forma que los socialistas no tengan que mancharse en contactos directos con los proetarras.

El plan consiste en "adecuar la concesión de las ayudas a los medios de comunicación en euskera para dar una respuesta que garantice su estabilidad y viabilidad, promoviendo el uso de estos medios y fomentando la presencia en nuevos formatos, dirigidos de manera especial a la población joven", tal y como lo define la propia Geroa Bai en su página web. La traducción de este plan es obvia: un mecanismo basado en subvenciones para regar con fondos públicos a la prensa amiga de manera que sobreviva y compita con ventaja frente a los medios críticos.

Las exigencias de Geroa incluyen "desarrollar líneas de actuación orientadas a aumentar la información en euskera en los medios de comunicación en castellano. Aumentar la presencia del euskera en el ámbito socioeconómico, de manera especial en el comercio y servicios. Aumentar las posibilidades de uso del euskera en el entorno digital y redes sociales".

El esquema tiene como modelo el catalán, donde el Gobierno de Quim Torra destina cada año más de dos millones de euros -en 2019, 2,15 millones- a subvenciones estructurales a los medios digitales en catalán.

La mayoría de medios catalanes, de hecho, sobrevive gracias a esa lluvia de dinero público. Y es que esos 2,15 millones son sólo la punta de un iceberg donde entran el resto de entidades administrativas catalanas para disparar los importes. Así, sin contar con la Diputación de Barcelona, en 2016 y con cifras ya cerradas y definitivas, un total de 35,7 millones de euros fueron destinados de una u otra manera a los medios catalanes. En 2017 esa cifra se elevó hasta los 36,1 millones contando publicidad institucional, subvenciones, subscripciones y contratos con los medios.

Y esta pata del plan de adoctrinamiento trasladado a la prensa de Navarra es sólo el inicio de un potente esquema de ingeniería social. Porque el Gobierno socio-separatista de la Comunidad Foral, con el apoyo de los proetarras, prepara igualmente una completa inmersión lingüística de Navarra en el Euskera.

Geroa Bai ha exigido ya -y Chivite ha aceptado- distintas medidas: la primera, garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir "cualquiera de las dos lenguas propias de Navarra en las administraciones públicas", en referencia al castellano y el euskera, pese a ser esta última la lengua vasca.

En segundo lugar, garantizar el acceso "a la enseñanza en euskera y del euskera" a cualquier alumno que lo solicite. En tercer lugar, impulsar "el uso del euskera en la vida social", lo que conlleva toda una campaña de lanzamiento y su respectivo presupuesto.

El derecho a reclamar el euskera quedará blindado, además, por una nueva Ley Foral. Por otro lado, se primará "el acceso a la educación en euskera para las familias que opten por ella para sus hijos e hijas"; se ampliará "la oferta en euskera en todos los niveles educativos, así como en actividades formativas complementarias y extraescolares"; se aumentará la oferta de grados universitarios y de postgrados en euskera; y la inmersión en el euskera no será sólo a título particular y en los colegios: también lo será en el ámbito oficial. Para ello se garantizará que la Administración de la Comunidad Foral pueda atender en euskera a la ciudadanía que así lo solicite.

La medida, por último, supondrá nuevas promociones de funcionarios con pleno conocimiento del euskera. Todo, con tal de implantar en Navarra un sentimiento que favorezca una futura e hipotética anexión con el País Vasco. Es decir: cumplir el plan de PNV y EH Bildu.


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