AGLI Recortes de Prensa   Viernes 9  Agosto 2019

El desgobierno daña la economía
Editorial El Mundo 9 Agosto 2019

Aunque no haya más ciego que el que no quiere ver, y el Gobierno en funciones o no observa o es incapaz de interpretar la realidad económica, los síntomas de desaceleración son preocupantes. En un contexto internacional incierto, con una guerra comercial entre EEUU y China que ya está afectando a las Bolsas de todo el mundo, y con datos tan inquietantes como el de la mayor caída de la producción industrial en Alemania en una década, nuestro país también ha empezado a resfriarse. Y, en este escenario, la inestabilidad política, el desgobierno y la incertidumbre indefinida suponen un lastre que acabaremos pagando caro. En España la producción industrial también ha sufrido una bajada del 1,8% respecto al mismo mes del año pasado, recuperándose por desgracia la tendencia bajista de este 2019. O se asume de una vez que son imprescindibles pactos de Estado entre distintas fuerzas para desarrollar las reformas que necesita nuestra economía, o las cosas se van a acabar complicando seriamente.

Si los contactos con agentes sociales de Sánchez no fueran en buena medida un pasatiempo para marear la perdiz mientras sigue ganando tiempo no se sabe bien con qué objetivo, esta radiografía de la situación debiera haber sido ayer el eje del encuentro con los líderes de los principales sindicatos y la patronal. Porque reunirse con Unai Sordo, de CCOO, y con José Álvarez, de UGT, con el anhelo de que éstos ayuden al presidente en funciones a ejercer presión sobre Podemos para un Ejecutivo a la portuguesa, de poco sirve a los intereses generales cuando, como el propio dirigente ugetista admitió en rueda de prensa, hace falta "un Gobierno fuerte" capaz de acometer reformas. Y muchas de las que necesita nuestro sistema no son precisamente por las que abogan las dos centrales citadas, como tampoco las podría llevar a cabo un Ejecutivo débil sostenido por una heterogénea amalgama de independentistas y herederos de ETA, entre otros. Con los resultados de las urnas, sólo un pacto entre fuerzas constitucionalistas tendría apoyos suficientes para encarar una agenda reformista articulada en torno a algunos acuerdos básicos de Estado.

Para empezar, y ante la ristra de síntomas de ralentización -ahí están también el decepcionante dato del paro de la semana pasada, la fuerte caída en un sector tan estratégico como el automovilístico o el desplome de la venta de pisos-, para favorecer la actividad económica urgen sin ir más lejos medidas de choque para reducir la altísima factura energética. Las empresas españolas ven muy lastrada su competitividad porque pagan la electricidad más cara de Europa -en Alemania es el 50% más barata y en Francia, el 40%, por poner dos ejemplos-. Son este tipo de urgencias reales de España lo que debe afrontar el próximo Gobierno, aunque algunos crean que esto sólo va de siglas y sillones.

El cateto rencoroso
Emilio Campmany  Libertad Digital 9 Agosto 2019

Este presidente que padecemos, esta especie de doncel tontilindo salido de una comedia de Múñoz-Seca, este galán de cine español de serie B de los años sesenta, este lerdo tóxico, ensoberbecido, del que no se puede decir que le adorne ninguna virtud, está empeñado en demostrar que también carece de buena crianza. Ningún presidente del Gobierno puede permitirse ser tan mal educado como para llegar una hora tarde a una cita con el jefe del Estado. El feo no se lo hace al rey, aunque también. Se lo hace a todos los españoles, incluidos los votantes socialistas y los de ideología republicana, porque a todos representa don Felipe. Esa paletería de criador de ganado de pueblo, nuevo rico, que se cree que se ha ganado el derecho a plantar al alcalde que le afeó su comportamiento es intolerable.

Para empezar, el rey no le ha hecho ningún feo. Le ha recordado que el sistema está para llegar a acuerdos de gobierno y no para que haya unas elecciones tras otras, tantas como hagan falta, hasta que Sánchez obtenga la mayoría suficiente por aburrimiento del electorado. Que el PP torpemente haya aprovechado las sensatas palabras del rey para proponer a Casado como candidato a investir con la abstención del PSOE y dar la impresión de que era eso en lo que estaba pensando Felipe VI cuando dijo preferir que no hubiera nuevas elecciones, no autoriza a Sánchez a comportarse con él con las formas de un gañán. No es perdonable ni siquiera con la alegación de que, a fin de cuentas, eso es lo que Sánchez es.

Cualquier presidente del Gobierno español tiene un poder casi omnímodo, muy superior al del primer ministro inglés o al del presidente del Consejo italiano, por poner dos ejemplos de regímenes parlamentarios. Y, a pesar del mucho que tiene, a Sánchez todavía le incomoda el poco, aunque importante, que le queda al rey. Naturalmente, más allá de la estupidez, la soberbia y la falta de modales, está el deseo de minar la autoridad del rey. Y la clave no está tanto en que Felipe VI haya cumplido con su obligación de recordarle al presidente del Gobierno la suya. La clave es el discurso inmediatamente posterior a la intentona de golpe de Estado en Cataluña que, dicho sea de paso, tanto incomodó a Rajoy. Ese discurso demuestra que el rey no va a transigir, en la medida en que lo permitan sus escasísimas atribuciones, con los planes de Sánchez para el futuro de España. Esos planes están condicionados por lo que se negoció con la ETA, por la declaración de Granada, por lo que se estaba negociando con los independentistas catalanes, relator mediante, cuando se convocaron las elecciones y que no son otros que los planes que nacionalistas vascos y catalanes han pactado con los socialistas de sus respectivas regiones. Son estos socialistas los que sostienen a Sánchez al frente del PSOE y por eso está inevitablemente sometido a sus odiosos designios. Así que, claro que Sánchez es un cateto maleducado y rencoroso. Pero no sólo. Es más cosas, mucho peores.

Así se acaba con la asfixia regulatoria
Percival Manglano  Libertad Digital 9 Agosto 2019

En España se aprueban 12.000 normas nuevas al año. Cada año, sí. Eso son 33 normas al día (sábados y domingos incluidos). O casi una norma y media cada hora. También en agosto. En el tiempo que haya durado su relajado almuerzo en un chiringuito playero hoy, España tendrá tres normas nuevas con las que deberá cumplir. Siento haberle amargado la comida.

En 1979, sin embargo, se aprobaban unas 3.000 normas al año. Su producción, pues, se ha multiplicado por 4 en 40 años. Las grandes impulsoras de esta hiperactividad normativa han sido las comunidades autónomas. El 70% de las 12.000 normas anuales son autonómicas, frente a un 15% estatal y un 15% local.

Todo ello se traduce en más de 200.000 páginas del BOE al año. A estas se suman cientos de miles de páginas de los boletines autonómicos entre los que destaca, cómo no, Cataluña: el boletín oficial catalán publica más de 100.000 páginas al año.

Estos son los grandes datos del artículo titulado La "complejidad" de la regulación española ¿cómo medirla? ¿qué impacto económico tiene? recientemente publicado por el economista Juan Mora-Sanguinetti en la revista ICE de la Secretaría de Estado de Comercio (y resumido por Expansión aquí). No es el primer estudio que se hace al respecto en España. La cifra de 100.000 normas vigentes en nuestro país (de las que 65.000 serían autonómicas) es conocida desde hace años. La cuestión es qué se puede hacer al respecto. Aquí va una propuesta.

Fijémonos en la Orden ejecutiva 13771 firmada por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en enero de 2017. Dicha orden impone a las agencias federales norteamericanas derogar dos normas existentes por cada una nueva que aprueben. Es el sistema conocido como one in, two out (una dentro, dos fuera). La idea no es original de Trump. Ya se ha probado antes en Canadá, Reino Unido y Australia. Pero nunca antes había alcanzado una dimensión comparable a la del gobierno federal norteamericano.

El sistema se basa en calcular el coste que tiene cada norma. En función de ello, el coste total regulatorio no debe aumentar. Es decir, si el coste de una norma propuesta es superior a cero, el coste añadido deberá ser financiado por la derogación de otras normas.

La clave de bóveda del sistema es la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMD en inglés). Esta oficina –puramente técnica- calcula el coste de cada norma. Y su director aprueba o bloquea toda normativa propuesta. Los disparos con pólvora de rey de políticos y funcionarios se someten pues al filtro de su coste económico. Es una ingeniosa forma de acabar con la fórmula básica del socialismo: invito yo, pero pagas tú.

¿Qué ha pasado en los dos años y medio transcurridos desde la firma de la Orden Ejecutiva 13771? Es cierto que no se han derogado muchas normas antiguas, pero tampoco se han creado muchas nuevas. Se ha conseguido, pues, frenar la deriva hiperregulatoria. Esto ya hace que haya merecido la pena aprobar la reforma. Se ha generado mayor seguridad jurídica.

Ahora que se acaban de conformar muchos Gobiernos autonómicos y todos los municipales en España, sería un buen momento para poner en marcha una reforma similar. Los españoles agradeceríamos un poco de oxígeno en este clima de asfixia regulatoria.

https://www.expansion.com/economia/2019/08/06/5d488dd6e5fdeacc7d8b45f9.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6939265

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Ese aire de matonismo
Joaquín RomeroCronica Global 9 Agosto 2019

En la política catalana se producen algunos fenómenos bastante curiosos; más lamentables que otra cosa. Uno de los más visibles en esta época de tensión entre independentistas es la euskaldunización de ciertos modales. Contagio de las antiguas formas de la política en el País Vasco, las que usaban los abertzales mientras practicaban la kale borroka y aplaudían lo que llamaban la lucha armada.

Eran muy bravos, como aún lo es Arnaldo Otegi, que incluso cuando quiere llamar a la calma lo hace exasperando a su interlocutor. Matonismo en estado puro con toques de superioridad moral.

Ese aire de echao p’adelante lo importó a Cataluña David Fernández, aquel diputado de la CUP que un día ejercía de anfitrión de proetarras y otro se abrazaba al president de los recortes, Artur Mas. Los cupaires, y especialmente sus cachorros de Arran, se han especializado en ese tono de intimidación, una chulería que ahora ya se ha extendido a otras formaciones, incluso no políticas; o no técnicamente políticas.

La CUP ha desaparecido del Ayuntamiento de Barcelona, donde en las últimas elecciones perdió casi la mitad de los votos que había obtenido en 2015. Su evolución en el Parlament ha sido paralela: se dejó 60.000 votos entre los comicios de 2015 y los de 2017: 40.000 de ellos en la ciudad de Barcelona. Por eso van a modificar sus estatutos internos para que Fernández pueda volver a primera línea.

Sorprendentemente, esa pérdida de respaldo popular es paralela al crecimiento de su influencia institucional, hasta el punto de que Quim Torra los incluye en la parodia de negociación presupuestaria. Y también entre ese sector del independentismo que quiere forzar otro otoño como el de 2017.

Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, ha recomendado a Pedro Sánchez que procure tener un Gobierno estable para cuando llegue la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O. En su opinión, no disponer de un Gabinete sólido podría dejar la puerta abierta a una desestabilización que “afectaría de forma muy negativa a la economía del Estado, situación del todo indeseable”.

Los presidentes de las otras 11 cámaras de comercio catalanas --hubo uno que escurrió el bulto-- respaldaron esa declaración, que se producía unos días después de que el propio Canadell llamara a un paro del país como respuesta al fallo judicial. Empresarios al frente de instituciones económicas que juegan a vacilar a un Gobierno con amenazas de paralización de la actividad económica. Increíble, pero cierto.

Otra activista que ha adoptado los modos matonistas es Elisenda Paluzie, presidenta de ANC. Su forma de decirle a ERC que se joda y aguante los escraches y las embestidas de los CDR cuando les echan mierda en sus sedes es acusarles de tener la piel muy fina y no aguantar las críticas. La respuesta es tan bestia y desafiante que los republicanos han preferido morderse la lengua. “Sois unos nenazas que no os atrevéis a participar en la Diada que os estamos preparando”, vino a decirles el martes desde la radio.

La CUP puede pasar apuros, incluso es posible que llegue a desaparecer, dado que su papel ha sido asumido por distintas organizaciones, incluso por partidos de derechas, pero al menos le quedará el orgullo de haber influido en la política catalana importando el pavoneo; lo que podríamos traducir por gallejar. Es innegable que ha supuesto un cambio importante para un territorio acostumbrado a una clase dirigente que siempre había cultivado la modestia, el no decir una palabra más alta que otra, lo que hiciera falta para crear un escenario compatible con el victimismo. El nuevo estilo, el del gallito, ha sido adoptado por los grupos que se han puesto al frente del país sin que nadie les haya votado, esos que insisten en que el “pueblo manda y el Govern --pasmado y amedrentado-- obedece”.

Societat Civil Catalana ha dejado de ser útil
Sergio Fidalgo okdiario 9 Agosto 2019

Mucho se ha hablado sobre Societat Civil Catalana, la organización a la que han acusado de ser una herramienta fundada desde los partidos, desde La Moncloa o desde algunas empresas, entre otros espacios. Las teorías son muchas, y la mayoría están equivocadas. Sin embargo, lo único importante es que esta entidad constitucionalista era necesaria. Fue el bote salvavidas que acogió a millones de catalanes que se sintieron huérfanos durante los momentos más duros del golpe de Estado secesionista.

Lamentablemente, y hasta que se demuestre lo contrario, ha dejado de ser útil, porque ahora genera más ruido que resultados prácticos. Si hace unos meses hubiéramos preguntado en cualquier rincón de España qué es Societat Civil Catalana la respuesta hubiera sido unánime: “Es la entidad constitucionalista que llenó las calles de Barcelona con centenares de miles de rojigualdas y ‘senyeres’ para defender a una España unida”. Si repetimos esta cuestión hoy mismo nos dirán algo así como “sí, los que tienen al presidente que vota a ERC” o “los que quieren pactar con los separatistas” o “los que quieren llegar a acuerdos para que suelten a los presos”.

Podríamos discutir si es justo o injusto. Si los periodistas han tergiversado, simplificado o manipulado las declaraciones que los dos últimos presidentes de la entidad, Josep Ramon Bosch y Fernando Sánchez Costa, hicieron en su momento. Ellos mismos las han explicado o matizado en redes y en posteriores entrevistas, y les invito a que lean sus explicaciones. Pero también forma parte de su legado el haber creado esa imagen de Societat Civil Catalana. Algo habrán hecho mal cuando lo que han entendido amplios sectores de la sociedad española es que SCC ha diluido su mensaje y está más por la “concordia” con el secesionismo que por plantarle cara.

Sobre todo, porque si algo había hecho bien Societat Civil Catalana desde su fundación era comunicar. Un mensaje sin complejos, que todo el mundo entendía: España es un Estado de derecho, y aquí estamos nosotros para apoyar a los catalanes que se sienten españoles y que defienden la legalidad. Sencillo, claro y directo. Por eso un millón de personas salieron a la calle siguiendo sus convocatorias del 8 y el 29 de octubre de 2017. SCC podría seguir siendo un arma para defender la democracia en Cataluña, pero ya no lo saben transmitir. Y han provocado dudas. Y desconfianza.

Porque enfrente hay un secesionismo que, al menos en el aspecto simbólico, no ha dado un paso atrás. ¿Cómo se pueden hacen declaraciones para intentar ‘integrar’ a los secesionistas cuando los constitucionalistas catalanes cada día se desayunan con los desafíos de Quim Torra, Carles Puigdemont, Elisenda Paluzie y el resto de dirigentes separatistas? No han pedido perdón por intentar acabar con la democracia española, y no han abjurado de sus intenciones golpistas. Unos días antes de que Gabriel Rufián diera lecciones de ‘alta política’ en el Congreso tras el fracaso de la investidura teníamos a dos de sus ‘jefes’, de los que mandan en ERC, a Pere Aragonès y Roger Torrent, defendiendo la creación de una “República catalana” en un acto de las juventudes de su partido.

Las sucesivas declaraciones de Bosch y Sánchez Costa sólo han servido para que SCC pierda apoyos y que su mensaje se diluya. Y es injusto, porque esta asociación sigue trabajando con eficacia en temas sensibles para el constitucionalismo catalán. En septiembre organizan en Barcelona unas jornadas sobre convivencia lingüística que serán muy útiles para denunciar los abusos del secesionismo en esta materia. ¿Pero quién habla de este acto tras la polvareda generada por ambos presidentes?

Societat Civil Catalana no nació para pastorear al constitucionalismo catalán hacia la “concordia” con un secesionismo que ha mostrado un interés nulo en reengancharse al proyecto común de todos los españoles. Se fundó y consiguió un amplio respaldo popular porque supo escuchar el clamor que había en Cataluña para defender al Estado de Derecho y lideró la respuesta al golpismo independentista. No tiene otra función, por mucho que algunos se empeñen en reinventar la entidad. Mientras sea la herramienta que ejecute los deseos de millones de ciudadanos, SCC será necesaria. Si entra en otro tipo de operaciones, perecerá. De ellos depende.

Sólo un consejo a Sánchez Costa. Albert Sáez, uno de los actuales altos cargos de ‘El Periódico de Catalunya’, que en su momento fue nombrado por ERC para dirigir la política de comunicación de la Generalitat durante los tripartitos de Maragall y Montilla, le ha apoyado en una columna. Uno de los personajes que convirtieron TV3 en una herramienta de propaganda separatista ha ensalzado su “heterodoxia” por sus declaraciones sobre la necesidad de convencer a los dos millones de catalanes independentistas. Si un propagandista secesionista que en el pasado ha hecho mucho daño al constitucionalismo catalán te defiende, mala señal. Conviene marcar distancias, aunque estés pasando por una mala racha y parezca que cualquier muestra de cariño se deba airear. Y es que hay abrazos que matan. Sánchez Costa ha perdido la oportunidad de distanciarse de alguien así y ha difundido el artículo sin ningún comentario crítico. Igual es el mejor resumen de cómo está Societat Civil Catalana en la actualidad. Ojalá todo sea una equivocación mía fruto de los calores estivales y el tinto de verano y haya una explicación que no he sabido ver.

P.D: Las declaraciones de un vicepresidente de Societat Civil Catalana desmarcándose de Sánchez Costa y pidiendo la ilegalización de los partidos secesionistas son una versión chusca del "poli bueno" y el "poli malo". Por favor, si quieren dedicarse a la ficción, que los guiones no sean tan previsibles.

SCC y el catalanismo
Antonio Robles  Libertad Digital 9 Agosto 2019

No hay nada que desamine más a quienes se han ido sumando al constitucionalismo contra el nacionalismo, que la traición de las organizaciones con las que colaboran. Sea real o no. Eso no importa, si así se percibe. Y las declaraciones del nuevo presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, tienen esa capacidad disolvente cuando afirma que no podemos decirle a dos millones de personas que el procés independentista no les sirvió para nada; para a continuación, pretender seducirles de nuevo tendiéndoles la mano con nuevas concesiones. Pura ingenuidad, al catalanismo no se le seduce, es un delirio colectivo desconectado de razones y hechos. O lo neutralizas, o te infecta.

El nacionalismo está dividido, pero al constitucionalismo lo están desanimando con posiciones políticas como las de SCC. Simultáneamente a esta conversión de SCC a un catalanismo comprensivo con los dos millones de marras, acaba de nacer Lliga Democràtica, cuyo ideario es reivindicar un catalanismo de centro derecha no independentista. Supongo que es pura coincidencia, a pesar de que su secretario general, Josep Ramon Bosch, el presidente que lo precedió, ya levantó polvaredas hace unos meses al declararse partidario de la inmersión lingüística y asegurar que "si hay un arrepentimiento sincero, entiendo que el Estado debería ser generoso" con los golpistas.

Miren, yo no dudo de sus buenas intenciones. Ni de su estrategia para dejar en minoría al independentismo. Dejémoslo ahí. Pero de lo que no tengo duda alguna es de lo que es el catalanismo y a quién sirve. Como tampoco tengo duda alguna de que las organizaciones constitucionalistas deben tener carácter y personalidad para crear su propio relato. Y éste empieza por rechazar el supremacismo catalanista que nos ha traído hasta aquí desde hace más de cien años. No es cuestión de hacer más soportable la vida de los esclavos, sino de acabar con la esclavitud.

Empiecen por escanear de qué estamos hablando. El árbol de la reivindicación nacional de Cataluña nace del catalanismo. Son sus raíces; el nacionalismo, el tronco y el independentismo, las ramas y los frutos. Forma parte de un proceso, al modo y manera como Aristóteles explica el paso del ser en potencia, al ser en acto. Detrás de él se ha escondido el PSC, con él nos convirtió en discapacitados lingüísticos Pujol, y de su poder ha vivido la derecha catalana desde la transición. Despojada ahora del presupuesto, y con el procés en prisión, dan un paso atrás para seguir viviendo del cuento. O sea, del relato de pueblo oprimido. Una manera de seguir monopolizando el poder y excluir al resto.

El catalanismo es una especie de aguajero negro de la identidad que lo atrapa todo. Es como una neblina transparente que conforma una manera de sentir, de percibir y de actuar fuera de la cual sólo hay vacío. Una especie de impuesto, un arancel, una deuda permanente a la que hay que guardar pleitesía sin saber por qué, de dónde proviene su poder, y a quién sirve realmente. Y sin que nadie se plantee, que quizás el problema, su existencia.

Si algo es axiomático en los Estados de Derecho que nos han hecho libres e iguales ante la ley en las sociedades modernas, es el espíritu que alimentaron las revoluciones inglesa, americana y francesa al poner la voluntad de los ciudadanos por encima de privilegios, derechos históricos, identidades y demás supersticiones clasistas previas a tal voluntad.

El catalanismo las niega, es una antigualla, y su presencia, puro caciquismo. Tomar conciencia de ello, es el primer paso para salir del laberinto. Seguir en su marco mental, además de no haber entendido nada, es seguir alimentando al monstruo. O al revés, seguir en él, a lo peor, es haber entendido todo. Y por eso vuelven a él.

Los jueces no quieren ir a Cataluña
Casi el 40 por ciento de las vacantes. Cuatro de cada diez plazas judiciales sin cubrir se concentran en la comunidad autónoma. La «situación casi insoportable» desde la ofensiva independentista, clave para pedir el traslado
Francisco Velasco. Madrid. La Razon 9 Agosto 2019

La situación política en Cataluña, donde las presiones de los sectores independentistas radicales no cejan, afecta no sólo a la economía y a la convivencia en general, sino también a uno de los poderes del Estado. En concreto, al Poder Judicial, a quienes lo encarnan en esa comunidad autónoma. Año tras año, desde que se inició la deriva secesionista y los jueces tuvieron que asumir las responsabilidades intrínsecas a su cargo, actuando contra quienes se saltaban la legalidad vigente, la situación ha llegado a tal extremo que cada vez son más quienes desean abandonar sus destinos en los juzgados catalanes por otros más «cómodos» para ellos y sus familias. Y, consecuencia de lo anterior, aumentan de forma paulatina las sedes judiciales que no cuentan con un magistrado titula al frente. La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña refleja cómo a finales del pasado año las vacantes superaban las 90, aunque a día de hoy esta cifra es superior, «pero marca claramente una tendencia», señalan fuentes del Consejo General del Poder Judicial.

Este hecho se ha constatado muy recientemente en el último concurso de ascenso de jueces a magistrados, donde casi el 40 por ciento de las plazas –el porcentaje se situaría en torno al 37 por ciento– que salieron en el citado concurso estaban radicadas en Cataluña. ¿El motivo? Quienes ocupaban esos destinos habrían optado por trasladarse, en no pocos casos después de varias décadas, al considerar que la situación, para ellos mismos pero sobre todo para sus familias, hacía aconsejable un cambio de destino a otra comunidad y dejar atrás gran parte de su vida. «En Cataluña siempre ha habido movilidad, pero nunca a los niveles de ahora y esto hay que reconocerlo. Ahora, hay magistrados que están abandonando Cataluña tras 25 años en los juzgados o tribunales de Cataluña», afirman a LA RAZÓN fuentes del CGPJ.

Y que, se incide al respecto, aunque es cierto que el cuerpo de opositores catalanes a judicatura es bajo, «siempre llegaban un buen número de aprobados que procedían de otras comunidades y se quedaban un buen número de años, cuando no de forma definitiva». Sin embargo, la situación en la actualidad ya no es así: «Ahora, prefieren ir destinados a un juzgado de un pueblo y esperar ahí dos años hasta que pueda ascender a magistrado y cambiar de destino, porque prefieren vivir en un pueblo antes que en una gran ciudad como puede ser Barcelona».

«Situación insoportable»
Este es el resultado, se añade al respecto, «de la situación casi insoportable» en que tienen que vivir» los jueces y magistrados destinados en la comunidad de Cataluña, «especialmente en los últimos cuatro o cinco años»: «Han visto cómo se tiran excrementos a las sedes e incluso se ha tenido que exigir un plan de vigilancia para protegerlas y aguantando continuas protestas, algunas de ellas con el Gobierno de la Generalitat al frente».

El Consejo General del Poder Judicial considera que es del todo necesario incentivar a los jueces a solicitar destino en Cataluña y evitar que los que ya ejercen en ese territorio opten por un traslado a otra comunidad. Para ello, una de las medidas que podría contribuir a lograr esos objetivos es incentivar con un «plus» económico esos destinos, igual que sucede, por distintos motivos, con los destinados en País Vasco, Navarra, Valle de Arán, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Esta pretensión fue planteada por el CGPJ al Ministerio de Justicia en la última reunión de la Mesa de Retribuciones.

Sin embargo, la parálisis política que sufre nuestro país hace que esa opción, donde el Ministerio de Hacienda también tendría algo que decir, sea prácticamente inviable con un Gobierno en funciones y donde la actividad parlamentaria es más bien escasa. Para que se pudiera aprobar ese incentivo económico sería necesario que el Ejecutivo lo propusiese a través de un proyecto Ley o que cualquiera de los grupos la presentara como iniciativa para su tramitación.

Esta situación se concreta, según fuentes judiciales, en el hecho de que en los dos últimos años han sido unos 60 jueces y magistrados los que han optado por dejar sus destinos en Cataluña y ejercer en otras sedes judiciales fuera de ese territorio (en 2018 fueron 48); mientras que, por el contrario, el número de los que han solicitado plazas en Cataluña ha sido mucho menor. Así, la memoria de este año del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña refleja estadísticamente todo lo anterior. En este sentido, la plantilla orgánica de jueces y magistrados en 2018 (datos a los que hace referencia la citada memoria) es de 820 plazas, pero los titulares nombrados eran de sólo 774. Este hecho ha originado que se haya tenido que recurrir a 116 jueces sustitutos y magistrados suplentes para atender todas las sedes judiciales y que se haya tenido que implantar un sistema de «retenes» en los juzgados para evitar el atasco de las causas .

Desertización
Pablo Baró Martín. Presidente Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña. La Razon 9 Agosto 2019

Hace año y medio aproximadamente empecé a tomarme la molestia de revisar cada uno de los concursos de jueces y magistrados que se publicaban en el BOE, con la finalidad de llevar las cuentas de los compañeros que se marchaban de Cataluña. Después de unos cuantos meses, actualizando una plantilla de Excel, desistí por ser bastante desoladores los resultados. Habíamos llegado a un punto en alguno de esos concursos, en que una de cada tres vacantes judiciales que se producía en toda España estaba en Cataluña. Teniendo en cuenta que la plantilla orgánica de jueces y magistrados en esta comunidad es de 820 plazas, y que en el conjunto de España hay un total de 5.551 jueces, es fácil llegar a la conclusión de que la desproporción es absoluta. Así que existen suficientes datos para afirmar que, por regla general, los jueces no quieren estar en (o venir a) Cataluña.

«Operación Toga», pintadas y lanzamiento de estiércol en los Juzgados, declaraciones de representantes públicos catalanes poniendo en duda, cuando menos, la imparcialidad de la Justicia española, ataques a determinados magistrados, etc. Hechos a los que ahora se ha sumado una actitud rayana en la hostilidad por parte del Departament de Justicia, al no poner en marcha los nuevos juzgados creados desde hace tiempo, o la ausencia de inversión en las sedes judiciales, lo que ha motivado, por ejemplo, que se suspendiera la actividad judicial en Martorell debido al deplorable estado de las instalaciones, o que en los Juzgados de Gavà o Sabadell se hayan llegado a superar los 30 grados al estropearse los sistemas de ventilación. Uno de los últimos sobresaltos, un pantallazo que apareció en los ordenadores de trabajo hace unas semanas, donde se informaba que la Generalitat iba a controlar su uso. Teniendo en cuenta los precedentes –el proyecto «Visió Justícia», presentado en mayo de 2017 para inspeccionar todos los Juzgados y secciones de la Fiscalía en Cataluña–, es normal que mostremos nuestro recelo ante estas iniciativas.

Seamos realistas, todo esto está en íntima relación con la desertización de la justicia en Cataluña. No se trata solo de que tradicionalmente en esta comunidad haya habido menos opositores que en otras. Lo que no deja de ser una verdad a medias, ya que de 2003 a 2016 hubo 186 aprobados a las carreras judicial y fiscal, procedentes de Cataluña, frente a 261 de la Comunidad Valenciana, territorio donde no existe este problema, y tampoco parece que cuenten con un cuerpo de opositores notablemente superior. De la misma forma cabría descartar como causa más probable el coste de la vida, pues en Madrid, con índices similares, no se da este problema.

El foco hay que situarlo en otra pista, en esas anormales circunstancias en las que estamos los jueces desempeñando nuestro trabajo en Cataluña. Labor que seguiremos desempeñando con lealtad al ordenamiento jurídico y al Estado de derecho, pero sin dejar de advertir las fatales consecuencias de cualquier atisbo de debilitamiento del Poder Judicial. El Estado, desde luego, no se lo debería poder permitir.

El SUP reclama mejores condiciones para la Policía Nacional en Cataluña por la ‘hostilidad’ del separatismo
Redacción eltorotv.com  9 Agosto 2019

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) del Cuerpo Nacional de Policía ha pedido mejorar las condiciones de los agentes en Cataluña por la situación sociopolítica y el «alto nivel de hostilidad» que advierten hacía los policías y su entorno personal.

En una solicitud a la Dirección General de la Policía (DGP) recogida por Europa Press, el sindicato apunta que desde el 1-O la tensión ha aumentado y que los familiares de los policías nacionales «se ven obligados a mantener en secreto la condición de agente de la autoridad de su marido/mujer/padre/madre para no verse sometidos a señalamiento, discriminación, insultos, vejaciones e incluso agresiones físicas«.

«Esa clandestinidad impide realizar una vida normal, asentada en el entorno urbano en el que se trabaja, y provoca que los agentes traten de cambiar de plantilla en cuanto disponen del baremo necesario», añade el SUP, que detalla que el número de agentes se ha reducido un 13,59% en Barcelona, un 10,59% en Tarragona, un 23,88% en Lleida y un 15,45% en Girona.

‘Dificultades para cooperar con los Mossos’
También señala que «hay dificultades serias para conseguir la cooperación de otras instituciones, empezando por los propios Mossos, en las gestiones diarias de las diferentes unidades».

Asimismo, el sindicato solicita incrementar la cuantía económica del plus de territorialidad y mayor baremación por cada año de servicio en Cataluña, más medidas de conciliación para los agentes destinados en este territorio y construir viviendas para alojarles, ya que «contribuirían a paliar los perjuicios señalados».
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