AGLI Recortes de Prensa   Viernes 16 Agosto 2019

Buscando ultras desesperadamente
Enternecedor el denuedocon que se busca la maldadde «las tres derechas»
Luis Ventoso ABC 16 Agosto 2019

Alarma. ¡Paren las rotativas!, como se voceaba antaño en los viejos periódicos Gutenberg. ¡Escándalo y pánico en la Comunidad de Madrid! Isabel Ayuso gobernará aceptando los acuerdos que ha firmado «con la ultraderecha». Uff, qué horror. Titulares estremecidos en la prensa sanchista. Sudores fríos entre el progresismo de guardia en agosto. Adriana Lastra, número dos del PSOE -lo que acredita su buen momento intelectual-, siempre amiga de las opiniones matizadas, arde en justa indignación ante la barbaridad fachosa de Ayuso de bajar los impuestos: «Cualquier día acabará defendiendo el terraplanismo, o a los antivacunas», le reprocha enfurruñada. Adriana, que fuma en pipa, no quiere perder su precioso tiempo en analizar las propuestas de Ayuso: «No voy a comentar cada tontería que diga la presidenta de Madrid», zanja la pensadora asturiana en un rapto de dignidad.

Como el progresismo obligatorio siempre tiene la razón, a mi no me cabe duda de que Ayuso ha firmado unos acuerdos tremebundos, prietos de postulados propios del peor Mussolini. Así que consulto la prensa oficialista para conocer las medidas concretas de «ultraderecha» a las que ha sucumbido la flamante presidenta de Madrid. Ahí van:

-Los centros educativos públicos de la Comunidad tendrán que informar a los padres sobre qué temáticas van a abordar en los talleres y charlas en los que participan sus hijos. Sin duda necesito con urgencia el curso intensivo de Reeducación en el Espíritu Progresista, porque no pillo la maldad de la medida. De hecho me parece de lo más razonable y un ejemplo de transparencia a la escandinava.

-Hay que combatir al machismo, pero no a los hombres. Sigo un poco espeso. Esta frase, al parecer digna de Himmler, también me resulta razonable.

-Promover la natalidad y crear una consejería de Familia. Por lo visto otro zarpazo súper facha. Pero -y ya lo siento- también me parece positivo en un país con un pavoroso problema demográfico y donde se están desatendiendo a las familias y a las clases medias mientras se centra el foco en las minorías.

-Las Fuerzas de Seguridad tendrán acceso a los datos de la Administración sobre los inmigrantes en situación irregular. Si están de manera ilegal en España, ¿no debe la Policía poder acceder a la información sobre su situación? ¿Cuál es el problema?

-Destinar ayudas al desarrollo, a luchar contra la despoblación. Otro terrible imperativo ultra de Vox, que en realidad viene a ser lo mismo que les dijo Sánchez la semana pasada a los representantes de la España vacía en sus rondas de propaganda.

Este es el terrible «programa ultraderecha» al que se ha plegado Ayuso. Pero el mantra funcionará, porque en este alegre país nadie se toma la molestia de leerse la letra pequeña.

Cartas a los españoles (XI)
Enrique Domínguez Martínez-Campos eltorotv.com 16 Agosto 2019

Queridos amigos:

El exministro Otero Novas no sólo reconoció que los políticos de la Transición se habían equivocado con los “nacionalistas moderados”, sino que nuestro ingreso en la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea) ha convertido a España en el balneario de vacaciones de nuestros socios comunitarios después de haber sido obligados a destruir nuestro tejido industrial productivo. España, hasta 1986, tenía balanza comercial positiva con Europa. Ya en el año 2011 la ayuda de Europa a España fue prácticamente cero. ¿Cómo hemos podido sobrevivir con un elevado déficit comercial? “Vendiendo nuestras empresas, y como cada vez quedan menos, nos hemos dedicado al endeudamiento”. Que pagaremos nosotros y hasta nuestros bisnietos. Sobre todo para pagar el brutal gasto público y la corrupción.

Al tinglado político que se originó con el Título VIII de la Constitución se sumó en 1980 el revanchismo de todas las fuerzas de izquierdas (a través de los Ayuntamientos socialcomunistas) contra el pasado más reciente de nuestra Historia con la colaboración inexplicable de UCD y del centroderecha español por su pasividad, inacción y complejos.

Según Fraga Iribarne, el balance de la Transición hasta este año (1980) se estaba logrando más por la actitud coherente y positiva del pueblo español (por aquella amplísima capa de clases medias creada durante el franquismo) que por “el protagonismo de sus mediocres gobernantes”.

Pero una gran parte de la sociedad, por otro lado, ante el avance de los “valores democráticos” se sentía muy cómoda, contenta e, incluso, feliz. Quizás porque a esa buena parte de la sociedad se la comenzó a anestesiar muy pronto con drogas, destape, sexo y mucha “movida” y diversión, rechazando por cavernícola la moral y la honestidad. “Ponte al loro”, decía el Alcalde de Madrid. Creo que fue tal su ensueño onírico que su bostezo le nubló la mente. Fue una fórmula ideal para entretenerla y engañarla.

En julio de 1980 Suárez se reunió con varios “barones” de UCD en una finca cerca de Manzanares el Real. Se habló del próximo II Congreso del partido, a celebrar a finales de enero de 1981. Todos los presentes cuestionaban ya el liderazgo de Suárez excepto Abril Martorell y Arias Salgado. A aquel encuentro nada festivo se le denominó como “el de la casa de la pradera”. Y Suárez renovó su gobierno. Sustituyó a Abril Martorell por Leopoldo Calvo Sotelo y el ministerio de Justicia se lo entregó al submarino del PSOE en ese gobierno, Francisco Fernández Ordóñez.

En este verano el general Armada, ahora jefe de la División de Montaña “Urgel” y gobernador militar de Lérida después de que Suárez lograra sacarle de la Zarzuela, aseguraba que “en el CESID todos me empujaban mucho. Querían que yo influyera en el Rey para que cambiara la situación”. En agosto recibió en su pazo de Sta Cruz de Ribadulla al matrimonio Calvo Sotelo. Después pidió a López Rodó un informe para saber cómo podría ser relevado Suárez de forma constitucional en vista de la grave situación en que se encontraba España.

A primeros de septiembre el Rey visitó el CESID sin prácticamente preaviso. Le recibió su director interino, el coronel Narciso Carreras. El secretario general era el teniente coronel Javier Calderón y el comandante José Luis Cortina mandaba la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME). Su segundo era el capitán García Almenta, jefe de la Sección Especial de Agentes (SEA), el secreto mejor guardado de la Casa.

El empresario Juan Tomás de Salas había creado la publicación “Cambio 16”, en la que desde el principio se alabó y ensalzó a Suárez. En el otoño de este año publicó un artículo en su revista titulado “Suárez no sirve ya”, que fue demoledor: “Suárez sabía desmontar, pero no tenía la menor idea de construir. Lo que es peor y evidente ahora: nunca supo bien qué diablos había que construir aquí”. Así pues, el mito Suárez se acababa.

Fraga escribió más tarde que “el PSOE continuaba jugando las cartas que me había apuntado Peces-Barba: mantener la crisis abierta… La idea de un gobierno de gestión empezó a interesar a mucha gente (políticos, empresarios…)… Nadie podía prever entonces las derivaciones que podía tener; y que no fueron ajenas a las famosas cenas de Lérida…”.

La principal de estas cenas se celebró el 22 de octubre de 1980 en el domicilio del Alcalde socialista de Lérida, Antonio Siurana. Asistieron a ella Enrique Múgica (de la Ejecutiva del PSOE), el socialista Juan Raventós y el general Alfonso Armada, el militar más monárquico de las FFAA. De estas cenas y conversaciones F. González pidió a Múgica que le informara por escrito.

Poco después, desde un determinado despacho le llegó al Rey un informe sobre las posibles soluciones que se podían adoptar para reconducir la degradación de la situación política que “ha llegado a una situación de alarma… La idea general que tiene todo el país… es que ni los gobernantes ni los parlamentarios saben cómo se hace el Estado de las Autonomías… El riesgo de la democracia no es el golpe militar, sino su propio inventario de fracasos”. Y se le daban al Rey cuatro opciones para salvar aquella “situación de alarma”. En la última de ellas se planteaba sin rodeos la creación de un gobierno de salvación nacional presidido por un militar. Es decir, se remitía a la “Operación De Gaulle” omitiendo el golpe de Estado inicial que condujera a ella.

Con estos antecedentes comenzaron las entrevistas, las conversaciones entre bastidores, las cenas, los rumores… Con dos militares en boca de todos: los generales Armada y Milans del Bosch, los dos más monárquicos y con prestigio de las FFAA. Pero en boca de los políticos. Porque, ¿qué sabían las FFAA de todo este trasiego? En el 99,99% de los 45.000 Cuadros de Mando, absolutamente nada.

La cúpula del PSOE tenía asumida la idea de creación de un gobierno de salvación nacional o “de gestión”. En una comida con el general Sabino Fernández Campo, secretario de la Casa del Rey, F. González, Enrique Múgica, Luis Solana y alguno más, le presentaron una situación política pavorosa que desembocaría en un golpe militar. El general negó la posibilidad de golpes militares, aunque estuvo de acuerdo con la difícil situación en España.

Fraga también advirtió al Rey sobre un próximo golpe militar porque tenía noticias de que algo se estaba tramando que podría afectar a la Corona. Por tanto, los principales líderes políticos, empezando por el propio Suárez, sabían que algo podía suceder de forma inmediata. No exactamente qué, pero sí el porqué de que era prácticamente inevitable en virtud de sus irresponsabilidades y falta de sentido común.

A primeros de diciembre de 1980 el Rey quería que el general Armada regresara a Madrid como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, a las órdenes del general Gabeiras, a pesar de la oposición de Suárez.

Por estas fechas, el general Armada comunicó al general Milans que el CESID le había propuesto que fuera él quien recondujera la situación política al frente de un gobierno constitucional de concentración nacional. Si lo lograba, Milans sería designado presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM).

Fue con estos antecedentes como comenzó a fraguarse una operación que pusiera fin a una situación semicaótica española. Desmadre autonómico, terroríficos asesinatos promovidos y provocados por los terroristas, inseguridad ciudadana, situación socioeconómica deplorable y sin visos de solución, paro creciente, huelgas salvajes, debilidad extrema del gobierno… Algo altamente desconocido por la inmensa mayoría de los españoles de aquellos tiempos. Aunque muchos de ellos vivieran felicísimos con tanta libertad (¿o libertinaje?) y tan poca España.

Un abrazo a todos.

Crisis educativa y autorresponsabilidad personal
Pablo Sanz eltorotv.com 16 Agosto 2019

El año pasado, un informe del World Economic Forum indicaba que el sistema educativo español ocupa el puesto 38 de 137 países, quedando por detrás de Indonesia, Brunei, Costa Rica o Líbano, entre otros. Con respecto a la calidad de la educación primaria, España suspende con un 4,2 y se sitúa en el puesto número 55 por detrás de Armenia, Rusia o Indonesia, países que obtienen mejores resultados en esta clasificación. En general, España queda muy por detrás de los tres líderes, Suiza, Singapur y Finlandia. Por si esto no fuera suficiente, las cifras de abandono educativo temprano situaron a España en la última posición del ranking de los países de la UE-28 el año pasado. Con un 17,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado la educación y la formación sin haber completado estudios de nivel superior a la enseñanza obligatoria, España se sitúa 7,3 puntos porcentuales por encima de la media de la UE-28.

Examinar todos los problemas del sistema educativo español excede evidentemente de la intención de la presente reflexión, pero algunos datos como los arriba glosados son elocuentes por sí mismos. La educación en España no está sabiendo innovar ni mejorarse, y esto perjudica en mayor medida a quienes dependen de la educación obligatoria y reglada, especialmente las capas sociales más vulnerables, que son las que más necesitan de una educación de calidad para prosperar mejorar sus condiciones de vida. Los gobiernos del PP y del PSOE han cometido muchos y numerosos errores, comenzando por la imprudente cesión de las competencias educativas a las Autonomías. Con ello se perdió la capacidad de supervisar y homogeneizar la educación obligatoria, generando sinergias entre centros y docentes, así como de garantizar unos mínimos básicos en toda la población española. El resultado ha sido la pérdida de criterios de evaluación y de contenidos homogéneos, y un encarecimiento general del sistema. De hecho, el gasto público en educación entre las comunidades autónomas tiene desigualdades de hasta un 63%. La educación ha quedado a merced de los mandarinatos autonómicos, quienes han convertido la educación en un negocio y un arma política. Con la excusa de la descentralización administrativa se ha apostado por unas estructuras educativas cada vez más inmovilistas, ideologizadas e ineficientes. Por ejemplo, la creación de un sinnúmero de universidades autonómicas, con campus en cada capital de provincia, y con una disparatada oferta de titulaciones y plazas docentes sin demanda real, ha sido un completo despilfarro del erario.

Para no pocos colectivos de profesores pertenecientes a ciertas “mareas por la educación pública” los graves problemas de la educación se deben a la escasez de “gasto público” en educación, como si toda la problemática de la crisis educativa de España pudiera reducirse demagógicamente a una insuficiente dotación presupuestaria. A este respecto, resultan muy ilustrativos los datos del informe «Diferencias educativas regionales 2000-2016. Condicionantes y resultados», elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en colaboración con la Fundación BBVA. Por ejemplo, el País Vasco destinó 7.320 euros por alumno en 2016. Aun así, los datos del informe PISA situaron el nivel de conocimiento de sus alumnos en ciencias, matemáticas y comprensión lectora por debajo de la media española y de la OCDE. Por el contrario, la Comunidad de Madrid es la que menos dinero invierte por alumno en educación (4.496 euros) pero ocupa la segunda posición en el ranking español del informe PISA. No solo está por encima de la media española, sino que también de la de la OCDE. A la vista de lo anterior, gastar más en educación no implica necesariamente una mejora de los resultados académicos.

La experiencia empírica, objetivable y medible, no parece importar a los grupos reivindicativos de las mareas por la educación pública, que siguen empeñadas en centrar su reivindicación populista en la maximización del gasto cuando en realidad los problemas educativos que presenta España se deben a una pluralidad de factores más allá del gasto presupuestario, como son las inconsistencias y politizaciones de las enésimas reformas legislativas educativas, así como la pedagogía imperante en España en los últimos tiempos, trufada de antivalores que desincentivan el esfuerzo y el mérito personal de docentes y discentes.
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Con el objetivo de mejorar el rendimiento educativo, el informe mencionado anteriormente concluye que no se debe gastar más, sino gastar mejor. La mejora de la educación requiere medidas más finas y sutiles que la de aportar más recursos. Es necesario devolver el prestigio a la educación y a sus profesionales, dotando de autoridad y ejemplaridad a las instituciones y a sus profesionales. Sólo la meritocracia y una cultura del esfuerzo personal pueden mantener y hacer progresar el sistema educativo. Y está última faceta ha sido desterrada por una mentalidad garantista y colectivista que a la postre desincentiva el trabajo de docentes y discentes. La disfuncionalidad de la educación en España es imputable en gran medida al clima creado por ese falso progresismo que azuza y se recrea en la mediocridad, igualando y nivelando por abajo, y laminando todo atisbo de responsabilidad sobre la propia vida y el destino individual. Ese progresismo materialista y colectivista obcecado en el gasto público y en la burocracia de los planes y guías docentes, a la hora de la verdad se plasma en rutinas industriales con horarios intensivos y cargas extenuantes con los que se presiona y se malgasta el valioso tiempo vital de los alumnos y de sus familias.

A la necesidad de reorganizar humanamente el tiempo y los espacios educativos hay una idea clave que con demasiada frecuencia se ha olvidado cuando se han afrontado los problemas sistemáticos de la educación: la autorresponsabilidad. Nadie aprende ni enseña adecuadamente sin esfuerzo personal, sin autodisciplina, sin motivación ni voluntad de hacer mejor lo que uno está aprendiendo y enseñando. A este respecto, el profesor tiene encomendada una función profesional que es de gran responsabilidad social. Su buen o mal hacer determinará -más de lo que él mismo a veces cree-, el devenir vital de sus estudiantes, comenzando por pequeñas opciones y valoraciones individuales en el colegio que luego serán sutilmente determinantes en su vida adulta. Hay en la educación un fino juego de mímesis que es crucial. Resulta pues trascendental que el profesor tenga vocación, pero también incentivos claros para mejorar sus clases y materiales docentes, su disposición, su dedicación y preparación. Esto implica realzar la figura del profesor, su autoridad y ejemplaridad, sobre todo en primaria y secundaria. Su reconocimiento social debería ser impulsado, no sólo mejorando sus recursos, sino proyectando socialmente su figura y realzando el valor que tiene su actividad para el conjunto de la sociedad, como sucede en Finlandia. El falso progresismo en España ha tenido una responsabilidad directa en minar la autoridad y la autoestima de los propios profesores, a la par que ha perjudicado las políticas familiares, fomentando legislaciones destructivas y lacerantes contra la familia natural y tradicional, olvidando que el ámbito doméstico es el primer ámbito educativo y que la estabilidad familiar repercute determinantemente en el estado emocional de los hijos y en su desempeño escolar.

La educación es un derecho universal pero también un deber moral. Un ser racional debe ser capaz de comprender que no sólo es bueno, sino que es necesario ejercitar ese derecho a educarse, siendo oportunamente autodidacta, aprovechando los medios de los que dispone dentro y fuera del centro educativo para mejorarse a sí mismo a través del conocimiento y experiencia que obtiene de los entornos en los que está y se mueve. Si de verdad formamos parte de una sociedad democrática madura, deberíamos exigir valores fuertes y reconocerlos socialmente, educarnos y exigirnos responsabilidad en dicha tarea y no culpabilizar a otros de este fracaso colectivo basando la inculpación en reclamaciones empíricamente refutadas. Una educación sin autorresponsabilidad personal es una educación reglada de muy baja calidad, con apenas poca capacidad de regenerar críticamente los ámbitos más disfuncionales de la sociedad.

Un sistema educativo concebido como un proceso administrativo con fases de procesamiento de información y producción de exámenes es una concepción industrial que lamina todo atisbo e inquietud por la regeneración social y mejoramiento colectivo. Por eso la ideología socialista, más allá de sus soflamas a favor de un mayor gasto público, se siente tan cómoda con la dirección que ha tomado el modelo educativo actúa bajo su influjo, porque sabe por experiencia propia que lo que propone fuera de estos estándares legalistas e industriales es la colectivización y dependencia de los estratos más vulnerables de la población, controlándoles más eficazmente a través de su ingeniería y programación social. En efecto, el socialismo concibe la educación del mismo modo que a la economía decimonónica, al ser originario de un contexto de materialismo, industrialización, tecnificación y masificación. En consecuencia, el control social y el adoctrinamiento del alumnado es la principal meta de este sistema.

La revolución educativa pendiente en España pasa por reconocer la educación como el ámbito social más genuino de lo humano, en el que desarrollar en común un ecosistema moral de virtudes personales que incentive y posibilite la construcción de un conocimiento abierto, crítico, consciente y humanístico. El ímpetu que debe primar en dicha tarea es el del mérito, el rigor, la autorresponsabilidad y el esfuerzo personal, los únicos secretos para ser más más libres e independientes.

El 'marrón' de Ayuso: colocar a 263 cargos mientras Vox quiere adelgazar el Gobierno
David Fernández El Confidencial 16 Agosto 2019

A la alegría por el objetivo cumplido le ha sucedido ahora la incertidumbre. El PP respira tranquilo porque Isabel Díaz Ayuso ya ha superado las complicadas negociaciones y será nombrada oficialmente este lunes nueva presidenta autonómica. Pero entre los cuadros populares que durante esta legislatura han ocupado las plazas de personal de confianza (altos cargos y asesores) del Gobierno regional cunde cierta preocupación sobre su futuro. No hay sitio para todos en el nuevo Ejecutivo autonómico, teniendo en cuenta que casi la mitad de las consejerías serán gestionadas por el socio del PP, Ciudadanos, que creará su propio equipo

A eso se suma la presión de Vox, que aunque no ha querido entrar en el Ejecutivo ya ha advertido de que su apoyo de investidura no ha sido gratuito ni un cheque en blanco, criticando con dureza que el nuevo Gobierno de coalición haya aumentado su estructura, pasando de las nueve consejerías actuales a 13. "No nos parece muy oportuno pasar de nueve a 13 consejerías. No tienen sillones para tanto consejero. ¿Con qué dinero van a pagarlo?", señaló Rocío Monasterio en su turno de intervención en el debate de investidura de Ayuso. Para el partido ultraconservador, la reducción del gasto público será uno de sus campos de batalla. "Venimos a desmontar chiringuitos", sentenció Monasterio.

La Comunidad de Madrid es una Administración potente. Maneja un presupuesto que supera los 20.000 millones y da trabajo a 159.000 empleados públicos. El PP, que controla este Gobierno desde 1995, siempre ha utilizado la comunidad (como el resto de partidos en otras administraciones) para contar con su gente en los puestos de confianza que tiene todo Ejecutivo: altos cargos y asesores. Se trata, por ejemplo, de exalcaldes que perdieron el bastón de mando, exconcejales y militantes que se quedaron fuera de las listas porque no salieron elegidos tras unas elecciones. También hay familiares de muchos cargos.

Es lo normal. La anterior presidenta regional, Cristina Cifuentes, señaló en varias ocasiones que su objetivo era crear un Ejecutivo austero, reduciendo el número de consejerías y entes públicos. En mayo de 2018, días después de su dimisión por el caso máster y el ya famoso vídeo de las cremas, la comunidad contaba entre su 'ejército' de altos cargos y asesores con 247 personas, según el portal de transparencia autonómico. Desglosados en 104 altos cargos y 143 asesores: 247 nombres que sumaban en salarios 16,7 millones de euros.

A día de hoy, a la espera de que Ayuso tome posesión como presidenta y Aguado como vicepresidente, el Gobierno en funciones cuenta con 160 asesores y 103 altos cargos, es decir, 263 personas. Todas cesarán con el cambio de ciclo y la preocupación se ha instalado en sus filas porque saben que no hay sitio para todos, aunque el nuevo Ejecutivo vaya a aumentar su estructura. Al ser una coalición, ambas partes negociaron un mayor reparto de las funciones. En la distribución del nuevo Gobierno, al PP le han tocado siete de las 13 consejerías, por lo que Ayuso va a tener que hacer encaje de bolillos para contentar todas las peticiones, teniendo en cuenta además que ella quiere contar con gente nueva.

Muchos de estos altos cargos y asesores ya han comunicado que no quieren seguir, otros están buscando acomodo en otras administraciones controladas por el PP, como el Ayuntamiento de Madrid, que ha vuelto a manos populares pero compartido también con Ciudadanos. Tampoco hay mucho sitio en otros consistorios. Tras las elecciones municipales de mayo, el PP solo se hizo con el poder en el oeste de la región (Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Las Rozas) y en Torrejón de Ardoz, si contamos solo las grandes localidades.

Algunos de estos asesores y altos cargos consultados por El Confidencial confían en que el partido siga contando con ellos, aunque muestran su preocupación por el futuro. "Va a ser complicado", señalan. Tampoco ayudan los malos resultados cosechados en la Asamblea de Madrid (aunque aun así se haya conservado el Gobierno). De 48 diputados se ha pasado a 30, por lo que muchos de los que se quedaron fuera del Parlamento esperaban ser recolocados en el Ejecutivo. Las consecuencias ya se han hecho notar. La pérdida de diputados no solo va a suponer una importante merma de ingresos vía subvenciones, exactamente 1.282.000 euros en estos próximos cuatro años, sino que por ejemplo el grupo parlamentario popular ya ha tenido que reducir su plantilla nada más iniciarse el nuevo curso político. Ha prescindido de seis trabajadores.

Tampoco ayudará la presión de Vox. Aunque obviamente su prioridad, como dejó claro Monasterio, va a ser que el nuevo Gobierno cumpla lo pactado con ellos, ya que "no vamos a renunciar a nuestros contenidos programáticos", el objetivo también de la formación ultraconservadora es fiscalizar el gasto público y que la Administración no engorde innecesariamente. "La Comunidad de Madrid tiene 33.000 millones de deuda. De esto tenemos que hablar. Con nuestras medidas queremos reducir la deuda. Nosotros venimos a limpiar la ciénaga. Les vamos a pedir que se bajen ustedes de la torre de marfil a la que están encaramados", señaló Monasterio este miércoles.

Vox quiere incluso que se cierren algunos de los entes públicos que componen hoy la estructura de gobierno, y trabaja en un documento para detallar cuáles son prescindibles, lo que reduciría aún más las plazas para altos cargos y consejeros. Ayuso tendrá que buscar por tanto el equilibrio. Como respuesta a Vox en el debate de investidura, la nueva presidenta señaló que "hay que seguir defendiendo desde luego administraciones más austeras. Y aunque hemos pactado entre PP y Ciudadanos más consejerías para el nuevo Gobierno, nuestro compromiso va a ser reordenar esas viceconsejerías y direcciones generales para que no haya un excesivo incremento del gasto". El nuevo equipo de Ayuso cree que el anterior Gobierno tenía pocas consejerías para ser una región de más de seis millones de habitantes. "No es un disparate que se aumenten las consejerías".

Las siete consejerías del PP tendrán las siguientes competencias: Presidencia, Interior, Emergencias y Desarrollo Local; Hacienda y Función Pública; Sanidad; Educación y Juventud; Justicia; Ordenación del Territorio y Vivienda; Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad. Las de Ciudadanos: Portavocía del Gobierno, Deporte y Transparencia; Economía, Ciencia, Competitividad y Empleo; Universidades e Innovación; Asuntos Sociales y Familia; Transportes e Infraestructuras, y Cultura y Turismo. Ese fue el pacto inicial, aunque habrá algunos cambios. Ayuso ha anunciado que creará una gran Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo.

La mayor persecución religiosa de la historia
Pío Moa Gaceta.es 16 Agosto 2019

Leemos a menudo el calificativo de “genocida” dirigido a Franco, en la onda de la propaganda bélica según la cual trataba de exterminar a los obreros. F. Moreno se explaya en el libro coordinado por Santos Juliá Víctimas de la Guerra Civil (1999): “Han caído ya, con la victoria militar, las instituciones democráticas”. Habían caído mucho antes. De hecho, fue su caída lo que ocasionó la guerra. Pero ya sabemos qué entienden por democracia estos autores. “La violencia fue un elemento estructural del franquismo”. Lo es de todos los regímenes. El terror sería “parte integral del glorioso Movimiento Nacional, de su asalto a la República y de la conquista gradual del poder, palmo a palmo, masacre tras masacre”. “La represión y el terror (eran) el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento”. “El fenómeno de la tortura fue masivo y generalizado”. “Se puede afirmar que Franco convirtió a Madrid en un gran presidio”. Etc. En suma, “Un exterminio de clase”. “Las declaraciones de Franco y de sus generales no disimularon nunca su propósito de exterminio”, “Cárceles, torturas y muerte, lejos de disminuir al término de la guerra, se incrementaron al máximo”. “Por todas partes se humilla a la gente sencilla”, y especialmente, dicen, a las mujeres. Durante años, cuenta Juliá, “el fusilamiento de los derrotados continuó siendo un fin en sí mismo (…) Los enemigos solo gozaban de un destino seguro: el exilio o la muerte”. Preston banaliza el holocausto judío, aplicando el término a los sucesos de España.

Todo esto es simplemente propaganda de guerra, que autores como estos intentan revivir de algún modo. Por supuesto, ni de lejos hubo tal exterminio, de clase o no de clase. La casi totalidad de quienes, de buen o mal grado, lucharon por el Frente Popular (1.700.000 hombres), de quienes lo votaron (supuestamente) en las elecciones (4.600.000) o vivieron en su zona (14 millones) ni fueron fusilados ni se exiliaron. Siguieron viviendo en España como los demás, dentro de las penurias que por entonces afectaron a casi toda la población. Es algo tan obvio que asombra leer hoy tales diatribas, claramente pensadas para remover viejos resentimientos, sobre todo entre jóvenes que no vivieron la guerra ni el franquismo.

Con perfecta desenvoltura, los sembradores de tanta falsificación son capaces de escribir al mismo tiempo: “[Que] el dolor de tantas y tantas víctimas anónimas del odio más irracional no sea inútil y, establecida la verdad tras el necesario debate, la guerra civil se incorpore definitivamente a nuestra historia”. “La verdad”. Su “debate” ha consistido en la aplicación de la censura y el intento de condenar a muerte civil y, últimamente, a multas y cárcel, a los discrepantes de tales “historias”.

Hubo sin embargo un genocidio tipificado como tal: “aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un pueblo o grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos”. Y fue el intento de exterminar a la Iglesia. El encarnizamiento con que se llevó a cabo revela hasta qué punto el aborrecimiento al catolicismo era una de las poquísimas señas de identidad comunes a todos los partidos del FP, excepto el PNV, que no obstante cumplió también su papel en la empresa.

Por citar algunos casos, bastantes fueron torturados en espectáculos públicos o “toreados” con banderillas, a otros los castraron y metieron en la boca sus genitales. A un capellán le sacaron un ojo, le cortaron la lengua y una oreja antes de degollarle; otro fue arrastrado por un tranvía, otros más golpeados y cortados con palos, mazas y cuchillos hasta hacerlos pedazos. Algunos quemados vivos. A seglares como una profesora de la Universidad de Valencia le arrancaron los ojos y le cortaron la lengua para impedirle seguir dando vivas a Cristo Rey; otra fue violada delante de su hermano, atado a un olivo, antes de asesinar a ambos. El obispo de Barbastro fue torturado, castrado y fusilado junto con otros clérigos y seminaristas. Cientos de monjas fueron violadas y asesinadas… Casos tales menudearon, y con frecuencia los cadáveres eran golpeados, quemados o tirados por barrancos como de perros. En varios conventos, los milicianos exhumaron ataúdes y esqueletos o cuerpos momificados y los exhibieron en ceremonias grotescas, con imitaciones obscenas de misas. En muchos cementerios fueron rotas las cruces y lápidas con frases cristianas

Los clérigos asesinados sumaron unos 7.000, incluyendo 13 obispos, a los que hay que añadir un mínimo de 3.000 laicos católicos por el mero hecho de serlo. Fue probablemente la persecución más intensa y sanguinaria sufrida por el cristianismo en su historia, superior a las de Roma y a otras más recientes como la de los bolcheviques en Rusia o las del gobierno masónico en Méjico. Y el aspecto más profundamente característico de nuestra guerra civil.

La extrema violencia contra las personas se proyectó también contra templos y obras de arte: “tesoros históricos y artísticos de incalculable valor fueron pasto de las llamas: retablos, tapices, cuadros, custodias (…) imágenes sagradas de grandes pintores y escultores como Montañés, Salcillo, Pedro de Mena, Alonso Cano, Sert y otros monumentos insignes de la arquitectura y escultura religiosa quedaron abatidos, y ardieron antiquísimas y valiosísimas bibliotecas de conventos, seminarios y catedrales, así como archivos”. Solo en Cataluña fueron destruidos hasta cien mil volúmenes de la biblioteca franciscana de Sarriá , del seminario y del convento de los Capuchinos de Barcelona; cincuenta mil en Igualada. Joyas del románico, del gótico, del barroco y del mudéjar fueron quemadas o voladas. En Madrid, la catedral de San Isidro, en sí misma un gran museo de arte con pinturas italianas y españolas, fue incendiado…. A la primera oleada de destrucciones siguió pronto el saqueo de obras de arte y tesoros diversos, que los dirigentes del FP llevaron al extranjero al perder la guerra.

Se ha pretendido que los jefes “republicanos” trataron de frenar aquellos hechos, pero es más cierto decir que los atizaban en su prensa y que expoliaron cuanto pudieron. El efecto fuera de España resultó muy perjudicial para las izquierdas. Ante las críticas, el órgano del partido azañista Política, “razonaba”: “Ningún tesoro más precioso que la razón, la justicia y la libertad (…) Casi todos esos monumentos, cuya caída deploramos, son calabozos donde se ha consumido durante siglos el alma y el cuerpo de la humanidad”. ¿Por qué lo deploraban, entonces? La incitación a la destrucción era bien clara. Justificar en ¡la razón, la justicia y la libertad!” una persecución tan feroz, sangrienta y culturalmente destructiva, ya dice mucho. Pues bien, aquel periódico y partido suelen ser considerados los más moderados e ilustrados de cuantos componían el FP

Con todo, una explosión de odio tan desenfrenado en un país tradicionalmente católico no tiene explicación fácil. Madariaga y otros le achacan una gran incultura del clero y arguyen que “el pueblo” se había disociado de la Iglesia porque esta le había olvidado, no atendía a sus necesidades y se había aliado con “las capas reaccionarias” o “con la derecha”, “el capitalismo”, “apoyando siempre al poderoso, al rico, a la autoridad opresora”. Así los crímenes no los habrían perpetrado pequeñas minorías sino “el pueblo”, en particular “el pueblo trabajador”, que, como se sabe, carga con lo que le echen. Pero el argumento es muy difícil de sostener.

Existían en España, como en todos los países, bolsas más o menos extensas de miseria, y también una tradicional despreocupación de las clases altas por la falta de instrucción y la pobreza sufrida en los barrios industriales de Barcelona o Bilbao, y sobre todo entre los jornaleros de Extremadura y Andalucía. Contra un tópico común, desde la primera guerra carlista, un siglo antes, en España había gobernado casi siempre la izquierda, representada por los liberales, fueran moderados o exaltados. Y estos habían oscilado entre un anticatolicismo radical y un “acomodo incómodo” con la Iglesia, a la que habían despojado de grandes bienes y ocasionado atentados y alguna matanza ya en el siglo XIX. Aquellos liberales habían aprendido bien la lección de que la riqueza no procede de sentimientos altruistas sino de que cada uno mire por lo suyo. Por eso era la Iglesia quien, mejor o peor, “miraba por los pobres” con una red de asilos, orfanatos y hospitales, y también promoción personal con escuelas populares, centros de enseñanza profesional, montes de piedad, cajas de ahorro y algún sindicato menor. Y culturalmente sostenían revistas y editoriales, algunos centros universitarios prestigiosos y cuidaban un ingente tesoro artístico legado por los siglos. Por muchas críticas y ataques justificables que pudieran hacerse a estas labores, es imposible que puedan explicar una persecución tan brutal.

El argumento se debilita aún más por cuanto los curas y frailes consagrados a tareas asistenciales y de promoción, que a menudo vivían ellos mismos en auténtica pobreza, fueron cazados como alimañas tanto o más que aquellos que aparecían ligados “al rico y la autoridad opresora”. El empuje de nuevos movimientos más extremos desde principios del siglo XX (marxismo, anarquismo, republicanismo) había agravado más aún la aversión a la Iglesia. Y en esas ideologías creo que cabe encontrar la raíz de un aborrecimiento tan furibundo. Como veremos en la cuarta parte, cada una de ellas presentaba una concepción total del mundo y de la vida, prometedora de sociedades grandiosas; y la Iglesia eran enfocadas como el mayor o uno de los mayores obstáculos a sus proyectos sociales. Esas ideologías, vulgarizadas en tópicos sencillos, podían tener un fuerte efecto sugestivo en mentes incultas. Y también en las refinadas.

No faltan hoy quienes siguen tocando la misma música que Madariaga o Política. Dos botones de muestra: A. Beevor, en su La guerra civil española, 2005 lo entiende como una furia “que parecía rebosar de un pozo centenario de humillaciones y atropellos, de la desesperación de gentes maceradas en el silencio temeroso y en el odio íntimo que de repente ven desaparecer los viejos tabúes”. Buena apología del crimen basada en su ignorancia de la historia de España. Una escritora más o menos pornógrafa, A. Grandes cantaba el goce que según ella sentirían las monjas violadas por “milicianos jóvenes, armados y –¡mmm!—sudorosos”, en un artículo que le valió algunas protestas. A decir verdad, las izquierdas jamás han expresado el menor sentimiento por aquel genocidio. Más aún, han querido intimidar a quienes lo recuerdae. Desde El País, por ejemplo, se ha acusado a la Iglesia de promover un espíritu de guerra civil por beatificar a los mártires de aquella orgía de sangre. Y desde hace años vuelven los conatos de incendios, agresiones y sobre todo la vieja propaganda que desde el siglo XIX ha provocado tantos crímenes, destrucciones y expolios.

Cabe añadir que desde que el Concilio Vaticano II, en los años 60, optase por el “diálogo con los marxistas”, sectores de la Iglesia han llegado a colaborar con sus antiguos exterminadores, y hasta a pedirles perdón; y hoy su jerarquía muestra indiferencia ante la planeada profanación de la tumba de Franco, que la salvó justamente del exterminio. Son hechos, digamos, llamativos.

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Cartas a los españoles (XII)

Enrique Domínguez Martínez-Campos eltorotv.com 16 Agosto 2019

Queridos amigos:

A mediados de noviembre de 1980 el CESID entregó a diversas autoridades un documento titulado “Panorámica de las Operaciones en marcha” en el que se recogían supuestos acerca de posibles preparativos de golpes de Estado: el de los Generales, el de los Coroneles y el de espontáneos. Era en este último en el que se ponía mayor énfasis y se filtraba así la posibilidad de alguna acción militar en el futuro inmediato. Para llegar a continuación a una “operación mixta cívico-militar”.

A este respecto Pujol escribió: “El PSOE tenía una auténtica obsesión por hacer caer a Suárez. Una prueba de ello es la visita que el destacado líder socialista, Enrique Múgica, me había hecho a finales del verano de 1980 en mi casa de Premiá de Dalt, para preguntarme cómo veríamos que se forzase la dimisión del presidente del gobierno y su sustitución por un militar de neutralidad democrática”. Dice Pujol que le contestó a Múgica que estaba en total desacuerdo con esa idea.

Inicialmente, ¿cuál era la idea? Plantear a Suárez una nueva moción de censura para que cayera el gobierno y sustituirlo por otro “de gestión”, como lo llamaban los socialistas, al frente del cual estaría un militar. Esto con Suárez en el poder. Pero con Suárez o sin Suárez, la reconducción de la situación política, económica y social en España y frenar al terrorismo, requería de algo mucho más drástico, más contundente.

Y Pujol sigue: “En el mes de diciembre… vino a mi casa Martín Villa (ministro del Interior) un domingo por la tarde, con José Meliá, gobernador general en Cataluña… Los recibí en compañía de Miguel Roca… Dijo Martín Villa “que vengo a deciros que no daremos ni un paso más en lo que respecta a la política autonómica… Existe el peligro de que el proceso se nos vaya de las manos… Para llevar a cabo esta política que acabo de exponer sólo hay un obstáculo que es el presidente Suárez… pero esto se va a resolver”. ¿De qué forma sabía Martín Villa que se iba a resolver? ¿Con la dimisión de Suárez? ¿Con una moción de censura? ¿Con un golpe de Estado y un contragolpe?

En definitiva, la trama política para acabar con Suárez y formar un gobierno de salvación nacional era conocida por los jerarcas de los partidos políticos, no por los MILITARES –salvo un puñado de ellos-, que serían después los que más sufrirían las consecuencias de aquella “operación mixta cívico-militar”.

No voy a insistir más en los mil detalles que conducirían al 23F. He explicado hasta aquí el meollo de aquel suceso en España de todos conocido. Lo indudable fue que los políticos sabían que algo iba a suceder. Unos pocos militares serían los encargados de dar la cara mientras que el 99,99% de ellos no sabían nada.

La escalada terrorista resultaba ya insoportable. En este año (1980) ETA acabó con la vida de 98 personas, mientras que algunos políticos y medios seguían insistiendo en que aquella carnicería se resolvería a base de mucho diálogo con los cafres asesinos. Aquella profunda crisis española necesitaba, como decía Tarradellas, ¿de un bisturí?

El 3 de diciembre de 1981 se reunían en Baqueira Beret el Rey y el general Alfonso Armada durante unas seis horas. ¿Sólo se habló del regreso a Madrid del general Armada?

Un personaje importante del CESID se reunió con su homólogo de la CIA en España, Ronald Edward, con el embajador norteamericano en nuestro país, Terence Todman, y con el Nuncio del Vaticano en España, monseñor Innocenti. Ninguno de ellos, al parecer, veía con malos ojos la instalación e España de un gobierno de salvación nacional. Y menos con Ronald Reagan en EEUU y Juan Pablo II en el Vaticano. Por tanto, se ataban cabos importantes en el exterior.

En noviembre de 1979 el teniente coronel Antonio Tejero salió de prisión con motivo de la “Operación Galaxia”. Era valiente, tenía dotes de mando y no podía ver a los “rojos”. El CESID conocía sus reuniones en la calle General Cabrera de Madrid con el general Milans del Bosch. El teniente coronel Tejero estaba dispuesto a acabar con aquella situación que no se sabía dónde podría conducir a nuestro país. Creía posible que el general Milans se podría poner al frente de un gobierno dictatorial militar.

El 10 de enero el general Armada viajó a Valencia y comió con el general Milans del Bosch. Aunque su visita era, teóricamente, para ver o comprar un piso.

Alfonso Guerra y Peces-Barba informaron al portavoz del PNV en el Congreso, Marcos Vizcaya, sobre un posible gobierno de concentración presidido por un militar, con objeto de conocer la opinión de los nacionalseparatistas vascos.

Mientras, en Cataluña, ante la abalanza contra el español promovida por Pujol, intelectuales, maestros, periodistas, catedráticos, etc., firmaban el llamado “Manifiesto de los 2.300” para denunciar la presión catalanistas sobre los castellanoparlantes. Había que “descastellanizar” el país para “hacer país”. ¿Qué hizo el gobierno? Mirar para otro lado mientras que el PSC-PSOE tachó el Manifiesto como un acto hostil hacia Cataluña.

De forma sorprendente, el 29 de enero de 1981, jueves, en un mensaje por radio y TV Adolfo Suárez anunció su dimisión como presidente del gobierno. Dijo que debido al desgaste personal sufrido desde 1976, por los ataques irracionales y sistemáticos contra él y “sin que nadie me lo haya pedido…”. Aquella dimisión sorprendió a toda España. Pero, ¿los graves problemas que padecía España podrían ser resueltos con un nuevo gobierno de UCD? ¿Sería suficiente la solución del relevo de Suárez en UCD?

No lo creía así el general Armada que, como Tarradellas, veía casi imposible un gobierno de coalición entre UCD y PSOE y, menos aún, con el apoyo de AP y PCE. Ni tampoco lo veía así el teniente coronel Tejero. Que mantenía su idea de tomar la Moncloa o el Congreso para que el general Milans se hiciera cargo del poder. Ni, por supuesto, lo veía tampoco el CESID, que era quien controlaba los movimientos de unos y otros.

De acuerdo con el expreso deseo del Rey, el 3 de febrero el general Armada era designado oficialmente 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército a las órdenes del general Gabeiras. Al día siguiente, los Reyes llegaban a Vascongadas. En la Casa de Juntas de Guernica, símbolo del más depurado nacionalseparatismo vasco, y acompañado por el jefe del gobierno de esa Comunidad, Garaicoechea, el Rey comenzó a leer su discurso. Elementos de Herri Batasuna, brazo político de ETA, acallaron al Rey cantando el “Eusko Gudariak”. Nadie podía dar crédito a lo que veíamos por TV. Aquel espectáculo bochornoso, de burla y hostilidad hacia el máximo representante de España, acabó cuando policías de paisano lograron echar del local a aquellos valientes “gudaris”. A pesar de ello, los más sublimes necios de toda Celtiberia seguían empeñados en que aquel “problema vasco” sólo se resolvería a base de diálogo, de mucho diálogo con los asesinos y los nacionalseparatistas. Aquello era, además, “libertad de expresión”. Y con la “libertad de expresión” así hemos llegado hasta hoy, haciendo el ridículo dentro y fuera de España. El terrorismo, el nacionalseparatismo y la antiEspaña (socialcomunismo y masonería) ya eran fuerzas predominantes en nuestro país.

Ante la dimisión de Suárez se celebró en Palma de Mallorca el II Congreso de UCD, que ya era un partido político roto, fragmentado. Los presentes aceptaron la designación de Leopoldo Calvo Sotelo para relevar al frente del gobierno a Suárez, trámite que tenía que ser aprobado en las Cortes. Una enorme incertidumbre política se cernía sobre España. Y los rumores de un posible golpe de Estado militar no cesaban. Cuando los militares, en su inmensa mayoría, oían, veían y callaban.

Un abrazo a todos.

'España Global'
El Gobierno utiliza un informe sobre el separatismo para atacar a la "extrema derecha" de Vox
Luz Sela okdiario 16 Agosto 2019

Un dossier de 'España Global' alude con insistencia a Vox como la "extrema derecha". La guía va dirigida a corresponsales e interlocutores internacionales y pretende desmontar las mentiras del 'procés'.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado ‘España Global’, ha utilizado un informe que intenta desmontar las principales mentiras del independentismo para referirse de nuevo, y con insistencia, a Vox como "extrema derecha", la definición con la que intentan frecuentemente descalificar a la formación de Santiago Abascal.

El documento ‘La realidad sobre el proceso independentista’, de 63 páginas, recoge algunos mensajes frecuentes de los secesionistas, bajo la calificación de ‘fake’ (falsedades) y los rebate con ‘facts’ (hechos). Una de las "falsedades" a examen es la siguiente: "La situación vivida en Cataluña no ha tenido nada que ver con el reciente auge de la extrema derecha (Vox) en España".

Una afirmación que el Gobierno socialista atribuye a los separatistas y que, a continuación, desmonta asegurando: "Los datos apuntan en dirección contraria, ya que los sucesos que rodearon el referéndum ilegal de independencia en otoño de 2017 marcan el ascenso del partido Vox".

Según el informe, "la ‘cuestión catalana’ -en conexión con la idea de defensa de la unidad nacional- fue el tema más explotado durante la campaña electoral por dicha formación política, muy por delante de asuntos como la inmigración". Y concluye: "Vox obtuvo en las elecciones generales del 28/4/2019 un 10,26% del total de votos, frente a un 0,20 % en las precedentes (junio de 2016)".

El documento pretende combatir en Europa el discurso independentista y va dirigido especialmente a corresponsales, periodistas en el exterior y otros interlocutores internacionales.

"Un partido como Vox"
En otro momento, el texto plantea una serie de preguntas acerca del procés, entre las que también inserta al partido de Abascal. El Gobierno plantea "por qué un partido como Vox" está personado en la causa contra los acusados, y resuelve que "en España, tanto la institución del jurado como la posibilidad de que personas físicas y jurídicas ejerzan la acusación popular, son formas de contribución de los ciudadanos a la administración de la justicia".

"Lo mismo que Vox, se podría haber personado cualquier otro partido o colectivo", concluye. "La acusación popular en el juicio está en manos de un partido de extrema derecha llamado Vox", reitera en otra ocasión.

"Pervivencia del franquismo"
En otra frase, atribuida también al independentismo, el Gobierno vincula a Vox con "la pervivencia del franquismo".

"El hecho de que un partido político de extrema derecha (Vox) figure en el juicio como acusación popular refleja la pervivencia del franquismo en las instituciones españolas", se plantea el Ejecutivo como ‘fake’. En contraposición, argumenta que la acusación popular está recogida en la Constitución y que el hecho de que esté ejercida en el juicio por el partido político Vox "no constituye en sí misma una especial anomalía, ya que hay diversos precedentes de partidos políticos de diferente signo que han desempeñado ese mismo papel en un pasado reciente". En este sentido, cita a PP, PSOE y también a la CUP, "un partido catalán independentista de extrema izquierda".

La guía, que se divide en varios apartados, señala, entre otros mensajes, que el del 1 de octubre "no fue un referéndum democrático" y rebate que los dirigentes independentistas encarcelados sean, como les llama el independentismo, "presos políticos" o que en España no exista una "verdadera democracia", tesis habituales de los secesionistas. Concluye, también, que la "ley es igual para todos", como síntesis a que la cúpula del ‘procés’ esté actualmente sometida a juicio en el Tribunal Supremo.

En otro momento, no obstante, expone que "no es delito plantear la independencia de una comunidad o región sin Estado en España", un término en línea con la España ‘plurinacional’ o ‘Nación de naciones’ de Pedro Sánchez.

Niega que Cataluña sea una ‘nación’
Precisamente, en el nuevo texto, el Gobierno niega que Cataluña sea una ‘nación’, un concepto que el líder socialista enarboló en cambio en distintas ocasiones.

El Gobierno resume los efectos del proceso independentista en "menos crecimiento económico, más pobreza y más exilio laboral de jóvenes", y señala que 5.350 empresas y bancos "han abandonado Cataluña desde octubre de 2017".

También observa que "los periodistas se han convertido en objetivo de los independentistas radicales" y dice que "políticos no independentistas sufren a diario agresiones" citando a Albert Rivera, Inés Arrimadas y Xavier García Albiol. El documento se utiliza ya en los contactos internacionales del Gobierno.

En otro momento, y sobre la actuación policial en el 1-O, recuerda que "los excesos policiales son contrarios a la ley" y sostiene que los dilucidarán los tribunales, donde hay 33 agentes imputados, destaca, "por un presunto uso excesivo de la fuerza".

El dossier recoge también las cinco razones del Gobierno para rechazar el referéndum: que "la independencia de Cataluña tendría consecuencias negativas para todos los ciudadanos españoles", "que supondría la inevitable salida de Cataluña de la UE" y con ello un "perjuicio económico", que "dejaría a Cataluña dividida en dos durante mucho tiempo", que "la secesión de Cataluña es un paso en la dirección contraria al espíritu de la integración europea" y, por último, que "al igual que en la gran mayoría de países del mundo, el Gobierno no tiene potestad para organizarlo sin una reforma constitucional".

Discrepancias entre Fiscalía y Abogacía
El informe incide también en las "discrepancias" entre Fiscalía y Abogacía del Estado, ya que la primera ha acusado a los políticos de rebelión y la segunda de sedición.

Cabe recordar que, el pasado noviembre, el Gobierno cesó al abogado del Estado que ejercía la acusación en la causa del procés, Edmundo Bal -ahora diputado y portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso- y que era partidario de acusar por delito de rebelión. La destitución llegó tras varios meses de discusiones sobre la calificación jurídica de los hechos relacionados con el referéndum ilegal. Justicia alegó "pérdida de confianza" para cesar a Bal, que era responsable de Penal de la Abogacía desde hacía 16 años.

Los separatistas y la “llengua de l’Imperi”
Sergio Fidalgo okdiario 16 Agosto 2019

“En Barcelona queda muy hortera hablar español, yo sólo lo hablo con la criada y con algunos empleados. Es de pobres y de horteras, de analfabetos y de gente de bajo nivel el hablar un idioma que hace este ruido tan espantoso para pronunciar la jota. Estos que no hablan en catalán a menudo no saben inglés, ni francés ni quién es ‘monsieur Paccaud’ (…) Hablar español sí que cierra puertas, y destinos: mira. El independentismo en Cataluña está absolutamente justificado aunque solo sea para huir de la caspa y el polvo, de la tristeza de ser español”. Este texto forma parte del artículo ‘Parlar espanyol és de pobres’ –’Hablar español es de pobres‘–, que se publicó en 2005 en el diario ‘Avui’. Esta joya del supremacismo separatista, fruto de la pluma del hoy afortunadamente arrepentido y españolísimo Salvador Sostres, es un buen resumen de la obsesión de los secesionistas hacia la lengua española. Lo cito no por importunar a este periodista, sino por su valor como documento.

Una obsesión basada en un inmenso complejo de inferioridad del secesionismo radical hacia la lengua española. Por eso confían en entidades como Plataforma per la Llengua, a las que subvencionan, para que colaboren en la erradicación del castellano de la vida social. En el ámbito institucional casi ya lo han conseguido, siendo el catalán el idioma de uso común, a pesar de que el español es la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos de esta región.

Plataforma per la Llengua sólo hace la labor para la que nació: trabajar por el monolingüismo. De ahí que espíe, sin avisar a los padres y los maestros, si en los patios de los colegios se habla en castellano; o que desarrolle aplicaciones de móvil en las que señalar a los comercios que no tengan el nivel de adhesión a la ‘llengua de l’Imperi’ al gusto de los nuevos inquisidores lingüísticos que quieren imponer como nuevo idioma del ‘Imperio’, o de la ‘Republiqueta’, el catalán.

Y es que los que intentan imponer el catalán por cojones lo hacen porque no confían en la potencia de la lengua que dicen defender. En vez de seducir, ordenan e imponen. En vez de convencer, ofenden y desprecian. En vez de crear complicidades, buscan crear un ‘apartheid’ lingüístico. En vez de intentar que los millones de catalanes castellanohablantes sientan el catalán como algo propio se empeñan en alejarles de este idioma a base de imposiciones y de ofensas.

Para las administraciones públicas catalanas los únicos ciudadanos que tienen “derechos lingüísticos” son los catalanohablantes. De ellos es la lengua de las escuelas, las administraciones públicas, los medios de comunicación públicos y las universidades. Te pueden multar o denunciar si no lo tienes rotulado todo en catalán, y el español es accesorio. De hecho, es punible rotular solo en el idioma común a todos los españoles, y hacerlo es como jugar a la ruleta rusa. Basta que algún “patriota” con ganas de ejercer de chivato lingüístico decida denunciarte para que un inspector de la Generalitat te abra un expediente. Eso sí, rotular solo en catalán no solo es legal, sino que es aplaudido.

El catalán es patrimonio común no solo de los catalanes, sino de todos los españoles. Es un bello idioma que merece un respeto. Un respeto que los separatistas destruyen con sus políticas de imposición. Una cosa es preservar el patrimonio cultural y lingüístico y otra intentar erradicar del uso común e institucional la lengua común de todos los españoles. Porque son los hablantes los que deciden, libremente, como desean expresarse en su vida social. Y en la relación con las instituciones ha de existir un sano equilibrio entre los dos idiomas. Y el “parli vostè la llengua de l’Imperi” que busca el secesionismo más radical como objetivo final es inadmisible en un país democrático.

Y aunque les fastidie a los separatistas, Cataluña es España. Y España es un país democrático. No se puede decir lo mismo de su modelo político, que ya se vio cuál era durante el intento de golpe de Estado del 1 de octubre: una oposición amordazada y sin derechos, un sistema judicial en manos de la Generalitat y un nulo respeto a las leyes libremente aprobadas por todos los españoles.

Houston 'tenim' un problema
RICARDO F. COLMENERO El Mundo 16 Agosto 2019

El ingeniero y astronautaLuca Parmitano recordaba el otro día el examen psicológico que tuvo que pasar para entrar en la Agencia Espacial Europea. Me pareció obvio que antes de meter a un tipo en una especie de nevera, y lanzarlo desde Kazajistán para acoplarlo en una estación espacial que gira alrededor de la tierra a 28.000 kilómetros por hora, necesiten confirmar que no está en su sano juicio.

Una de las preguntas del examen era qué cambiarías de este mundo si pudieras cambiar una sola cosa, a lo que Parmitano respondió que todos los habitantes de la tierra habláramos el mismo idioma. Lo dijo con un pragmatismo de científico, de científico no español, o solo se habría atrevido a hacer semejante afirmación desde el espacio exterior, y en mitad de una misión sin retorno.

Uno podría pensar ingenuamente que la idea de Parmitano no atenta contra la identidad cultural. Y que por decir que todo el mundo hablara en inglés, o en chino, no estuviera diciendo que no se pueda conocer e incluso seguir hablando alemán, gallego, frisón o romaní. Pero uno no tendría ni idea de cómo funciona, por ejemplo este país, si creyera que no existen políticos, respaldados eso sí por millones de ciudadanos, dispuestos a defender el derecho de nuestros astronautas a usar sus lenguas cooficiales en la Estación Espacial, y quisieran dedicar parte del presupuesto a poner traductores en Houston, o en el centro de operaciones de Darmstadt. Si para Parmitano un mundo mejor es un mundo con un solo idioma, para buena parte de nuestro país, es un mundo en el que los derechos individuales se defienden traduciendo.

Reconozco que me costaría decidirme por una única cosa que cambiar en el mundo, pero me parecería una traición intolerable que, de tener esa oportunidad, personajes como Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Puigdemont u Oriol Junqueras no eligieran que Cataluña fuera una nación.

Es cierto que el psicólogo analizaba a hombres destinados a estudiar el crecimiento de los renacuajos en órbita, y el funcionamiento de bacterias en rocas espaciales, y de microorganismos que nos permitan colonizar otros planetas, o el comportamiento de una proteína causante del Alzheimer. Es decir, que buscaban soluciones para la supervivencia de la especie; y para los que una nación, o el planeta entero, no es más que una bella masa rocosa condenada a desaparecer, y a la que dar una vuelta cada 92 minutos. Por eso no paro de preguntarme qué habría apuntado el psicólogo ante esa respuesta.

España
Víctimas y guardias civiles piden que se prohíba el «Día del adiós» de Alsasua
Es un dibujo con un monigote que lanza un «artilugio» a modo de granada contra la figura de dos agentes para que se les expulse del pueblo.
J.M.Zuloaga. La Razon 16 Agosto 2019

Varias asociaciones, entre ellas la Española de la Guardia Civil (AEGC) y Dignidad y Justicia van a presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que se investigue la convocatoria, el próximo día 31 en Alsasua, de una nueva jornada del «Ospa Eguna» («Día del adiós») y, en concreto, el cartel que se ha elaborado para dicho acto, según han informado a LA RAZÓN fuentes de dichas asociaciones. Aunque no se conocen los detalles del programa, todo parece indicar, por el cartel que ya han elaborado, que tendrá como lema principal la expulsión de la Guardia Civil de la localidad y «de toda Euskal Herria», en la que incluyen a Navarra.

En el citado cartel, los organizadores han incluido la figura de un monigote que lanza lo que, según distintas fuentes por este periódico, pretende aparentar un artefacto (tipo bomba de mano, granada o cóctel Molotov) o contundente. Sin embargo, según han aclarado en Twitter varios individuos, se trata de un «artilugio» formado por un casco de la Guardia Civil junto a una gorra de la Policía Foral. No deja de llamar la atención que los proetarras ataquen a la Benemérita con sus cascos.

Se trata, según las citadas fuentes, de una forma de intentar encubrir lo que es: un acto de agresión a la Guardia Civil, ya que el «artilugio» se dirige contra la figura de dos guardias civiles con el lema «alde hemendik» (iros de aquí), utilizado desde hace años por el entorno proetarra (incluso cuando ETA cometía atentados) para exigir la expulsión del País Vasco y Navarra de las Fuerzas de Seguridad.

Todo esto responde al envalentonamiento de este sector por el peso político que ha tomado en Navarra gracias al Partido Socialista, al que ha apoyado para que pueda alcanzar el poder en la Comunidad Foral. Por ello, la celebración del «Ospa Eguna» de este año se prepara con especial fuerza. En el cartel, además del monigote que lanza el «artilugio» y las típicas flechas de la campaña contra la Guardia Civil, se ve una maleta en la que se puede leer «Utzi herria bakean» («Dejad el pueblo en paz»).

Las citadas fuentes señalaron a este periódico que no se descarta que, como en otras ocasiones, se construyan «fallas» con asuntos alusivos a la Benemérita en sentido peyorativo.

Lo ocurrido hace días en Echarri Aranaz, con la celebración del «día del inútil» contra la Benemérita y el «tiro al facha», con lanzamiento de objetos contra fotografías de representantes de las principales instituciones del Estado y partidos políticos, es una demostración de que estos individuos han interiorizado que tienen abierto un camino y que nadie las va a frenar. La reciente celebración de recibimientos de presos en las localidades guipuzcoanas de Hernani y Oñate era un anticipo de lo que va a ocurrir, tal y como anunció el dirigente de Eh Bildu, Arnaldo Otegui.

El Libro Blanco del PP para Cataluña: "proteger" el castellano e "incentivar" el constitucionalismo
Cayetana Álvarez de Toledo propone un plan "profundo y ambicioso, a largo plazo" y que "va más allá del articulo 155".
Redacción | Agencias El Espanol 16 Agosto 2019

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha anunciado que su partido está preparando un "Libro Blanco para la libertad en Cataluña" que presentará a principios de septiembre y que tiene como objetivo revertir la expulsión del Estado en esta comunidad autónoma y fortalecer a los constitucionalistas. Para lograrlo propone, entre otras medidas, aumentar la presencia del Estado, "incentivos" sociales y económicos para los constitucionalistas y proteger la "lengua común".

Se trata, según ha expuesto, de un plan "profundo y ambicioso, a largo plazo" y que "va más allá del (articulo) 155". Es una apuesta estratégica que requiere de una "convergencia" muy grande no solo de los partidos políticos, sino también de la sociedad civil, de sectores como las letras, la economía, la cultura o la judicatura, entre otros.

La dirigente 'popular' recuerda que Jordi Pujol tenía un plan para Cataluña con el que organizó los "objetivos de construcción nacional, la expulsión del Estado y hasta de los valores democráticos de Cataluña" y que fue aplicando "en medios, en aulas, en espacios públicos" hasta el punto, afirma, de que ahora Cataluña es "uno de los sitios donde la democracia es más frágil".

Ahora, afirma, Cataluña es una comunidad "tomada" que hay que recuperar ya que este plan independentistas ha propiciado, según señala Álvarez de Toledo, que ser nacionalista sea "un chollo" porque está lleno de incentivos para "prosperar en la vida". Mientras que, por el contrario, ser constitucionalista en Cataluña "ha sido una ruina" y ha calificado de "héroes" a quienes se declaran como tales.

"Desmantelar estructuras paraestatales"
"Eso no puede ser, ese proceso hay que revertirlo", exclama la portavoz parlamentaria del PP. Ese es el objetivo del Libro Blanco que prepara su partido y que contiene un "plan de actuación intensivo" en Cataluña, que espera que se pueda aplicar "lo más pronto posible" desde las instituciones españolas.

Álvarez de Toledo no quiere desvelar las medidas concretas que presentarán en septiembre, pero sí insiste en la necesidad de reforzar la presencia del Estado en Cataluña, para lo cual propone que se "desmantelen" cada una de las "estructuras paraestatales" que se han ido creando estos años en la comunidad autónoma; que se refuerce, incentive y premie a los funcionarios del Estado en Cataluña; se proteja la "lengua común" y a las personas que quieren estudiar en español, que "lo hablan 500 millones de personas".

También apunta la necesidad de que RTVE refleje los valores del Estado y el pluralismo en su emisión en esta comunidad, al tiempo que critica a la televisión pública catalana. "TV3 es de todos o no es de nadie", exclama antes de afirmar que "no es razonable" que el director de esta cadena pública esté imputado y siga en su puesto como si no pasara nada.

"Se asumen como normales cosas que no lo son"
En su opinión, "la ausencia de reacción social y política hace que estas cosas puedan ocurrir" en referencia también a la veintena de cargos de la Generalitat que están procesados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por su implicación en el 1-O y siguen en sus puestos.

"Hemos ido aceptando o asumiendo como normales cosas que no lo son. Tenemos que devolver a cada hecho su significado y su gravedad", explica para poner el énfasis en la necesidad de "movilizar al constitucionalismo" y a los "demócratas" para que "estas cosas no pasen y haya un profundo castigo social".

En este sentido, Cayetana Álvarez de Toledo afirma que con la "ruptura" afloró la mitad constitucionalista de Cataluña que estaba "silenciada, completamente aplastada, pero que existía". Un hecho este que le da motivos para ser "optimista" ya que demuestra que existe una sociedad "tolerante, cosmopolita, abierta, demócrata" y que acepta el "pluralismo" y valora la "libertad individual".

Lamenta que esta parte de la sociedad haya estado "desprotegida por parte de las instituciones", pero apuesta "potenciar y fortalecer" y por no dejar desamparados a los constitucionalistas, por reagruparles en torno a una mesa y escuchar a todos los "mimbres" que los componen.

"Están desalentados, desanimados, pero hay que decirles no al desaliento, ni al desistimiento", apunta para acto seguido argumentar que el "separatismo se ha estrellado con el muro del Estado", que ha fracasado, aunque ahora, advierte, están utilizando "la otra vía que es la erosión interna". En su opinión, hay que aprender de las lecciones del 1 de octubre, la fecha en la que se celebró el referéndum ilegal de independencia en Cataluña.

La Lliga Democràtica, un proyecto mal encaminado
No obstante, considera un "proyecto muy mal encaminado" el partido que se ha creado recientemente, la Lliga Democràtica, que se define como una opción catalanista sin complejos, basada en el diálogo y el pacto.

Este partido cuenta con una ejecutiva provisional encabezada por la politóloga Astrid Barrio y entre sus miembros destacados está un exdiputado de CiU, Nicolás de Salas, el expresidente de Sociedad Civil Catala, Josep Ramón Bosch o la ex parlamentaria de Unió (UDC) Eva Parera.

Según Álvarez de Toledo, se trata de un proyecto "desafortunado" y "abocado a repetir los errores del pasado". En su opinión, "ahonda en la fragmentación del constitucionalismo y solo sirve a los intereses de lo que pretende combatir".

Por ello, lamenta que ese proyecto se ponga en pie. "No entiendo que personas que deberían conocer muy bien el origen de lo que nos ha traído hasta aquí pretendan repetir los mismos errores, eso respecto a la Lliga".

Y en relación con Sociedad Civil Catalana (SCC), se remite a lo dicho por el escritor y profesor universitario Félix Ovejero en un reciente artículo en el que criticaba la postura del presidente de SCC asegurando que algo había que dar a los independentistas por el hecho de que suman dos millones.

Álvarez de Toledo recuerda, en este sentido, lo que pasó en el Estado de Alabama (EEUU) cuando el gobierno sacó un 98 por ciento de los votos planteando mantener la discriminación racial. "Que más da el porcentaje si lo que proponen esos dos millones es contrario a lo del resto que son 45 millones", exclama.

El paraguas
Nota del Editor 16 Agosto 2019

En la próxima declaración de la renta, o sea la declaración de robo con amedrentamiento de Hacienda, se podrá desgravar la compra de un paraguas con tejido especial para tratar de protegerse de la orina que nos lanzan los profesionales de la política mientras dicen que está lloviendo.

Que el PP tenga la desfachatez de mencionar el problema lingüístico que toleró, creó, fomentó, apoyó y mantiene (en Gallicia) es denigrante.
 


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