AGLI Recortes de Prensa   Lunes 19 Agosto 2019

Sánchez recupera los 'brotes verdes' de Zapatero
EDITORIAL  Libertad Digital 19 Agosto 2019

Una de las características que define a los últimos gobiernos del PSOE es su negación de la realidad a nivel económico. Si Rodríguez Zapatero insistió en negar la crisis de forma vergonzosa cuando España se encontraba ya al borde de la recesión en 2008 y, posteriormente, su ministra de Economía Elena Salgado se apresuró a anunciar sus famosos "brotes verdes" en medio de la tormenta, ahora es su sucesor en el cargo, Pedro Sánchez, y su ministra Nadia Calviño quienes, haciendo gala de una profunda irresponsabilidad, tratan de maquillar la fragilidad de la actual coyuntura.

El Gobierno socialista preveía inicialmente que el PIB nacional crecería un 2,2% este año, cuatro décimas menos que el pasado, confirmándose así la gradual desaceleración económica. Sin embargo, en un intento por tratar de vender optimismo, especialmente de cara a la posible convocatoria de unas nuevas elecciones generales el próximo otoño, tanto Sánchez como Calviño insisten en pregonar las fortalezas de la economía española ante las preocupantes señales que vienen del exterior, hasta el punto de afirmar que elevarán la estimación de crecimiento al 2,3%.

Esta revisión al alza no tiene ningún sentido. En primer lugar, porque el PIB sorprendió con un tímido avance del 0,5% en el segundo trimestre y, con los datos disponibles hasta la fecha, nada indica que vaya a mejorar a corto plazo, más bien al contrario. La atonía del consumo y de la inversión, el deterioro de las exportaciones y los malos datos relativos a la creación de empleo avanzan un crecimiento similar en el tercer trimestre e incluso algo inferior, lo cual daría al traste con los cálculos del Ejecutivo.

Pero es que, además, las señales que proceden del exterior arrojan aún más dudas sobre la evolución económica del país. El recrudecimiento de la guerra comercial entre EEUU y China, el estancamiento que padece la zona euro, con Alemania al borde de la recesión, y las alertas sobre una posible contracción de la actividad en EEUU de aquí a un año dibujan un panorama desalentador, ya que un menor crecimiento a nivel mundial y, sobre todo, europeo afectará de una u otra forma al PIB nacional. Si a ello se suman las debilidades estructurales que todavía presenta España, como su elevado endeudamiento, la rigidez laboral y su escasa productividad, el discurso del Gobierno no se sostiene.

Lo que pretende Sánchez, una vez más, es apuntarse un tanto electoralista mediante una nueva campaña de marketing, lo cual, en última instancia, supone engañar a los españoles. Ocultar la realidad no solo no soluciona nada, sino que genera problemas mayores. Zapatero negó la crisis para revalidar su mandato y Sánchez obvia las señales de alerta, tanto internas como externas, con el mismo fin. Diferentes presidentes, pero el mismo error.

En el déficit y en Alemania está la clave
Primo González Republica 19 Agosto 2019

Los mecanismos para eludir la recesión son difíciles de activar. Tampoco parecen existir ideas claras sobre cuáles son los más apropiados o cuáles se pueden emplear o en qué medida y proporción o a partir de qué momento. El galimatías es importante porque en la anterior crisis financiera, la que empezó en el año 2008 y se prolongó hasta el año 2013, se utilizaron muchos artilugios.

El catálogo de las medicinas económicas quedó prácticamente agotado y el enfermo todavía no está en condiciones de valerse por sí solo para caminar con rumbo decidido y firme. Además, si hay que aplicar nuevas medicinas, el almacén de fármacos está medio vacío y tampoco hay seguridades sobre si su empleo intensivo por segunda vez en tan corto espacio de tiempo respecto a la caída anterior va a permitir un grado de eficacia aceptable.

En estas se andan los analistas económicos estas semanas mientras observan con inquietud el acercamiento de debilidades crecientes en el enfermo económico. Hay, desde luego, un médico oficial en la primera fila del diagnóstico y de la terapia, que es el Banco Central Europeo (BCE). Ya ha alertado sobre los riesgos y sobre su disposición a actuar, pero nada se sabe de cómo va a hacerlo ni de las medicinas que piensa aplicar ni cuándo activará sus fármacos. Una cosa está clara, el catálogo de medicinas que puede aplicar para activar las constantes del enfermo, cuyo estado se agrava por momentos, es ahora mucho menor que en inicio de la terapia anterior.

La razón es bastante sencilla: ya se han agotado muchas de las medicinas y no cabe encontrar a corto plazo remedios de fácil y rápida ejecución. Por ejemplo, en materia de tipos de interés, el tratamiento del que tanto se ha usado y abusado en estos últimos años, incluso meses, ya solo queda bajarlos por debajo de cero, aunque de hecho una buena parte de la financiación que circula por el mercado, tanto de prestatarios públicos como incluso privados, tiene costes negativos.

No hace falta resolver muchos argumentos para suponer que buena parte de la nueva terapia va a exigir una actuación intensiva de los Gobiernos. El papel del BCE sirvió estos años para dulcificar los tratamientos, para evitar que los costes sociales de combate contra la crisis económica se tradujeran en castigos políticos.

Parece que ha llegado el momento de abandonar esa metodología por la sencilla arzón de que ya no ofrece garantías de eficacia. Los Gobiernos han de afrontar ahora un protagonismo bastante más aguerrido, lo que pasa por activar los mecanismos del gasto público, dejando de lado el puritanismo con el que algunos Gobiernos europeos han ejercitado sus políticas económicas. El caso de Alemania parece el más ejemplar, no en vano ha logrado aprovechar la fase de recuperación económica de estos últimos años para hacer caja y promover un rápido retorno al equilibrio presupuestario del que ahora posiblemente salga con desgana pero como remedio inevitable.

Alemania tiene la fortuna de disponer de esa artillería almacenada en sus depósitos, cuenta con arsenal para aplicar ahora algo más que fuegos de artificio. No así los demás compañeros de viaje, que por no tener (caso de España) ni siquiera tenemos Presupuestos que echarnos a la cara. Alemania va a ser previsiblemente el agente principal de esta nueva fase de lucha contra la debilidad económica en la zona euro.

La caló, la jartura y los tontos
Pedro de Tena  Libertad Digital 19 Agosto 2019

Cuando la caló se espesa por las calles de España, la jartura nacional, esa irresistible sensación de no poder aguantar más tonterías políticas y más sisas del dinero público, se hace insoportable. Pongamos algunos ejemplos de cuán es de intensa la sobredosis nacional de gilipolleces y de cómo, calorina untada como manteca solar encima, parece imposible hablar en serio de cualquier cosa. No es que la calina genere espontáneamente tonterías, sino que todas las idioteces juntas producen un incremento del bochorno que conduce al empacho camino del asquito.

Como todos los años, el PSOE y las izquierdas hablan de Federico García Lorca, pretendiendo hacer creer que sólo los otros fusilaron poetas cuando es sabido que, por poner un solo ejemplo, José María Hinojosa, amigo de Lorca y parte activa de la generación del 27 además de introductor del surrealismo en España y cofundador de la revista Litoral, fue fusilado por los milicianos republicanos en Málaga unos días después. A lo mejor hay que hacer una lista de intelectuales que fueron masacrados por uno y otro bando para equilibrar la hemiplejia cerebral de los envenenadores de la memoria "histórica". No sé por qué se me viene a la memoria uno de ellos, Víctor Pradera, padre y abuelo, por ejemplo.

Y, como todos los años, otra vuelta de tuerca a la inmigración irregular. Como andaluz, una forma maravillosa de ser español, me siento cada día más jarto de esta izquierda embaucadora que habla, bla, bla, bla, de los bien pocos inmigrantes embarcados gracias a algunas ONG que juegan a ser dioses salvando a unos y condenando a otros. Sólo en julio la inmigración irregular por la ruta del Mediterráneo Occidental, que es la que llega a Andalucía, fue de 2.900 personas. Llevamos décadas soportando una llegada masiva y continua de personas sin papeles (un recuerdo a José Bono, el patriarca de la demagogia de la estupidez del "sin papeles"), pero aquí sólo se habla ahora de los "brazos abiertos" de una ONG como en su día se simuló la "humanitariedad" del PSOE con el Aquarius, que ahora nadie ve por ninguna parte. Todos los que no compartimos esa manera de manipular las cosas, somos inhumanos, insensibles, inhóspitos y, si se quiere, egoístas, inmorales y manifiestamente condenables. No así el "Kichi", claro, que ofrece el Cádiz tieso como la mojama donde un parado dijo que el paro era algo tan natural como el amor y la muerte, porque es un virtuoso de la solidaridad con el dinero de todos.

Y este año, el segundo ya, tenemos además de las cantinelas habituales la nueva costumbre que agrava la canícula y el hastío. Llevamos ya tiempo con un presidente, con un gobierno, con un presupuesto en funciones. A Pedro Sánchez parece que le va lo de existir y resistir en funciones, Falcon va y viene. Desde 2018, ahí está, habitando La Moncloa siempre en funciones y con el BOE, decretos de por medio, sin tener que dar cuenta a nada ni a nadie porque sólo puede hacer lo más urgente y preciso. Pero ahí está. Sin investir, sin gobernar, sin presupuestar, sin ná de ná pero venga Doñana, excursiones y viajes.

Y en medio de este sofoco, la gente comienza a darse cuenta de que la sequía que nos mata periódicamente y que, como no llueva pronto, nos llevará al racionamiento de agua en el Sur, en el Este y quién sabe dónde más, sigue sin ser resuelta desde una política de Estado. Se cargaron el Plan Hidrológico, envenenando con egoísmo autonómico a algunas regiones y extraviaron las desaladoras. Hasta el agua tenemos en funciones.

Y aquí estamos jartos y calurosos, haciendo el tonto y destrozando el futuro. Ya lo decía Ortega. La diferencia entre el tonto y el perspicaz es que mientras que éste se sabe a dos dedos de ser tonto y usa la inteligencia para no hacer una tontería, el tonto no se sospecha a sí mismo siendo imposible desalojarlo de su necedad. Y ojo, que añadía que el tonto es vitalicio, sin poros y mucho más funesto que un malvado porque éste descansa a veces, pero el tonto jamás.

Por qué medra la izquierda en España
Amando de Miguel  Libertad Digital 19 Agosto 2019

En todos los casos en que asciende un Gobierno de derechas hasta ahora ha solido respetar las “conquistas” de la izquierda.

Señala irónico el genio de Nicolás Gómez Dávila: "Todo el mundo hoy es de izquierda. ¡Qué alivio!". Tal desahogo se escribía en el margen de algún libro hace más de medio siglo. Desde entonces seguimos prosperando conforme la sociedad humana acepta, cada vez más, formas sutiles de degradación. Por eso, sigue el pensado colombiano, "para escandalizar al izquierdista basta decir la verdad". En ello estamos.

Reconozcamos un hecho basal. La España política es mayoritariamente de izquierdas y no solo como resultado de las elecciones. La cuestión es de mentalidad, de valores, de conveniencia. La prueba es que, en todos los casos en que asciende un Gobierno de derechas hasta ahora ha solido respetar las "conquistas" de la izquierda. Por esa razón las derechas se consideran a sí mismas como liberales o de centro. Una de esas ideas de la siniestra, muy llamativa, consiste en que la forma más aceptable de libertad es lo que podríamos llamar el derecho a la promiscuidad sexual. Solo se excluye paladinamente algunos supuestos que se consideran tabúes, como el incesto o el bestialismo. Aunque todo se andará.

Se podría pensar que la izquierda propiamente dicha (la socialista) es solo una pequeña fracción del electorado. La verdad es que, precisamente por eso, no hay forma de que el partido con más votos, el socialista, logre constituir un Gobierno estable. Aun así, la turbamulta de partidos otrora comunistas, más los separatistas y nacionalistas varios, todos ellos se sienten más complacidos con un Gobierno sedicentemente socialista. Es más, esa es la opción que favorecen ciertos grupos de presión, como los sindicatos, las patronales, las feministas, los ecologistas, los homosexuales (o como se llamen), etc. Es decir, el conglomerado resultante equivale a la gran mayoría social, y ahí no caben elecciones.

Lo curioso es que da un poco de vergüenza decir que hay grupos de presión. Por eso se utilizan eufemismos como sociedad civil, agentes sociales, oenegés, colectivos, sectores, observatorios y organizaciones de la más variada condición. Ya se sabe, donde no se acometen verdaderas reformas, se acude a la "reforma léxica". Pero no nos dejemos engañar por la variopinta nomenclatura. Puestos a calificar nuestra peculiar democracia, podríamos decir que se trata de un régimen de grupos de presión.

Con un Gobierno de izquierdas (aunque sea "en funciones" duraderas) la mayor parte de los españoles se sienten aliviados al respirar un ambiente de igualdad. El cual se traduce en el sentimiento de que cualquier mediocre, si se lo propone, puede llegar a disfrutar de coche oficial. Es la forma más decente de aceptar un valor dominante en la España de hoy. A saber, el ideal de llegar a prosperar trabajando lo menos posible. Ahí está la lotería y toda clase de juegos y apuestas, los "pelotazos" en los negocios, la corrupción a través de las generosas contratas públicas o la bicoca de las subvenciones a los múltiples "chiringuitos" de los grupos de presión. Se trata de una donosa interpretación del principio o ideal de la igualdad. Pero es lo que hay.

Que conste que todavía tenemos una forma más taimada de corrupción, a la cual no cabe oponer resistencia, tal es la fuerza con que se presenta. Consiste en aceptar el principio de la constante ampliación en el número de los cargos públicos, sean ministros, secretarios de Estado, asesores, consejeros, concejales y todo tipo de directores, presidentes, edecanes, jefes y jefecillos de todos los pelajes. En todos los niveles administrativos la izquierda siempre da ejemplo de su profundo amor por la provisión de nuevos cargos. El ideal es ahora el "jefe de gabinete". Suele ser un premio al periodista servil o servicial, o también la coronación del que empezó en las juventudes del partido o del sindicato y fue ascendiendo sin ninguna calificación profesional como comparsa de las "movilizaciones". Siempre se podrá rellenar el currículum para la prensa y las redes con la alusión de que el fulano o fulana ha realizado un curso o un máster sobre psicología profunda o sobre el desarrollo sostenible o el cambio climático. En definitiva, lo privativo de la izquierda es pegarse al poder como sea.

España no necesita inmigrantes
José García Domínguez  Libertad Digital 19 Agosto 2019

No necesitamos inmigrantes. Lo que necesitamos es incrementar como sea la productividad de los trabajadores españoles.

Ni antes ni ahora. España, su economía, nunca ha necesitado inmigrantes. No los ha necesitado nunca para que las empresas pudieran cumplir con sus planes de producción. Y tampoco los necesitará nunca a fin de garantizar que la Seguridad Social devenga capaz de satisfacer sus compromisos financieros a largo plazo ante la caída de la tasa de natalidad. España, su economía, simplemente no ha necesitado jamás de la arribada de inmigrantes. Sin embargo, cuando tanto los gobiernos del PSOE como los del PP se dedicaban a incentivar con entusiasmo la construcción de cientos y cientos de miles de viviendas que el país tampoco necesitaba porque no las iba a ocupar nadie, a España llegaron aproximadamente cuatro millones de inmigrantes. En torno a 1,9 millones durante la segunda legislatura de Aznar. Y una cantidad similar, 1,9 millones, en la primera de Zapatero. Era cuando España, país que apenas representa el 13% de la población de la Eurozona, creó el 35% de todos los nuevos puestos de trabajo registrados en ese conjunto de países. Resulta que, entre 1995 y 2007, los españoles alumbramos uno de cada tres empleos generados en la segunda región económica más rica y dinámica del mundo. ¡Uno de cada tres! Una hazaña asombrosa.

Pero lo más asombroso es que nuestro registro nacional de parados en ningún momento bajó durante aquellos años gloriosos de 1,8 millones de personas. Creábamos más empleos que nadie en Europa y seguíamos teniendo más desempleados que nadie en Europa. ¿Cómo demonios entenderlo? Pues porque estábamos generando cientos de miles de puestos de trabajo en España, millones de hecho, que solo servían para reducir los niveles nacionales de desempleo en Sudamérica, en el Magreb y en algunas naciones del Este. Exclusivamente para eso. El modelo económico español auspiciado por todos los Ejecutivos de PSOE y PP era -y es- una eficacísima máquina especializada en crear el tipo de empleos que los españoles no quieren mientras que cierta clase de extranjeros (los poco o nada cualificados) sí quieren. Así de simple. Porque no hay mucho más misterio que ese. Después, es sabido, cuando nadie compró esas casas nuevas que no hacían falta y el país se fue a pique, casi todos aquellos extranjeros más bastantes nacionales a los que ya no les quedó otro remedio acabaron recolocándose con el tiempo en empleos similares, esto es, los caracterizados por los bajos salarios y la baja productividad asociados al sector servicios, con especial énfasis en todo lo relacionado con el turismo. En el mejor de los casos, mieleuristas. Pero solo en el mejor y más óptimo de los casos.

Mileuristas extranjeros que supondrán una carga inasumible para nuestro Estado del Bienestar en la medida en que su número continúe aumentando. Y es que, lejos de ayudar a resolver el problema de la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de protección social, el crecimiento incontrolado de los trabajadores extranjeros no cualificados provoca justo lo contrario. No es retórica nacionalista. Son números. Sencillos y prosaicos números. Incluso en la eventualidad tan improbable de que un inmigrante no cualificado cotizase en España a la Seguridad Social durante toda su vida adulta, o sea desde los 18 hasta los 67 años de modo ininterrumpido, su aportación personal al sistema rondaría los 136.000 euros. Después, una vez jubilado, recibiría de él unos 220.000 euros antes de morir. ¿Eso es sostenible? Siempre que los mileuristas, españoles o extranjeros, no sean muchos, sí es sostenible. Pero cuantos más trabajadores poco cualificados se sumen al sistema, menos viable resultará. En Alemania, pese a sus dos millones y medio de turcos, solo es mileurista uno de cada seis cotizantes. En España, en cambio, uno de cada tres. Y bajando. No, no necesitamos inmigrantes. Lo que necesitamos es incrementar como sea la productividad de los trabajadores españoles. Pero esa es otra historia.

Errejón, fascista light
Santiago Navajas  Libertad Digital 19 Agosto 2019

Íñigo Errejón e Isabel Serra han protagonizado la oposición de extrema izquierda en la sesión de investidura del gobierno liberal-conservador de Isabel Díaz Ayuso. Si triste ha sido ver a todo un catedrático de Metafísica, el socialista Gabilondo, reducirse a un patético propagador de fake news al defender que en Madrid hay "197.000 niños y niñas que están en situación de pobreza extrema", peligroso es comprobar cómo los comunistas light plantean, en caso de llegar al poder, continuar con la planificación para el adoctrinamiento en el sistema educativo.

Errejón ha planteado cuál es su noción de libertad, contradictoria con la autonomía individual:
"Creemos que la libertad se ejerce en común y es más fuerte cuando pactamos y nos dotamos de instituciones que nos protejan del despotismo de los poderes salvajes. No es aislándonos, es reconstruyendo la comunidad".

Recordemos que hay distintos conceptos de libertad. En la libertad del liberalismo eres tú quién decides qué es lo que te conviene. En la libertad de los colectivismos de derecha o, como en el caso de Errejón, de izquierdas, son otros los que saben mejor que tú lo que te beneficia. El republicanismo de Errejón es una versión soft del comunismo y una reformulación del comunitarismo, que antepone un colectivo cultural y étnico al individuo. En la práctica, consiste en una dictadura de una vanguardia (o "núcleo irradiante") sobre todos y cada uno de los ciudadanos. Mientras que el liberalismo crea la separación de poderes para que la competencia se ejerza libremente, manteniendo una esfera inviolable de derechos humanos, el comunitarismo, el republicanismo y el comunismo son variantes del poder despótico de una élite presuntamente virtuosa. La izquierda al estilo de Errejón tiene unas ideas de democracia, libertad, igualdad, feminismo y justicia que están en las antípodas de los conceptos liberales sobre los mismos.

Por su parte, la populista Isabel Serra dejó claro que su proyecto de sistema educativo público deja fuera a la mitad de la población, representada en Rocío Monasterio:
"La educación pública tiene como objetivo proteger a los niños de personas como usted, señora Monasterio"

En ambos caso, Errejón y Serra no son más que la encarnación de la estrategia de Antonio Gramsci para controlar a la sociedad:
"La conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados "orgánicos" infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios".

La educación pública no debe usarse para satanizar a nadie sino que debe ser abierta y plural bajo los principios del razonamiento y la experimentación. Los políticos de izquierda tratan de apropiársela para convertirla en centros de adoctrinamiento y reeducación socialista. En este sentido, la idea del pin parental planteada por Vox es una buena iniciativa. La educación pública actualmente está parasitada por cursos, charlas y talleres de feminismo de género, ecologismo radical y políticas socialdemócratas. Los padres y alumnos que no pueden o quieren la privada deben poder defenderse del sistemático adoctrinamiento gramsciano en la escuela pública.

El liberalismo por definición no está a favor de un laissez faire amorfo y acrítico. No confundir con la ley de la selva anarcocapitalista. Se incentiva la libertad pedagógica, como el home schooling y el cheque escolar, pero dentro de unos patrones generales de racionalidad. Los enemigos de la educación pública según este principio liberal son los conservadores, que quieren eliminarla, y los socialistas, que pretenden manipularla. El Estado debe estar al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos ser siervos del Estado como pretendía Hegel, el filósofo que tanto admira Gabilondo y al que los izquierdistas interpretan del modo más totalitario posible:

"En cuanto que una forma de la familia universal, la sociedad civil tiene el derecho y el deber de supervisar la educación e influir en ella, pues la educación moldea la capacidad del niño de llegar a ser un miembro de la sociedad. En este respecto, el derecho de la sociedad es mucho más importante que los deseos arbitrarios y contingentes de los padres, especialmente cuando la educación es hecha por otros, no por los padres. (...) Sólo dentro de los confines del Estado tiene el hombre existencia racional. El objetivo de toda educación es asegurar que el individuo cese de ser puramente subjetivo para alcanzar una existencia objetiva dentro del Estado... Debe su existencia toda al Estado... Todo valor y toda realidad espiritual los tiene sólo como resultado del Estado."

Con Errejón, Serra y Gabilondo tendríamos un rebaño de fanáticos ignorantes, al estilo de Greta Thunberg, que se lanzarían a la guerra cultural y a la satanización del disidente. Bertrand Russell advirtió contra esta deriva hegeliano-gramsciana de la enseñanza pública y recomendó eliminar la educación estatal, si este fuera el caso, ya que sería el más grande peligro contra las libertades. Pero cabe una educación pública liberal. El liberalismo está a favor de una educación pública de corte científico y constitucional, no ideológica y partidista. La educación pública debe existir según un paradigma liberal. El Estado debe articular una opción educativa que garantice la libertad de oportunidades y la objetividad educativa, de manera que la libertad individual y el pluralismo social se multipliquen con más competencia.

Los coordinadores deben ser entidades plurales sometidas al debate público y que deban dar cuenta de sus decisiones ante el público ciudadano. El liberalismo ha sido desde sus orígenes radicalmente individualista pero también radicalmente democrático.

VOX, Ortega Lara y el juez Serrano
Antonio Cabrera Periodista Digital 19 Agosto 2019

Decía en un artículo anterior que Ortega Lara y el juez Serrano son los referentes morales de VOX. El primero, como símbolo de la libertad, la democracia y la dignidad contra el terrorismo; el segundo, como abanderado de la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y contra la execrable ley de violencia de género y el feminismo feroz.

Pese a sus diferentes trayectorias personales y políticas, ambos tienen como denominador común su insobornable compromiso con la verdad; su valentía, sin sectarismos ni complejos, frente a los apesebrados muñidores de la corrección política. Sus trayectorias, firmes y ejemplares, han sido el faro ilusionante que ha guiado hacia VOX gran parte de sus casi tres millones de votantes. Los mismos que hoy se sienten traicionados, puteados y perplejos por la deriva del partido; por el incumplimiento de sus promesas electorales y sus pactos vergonzantes con el PP y C’s.

En este contexto no parece casual la desaparición de la escena política de ambos líderes de VOX. Ortega Lara, missing sin motivo aparente. Que sepamos. Y el juez Serrano, presidente de VOX en el Parlamento de Andalucía, desautorizado públicamente por su propio partido. ¿Motivo? El ilustre diputado y juez sevillano se permitió disentir -que no significa no acatar- de la sentencia del Supremo que el pasado mes de junio condenó a quince años de prisión a los miembros de La Manada. De inmediato la jauría progre, política y mediática- se tiró al cuello de Serrano. Y su partido, preso de un ataque de corrección política aguda, lo desautorizó públicamente sin preguntarle siquiera. El encargado de asestarle la puñalada trapera -incluso de amenazarlo con medidas disciplinarias- fue un tal Alfredo Hernández, todavía portavoz de VOX en el Parlamento andaluz. Días después, en declaraciones a ABC, Abascal insistía cínicamente en desautorizar a Serrano: «Deseo subrayar que, más allá de dimes y diretes y de lo que se ha dicho en redes sociales, VOX acata y respeta las sentencias judiciales»

El veto y el aislamiento de Francisco Serrano por la cúpula nacional de VOX no son nuevos. Se corresponden exactamente con la estrategia entreguista y políticamente correcta de Abascal tras las elecciones andaluzas; y muy especialmente tras las generales, autonómicas y municipales. Así, primero se lo quitaron de en medio en el Comité Ejecutivo Nacional. La excusa oficial para tan sorprendente decisión fue que como candidato debía centrarse en las elecciones andaluzas. En vista de eso, cuando fue diputado electo, cabeza de lista y portavoz de VOX en el Parlamento andaluz, Abascal lo volvió a vetar en las negociaciones con el PP y C’s para la investidura del nuevo gobierno de Andalucía. Su ninguneo lo hizo en favor de Ortega Smith: curiosamente, los ‘acuerdos’ para el futuro gobierno andaluz ahora tenían que llevarse desde Madrid. Y Serrano debía permanecer callado.

Con la presión del lobby feminista a las puertas del palacio de San Telmo y la claudicación vergonzante de VOX ante las ‘lineas rojas’ del PP y C’s en favor de la inicua ley de violencia de género, la estrategia de silenciamiento de Serrano se recrudeció. En consecuencia, bajo pretexto de lograr más agilidad y mayor reparto de funciones, el pasado mes de febrero VOX ‘remodeló’ su grupo parlamentario y cesó al juez Serrano como portavoz, nombrando en su lugar al tal Hernández, un desconocido abogado cordobés. A cambio, Serrano fue nombrado ‘presidente’ del grupo parlamentario. Un cargo ‘institucional y representativo’. Un cargo ‘honorífico’, sin contacto con los medios. El líder indiscutible de VOX en Andalucía convertido en un jarrón chino, silente y decorativo. Como guinda de esta cadena de atentados, su desautorización y la amenaza de sanciones disciplinarias por su discrepancia con la sentencia del Supremo adquiere su pleno significado.

A pesar de los vetos y descalificaciones impuestos al juez Serrano, lo cierto es que VOX se ha apropiado de su fama y su popularidad por su discurso en contra de la ideología de género. Aunque ahora marque distancias o se aleje de las posiciones expresadas por Serrano en la sentencia de La Manada, Vox construyó una parte fundamental de su programa político -el referido a la violencia de género o el feminismo- aprovechando íntegramente los planteamientos del juez en esta materia. Se ha valido de su fama y de su liderazgo como abanderado de los hombres inocentes, maltratados y castigados por la infame ley de violencia de género en casos de separaciones y divorcios, para ganar votos y proyección pública.

En resumen: la purga está servida. Tanto es así que, según fuentes acreditadas, la patada a Serrano es inminente. Hasta aseguran que no volverá al palacio de San Telmo. Así, con el veranito, las vacaciones y tal, esperan que la militancia no arme demasiado revuelo y Serrano desaparezca en silencio. Por motivos estrictamente personales, naturalmente.

Inmigración
El Gobierno gasta 100.000 € al mes en intérpretes de español para inmigrantes
Luz Sela okdiario 19 Agosto 2019

El Ministerio del Interior publica el contrato del servicio de intérpretes para solicitantes de protección internacional para los próximos diez meses.

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, gastará 999.460 euros en los próximos diez meses en el servicio de intérpretes para solicitantes de protección internacional que no entiendan el idioma español.

Así figura en el procedimiento de contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado, y actualmente en plazo de presentación de ofertas. El importe abarca el servicio por un periodo de diez meses, aunque el contrato puede ser prorrogable.

La memoria justificativa indica que se trata de un "derecho instrumental" y una "garantía fundamental no sólo para los solicitantes de protección internacional, sino también para la Administración, pues, como tiene declarado el Tribunal Constitucional, el ejercicio de derechos que exigen un diálogo con los funcionarios de la Administración Pública no puede satisfacerse plenamente sin la asistencia de un intérprete, que además debe ser gratuita". Ese servicio, se añade, sólo será prescindible "cuando éste lo comprenda y maneje con fluidez y soltura".

El importe del contrato supone un incremento del 33% con respecto a anteriores ejercicios, como indica el propio texto de licitación. Interior admite que "desde el inicio del año 2015 se ha producido de manera ininterrumpida un incremento de solicitantes que requieren de interpretación en relación con las previsiones de años anteriores, principalmente en el puesto fronterizo de Beni-Enzar, en Melilla, y en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid".

"Esta tendencia se une al incremento general de solicitudes que viene experimentando el sistema español de protección internacional desde ese ejercicio", añade. En este contexto, se indica que, en 2018, el número de solicitantes ascendió a 55.749 y que, en sólo cuatro meses del año en curso, ya se roza los 30.000.

"Dado el exponencial incremento de solicitudes que viene experimentando el sistema de protección internacional español y la previsión de elevación del número de expedientes instruidos y resueltos durante todo el ejercicio 2019 se considera necesario aumentar el importe de licitación para poder abordar de manera adecuada ambas tendencias, que no harán sino acentuarse durante los siguientes años – muy especialmente durante 2020?, admite el Gobierno, aplicando un incremento del 33%.

La cifra, no obstante, podría verse alterada, dadas las "diversas situaciones coyunturales" como los distintos "conflictos internacionales y su posible repercusión en fenómenos de desplazamiento y de personas en demanda de asilo".

Rechazo a 3 de cada 4 solicitudes de asilo
Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España resolvió favorablemente una de cada cuatro solicitudes de asilo en 2018. En total tiene pendientes de resolver unas 78.710 peticiones.

En concreto, España reconoció la protección internacional a 2.895 personas, de las cuales 575 obtuvieron el estatuto de refugiado, es decir, menos del 5% de las peticiones resueltas.

La secretaria general de CEAR, Estrella Galán, lamentó que "la tasa de admisión está por debajo de los principales países de acogida" y avisó al Gobierno de Pedro Sánchez de que "estamos bajando el porcentaje de resoluciones favorables con respecto a años anteriores". En 2017 se aceptaron 1 de cada 3 solicitudes de asilo presentadas, el 35% del total.

La derecha escupe sobre las tumbas de sus padres y abuelos
Pío Moa Gaceta.es 19 Agosto 2019

En los libros de historia encontramos a menudo dos tipos de errores: de detalle y de enfoque. También puede decirse de descripción y de análisis. Los de detalle son inevitables, por cuidado que esté el texto, pero no destruyen este, salvo cuando son demasiados o grotescos. Los de enfoque son los más peligrosos porque echan a perder el conjunto, y son los más frecuentes en las historias de España, desde la leyenda negra, la negación de la Reconquista o la pretensión de un Frente Popular «republicano» y «legítimo.

la reconquista y españa-pio moa-9788491643050Nueva historia de España: de la II guerra púnica al siglo XXI (Bolsillo (la Esfera))Los Mitos Del Franquismo (Historia)
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Un político del PP, Pedro Corral, se ha creído en el caso de instruir a sus colegas, desde el diario ABC, sobre lo que fue la guerra civil. Buena intención, aunque temo que él mismo no demuestre tener mucha idea al respecto, como veremos. Cosa por lo demás común entre nuestros políticos.

Muchos nos hemos empeñado en investigar y desentrañar las motivaciones y mecanismos de aquella guerra de tanta trascendencia en España y fuera de España, pero según el señor Corral no hacía falta tanto esfuerzo. La cosa fue de lo más sencillo:a unas pequeñas minorías (“canallas y sádicos sayones” les llama Pedro J Ramírez en la misma onda) les dio un buen día por matarse entre ellas y de paso arrastrar malamente a millones de personas que solo pasaban por allí y no tenían el menor interés en luchar por nada. Así de facilito. O sea, el pensamiento y la razón, sustituidos por la simpleza envuelta en moralina de barra de bar.

Para justificar su llamémosla tesis, Corral “descubre” que las fuerzas militares de ambos bandos fueron engrosadas mayoritariamente, desde las primeras semanas, por soldados reclutados a la fuerza. Las imágenes propagandísticas de millones de aguerridos milicianos y falangistas son solo eso, pura propaganda. En todas las guerras, civiles y no civiles, los soldados son mayoritariamente de recluta, lo que no quiere decir que vayan necesariamente “a la fuerza”. En cuanto a los millones de milicianos y falangistas, nadie lo ha dicho nunca, y Corral se lo inventa para pasar por desmitificador. Fue característico que desde el primer momento surgiera un número extraordinariamente alto de voluntarios en los dos lados. No fueron millones, pero sí decenas e incluso cientos de miles. Con ellos, básicamente, Franco pudo haber ganado la guerra en cinco meses (el profesional Ejército de África era muy voluntario) aunque empezara pronto a movilizar quintas. Y los rojos empezaron pronto a regularizar el ejército porque los voluntarios, con todo su entusiasmo, rara vez tienen el orden y la disciplina que precisa un ejército en una guerra prolongada. La ignorancia de la lógica militar por el señor Corral le permite descubrir la sopa de ajo y, deslumbrado por su descubrimiento, tratar de enseñársela a los demás.

Por lo tanto, sigue, el factor clave de la inmensa mayoría de los protagonistas de la contienda fue la lealtad geográfica. Esto significa, sencillamente, que la inmensa mayoría de los españoles no tuvo libertad para elegir bando. «Factor clave”, llama a esta verdad de Perogrullo, pues claro que cada bando aplicó la ley en su zona. Pero la gran mayoría de los españoles ya había elegido bando en las elecciones brutalmente radicalizadas de febrero de 1936, aproximadamente mitad por mitad entre izquierdas y derechas. La perogrullada se embrolla algo más: La consecuencia de la lealtad geográfica es que soldados de izquierdas reclutados en el Ejército franquista tuvieron que combatir contra soldados de derechas enfilados en el Ejército Popular. Cierto, pero el grueso de los soldados se identificó con el bando en que luchaba, otros muchos procuraron pasarse al contrario y bastantes lo consiguieron. Otros más fueron fusilados por negarse a servir en el bando “geográfico”. Por cierto, al terminar la campaña del norte, los nacionales integraron en sus filas a la mitad de los 200.000 prisioneros, que no dieron ningún problema.

Sin embargo, esto no es óbice para que muchos sigan pensando que un campesino pobre, sin ideas políticas, reclutado por Franco, será siempre un fascista, mientras que otro campesino pobre, sin ideas políticas, reclutado por Azaña, será siempre un antifascista. En fin, la osada ignorancia. Azaña pintó poquísimo en la guerra y nunca reclutó a nadie; fueron los partidos obreristas, sobre todo el comunista, quienes impulsaron la recluta masiva. Entre los campesinos pobres de Extremadura y Andalucía predominaban los anarquistas y socialistas, mientras que los de Galicia y Castilla solían ser de derechas. Si el señor Corral hubiera estudiado mínimamente la época, sabría que la politización de entonces fue extrema, con los odios correspondientes, y que no había mucha gente sin ideas políticas, aunque fueran muy primarias

Las quintas reclutadas durante la contienda por ambos bandos deberían haber sumado un total de 5 millones de hombres. Sin embargo, el total de españoles incorporados a filas no pasaron de aproximadamente 2,5 millones: 1,3 millones en el Ejército Popular y 1,2 en el Ejército franquista. Los otros 2,5 millones de potenciales reclutas se las ingeniaron para no coger el fusil e ir al frente. Suele considerarse que el máximo de movilizados para no desarticular la economía, y salvo casos excepcionales, no debe superar al 10 -12% de la población. Y de ellos solo una fracción “coge el fusil y va al frente”, pues un ejército tiene una enorme cantidad de servicios que normalmente quedan en retaguardia. Otra gran cantidad de adultos ha de permanecer manteniendo las fábricas y los campos. Pues bien, el 10% de la población de entonces ascendía precisamente a 2, 5 millones, por lo que se movilizó precisamente algo más de ese 10% (1,2 millones los nacionales, 1,7 millones los rojos, según las cifras de R. Salas Larrazábal).

El señor Corral quiere hacernos creer que la mitad de los –según él—reclutables, habrían desertado o se habrían escaqueado. Ignora que, contra ciertas leyendas, la guerra de España no fue de gran intensidad comparada con otras muchas civiles y no civiles del siglo XX (puede ver alguna comparación en Los mitos del franquismo), que las bajas mortales militares no fueron muy elevadas (en torno a 160.000. La guerra civil useña en el siglo XIX causó unas 600.000, para una población poco mayor), y que la mayoría de los frentes tuvo poca actividad la mayor parte del tiempo. Tampoco la movilización fue tan profunda que obligara a emplear masivamente a mujeres en fábricas y campos para suplir a los hombres, como ocurrió en la guerra mundial, por ejemplo. Un profesor debiera informarse bien antes de dar lecciones.

Al señor Corral le asombra agradablemente que hubiera desertores. Los hay en todas las guerras. La cuestión es cuántos y en qué proporción en cada bando. Habla de “miles” y seguramente los hubo, unos para pasarse al otro lado y otros, los menos, para irse a casa; mientras sugiere la cifra de 2,5 millones entre desertores y escaqueados, que él imagina debían haber ido al frente. Sin embargo afirma que los castigos a los desertores fueron terroríficos: En el bando franquista se detenía a los familiares del desertor y se confiscaban sus bienes, y si los familiares tenían antecedentes izquierdistas era probable que acabaran fusilados. Nunca había oído tal cosa, pero si fue así, las víctimas deberían contarse por cientos de miles. Tendría interés que el señor Corral nos aclarase cuántas fueron. Por supuesto, en el Frente Popular los reglamentos llegaron a hacerse terroristas, como ha explicado R. Salas Larrazábal, a quien el señor Corral debiera leer con atención antes de ponerse a enseñar a sus colegas de la política.

Ni para defender la República ni para atacarla hubo mucho entusiasmo entre los españoles de a pie. Por supuesto. Como que la república, es decir, la legalidad republicana, había fenecido con las elecciones de febrero del 36. Lo que había era un nuevo régimen revolucionario. Y es cierto que, pasados los primeros meses, decayó mucho el entusiasmo por defenderlo, pero, aunque no lo crea el señor Corral, ocurrió algo muy distinto en el otro bando. Lo demuestran sus numerosos actos heroicos en condiciones casi imposibles, actos inexistentes en el Frente Popular: Gijón, Toledo, Sta. María de la Cabeza, Oviedo, Huesca… a los que desprecia el político, porque no entran en la nómina de desertores y escaqueados que tanto le complacen.

Se cree el señor Corral en la obligación de informarnos de su infinita compasión por todas las víctimas, que según él lo fueron de unos cuantos extremistas desalmados. De quien no tiene la menor compasión, en cambio, es de la verdad histórica y la necesidad de investigarla. Debería hacer un pequeño esfuerzo por aclarar el sentido de un suceso tan dramático más allá de la exhibición de fáciles buenos sentimientos –como si los demás carecieran de ellos—y de esa vanidosa condena a diestra y siniestra, como si a tantos españoles les hubiera dado por matarse entre sí por las buenas, y obligar a otros a hacerlo.

Así que informaré brevemente a nuestro político de cosas generalmente bien sabidas: el Frente Popular triunfó en unas elecciones no democráticas, destruyó la legalidad republicana y emprendió un proceso revolucionario extremadamente violento. Dicho Frente se componía ante todo de partidos obreristas y de separatistas que querían destruir España sin disimulo. Por sus diferencias se mataron entre ellos muchas veces, pero estaban de acuerdo en un punto esencial: la erradicación de la Iglesia y la cultura cristiana en España, para lo que cometieron un verdadero genocidio. De modo que lo que estaba en juego entonces no eran las chifladuras vesánicas de unos y otros, como con tan poca compasión como respeto supone el instructor de políticos. Estaba en juego la subsistencia de la nación española y de la cultura cristiana. Por ello el proceso revolucionario provocó la rebelión del bando nacional. Parece lógico suponer que el señor Corral no se habría rebelado en modo alguno, sino procurado adaptarse a los revolucionarios y medrar entre ellos. Bien, allá él; pero eso no le da derecho a condenar tan despiadadamente a quienes eligieron oponerse a unas tendencias totalitarias y a la disgregación de España.

Y gracias a que vencieron los nacionales puede hoy el señor Corral soltar sus banalidades revestidas de “compasión”, “moderación” y “buenos sentimientos”, como si solo él los tuviera. Y va más allá: Las consecuencias de la guerra no terminaron ahí: el exilio, la represión y una larga dictadura dejaron heridas insondables que sólo en la Transición, con el sacrificio de todos, se empezaron a restañar sólidamente. Del exilio volvió muy pronto la gran mayoría. La represión castigó sobre todo a los chekistas y asesinos que tanto abundaron en el Frente Popular y que fueron abandonados por sus jefes. La larga dictadura no tuvo oposición democrática, solo comunista o terrorista, y escasa. La inmensa mayoría de la población se había reconciliado ya en los años 40, como prueba el fracaso del maquis. El franquismo libró a España de la guerra mundial, de una nueva guerra civil (el citado maquis) y dejó un país reconciliado, libre de los viejos odios y próspero. Gracias a lo cual unos políticos de muy bajo nivel pudieron hacer una transición sin hundir al país… aunque han seguido en ello hasta hoy, llevando a España, nuevamente, a una crisis extremadamente grave. Políticos como el señor Corral, a quienes nada tiene que agradecer una democracia a la que no cesan de dañar. Habla mucho de perdonar, pero debiera empezar por perdonar y no castigar la verdad como lo hace, y por respetar a los millones de españoles que entonces sintieron intensamente su causa y lucharon por ella, en los dos bandos; y a los que supieron después reconstruir el país en las más difíciles e injustas condiciones exteriores. Un país que estos políticos parecen empeñados en echar abajo a base de mentiras y corrupción, empezando por la corrupción intelectual. Quizá el señor Corral crea que así se consigue una mejor relación entre todos. Pero sobre la mentira profesionalizada, que decía Julián Marías, no puede construirse nada sólido.

(en febrero de 2016)

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Pedro Sánchez, un presidente atrapado en el tiempo por su pasado
Juan José Cámara esdiario 19 Agosto 2019

El líder socialista se encuentra preso en un bucle inabarcable por sus propias decisiones políticas previas, que ahora le confinan en una foto fija de alianzas con precio.

Pedro Sánchez esta utilizando frenéticamente su gobierno en funciones para realizar una campaña propagandística permanente con un solo objetivo: Un pacto a la portuguesa. En Portugal PCP y el "Bloco d'esquerda" (la Podemos lusa) dieron sus votos a los socialistas para impedir que gobernara la derecha vía moción de censura.

Lo que no explica Sánchez es que esta coalición no se formó para cambiar el modelo territorial de Portugal o desenterrar a Salazar sino para acabar con la austeridad de Bruselas, con un modelo donde sin embargo ha primado el recorte del gasto y la inversión pública y ha traído una fuerte conflictividad laboral en el país vecino.

Sánchez no se fía de Podemos con razón porque con la sentencia del proceso separatista en Septiembre no puede confiar la responsabilidad de gobierno a un partido que cree en la autodeterminación,ataca la independencia judicial afirmando que hay presos políticos y quiere acabar con el 155. No obstante ni Podemos ante ese acuerdo programático propuesto ni PNV, ERC , JuntsxCatalunya y EH Bildu van a dar el 'sí' a Sánchez si el PSOE no ha negociado con ellos.

Sanchez que teme la gran conflictividad que se prevé en Cataluña con la próxima sentencia preferiría una "grosse koalition" a la alemana con Ciudadanos con quienes ya intentaron la fallida investidura de 2016 y comparten no pocos elementos comunes ignorando quizás que Cs nació en Cataluña como reacción precisamente a sus antiguos socios de moción de censura ERC y JXC.

El gran tapado en esta vía es el PP que se ofreció en la última investidura a apoyar nuevos pactos de Estado que podrían ser educación, las pensiones, el refuerzo del modelo autonómico y ,cómo no,más feminismo.El problema es que el PP pretende cobrarse la cabeza de Sánchez en respuesta a la moción de censura de Rajoy aceptando cualquier otro candidato: exactamente la misma propuesta que hizo entonces Sánchez a Rajoy.

Su condena
Pedro Sánchez convoco a un país entero a unas elecciones anticipadas por carecer de la confianza de sus socios de moción de censura para aprobar los presupuestos; pretende un acuerdo "no gubernamental" donde nadie sabría exactamente el precio al que esta dispuesto a pagar a cambio de que no se sienten en el Consejo de Ministros separatistas y podemitas pero cuando se refirió en la ultima investidura a "compartir la soberanía de un país" es fácil imaginarse que esta dispuesto a todo.

Como en la famosa película de los 80 Sánchez parece condenado a quedar atrapado en un ciclo de tiempo plagado de desconfianza a izquierda y derecha, una desconfianza tejida con sus traiciones y bandazos; repitiendo el mismo día una y otra vez y cuyo fruto invariable es el bloqueo legislativo, estériles intentos de investidura y la prórroga de unos presupuestos de un lejano gobierno anterior.

Ximo Puig: el parasitismo fiscal bien vale una recentralización
Juan Ramón Rallo El Confidencial 19 Agosto 2019

Señala Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana, que la propuesta de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de rebajar poco más de un 5% el IRPF de los madrileños es “irresponsable” e “insolidaria” con el resto de gobiernos autonómicos. Al parecer del socialista, las autonomías no han de ser autónomas a la hora de rebajar aquellos impuestos que tienen transferidos, sino que solo han de serlo para poder subirlos. En ese sentido, incluso ha reclamado una recentralización tributaria para unificar la tributación, esto es, una cartelización fiscal entre administraciones regionales con el objetivo de maximizar el sangrado impositivo contra el ciudadano.

Pero más allá de la hipocresía federalista de los barones socialistas, vayamos a los datos. ¿De verdad cabe tildar a los madrileños de 'insolidarios' por aspirar a rebajar su tramo autonómico del IRPF en un 5,5%? ¿Están los contribuyentes madrileños financiando una parte menor del gasto público recibido por los ciudadanos del resto de autonomías? Acudamos a las últimas 'Cuentas públicas territorializadas' (correspondientes al año 2014) del Ministerio de Hacienda.

En este documento, podemos leer que, en 2014, una vez eliminada la influencia coyuntural del déficit público, los ciudadanos de la región de Madrid pagaron en impuestos 19.205 millones de euros más de lo que recibieron en forma de gasto público; es decir, alrededor de 3.000 euros por ciudadano o de 6.000 euros por trabajador. O dicho de otra manera, si Madrid fuera una región fiscalmente autónoma, sería posible rebajar los impuestos a sus ciudadanos en 19.205 millones de euros sin que estos notaran merma alguna en los servicios públicos que hoy están recibiendo.

La cuantía es tan sustancial que, en ocasiones, suele pensarse que está manipulada por la singular posición económica que ocupa la región de Madrid: si a Madrid se le imputara la práctica totalidad de la recaudación del impuesto sobre sociedades (porque es aquí donde tienen su sede las principales empresas del país) o del IVA (porque muchos bienes adquiridos en otras autonomías se venden desde Madrid), la queja podría ser comprensible. Pero no es así: la recaudación por IVA se imputa entre autonomías según el consumo de cada una de ellas, y la del impuesto sobre sociedades se efectúa en función de la residencia fiscal de sus accionistas, de sus trabajadores y de sus consumidores. Así, en el año 2014, en Madrid se recaudaron 68.100 millones de euros en impuestos: 21.300 millones de euros por cotizaciones sociales (el 17,3% de la recaudación total del país); 18.600 millones en concepto de IRPF (el 23% de la recaudación total del país); 10.400 por IVA (el 16,7% de la recaudación total del país); 4.000 millones de euros por impuesto sobre sociedades (el 20% de la recaudación total del país), y algo menos de 14.000 millones de euros por otros tributos (impuesto sobre bienes inmuebles, sobre el tabaco, sobre los hidrocarburos, sobre la electricidad, sobre transmisiones patrimoniales, etc.). Dado que el PIB de la Comunidad de Madrid en el año 2014 representaba el 19% del PIB nacional, no parece que imputarle un 16,7% de lo recaudado por IVA o un 20% de lo recaudado por sociedades esté inflando su participación efectiva en estos impuestos.

Tampoco, por cierto, la parte mollar del agujero se explica por la concentración del gasto ministerial o burocrático en Madrid (el cual se imputa entre todas las autonomías según su población aun cuando el lugar de prestación de ese servicio pueda estar geográficamente localizado). Y es que el epígrafe de “Administracio´n general y bienes y servicios públicos de ámbito Nacional e interés general” asciende a 16.000 millones de euros (es decir, incluso menos que el agujero fiscal de Madrid), pero de ellos 1.600 millones se corresponden con gastos por relaciones exteriores allende nuestras fronteras (embajadas, cooperación y desarrollo, organismos multilaterales, etc.), 1.000 millones con compra de material militar y 1.300 millones con gastos logísticos de las Fuerzas Armadas en el exterior: por consiguiente, incluso si consideráramos exageradamente que la mitad del gasto restante (11.000 millones de euros) constituye gasto de personal centralizado en Madrid (a este respecto, permítaseme recordar que el 7% de la población madrileña es empleado público... idéntico porcentaje que en Andalucía), las transferencias capitalinas por este concepto supondrían un monto de 5.000-6.000 millones de euros, muy lejos de los 19.000 millones de déficit fiscal de la región.

Así pues, con un agujero de 19.000 millones de euros anuales (o, si lo corregimos abultadamente por el gasto en servicios centrales, un agujero de como poco 10.000 millones de euros anuales), ¿con qué desvergüenza acusa Puig de 'insolidarios' a los madrileños por votar a partidos que llevaban indubitadamente en su programa la promesa de bajar muy modestamente los impuestos en la región? Pongamos las cifras en su apropiada dimensión: la recaudación total por IRPF en la región de Madrid ascendía en 2014 a 18.000 millones de euros, mientras que la recaudación total por IVA equivalía a 10.000 millones de euros. Dicho de otra manera, sin 'solidaridad interterritorial' alguna, los madrileños podrían dejar de abonar la totalidad del IRPF (si tomamos la estimación de agujero fiscal de 19.000 millones) o la totalidad del IVA (si tomamos la estimación rebajada de 10.000 millones): esos son los impuestos extraordinarios que, sin redundar en su propio bienestar, están pagando los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para financiar parte de los gastos ejecutados en el resto de España (con la excepción de Cataluña y Baleares, cuyos ciudadanos también son contribuyentes netos al sistema). ¿De verdad tiene sentido acusar a los madrileños de insolidarios por aspirar a rebajar su IRPF en un 5,5% cuando con ello no van a reducir ni un céntimo su milmillonaria aportación al resto de España, la cual equivale ora al 100% del IRPF ora al 100% del IVA que soportan? ¿Con qué arrestos se tilda de insolidario a quien es brutalmente exprimido para que otros gasten más de lo que deberían?

En todo caso, que Ximo Puig aborrezca con tanta intensidad la autogestión y competencia fiscal acaso debería contribuir a que nos diéramos cuenta de su extrema conveniencia: si la única forma que conocen los capitostes autonómicos para desarrollar sus regiones es una cartelización tributaria y una mayor rapiña fiscal contra las áreas económicas más desarrolladas, igual es que el sistema actual solo incentiva el parasitismo interterritorial en lugar de fomentar las reformas estructurales, la responsabilidad tributaria y, en suma, el crecimiento endógeno de cada región.

Suerte y desgracia de la vida en una furgoneta
Nota del Editor19 Agosto 2019

El tinglado autonómico es un disparate desde todos los puntos de vista salvo el de los profesionales de la política que se benefician del esfuerzo de los españoles.

El que declarante en una región tenga obligaciones fiscales menores que el de otra, que no sean directamente proporcionales a la exigencia de gastos intrínsecos, es un disparate, salvo que tal declarante viva en una furgoneta y se vaya trasladando fiscalmente a las regiones mas ventajosas.

Eso de la exigencia de gastos es muy simple: si alguien se empeña en vivir en algún lugar que requiere un dispendio mayor de medios públicos para permitirle disfrutar de los derechos generales, no puede exigir que los demás se los sufraguemos.

Por ejemplo, si para ir al médico yo puedo ir andando, en bici, en autobús o en metro, no debo sufragar los gastos de otro que requiera el uso de un helicóptero para tales menesteres.

El blanqueo de ETA
JOSÉ AMEDO FOUCE El Mundo 19 Agosto 2019

El autor cree que ya es hora de ser 'rehabilitado'. Y exige que se desclasifiquen los documentos sobre creación y organización de los GAL en poder del CNI. Si no, anuncia que él mismo los hará públicos

El 31 de mayo de 2006, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, anunció que se reuniría con la ilegalizada Batasuna después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hubiera comparecido en el Congreso con carácter previo al inicio de los contactos con ETA. Puesto que ocho dirigentes de esa formación política ilegalizada comparecían esos días en la Audiencia Nacional imputados por integración en banda armada y amenazas terroristas, López pidió a los jueces que tuvieran en cuenta "la actual situación del País Vasco". Añadió que se abrían dos escenarios, "uno para el diálogo entre el Gobierno y ETA para hacer efectivo el abandono de las armas y la desaparición del terrorismo; y otro para el diálogo político en Euskadi". Como consecuencia de dichas negociaciones se llegó al acuerdo de legalizar al brazo político de ETA. Finalmente, el 20 de junio de 2012, Sortu fue legalizado por el Tribunal Constitucional por tan solo un voto de diferencia.

A partir de ese preciso momento es cuando determinadas instituciones del Estado comienzan el bochornoso proceso de la rehabilitación de la organización terrorista ETA al legalizar a su brazo político. Desde esta perspectiva, se puede afirmar sin lugar a duda alguna que la banda armada vasca fue derrotada policialmente, pero ganó políticamente, que era lo que realmente les interesaba. Es una vergüenza moral el blanqueo al historial de los asesinos, los secuestradores y sus cómplices. Hoy se sientan en la instituciones personas que ocupan cargos públicos gracias a ETA, que se lo deben todo a la banda armada vasca, aunque ahora quieran vivir como si nunca hubiera existido.

Uno de los ejemplos actuales de estas maniobras políticas de rehabilitación es el de Arnaldo Otegi, en su momento integrado en ETA político-militar y vinculado a diversos secuestros de la organización terrorista. Hoy afirma ser un "hombre de paz". En la reciente entrevista de TVE que le brindaron con el fin de blanquear su pasado, comentó con un medido descaro: "Lo siento de corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer". Es increíble e incluso osado que Otegi afirme que tenían derecho a causar daño a las víctimas del terrorismo en un medio de comunicación del Estado y que se lo permitan.

Por lo general, en todos países que han padecido las consecuencias del terrorismo, sus gobiernos han tratado de pasar página lo antes posible una vez que estas actividades criminales han finalizado, bien sea como consecuencia de negociaciones o de una derrota policial, como ha sucedido recientemente en Colombia con las FARC, hace unos años en Irlanda con el IRA y ahora en España con ETA. En los dos primeros países todos los terroristas fueron puestos en libertad sin esclarecerse los crímenes que habían perpetrado y ambos grupos terroristas han formado su propio partido político que participa en las instituciones. Algo parecido esta pasando con ETA aquí. Todos los miembros de la banda armada vasca, tanto los que permanecen en prisión como los muchos que disfrutan de libertad, viven de su agrupación política EH Bildu, que ocupa numerosos cargos políticos en Congreso o el Senado español, así como en el Parlamento vasco y en numerosos Ayuntamientos del País Vasco.

Los terroristas de ETA lograron de los distintos organismos del Estado la legalización de su organización política, de la que obtienen ingentes ingresos económicos de los que disfrutan todos con el fin de que tengan solventadas sus vidas para reintegrarse en la sociedad, según se decidió institucionalmente. Además de esta decisión de profundo calado político, durante las negociaciones entre el Gobierno de Zapatero y ETA, la banda consiguió otras contrapartidas de los representantes del Ejecutivo. Prometieron a los etarras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbaría la Doctrina Parot, como así sucedió tiempo después provocando la salida de prisión de 63 miembros de la organización armada. Así mismo, llegaron a otros acuerdos, entre ellos evitar las detenciones de miembros de ETA en Francia. Para tal fin se creó un dispositivo policial que llevó a cabo lo que se denominó el chivatazo del bar Faisán con el objetivo de comunicar a un miembro de la organización que no acudieran a una cita porque iban a ser detenidos.

En la hoja de ruta de las negociaciones también se trató del futuro de los presos de la banda que quedasen en las cárceles, llegando al acuerdo de que, tras la disolución de ETA, a los encarcelados de la organización se les iría acercando a prisiones próximas al País Vasco, como ya se esta haciendo en Francia y en España. Posteriormente, serán trasladados a centros penitenciarios vascos. Y, como esta pactado, una vez que se transfieran las competencias sobre esta materia al Gobierno vasco se modificará el reglamento penitenciario en un sentido más laxo con el fin de facilitar la excarcelación de los presos de la banda terrorista que sigan cumpliendo sus condenas. Todo está estudiado, planificado y pactado para blanquear a ETA y pasar página sobre los 40 años de terror en nuestro país. Todo ello recogido en lo que hoy en día se encajaría en el llamado acuerdo de normalización y reconciliación del País Vasco. En cualquier caso, se podría decir que el recorrido que se ha llevado a cabo para el final de ETA siempre ha estado amparado por las distintas instituciones del Estado.

Resulta evidente el favoritismo que a lo largo de la trágica historia de ETA, de sus pistoleros y de su brazo político, han mantenido con ellos los distintos Gobiernos de nuestro país. Sin embargo, y guardando las distancias con los activistas del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, en nuestro país existen una serie de funcionarios de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado, entre los que me encuentro, que nos jugamos la vida durante muchos años en la lucha antiterrorista, a los que altos responsables políticos de nuestro país implicaron en la denominada guerra sucia contra los terroristas vascos, y a los que nos han marginado y despreciado esos mismos Ejecutivos que siempre han favorecido a los pistoleros de la banda armada vasca. Para justificarse ante el Gobierno francés y la opinión pública internacional, el poder político, a través de filtraciones a distintos medios de comunicación, nos convirtieron en sus cabezas de turco a mí y a uno de los subordinados que tenía a principios de los años 80, Michel Domínguez. No contar la verdad desde el principio fue nuestro principal error. Nos condenaron, perdimos nuestras profesiones, nuestra forma de vida y la de nuestras familias, pasamos varios años en la cárcel, no nos indultaron y nuestros responsables políticos no cumplieron ninguna de sus promesas. Nos dejaron en el abandono más absoluto. Hemos tenido que pasar múltiples calamidades y seguimos sobreviviendo de mala manera.

en los años 80, mi buen amigo Jesús Diego de Somontes, coronel del Ejército, desempeñaba la jefatura del CESID (hoy CNI) para todo el País Vasco, donde yo desarrollaba una labor profesional similar para la Policía. Durante el ejercicio de su actividad en los Servicios de Inteligencia colaboré con él durante un determinado periodo de tiempo en distintas labores de información relacionadas con ETA y su brazo político Herri Batasuna. El mencionado Servicio de Inteligencia elaboró numerosos documentos clasificados en los que detalladamente hacen referencia a las actividades de los GAL. Parte de esos escritos que siguen custodiados con carácter secreto por el CNI llegaron a mis manos por conductos obvios.

En ningún momento a lo largo de estos años se nos ha ofrecido el amparo de las instituciones del Estado como hacen con los terroristas de ETA. Nos han dejado totalmente tirados, nos usaron descaradamente para tapar sus responsabilidades políticas y judiciales. Ante esta evidente tropelía, es necesario conocer en algún momento la realidad que vivimos y la de los relevantes cargos políticos que nos llevaron a esta nefasta situación. Para ello existe una solución muy sencilla, desclasificar los documentos que existen en el CNI sobre la creación, financiación y la responsabilidad de cada uno en las actividades de los GAL. De esta manera se verá la que tuvimos yo y mi subordinado Michel Domínguez, y se determinará si fue justo el castigo que nos obligaron a asumir y el desamparo al que se nos viene sometiendo.

Por consiguiente, y dado el denigratorio trato que hemos recibido de las instituciones del Estado y de nuestros responsables políticos, estimo que ha llegado el momento de rehabilitarnos desclasificando los documentos a los que he hecho referencia y que custodia el CNI. Ese momento ha llegado, por lo tanto aconsejo al responsable de levantar el secreto sobre la documentación señalada que los haga públicos lo antes posible. En caso contrario, lo haré yo en el momento que considere más oportuno para nuestros intereses y los aportaré a la Audiencia Nacional. Que Dios los ampare a todos.

José Amedo Fouce es ex subcomisario de Policía.

La Ley vasca contra la Policía reconoce a proetarras como víctimas sólo con una entrevista y un test
Luz Sela okdiario 19 Agosto 2019

El desarrollo de la llamada ‘Ley de abusos policiales’ del País Vasco –actualmente en plazo de información pública– permite el reconocimiento como ‘víctima’ sólo en base a una entrevista y un test psicológico.

El Gobierno Vasco publicó este martes en su Boletín Oficial (BOPV) el "proyecto de decreto de desarrollo del procedimiento para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneración de derechos humanos, producidas en un contexto de motivación política". Una decisión inusual, en pleno agosto, con la que el Ejecutivo de Íñigo Urkullu podrá acelerar la aplicación de la Ley sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos presentados en su día por PP y Ciudadanos.

El reconocimiento a quienes pueden ser considerados víctimas de torturas policiales ha provocado las críticas de los partidos de la oposición, asociaciones y sindicatos policiales, coincidentes en que el texto ‘blanquea’ la violencia etarra equiparando a las víctimas y sus verdugos.

En el decreto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se establece el protocolo para resolver sobre las solicitudes de reconocimiento, de lo que se encarga la llamada ‘Comisión de Valoración’, un órgano de perfil claramente político.

Así, durante el procedimiento, dicha comisión podrá realizar entrevistas al solicitante, "recabar antecedentes, datos o informes" del Gobierno vasco y otras administraciones u órganos públicos o privados, solicitad diligencias policiales, expedientes judiciales, informes médicos o de autopsia, así como informaciones de fuentes periodísticas y documentales. También podrá solicitar testimonio de testigos o personas relacionadas con los hechos en cuestión. Con estos datos emitirá un informe técnico, que será fundamental para acreditar la condición de ‘víctima’.

Compatibilidad de las lesiones
En ese informe técnico, en resumen, los peritos de la comisión habrán de "pronunciarse sobre la compatibilidad de las lesiones alegadas con los hechos causantes".

En este punto, se indica que "cunado en los informes o documentos aportados existan evidencias médicas y/o psicológicas suficientes sobre la relación de causalidad entre las vulneraciones de derechos humanos referenciadas y las lesiones alegadas, se podrá resolver pericialmente sin necesidad de realizar una nueva entrevista a la persona solicitante", se dice en el texto.

No obstante, en los casos en que "no hay pruebas suficientes" sobre dicha compatibilidad, se procederá de nuevo a una entrevista al propio interesado y, en su caso, a pruebas complementarias, como test psicológicos y "opcionalmente" un reconocimiento médico.

El informe técnico, fundamental para el reconocimiento como ‘víctima’, será remitido después a la Secretaría de la ‘Comisión de Valoración’, que emitirá un informe "motivado" proponiendo su admisión o denegación. Ese informe se comunicará al titular del Gobierno Vasco competente en materia de derechos humanos para que dicte la correspondiente resolución.

Sin juicio
La Ley, aprobada en abril de este año tras ser suspendida ya una vez por el Tribunal Constitucional, ha sido atacada por generar inseguridad jurídica a los funcionarios públicos, especialmente, a la Policía. Partidos y víctimas han criticado que la iniciativa permitirá que simpatizantes de ETA accedan a la misma consideración que quienes padecieron la violencia de la banda terrorista.

Según esta Ley, el Gobierno vasco podrá investigar, sin juicio, casos de presuntas vulneraciones de derechos humanos, bien sea con resultado de muerte, lesiones permanentes invalidantes o no, casos de maltrato grave y otros casos que se determine. En el texto se expone que "la vulneración de derechos se podrá acreditar, por cualquier medio de prueba admisible en derecho sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo".

"En todo caso, para acreditar la vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política, no se podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal", se añade. Si las actuaciones no están prescritas, la comisión deberá comunicarlo a los tribunales competentes

Diplocat dio 565.000 € a una entidad ligada al asesino Carles Sastre y a un diputado del PDeCAT
M.A. Ruiz Coll okdiario 19 Agosto 2019

El consorcio de diplomacia pública de la Generalitat, Diplocat, ha financiado de forma irregular con 565.000 euros a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) para pagar sus gastos de asistencia a encuentros y foros en el extranjero.

El Tribunal de Cuentas ha determinado que estas subvenciones, otorgadas entre 2012 y 2017, se tramitaron vulnerando la Ley, por lo que los 565.000 euros deben ser devueltos a las arcas públicas de la Generalitat. La FOCIR integra a medio centenar de asociaciones catalanas de distintos ámbitos (desde la abogacía a los excursionistas y las corales de jubilados) con presencia internacional.

Entre los siete miembros de su junta directiva se encuentra un representante del sindicato indepedentista Intersindical CSC que dirige el terrorista de Terra Lliure Carles Sastre, quien fue condenado a 48 años de cárcel como autor material del asesinato del empresario José María Bultó.

Otro de los puestos en la junta directiva de la FOCIR corresponde a la Plataforma per la Llengua, la asociación financiada por la Generalitat que espía a los niños en el patio del colegio para saber qué lengua hablan y pide el boicot contra las empresas que no etiquetan en catalán.

Se quedaron el dinero del Tercer Mundo
Aunque teóricamente la FOCIR es una organización apolítica, tras recibir 565.000 euros de la Generalitat ha convocado actos a favor del proceso de independencia de Cataluña como las jornadas sobre "La diplomacia de la Cataluña Estado: Nuevos horizontes", celebradas en Barcelona en marzo de 2017. El acto fue inaugurado por el propio secretario general de Diplocat, Albert Royo.

Cuando fueron concedidas las subvenciones, también formaba parte de la junta directiva de la FOCIR el periodista Francesc de Dalmases, hoy diputado autonómico de Junts per Catalunya (PDeCAT) y amigo personal del presidente Quim Torra.

Como ha informado OKDIARIO, Francesc de Dalmases ha sido uno de los máximos responsables de la Fundación CATMón, que recibió otros 550.000 euros en subvenciones de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona.

De hecho, Francesc de Dalmases y el ex presidente de la Fundación CATMón, Víctor Terradellas, están imputados en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona por desviar a sus propios bolsillos parte de los 230.000 euros que la Diputación de Barcelona les concedió como ayudas al desarrollo del Tercer Mundo.

Hay que devolver las ayudas
El Diplocat concedió a dedo a FOCIR subvenciones que suman 565.000 euros, mediante sucesivos convenios firmados entre 2012 y 2017. La Generalitat ha alegado que las ayudas se aprobaron sin libre concurrencia porque la FOCIR "es la u´nica entidad que aglutina a las organizaciones catalanas que son miembros de organizaciones de a´mbito internacional y promociona la presencia de dirigentes catalanes en los o´rganos directivos de las organizaciones internacionales".

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades en la tramitación de estas ayudas, destinadas teóricamente a pagar los gastos de viaje y desplazamiento de las asociaciones integradas en FOCIR para acudir a eventos internacionales.

De los 565.000 euros públicos concedidos, la FOCIR se quedó 103.000 euros en concepto de "costes de gestión" y el dinero restante fue a parar a sus organizaciones asociadas. Según el Tribunal de Cuentas, la concesión de este tipo de subvenciones no entra en las competencias reconocidas en los estatutos del Diplocat.

Pero además las bases de las subvenciones otorgadas en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 fueron redactadas por la propia beneficiaria de las ayudas, FOCIR, en lugar de por el Diplocat. Este organismo de la Generalitat no ha sido capaz de aportar al Tribunal de Cuentas los justificantes que acrediten cómo se gastó el dinero concedido en subvenciones.

El ‘cerebro’ del Diplocat está imputado
Tampoco ha podido aportar los informes que acrediten que los destinatarios finales de las ayudas (las asociaciones integradas en FOCIR) cumplieran los requisitos exigidos y estuvieran al día en sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

De la cantidad total abonada, deberían haber sido devueltos al Diplocat 31.274 euros porque no se destinaron a los fines previstos, pero el organismo de la Generalitat tampoco ha acreditado que así sucediera. Para intentar ocultar estas irregularidades, el Govern de Torra ha alegado que se ha perdido parte de la documentación, debido a que el Gobierno de Rajoy ordenó cerrar el Diplocat durante la aplicación del artículo 155.

El ex secretario general del Diplocat, Albert Royo, está imputado en el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona porque autorizó un gasto de más de 600.000 euros para comprar tres grupos de observadores internacionales del referéndum del 1-O, y luego mintió al Ministerio de Hacienda y a la Guardia Civil para ocultarlo.
 


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