AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 21  Agosto 2019

El sueño de una noche de verano
Amando de Miguel  Libertad Digital 21 Agosto 2019

No me refiero al juguete cómico del genial bardo inglés o a la versión musical de Mendelssohn. Es algo mucho más liviano, como corresponde al momento de solaz veraniego, con un Gobierno en funciones; se entiende, en funciones de propaganda electoral. Quien más quien menos puede disfrutar de su Doñana para el merecido esparcimiento y el consiguiente ejercicio de la imaginación, la loca de la casa.

Claro que descansar es también pensar. Las dificultades para formar un Gobierno estable en España empiezan a ser un síntoma de algo mucho más grave. Simplemente, la llamada Transición (nunca se dijo hacia qué) ha concluido felizmente su ciclo. La ameritada Constitución ya no sirve. Añádase la amenaza de una nueva crisis económica a los 13 años de la anterior. Se impone una especie de Gobierno de Emergencia Nacional, un auténtico GEN, que significa un renacimiento colectivo de lo que antes se llamaba España en su dimensión política.

En mi sueño estival hay lugar para pedir a la naturaleza que me dé el nombre exacto de las cosas, como quería el poeta de Moguer. En este caso, los componentes del nuevo Gobierno de Emergencia Nacional serían solo seis carteras, con títulos clásicos y simples (sin copulativas). Un suponer y para empezar a pensar: Presidencia: Rosa Díez; Exterior: Hermann Tertsch; Interior: Joaquín Leguina; Enseñanza: Cayetana Álvarez de Toledo; Economía: Marcos de Quinto; Sanidad: Pablo Iglesias. Sostengo que Pablo Iglesias, con la cartera ministerial en la mano, se moderará. Es lo que se llama en términos teológicos y psicológicos "efecto de la gracia de estado". Podrían ser otros nombres parecidos, con la misma idea de un Gobierno de Emergencia Nacional. Se podría llamar también Gobierno Transversal, según el calificativo que a todo el mundo parece agradar, no se sabe por qué.

El primer encargo del nuevo Gobierno sería el de constituir una comisión redactora de la nueva Constitución. Habría de ser un texto breve y revolucionario. La primera providencia sería simplificar al máximo el llamado Estado de las Autonomías. Deberían ser más bien regiones sin estúpidas pretensiones autonómicas. Por ejemplo, la enseñanza y la sanidad volverían al Estado sin más. Se reducirían a seis el número de las consejerías regionales y de las concejalías municipales. Tampoco estaría de más que los ocho mil municipios se comprimieran en unos ochocientos. La estructura administrativa se adelgazaría al máximo. Se suprimirían todas las subvenciones públicas, excepto las que tuvieran un propósito de beneficencia o de investigación científica, y eso con muchos filtros. Por lo mismo, se privatizarían todos los coches oficiales, excepto los asignados al Rey y al presidente del Gobierno. Ninguna autoridad estaría capacitada para determinar el monto de su sueldo.

La decisión más revolucionaria, pero necesaria, sería que en el Congreso de los Diputados (no habría Senado) solo tuvieran asiento los partidos políticos que se propusieran representar a todos los españoles, naturalmente cada uno con su particular ideología. Para conseguir tal objetivo bien valdría una condición práctica: conseguir una representación suficiente en más de 10 provincias. No se oculta que con esa medida quedarían suprimidos los partidos nacionalistas, que solo podrían funcionar como grupos de presión.

Para conseguir Gobiernos estables sería conveniente que los actuales cinco partidos nacionales se redujeran a tres: Conservador (Vox), Liberal (Popular y Ciudadanos) y Socialista (PSOE y Unidas Podemos). Lo lógico es que aparecieran nuevos partidos nacionales: Ecologista, Islámico, etc.

La nueva Constitución debería prescribir que las elecciones generales se celebraran en un día fijo cada cuatro años, por ejemplo, el primer domingo de marzo. Las campañas electorales habrían de ser extremadamente austeras, con debates obligatorios en la televisión entre los líderes de los distintos partidos. Nótese que los partidos no recibirían subvenciones públicas; tampoco los sindicatos o las patronales. El decidido esfuerzo por minorar el gasto público tendría que llevar necesariamente a una disminución de todos los impuestos en su más amplio sentido. El Impuesto de Sucesiones debería ser prohibido por ley.

Reconozco (ahora dicen "admito") que mi sueño estival puede ser solo una calentura, un arbitrismo típico de la soberbia de los letraheridos, pero se trata solo de un artificio, un estímulo para pensar. No se puede continuar con la inercia de la estructura política y administrativa que nos dimos los españoles en 1978. Ya hemos comprobado que resulta dispendiosa, oligárquica e inestable. Mejor dicho, cabe la opción de no hacer nada, de seguir como estamos con solo algunos retoques cosméticos para salir del paso. Pero en tal caso habrá que prepararse a tener una nación ingobernable (como Italia), una economía estanca (como Grecia) o una dirigencia política corrupta y mediocre (como Argentina). Hay más modelos donde elegir.

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Bloqueo político, desafío separatista y crisis económica
EDITORIAL  Libertad Digital 21 Agosto 2019

A nadie debería extrañar que el PSOE haya vuelto a decir no a la nueva propuesta de diálogo que le ha hecho Podemos, habida cuenta de que es prácticamente la misma que la del mes pasado: un Gobierno de coalición en el que la formación de extrema izquierda renunciaría a unas carteras… a cambio de otras.

Aunque ni que decir tiene que un Gobierno con la extrema izquierda podemita y los separatistas catalanes estaría en los antípodas de lo que España necesita para lidiar con el desafío secesionista y con la crisis que se cierne sobre la economía nacional, el alivio que provoca el desencuentro entre socialistas y neocomunistas no debería consolar a nadie: en las actuales circunstancias, España tampoco se puede permitir un Gobierno en funciones ni siquiera para encarar unas elecciones que, según los sondeos, conducirían a una situación similar de bloqueo político e institucional.

Un Gobierno sin capacidad ejecutiva ni legislativa difícilmente puede reaccionar ante un llamamiento tan grave como el que el golpista Quim Torra ha hecho este martes para que los catalanes se enfrenten al Estado, "arriesgando para ganar". O ante las múltiples señales de que estamos a las puertas de una nueva y grave crisis económica.

Además de decir no a Podemos y seguir de vacaciones, ¿que hace Pedro Sánchez ante informaciones como la de que la deuda de la Seguridad Social roza los 50.000 millones tras subir un 70% el último año? ¿Va a seguir negando la realidad, tal y como hace al revisar al alza las previsiones de crecimiento para el tercer trimestre, hasta el 2,3%, cuando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que el PIB apenas avance un 0,43%? Eso, por no recordar que la facturación de las empresas ya se estancó en junio, tras casi tres años de crecimiento, o que el déficit público no para de aumentar, a pesar de que los ingresos fiscales han crecido un 3,9%.

España no se puede permitir una pérdida de tiempo como la que supondría celebrar unas nuevas elecciones que dejaran todo igual, tal y como sucedió tras los comicios de diciembre de 2015 y junio de 2016. Es el presidente del Gobierno el que se tiene que poner manos a la obra y ofrecer a los partidos ubicados a su derecha un programa radicalmente distinto al que suscribirían los neocomunistas y los separatistas, a cambio de su abstención.

Está visto, sin embargo, que a Sánchez sólo le importa seguir de vacaciones… duren estas lo que duren.

Un Gobierno para echarse a temblar
Editorial El Mundo 21 Agosto 2019

Antes que asumir un programa como el de Podemos, es mejor ir a las urnas
Si alguna duda quedaba, la oferta lanzada ayer por Podemos al PSOE para formar Gobierno confirma que, siendo malo, no es desde luego el peor escenario posible una repetición electoral en noviembre. Lo verdaderamente dañino para España sería que Sánchez lograra ser investido en una coalición con los morados, aceptando un programa de este calibre.

La formación de Iglesias demuestra estar totalmente ajena a la realidad. Tanto a la de nuestro país -ahí está su visión de un desafío tan grave como el problema independentista catalán- como a la internacional, que tanto nos concierne en cuestiones como la económica. Así, sin atender a la inquietante antesala de crisis global a la que nos conducen factores como la guerra comercial entre China y EEUU, e ignorando la desaceleración en nuestro país, Podemos pone sobre la mesa de negociación un recetario económico disparatado que nos conduciría al desastre. Como si sólo se le ocurriera plantear lo contrario de la histórica rebaja fiscal anunciada por el Gobierno de Madrid para estimular la actividad, incrementar la competitividad y favorecer la creación de empleo, la formación morada plantea otra no menos histórica subida de todos los impuestos posibles, incluidos IRPF, IVA, Sociedades o Patrimonio. Estaríamos ante una presión fiscal insoportable que deprimiría del todo la economía. Al mismo tiempo, haciendo suyo lo de Carmen Calvo -el dinero público no es de nadie-, disparan sin responsabilidad alguna el gasto público. Alguien debiera explicarles a los de Iglesias que la deuda de las administraciones públicas españolas volvió a aumentar en junio en casi 15.000 millones de euros, y que supera ya el 99% del PIB. Un récord. Como lo es también el repunte de la deuda de la Seguridad Social, que se sitúa ya en el 39,5%. El Gobierno en funciones tiene que pedir créditos para pagar las pensiones y la situación se agrava mientras el PSOE se resiste a aceptar que sólo un viraje que le acercara a las fuerzas constitucionalistas para alcanzar pactos de Estado nos permitiría salir del hoyo.

A las medidas económicas insolventes, en el programa a negociar de Podemos se unen medidas tan peligrosas como la derogación total de la reforma laboral -aunque lo expresen con subterfugios- o la creación de una mesa multilateral para "desjudicializar" Cataluña, que recuerda a la demanda de Torra, con su relator incluido, como si España no fuera un Estado de derecho. Pero el verdadero interés de Podemos, como remarca en sus cuatro fórmulas planteadas al PSOE, son los sillones. Lo que quiere son cargos, puestos, prebendas. Y no lo disimula. Los socialistas rechazaron de inmediato la oferta y subrayaron que contribuye a agrandar la "desconfianza". Pero Sánchez va a seguir presionando a los socios de Podemos para que Iglesias ceda y poder ser investido, algo que, tras lo conocido, cada vez se antoja más inquietante.

Sánchez apuesta por el bloqueo
 La Razon 21 Agosto 2019

Unidas Podemos maniobró ayer en medio de la canícula para remover el enquistado tablero político. Con el país en pleno en funciones, con un presidente y buena parte de su Gobierno en mutis de agosto sólo roto por algún comentario para mantener encendida la caldera propagandística, Pablo Iglesias se hizo presente con un propuesta a Pedro Sánchez con la que recordó de paso que seguimos inmersos en este interminable maridaje con la interinidad que es también una condena a la excepcionalidad. Como con toda probabilidad presuponían en Unidas Podemos, la finta estaba condenada al fracaso, pues el PSOE aparcó hace tiempo la opción del compromiso con el otro gran partido de la izquierda y enfiló el camino que parece apuntar al adelanto electoral sin reparar en las consecuencias del desgobierno para el interés general. La nueva mano tendida del partido de los círculos recuperaba en esencia aquello sobre lo que presuntamente estaban fundamentalmente de acuerdo con los socialistas en el escenario previo a la investidura fallida de julio, el gobierno de coalición, con la vicepresidencia social y tres ministerios para los morados.

Como novedad para achicar los espacios de la presumible negativa socialista, como luego ocurrió, incluyó cuatro versiones de combinaciones sobre los departamentos a reparto, entre ellas dos con el de Trabajo, ya vetado en Moncloa. El documento contemplaba además un decálogo sobre contenidos programáticos con el que contraprogramar el tóxico discurso socialista sobre la obsesión de sillones desde Unidas Podemos. Por lo demás, las recetas ya conocidas en materia social, económica y territorial y consignadas en párrafos generalistas y cosméticamente edulcoradas con las que, en esencia, discrepamos frontalmente.

Y, sin embargo, el plan del líder de Unidas Podemos de reanudar las conversaciones en el punto en el que se quedaron a comienzos del verano tiene al menos el mérito de dejar en evidencia la irresponsabilidad de un presidente y de un gobierno recostados en la provisionalidad que les garantiza el poder que es la obsesión que alumbra todas sus decisiones desde la moción de censura e incluso antes hasta hoy e intuíamos que también en el porvenir. Ferraz no mareó la perdiz y se apresuró a cerrar la puerta de un gobierno de coalición con los morados «por las importantes diferencias» que mantienen en cuestiones de Estado como Cataluña, además de apostillar que existe un grave problema de desconfianza «acrecentado» tras la votación parlamentaria de la investidura.

No tiene empacho, sin embargo, en demandar a Unidas Podemos que presten sus diputados gratis en lo que denomina otras fórmulas de colaboración que no es más que una suerte de genuflexión ante el magisterio del presidente en funciones. Los socialistas dejan pasar el tiempo, que es como ganarlo en función de su estrategia meramente partidista, mientras España lo pierde de forma miserable. Aún ayer repetían la cantinela de los diálogos con la sociedad civil durante este mes de agosto y la presentación de un programa abierto y progresista con el objetivo de «salir de la actual situación de bloqueo» que es su particular método de colocar a su rival por el electorado de izquierda entre la espada y la pared y avivar el rescoldo que mina la intención de voto de los populistas. Pedro Sánchez se relaja y descansa mientras España está quemada en lo térmico, lo institucional y lo social, abochornada por un Gobierno que se ha sentado en la puerta de Doñana o de La Moncloa a la espera de que pase el cadáver político de su adversario y la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. Pero esta disfuncionalidad socialista, esta apología descarnada del bloqueo, no es inocua en un contexto de desaceleración económica para el que los países de nuestro entorno se preparan.

El síndrome del descuelgue
Ignacio del Río Republica 21 Agosto 2019

El PP ha conseguido reequilibrar el derrumbe electoral que ha sufrido en las elecciones generales y territoriales de este año mediante los pactos electorales con Cs y Vox. El poder difuso y compartido es un elemento sustancial de la democracia frente al poder absoluto de la dictadura. En la democracia nadie tiene todo el poder, ni lo tiene todo el tiempo, siendo por naturaleza reversible.

Es cierto que la democracia desde 1978 ha tenido momentos en los que la acumulación de poder en una formación política ha sido muy relevante. Felipe González concentró un gran poder en 1982 y en 1986 y Rajoy en 2011. Otra cuestión es como exprimieron el poder delegado -el pueblo delega el poder- y la intensidad del cambio en la realidad y la transformación del país.

Madrid, como siempre ha sucedido en nuestra historia, será el banco de pruebas del pacto de gobierno que los socialistas llaman las tres derechas. Tres partidos que necesitan vivir juntos durante algún tiempo, mientras matan suavemente a su pareja al ritmo de la música de Gloria Gaynor.

De momento les unen dos cosas: el poder y el enemigo común, Pedro Sánchez, al que harán frente desde los gobiernos autonómicos de Madrid, Castilla León, Murcia y Andalucía. En el programa de los coaligados, la bajada de impuestos y las líneas rojas intraspasables en Cataluña son los basamentos que sostienen el poder. En todo los demás, habrá matices y diferencias porque las partes no pueden diluirse en el todo, a riesgo de ser imperceptibles.

La Comunidad de Madrid y Andalucía representan un porcentaje muy significativo de población en España con mas de 15 millones de habitantes y unos datos económicos y sociales muy divergentes. El PIB per cápita en Madrid está en 34.916 euros (2018) con una tasa de paro del 10,5 %, mientras que en Andalucía es 19.132 euros (2018) y tiene una tasa de paro del 21 %.

Por tanto, realidades muy diferentes. Madrid viene de veinticuatro años de gobiernos del PP en solitario y Andalucía de gobiernos socialistas en los últimos treinta y nueve años con acuerdos de legislatura con Izquierda Unida y Cs en las dos últimas.

El poder real de las Comunidades Autónomas y su piedra de toque está en los servicios sociales de sanidad y educación, dos sectores con una demanda creciente y con alta sindicación independiente. Si funcionan y los impuestos que pagan los ciudadanos guardan un equilibrio razonable, será más llevadero el contingente de problemas menores que suscita la política diariamente.

En una ya histórica campaña electoral se utilizó el lema que España funcione, que hoy todavía es plenamente actual. Con unos ciudadanos bastantes descreídos de la política y de sus representantes – en cuyas trayectorias privadas es imposible encontrar el pago de nóminas, cotizaciones sociales e IVA – es evidente que el escepticismo reina en los electores que piden sentido común y acaban decidiendo su voto por exclusión del peor.

La renovación generacional de los representantes no se ha caracterizado por la excelencia. Demasiados curriculum maquillados, imposturas, sin experiencia en la gestión privada y limitada preparación. Junto a ello un adanismo en la política que no reconoce, por ignorancia, los valores de la transición democrática.

Ciudadanos ha entrenado en un bucle que no es virtuoso. Viene de una estrategia doblemente fallida en las generales y en las territoriales. Su apoyo a Susana Diaz en Andalucía le salió bien sin compartir el gobierno. Ahora ha complicado la jugada y se ha equivocado en no pactar con Sánchez la investidura al mismo tiempo que entraba en gobiernos con PP y Vox. Frente al principio de favorecer la gobernanza se ha situado en un presidencialismo reduccionista en torno a Rivera. Será interesante comprobar como administra su convivencia diaria con Vox. Por el momento los electores dicen solo quieren a Cs como un partido bisagra.

Por su parte, Vox ha querido demostrar a sus electores que vendía cara la piel del oso. El desahogo de sus votantes que se manifestó en las elecciones generales da toda la impresión que se ha remansado, sobre todo tras el baile de la yenka en que han convertido la negociación de los pactos de Madrid bajo el lema “un si es no”.

En definitiva, con el PP liderando los gobiernos, Cs y Vox tendrán que identificar y abrir su espacio político, si quieren mantener su respaldo electoral. Por tanto, pronto entraran en el síndrome del descuelgue, en cuanto avance el reloj de los mandatos. Sobre todo, si Sánchez convoca nuevas elecciones generales en noviembre y los resultados favorecen la recuperación del bipartidismo que es el mal menor que quieren los electores, Sánchez…y Casado.

Seguir igual, es decir, empeorando
Nota del Editor 21 Agosto 2019

Si el mal menor es Sánchez, vaya broma de cuarenta años de tomadura de pelo con el bipartidismo. Cualquier persona sensata debe votar a Vox para conseguir que los miserables, corruptos, traidores e ineptos que pretenden seguir viviendo de nuestra estupidez dejen de hacerlo.

La izquierda se enreda en sus trampas
Editorial ABC 21 Agosto 2019

La nueva oferta hecha por Pablo Iglesias a Pedro Sánchez para retomar las negociaciones y conformar un Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, ofreció ayer más síntomas de ser una trampa que una solución al bloqueo en España. No fue sino un nuevo episodio de la guerra psicológica que mantienen ambos por culparse mutuamente del fracaso de la sesión de investidura, y así se encargó Sánchez de demostrarlo menospreciando en horas la idea de Iglesias. Más allá del valor que cada cual quiera dar a la palabra de Sánchez, siempre tan cambiante y contradictoria como poco fiable, lo cierto es que en esta ocasión parece ser coherente al insistir en que el 25 de julio caducó cualquier pacto de coalición. La oferta de Podemos tenía mucho de falaz y de falla insalvable para el PSOE. Iglesias pretendía retomar la iniciativa como un ejercicio de maquillaje político, como un burdo acto de simulación para quedar bien ante el electorado de la izquierda, y demostrar a Sánchez que no le vale la opción de apoyar al PSOE bajo la fórmula de un Ejecutivo «de cooperación» con acuerdos programáticos de legislatura. Por eso, en sí misma, la oferta llevaba implícito un rechazo preventivo. Iglesias puso obstáculos al PSOE a sabiendas de que ya son insalvables, como la cansina exigencia de que Irene Montero sea vicepresidenta del Gobierno. Tuvo su momento, pero eso ya no parece posible, y la conducta mendicante de Iglesias le delata.

A no ser que Sánchez se vea acorralado en septiembre o que perciba una preocupante desmovilización de la izquierda, el escenario más probable hoy sigue siendo la convocatoria de elecciones en noviembre. Porque incluso si Iglesias aceptara apoyar un Gobierno de Sánchez en minoría bajo una serie de condiciones ideológicas, no sería suficiente garantía de estabilidad para el PSOE. Solo tiene 123 escaños y su grado de dependencia del separatismo catalán sería máximo. Si quisiera, Sánchez podría pactar una investidura sin mucha dificultad, pero la gobernabilidad real le penalizaría hasta el punto de ser otra vez un rehén débil de los mismos partidos que tumbaron su proyecto de presupuestos generales.

Incluso en el extraño supuesto de que Podemos y el PSOE estuvieran negociando en vez de urdir faroles para intercambiar acusaciones de traición a la izquierda, la formación de un Gobierno de esas características sería demoledor. Con el PSOE secuestrado por comunistas y separatistas, con Cataluña en ebullición a la espera del Tribunal Supremo, y con el independentismo fracturado en mil pedazos en busca de nuevas elecciones, solo faltaba el diagnóstico de una recesión inminente en Europa. A España lo que menos le conviene ahora es un Gobierno social-comunista que sobreviva a base de destrozar el bolsillo de la clase media con una subida masiva de impuestos, un alarmante endeudamiento y más golpes al déficit público.

Presidente a la deriva
Ignacio Camacho ABC 21 Agosto 2019

España no tiene (todavía) un problema grave con la inmigración, a pesar de que algunos pretendan crearlo, porque la población de origen extranjero, incluida la que ha entrado de forma irregular, apenas supone hoy un diez por ciento: algo menos de cinco millones de personas de las que cuatro de cada seis son ciudadanos europeos. Pero lo habrá si la proporción continúa en crecimiento y, sobre todo, si continúa faltando una política de Estado al respecto. La polarización ideológica y la continua batalla electoral impiden desde hace años la existencia de un proyecto estratégico, que el Gobierno de Sánchez tampoco sabe siquiera esbozar más allá de su compulsiva y cambiante tendencia a los gestos. Emparedado entre el buenismo de salón y el pragmatismo de un poder cuyo ejercicio se resiste a adaptarse a los deseos, el Ejecutivo se mueve siempre por detrás de los acontecimientos. Así, por ejemplo, al brindis tribunero del Aquarius han sucedido los razonables acuerdos con Marruecos para que controle, previo pago, los flujos migratorios en el Estrecho. Sin una idea clara, sin iniciativa, sin otra brújula que los sondeos, Moncloa no para de emitir mensajes contradictorios que varían según cada momento. Y esas vacilaciones han convertido su papel en la crisis del Open Arms en un sainete de enredo.

Sánchez se puso primero de perfil a ver si el problema pasaba, minusvalorando la determinación de un Salvini al que no le importa quedar como un bárbaro con tal de ganar sus propias batallas. El ministro Ábalos, con ese tono de fastidio que muestra a menudo, llegó a decir que estaba harto de que el único puerto seguro posible tuviese que ser uno de España. Luego el presidente trató de desviar la cuestión a la UE, que nunca hace nada, y por último, al sentir la presión de la opinión pública, decidió tomar parte en el juego sin mirar si tenía buenas cartas. Ofreció un desembarco en Algeciras, una ciudad gobernada -como Andalucía- por la derecha, con la vaga esperanza de que una protesta abrupta de Vox le permitiese organizar una polémica sesgada, pero la oenegé rechazó la propuesta y se vio obligado a modificarla. Al final, una aparatosa descoordinación con la justicia italiana ha convertido en papel mojado la improvisada orden de enviar como taxi de los migrantes a un barco de la Armada. Enclaustrado en su retiro de Doñana, no ha controlado la situación en ninguna de sus fases y ha terminado descolocado y a rastras.

Cualquier cosa le vale antes que definir una línea y buscar consenso. Volteretas, bandazos, rectificaciones, bamboleos. Lo que diga Iván: ayer sí, hoy no, mañana otra vez sí y pasado ya veremos. Y en la próxima ocasión, que será pronto, Italia, las organizaciones de rescate y hasta las mafias volverán a tomar por el pito del sereno a un Gobierno incapaz de afrontar sus responsabilidades con un modelo de actuación mínimamente serio.

Esperanzas políticas
José Manuel Otero Lastres ABC 21 Agosto 2019

El Rey Juan Carlos I en el discurso que pronunció ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978, tras la sanción de la Constitución, formuló su «más sincero deseo de que todas las fuerzas políticas vean cumplidas cuantas esperanzas han depositado en el texto constitucional». Lo cual era absolutamente lógico, ya que cuanto más hubieran sido atendidas tales esperanzas en mayor medida nuestra Carta Magna nacería como una «Constitución de todos y para todos». Cosa que sucedió ya que el texto constitucional gozó de una generalizada aceptación por la ciudadanía, pues fue aprobado en referéndum por algo más que el 91% de los votantes.

Pues bien, las esperanzas que tenían las fuerzas políticas constituyentes se tradujeron en las proclamas contenidas en el Preámbulo de la Constitución y en su amplio articulado (169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una disposición derogatoria y otra final).

Por medio de las proclamas -única parte de la Constitución que ahora me interesa- la Nación española que nacía a la democracia declaraba solemnemente los objetivos políticos fundamentales que aspiraba alcanzar, los cuales más que propósitos conquistables de una vez y para siempre, representaban fines políticos de carácter permanente.

Lo primero que proclama la Nación española es su voluntad de «garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes conforme a un orden económico y social justo». Este importantísimo anhelo, y con él todo el régimen democrático, no tardó en verse seriamente amenazado. No habían pasado aún tres años desde la entrada en vigor de nuestra Ley de Leyes cuando el 23 de febrero de 1981 se produjo un intento de golpe de Estado militar que afortunadamente fracasó. Tras este deplorable incidente, la convivencia democrática, que hasta entonces había sido convulsa porque estaban dando sus últimos coletazos las fuerzas políticas ancladas en el régimen anterior, mejoró sensiblemente. Y ello, a pesar de que el terrorismo etarra nos siguiera azotando con sus feroces acometidas, resultándole indiferente la transición del régimen autocrático al democrático.

En nuestros días, ha tenido lugar un nuevo intento, también frustrado, de alterar la convivencia democrática constitucional al celebrarse en Cataluña un ilegal referéndum de autodeterminación con base en el cual dicha Comunidad Autónoma se declaró unilateralmente como República independiente.

La segunda proclama de nuestra Carta Magna es la voluntad de la Nación española de «consolidar un Estado social y democrático de Derecho bajo la vigencia del imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular». Esta aspiración es hasta tal punto esencial que no es exagerado afirmar que resume en sí misma la esencia de la democracia: un Estado de Derecho con primacía de la ley como expresión de la voluntad popular en la cual reside la soberanía nacional.

La íntima relación que existe entre ambas voluntades proclamadas en el preámbulo de la Constitución significa que los dos intentos de subvertir el orden constitucional, el frustrado golpe militar y la fracasada declaración unilateral de independencia de Cataluña, fueran dos tentativas de alterar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de minar el Estado de Derecho basado en el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Pues bien, llegados a este punto surge de inmediato la pregunta de si la fracasada declaración unilateral de independencia -punto en el que voy a centrarme- se debe a que nuestra Carta Magna se olvidó de recoger en su texto de 1978 alguna esperanza de las fuerzas políticas de entonces; o si tiene su origen, por el contrario, en una esperanza nueva, no manifestada en 1978, que plantea ahora alguna fuerza política constituyente y que obviamente no está en la Constitución.

No creo equivocarme si digo que en 1978 todas las «esperanzas» (así las denomina el Rey Juan Carlos I en el discurso citado) de las fuerzas políticas constituyentes respecto de la organización territorial del Estado se vieron satisfactoriamente cumplidas. El que la Constitución reconociese y garantizase el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones de España satisfizo los deseos de todas las fuerzas democráticas de entonces. Lo cual implicaba admitir al mismo tiempo tanto la indisoluble unidad de la Nación española como que la soberanía de esta Nación reside en el conjunto del pueblo español.

La consecuencia de lo que antecede es que la existencia misma de las tensiones territoriales que venimos sufriendo en los últimos años obedece a que hay fuerzas políticas constituyentes que tienen nuevas esperanzas políticas, entre las que figura nada más y nada menos que la independencia.

Ahora bien, lo realmente novedoso es que esas fuerzas políticas intentan canalizar sus nuevas aspiraciones territoriales, incluida la independencia, a través de un derecho, el de autodeterminación, que no existe en nuestra Constitución, ni en ninguna otra del mundo. Ante tan inaceptable planteamiento político y jurídico ¿cómo debían responder las otras fuerzas políticas que niegan con razón la existencia del derecho de autodeterminación y siguen manteniéndose fieles a la Constitución? ¿Tenían que permitir a los independentistas que vulneraran abiertamente la Constitución pertrechados de un derecho inexistente como el de autodeterminación?

La respuesta es rotundamente negativa y se fundamenta en la razón ya indicada de que las dos proclamas constitucionales anteriormente analizadas tienen carácter permanente. En efecto, al fundamentarse la nueva aspiración de la independencia en el inexistente derecho de autodeterminación, su puesta en práctica contradice la voluntad de la Nación española de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución -aquel supuesto derecho está claramente al margen- y supone asimismo un ataque a la voluntad de consolidar un Estado de Derecho sobre la base del imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, que ha optado por la indisoluble unidad de la Nación española.

Con esto se quiere decir que la nueva esperanza de la independencia tal y como ha sido llevada a cabo invocando el inexistente derecho de autodeterminación contradice gravemente la propia voluntad de la Nación española proclamada en el Preámbulo de la Constitución y concretada en las normas de su Título Preliminar.

Fuerzas políticas o políticos explosivos
Nota del Editor 21 Agosto 2019

Toda la maquinaria del estado se puso al frente del Si a la constitución, ninguna voz en contra pudo oirse, así que menos victorias y mucho cuento, para una constitución que es un bodrio sin sentido, absolutament ilógica.

La voluntad popular, del pueblo, no del Partido Popular, no pinta nada. La expresión de la voluntad popular es un cuento chino que se moldea con las recursos que nos quitan del nuestros bolsillos aplicados a los medios de (comunicacón) de intoxicación.

La agrupación de la derecha

PABLO NUEVO LÓPEZ El Mundo 21 Agosto 2019

El autor analiza las dificultades para reagrupar políticamente 'todo lo que está a la derecha de la izquierda'. Y subraya la necesidad de que desde este espectro ideológico se articule un discurso patriótico racional

La mayoría de los comentaristas coincidió en que la victoria de la izquierda en las últimas generales tuvo más que ver con la fragmentación de la derecha que con la existencia de una gran mayoría social en ese espectro ideológico. De ahí que se sostenga que mientras no se reunifique en una única fuerza política todo lo que está a la derecha de la izquierda no será posible construir una alternativa con capacidad de ganar las elecciones y llevar a las instituciones un programa de gobierno reformista y liberal.

En este sentido, son muchas las voces que abogan por una convergencia de los distintos partidos de centro y de derecha en una fuerza política de centro que, aceptando los derechos sociales como grandes conquistas civilizatorias, se diferencie de la izquierda por el reconocimiento del papel del mercado y el énfasis en las reformas que harán que sea sostenible el Estado del bienestar. El asunto vuelve a primer plano con la defensa de la plataforma España suma, inspirada en Navarra suma, que integrarían PP, Cs e incluso Vox.

A mi modo de ver, esta reflexión es incompleta y está condenada al fracaso. De entrada, la diferencia con la izquierda no está sólo en cómo se genera la riqueza necesaria para pagar los derechos sociales, pues en mi opinión también es políticamente relevante el modo de realización de los derechos sociales. Una vez asumido que todos los miembros de la comunidad política deben tener acceso a determinados bienes necesarios para la realización personal (educación, sanidad, etcétera), no es indiferente si el mismo debe ser consecuencia de una prestación proporcionada por el Estado (Estado del bienestar), o si lo que corresponde a las instituciones públicas es garantizar que tenga lugar dicho acceso, dejando espacio para el dinamismo social (Estado garante en clave de subsidiariedad).

Con todo, no es ésta la mayor de las dificultades para reagrupar todo lo que está a la derecha de la izquierda; a la anterior hay que sumar dos cuestiones que, en mi opinión, son relevantes.

En primer lugar, una fuerza de centroderecha debe ser capaz de articular una defensa de España como algo más que un espacio de disfrute de derechos individuales. Es cierto que la idea moderna de nación va ligada al reconocimiento de todos los ciudadanos como individuos libres e iguales y, por tanto, no puede haber nación política sin derechos individuales, pero no puede olvidarse que la nación subsiste en una comunidad histórica y cultural. Así, es preciso articular un discurso patriótico racional. Por si vale el ejemplo: frente al mito de la España de ciudadanos libres e iguales con origen en 1812, el centroderecha debe construir la casa común con aquéllos que subrayan que 1812 fue posible por 1808, arrebato de dignidad de una vieja nación occidental forjada en siglos de Historia en común.

La segunda dificultad para agrupar el centroderecha viene de la constatación de que la izquierda actual es muy distinta a la de Felipe González. No sólo porque la nueva izquierda cuestiona activamente el proceso de reconciliación nacional que culmina en la Transición y la Constitución, sino porque se trata de una izquierda que ha hecho bandera de la identidad, llevando al centro del debate público -y de su acción de gobierno en las instituciones- cuestiones claves de la identidad que afectan a la libertad ideológica (género, memoria histórica hemipléjica...).

Es cierto que se trata de cuestiones sobre las que la sociedad española, incluyendo a quienes se reconocen de centroderecha, mantiene posiciones plurales. Pero, precisamente porque se trata de cuestiones controvertidas en una sociedad plural, el centroderecha debe ser capaz de alejarse de las visiones uniformizadoras que, en estos ámbitos, defiende la izquierda, y distinguir entre el reconocimiento de la libertad de las personas y el adoctrinamiento a quienes no compartan las opciones que, en ejercicio de esa libertad, asuman determinados individuos.

Y es que no podrá haber reagrupamiento del centroderecha sin lealtad recíproca. Tanto el mundo conservador como el mundo católico deben ser conscientes de que sus objetivos sólo podrán ser alcanzados en un marco de libertad. Frente a la tentación y al espejismo de un poder burocrático benefactor, deben aprender cómo la libertad económica no sólo favorece la eficiencia, sino que conlleva una mejora del ecosistema moral de la sociedad, pues traslada a los ciudadanos el mensaje de que las necesidades de los demás son competencia de todos, no de una máquina burocrática. Revitalización de los principios de subsidiariedad y solidaridad que a la vez alienta el fortalecimiento de la familia, primera unidad social de solidaridad, y que permite a los católicos, expertos en solidaridad, concurrir en el espacio público en tono positivo y no sólo reactivo.

Por su parte, el mundo liberal debe ser consciente de que la libertad no puede desarrollarse en el vacío. La experiencia de la Europa de las últimas décadas demuestra cómo el debilitamiento de los vínculos sociales no ha generado un individuo más autónomo, libre al fin de la moralidad tradicional, sino un agigantamiento de la máquina estatal. Un orden social individualista, desconectado de las exigencias morales que plantea la vida comunitaria y de las instituciones intermedias en que éstas pueden ser aprendidas y vividas, reduce la vida política a la maximización del bienestar material en el corto plazo. Al huirse de la responsabilidad personal, se confía que sea el Estado quien procure a los ciudadanos todo lo necesario para vivir de modo confortable, desde la cuna a la tumba. El intervencionismo económico que padece Europa está en relación con su crisis cultural. De modo análogo, esta tradición liberal tiene que asumir que únicamente en un espacio cultural concreto, a escala humana e históricamente configurado es posible el disfrute de los derechos individuales. No se trata de sacrificar la libertad a la identidad, sino de que sólo donde hay un mínimo de identidad compartida es posible organizar la convivencia en libertad.

Es evidente que lo que aquí se propone es, en cierto modo, contracultural. Pero si el centroderecha no se arriesga a dar la batalla de las ideas, impugnando una cultura que ha sido completamente modelada por la izquierda, no podrá aspirar al Gobierno más que cuando haya que arreglar los estropicios económicos del socialismo.

Pablo Nuevo López es doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU.

Desaparición de los inútiles
Nota del Editor 21 Agosto 2019

Cuarenta años repitiendo los mismos errores y muchos siguen empeñados en sacar de la UVI a  quienes nos han estado pastoreando todos estos años sin haber resuelto nada y haber machacado todos nuestros derechos humanos y constitucionales.

Madrid no es un 'paraíso', pero destapa los 'infiernos fiscales' que padece España
M. Llamas  Libertad Digital 21 Agosto 2019

La baja tributación que disfruta Madrid sirve de espejo al resto de regiones, desenmascarando así los altos impuestos que aplican algunas CCAA.

"Paraíso fiscal". Así es como algunos partidos tildan a la Comunidad de Madrid, los mismos que apuestan por subir impuestos, en contraposición al modelo de rebajas fiscales que ha implantado el PP en esta región en los últimos años. Sin embargo, Madrid no es un paraíso fiscal, ni en teoría ni en la práctica, dado que, por un lado, no cumple ninguno de los requisitos oficiales para ser incluida en esta categoría, y, por otro, su carga tributaria, pese a ser más reducida que en otras autonomías, no es, ni mucho menos, marginal.

La llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ya ha empezado a generar críticas entre los barones socialistas, tras anunciar su plan para aplicar una rebaja histórica de 5,5 puntos en el tramo autonómico del IRPF, junto a la ampliación de ciertas deducciones.

El presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, se ha situado a la cabeza de este particular frente al señalar que en España "no puede haber competencia fiscal entre autonomías ni paraísos fiscales". En concreto, ha solicitado al Gobierno que se reforme el sistema de financiación para recentralizar ciertas figuras tributarias que hoy están cedidas a las autonomías: "Hay impuestos que probablemente deben ser nacionales y no pueden ser transferidos, y otros, sí".

Los datos, sin embargo, no corroboran la tesis socialista. En primer lugar, porque, si bien la recaudación que logran las CCAA a través de impuestos propios y cedidos ronda los 100.000 millones de euros al año, el 75% pasa a engrosar el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, uno de los principales mecanismos de "solidaridad interterritorial", de modo que la corresponsabilidad fiscal (ingresos propios para financiar gastos propios) es muy limitada. Y, en segundo término, porque la presión tributaria que soportan los madrileños es equiparable a la media europea, aunque, eso sí, más baja que en el resto de CCAA.

Madrid, por tanto, no es un "paraíso fiscal", tal y como afirma el PSOE, pero sirve para desenmascarar los relativos infiernos fiscales que existen a nivel autonómico. El siguiente cuadro resume los tipos que, hoy por hoy, se aplican en Madrid a nivel tributario, tanto en IRPF como en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Sucesiones y Donaciones (ISD) o Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).

Las diferencias saltan a la vista cuando se comparan estas figuras con las existentes en el resto de autonomías, ya que los madrileños disfrutan de la menor factura fiscal de España. En materia de IRPF, tomando como ejemplo un contribuyente soltero, sin hijos, menor de 65 años y sin derecho a deducción, pagaría menos en Madrid en todos los tramos de renta, tal y como recoge el Consejo General de Economistas. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Extremadura, por el contrario, imponen las mayores cargas.

Así, un madrileño que gane 30.000 euros brutos al año pagaría casi 300 euros menos que un catalán (4.795 euros frente a 5.103, respectivamente), mientras que, con un sueldo de 160.000, abonaría unos 4.500 euros menos que un valenciano (58.000 vs 62.500).

Asimismo, Madrid ha eliminado el Impuesto de Patrimonio. De este modo, aragoneses y extremeños tendrían que abonar entre 1.000 y 418.000 euros al año para mantener capitales de entre 800.000 y 15 millones -una vez excluidos los 300.000 euros exentos de vivienda habitual-, mientras que los madrileños pagarían cero.

Algo similar sucede en Sucesiones, donde una herencia de 800.000 euros soportaría una carga próxima a 1.600 euros en Madrid frente a los 103.000 de Asturias.

En Donaciones, por su parte, siguiendo el mismo ejemplo, un madrileño abonaría unos 2.000 euros en comparación con los casi 210.000 euros de un andaluz.

Por último, Madrid también disfruta de la menor carga fiscal del país en materia de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, mientras que Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana aplican los impuestos más altos, convirtiéndose así en los mayores infiernos en esta materia.

Catalanes, escoceses y Sir John Elliott

GABRIEL TORTELLA El Mundo 21 Agosto 2019

El autor lamenta que en medios internacionales se publiquen toda clase de falsedades sobre el 'conflicto' en Cataluña, casi siempre en consonancia con los planteamientos del nacionalismo

No se le puede negar el valor y el arrojo a John Elliott: a sus ochenta y muchos años ha publicado lo que será sin duda la obra más polémica de su extensa bibliografía, el libro sobre los catalanes y los escoceses (en la versión original inglesa la primera palabra del título es scots, escoceses; en la española, la primera es catalanes), un ejercicio de historia comparada que, precisamente por sus evidentes virtudes, va a satisfacer plenamente a muy pocos. El nacionalismo es una convicción política firmemente anclada en los fondos más emocionales e irracionales del alma humana, por lo que cualquier intento de abordar sus problemas con espíritu ecuánime y desapasionado provoca inevitablemente el rechazo iracundo de unos y otros. Si además se trata de un estudio sobre dos nacionalismos, no uno, y llevado a cabo por un historiador británico, inglés por más señas, cuya especialidad es España y, dentro de ella, Cataluña, el fuego cruzado va a venir de todos lados, pese al respeto que la figura y la obra de Elliott inspiran, tanto en Gran Bretaña y España como en el mundo intelectual en general. Sir John es hombre muy avezado y sensato, que no se sorprenderá ni de las críticas ni de los silencios con que su obra es acogida. Hay que decir que incluso las reseñas menos favorables expresan ese respeto al que antes me refería. Lo que sí sorprende bastante, sin embargo, es que la crítica más hostil y peor informada de su libro se publique en la prestigiosa revista donde el propio Elliott escribe con una cierta regularidad (la New York Review of Books) y sea obra de un historiador escocés que ha adoptado la causa del separatismo catalán como propia.

En la página 255 de Scots and Catalans (cito la versión original inglesa, que es la que he leído, pero traduzco al español las citas tanto de Elliott como de su reseñador, Neal Ascherson), Elliott hace referencia a las escenas televisivas exhibidas en todo el mundo sobre las refriegas entre policías y manifestantes con motivo del referéndum de 1 de octubre de 2017, y habla del "bombardeo de imágenes manipuladas e información falsa" que tuvo lugar, incluyendo algunas "imágenes ampliamente difundidas de votantes ensangrentados [que en realidad] provenían de otros reportajes sin ninguna relación con el referéndum de 2017". Y en este contexto, añade: "La verdad no importaba. Muchos periodistas extranjeros, pocos de ellos bien al corriente de la situación interna en Cataluña o del trasfondo del movimiento secesionista, aceptaban sin reparo las imágenes y las historias circuladas por los independentistas". Pues las frases de Elliott se aplican perfectamente a su reseñador, cuyo artículo en la New York Review of Books (Abril-Mayo, 2019, pp.33-36) vale la pena comentar, entre otras razones porque demuestra el éxito internacional que ha tenido la propaganda del separatismo catalán, que ha logrado lavar el cerebro de este establecido historiador británico, entre muchos otros.

Según Ascherson, que inicia su texto con un panegírico de Clara Ponsatí que para sí lo quisiera Juana de Arco, el "derechista" Rajoy "entró en pánico" ante el referéndum ilegal "y se comportó como si fuera un rey del siglo XVIII afrontando una rebelión armada". Estos fragmentos ya revelan hasta qué punto el reseñador ha hecho suya la argumentación de los separatistas catalanes. Y resulta curioso observar que el profesor escocés argumenta con más energía contra Elliott al tratar de Cataluña que al tratar de Escocia. Así, afirma que "la imparcialidad de Elliott le abandona" cuando aborda el conflicto actual y llega a decir que el discurso de Felipe VI el 3 de octubre fue "para la mayor parte del resto del mundo [...] una diatriba desastrosa e intransigente [porque] ni siquiera insinuó excusas ni concesiones". Uno se pregunta leyendo esto a quién le ha abandonado la imparcialidad. Resulta muy extraño que un historiador (y uno británico especialmente) no advierta que un Rey constitucional no puede ofrecer concesiones políticas, y que el que pidiera excusas porque el Gobierno hubiera reprimido un acto público masivo ilegal e inconstitucional, organizado por un Ejecutivo autonómico de una región que es parte de España, estaría totalmente fuera de lugar y sería humillante para el Estado y el pueblo españoles, aparte de que produciría un gravísimo enfrentamiento entre el Jefe del Estado y el Gobierno. Y, como colofón, Ascherson no hace referencia a las dos manifestaciones masivas en contra del separatismo y en apoyo al Rey que tuvieron lugar en Barcelona en las semanas siguientes a lo que él llama "diatriba desastrosa" y que, según Elliott (p. 255) fue seguido de "un resurgir del sentimiento nacional español por todo el país".

Resulta incomprensible que el autor de un artículo sobre un libro como el de Elliott dé muestras de una ignorancia tan profunda sobre las complejidades de la historia española y catalana. Algunos errores son espectaculares, como cuando informa al lector de que la rebelión de Franco tuvo lugar en septiembre de 1936, con lo cual no sólo demuestra no haber leído nada sobre la Guerra Civil española, sino no haber leído tampoco el libro que está reseñando, que en la página 215 correctamente -y naturalmente- sitúa la rebelión en julio. Lo cierto es que lo que haya leído Ascherson del libro de Elliott parece haberle aprovechado muy poco. Por ejemplo, éste se refiere repetidamente a lo muy dividida que ha estado siempre (o muy a menudo) la sociedad catalana, haciendo referencia a las guerras campesinas y urbanas del siglo XV, al carácter intestino que tuvieron las guerras de Secesión y de Sucesión, a las guerras carlistas, etcétera. Ascherson no parece haberse enterado y suscribe enteramente los mitos nacionalistas de una Cataluña unida que habla con una sola voz, que es precisamente la de los separatistas. Así, se refiere repetidamente a "los catalanes y su causa", su "victimización constante", la "lucha de los catalanes", como si esa mitad larga de los que resisten contra el viento y la marea del separatismo no existieran. El obnubilado Ascherson, desde luego, no se ha enterado de su existencia. Tampoco parece saber que los catalanes votaron por mayoría aplastante la Constitución española de 1978, que hoy los separatistas violan todos los días sin que el represivo Gobierno español haga nada por restaurar allí la legalidad.

otros errores de bulto que comete Ascherson incluyen el llamar a Barcelona "el último bastión de la República" en la Guerra Civil, como si Madrid, Valencia y Alicante no hubieran resistido dos meses largos más tras la caída de la Ciudad Condal. También afirma erróneamente que la Semana Trágica de 1909 se debió al intento de introducir el servicio militar en Cataluña. Se equivoca en casi un siglo. La Semana Trágica se inició con una protesta contra el envío de tropas a la guerra de Marruecos. También afirma, pintorescamente, que ser catalán en tiempos de Franco era "una identidad clandestina". Es evidente que Ascherson se ha forjado una extraña idea de España en general y de la España franquista en particular, y que habría que recomendarle que leyera otra vez y con atención a Elliott; tampoco le vendría mal ojear detenidamente alguna historia de España, de las que hay muchas y buenas en inglés, antes de meterse de hoz y coz en jardines que le son desconocidos. Y, si no, véase la siguiente perla: concluye diciendo, refiriéndose a España, que "en Europa Occidental, una autoridad central que sólo se sostiene por medio de la represión debe cambiar de conducta o perecer". Ni Puigdemont lo diría mejor.

Como afirma Elliott, muchos periodistas mal informados difunden noticias falsas sobre España y Cataluña. A mí me duele que la New York Review, de la que soy suscriptor casi desde su fundación, y que ha sido modelo para tantas otras excelentes publicaciones, haya decaído tanto desde la muerte en 2017 de su legendario director Robert Silvers que, estoy seguro, no hubiera dejado pasar la legión de gazapos históricos que Ascherson ha colado en este artículo. Los suscriptores en general, y John Elliott en particular, nos merecemos mejor trato. Y él, desde luego, no se merece este fuego amigo.

Gabriel Tortella es economista e historiador. Sus últimos libros son Capitalismo y Revolución y Cataluña en España (con J.L. García Ruiz, C.E. Núñez, y G. Quiroga), ambos editados por Gadir.
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España, país de laboratorios fiscales
Primo González Republica 21 Agosto 2019

No hace falta dedicarle mucho tiempo a la lectura del documento que los pupilos de Pablo Iglesias han elaborado para explicar sus condiciones de acuerdo con el PSOE para gobernar en coalición. Es un documento sencillo y con propuestas claras aunque a poco que se echen cuentas no se tarda mucho en llegar a la conclusión de que sus autores no tienen en la economía su principal punto de apoyo.

Casi una decena de propuestas de subidas de impuestos y ni un atisbo de sugerencias sobre cómo aumentar la riqueza nacional. Una cosa y la otra son inseparables, como resulta fácil de comprender. Lo saben hasta los niños de parvulario. Lo cierto es que los redactores del documento de Unidas Podemos viven en el reino de la utopía, por lo que no es de extrañar que Pedro Sánchez haya tardado apenas un suspiro para decir que con esta gente no puede hacer un Gobierno serio. Lo contrario sería preocupante. Dislates del tamaño de que hay que aumentar la recaudación fiscal en España en unos 85.000 millones anuales para hacer un país más justo y sobre todo más homologable a lo que se lleva en Europa dan una idea del peligro que representaría para la sociedad española tener un Gobierno con semejantes ideas.

Pero lo que más llama la atención, ahora que ya tenemos en España todos los Gobiernos autonómicos funcionando y constituidos (con los debidos respetos a alguna excepción, como la de la Generalitat catalana), es la diferencia programática que existe entre los idearios de algunas fuerzas políticas, unas con poder autonómico, otras lejos del mismo.

El caso más flagrante es el de la Comunidad de Madrid, que se presenta como el polo opuesto de los discípulos de Iglesias a la hora de hablar de impuestos. Madrid quiere ser el laboratorio de la derecha gobernante, según sus nuevos y flamantes dirigentes. Y para ello va a instrumentar políticas fiscales agresivas consistentes en reducir, sin complejos, la presión fiscal de quienes trabajan y viven en Madrid.

Un atisbo de esta batalla ya se viene desarrollando desde hace años con la decidida enemistad de los partidos conservadores y liberales que han pasado por el Gobierno de la autonomía madrileña hacia tributos como el de Patrimonio, excluido en la práctica del catálogo de obligaciones fiscales que recaen sobre la riqueza de los habitantes de la Autonomía central del país. Andalucía, que militaba, durante los muchos años que estuvo gobernada por los socialistas, en el campo contrario, ahora que vive bajo el manto conservador y trata de ahuyentar este tipo de tributos, que a juicio de los populares y de Ciudadanos no ha hecho más que empobrecer a parte de la clase media andaluza sin generar ingresos públicos con los que hacer políticas sociales. Un desastre, en suma, se mire por donde se mire.

Ahora, el campo de batalla parece ampliarse, con la decidida apuesta madrileña en favor de políticas fiscales de perfil bajo. Unidas Podemos sigue con su manual de economistas progres, pero sin la capacidad de convicción suficiente como para embarcar al mismísimo Pedro Sánchez en el mismísimo Gobierno de la nación.
 


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