AGLI Recortes de Prensa   Jueves 22  Agosto 2019

España, ¿la casa común?
José Manuel Sánchez Fornet okdiario 22 Agosto 2019

La escritora María Elvira Roca Barea, cuyo último ensayo de historia “Imperiofobia y leyenda negra” ha vendido más de 100.000 ejemplares, dice en una entrevista sobre España: “desde 1992 se ha destruido paulatinamente la casa común”.

España es un Estado/nación que se remonta siglos atrás. Hay naciones con distintas estructuras: estados confederados, que fueron naciones antes de constituirse como una única nación y tienen reconocido por Naciones Unidas el derecho a la autodeterminación; estados federados (nuestras comunidades autónomas tienen más competencias que algunos de ellos), territorios que tienen rasgos específicos comunes (cultura, lengua, costumbres…), y que, a diferencia de los confederados, no pueden separarse con la decisión exclusiva de su ciudadanía porque no fueron Estado ni nación antes de la nación actual (Cataluña y País Vasco respecto de España). Hay naciones con estructura estatal descentralizada, como España o Alemania (impuesta por los ganadores para debilitarla tras la II Guerra Mundial), y otros centralizados, como Francia. Tras la dictadura, la decisión de debilitar la fortaleza del Estado-nación español la tomaron los políticos “constituyentes”; crearon un Estado para ellos y sus mamandurrias que tras 40 años de entramado evidencia síntomas de fatiga. No es más democrática ni mejor una estructura descentralizada que centralizada, salvo para los políticos, que tienen más puestos que ocupar. Amaresh, asturiana de 20 años, murió tras cuatro esperando una operación (le faltaban otros cinco para su turno), que debió hacerse en cualquier otra comunidad autónoma. Su muerte no removió las entrañas a ningún político.

Tensiones radicales independentistas en Cataluña contaminando Baleares y C. Valenciana; el PNV queriendo anexionar Navarra, -cuyo parlamento ya decidió hace muchos años lo contrario-, al País Vasco. Una estructura institucional que impide elegir a personas y obliga a votar a partidos, cuyos líderes colocan a sus más leales servidores impidiendo ninguna posibilidad de la sociedad civil de intervenir en la elección de sus políticos. Territorios ricos y pobres, disgregación, pérdida de potencia comercial con mercados troceados por leyes y discriminación por lengua, desigualdad, poca eficacia y menos eficiencia, multiplicación de organismos para colocar a amigos y coetáneos parasitando la administración pública. Se piden recortes en sanidad, millones de personas en el umbral de la pobreza y educación troceada enseñando historias parciales de cada territorio, despreciando la común de la nación convertida en enemiga invasora en algunas comunidades.

Uso de instituciones del Estado y bienes públicos para actuar contra la nación, adoctrinamiento con odio contra España y desprecio a sus símbolos y lengua común ante el silencio cómplice de algunos políticos, nos alejan de la sociedad de ciudadanos libres e iguales y nos conducen a otra, dividida, fragmentada, con graves problemas de convivencia. El interés general de la ciudadanía, el de la nación, es ignorado por la clase política.

En España si defiendes menos descentralización por razones de eficacia y eficiencia eres fascista. Lo dicen ignorantes de todo pelaje de la izquierda e independentistas. Se ve que en Francia hasta los socialistas y comunistas son fascistas. Si defiendes el español en Cataluña, Baleares y otros territorios, fascista. Nuestra estructura mastodóntica, ineficiente, carísima y manifiestamente mejorable sirvió para contentar a los nacionalistas pero se les ha desbocado el invento. Es cuestión de supervivencia del Estado-nación reaccionar ante quienes quieren destruirlo. Empezaron pidiendo gestionar su habitación del edificio común, exigiendo mejor vista, más gasto de mantenimiento y mejores condiciones de habitabilidad, y ahora quieren construir un edificio propio sobre las ruinas de la casa común, el Estado-nación español, que desde tiempos inmemoriales siempre han considerado el enemigo a derrotar. El Estado español participa animosamente en su autodestrucción y desescombro.

VOX reclama ‘recortes en chiringuitos subvencionados’ ante el nuevo récord de deuda pública en España
Redacción |eltorotv.com 22 Agosto 2019

La deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó en 14.644 millones de euros en junio, hasta situarse en 1,21 billones de euros, con lo que supera el 99% del PIB y marca un nuevo máximo histórico, según los datos publicados el pasado martes por el Banco de España.

En concreto, la deuda pública aumentó un 1,2% en junio respecto al mes anterior, al alcanzar los 1,21 billones de euros, y repuntó un 3,8% respecto al mismo mes del año pasado, al elevarse en 44.741 millones de euros en el último año.

Con la metodología utilizada por el Ministerio de Economía y Empresa (interpolación lineal entre el último PIB nominal conocido y el previsto a 31 de diciembre de 2019), el porcentaje de deuda sobre el PIB se situó en junio en el 98,38%, frente al 97,09% de diciembre de 2018.

En todo caso, señalan fuentes del Ministerio, «este dato es compatible» con el objetivo de ratio deuda-PIB del 95,8% para final de 2019 que figura en el Programa de Estabilidad 2019-2022.

Desde VOX han lamentado estos datos: «Frente a políticos caprichosos, ahorro. Frente a 17 duplicidades autonómicas, Estado unitario. Frente a chiringuitos subvencionados, recortes. Lo dijimos y lo mantenemos: nos tendrán enfrente».

El sector liberal del PP liderado por Cayetana no quiere abrir España Suma a Vox: “Son nacionalistas”
La dirección del partido no descarta acuerdos preelectorales con Abascal, lo que solivianta a parte de los mandatarios y afiliados.
Daniel Ramírez El Espanol 22 Agosto 2019

El alma liberal del PP, encarnada en su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, no quiere saber nada de coaliciones electorales con Vox. Génova contempla abrir la marca "España Suma" a Santiago Abascal, una posibilidad que rebelaría a los dirigentes y militantes menos conservadores.

"La fragmentación en unas próximas elecciones sería letal". Con esa premisa trabaja Pablo Casado en su ansiada "refundación del centro derecha". Entre las posibilidades que están sobre la mesa para lograrla se encuentra ésta: "Un acuerdo preelectoral con Vox". Así lo adelantabó este diario tras confirmarlo mediante fuentes de la dirección popular. Ahora, distintos mandatarios de la organización admiten su incredulidad y se muestran meridianamente en contra: "Vox también es nacionalismo".

Una aseveración que coincide con la tesis que, precisamente, lleva manteniendo Cayetana Álvarez de Toledo desde la irrupción de Abascal. "Representan una nueva forma de nacionalismo (...) Buscan levantar fronteras y volver a la tribu", ha sintetizado en infinidad de ocasiones la ahora portavoz en el Congreso de los Diputados.

Ese mensaje, colocado en el espejo del vertido por Ana Beltrán en su última entrevista con EL ESPAÑOL, denotan la convivencia de estas dos almas en el PP. "Estamos de acuerdo con Vox en la mayoría de planteamientos", dijo la número 3 de Casado.

Álvarez de Toledo no se opone a los pactos programáticos con Vox que han apuntalado los Ejecutivos del PP en la Comunidad de Madrid o Murcia, pero concibe que, a día de hoy, las dos formaciones no pueden convivir en la misma lista electoral. Las políticas de inmigración o su discurso histórico preocupan al ala liberal del PP. Así lo detallan algunos dirigentes en conversación con EL ESPAÑOL.

El liberalismo del PP, agnóstico en lo religioso y que reivindica libertad de conciencia en el Congreso para temas como el aborto o la eutanasia, considera a Vox un partido que impulsa propuestas bruscas y surrealistas. De ahí que se sientan mucho más cómodos en el abrazo a Ciudadanos, una unión que definen como "necesidad básica".

El pronóstico de Casado
Casado, según ha trasladado a sus colaboradores, ve "muy complicada" una "alianza electoral" con Vox. Pero no la desdeña. Su poca probabilidad, razona el candidato, tiene más que ver con las intenciones de Abascal.

Al borde de las pasadas elecciones, Casado pidió a Vox que no se presentara allí donde las encuestas auguraban su fracaso. Según los cálculos del presidente popular, su partido habría obtenido así veinte escaños más.

Entendiendo la "fragmentación" como la principal causa de la victoria de Pedro Sánchez, Teodoro García Egea -secretario general del PP- registró el pasado julio la marca España Suma y todos sus sucedáneos autonómicos. Según explicó un importante dirigente popular a este diario, la intención es moldear la coalición en función de las circunstancias: "Si entra Ciudadanos, será muy difícil que esté Vox. Y viceversa". En el proyecto tendrían cabida los partidos regionalistas del estilo UPN.

Precisamente, fue Navarra la tierra probeta. PP y Cs aceptaron compartir lista, pero con una notable diferencia: allí, la formación mayoritaria es UPN y los resultados pronosticados a Casado y Rivera eran muy pobres.

Por eso, la Ejecutiva naranja no quiere saber nada de España Suma. Un destacado mandatario de Ciudadanos, en conversación con este diario, reconoce la "capacidad expansiva del PP" y el "peligro de quedar invisibilizados".

Con la rentrée de septiembre, Casado espoleará la refundación del centro derecha y Rivera remarcará -mediante el trabajo legislativo en el Congreso- las diferencias que le separan del PP.

Ministro de Educación
Nota del Editor 22 Agosto 2019

Ayer, el maestro D Amando de Miguel proponía a la Sra Cayetana como ministro de educación. No quise enmendarle la propuesta, pero hoy ya no tengo más remedio que saltar.
Hay que tener mala bilis para atacar así a Vox, una sujeto que defiende la inmersión lingüística entre otras disparatadas acciones del PP, partido que tiene que desaparecer de una vez.

Vox no puede hacer trato alguno para las elecciones con el PP porque traicionaría su esencia, resucitaría al moribundo, traidor, inútil PP y desaparecería la oportunidad para España y los españoles que representa Vox

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Poner fin a la inestabilidad
Editorial El Mundo 22 Agosto 2019

El independentismo ha iniciado ya su campaña electoral. Ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo, que previsiblemente condenará a los acusados de rebelión o, en su defecto, de sedición, el Gobierno de la Generalitat -en manos de JxCat y ERC- recordó ayer a Pedro Sánchez que un posible apoyo a su investidura, además de un precio político -el indulto a los condenados por golpismo- tiene otro precio económico que, de momento, han tasado en más de 1.300 millones de euros. El vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, anunció ayer que llevará al Gobierno a los tribunales por el deliberado impago de los adelantos de la recaudación fiscal que le corresponde a las Comunidades Autónomas. Es cierto que el bloqueo de tales fondos se debe a la irregular interinidad del Gobierno y a la imposibilidad de Pedro Sánchez de aprobar unos Presupuestos Generales y seguir hipotecado a los elaborados por el último Gobierno del PP en 2017. Pero no son las inevitables consecuencias de la falta de Gobierno lo que quiere resaltar Aragonès, sino cuestionar el actual modelo de financiación autonómica y aprovechar el supuesto descontento de muchas CCAA -como la Valenciana- para desgastar al Estado e imponer sus reivindicaciones en la agenda mediática.

Esta es la razón por la que Aragonès, cuyo Gobierno ha prorrogado también los Presupuestos en los dos últimos años por la falta de mayoría parlamentaria, ha advertido que la Generalitat irá "hasta el final" y ha hecho un llamamiento al resto de CCAA para que se unan a la demanda que tiene previsto presentar. Se trata, sin duda, de un nuevo ejemplo de deslealtad institucional del independentismo, al que cualquier oportunidad le sirve para atacar al Estado. No es casual que el anuncio de Aragonès llegue un día después de que su presidente, Quim Torra, hiciera un llamamiento a elevar el nivel de "confrontación" con el Estado y a retomar el camino de la "ruptura democrática" a partir de la próxima Diada. De esta forma, el independentismo abre un frente doble, político y judicial, ante el inicio del nuevo curso.

Pero la intensificación del desafío es la evidencia de la necesidad de poner fin a la inestabilidad política en la que se encuentra España desde finales de 2015. La interinidad supone un serio problema que podría afectar al buen funcionamiento de los servicios en algunas CCAA y que, como avisan muchos indicadores, pone en riesgo la buena marcha de la economía. Ayer se hicieron públicos los datos de las exportaciones -uno de los pilares sobre los que se cimentó la salida de la crisis- y aunque siguen arrojando cifras positivas, cayeron un 6,6% en el mes de junio. Estos datos no se explican sólo por la coyuntura internacional, sino que vienen condicionados por la falta de un Gobierno estable con un sólido programa de reformas que haga más competitiva y segura nuestra economía.

Entre políticos. A cuatro meses de las elecciones
Agapito Maestre  Libertad Digital 22 Agosto 2019

Dice el maestro Anson que la clase política española debería enrojecer de vergüenza por tenernos cuatro meses con un Gobierno en funciones. Gobierno en funciones y Oposición son unos irresponsables. Nada que objetar. Es la de Anson una voz más, aunque muy autorizada, que denuncia lo obvio. La crítica es ajustada al daño que inflige a la nación española tanto un Gobierno en funciones como una Oposición que deambula como pollo sin cabeza por las instituciones. El veterano periodista recoge con precisión el malestar de la ciudadanía española con sus élites políticas, que se han convertido, según todos los sondeos de opinión, en el segundo problema de España. Los ciudadanos españoles no se fían de sus políticos profesionales.

Todo eso es cierto, sin embargo, pudieran ser meras apariencias de una realidad superior. Sí, la política, y no digamos la filosofía de la política, es una realidad carente de rigor y exactitud. Las fundadas razones de millones de ciudadanos contra los políticos profesionales por secuestrar la genuina política, la posibilidad de construir bienes en común entre los diferentes partidos políticos, no debe llevarnos a la actitud derrotista de quienes creen que esto, España, no tiene salida con esta clase política. Falso. Para empezar, es menester reconocer que la crítica a los políticos se ha convertido ya en un prejuicio (sic) contra la política que, indirectamente, podría acabar con lo político. ¡Cuidado, pues, con la crítica exagerada a los políticos! ¡Desaparecen los políticos y pronto aparecen iluminados y dictadores!

Ese prejuicio contra el político profesional, a todas luces de carácter político, tiene un ineludible contenido de verdad, pero su peligro es evidente: nos impide ver los múltiples matices de la experiencia política del presente. Estos cuatro meses sin Gobierno dan para más de un libro. De hecho, serán trascendentales para el futuro de este país. ¿O acaso alguien sigue creyendo a estas alturas que, además de estar cuatro meses sin Gobierno, no han pasado ciento de cosas en la política española? Ingenuo sería quien no le dé importancia a la lucha entre el PSOE y Podemos por conformar un Gobierno. Ridículo diagnóstico político presentaría quien no reparase en la trascendencia social y política de los mesogobiernos de Madrid y Andalucía que han conformado PP y Cs con el asentimiento de Vox. ¡Qué decir de la de mala jugada de Sánchez en Navarra con los filoetarras!…

En fin, estos cuatro meses no han pasado en balde para nadie… Y menos para la política presente y futura. En estos cuatro meses hemos tenido la oportunidad de ver surgir y evaluar a una nueva clase política. No es poco. A pesar de todo, reconozco que, en tiempos de miseria intelectual como la que vivimos, donde la pobreza de ideas y la prensa amarilla caminan juntas, es más fácil hacer diatribas contra quienes se dedican más o menos profesionalmente a la cosa pública que hallar referencias intelectuales para aclarar cuál es el rol del buen político en una España desnacionalizada.

Un viejo y conocido olor
Miquel Giménez. vozpopuli  22 Agosto 2019

Cataluña huele mal. Huele a moho, a herrumbre, a aguas estancadas. Huele a orín de los que miccionan en las paredes del estado, al vómito de los que carecen de estómago para soportar todo esto. Es perfectamente descriptible: olor a la derrota de toda razón y toda moral.

Ese olor es el de un crío que defeca incesantemente, sin que nadie le cambie los pañales o, qué cosas, el del anciano que se orina encima por no saber contener su vejiga. Eso es Cataluña, la contradicción entre el niño que no sabe y el viejo que olvidó saber, un ser amorfo que balbucea entre heces esperando que alguien lo limpie. Parafraseando el título de una obra de Benet i Jornet, es un viejo y conocido olor para los catalanes, acostumbrados a disimular la peste a cloaca con el perfume barato que los políticos han esparcido por años. Pero cuando uno rocía de Chanel una mierda, una mierda rotunda, grotescamente enorme, insultantemente hedionda, la peste se convierte en algo mucho peor. El mal olor natural de una sociedad que solo ha sabido producir diarrea es infinitamente más perverso si se quiere disimular con fragancias artificiales. Sería mejor oler la defecación a nariz abierta, a cuerpo, aún a riesgo de desmayo ideológico, que fingir con la pinza en el apéndice nasal que nada está descomponiéndose.

Hiede. Hiede a cadáver putrefacto al que nadie osa tocar ni mucho menos dar cristiana sepultura. Los gases mefíticos de una administración autonómica, desangrada en gabelas para correligionarios, adquieren una intensidad acre, insultante. Ha hecho calor y la descomposición de ese cuerpo llamado Cataluña se ha acentuado de manera insultante para los que aun poseen olfato. Es la peste que emana de lo que embarró en su día en la ciénaga y permaneció criando organismos infectos y miasmas contagiosas.

Algunos creen que perciben política en estos pagos. Qué error. Aquí solo restan los olores antiguos de un pujolismo que basó su única estrategia en trampas de truchimán y una garduña de follones mal avenidos, como ahora bien se conoce. ¿Qué análisis se le pide al que empuña la pluma para describir este piélago de inmundicias? ¿Qué soluciones? ¿Qué ideas? Nada puede pedirse porque, ante la corrupción de la carne social y del espíritu público, lo único que resta es enterrar bien hondo aquello que apesta para evitar que contamine más el aire que respiramos todos.

Su pestilencia viene de antaño, desde el momento en que alguien creyó que por nacer en un lugar u otro o por hablar esta lengua o aquella ya era diferente del resto y tenía diferentes derechos"

Sí, un viejo y conocido olor recorre ese Parlament de ese aire naftalínico, que solo atesoran las habitaciones cerradas durante muchísimo tiempo, en los que los orines de los que tuvieron miedo ante la ola de podredumbre y los zurullos de quienes la auspiciaron empapa escaños y cortinas, atriles y despachos. Un olor que sale reptando del edificio para llegar hasta el último rincón. Ese olor del que nadie puede escapar, el olor a la tumba que cavaron unos cuantos y ha de servir para albergar a todo un pueblo. Su pestilencia viene de antaño, desde el momento en que alguien creyó que por nacer en un lugar u otro o por hablar esta lengua o aquella ya era diferente del resto y tenía diferentes derechos.

Conocemos bien el olor imperante que emana de esas flores del mal que son quienes dicen gobernar. Es el del egoísmo del muerto que ya no tiene por qué compartir ni agradecer. Es el olor de todos los días, el del separatista enloquecido o el del mena con un machete, el del cargo que insulta por su boca torpe o el del cipayo que le acomoda el sexo para que se desahogue. Lo peor de todo es que, a fuerza de olerlo, ha devenido en cotidiano y, por tanto, muchos se han acostumbrado a él.

Es olor a decadencia, a lo que ya no tiene remedio, olor a fracaso que se perpetua en una pléyade de inutilidades políticas que, cagándose y meándose encima, solo quieren que su mierda se la limpien otros porque son incapaces de hacerlo ellos mismos.

Olor a nacionalismo, a separatismo, a exclusión, a lavabo de colegio en el que se acabó hace años el desinfectante. Olor a Cataluña.

Así funciona la discriminación lingüística en los Mossos d’Esquadra
Agentes del cuerpo autonómico de seguridad denuncian presiones para utilizar únicamente el catalán en todas sus comunicaciones
Alejandro Tercero Cronica Global 22 Agosto 2019

“Existe un procedimiento normalizado de trabajo (PNT) que dice que la lengua vehicular para las comunicaciones escritas y orales debe ser el catalán. No excluye el castellano, pero no lo hace constar. A partir de ahí, se ha normalizado que todo se haga en catalán. El hecho de que ni te plantees usar el castellano ya es una coacción velada. Pero si uno se pone más rígido de lo normal en esta cuestión, te pueden acusar de falta de respeto al superior”.

Así explica a Crónica Global un cabo de los Mossos d’Esquadra del área metropolitana de Barcelona --que prefiere mantener el anonimato-- cómo funciona la discriminación lingüística en el seno del cuerpo autonómico de seguridad. “Es algo institucionalizado” que opera de forma “sutil”, añade. E insiste en que, aunque no hay ninguna circular que prohíba el uso del castellano, muy pocos se atreven a usarlo, por ejemplo, en los informes y atestados para evitar ser considerados problemáticos. “Te dicen que se ha de hacer en catalán y así se ha ido normalizando todo. Y, si te atascas un poco, puedes tener problemas”, concluye.

“Tengo prohibido expresarme en español”
La polémica sobre los usos lingüísticos en el seno de los Mossos d’Esquadra se reavivó este martes con la denuncia de un agente que firmaba como Marcos García una carta en El Periódico en la que aseguraba que tenía “prohibido” expresarse en español. “Si lo hago me pueden suspender de empleo y sueldo. Ya ha pasado”.

“Solo puedo hablar español si un ciudadano me lo pide o en conversaciones privadas con algún compañero, Dios me libre de hacerlo con un superior jerárquico o alguien que no sea de confianza. Estamos obligados a hacer toda comunicación escrita y verbal en catalán”, explicaba el policía.

Los Mossos niegan cualquier tipo de coerción
Interpelados sobre este planteamiento, los Mossos d’Esquadra niegan que haya ninguna imposición lingüística a los agentes. Aseguran que es “falso” que se les prohíba el uso de una u otra lengua, e insisten en que castellano y catalán son de uso habitual “en la calle, en las comisarías y en las emisoras” y que se han hecho “atestados e informes en castellano cuando ha hecho falta”.

La policía autonómica señala que el régimen disciplinario no recoge ningún tipo de sanción por utilizar cualquiera de las lenguas oficiales. Y considera que lo que narra el agente en su carta puede deberse a “una experiencia personal que no se puede hacer extensible a todo el cuerpo”. “En un momento dado puede haberse topado con alguien que le haya dicho algo”, concluyen.

Presiones
El presidente de asociación catalana de policías constitucionalistas Politeia, David Hernández, no está de acuerdo con la posición oficial de los Mossos d’Esquadra.

Hernández explica que, además del PNT citado, hay presiones para dirigirse al ciudadano y para redactar todos los documentos en catalán. No hacerlo supone que, después, cuando los documentos son revisados por los superiores, los agentes se exponen a que “les llamen la atención y les pidan que los rehagan en catalán”. “Y lo normal es no desobedecer al superior. Así, los agentes acaban haciéndolo directamente en catalán para ahorrarse problemas”, señala.

Imposición generalizada
El vicepresidente de Societat Civil Catalana (SCC) Xavier Marín también denuncia la imposición generalizada del catalán a los agentes de los Mossos d’Esquadra, pero destaca el hecho de que se trata de un procedimiento que es contrario a los preceptos constitucionales.

Marín, experto en el ámbito de la seguridad pública --ha sido jefe de la policía local en varios municipios y asesor de la Delegación del Gobierno--, considera que lo razonable es que los agentes utilicen internamente la lengua en la que se sientan más cómodos y que atiendan a los ciudadanos en el idioma en el que estos se les dirijan.

Sentencia del TSJC de 2016
Los agentes y expertos consultados hacen referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de enero de 2016 que anuló parcialmente el protocolo de usos lingüísticos de la Generalitat que obligaba a los empleados de la administración autonómica a hablar catalán entre ellos y a dirigirse preferentemente en esta lengua a los ciudadanos. Este dictamen judicial fue impulsado por la demanda de un sanitario del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona --asesorado por Impulso Ciudadano-- y sería de aplicación a todos los ámbitos de la Generalitat.

El propio presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, señala que de esta sentencia se infiere sin ninguna duda que los mossos d’esquadra tienen derecho a utilizar español y catalán de forma indistinta entre ellos y con sus superiores “como cualquier otro funcionario de la Generalitat”.

Sanciones por usar el español
Pero los conflictos en este ámbito vienen de lejos. En 2008, en época del Tripartito, un mosso destinado en Girona fue sancionado por redactar un informe en español. Posteriormente, el castigo fue anulado por la justicia ordinaria.

En 2018, otro agente --en este caso destinado en Sant Andreu, Barcelona-- fue sancionado y suspendido de empleo y sueldo por redactar los atestados en castellano en contra de lo ordenado por los mandos. La excusa utilizada fue que cuestionó la autoridad de un superior.

Protestas y Pujol
Conscientes del interés de la Generalitat por hacer del catalán la única lengua de comunicación de los Mossos d’Esquadra, los agentes también han aprovechado en ocasiones esta situación como una forma de defender sus derechos laborales. Así, en enero de 2012, anunciaron que utilizarían preferentemente el castellano como medida de presión para revertir los recortes de la consejería. Una acción que repitieron en abril de 2013.

En este sentido, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha sido especialmente crítico con la lengua utilizada por los Mossos y ha lamentado en diversas ocasiones que los agentes utilicen el español.

 


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