AGLI Recortes de Prensa   Lunes 26  Agosto 2019

Los políticos se labran su mala fama
 La Razon 26 Agosto 2019

Tal vez, las actuales Cortes no tengan oportunidad de ejercer su función, más allá, si es que se produce, de rechazar la investidura del actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y proceder a su disolución. Tampoco, es cierto, los senadores y diputados elegidos en el pasado mes de Abril han tenido lo que se dice una ardua tarea legislativa, lastrada por la situación de interinidad del Gabinete y, apenas, marcada por los plenos de constitución y por los debates sobre la confianza del candidato socialista. Sin embargo, nada de esto ha sido óbice para que los partidos políticos con representación en las Cámaras se hayan apresurado a nombrar asesores, asistentes técnicos y asistentes, que, en principio, trabajan en apoyo de los distintos grupos parlamentarios, de las Mesas y de los diputados del común.

Como hoy publica LA RAZÓN, y siguiendo la tónica habitual de no ahorrar ni un sólo euro de la partida presupuestaria, sus señorías se aprestaron a cubrir la mayoría de la plazas disponibles, incluso cuando sólo faltaban dos días para el cierre vacacional del Congreso y el Senado. Ya habían hecho lo mismo al nombrar antes del verano a los presidentes, vicepresidentes, secretarios y portavoces de las comisiones parlamentarias, con los pluses salariales correspondientes. Pero, al menos, en estos casos el ciudadano sabe cuánto le cuesta al erario público, es decir, a su bolsillo, cada representante de la soberanía nacional que accede a uno de esos cargos, aunque, al final, no lleguen a ejercerlos, por lo que cabe preguntarse si no hubiera sido más lógico proceder a la constitución de las comisiones cuando se reanudara la actividad parlamentaria en septiembre, ahora reducida a las cuestiones de urgencia –aunque no parece haber habido ninguna– que gestiona la Comisión Permanente.

Lo mismo sucede con el capítulo de los asesores, con el agravante de que los ciudadanos desconocen las condiciones económicas de sus contratos oficiales, ya que están equiparados jurídicamente a los funcionarios del Estado en lo que se refiere a la protección de datos y a su intimidad. Ítem más: todos estos empleados son de libérrima designación por parte de los partidos políticos, sin que estén obligados a acreditar titulación o capacitación profesional alguna. Y no hablamos de un número menor: ya hay contratados 248 asesores, 201 en el Congreso y 47 en el Senado, y quedan libres otras 49 plazas que, sin ninguna duda, acabará cubriéndose.

Sólo la Mesa de la Cámara Baja dispone de 15 asistentes, 6 de los cuales corresponden a su presidenta, Meritxell Batet, mientras que la presidencia del Senado, que ejerce el también socialista Manuel Cruz, se ha hecho con 8 asistentes. Ningún partido escapa a este fomento laboral, aunque destaca Podemos, que con menos diputados que PP y Ciudadanos ha nombrado más asesores que estos últimos. Y todo ello, mientras España asiste al despropósito de un bloqueo institucional, con un Gobierno que ya acumula 113 días en funciones y un candidato a La Moncloa incapaz de sumar los apoyos que necesita para la investidura y que, en lugar de negociar con los representantes parlamentarios, deja transcurrir los días en reuniones superfluas con los llamados «agentes del progreso».

Luego, los políticos españoles se quejan, algunas veces con razón, de la mala imagen que proyectan en la opinión pública española, que les ve más como un problema que como una solución. Pero deberían de reconocer que este tipo de prácticas, que, por supuesto, están dentro de la legalidad y de la costumbre, no ayudan a mejorar su imagen. Aunque sólo sea porque denotan una preocupante falta de correspondencia con la realidad que viven los ciudadanos del común, una falta de empatía, que obliga a reflexionar.

Malversación de la democracia
Sánchez practica una estrategia de tahúr bloqueando la gobernabilidad con el fin de forzar otras elecciones
Isabel San Sebastián ABC 26 Agosto 2019

Pedro Sánchez quiere darse mus; cada día lo evidencia con mayor descaro. Al líder socialista no terminaron de gustarle las cartas que repartió el pueblo soberano español en las elecciones de abril y, en lugar de jugar con ellas, como manda el manual democrático, pretende forzar otra asignación de triunfos más acorde a sus intereses, aunque sea a costa de España. No es el primero en practicar esta estrategia de tahúr, todo hay que decirlo. En su momento, Mariano Rajoy hizo lo propio, atrincherándose en su mayoría minoritaria sin moverse un ápice de la posición, hasta que el Rey se vio obligado a disolver las Cortes y convocar nuevos comicios. Al entonces dirigente popular le salió bien la jugada (por más que al cabo del tiempo acabara pagándola muy cara con un final ignominioso) y quien entonces lo criticó con dureza se dispone a seguir sus pasos, a ver si en la segunda vuelta consigue algún escaño más que lleve a su principal adversario a despejarle con una abstención el camino hacia la poltrona.

Esa actitud del molusco, consistente en aferrarse a la roca indiferente al estado de la mar, funciona para los mejillones, pero en política resulta no solo peligrosa, sino profundamente desleal al modelo en el que se basa nuestra convivencia. A su espíritu y su razón de ser. Dicho de otro modo, lo que hizo en su día Rajoy y lo que se dispone a hacer Sánchez constituye una malversación de nuestro voto y, por consiguiente, de un elemento nuclear de la democracia. No el único, desde luego, pero sí uno sin el cual la palabra pierde su sentido. Porque el electorado distribuye el poder entre los partidos con un horizonte de cuatro años, que debería ser tan sagrado como el escrutinio mismo. ¿O acaso tiene alguna lógica que nos obliguen a expresar nuestra voluntad en las urnas una y otra vez, para después pasársela por el arco de sus conveniencias? La ley actual, que pide a gritos una reforma, permite al vencedor bloquear la gobernabilidad indefinidamente, pero el juicio de la ciudadanía debería ser implacable con quien recurre a esa táctica vil. Una sucia trampa de mal jugador que habría de invalidar al tramposo para estar en la vida pública administrando nuestro patrimonio.

¿No quiere el señor Sánchez un gobierno de coalición con Podemos, que plantea esa condición como irrenunciable? Pues búsquese otros aliados y asuma que con 123 diputados está obligado a ceder. Por un lado o por otro. En eso precisamente consiste la grandeza de un sistema que establece contrapesos y mecanismos de control a fin de impedir abusos. ¿Por qué cree el candidato del puño y la rosa que los españoles liquidaron el bipartidismo, dando entrada en el escenario a otras fuerzas de carácter nacional? Es evidente que el presidente en funciones añora épocas pasadas, hoy felizmente perliclitadas, de turnismo, mayorías absolutas y ejecutivos monocolor obtenidos del separatismo a cambio de soberanía y dinero. Mal que le pese, no obstante, con repetición electoral o sin ella, él se verá obligado a pactar mirando a su izquierda o a su derecha y doblegando esa soberbia que se refleja hasta en su modo de caminar. ¿A qué viene entonces esta pérdida de tiempo que no hace sino aplazar el arranque efectivo de una legislatura llamada a afrontar problemas acuciantes como el polvorín catalán o la crisis económica cuyos negros nubarrones asoman ya en el horizonte?

Solo nos queda esperar que, en el nuevo reparto de naipes, en lugar de un solomillo se encuentre con un perete.

España Suma, una propuesta a tener en cuenta
Editorial El Mundo 26 Agosto 2019

Ante el más que probable escenario de unas nuevas elecciones en noviembre, el centro derecha, que concurrió muy fragmentado a las últimas citas con las urnas, estudia ya el diseño de una nueva estrategia para minimizar los efectos negativos con los que la ley electoral penaliza la división y la falta de unidad. Los buenos resultados obtenidos por la candidatura única de PP, UPN y Cs en Navarra, que se quedó a unos pocos votos de lograr la mayoría absoluta, ha llevado a los líderes del PP a registrar nuevas marcas electorales en previsión de llegar a un acuerdo con la dirección de Ciudadanos. Ambos partidos, cuyos programas políticos, sociales y económicos presentan muchos puntos en común, han formado ya varios gobiernos de coalición municipales y autonómicos, lo que ha permitido que sus políticas de corte liberal se apliquen ya en comunidades como las de Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León. Este nivel de sintonía es un buen precedente de cara a explorar la vía de acuerdos pre-electorales y candidaturas conjuntas que serían bien vistos por el electorado.

La iniciativa, que ha partido del presidente del PP, Pablo Casado, y que tiene en su secretario general, Teodoro García Egea, uno de los principales defensores, recibió ayer el respaldo de Alberto Núñez Feijóo, uno de los pesos pesado del partido. El presidente gallego, durante la celebración de la Feria de la Vendimia de la localidad orensana de Leiro, donde coincidió con el ex presidente Mariano Rajoy, sostuvo que la propuesta «tiene toda la seriedad y espero que tenga éxito», aunque la descartó para su propia autonomía, ya que en ella el PP disfruta de una holgada e histórica mayoría absoluta.

En este sentido, es importante matizar que la presentación de candidaturas conjuntas no tiene necesariamente que realizarse en todo el territorio, sólo en las circunscripciones (alrededor de 20) que reparten menos escaños, en las que exista un partido regionalista fuerte, así como en el Senado (cámara en la que se debería aprobar una hipotética aplicación del 155), donde ambas formaciones podrían obtener la mayoría absoluta. En el resto, PP y Cs deberían concurrir por separado, ya que el objetivo principal es sumar, no perjudicar a ninguno de los dos partidos. Los acuerdos pre-electorales no han de plantearse con la pretensión de subsumir unas siglas dentro de otras. PP y Cs deben conservar su propia identidad política ya que, aunque comparten una parte del electorado, cada uno tiene sus propios votantes. Las aspiraciones de reunificar el centro derecha bajo unas únicas siglas pertenecen al pasado y carecen de sentido en el actual panorama político, en el que la pluralidad de siglas garantizan una mayor representación de los votantes.

Negreros y mafiosos hodiernos
Amando de Miguel  Libertad Digital 26 Agosto 2019

En el último tercio del siglo XIX se pudo oír el canto del cisne de los defensores de la esclavitud de los negros de África. Sucedió en Cuba, una de las provincias más desarrolladas de España hasta que se independizó, con la ayuda interesada de los Estados Unidos. Los buques negreros eran los que llevaban esclavos de África. Eran mayormente armadores catalanes, que también regentaban prósperos negocios en la isla (azúcar, ron, tabaco; productos entonces con precios muy elevados). A esa situación corresponde la canción de los negros cubanos de entonces: "Quién fuera blanco, aunque fuera catalán". No es de extrañar que un poderoso grupo de presión catalán (que existe todavía hoy), el Fomento del Trabajo de Cataluña, fuera la última voz en defender la esclavitud en Cuba.

Todo lo anterior son romances, como dicen los catalanes, pero la realidad es que da la impresión de que la Historia se repite en estos días que corren. A veces se reproduce con aires de farsa, como decía el clásico. Hoy también tenemos empresarios negreros (etiquetados como mafiosos), que, aposentados en el norte de África, organizan la expedición de verdaderos esclavos procedentes del Oriente Medio y del África subsahariana con destino a Europa. Lo nuevo es que tales mercaderes de carne humana se sirven de la bonísima fe y del espíritu solidario de los europeos a través, por ejemplo, de las famosas ONG. Las cuales envían sus barcos cerca de las costas africanas, donde recogen a los náufragos que han depositado las mafias en atestadas lanchas neumáticas. Se trata de víctimas por partida doble, pues normalmente han tenido que pagar un alto precio a los ocultos mafiosos por el servicio de lo que propiamente sería tráfico de esclavos. Hay otros procedimientos, como los de empujar a los pobres negros a que asalten las vallas fronterizas de Ceuta o Melilla para que puedan ser atendidos por las organizaciones solidarias de España. Solo se contiene un poco esa presión si el Gobierno español libra generosas cantidades de dinero a los gobernantes de Marruecos. Otra práctica mafiosa.

Una manifiesta diferencia respecto a la institución de los negreros de Cuba en el siglo XIX es que ahora esa población que se intenta introducir en España (y eventualmente en el resto de Europa) no es solo de trabajadores. Ahora la componen también muchas personas inactivas o dependientes. La razón es que ya no solo buscan un trabajo, sino sobre todo una ayuda de lo que antes se consideraba beneficencia. Lo que mueve a esas masas de africanos o asiáticos desesperados es poder gozar de las pingües ayudas del Estado de Bienestar que caracteriza a España y a otros países europeos. De ahí la paradoja de que los inmigrantes sin papeles que tratan de llegar a España lo hagan a un país que tiene que atender a más de tres millones de parados.

Cierto es que una parte de ese conjunto de los inmigrantes extranjeros proviene de países asiáticos o africanos en los que se dan situaciones de guerra, guerrillas o represión. Es decir, entrarían propiamente en la categoría de refugiados políticos, pero eso son los menos. Claro que, al tener prioridad en la atención del país receptor, muchos inmigrantes se disfrazan de refugiados. Hacen bien.

El conflicto es claro. La población española (en la que ya se incluyen muchos inmigrantes legales o legalizados) debe sostener económicamente la silenciosa invasión que llega a través de los negreros hodiernos. Lo curioso es que, con la excepción del minoritario Vox, los partidos se llaman andana a la hora de hacer algo para enfrentarse a los actuales negreros. Es un ejemplo más de la ideología buenista, hoy dominante en el panorama público español. Quien se atreva a oponerse a ella se arriesga a ser tachado de racista, una peligrosa atribución.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Español del futuro
LUIS MARTÍNEZ El Mundo 26 Agosto 2019

Cuando allá por la segunda década del segundo milenio se dictó la ley de interinidad permanente, hubo escépticos que se escandalizaron. Siempre lo hacen. Resultaba extraño que se sancionara, contra cualquier amago de sensatez, la excepcionalidad como regla. Pero, y gracias a la tecnología, funcionó. Hasta entonces, como recuerdan los libros de texto, el escenario político (y, por tanto, casi todo) se encontraba dividido básicamente en dos grandes bloques. De un lado, los no intervencionistas, los convencidos de que la mejor forma de acción política es la que apenas se ve. Cuantas menos reglas, más corre la pelota. Aunque aumenten las lesiones (siempre en los huesos de los mismos). Del otro, los empeñados en convertir al Estado en árbitro y gestor de redistribución. Unos bajaban los impuestos; los otros los subían. Luego estaba lo de las banderas, las nacionalidades, los colegios concertados, los vientres subrogados, el trato a los inmigrantes, la eutanasia... y otros temas básicamente irreductibles, antes que sólo ideológicos.

Pero, con todo, lo relevante era la incomunicación, la imposibilidad de ordenar un ejecutivo con garantías de permanecer en su sitio. En tiempos de un presidente llamado Rajoy, de los primeros, el Gobierno llegó a los 10 meses de una parálisis tan pertinaz como esquiva al desaliento. Sánchez, su sucesor en el cargo -de los segundos-, lejos de incomodarse, trabajó obstinadamente para hacer lo mismo que, básicamente, consistía en no hacer nada. Cuando se vio este último ante el imponderable de gobernar y armar un consejo de ministros hizo todo lo que estaba en su mano con tal de que ocurriera lo menos posible. Y así hasta llegar a las cuartas elecciones en cuatro años. Mientras, el país entero ardía en titulares a cual más desesperado por didáctico. Que si la cultura del pacto frente a la del consenso; que si el diálogo antes que la imposición; que si la renuncia como clave del éxito... El urgente y añejo ¿Qué hacer? leninista se convirtió en el no menos perentorio haga algo.

Y así hasta caer en la cuenta de que la propensión a la inactividad no podía ser simplemente una casualidad. ¿Y si, en realidad, se trataba de eso? Y fue entonces cuando se arbitró la interinidad inmóvil como estado del alma y del Estado mismo. Todo gracias a la fe y a la tecnología que, ahora ya sí, soluciona con igual solvencia la elección del sexo, el color de la piel o el lugar en la escala social. Ahora un ciudadano libre elige lo que quiere ser: hombre o mujer, blanco o negro... rico o pobre. Si uno selecciona la opción incorrecta, allá él.

Que se metan la guerra civil por el culo
Pedro de Hoyos Periodista Digital 26 Agosto 2019

La de ayer fue la octava o novena vez que he asistido a la representación de Carmen en l’Arena de Verona. Pero ayer me marché en el segundo acto. Que les den. No, esta no es una columna de critica musical. Mis escasos conocimientos me lo impedirán. Se trata de la guerra civil. Sí.

Sabido es que Carmen es una sucesión de tópicos amalgamados que el romanticismo tuvo a bien echar sobre nosotros, pobres españoles. Merimée y Bizet los dispusieron todos bien en fila, sus obras tuvieron éxito y Carmen no se baja nunca de los más grandes escenarios. Amenjesús, aceptamos pulpo como animal de compañía.

Lo de ayer fue un engaño, un timo orquestado con la estúpida intención y con la banal esperanza de complacer a los espectadores más brutos e ignorantes sobre España. Con la intención de hacerles cosquillas en las neuronas inexistentes a los más analfabetos espectadores. Alguien había decidido que la acción de la obra debía trasladarse a la guerra civil española. Como si hubiese un director de cine subvencionado por el ministerio de Cultura.

El escenario se presentaba como una plaza de toros, con barrera y burladeros incluidos, pero con el frente abierto para que los espectadores pudiéramos ver, desde antes del inicio, que había un enorme toro muerto en el centro del ruedo. ¿Merimée? No, algún inepto que previó que eso añadiría exotismo. Payaso. Para que todo quede claro el escenario de l’Arena estaba claramente ocupado por milicianos. Guerra civil española. ¿Por? Por exotismo y romanticismo, supongo. Payaso, repito. La primera escena, antes de que verdaderamente hayan sonado las primeras notas, consiste en levantar las barreras y burladeros que simulaban la plaza de toros. Todos los burladeros menos uno. De pronto, sin que aún haya pasado algo sobre el escenario, los milicianos arrojan contra ese burladero a alguien al que inmediatamente fusilan. Pataplán, pataplán suenan los fusiles. Más guerra civil. ¿Lo escribió Merimée o Bizet? Algún payaso, otra vez, que quiso representar así el momento histórico. España, tierra de muerte y violencia. Les debe “poner” mucho a algunos. Payasos. Sí, otra vez.

Solo ahora empieza en realidad la representación, camiones, coches y un sidecar de los años 30 del pasado siglo están en escena. Toma Bizet! Comienza la acción, de un lateral del escenario salen dos curas que son apalizados por los soldados, ¿puedo deducir por tanto que se trata del bando republicano? Mal deducido, que a continuación alguien iza una enorme bandera de España que permanece en el mástil todo el primer acto.

La obra sigue sus derroteros habituales, pero sin los soldados y policías diseñados por Bizet. Alguien ha pretendido mejorarlo y ha puesto soldados de 1936 sobre el escenario. Incluso hay boinas rojas similares a las carlistas. En el segundo acto la decoración ha cambiado, el escenario está lleno de carteles propios de la época, publicitando bebidas, visitas a Sevilla o espectáculos de toros. También veo carteles que contienen alusiones a las flechas símbolo de la Falange. Si Merimée levantara la cabeza pediría que se la cortaran…

Sigue la obra, Carmen convertida en una miliciana…Cuando acaba el segundo acto se despliegan seis enormes banderas republicanas y varias de la C N T. De improviso, de lado a lado del enorme escenario aparecen unas gigantescas pancartas sobre la mujer, la guerra civil, la lucha y las libertades femeninas. Por un segundo temo que por allí aparezca Echenique y su moto a echarnos un mitin a los infelices espectadores. Después me pregunto si no aparecerá de un momento a otro Irene Montero a encabezar la mani y sacar provecho…

Me voy, me piro aprovechando el descanso… estoy saturado de guerracivilismo, prefiero las habituales gansadas de nuestros directores de cine, Amenábar, Almodóvar y otros tíos del montón, todos ellos varias veces vencedores del franquismo. Los prefiero porque sabiendo que se trata de ellos y sus obras me quedo en casa disfrutando gratis del calor de hogar y del amor de mi mujer. Debo reconocer que estos italianos han jugado sucio, no me lo esperaba y me la han metido hasta la cruz. Cabrones los de la ópera. También puede ser que nadie les haya avisado de que la paleoizquierda española está permanentemente reviviendo la guerra civil, de que lamentablemente la guerra civil es todavía un tema presente entre nosotros, que en vez de ir apagándose está de plena actualidad gracias a los que no comprenden que la paleohistoria no interesa al común ciudadano. Yo podría haber disfrutado esta ópera si nuestros ineptos políticos hubieran dejado que la guerra muriera en paz.

PD. Por no entrar en la cuestión artística he dejado de lado que el director de la escenografía era Hugo de Ana. Argentino. Como Pisarello. Como sor Lucía Caram. Como Echenique. ¿Pero qué cojones tienen los argentinos contra nosotros, por qué nos envían a estos elementos, qué narices les hemos hecho?

(Amici italiani, non vi preoccupate, vi voglio bene, siete sempre bravi tutti. Tranne questi stronzi dell’opera di ieri. Mi dispiace.)

El Gobierno de Rajoy ocultó información al Tribunal de Cuentas de concursos públicos por 265 millones
Este Tribunal ha detectado incidencias ocultas en esos contratos firmados por Defensa, Educación, Interior, Justicia, y Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales
Alejandra Olcese www.vozpopuli.com 26 Agosto 2019

El Tribunal de Cuentas ha publicado este lunes un informe en el que reconoce que los ministerios del área político-administrativa del Gobierno de Mariano Rajoy no cumplieron con su obligación de remitir información a este Tribunal sobre un total de 330 expedientes de contratación por importe de 265.792.544,64 euros.

Ante esta falta de cumplimiento de los ministerios de Defensa, Educación, Interior, Justicia, y Presidencia y Administraciones Territoriales, el Tribunal "recomienda a las entidades del sector público fiscalizadas mayor diligencia, precisión y rigor", ya que se han detectado incidencias en todo el proceso de contratación.

El Tribunal explica que en la fase de preparación han detectado que en algunos casos la justificación de la necesidad de contratación es demasiado genérica, en otros no existe una memoria o documento económico que justifique el presupuesto, y en otros no está recogida la documentación sobre los criterios de adjudicación.

También hay errores en los pliegos: "en algunos contratos examinados, no se precisan los requisitos mínimos exigidos para acreditar la solvencia económica y técnica que deben reunir los licitadores", ponen de ejemplo, mientras que en otros "la solvencia exigida no se ajusta a los dispuesto".

Cuestiones medioambientales e igualdad
El Tribunal de Cuentas no recibió información que había solicitado en algunas ocasiones, relativa a las actas de la mesa de contratación, la justificación por el adjudicatario de la solvencia exigida o la notificación de la adjudicación a los licitadores.

La publicidad, la ejecución de los contratos o el cuidado de los aspectos medioambientales son otros de los aspectos en los que el Tribunal ha detectado incidencias, así como la igualdad.

"En materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, el informe pone de relieve que, con carácter general, las entidades fiscalizadas no hicieron uso de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres", explica.

Esto se debió a que no establecieron en los pliegos "la preferencia en la adjudicación de los contratos a aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad, o bien al no incluir condiciones especiales de ejecución con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo".

Sánchez dispara en un 30% el gasto en asesores elegidos a dedo en el Gobierno
El Ejecutivo en funciones ha aumentado la partida destinada a pagar al personal eventual, es decir, a los cargos de confianza contratados a dedo que emplea como asesores del presidente, ministros y altos cargos
Francisco Núñez www.vozpopuli.com 26 Agosto 2019

Aunque el Gobierno sigue en funciones desde febrero, el gasto en asesores no ha dejado de crecer. Según datos de la liquidación presupuestaria de la Intervención General del Estado hasta junio, últimos datos disponibles, el Ejecutivo ha aumentado en un 29,2% la partida destinada a pagar al personal eventual, es decir, a los cargos de confianza contratados a dedo que emplea como asesores del presidente, ministros y altos cargos.

Si hace un año el gasto en la Administración General del Estado (ministerios sin organismos autónomos) era de 19.201.000 euros, en junio de 2019 alcanzó los 24.817.000. El aumento es de 5.616.000 euros, una cifra que no se había producido desde que hay series presupuestarias. Se debe al aumento del número de asesores como consecuencia también del incremento del número de ministerios del equipo de Pedro Sánchez (17 frente a los 13 de Rajoy) y de sus altos cargos (409 frente a los 379 en el año anterior) y al alza salarial muy por encima del IPC para la función pública.

En realidad, el gasto es mayor desde el punto de vista de la contabilidad pública ya que esos 24,8 millones hasta junio corresponden a pagos realizados, pero existen más de 2,8 millones de obligaciones pendientes aún de pago (hace un año sólo llegaban a los 94.000 euros). Lo que significa que las obligaciones reconocidas netas de pago (el verdadero gasto) superaron a mitad de año los 27,6 millones frente a los 19,3 millones de hace un año. Es decir, crece a un ritmo del 43,3%.

Por tanto, esta partida presupuestaria sólo dispone de 17,6 millones como remanente de crédito disponible para atender el abono de los seis meses con paga extra incluida que quedan pendientes para finalizar el ejercicio frente a los 21,3 millones que quedaban hace un año ya que el crédito inicial total es de 43,2 millones (6,9% más que en 2018). La cifra prevista inicial en la Administración General del Estado es de 45,3 millones si se considera las modificaciones al alza que se han hecho de 2,1 millones (sólo 125.000 euros más en 2018) tras el decreto para habilitar los pagos de personal como consecuencia de la negativa del Congreso a la aprobación de los Presupuestos Generales.

Más asesores de lo previsto
Todo esto quiere decir que el Ejecutivo había calculado a la baja esta partida y que probablemente ha contratado más asesores que no se contemplaba en las previsiones presupuestarias. En todo caso, es evidente que el Gobierno ha gastado en el primer semestre del año el 64% de los créditos iniciales comprometidos para este abono frente al 47,8% de hace un año. El porcentaje se reduce al 61% si el cálculo de gasto se hace sobre los créditos definitivos tras las modificaciones realizadas. Pero, es aún my superior al 47,6% en junio de 2018. Estos datos corresponden al montante de las nóminas, es decir, el gasto para el erario público es aún mayor porque en estas cifras no se incluye las cuotas a la Seguridad Social que el Estado realiza como empleador.

Según figura en la memoria de los Presupuestos Generales de 2019, el Gobierno había previsto para este año 864 asesores en los ministerios frente a los 774 del año anterior, más otros 86 más en organismos autónomos (Patrimonio Nacional, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo Superior de Deportes y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). La cifra total estimada es de 950 frente a los 869 que tenía Rajoy y su equipo. Por tanto, el alza de efectivos de este personal de confianza es del 10,5%. En el año previo a la crisis, en pleno boom económico (2006), había 700. Por tanto, hay ahora un 36% más de asesores en los ministerios. Su presupuesto total inicial (Estado más organismos de los ministerios), excluidas las cuotas sociales, es de 49,1 millones frente a los 44,9 del año pasado (9,6% más). Esta partida se ha incrementado un 35,2% desde el inicio de la crisis económica (en 2007 era de 36,4 millones) y un 10,5% el último año (crédito inicial), que supera con creces el ritmo de años anteriores.

Presidencia del Gobierno es el departamento que cuenta con mayor número de asesores (los previstos eran 342). Sánchez tiene directamente asignados a 252 asesores para atender al programa 912M de Presidencia del Gobierno frente a los 245 que tenía Rajoy. Resulta curioso observar que el jefe del Ejecutivo dispone de un número de asesores contratados casi similar al de funcionarios adscritos (285) así como 73 laborales fijos más. Es decir, casi el 71% de los empleados a disposición del Presidente han sido nombrados a dedo. Pero, como se trata de personal de confianza, que no se elige por méritos profesionales o formativos, no todos tienen un nivel académico para garantizar la solvencia.

Por ejemplo, sólo el 31% (78) es titulado superior; el 8% tiene titulación de grado medio (20); un 20% (52) dispone de bachiller o de un nivel similar; un 14% (35%) sólo alcanza el graduado escolar; y otro 27% (67) sólo acredita tener un certificado de escolaridad. Así, llama la atención que el 56% de los asesores del Tribunal de Cuentas, el organismo especializado en fiscalizar la contabilidad pública, tenga estudios medios y otro 38% bachiller o similar.

Además, sorprende que sólo tengan estudios superiores el 10% de los asesores del Consejo General del Poder Judicial. En sentido contrario, el 84% de los 168 asesores del ministerio de Política Territorial y Función Pública dispone de estudios superiores. Es decir, el ministerio que se encarga de los funcionarios es el departamento (tras Presidencia) que más personal de confianza contrata del exterior y con mayor formación teórica. En todo caso, sólo la mitad de esos 950 asesores tienen formación académica superior.

Sin actividad y de vacaciones, los diputados tienen asignados más asesores que en la legislatura anterior
En el Congreso de los Diputados, los partidos disponen en la nueva legislatura de más asesores directos (311) que en la anterior (271). Y eso que ahora no hay nada de qué asesorar porque además sus señorías están de vacaciones
Francisco Núñez www.vozpopuli.com 26 Agosto 2019

La cifra total de asesores de confianza en la Administración Central supera con creces el millar, ya que no constan oficialmente los datos de este personal de algunas instituciones, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, ni de otras contrataciones similares de asesores técnicos en empresas públicas y en los diversos organismos autónomos o administrativos del Estado.

A estos hay que añadir además los asesores que los grupos políticos tienen en el Congreso y el Senado, pese a que no habrá actividad legislativa hasta que se configure un nuevo Ejecutivo en septiembre o después de otras nuevas elecciones. Llama la atención que, por ejemplo, los partidos dispongan en el Congreso en la nueva legislatura de más asesores directos (311) que en la anterior (271). Y ahora no hay nada de qué asesorar porque además sus señorías están de vacaciones.

El número total (incluyendo los que están a disposición de los órganos de las cámaras y los presidentes de las comisiones) llega hasta los 361 totales frente a los 337 de hace un año. La cifra será aún mayor próximamente ya que, al no haber actividad legislativa, hay menos comisiones parlamentarias (legislativas y no legislativas). En todo caso, cada diputado dispone de media de al menos un asesor. Si le sumamos el personal de confianza del Senado (59), sale que los políticos tienen a su disposición a 420 asesores frente a los 399 de la anterior legislatura, que pagan las cámaras con cargo al presupuesto público y no a las subvenciones que reciben los partidos.

Los partidos que más asesores tienen
Excluidos los de las comisiones, el PSOE dispone de 111 contratados como personal de confianza frente a los 84 en el anterior periodo de sesiones al disponer de más diputados; el PP, alcanza los 59 (103 antes) al perder escaños; Ciudadanos tiene 51 (25 en la última legislatura); Unidas Podemos ha asignado a 38 frente a los 52 anteriores; Vox llega a los 22; ERC a los 13 frente a los 7 de hace un año; 5 el PNV, uno más; mientras, el puzle del grupo mixto consigue 13, dos menos que en la legislatura precedente.

En número redondos, esta cohorte total de contratados en la Administración Central y Cortes puede acercarse inicialmente a los 2.000. La cifra puede alcanzar sin dificultad los 30.000 si se suma los que contratan en las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, instituciones, empresas y demás organismos públicos. Lo que significa que los partidos se han convertido en verdaderas agencias de colocación pública directa, eso sí, de sus afines. Sólo hay que ver que creció su número durante las dos recesiones económicas ya que los partidos incluyeron en la nómina pública a sus ‘próximos’ mientras que el ajuste se cebaba en el resto del empleo.

Falta de transparencia
Los nombres y apellidos del personal de confianza, así como los méritos, el curriculum profesional y el sueldo, se han convertido en el secreto mejor guardado. Muchos de ellos proceden de las oficinas del partido que alcanza el Gobierno, e incluso son compromisos personales o familiares de los políticos al rebufo del enchufe y ajenos a la dificultad de conseguir un sueldo y un empleo precario en el sector privado. El Portal de la Transparencia publicó algunos datos (nombre, cargo y sueldo) de 2012 y 2013. Pero, tras una protesta generalizada de los asesores, se han omitido en los años posteriores. En aquella época, la media salarial superaba con creces los 50.000 euros. Pero, había muchos casos con sueldos cercanos a los 100.000 euros.

Según la Ley de la Función Pública, el nombramiento de este personal de confianza es de libre designación por parte de los altos cargos. Sale del empleo cuando cesa quien le nombró, aunque en algunas administraciones se ha utilizado este portillo para conseguir una plaza pública incluso a través de oposiciones restringidas. Su contratación no está sujeta a convocatoria pública ni a transparencia alguna.

Estos empleos no están reservados a funcionarios de carrera, la élite en formación en las Administraciones, y suponen un incremento de gasto y un cierto grado de desconfianza respecto a los empleados públicos que se han ganado su plaza mediante una oposición o concurso según su competencia profesional y méritos. Suelen ocuparse de la asistencia técnica de los políticos, jefatura de gabinetes, comunicación y asesoría personal. Esta modalidad de contratación procede de una ley franquista de 1964.

UCD diferenció por decreto entre el personal de confianza con titulación adecuada y quienes no la tenían. El PSOE en 1984 hizo tabla rasa y extendió la norma al conjunto de las administraciones públicas dónde ahora se produce una autentica inflación, sobre todo tras las últimas elecciones municipales y autonómica. Por ejemplo, el ayuntamiento de La Coruña ha incrementado un 45,6% el gasto anual en asesores y el PP ha anunciado que intentará recolocar como asesores en la Comunidad de Madrid a parte del personal excedente del partido al disponer de una menor subvención pública como consecuencia de tener la mitad de los diputados en la actual legislatura para evitar un duro ajuste o incluso un ERE.

Cartas a los españoles (XIII)
Enrique Domínguez Martínez-Campos eltorotv.com 26 Agosto 2019

Queridos amigos:

Después de la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981, parecía que toda la trama de un posible golpe militar se paralizaba, era innecesaria. Hasta el punto de que el general Milans del Bosch se reunió de nuevo el 1 de febrero en el piso de la calle General Cabrera de Madrid con los mismos interlocutores que lo hiciera en la primera reunión allí con el propósito de dar por zanjado el posible golpe. No obstante, creía que se plantearía una moción de censura en el Congreso al nuevo presidente del gobierno de UCD para formar uno de concentración al frente del cual podría estar el general Armada.

Como consecuencia del deseo del Rey, el general Armada era designado 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército el día 3 de febrero. El día 6 el Rey le dijo que fuera a verle el 13 de febrero en Zarzuela.

Armada se presentó puntualmente ante SM. Le informó de todo cuanto sabía, de sus conversaciones con Milans. “Señor, va a ocurrir algo”. De que varias Capitanías Generales podían sublevarse contra el gobierno –no contra la Corona- en vista de la gravísima situación que vivía nuestro país.
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El Rey le pidió que lo que le había dicho se lo dijera al vicepresidente del gobierno, Gutiérrez Mellado. Así lo hizo el general Armada. De modo que, ¿qué papel estaba desempeñando Armada en toda esta trama cívico-militar? Actuando de esta forma, acatando las órdenes del Rey, ¿Armada era un golpista?

El vicepresidente lo recibió. A medida que le iba relatando su opinión Gutiérrez Mellado se iba descomponiendo más y más. Le cortó en seco, “Me dijo que cómo me atrevía a ir hasta el Rey (recuérdese que fue el Rey quien citó a Armada) con esas patrañas; que con mis historias fantásticas no hacía más que preocupar al Rey perturbando su tranquilidad… Me echó una buena bronca… Te ordeno que no vuelvas a molestar más al Rey ni hablar con él de estas cosas…”. Y añade el general Armada: “Gutiérrez Mellado tenía información sobre lo del golpe y no hizo nada para abortarlo. Fue uno de los grandes responsables de que eso sucediera”.

Debo añadir que, tras el 23 F, en el juicio contra el general Armada, el Rey le prohibió hacer uso de las notas que el general tomó de la conversación con SM aquel 13 de febrero: “No puedo autorizarte a revelar el contenido de esa conversación”, le dijo. ¿Qué podía temer el Rey que supiera la opinión pública sobre su conversación con el general Armada?

Ese día 13 la crisis política se agrava. La muerte, en la cárcel, de un asesino de ETA, llamado Arregui, enfrentó a los ministros de Justicia e Interior, Fernández Ordóñez y Rosón, en el Congreso, acusando el primero a cinco policías del asesinato de Arregui, a los que defendió Rosón. UCD estaba rota y desprestigiada, aprovechándolo el PSOE para promover un enorme escándalo.

Por otro lado, en San Sebastián se habían producido graves incidentes, promovidos por los simpatizantes y encubridores de ETA, con el resultado de 100 heridos en las calles de la ciudad.

En el CESID la “Operación De Gaulle”, sin Suárez, seguía viva. El día 20, viernes, se iba a celebrar el pleno del Congreso para investir a Calvo Sotelo como presidente del gobierno. Dos días antes, el 18, agentes de aquella Casa se pusieron en contacto con el teniente coronel Tejero para indicarle que era la oportunidad que esperaba. Si se decidía, no habría ni violencia ni víctimas en ningún caso. Y su actuación terminaría cuando se presentara allí “la autoridad militar competente para hacerse cargo de la situación”. Como se calculaba y suponía que Calvo Sotelo no obtendría en una primera sesión la mayoría absoluta requerida y tendría que celebrarse una segunda sesión plenaria, se indicó a Tejero que sería en esta última cuando debiera actuar.

Así sucedió. El día 20 Calvo Sotelo no obtuvo la mayoría absoluta, pues sólo consiguió 169 votos a favor frente a 158 en contra. Era preceptivo convocar un nuevo Pleno en el que, por mayoría simple, pudiera ser designado presidente. Y se convocó el 23 de febrero, lunes.

El que fuera Alcalde de Madrid y en aquellas fechas senador elegido por el Rey, Juan de Arespacochaga, dejó escrito lo siguiente: “El sistema (democrático) no se ponía en discusión… Se trataba de un pacto de partidos e instituciones que hubieran colocado a la cabeza (del gobierno) a un personaje de la máxima relevancia… comprometido con la Transición y de la máxima confianza del Rey, bien visto por la Iglesia, las fuerzas económicas y con el placet de las grandes democracias. Esa designación recayó en el general Armada, a quien lo comprometieron a apoyar instituciones muy características del país y con una evidente colaboración del PSOE”.

¿A qué pacto de partidos e instituciones se refería Arespacochaga? ¿Quién y cuándo designó al general Armada para colocarse a la cabeza de un gobierno de concentración o salvación nacional? ¿Quiénes eran esas instituciones tan características del país? Lo que sí estaba claro era el interés del PSOE y otras fuerzas políticas para reconducir una situación que se les iba de las manos a los políticos españoles.

El 20 de febrero, tras no superar la votación Calvo Sotelo en el Congreso, Tejero llamó a Milans para informarle de su idea de tomarlo el lunes siguiente. Milans quedó sorprendido por la precipitación con que se iba a realizar aquella operación. Y el día 21Milans se puso en contacto con Armada y con el general Torres Rojas para que desde La Coruña regresara a Madrid para, en su caso, hacerse cargo de la División Acorazada en la prevista ausencia de su jefe, el general Juste.

A partir del 19 de febrero, el embajador de EEUU en España, señor Todman, había informado al secretario de Estado, Alexander Haig, de un previsible golpe de Estado en nuestro país. El personal norteamericano de las bases españolas de Torrejón, Rota, Morón y Zaragoza, estaban en estado de alerta. El día 22 buques de la VI Flota del Mediterráneo se situaban a pocas millas de Valencia.

Casualmente el día 23 de febrero la familia Real estaba al completo en Zarzuela. Los Reyes, sus tres hijos (que no fueron al colegio), las infantas Pilar y Margarita y su marido, doctor Zurita, además del Jefe de la Casa Real, Marqués de Mondéjar; el jefe del Cuarto Militar, general Valenzuela; el secretario de la Casa, general Sabino Fernández Campo y los tres Ayudantes de SM, tenientes coroneles Montesinos, Polanco y Muñoz Grandes.

Se retransmite por TV la sesión plenaria del Congreso el 23 F. Todos los españoles fuimos testigos de aquella escena decimonónica del asalto al Congreso. Y todos nos sobresaltamos cuando los guardias comenzaron a disparar al aire. Los políticos se escondieron detrás de la barandilla de separación de escaños. Todos menos Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo. Esta película la tenemos vista mil veces por TV. Después, el capitán Muñecas, de la Guardia Civil, subió al estrado para que todos los allí presentes estuvieran tranquilos hasta que llegara la autoridad –“militar, por supuesto”- para hacerse cargo de la situación.

¿Qué autoridad militar esperaba Tejero? Al general Milans del Bosch.

En Zarzuela también se sobresaltaron al oir a los guardias disparar. A partir de aquí el Rey quería que el general Armada fuese a Zarzuela para que le informara. Le llamó al Cuartel General del Ejército. El general Fernández Campo indicó a SM que no lo hiciera. Y el Rey le pasó el teléfono para que hablara directamente con él, quien escribió: “Fui yo quien le dijo que continuara con Gabeiras y me informara desde su despacho… pese a que todos a los que preguntaba el Rey, sí que eran partidarios de que Armada estuviera en Zarzuela”.

Después todo sería confusión, idas, venidas, conversaciones telefónicas y telegráficas, constitución de un gobierno paralelo presidido por Laína, secretario de Estado de Seguridad, reunión de la JUJEM, ocupación de RTVE, el hotel Palace convertido en Cuartel General de los que no estaban en el Congreso, ocupación de las calles de Valencia por grupos tácticos acorazados… En sólo unas horas el teniente coronel Tejero abortaría su propio golpe de Estado. Aunque nadie estaba seguro de nada a las diez de la noche.

Un abrazo a todos.

Españoletes cosmopaletos / Por qué no se asimila la Guerra Civil
Pío Moa Gaceta.es 26 Agosto 2019

¿Pudo el KGB estar detrás del asesinato de Carrero? Sin ser probable, lo es mucho más que la CIA. https://www.youtube.com/watch?v=2i2MkxBvw5I
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Europa, la gran desconocida de los europeístas españoles:
europa: introduccion a su historia-pio moa-9788490608449

Breves textos para difundir en las redes y por otro medios:
**No hay españolete cosmopaleto que no se sienta superior a su país y admire a algún otro del que ignora casi todo.
**Yo no compro en establecimientos españoles con nombre o publicidad en inglés. Hay que rechazar la colonización cultural
**Es asombrosa la preocupación por que el PSOE gobierne con el apoyo antiespañol de los separatistas. El PP no ha hecho otra cosa en todos sus gobiernos. Unos son antiespañoles, los otros los apoyan y financian.
**Me dicen personas solventes que en el PP se abre paso la «solución» de una España confederal. Por lo pronto, el PP, como el PSOE, ya es confederal y copia de los separatismos en todas las regiones
** El PP no va a cambiar: percibe que el auge del patriotismo español puede quitarle votos, y maniobra hablando mucho de «España» para anular a VOX y reencauzar su política hacia el «confederalismo». El partido de los cabestros.
**No puede decirse que el PP sea antiespañol. Simplemente es indiferente a España. Por eso combina la entrega de soberanía a los separatistas y a la UE. Cree que defender a España es perjudicial para sus intereses de partido.
**No creía que Inda fuera tan ingenuo como para felicitar al Doctor por frenar a Podemos. El Doctor «frena» a Podemos podemizando el PSOE. En España el análisis político es un chiste.
**Para el Doctor, ultrajar la tumba de Franco es un objetivo esencial. Porque Franco es la monarquía, la salvación de la Iglesia y las condiciones para una democracia. Las tres cosas que odia el Doctor en fraudes.

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Los Mitos Del Franquismo (Historia)La guerra civil y los problemas de la democracia en España (Nuevo Ensayo)el derrumbe de la segunda republica pio moa 9788499201849

Errores de Vázquez

El artículo de Francisco Vázquez sobre la memoria histórica, comentado aquí el otro día, no deja de ser un avance para proceder de un socialista. Pero comete una serie de errores que conviene resaltar.

1. La ley de memoria histórica debe ser derogada, pero no por el argumento sentimental de superar una «guerra entre hermanos», sino, en primer lugar, porque es una ley totalitaria, propia de un estado de tipo norcoreano. En ninguna democracia decide el poder lo que los ciudadanos deben pensar del pasado, vulnerando los derechos de expresión, conciencia y cátedra. Su promulgación ya indica la práctica ausencia de cultura democrática en la mayoría de los actuales políticos y en la universidad. Su derogación argumentada, en cambio, constituiría un avance hacia una democracia real

2.- Esa ley debe ser derogada también por ser eminentemente falsaria. La guerra no se libró contra una democracia, sino contra un conglomerado de totalitarios y separatistas, muy destacadamente el PSOE. Al atribuirse ese conglomerado la defensa de la democracia, desacreditaron esta para muchos años. Como la están desacreditando ahora con la memoria histórica, también en nombre de una democracia tan fraudulenta como el doctorado del fulano que hoy gobierna el país.

3. Debe ser derogada también porque exalta como «víctimas del franquismo2 por «el delito de pensar de modo diferente a los peores torturadores y asesinos de las chekas con quienes se identifican evidentemente los autores de la ley, empezando por el PSOE

4. No se puede equiparar esa ley con la de la represión del comunismo y la masonería, pues esta última no se dirigía contra libertades de conciencia y pensamiento, sino contra las acciones criminales, demasiado recientes, del comunismo y muy presuntas de la masonería.

5. La reconciliación nacional no se alcanzó en la transición sino enseguida después de la victoria de los nacionales, y se alcanzó precisamente sobre la derrota de totalitarios y separatistas. En la Transición volvió a darse a estos cancha, dinero y facilidades excesivas, pese a no representar por entonces casi nada. Gracias a esas prebendas otorgadas sin contrapartida, hoy España vive en golpe de estado permanente, se imponen leyes antidemocráticas como esta o las de género, y se intenta disolver la soberanía de España.

6. No se puede equiparar la matanza real de Paracuellos con la inventada por la propaganda en la plaza de toros de Badajoz. Hacerlo revela, o una deshonestidad muy profunda o una ignorancia indisculpable en un político, periodista o intelectual a estas altura.

7. Tampoco viene al caso hablar de la connivencia nazi-soviética con que empezó la guerra mundial. Porque duró más la connivencia entre democracias anglosajonas y Stalin, con que terminó la guerra. ¿Deberíamos condenar también oficialmente a los gobiernos inglés y useño en nombre de no sé qué memoria? Basta decirlo para entender el absurdo en que se cae cuando no se parte de un discurso claro y se embrollan unas cosas y otras. España es el único país europeo que no debe nada ni al ejército useño ni al soviético, ni a las finanzas useñas, ni a los fascismos (la ayuda recibida en la guerra civil, bastante antes de que los nazis cometieran sus genocidios, fue pagada). Por eso sobra también la referencia a Roosevelt, de quien podrían recordarse también algunas infamias que en todo caso nosotros no podemos juzgar hoy, y mucho menos de manera oficial.

8. Incidentalmente, el «moderado José Giral», que por lo visto «lloró» cuando la matanza de la Cárcel Modelo, fue el que armó a los sindicatos, desatando persecuciones de crueldad espantosa, y su gobierno creó la cheka de Fomento, la peor de aquellos meses, cerrada por Carrillo y no precisamente para disminuir el terror. En cuanto a Azaña, se pasó la guerra dimitiendo pero sin dimitir. A él se debe gran parte de lo que pasó.

Estas cosas deberían entrar hoy en el bagaje de conocimientos históricos de cualquier persona, sin necesidad alguna de leyes al efecto. Pero resulta que no es así, y mientras siga sin serlo, la guerra civil seguirá gravitando como una pesadilla sobre la sociedad española

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Los profesores que enseñan a odiar la Constitución: López Bofill, Urías, Eneko Compains, Mercè Barceló…
M.A. Ruiz Coll okdiario 26 Agosto 2019

¿Quién defiende a la Constitución española cuando buena parte de los encargados de enseñarla en la Universidad –y los que tienen mayor proyección mediática– la detestan profundamente o trabajan de forma activa para destruirla?

Es el caso del profesor de Derecho Constitucional Héctor López Bofill, quien amenaza a jueces y fiscales y se muestra partidario de utilizar la violencia para que Cataluña pueda alcanzar la independencia. O del profesor Joaquín Urías, que ahora se dedica a fabricar coartadas para los golpistas de la Generalitat. O de Joan Vintró y Enoch Alberti, que según un informe de la Guardia Civil cobraron por participar en la redacción de la Constitución catalana. O de Eneko Compains, detenido varias veces y condenado por colaborar con la banda terrorista ETA.

Todos ellos son profesores de Derecho Constitucional en distintas universidades españolas. Pero en lugar que inculcar a los alumnos la defensa de la Constitución de 1978 –que supuso la reconciliación de todos los españoles tras una Guerra Civil y 40 años de dictadura–, ponen sus conocimientos al servicio de quienes quieren destruirla.

Héctor López Bofill es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona y tertuliano habitual de TV3. El año pasado fue procesado, y finalmente absuelto, como presunto autor de delitos de injurias contra la autoridad y contra los derechos fundamentales, por publicar en Twitter mensajes amenazadores como el siguiente: "Cuando seamos independientes me acordaré de los jueces, fiscales y funcionarios diversos que ahora contribuyen a extorsionar a Cataluña".

Amenazas contra jueces y fiscales
Sostiene que España es una dictadura "como Turquía" y es partidario de usar la violencia contra el resto de españoles: "El asesinato de Jo Cox demuestra que, por desgracia, toda transformación constitucional precisa muertos", escribió a raíz del asesinato de la política británica Jo Cox por un neonazi en junio de 2016.

López Bofill también ha pedido crear "fuerzas de defensa" para que los separatistas puedan garantizarse el "control del territorio" tras la declaración de independencia. Y sostiene que, una vez Cataluña sea un Estado, sólo podrán obtener la ciudadanía quienes acrediten suficientes conocimientos de lengua catalana.

En sus frecuentes apariciones en TV3, el ex letrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías se dedica a justificar la actuación de los golpistas de la Generalitat y sostiene que el Tribunal Supremo es "una amenaza para la democracia".

Urías ha aceptado actuar como "observador internacional" en el juicio del Tribunal Supremo contra los golpistas del 1-O a través de la plataforma International Trial Watch, que en realidad ha sido creada por varias entidades independentistas catalanas a instancias de Òmnium Cultural (cuyo presidente, Jordi Cuixart, se encuentra entre los procesados).

"El PP dio un golpe de Estado"
Como observador "independiente" al servicio de la Òmnium no ha resultado demasiado imparcial. Sostiene que el Tribunal Supremo "está fuera de control y amenaza la democracia". Afirma que Junqueras y el resto de golpistas del 1-O "no han cometido ningún delito de rebelión ni sedición". Y añade que el Gobierno y los jueces están actuando de una forma "terriblemente antidemocrática", para frenar el proceso de independencia.

Joaquín Urías considera que la prisión provisional de Junqueras y el resto de golpistas "fue mal declarada y vulnera sus derechos". A pesar de que el Supremo la ha argumentado suficientemente: existía un riesgo evidente de fuga (más aún después de que Puigdemont y otros ex consellers huyeran de España) y un riesgo de reiteración en el delito ("lo volveremos a hacer", anuncian Jordi Cuixart y Quim Torra).

Además de Joaquín Urías, también aceptó actuar como "observador internacional" del juicio del procés al servicio de Òmnium (es decir, de los golpistas) el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo. El equipo de "observadores" ha estado coordinador por la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Mercè Barceló, una firme defensora del supuesto "derecho a la autodeterminación" de Cataluña.

Veterano articulista del diario El País, Pérez Royo sostiene que el PP dio un "golpe de Estado a través del Tribunal Constitucional" para frenar el referéndum ilegal del 1-O y añade que "el Senado es una vergüenza, es anticonstitucional, un aborto" (a pesar de que el Senado aparece mencionado medio centenar de veces en el texto constitucional de 1978). En cuanto a Mercè Barceló, es miembro del Colectivo Praga y encabezó una manifestación a favor de los golpistas presos en la que comparó a España con Turquía.

Condenado por pertenecer a ETA
Según un informe remitido por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, cinco asesores de Artur Mas se repartieron más de 173.000 euros públicos por participar en la redacción de la Constitución catalana y en el diseño de las "estructuras de Estado" para que Cataluña se independice.

Entre estos asesores se encuentran otros dos profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona: Enoch Albertí (que habría recibido 22.000 euros por esta labor) y Joan Vintró (que se embolsó presuntamente otros 16.000 euros). Su trabajo fue coordinado por el "arquitecto jurídico" del procés, Carles Viver Pi-Sunyer, que también ha sido catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (entre 1987 y 1990).

Dos últimos ejemplos. La Universidad del País Vasco (UPV) contrató en septiembre de 2016 a Eneko Compains Silva como profesor de Derecho Constitucional. Eneko Compains fue detenido varias veces por actos de violencia callejera en los años 80 y ha sido miembro de EKIN (el aparato político de ETA).

En mayo de 2016 fue procesado en la Audiencia Nacional por pertenencia a banda armada, pero evitó la cárcel al alcanzar un pacto con la Fiscalía por el que reconocía los hechos, según informó el diario El Correo. ¿Qué principios constitucionales enseña a sus alumnos un antiguo colaborador de ETA?

Cobraron por asesorar a Chávez a través de CEPS
Eneko Compains forma parte de la dirección de Sortu y es autor de uno de los capítulos del libro "Ganar o Morir. Lecciones políticas de Juego de Tronos", coordinado por Pablo Iglesias. También ha sido miembro de la Fundación CEPS (para la que trabajaban los principales líderes de Podemos), que recibió 6,7 millones de euros por asesorar al Gobierno de Hugo Chávez.

Entre los fundadores de CEPS se encuentra otro profesor de Derecho Constitucional, esta vez de la Universidad de Valencia, Rubén Martínez Dalmau, que Podemos ha colocado ahora como vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana.
 


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