AGLI Recortes de Prensa   Martes 3  Septiembre 2019

Más luces de freno en la Economía
EDITORIAL ABC 3 Septiembre 2019

Un indicador imprescindible del estado de la economía española es el de las matriculaciones de turismos. Y el resultado en agosto pasado es preocupante. La venta ha descendido un 30,98% en relación con el mes de agosto de 2018, y acumula una bajada en 2019 del 9,2%. Es la mayor caída desde 2008, en plena crisis económica, y debería constituir para el Gobierno una alarma seria de que la situación económica se está deteriorando. Es cierto que este dato tiene un contexto internacional de desaceleración de las economías y también que en 2018 se alcanzó una cifra muy alta de ventas de vehículos no homologados a los nuevos protocolos que iban aplicarse a la medición de emisiones. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez no ha propiciado un clima de seguridad que contrarrestara esta tendencia a la baja, sino que la ha acentuado con su política de mensajes confusos y precipitados sobre los vehículos diésel. La demonización de este combustible y los anuncios de su prohibición en el futuro han sembrado dudas entre los consumidores y los fabricantes, con la consecuencia de un retraimiento de la demanda. Además, hay un escenario nacional en el que se repiten los datos de que la economía empieza a enfriarse. El Gobierno de Sánchez, como hizo el de Zapatero, niega la posibilidad de que la economía se esté deteriorando.

La economía española tiene unos sectores muy definidos que condicionan su evolución -turismo, construcción y automoción- y mientras su estructura productiva no se modifique, el Gobierno tiene que atender la marcha de sus indicadores. Las familias españolas detectan, antes que los expertos del Gobierno, si su situación económica y laboral es la adecuada para embarcarse en compras financiadas. Es la lección aprendida de la crisis de 2007. La misma lección que ignora el gobierno de Pedro Sánchez.

La Púnica, otra arma para la izquierda
EDITORIAL ABC 3 Septiembre 2019

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón comunicó ayer oficialmente la imputación de Aguirre y Cifuentes por su presunta vinculación con el caso Púnica, en el que se investiga la supuesta financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid. La Audiencia indaga a instancias de la Fiscalía Anticorrupción si se produjo un desvío de fondos públicos para el pago del gastos del PP madrileño durante las campañas de 2007 y 2011, y para ello el magistrado ha citado a Aguirre y a Cifuentes como investigadas. La corrupción debe ser incompatible con cualquier sistema democrático que aspire a ser ejemplar. Por eso, la labor de la Justicia merece respeto y poder realizar su labor desde el rigor y la independencia, sea quien sea el objeto de unas pesquisas judiciales y perjudique al partido que perjudique. Ya son varios los procedimientos que retratan una época del PP de Madrid como un lodazal de corrupción, y este partido está pagando las consecuencias de haber visto a cargos relevantes de Aguirre procesados por integrar auténticas organizaciones dedicadas al tráfico de comisiones para su enriquecimiento ilícito. En aquella etapa de mayorías absolutas no funcionó la supervisión de diversos cargos que ya emitían señales de que lo suyo no era precisamente el servicio público, sino llenarse los bolsillos. No es el caso de Aguirre ni de Cifuentes, y desde luego no es el momento procesal de insinuar siquiera esa acusación. Sin embargo, tendrán que responder por la imputación de supuestos delitos de falsedad y por infracciones electorales, y por eso el mismo respeto debe merecer la actuación judicial -pese a tantas y tantas incriminaciones fallidas de Anticorrupción- como su derecho a la presunción de inocencia.

No obstante, dada la deriva actual de la política va a resultar irrelevante si este procedimiento llega o no a juicio. Habrá pasado demasiado tiempo y el daño estará hecho. La estigmatización quedará, y también los efectos políticos para el PP de Casado, aunque no tenga nada que ver con hechos ocurridos hace ya más de diez años. La operación Púnica, como tantos otros procedimientos judiciales, son una losa política, jurídica y emocional que el PP nunca podrá sacudirse de encima. Y menos aún, gracias a ese fervor de populismo patrio que exige juicios paralelos y condenas preventivas ejemplarizantes antes de que quede probada cualquier mínima sospecha. También en materia de corrupción prevalece la pretendida superioridad moral de la izquierda, y por eso no es extraño que siempre haya echado tierra encima del caso ERE, del escándalo de los cursos de formación o de los abusos sindicales. Ocurra lo que ocurra con Aguirre y Cifuentes, la izquierda recibe una munición política que servirá también a Ciudadanos como coartada para señalar a Casado por las irregularidades de otras etapas del PP.

El fardo del PP
Su corrupción, deplorable, se penaliza más que la de la izquierda
Luis Ventoso ABC 3 Septiembre 2019

EL PP vuelve a ponerse colorado, con Cifuentes y Aguirre, dos expresidentas, investigadas por la Audiencia Nacional por posible financiación irregular del partido en Madrid. Cifuentes ya estaba en tribunales por el máster trucado. La lista de chanchullos y golferías del PP madrileño es larga y polivalente, e incluye a otro expresidente, Ignacio González; al destacado exconsejero Granados y a varios alcaldes. Estamos también ante el partido cuyo tesorero se destapó como millonario de cuenta secreta en Suiza (el pícaro pretextó risiblemente que el parné venía de sus sagaces inversiones en arte). El partido que tiene en la cárcel a figuras como el exministro Matas o al exvicepresidente económico de Aznar, Rato, que ha protagonizado un increíble eslalon desde el FMI al trullo. También la formación de la Gürtel y de medio plantel encausado en Valencia.

Como resumiría un castizo, «lo del PP fue mucho». Y lo ha pagado caro. En abril perdió 71 diputados, se dejó más de los que finalmente obtuvo (66, solo 9 más que CS). El descalabro se percibe todavía más claro en votos: de 7,9 millones cayó a 4,3. ¿Por qué? Aunque Casado suponía una cara limpia y nueva, la corrupción continuaba desluciendo la marca (y más al recuperar a Aznar, quien jamás ha pedido disculpas por lo que sucedió bajó sus pies y no supo atajar). El resto de los votos volaron por la parsimonia del sorayismo-marianismo frente a los golpistas catalanes. Cs pescó votantes tradicionales del PP hartos de la corrupción. Vox recibió una transfusión de votos de quienes reclaman medidas drásticas contra la provocación constante del separatismo.

Lo que circuló por las cañerías del PP atufaba. Pero la fotografía debe verse entera. ¿Qué habría pasado en este país si mangantes del PP se hubiesen gastado el dinero de los parados en puticlubes? El escándalo abriría todos los telediarios. Como lo hizo el PSOE y se quedó en anecdotilla. ¿Y si el caso ERE, el mayor robo de nuestra democracia, hubiese sido obra del PP y salpicase a un expresidente del partido? ¿Y si el presidente Rajoy hubiese cometido plagios en una tesis doctoral y en un libro basado en ella? Existen dos varas de medir frente a la corrupción. Por último, el lamentable frentismo ideológico que intoxica a muchos de nuestros jueces y fiscales hace que algunas acusaciones contra el partido conservador haya que tomarlas con prevención (¿se acuerdan de la senadora Pilar Barreiro, señalada como reo del averno y que resultó inocente?).

El PP anduvo en malos pasos. Como el PSOE, como CiU, o como las clases políticas francesa e italiana. Pero no puede ser el único partido que no tiene derecho a limpiar su cocina y poner el marcador a cero. Lo que pretende Rivera (que Casado pene «in perpetuum» por los pecados previos a su etapa) tiene más de interés electoralista que de lección moral. CS también tendrá sus escándalos en cuanto toque poder (de hecho ya está empezando). Es el barro que nos conforma a todos. El quid es echarlos raudo y tomar medidas rotundas para que no se repita. Y en Madrid, en efecto, el PP estuvo -o quiso estar- en la inopia más tiempo del debido.

La pertinaz corrupción del PP
Javier Caraballo El Confidencial 3 Septiembre 2019

El origen es tan remoto en la memoria que se ha difuminado hasta el porqué del nombre, que debe permanecer entre los legajos amarillentos de los primeros expedientes policiales del sumario. La operación Púnica se llama así por el nombre científico del granado, Punica granatum, que a los investigadores de la Guardia Civil les sirvió para relacionar la trama de corrupción que estaban investigando a partir de los tiempos de Francisco Granados como alcalde de Valdemoro.

De aquel hilo, desde aquel ayuntamiento, los investigadores comenzaron a tirar y fue desmadejándose un ovillo que parece interminable, la pertinaz corrupción del Partido Popular. Cinco años después, ¡cinco años!, la instrucción judicial sigue ofreciendo noticias propias del inicio de un proceso, una treintena de nuevos investigados, entre ellos las expresidentas de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que comenzarán a prestar declaración en octubre, aniversario de la detención de Francisco Granados en 2014. Faltan todavía varios años más —en realidad, es posible que nadie lo sepa con certeza— para que las 11 piezas en las que se quiere dividir el sumario vayan a juicio, pero no deberíamos esperar más tiempo para exigirle al Partido Popular la explicación que todavía no ha ofrecido sobre la trama corrupta que se ha extendido alrededor de sus administraciones más poderosas.

El juez imputa a Aguirre, Cifuentes y González por presunta financiación irregular del PP en Madrid

Es evidente que serán los tribunales los que determinarán cuál es la verdad judicial, pero con lo que ya sabemos, solo con aquellas certezas que nadie discute, se puede elaborar una teoría de lo ocurrido que no se limita a la implicación de quienes están procesados sino que se extiende a toda una organización, un 'modus operandi' que trasciende ampliamente los límites del sumario judicial.

De la misma forma que en el escándalo de los ERE de Andalucía es imposible comprender el fraude, la desvergüenza y el despilfarro sin una forma de proceder, de gobernar, del entonces hegemónico PSOE andaluz, las tramas de corrupción que afectan al Partido Popular en Castilla y León, Madrid, Valencia y Murcia son imposibles de comprender sin un modelo de gestión predeterminado para enriquecer al partido y, de paso, a algunos de sus dirigentes. En los años ochenta, el PSOE organizó una red de financiación ilegal a través de empresas constituidas a tal efecto, el conocido caso Filesa, y 20 años después el Partido Popular, cuando se vio en el poder, organizó la misma trama, pero a través de ayuntamientos y gobiernos regionales y sus sociedades instrumentales. La historia de la corrupción, en el fondo, se repite tanto en España que los cabos ya vienen atados.

La ampliación ahora de esta pieza, por ejemplo, debe guardar relación con la confesión que hizo Francisco Granados ante la Audiencia Nacional, a principios del año pasado, después de haber pasado por prisión. Entonces, Granados se presentó ante el juez Manuel García-Castellón y le detalló durante tres horas el esquema de la financiación ilegal del Partido Popular para financiar las campañas electorales. En su declaración, implicó a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes, que todavía era presidenta de la Comunidad de Madrid.

La réplica oficial del Partido Popular fue que todo era “pura bazofia”, sin más. Ahora, un año y medio después, es el propio juez, tras las investigaciones policiales y el escrito de la Fiscalía, quien sostiene en su auto que existía un sistema “ideado” para buscar recursos y financiar las campañas electorales; sobre todo en tiempos de Esperanza Aguirre, que era quien seleccionaba las campañas a financiar “y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad".

Si el Partido Popular pensaba, cuando Francisco Granados se decidió a confesar, que todo era una sucia mentira, debería sostener lo mismo ahora que es un juez quien lo señala en un auto judicial y las identifica como autoras de varios delitos, financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad electoral. Pero no lo dirán; ahora lo que toca es repetir muchas veces que hay que esperar a la sentencia, que se respetan todas las decisiones judiciales y, entre tanto, ir olvidando y desterrando paulatinamente a los nuevos investigados por la corrupción de la que todos, como partido político, se han beneficiado.

El PP no puede seguir gestionando su pasado como si todo se pudiera resolver, tras cada procesamiento judicial, tras cada sentencia, con una declaración genérica, vacía y cínica de “tolerancia cero ante la corrupción”. Porque va a acabar siendo verdad que, en materia de corrupción, la clase política solo es creíble cuando les graba la Policía mientras gestionan una comisión ilegal o cuando se equivocan al hablar, como aquella vez que Pablo Casado dijo que los dirigentes del PSOE no pueden hablar de corrupción “porque no tienen credibilidad” y sentenció a continuación que “el Partido Popular sí que tiene credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad”. La seña de identidad… Pues eso.

Democracia a su gusto y hechura.
Paco Sande Periodista Digital 3 Septiembre 2019

Nadie, no hay nadie en este país, que si le preguntan: ¿Cómo definiría el Gobierno de Francisco Franco? No contestaría otra cosa que no fuera una dictadura.
Y esto lo contestarían incluso aquéllos, que como yo, vivimos nuestra niñez y juventud en aquella España Gobernada por Franco.
Lo contestaríamos matizándolo, pero lo contestaríamos.
Porque eso es lo que fue, una dictadura.

No había partidos políticos ni elecciones. Él no preguntaba a nadie, consultaba a sus ministros, ese sí, y Gobernaba como él más conveniente creía.
Pero por lo menos, venía de frente, sin ambages, ambigüedades, ni sutilezas.
Sin hipocresías, jamás dijo ni pretendió ser un demócrata.
Aquello era una dictadura y punto.

Pero…si aquélla fue una dictadura: ¿Qué es lo que tenemos ahora?
Dios mío, lo que tenemos ahora es… lo siguiente, que dicen ahora los cursis.
No, no hay siguiente de una dictadura, por lo tanto, lo que tenemos ahora sigue siendo una dictadura, pero esta es cien mil veces más radical, hipócrita, tramposa y peligrosa, porque viene disfrazada de “democracia”.
“Democracia”, je, je, si no fuese una tragedia seria como partirse el culo de la risa.
Vivimos bajo la dictadura de lo políticamente correcto y un progresismo –“progre”- que no es tal, sino una regresión a los tiempos más oscuros de la caza de brujas.
Ahora no te tienes que enfrentarte a la “Inquisición”, pero están ahí los “artistas de la ceja”, las feministas, las de “violencia de género”, casi todas, las televisiones, así como periódicos y radios, además de, “You tube”, “Apple” “Facebook” e, incluso, “Twiter”.

Di algo, o trata de argumentar o razonar cualquier cosa que no se ajuste a los cánones preestablecidos de lo políticamente correcto y serás linchado si eres alguien con mucho tirón y muy conocido públicamente –caso Bertín Osborne-, o serás ignorado y silenciado en todos los medios de tal forma que desaparecerás como si te hubiese tragado la tierra.
No hagas ahora una broma sobre mujeres, marujas o algo por el estilo o digas que amas a tu país, España, porque ipso facto, serás tachado de machista, homófobo, chauvinista y cerdo.
Y en la lengua, por dios, en la lengua, o sea la forma de hablar que se impone ahora. Esa cansina tendencia de decir vascos y vascas, ellos y ellas, humanos y humanas o “policías y policios”, por dios, es como para ir a mear y no echar gota.
Si vas a hacer el amor con una mujer, mejor que lleves un notario porque puedes ser acusado de violación y tú, tendrás que demostrar tu inocencia.

Y si piensas adoptar un niño, cuidado, que dentro de veinte años te pueden decir que fue robado.
Y luego están las Autonomías, con sus dialectos regionales, donde el español –el idioma- es perseguido, proscrito y prohibido en los colegios –incluso en los recreos- y para ello vela un ejército de políticos y funcionarios –verdadera ruina de España- que hartos de no hacer nada vigilan a los niños y a cualquier profesor díscolo que no cumpla con la normativa.

Y ahí tenemos el problema de la inmigración ilegal, al que nadie quiere llamar lo que realmente es: una invasión.
Una invasión en toda regla, por tierra mar y aire, y esto no es un eufemismo.
-y esto no problema solo de España, sino de toda Europa, donde en este momento hay 50 millones de musulmanes y creciendo-
Como tampoco nadie quiere investigar a fondo las practicas de esos “barquitos ONGs”, rescatando – en realidad transportando- inmigrantes ilegales de África a Europa.
O que la delincuencia en España ha crecido exponencialmente con la llegada de esos inmigrantes.
-En realidad, cuando los delitos son cometidos por inmigrantes, los medios de comunicación hacen verdaderas filigranas para soslayar el asunto y que la cosa no se note mucho-

Y mientras la “Sexta tv”, nos dice que no hay efecto llamada sobre un grafico en el que se muestra como en el 2014, se registró la llegada de 4.552 inmigrantes ilegales hasta el 2018 en el que se registró la llegada 57.498.
Al mismo tiempo que vemos como nuestros gobernantes hacen todo lo posible y más, para no molestar a las minorías integristas.
Recintos militares habilitados para la oración musulmana. Respeto por su cultura y religión mientras se limita la liturgia cristiana y se demuestra un desdén absoluto por la cultura y costumbres autóctonas. Discotecas que cambian de nombre, e incluso en la Catedral de Santiago de Compostela, se esconde al Santiago Matamoros, no vaya a ser que alguien se sienta ofendido.

¡Y en la historia! Aquí la cosa ya es puro cuento, especialmente desde que aquella “amenaza andante”, llamada Zapatero, instauró su nauseabunda “Ley de Memoria Historica”.
Una “Memoria Histórica” que ahora amenaza con enseñar nuestro Presidente en funciones, Pedro Sánchez.
¿¡¡Enseñar Memoria Historia, don Pedro!!?
Querrás decir: ¿¡Acomodar la Historia a la forma que vosotros queráis que tenga!?
O sea, contarla, no como fue, sino como a vosotros os hubiera que gustada que hubiere sido.
Retorciéndola, moldeándola, adatándola y reescribiéndola.
Haciendo el relato a vuestro gusto y hechura, consiguiendo de este modo que, ni sea Histórica, ni sea Memoria.

Política. Cambios en la Administración
Pedro Sánchez coloca a 330 altos cargos en sólo 10 meses
VÍCTOR MARTÍNEZ El Mundo 3 Septiembre 2019

Ex ministros, consejeros y diputados del PSOE, entre los principales designados para dirigir la Administración

La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha supuesto un vuelco total en la lista de altos cargos de la Administración que elabora el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En una gran parte para colocar a afines al PSOE. La última actualización de este registro, con fecha de 30 de junio de este año, eleva ya a más de 330 el número de dirigentes públicos que ha cesado su cargo tras la moción de censura contra Mariano Rajoy en mayo de 2018. Esta cifra equivale a casi la mitad de los 684 puestos que componen este estamento, 13 más que con el anterior equipo de Gobierno.

El carrusel de cambios comienza por el propio presidente del Gobierno y sigue por su consejo de ministros, que Sánchez amplió a 17 carteras. A partir de aquí, la cascada de movimientos se extiende por secretarías de Estado, gabinetes ministeriales, subsecretarías y direcciones generales, delegaciones de Gobierno, embajadas, Ejército, aparato judicial y empresas y organismos públicos. De todos los cambios, sólo siete han producido por jubilación.

Aunque el porcentaje de sustituciones alcanza a la mitad de la estructura, hay organismos donde la escabechina de directivos nombrados en la anterior etapa ha sido mucho más profunda. Un ejemplo es el grupo Sepi, que concentra las participaciones accionariales del Estado en distintas empresas públicas. Sólo en el último año se han producido un total de 14 cambios, por lo que los altos cargos supervivientes de la era Rajoy pueden contarse casi con los dedos de una mano.

Las salidas en la Sepi comenzaron por su presidenta, Pilar Platero, y se extendieron luego a la cúpula de compañías como Navantia, Correos, RTVE, Efe o, entre otros, el Hipódromo de la Zarzuela. Entre los nombramientos se encontraron por ejemplo el de Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, al frente del grupo de paquetería. Los cambios también alcanzaron a la cotizada Red Eléctrica -donde la Sepi ostenta una participación del 20%- con la llegada a la presidencia de Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas y ex asesor económico socialista.

Lo mismo ha sucedido con otras empresas públicas fuera del perímetro de la Sepi, como por ejemplo Paradores del Estado, la sociedad estatal de infraestructuras y equipamientos penitenciarios (Siepse), el grupo de navegación aérea Senasa, el de innovación Enisa, Loterías y Apuestas del Estado, la aseguradora Cesce o el gigante aeroportuario Aena. En todos ellos se han producido cambios en la presidencia durante el último año para dar paso al ex secretario de organización socialista Óscar López en el grupo hotelero, a la ex diputada Mercedes Gallizo en el penitenciario, al ex concejal en Segovia José Antonio Bayón en la empresa de innovación o al ex diputado autonómico catalán Maurici Lucena en Aena.

Por volumen, el mayor número de cambios se ha producido en el perímetro del Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige Josep Borrell. En total la cifra de movimientos ha ascendido a más de medio centenar entre embajadores -muchos de los cuales su movimiento ya estaba previsto antes del cambio de Gobierno-, y otros cargos de responsabilidad en la oficina diplomática. El propio ministro defendió en un artículo en Abc que se había limitado a nombrar únicamente a tres embajadores políticos que no pertenecen a la carrera diplomática. Se trata de Juan Andrés Perelló Rodríguez, secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, como embajador permanente ante la Unesco; al ex secretario de Economía y Empleo socialista y ex diputado Manuel Escudero ante la OCDE; y el presidente del PSC y ex alcalde de Lérida Ángel Ros en Andorra. Borrell añadía en su escrito que había buscado acomodo a varios altos cargos de Exteriores en el Gobierno popular y que incluso mantenía en puestos diplomáticos a figuras tan vinculadas a Rajoy como Jorge Moragas, que en sólo un año ha pasado de ser embajador ante la ONU a serlo en Filipinas.

Los cambios también se han extendido a consorcios públicos adscritos como la Casa África, donde el pasado mes de marzo fue nombrado presidente el ex diputado socialista José Segura Clavell tras retirarse de la actividad parlamentaria. En este caso la designación se conoció dos semanas después de que el propio Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril.

Otros organismos o entidades públicas copadas por el nuevo Ejecutivo han sido el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido ahora por el secretario de Estudios del PSOE José Félix Tezanos; la sociedad estatal de infraestructuras agrarias, ocupada por el ex consejero de Castilla-La ManchaAlejandro Alonso; y la presidencia de la empresa nacional de residuos nucleares (Enresa) corresponde ahora al ex consejero extremeño José Luis Navarro Ribera.

Ocupar el poder más que ejercerlo
Editorial El Mundo 3 Septiembre 2019

La moción de censura no sirvió para abrir un periodo de estabilidad en España, pero sirvió para desatar una grosera colonización de lo público por parte de la militancia socialista. Bajo la doble consigna de no dejar supervivientes de la era Rajoy y de asegurarse la paz orgánica del partido, Pedro Sánchez ha relevado hasta a 330 cargos de la Administración, principalmente para colocar afines en su lugar. Se aducirá que lo mismo ha hecho el PP cuando ha accedido al poder, pero nunca se había consumado un desembarco en las instituciones tan descarado y en tan poco tiempo, y eso sin siquiera ofrecer a cambio al país un rumbo político viable y unos Presupuestos propios. Los 330 relevos equivalen ya casi a la mitad de los 684 puestos que componen la lista de altos cargos de la Administración que elabora el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, es decir, 13 más que con el anterior equipo de Gobierno.

La carrera por colonizar todos los ámbitos del Estado comenzó, tras el propio presidente, por su Consejo de ministros, que Sánchez amplió a 17 carteras. A partir de ahí, la cascada de sustituciones y colocaciones se ha extendido por secretarías de Estado, gabinetes ministeriales, subsecretarías, direcciones generales, delegaciones de Gobierno, embajadas, Ejército, aparato judicial y empresas y organismos públicos. De todos los cambios, solo siete han producido por jubilación. La mayoría de todos los demás hay que atribuirlos al puro criterio partidista. Y no se han producido más porque un Gobierno en funciones no tiene competencias para hacer nombramientos, muchos de los cuales estarán aplazados hasta el éxito de la investidura. A falta de proyecto para España, el sanchismo exhibe así su propia interpretación del asalto a los cielos, prosaicamente reducida al asalto a una nómina pública. El caso de José Félix Tezanos acaso represente el paradigma de este impúdico proceder por el cual un miembro histórico de la Ejecutiva socialista es aupado a la presidencia del CIS para orientar desde ella a la opinión pública en favor del partido de su vida con el dinero de todos los españoles.

Hace días informábamos del aumento de consejerías en que se han traducido los pactos para las coaliciones autonómicas. Conviene advertir contra los efectos perniciosos no tanto del multipartidismo como del olvido de la necesaria austeridad que hasta hace poco regía en la conformación de gobiernos a causa de la crisis. Los españoles no entienden que sus impuestos financien el botín de políticos incapaces de hacer su trabajo y desatascar las situaciones de bloqueo, empezando por la investidura. Tampoco entienden que tengan que pagar otra costosa campaña electoral porque Sánchez desee mejorar resultados en vez de buscar acuerdos. Y de esa frustración a la indignación antisistema que es el fermento de la antipolítica no hay más que un paso, como se está viendo en Italia.

Agosto destruye 212.984 empleos
La vergüenza del final del verano: 120.000 despidos en un solo día y la mayor caída de empleo desde 2008
MARCOS IRIARTE El Mundo 3 Septiembre 2019

El mercado laboral siempre enseña una de sus peores caras en el último día de agosto. La foto de salidas masivas de afiliados de la Seguridad Social, que certifica el final de la temporada de verano. Este año no ha sido diferente, 120.360 españoles perdieron su puesto de trabajo en una jornada negra para el empleo: hace sólo cuatro días, el 30 de agosto. A esto falta por sumar el dato del 31 de agosto, que este año ha caído en sábado y no se refleja en la tabla publicada hoy por el Ministerio de Trabajo.

Sea como sea, agosto ha cerrado con una caída importante del número de afiliados a la Seguridad Social: con un descenso de 212.984 afiliados, un 1,09% menos. La caída ha sido más pronunciada que el año anterior. Y que el anterior. En concreto, es la mayor desde 2008, en pleno estallido de la crisis económica.

Como suele ser habitual cada verano, los contratos de temporada que se hacen en Sanidad han reducido el impacto de la destrucción en el resto de sectores. Así, la afiliación creció en términos absolutos en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (22.124); mientras que disminuyó en Educación (-59.630), Construcción (-27.464), Industria Manufacturera (-22.760), Actividades Artísticas y de Entretenimiento (-16.063), Actividades Administrativas (-14.224), Actividades Científicas (-12.180), Comercio (-12.062) y Administración Pública (-10.668).

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.261.552 personas, tras descender en 17.282 (-0,53%) en el último mes.

La afiliación desciende en prácticamente todas las autonomías. Los mayores descensos se producen en la Región de Murcia (-2,61%), la Comunidad Valenciana (-1,94%) y Cataluña (-1,85%). Sólo han crecido en Asturias, con 1.679 afiliados más (0,45%) y Cantabria, donde se sumaron 999 ocupados (0,44%). Canarias se mantuvo sin variación.

La mayor subida del paro desde 2010
También el paro refleja una triste foto en verano. El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha subido en 54.371 personas en relación con el mes anterior. El año pasado el paro había aumentado en ese mismo mes en 47.047 personas. El de este agosto ha sido el peor repunte desde 2010.

En términos interanuales se ha reducido en 116.264 personas respecto al mismo mes del año anterior, lo que sitúa su nivel de bajada interanual en el -3,65%. Así, la cifra total de parados registrados es de 3.065.804, su nivel más bajo en un mes de agosto de los últimos 10 años.

Más parados hombres
Por sexos, el desempleo masculino aumentó en 31.051 personas hasta situarse en 1,25 millones, mientras que el femenino lo hizo en 23.320 para alcanzar la cifra de 1,82 millones.

El paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó en 6.182 personas (un 2,82%), mientras que entre quienes superaban esa edad lo hizo en 48.189 personas (un 1,73%).
Servicios, construcción e industria, suben

En agosto aumentó el paro en los servicios (45.707), la construcción (11.365) y la industria (7.756), mientras que descendió en la agricultura (en 6.655 personas) y en el colectivo sin empleo anterior (en 3.802). Que el mayor aumento haya tenido lugar en los servicios se explica también por el final de la temporada veraniega, cuando se despide al personal que se había contratado específicamente para las semanas de temporada alta.

Por comunidades, todas han visto crecer en agosto su número de parados. Todas, menos una: Castilla y León donde el número de desempleados se ha reducido en seis personas.

Los mayores aumentos en el paro se han producido en comunidades con gran exposición turística: Comunidad Valenciana (en 13.093 personas) y Cataluña (12.588).

Casado: el empleo se destruye con la izquierda
Las reacciones al mal dato de empleo en agosto no se han hecho esperar. El líder del PP, Pablo Casado, considera, en relación a los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo que constatan una subida del paro en agosto de 54.371 personas, que "cuando la izquierda gobierna el empleo se destruye".

En un mensaje en Twitter recogido por la agencia Efe, Casado afirma que "el PSOE conduce a España a más paro" y el incremento de agosto es "la mayor subida en este mes desde 2010".

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de la Unión General de Trabajadores (UGT), Mari Carmen Barrera, exigió este martes al Gobierno "derogar" unas reformas laborales que a su juicio amparan los datos de paro publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y que arrojan el mayor aumento de desempleo en un mes de agosto desde el año 2010.

"El paro ha subido todos los meses de agosto desde el 2001, en una media de 39.639 personas y la afiliación a la Seguridad Social ha caído en una media de 145.834 afiliados. Además, en los últimos tres años el día 31 de agosto ha sido un día negro para el empleo, ya que solo en ese día se han destruido una media de 300.000 empleos", denunció la responsable del sindicato.

Barcelona cosecha lo que ha sembrado su alcaldesa antisistema
EDITORIAL  Libertad Digital 3 Septiembre 2019

Barcelona sufre una grave crisis de inseguridad. Según el Ministerio del Interior, en la Ciudad Condal los robos con violencia aumentaron un 27% en los últimos dos años, y en lo que va de 2019 se ha registrado otra subida del 30%. En cuanto a los asesinatos, son ya 13 en 2019, tres más de los registrados en todo 2018.

Pues bien, ante este tétrico panorama, la descalificable alcaldesa Ada Colau ha reaccionado negando lo clamorosamente innegable y, cuando ya no le quedaba más remedio que dejar de fingir, señalar con tanta desfachatez como cobardía a la Generalidad y… a la derecha y a los medios de comunicación.

Pocas horas después de su indecente maniobra de evasión, uno de esos medios de comunicación vilipendiados por la alcaldesa que ya no farda de antisistema sufría directamente las consecuencias de la crisis de inseguridad que padece la capital catalana. A plena luz del día, mientras preparaba para una transmisión en directo sobre la cuestión, un equipo de Antena 3 fue asaltado por unos delincuentes. Increíble, muy propio de una película de humor pésima, pero cierto.

Lo que ocurre en Barcelona no deja de ser consecuencia de tener un equipo de Gobierno tan incompetente como marinado en ideología de extrema izquierda antisistema.

Colau es tremendamente responsable de lo que sucede. Está cosechando lo que ha sembrado durante tanto tiempo con su demagogia de la peor ralea, con sus críticas acerbas a las fuerzas del orden y su apoyo tácito y tantas veces explícito a elementos y movimientos antisistema adictos al cuanto peor, mejor. La Policía, desmoralizada; los delincuentes, envalentonados; los turistas, sintiéndose rechazados en una ciudad con una imagen internacional extraordinaria hasta hace sólo unos años; y los barceloneses, aturdidos, atemorizados y comidos por la impotencia. Así están las cosas en la Barcelona de Ada Colau, a la que la izquierda encumbró como gran referente de los denominados Ayuntamientos del Cambio junto a la felizmente defenestrada Manuela Carmena, el peor alcalde que haya tenido Madrid desde la instauración de la democracia.

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La formación de Gobierno en España
Sánchez cumple 15 meses en campaña electoral con propaganda pagada por el Estado

Agustín de Grado okdiario 3 Septiembre 2019

Quince meses en campaña pagada por todos los españoles para intentar alcanzar una Presidencia legitimada en las urnas y no en una moción de censura con la ultraizquierda, los separatistas y los proetarras como socios. Este es el tiempo que ya ha cumplido Pedro Sánchez en La Moncloa sin alcanzar su objetivo, al que ha dedicado todos los recursos del Estado a su alcance.

El líder del PSOE se convirtió en presidente del Gobierno el 1 de junio de 2018. Se cumplen, pues, 15 meses sin que Sánchez haya conseguido validar el cargo en las urnas. Los primeros nueve meses los ejerció como presidente investido por Podemos, PNV, ERC, PDeCAT y Bildu. Cuando el independentismo hizo inviable sus primeros presupuestos, Sánchez convocó elecciones y desde el 28 de abril gobierna en funciones: 127 días este lunes, superando así los 125 que estuvo Rajoy hasta que el PSOE, una vez derrocado Sánchez por el comité federal, decidió desbloquear la investidura del candidato del PP.

Sánchez sumará más de 200 días como presidente en funciones si, como parece, España vuelve a las urnas el próximo 10 de noviembre. Ese, y no otro, es el objetivo del dirigente socialista… salvo que Pablo Iglesias decida a última hora retirar su exigencia de un Gobierno de coalición con dirigentes de Podemos en el Consejo de Ministros para no pasar a la historia como el hombre que tumbó tres veces un Gobierno de izquierdas.

Quince meses como presidente, de los cuales diez fueron sin la celebración previa de unas elecciones y más de cuatro en funciones, han propiciado al líder del PSOE una plataforma que ni un solo día ha dejado de utilizar con fines electorales.

Si ya desde la confección del Gabinete, Sánchez y el PSOE se sirvieron del Gobierno como catapulta electoral, desde que anunció la cita del 28-A hasta que entró en funciones, el Ejecutivo socialista se desvivió por aprobar mediante decreto medidas -los famosos, y polémicos ‘viernes sociales’- que le costarán a España, según las memorias económicas de cada proyecto, alrededor de 2.770 millones de euros en 2019, más del doble de lo previsto.

Sin capacidad ejecutiva desde el 28 de abril, Pedro Sánchez ya no puede hacer campaña con el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero no por ello deja de utilizar su figura institucional para buscar réditos electorales, ya sea la cumbre del G7, la crisis generada por el Open Arms, los incendios en Canarias… o en la Amazonia.

Sin control político
Y todo ello sin el coste del control parlamentario, pues la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene de facto cerrado el Congreso. Maniobra que los socialistas criticaron a Rajoy y que el Tribunal Constitucional echó por tierra al declarar que un Gobierno en funciones debe seguir rindiendo cuentas ante el Parlamento aunque carezca de capacidad ejecutiva.

Así las cosas, cuando el riesgo de le repetición electoral se acerca, Sánchez ni negocia ni gobierna, sólo interpreta el escenario. Es el sanchismo, definido por el exdiputado socialista Jesús Cuadrado como "un negocio electoral que utiliza un imaginario nostálgico de la izquierda como mercancía y trata a los electores como vegetales".

Las decenas de reuniones que Pedro Sánchez está celebrando con los denominados ‘colectivos sociales’ son una prueba más de ello. Se cita con los afines, elude a los más críticos y regala los oídos con la vista puesta en el 10-N ("Si no lo puedo hacer ahora será un compromiso electoral"), todo para arrinconar a Podemos y dejarle sin relato ante la posibilidad de que no fragüe el Gobierno monocolor de izquierdas que él debe presidir.

La "perfomance" de Alsásua
Ernesto Ladrón de Guevara latribunadelpaisvasco 3 Septiembre 2019

El acto de Alsásua, que abunda en la idea de echar a los guardias civiles como sea -por algo será-, protagonizado por la pandilla de totalitarios que se ha hecho dueña de esos pueblos del poniente del viejo reino navarro, responde a unos parámetros ya vistos. Los “camisas pardas”, veteranos en estas lides, se reúnen, hacen un teatrillo representando lo malas que son las “fuerzas de ocupación”, y reproducen el consabido circo, llamando facha a todo hijo de vecino, salvo a ellos, claro. No se han mirado al espejo.

Uno, que se aproxima a la setentena, ha conocido al paisanaje de ese pueblo, pues el sitio donde nació no dista más de ocho o diez kilómetros de este antro que hace irreconocible a este cruce de caminos que fue.

No es de extrañar. Es más frecuente de lo que parece que hijos de antiguos falangistas -o de requetés, ¡qué más da! - abracen ahora causas que estarán revolviendo en sus tumbas a quienes eran carne de su carne.

Imagínense ustedes por un momento que quienes no solamente no ponemos en cuestión la pertenencia de las provincias vascongadas a España y que diferenciamos las tierras vasconizadas del reino donde se situó, en tiempos de Sancho III el Mayor, una de las mejores expresiones de la España cristiana en la Reconquista, montáramos una parodia con un recochineo que ridiculizara las posturas nacionalistas; exhibiendo algo así como el “Celtiberia Show” en versión eusquérica. Seguro que aún estaríamos recogiendo los dientes por el suelo.

Y, sin embargo, esos niñatos maleducados se permiten ofender a una de las instituciones del Estado más dignas -la Guardia Civil- y faltar al respeto a quienes nos sentimos españoles; con el beneplácito de la presidente de Navarra que ha legitimado a la basura separatista del amonal. Aunque igual, por su edad, confunde el nombre del explosivo con una reunión de abuelas.

Estos que montan, como era de prever, una afrenta al Instituto armado y que presionan para que se desmonte el cuartelillo de la localidad, actúan con impunidad. Por cierto, parece ser que se pretende dejar en su mínima expresión el contingente de servidores del Estado en el País Vasco, y camino de ello lleva Navarra.

La Audiencia Nacional no tiene la culpa de ello. Es un órgano jurisdiccional cuya función es juzgar, no actuar como mamporreros del Gobierno.

La omisión del deber, una vez más, es del Gobierno, que no vela por proteger la dignidad de los españoles que viven en Alsasua y que está literalmente acojonado por esta maa camorrista que tomó el pueblo como si fuera su propiedad.

La responsabilidad del Gobierno de la nación, o si lo preeren del Gobierno de España, es asegurar que no se atente contra la dignidad de las instituciones del Estado, y que no se impida por coacciones o violencia el derecho de los ciudadanos navarros a exhibir la bandera de su nación, porque es el símbolo de su patria, sin ser ridiculizados. Y, sobre todo, porque ejercen su libertad y deenden a su patria. Y proteger el derecho a transitar por ese pueblo sin que por expresar una forma de interpretar la realidad contraria al separatismo se le parta la cara, es un deber constitucional. Y cualquier español, sea vasco o de Jerez de la Frontera, tiene el reconocimiento constitucional del derecho a residir, o a moverse con entera libertad, sin cortapisas, por todo el territorio nacional; o si ustedes lo preeren por cualquier rincón, por remoto que sea, de la Unión Europea. Y nadie, por muy cafre que sea, tiene el privilegio de conculcar ese marco de libertades, porque para eso existen las instituciones y el ejercicio de la legítima violencia para protegerlo.

Evidentemente ya se han cuidado los cafres (lo digo por segunda vez, o si lo preeren más veces) de no hacer apología del terrorismo, pues la Audiencia Nacional invocó la obligación de las instituciones representativas del Estado a atajar cualquier hecho con causa penal.

Pero eso no basta. El Estado está para ejercer sus funciones constitucionales, y por mucho interés que tenga Sánchez de asegurarse el apoyo de Bildu, del PNV o del que pase por allí, su obligación es cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho; y para eso ejerce el mando legítimo de los instrumentos del orden y de la policía. Y tiene el deber de reclamar y exigir las atribuciones constitucionales de cualquier ciudadano español, incluidas las de aquellos que trabajan por subvertir el marco constitucional y conspirar contra un sistema jurídico que solo se aplica a los buenos ciudadanos, puesto que, los que no lo son, se pasan las leyes por donde termina la espalda.

Hasta que a Arrimadas se la coman los gusanos
Alejandro Tercero Cronica Global 3 Septiembre 2019

A algunos constitucionalistas les ha indignado y sorprendido que este fin de semana en las fiestas de Vilafranca del Penedès hayan invitado a Inés Arrimadas a quedarse en Madrid “hasta que se la coman los gusanos”.

Al parecer, pensaban que, tras el fracaso del procés, los independentistas se mostrarían más razonables y ofrecerían un rostro más amable, más pragmático, más posibilista... pero va a ser que no.

El secesionismo catalán es, sobre todo, nacionalista. Y algunos parecen haberlo olvidado. De hecho, ese es el principal problema del independentismo catalán: son nacionalistas y les mueve el odio al disidente. Un odio que se traduce en acciones como inundar el espacio público con todo tipo de simbología indepe; poner las administraciones públicas al servicio de su proyecto uniformizador; incumplir las leyes que no les gustan apelando a “la voluntad del pueblo”; mantener la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán; desinfectar (literalmente) calles en las que los partidos constitucionalistas realizan actos políticos; discriminar, insultar y silenciar a los que no piensan como ellos y se atreven a decirlo en público...

Ahora amenazan con la “confrontación” con el Estado --“confrontación y diálogo”, se atreve a ampliar ERC para demostrar su “pragmatismo” (sic)--; con retomar la “unilateralidad” y la “desobediencia”; con volver a intentar la investidura del expresident fugado y con montar un “tsunami democrático” como respuesta a la sentencia del juicio del procés --que nadie sabe muy bien lo que es, pero que no suena excesivamente edificante--.

A pesar de que los nacionalistas acumulan revés tras revés en el plano internacional --el presidente de la Asamblea Nacional francesa acaba de mostrar su apoyo a la integridad territorial de España tras el manifiesto de medio centenar de diputados galos contra la prisión preventiva de los cabecillas del 1-O--, estos continuarán adelante con su programa de desestabilización del país y de acoso a los catalanes constitucionalistas.

Los apoyos de Sánchez insultan a la Guardia Civil
Cayetano González  Libertad Digital 3 Septiembre 2019

¡Ya está bien de tanta falsedad por parte de los socialistas!

El pasado sábado, Alsasua volvió a celebrar un año más el Ospa Eguna (Día del Adiós o de la Expulsión), una supuesta fiesta llena de insultos y de mofas dirigidos a los efectivos de la Guardia Civil que hay en ese pueblo navarro, el mismo donde sólo hace tres años dos guardias civiles que estaban cenando con sus parejas en un bar recibieron una brutal paliza a manos de ocho vecinos, que han sido condenados a trece años de cárcel por la Audiencia Nacional.

No tengo ninguna duda de que la inmensa mayoría de los españoles valoran muy positivamente y con mucho agradecimiento la labor sacrificada, abnegada y eficaz que durante tantos años el Instituto Armado ha desarrollado en la lucha contra el terrorismo de ETA, que tuvo en Navarra uno de sus principales campos de acción, al punto de que mató allí a 42 personas. Hay que recordar también que han sido 209 los guardias civiles asesinados por ETA a lo largo de su macabra trayectoria criminal. A este respecto, recomiendo la lectura del libro Sangre, sudor y paz, escrito por Lorenzo Silva, Manuel Sánchez y Gonzalo Araluce, donde se relata con todo lujo de detalles la labor de la Guardia Civil en la lucha contra la banda terrorista.

Pero hay una parte de la sociedad vasca y también de la navarra que está profundamente enferma; de una enfermedad inoculada durante muchos años por los efectos perversos del terrorismo etarra y que tiene en el odio a España y a todo lo que represente a la nación española uno de sus principales síntomas. Y, claro, la Guardia Civil ocupa uno de los lugares más destacados en esa representación y defensa de España.

Que en un municipio de unos 7.500 habitantes unos 1.000 salgan a la calle para insultar e injuriar a unos servidores públicos que lo único que hacen es velar por la seguridad y la libertad de todos es una muestra evidente de esa enfermedad, que durante este verano ha tenido otras manifestaciones vergonzosas e indignas, como el recibimiento que se hizo en Oñate (Guipúzcoa) a uno de los torturadores-secuestradores de José Antonio Ortega Lara tras salir de la cárcel.

Es muy preocupante que el Estado de Derecho no sea capaz o no tenga la voluntad de impedir estos homenajes a etarras, estos actos insultantes a una institución como la Guardia Civil; conviene subrayar que esos jóvenes y no tan jóvenes que se lo pasaron tan bien el sábado en Alsasua mofándose de la Benemérita forman parte de ese conglomerado abertzale en el que se ha apoyado Pedro Sánchez para hacer a María Chivite presidenta de Navarra, en detrimento de los partidos constitucionalistas agrupados en torno a Navarra Suma, que no sólo ganaron las elecciones forales, sino que lo hicieron con una enorme diferencia respecto al segundo partido, el PSN.

No hay que cansarse de insistir en este extremo: el Pedro Sánchez que se ha pasado todo el verano pidiendo al PP y a Ciudadanos que piensen en España y faciliten su investidura para no tener que depender de los partidos independentistas es el mismo que para gobernar en Navarra no dudó ni un instante en apoyarse en la marca local del PNV (Geroa Bai) y en la necesaria abstención de Bildu.

Resulta irritante y farisaico que ahora el PSN se avenga a condenar en el Parlamento de Navarra lo sucedido en Alsasua. ¡Ya está bien de tanta falsedad, de tanta mentira, de tanta falta de principios por parte de los socialistas! Ni España ni Navarra se merecen un PSOE y un PSN capaces de ese doble juego. ¿A quién pretenden engañar? Traspasaron la línea roja de apoyarse en los amigos de ETA para gobernar, y ahora se empiezan a ver las consecuencias. Lo de Alsasua es sólo un capítulo. Ya lo dijo Otegui: "Nos conviene que gobierne Sánchez".

¿Por qué tengo yo que respetar a todos los jueces?
Carlos Dávila okdiario 3 Septiembre 2019

¿Por qué tengo yo que callarme y acatar sumisamente que el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional haya dejado que una caterva de acémilas haya vapuleado colectivamente a la Guardia Civil? Alsasua, un zulo de proetarras –donde no se conoce otra cosa buena que el nacimiento de una gloriosa dinastía de cocineros, los Oyarbide– es un poblado de ‘Far West’ brutal.

Allí, no sólo se acepta que una cuadrilla de borrachos proetarras pateen a unos cuantos y festivos números de la Benemérita, sino que, además, se jalea la agresión, se constituye una asociación, probablemente ya engrasada por el indigno Gobierno filoterrorista de María Chivite, es recibido este grupo de forajidos con todos los honores en la antigua, y muy añorada, Diputación Foral, y para colmo recibe el visto bueno de este magistrado Moreno para que el grupo insurgente celebre una sarao en el que ya directamente, después de a ver machacado a la Guardia Civil se exige a las autoridades pertinentes el “Osga Eguna”, expulse sin miramientos al destacamento de la Policía que aún permanece en aquel pueblo.

Algo que puede suceder más pronto que tarde, dado que quiénes forman el grupo de gobernantes que se han alzado con el poder en el Viejo Reino, y qué presidente y qué ministro del Interior, todavía están en el machito español. En cuanto a Pedro Sánchez, ¡qué decir!, ha vendido la dignidad de su partido y se ha convertido en cómplice directo de toda fechoría –la citada incluida– que en adelante puede efectuar su congénere Chivite y la pandilla de filoetarras que le acompañan en la toma de Navarra.

Es de suponer que a estas horas la Guardia Civil, sus profesionales de todo rango, ya sepan que se avecina para ellos: la salida vergonzante de Alsasua programada y realizada en directo por otro juez, Marlaska, que un día fue un bastión contra el terrorismo, y que, ahora, es conmilitón desde el Gobierno de Bildu, la sociedad de mangantes heredera de la peor ETA. ¡Qué desvergüenza!
 


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