AGLI Recortes de Prensa   Jueves 5  Septiembre 2019

La inutilidad del voto útil
Carlos Esteban eltorotv.com 5 Septiembre 2019

Decía Chesterton que la gente convencionalmente pragmática está bien para la situaciones normales, para lo rutinario, para cuando todo funciona como debe, pero que las grandes crisis y las situaciones de urgencia necesitan al hombre poco práctico.

He tenido ocasión de recordar esta paradoja a menudo en los últimos meses, a vueltas con el celebérrimo voto útil, la ‘unión de las derechas’ y todo eso. Porque, en efecto, el voto útil es la cosa más inútil que existe. O peor que inútil, porque acaba provocando a medio plazo el resultado contrario al deseado por el votante.

Pensemos en un típico votante de derechas. Incluso de centro derecha. Ha contemplado estupefacto a lo largo de varias legislaturas cómo el partido al que siempre ha votado, el PP, abraza con creciente entusiasmo, una por una, todas las enloquecidas medidas de ingeniería social aprobadas por el PSOE, las mismas por cuya derogación vota nuestro hombre a los ‘populares’, vaciándose así el partido cada vez más de cualquier principio.

Aparece Vox, y nuestro hombre no puede negar, retóricas aparte, que lo que el nuevo partido defiende se parece mucho más a lo que él mismo quiere que lo que apoya el PP, no digamos Ciudadanos. Pero, llegado el momento de la verdad, aparece fortísima la tentación del ‘voto útil’. Surge, como un instinto indomable, la familiar identificación del ‘verdadero enemigo’ en una siglas, como surge la esperanza, que la experiencia no acaba de matar, de que “esta vez sí que sí”, que ahora los míos de siempre, por obra de magia, abandonarán su nihilismo suicida y volverán a sus raíces.

Después de todo, es imposible que Vox vaya a gobernar, e incluso si sirve para dar votos a una coalición de derechas, ¿para qué “tirar el voto”, dividirlo, en lugar de decantarse por el que tiene más posibilidades de encabezar esa hipotética coalición?

¿En qué sentido es desastroso para este hipotético votante el pretendido ‘voto útil’? El primero y principal es que eso que tanto lamenta y tanto le exaspera, la conversión del PP en el mono del PSOE, en su imitador servil, en su copia desleída, tiene un responsable principal, y es precisamente ese voto útil. Si el PP recoge todos los disparates del PSOE y no pierde votos, carece de incentivos para actuar de otra manera. No hay castigo, y, por tanto, no hay corrección.

Es decir, lo que el protagonista de nuestro cuento más aborrece lo ha provocado él mismo con su ‘voto útil’, que no solo resulta inútil, sino directamente nocivo. Pero hay una segunda razón para considerar peor que inútil este voto que se tapa la nariz. Y es que el votante se ciega al pensar en la victoria de un partido, en lugar de pensar en la victoria de unas ideas, que es lo importante.

El problema de nuestras democracias no es que gane el partido de izquierdas; es que TODO EL ESPECTRO avanza irremisiblemente hacia la izquierda. Eso es lo que hace inmensamente útil cualquier partido que resista a esta deriva, aunque no tenga a corto plazo perspectivas de ganar unas elecciones.

Ayer vimos este principio en acción. Todos los partidos del espectro, todos, pese a sus dejes de feminismo agresivo y chillón, estaban más que dispuestos a recibir a la delegación de un país que iba a negar el saludo a las diputadas por el hecho de ser mujeres. Meritxell Batet, la presidenta socialista del Congreso, había pedido a las diputadas no tocar ni mirar de cerca a los hombres. La disonancia es absoluta, pero si todos lo hacen apenas se advierte. Pero en cuanto Vox ha renunciado públicamente a someterse ovejunamente al humillante homenaje, todos los demás se han visto obligados a imitarle.

Es un pequeño botón de muestra, pero significativo. Del futuro nadie sabe, y lo grande fue pequeño alguna vez, pero en el presente, hoy mismo, tener en el Parlamento diputados capaces de gritar un día tras otro que el emperador está desnudo, repetir desde la tribuna lo que puede escucharse en tantos hogares, en tantos bares y lugares de trabajo, es mil veces más útil para el regreso de España a una cierta sensatez social y política que varias mayoría absolutas seguidas del PP.

370 medidas para echarse a temblar
EDITORIAL  Libertad Digital 5 Septiembre 2019

Ese programa netamente intervencionista debería servir para que el electorado liberal-conservador fuera perfectamente consciente de lo mucho que se juega si finalmente toca ir a las urnas en el mes de noviembre.

Buena prueba de que Pedro Sánchez está ya pensando en una nueva cita electoral son las 370 medidas para un "programa común progresista" que presentó recientemente en un acto público de marcado carácter electoralista.

A escasos veinte días de que se disuelvan las Cortes, Sánchez ha dado a conocer un documento en el que conviven apelaciones sin la menor concreción práctica con otras iniciativas de profundo calado, sobre todo en el terreno económico, que pondrían bajo seria amenaza el futuro de la economía.

Junto a este batiburrillo de propuestas disparatadas, Sánchez se ha sacado de la manga un rechazo a un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Ahora bien, ese supuesto desplante a los partidos secesionistas, con los que se conchabó para llegar al poder, no es más que otro fuego de artificio en este burdo montaje. Buena prueba de ello es la reacción de la rufianesca ERC, que ha asegurado que Sánchez contará con sus votos si finalmente se presenta a una nueva investidura.

Esta farsa tiene su colofón en la humillante oferta a Pablo Iglesias, para que venda sus votos a cambio de enchufar a sus allegados en cargos con "altas responsabilidades"... pero bien lejos del Consejo de Ministros. Con esa añagaza, Sánchez cubre sus espaldas ante el votante de izquierdas para poder culpar al potentado comunista del fracaso de una investidura que él mismo ha dinamitado.

Más allá de cuál sea la respuesta de Iglesias a este nuevo intento del líder socialista de laminarlo, lo cierto es que las 370 medidas anunciadas por Sánchez supondrían un aumento descomunal del gasto público y unas subidas de impuestos tremendas, precisamente lo que menos necesita una España que empieza a mostrar signos alarmantes de un fuerte deterioro económico. Ese programa netamente intervencionista debería servir para que el electorado liberal-conservador fuera perfectamente consciente de lo mucho que se juega si finalmente toca ir a las urnas en el mes de noviembre.

ERE: ¿para cuándo la sentencia?
 La Razon 5 Septiembre 2019

Hoy se cumplen 8 meses y 19 días desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dejó visto para sentencia la primera causa juzgada de los ERE, –la que sentó en el banquillo de los acusados a dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán; seis ex consejeros del mismo Gobierno autónomo andaluz y otros 13 ex altos cargos– sin que los magistrados actuantes hayan hecho pública su resolución, y sin que hayan dictado auto alguno que solicite y justifique una prórroga en la elaboración de la sentencia.

Aunque se trata de una causa compleja, no lo es más, por el número de enjuiciados y por el volumen de actuaciones, que otras, como la Gürtel o el caso Noos, cuyas respectivas sentencias fueron resueltas en 6 y 8 meses, respectivamente, con la particularidad de que los jueces de Noos sí solicitaron el correspondiente auto de prórroga. O dicho de otra forma: mientras los jueces del TSJA deliberaban sobre la culpabilidad o inocencia de dos figuras capitales en el socialismo andaluz, y no solo, se han celebrado unas elecciones autonómicas en Andalucía, unas elecciones generales, y unas municipales y europeas. Y, si bien es un dicho común, cada vez más inexacto, que los tiempos de la Justicia no son los de la política, cabría preguntarse si, como en el caso de otros procesos que afectaban a partidos rivales del PSOE, como el PP o la vieja CDC, los electores no hubieran debido acercarse a las urnas con las dudas despejadas sobre uno de los asuntos de presunta corrupción más graves de la historia reciente de España.

Porque no solo hablamos de una trama, siempre presuntamente, organizada desde los propios organismos de la Junta de Andalucía que supuso el desvío, con intenciones clientelares, de 741 millones de euros que debían ser destinados a apoyar a empresas en dificultades, pero que, al final, se convirtieron en un factor que fomentaba el cierre de las industrias y abrigó todo tipo de corruptelas, sino de un caso judicial que tiene aún abiertas otras 146 piezas, muchas de ellas siguiendo un camino tortuoso, con enfrentamientos y cruces de acusaciones de pasividad entre la Fiscalía y una magistrada instructora, que el martes mismo ha vuelto a solicitar una baja laboral por razones de salud.

Por supuesto, en ningún caso tratamos de atribuir intención espuria a los magistrados, pero sí advertir de la perplejidad, cuando no desconfianza, que se está instalando en el ciudadano del común sobre la objetividad de nuestro sistema judicial. Y, si bien, las terminales del separatismo catalán llevan actuando en este sentido desde hace tiempo, otros casos, como el del magistrado José Ricardo de Prada, que fue propuesto como vocal del CGPJ por el PSOE tras su decisión de condenar al PP como «partícipe a título lucrativo», es decir, sin dolo, lo que abrió paso a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, no ayudan, precisamente, a generar el necesario consenso en la imparcialidad de los tribunales.

Pero es que, además, mientras se alargan los plazos en procesos de alta sensibilidad social y política, con procedimientos que pueden abarcar décadas de actuaciones –el caso de los ERE enjuicia actos cometidos entre 2001 y 2010–, los encausados, sobre quienes debería pesar la presunción de inocencia, se ven sometidos a juicios paralelos mediáticos, cuyos perjuicios son de muy difícil corrección. Tal vez, ese «tempo judicial» podía tener sentido en época pretérita, cuando no existían las redes sociales y los partidos políticos no dirimían sus querellas en los tribunales, como ahora, amparados en la figura de la «acusación popular». Pero en el mundo de internet conviene al interés público que los procedimientos judiciales, incluidas las sentencias, sean mucha más ágiles.

La Junta ‘rescata’ a los andaluces lastrados por la inmersión en Cataluña y pagará clases de español
Redacción eltorotv.com 5 Septiembre 2019

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía va a incluir una línea de subvenciones para actividades y programas destinados a «evitar un abandono paulatino de las raíces culturales entre los descendientes de andaluces en el exterior afectados por procesos de inmersión lingüística«, por ejemplo en Cataluña o en la Comunidad Valenciana.

Según el acuerdo del Consejo de Gobierno de este martes, la Consejería «iniciará las actuaciones necesarias para modificar durante este ejercicio las bases reguladoras de las subvenciones a comunidades andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, orientación a la población andaluza en el exterior y mantenimiento de dichas entidades».

El portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), ha explicado que el objetivo de este programa es que «ningún andaluz pueda verse afectado porque el Gobierno que sea decida que hay inmersión lingüística y pueda mantener así sus raíces». La medida es uno de compromisos adquiridos con VOX por el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en la Junta a cambio de apoyar los Presupuestos.

Desde la Junta han detallado que, actualmente, existen cuatro líneas de subvenciones para comunidades andaluzas en el exterior reguladas por la Orden de 9 de mayo de 2018, entre las que no se incluye la iniciativa a la que ahora se prestará «especial atención».

Las comunidades andaluzas constituyen, según sostiene la Junta, «una extensa red que ha contribuido a un fuerte desarrollo de la identidad regional y a la consolidación de un importante fenómeno». La Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo, establece medidas de apoyo y fomento a las comunidades andaluzas mediante subvenciones que la Junta pueda establecer en el marco de sus competencias.

En los últimos años, la Administración andaluza «se ha encontrado con un nuevo reto ante la obligada inmersión de toda la población residente en determinados territorios de acogida, lo que podría acarrear una pérdida paulatina del acervo cultural y lingüístico de los andaluces que viven en estos territorios y, especialmente, de sus descendientes», según el Ejecutivo autonómico.

Por ello, el Consejo de Gobierno considera «necesario dar cumplimiento» a la citada Ley 8/2006, que recoge entre sus objetivos potenciar las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas con los territorios donde existan comunidades andaluzas, desde la conciencia de la identidad de origen y la protección de los valores culturales andaluces.

Cataplasmas contra el cáncer
Nota del Editor 5 Septiembre 2019

Pues eso. Cualquier medida que no sea la anulación total de todas las leyes de lenguas regionales no deja de ser una cortina de humo, un despilfarro, una inutilidad.

Oscura campaña electoral
Agapito Maestre  Libertad Digital 5 Septiembre 2019

Tienen razón quienes acusan a Sánchez de gobernar como si estuviera en una permanente campaña electoral. ¿Qué tipo de legitimidad otorgamos a esa forma de ejercer el poder?, ¿qué legitimidad democrática puede tener un Gobierno en funciones cuyo presidente se comporta como si se tratara de alguien que instrumentaliza la institución para beneficio de su partido?, ¿qué legitimidad política damos a quien usa el poder pro domo sua sin preocuparse de hallar un Gobierno estable? Tiendo a pensar que esa actitud está lejos de ser un forma democrática de ejercicio del gobierno. Este lamentable espíritu antidemocrático, y esto es lo peor, imanta al resto de fuerzas políticas. El comportamiento ambiguo del PSOE de Sánchez con la democracia está extendiéndose al resto de los partidos. Sí, los partidos políticos se alejan cada vez más de la ciudadanía. Y, lo que es peor, ponen en cuestión el sistema democrático por un exceso de egoísmo, particularismo y dogmatismo en sus objetivos. Las mayores agencias de socialización política de España corren el riesgo de olvidar para qué fueron creadas: el servicio a la nación española.

Porque el primer deber de los partidos es conformar Gobiernos que no paralicen la actividad legislativa, resuelvan los problemas económicos y sociales y, en fin, no endeuden más al país con gastos sociales inútiles, es menester recordar una obviedad: sin un Ejecutivo sólido y decente no hay democracia. No caeré, sin embargo, en la crítica frívola de reducir las funciones de los partidos a la de ser únicamente agencias de colocación de los políticos profesionales. Pero es innegable que por ahí puede provocarse la principal ruptura o distanciamiento entre la ciudadanía y la clase dirigente. Toda la política española está quedando reducida a una larga y opaca campaña electoral. Los ciudadanos quieren estabilidad política y soluciones a los grandes problemas, aspiran a que se establezcan acuerdos de Estado que traigan tranquilidad institucional, pero los partidos solo quieren enfrentamientos y descalificaciones, ocupar todos los espacios y culpar al oponente de todos sus problemas… Creo que la dosis de crispación y enfrentamiento entre los partidos políticos no corresponde con las formas de vida de la sociedad española.

¿Quienes son los principales irresponsables de este desaguisado o, al menos, contradicción entre la lucha partidista y las aspiraciones de los ciudadanos? Sin duda alguna, los políticos, porque no cumplen una regla básica de la democracia: un medio para acceder al poder no puede convertirse en un fin. Ningún partido queda libre de responsabilidades en este asunto, aunque sea el PSOE el que ha llevado la iniciativa en este proceso de desmoronamiento del poder democrático. Ni la moción de censura que llevó a Sanchez al poder, apoyada por las fuerzas política más dispares y heterogéneas y, sobre todo, por partidos que tratan de romper la nación, ni la pírrica victoria del PSOE en las últimas elecciones dan legitimidad, en mi opinión, al Gobierno socialista para reducir nuestro sistema democrático a una permanente campaña electoral, que en el mejor de los casos solo tiene unos únicos beneficiarios: los dirigentes de los partidos. A la luz de esta crispación y enfrentamiento entre los representantes políticos, que más se presentan como detentadores del poder de las instituciones públicas que como representantes temporales de la ciudadanía, pareciera que la gobernabilidad, la estabilidad política de la nación, ya no fuera una pieza clave del del sistema democrático.

La indolencia de nuestros políticos es pagada a un precio muy alto por los ciudadanos: crecimiento del desempleo, agravamiento de los problemas sociales y, sobre todo, falta de ilusión por un futuro democrático. O España se determina en el porvenir o nos quedamos estancados en lo peor de nuestro pasado. Es en el porvenir, más que en el pasado, donde hemos de hallar las energías suficientes para una España mejor. Resulta tan alarmante que Pedro Sánchez, el Gobierno en funciones, haga depender la gobernabilidad de España de la aceptación de Pablo Iglesias de las 370 medidas propuestas en su mitin de Chamartín como que la oposición, especialmente el PP y Cs, siga cruzada de brazos, esperando entrar en el final de esta horrible y larga campaña electoral que está poniendo en cuestión todo el sistema político. Es peor que ridículo que en la democracia española la conformación de un Gobierno se haga depender de una fuerza política que hace cinco años era extraparlamentaria. Es dramático. Y, por supuesto, no deja de revestir rasgos de tragedia que un partido llamado a ser la regeneración del sistema languidezca cruzado de brazos.

La izquierda y Madrid
José García Domínguez  Libertad Digital 5 Septiembre 2019

Un cuarto de siglo, ese es el tiempo que lleva la izquierda sin gobernar en Madrid. Pese a todos los pecados del Partido Popular en la Comunidad, que no han sido ni pocos ni siempre veniales; pese a la crisis, de huella tan terrible en las grandes áreas urbanas del país; pese al desgaste natural fruto del ejercicio diríase que vitalicio del poder por parte de la derecha; pese a todo, la izquierda lleva ya casi dos generaciones completas, si recurrimos a la célebre definición de Ortega, lejos de los despachos de la Puerta del Sol. Hay padres de familia en Madrid, y bastantes, que no han conocido nunca un Gobierno en su región distinto al del Partido Popular. Padres de familia a los que el nombre del último militante del PSOE con mando en la plaza, Joaquín Leguina, solo les suena, y de modo vago, porque en la letra de una canción compuesta por cierto cantante local se le echa en cara que en Madrid no haya playa.

Lo de la izquierda en Madrid, pero no solo en Madrid (Cataluña y el País Vasco presentan trayectorias muy similares si se obvia la dimensión nacionalista), es para pensarlo. Porque resulta que en los territorios más desarrollados de España, allí donde las clases medias más formadas y modernizadas tienen un mayor peso en el conjunto del censo electoral, la izquierda no gana nunca, los casos de Madrid y Vitoria. O casi nunca, el caso catalán. Porque no hablamos de coyunturas circunstanciales. Hablamos, ya se ha dicho antes, de un cuarto de siglo. Aunque lo en verdad asombroso es que nadie en la izquierda se pregunte por qué. Una izquierda, al menos la socialdemócrata homologable, que siempre mira hacia los países nórdicos en busca de modelos ideales pero que, al tiempo, se muestra incapaz de entender las trayectorias tan opuestas que siguen los electores de, pongamos por caso, Oslo y Madrid. ¿Por qué el grueso de los votantes nórdicos de clase media y media alta puede votar a partidos socialdemócratas que defienden impuestos altos? ¿Y por qué, en cambio, sus equivalentes sociológicos de las capas medias madrileña apoyan de modo crónico a formaciones que hacen de las reducciones generalizadas de los tributos su principal banderín de enganche electoral?

¿Por qué esa asimetría tan chocante? Eso es lo que no se quiere preguntar la izquierda doméstica. Y no se lo quiere preguntar porque conoce bien la respuesta. Ocurre que la gran clase media madrileña no se entusiasma ante las bajadas de impuestos porque haya leído con religiosa devoción militante a Von Mises o a Milton Friedman. Si lo hace es por otra razón mucho más prosaica, a saber: porque tiene que pagar de su bolsillo unos colegios públicos que de ningún modo desea para sus hijos. Y porque también tiene que costearse una mutua médica privada si no desea guardar colas de meses en la puerta de un quirófano de la Seguridad Social, quirófano que igual sufraga a escote todos los meses con sus cuotas y tributos. Entre otros detonantes, aquel miope entusiasmo del PSOE por abrir de par en par las fronteras del país a millones de inmigrantes no cualificados durante el delirio de la burbuja inmobiliaria lo está pegando ahora en las urnas de los principales centros económicos de España, empezando por Madrid. Cuando la clase media abandona los servicios públicos en teoría universales, el caso muy evidente de Madrid o Cataluña, el siguiente paso es abandonar por el mismo precio a sus valedores políticos, que en todas partes resultan ser los socialdemócratas. Por eso en Oslo ganan y en Madrid pierden. Pierden y perderán. No hay mayor misterio.

Inmigración, Ceuta y Melilla
José Manuel Sánchez Fornet okdiario 5 Septiembre 2019

Tras la polémica sobre los inmigrantes rescatados en la costa libia por el barco español Open Arms (brazos abiertos), un buque de guerra español trasladó los 15 inmigrantes que nos correspondían, según el reparto pactado entre cinco países. ¿Cuándo se distribuirán a otros países los que entran por el Estrecho?

El 30 de agosto llegaron los 15 inmigrantes a Algeciras y ese mismo día, dos horas antes del desembarco y no por casualidad, más de 200 inmigrantes intentaron entrar en Ceuta saltando las vallas del perímetro fronterizo con Marruecos. 155 lo consiguieron. Marruecos reivindica desde que la dinastía alauí unificó las tribus bereberes (1666) las ciudades de Ceuta y Melilla, que son españolas desde fechas anteriores (Melilla, 1497, Ceuta, 1580). Eso no impide que contenga la inmigración ilegal en su territorio (le pagamos nosotros y la UE), despreocupándonos de los derechos humanos de los inmigrantes abandonados a veces en el desierto con pocas posibilidades de sobrevivir. Cansados de la falsa superioridad moral de Occidente en este asunto, Marruecos nos recuerda que hacen el trabajo sucio para nosotros. Recibimos como gesto de humanidad a unos porque son noticia internacional y aparentar lo que no somos, y pagamos para que dejen morir en el desierto a otros porque son invisibles.

La monarquía alauí frena la inmigración ilegal y el radicalismo islamista. Marruecos es apoyado por Francia. También por EEUU, reconocida como nación independiente por Marruecos en 1777, uno de los primeros en hacerlo, cuyo acuerdo es de los más antiguos de EUU en vigor con cualquier país. Esos apoyos y su situación geográfica permiten a Marruecos, a su rey, una posición ventajosa en la política estratégica internacional y de relaciones bilaterales con España.

Si Marruecos dejara de atajar la inmigración ilegal, Ceuta, Melilla y España tendrían un grave problema. El Estado español debería defenderlas o entregarlas como hizo en 1975 con Sidi Ifni, hasta entonces provincia española, abandonada con su ciudadanía española tras la Marcha Verde. En España, por complejo de nuestro pasado imperial o de la dictadura franquista, usar la fuerza como contención en la frontera no parece contemplarse. Si mañana se organizara una nueva Marcha Verde marroquí o de cientos o miles de inmigrantes ilegales hacia Ceuta y Melilla, veríamos cómo se afrontaba la situación. De momento se van a cambiar las concertinas por un muro más alto, con un cilindro móvil en la parte superior y bastante más difícil de superar, lo que es una buena medida. Mientras, el cierre de la única frontera comercial terrestre (Beni Enzar, Melilla), la dirección de mercancías al puerto de Nador y las limitaciones a porteadoras que obstaculizan el contrabando (comercio atípico lo llaman en ambas ciudades), están empobreciendo Ceuta y Melilla y dificultando su subsistencia.

Llevamos dos siglos en los que pasamos de ser un Imperio a perderlo todo. Hemos vivido repúblicas, guerras civiles, dictaduras, golpes de Estado, reyes que van y vienen y los últimos 40 años, un simulacro democrático con esta partidocracia. Políticos corruptos, pompa, boato, derroche y privilegios desconocidos en cualquier democracia occidental. Un país con territorios donde no puedes colgar la bandera nacional en tu ventana, se persigue la lengua común y se permite enseñar en comunidades autónomas falsedades contra la historia de España. En el siglo XXI tenemos Ceuta y Melilla y no tenemos política de inmigración. No la vigente política basura asentada en la demagogia, la mentira y el cinismo. Política de Estado reconociendo que la inmigración ilegal masiva acaba con el Estado de bienestar ya debilitado en España, con millones de personas en el umbral de la pobreza.

Satán y la diputada
Gabriel Albiac ABC 5 Septiembre 2019

No, negarse a estrechar la mano de las diputadas españolas no fue, por parte de la delegación iraní anteayer, un gesto de desprecio hacia seres inferiores. Fue barrera profiláctica: la mano femenina contagia. Porque el cuerpo de la mujer es el de un animal contaminado, que sólo la omnipotencia de Alá puede lavar para exclusivo disfrute del esposo. Sin eso, la mancha que su animalidad imprime al creyente es indeleble. Es la marca del diablo, que la Sunna codifica: «Un hombre, una mujer y Satán en medio de los dos».

Nadie tiene derecho a fingirse sorprendido. El islam será muchas cosas; desagradables algunas. Pero no es ambiguo. Y la condición de la mujer, que tanto el Corán como la Sunna fijan, no es la de una más o menos despreciable inferioridad de género, por hablar con los tópicos occidentales. No es inferioridad; es impureza. Y emponzoña.

Una política española puede comparecer ante las autoridades vaticanas con una porción generosa de su anatomía al descubierto. Podrá juzgarse más o menos inelegante, pero nada sucede digno de ser reseñado. Cualquiera de los venerables varones musulmanes que visitaron anteayer el parlamento español hubiera, por el contrario, quedado espiritualmente corrompido por el apretón de manos de la más recatada de nuestras parlamentarias. No era un capricho ocioso lo que estaba en juego. Era la salvación eterna y el paraíso con su cupo de huríes, al que sólo la varonil pureza da derecho pleno.

La doctrina coránica sobre la mujer admite pocas dudas. Corán, sura 33, versículo 59: «¡Oh, profeta, di a tus esposas, a tus hijas, a las mujeres de los creyentes, que echen sobre ellas grandes velos; son el medio seguro para que sean reconocidas y para huir de toda ofensa». Corán, sura 4, versículo 34: «Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, en virtud de la preferencia que Dios les ha concedido sobre ellas… Las mujeres virtuosas son piadosas: preservan en secreto lo que Dios preserva. Amonestadlas si teméis su infidelidad, encerradlas en habitaciones separadas y golpeadlas».

Nadie tiene por qué inmiscuirse en las creencias ajenas. Por ridículas que nos parezcan. Por ofensivas o bárbaras que efectivamente sean. Y nadie -absolutamente nadie- tiene derecho tampoco a imponer sus ridículas, u ofensivas, o bárbaras creencias a quienes no están por ley divina y humana sometidos -ni sometidas, sobre todo- a ellas. Es un aporético dilema que la diplomacia internacional da por resuelto desde hace muchísimo tiempo. Mediante la aplicación de una convención sencilla: en los casos de conflicto de protocolos, prima el del país visitado; y a él se han de ajustar automáticamente las liturgias de los diplomáticos visitantes.

Si la comparecencia es en Teherán, las viajeras, por alto que sea su rango, habrán de conformarse a las normas que se les impongan allí; o bien, quedarse en casa y evitar el sofocón. Si es en Madrid, los visitantes, por alto que sea su rango, habrán de contaminarse con las perversas prácticas igualitarias de estos lares; o bien, quedarse en las purezas musulmanas de sus hogares y salvar su alma. Que cada cual elija.

Si es que puede elegir, por supuesto. Porque en el parlamento de la carrera de San Jerónimo hay un par de casos bastante peculiares. Dos cónyuges que, además del sueldo de diputado, cobran salario de la televisión iraní, a cuyo servicio trabajan. ¿Pueden Iglesias y Montero cuestionar el derecho de sus amos a tratarlos como siervos? Eso es sólo cosa suya. Pero nada sale gratis.

Izquierda, feminismo e hipocresía
OKDIARIO 5 Septiembre 2019

Ahora resulta que los que se "curraron el feminismo en la genealogía del pensamiento progresista", PSOE y Podemos sin ir más lejos, fueron los primeros en acudir, y en mayor número, a la reunión en el Congreso de los Diputados con los miembros de la delegación iraní a los que no se podía, por aquello del machismo teocrático del régimen de Teherán, ni dar la mano ni mirar a los ojos. Olga Alonso y Noemí Villagrasa, por parte del PSOE, y María del Carmen Pita, de Podemos, acudieron a la cita sin importarles demasiado humillarse ante el ultramontano grupo de varones iraní.

Con lo que se demuestra que la izquierda utiliza el feminismo como arma de propaganda (lo borda), pero pasa por el aro sin recato y se pliega a las primeras de cambio cuando lo que hay que demostrar es arrojo y dignidad para plantar por lo sano a interlocutores tan reaccionarios. Qué paradoja que hayan sido las "derechas" -Vox concretamente- quienes tuvieron la coherencia de negarse a acudir a la reunión. La izquierda es maestra en atribuirse todos los avances sociales, en especial el de la defensa de los derechos de la mujer, pero no pasa la prueba del algodón. Seguimos a la espera de que alguna asociación feminista condene el lamentable espectáculo vivido en el Congreso de los Diputados, aunque los antecedentes no invitan precisamente al optimismo.

La doble moral que caracteriza a la izquierda ha quedado cabalmente retratada. Las diputadas Olga Alonso, Noemí Villagrasa y María del Carmen Pita son muy de izquierdas y muy feministas pero acudieron a la cita. Otras diputadas, muy de derechas, no. Moraleja: el cinismo, además del feminismo, también es cosa del pensamiento progresista.

Latrocinio en UGT con el aval de Zapatero
Editorial El Mundo 5 Septiembre 2019

En el actual contexto de exigencia de regeneración, no cabe relativizar la gravedad del escándalo que destapamos hoy y que esta vez afecta al PSOE y a su sindicato afín, UGT. La Guardia Civil acusa al Gobierno de Rodríguez Zapatero de "elaborar y aprobar un real decreto ad hoc" para desviar 31 millones de euros que se acabaron repartiendo los cabecillas de la UGT de Asturias. Una inyección desmesurada de dinero público que la organización sindical justificó para la construcción de un geriátrico, que además se levantó sobre terreno no urbanizable. Sin embargo, la mayor parte de esos fondos fueron a parar a los bolsillos del histórico sindicalista y líder minero José Ángel Fernández Villa -que fue clave en el ascenso de Zapatero a la secretaría general del PSOE- y a los de las personas de su confianza, incurriendo en un delito de blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción pide que se identifique a todos los funcionarios que participaron en esta operación, fraguada contra del criterio expreso de la Abogacía del Estado y de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, cuyo titular era Miguel Sebastián. Cambiar la ley para agradecer los servicios prestados a un líder sindical corrupto con el dinero de todos es una vergüenza.

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Nada es gratis
El político más interesado en la reelección de Sánchez es Rufián, o sea, Junqueras. Se juegan la gestión de la sentencia
Ignacio Camacho ABC 5 Septiembre 2019

La persona que más interés tiene en la reelección de Sánchez, tal vez incluso más que el propio presidente, es ahora mismo Gabriel Rufián. Es decir, Oriol Junqueras, que es quien muñe desde la cárcel la estrategia de Esquerra. Tras el fracaso de la revuelta, el independentismo más pragmático necesita una dosis de sosiego para gestionar la inminente sentencia y sabe que sólo el actual statu quo político puede ofrecérsela. En julio, Rufián y la representante de Bildu fueron los que más empujaron a favor de la alianza de izquierdas, ofreciendo su colaboración para la investidura con una impaciencia patética. Los soberanistas sienten pánico ante la posibilidad de que una repetición electoral altere la correlación de fuerzas y están ayudando al PSOE a meter presión a Pablo Iglesias. Ya hasta les da igual que los socialistas descarten el referéndum en sus trescientas propuestas: su prioridad es ahora el indulto o en su defecto una aplicación benévola de las penas. Menos da una piedra.

Sánchez cuenta con ellos. Aunque tampoco sea su opción preferida, se conformará si no hay más remedio. Quizá en otras elecciones podría sacárselos de encima, pero hay que correr el riesgo y afrontar la hipótesis nunca descartable de un tropiezo. Sin embargo, cuando el martes dijo que no quería «votos gratis» se le vio el cartón a su táctica de postureo: sin la abstención de ERC no sale reelegido en el segundo intento. Claro que eso no sería de balde y él conoce el precio, como conocía el de Bildu en Navarra y lo está pagando -en Huarte, por ejemplo- desde el primer momento. Su advertencia, casi un ruego, iba a dirigida a Podemos; la idea, que va adquiriendo cada vez más cuerpo, de que Iglesias lo apoye al final sin contrapartidas y lo tome como rehén no le gusta un pelo. Sólo que esa decisión no depende de él, salvo que haga «un Rajoy» y se niegue a presentar su candidatura sin un pacto previo. Pero entonces su famoso «relato» de inculpación general quedaría sin crédito. No puede permitirse una espantá después de tan pregonado empeño en que le permitan formar Gobierno.

El rechazo al apoyo gratuito es tan pueril como falso. Se trata de lo que cualquier gobernante querría: ser investido sin nada a cambio. Simplemente, resulta imposible con 123 escaños. Por eso ha empezado a acordar los pagos con el PNV y con el partidito regionalista cántabro. Y no van a salir baratos. Los compromisos con los independentistas no le conviene revelarlos y le falta encontrar el modo de que Iglesias tuerza el brazo, con el peligro de que lo acabe haciendo bajo la fórmula que le cause más daño. La alternativa es quedar desenmascarado como responsable de los nuevos comicios y dejar que se venga abajo su propagandística impostura del verano. En cualquiera de los casos quedará patente el engaño. Pero eso nunca ha importado a quien considera la mentira parte de su trabajo.

El ‘backlash’ de la lengua catalana
Teresa Giménez Barbat okdiario 5 Septiembre 2019

Hace algunas semanas, publiqué un artículo titulado ‘Ganar el patio o ganar el mundo’ donde trataba de exponer las razones por las que en mi opinión la política lingüística de los sucesivos gobiernos catalanes ha ido más en detrimento de los derechos de los catalanes de lo que ha tenido de positiva para la lengua. Ha actuado en contra del vínculo necesario de empatía que debe producirse para que una lengua arraigue y permanezca en una comunidad. Incluso personas de lengua materna catalana, nacidos en el seno de una familia catalana y criados en su cultura popular, experimentábamos desde hacía tiempo la terrible sensación de estar siendo manipulados a través de nuestra lengua. Que, simplemente por hablar catalán y vivir con naturalidad los matices de nuestra cultura (que tanto tienen en común con las particularidades de tantas idiosincrasias españolas), el establishment secesionista catalán daba por supuesto que pertenecíamos “a los suyos”.

Esto ha sido corrosivo para el propio catalán. Reconozco que, en los momentos de mayor presión del poder separatista, cuando más inquietos y asustados estábamos ante la deriva de la situación política y social, muchos llegamos a sentir desazón usando nuestra lengua familiar. Como si los tentáculos de los fanáticos, de los sectarios, incluso de los golpistas pudieran alcanzar nuestra esfera más privada a través de ella. Como una película de terror distópico en la que nuestra voluntad se alterase por un poder frío y determinado, indiferente a nuestra voluntad, bienestar y deseos. En momentos de repulsa e indignación, empezamos a sacrificar peones, como responder que preferíamos utilizar el castellano cuando nos preguntaba el servicio automático de un banco, de una empresa de servicios, o el call center de la aseguradora. Esto está más generalizado de lo que la conjura separatista imagina.

Hay un término anglosajón que me viene a la cabeza. Me refiero a ‘backlash’, que según la Wikipedia se traduce en castellano como "una respuesta negativa en contra de algo". Convertido en un concepto sociológico, se refiere a la aversión de una parte de la población contra algo que tuvo recientemente gran popularidad o que se puso de moda. La omnipresencia de un concepto (hype), a causa de su excesiva publicidad, unido a la desproporción de las expectativas generadas, suele causar rechazo y deseo de cargárselo.

En Cataluña, ese ‘backlash’, no sólo viene originado por la saturación y el abuso. En nuestro caso está reforzado por el miedo. No es hartura de unos personajes, de unas series de moda, de unas tendencias. Es temor de la situación política, social, económica y de convivencia. Es temor a las consecuencias deletéreas de una ideología que pretende imponerse pasando por delante de la realidad, del sentido común y de la voluntad de más de mitad de la ciudadanía.

El miedo que nos dan las proclamas “Ho tornarem a fer” (“Lo volveremos a hacer”), como la determinación muy poco disimulada de seguir acrecentando esa presión en el patio. Plataforma per la Llengua, una ONG bien regada que espió a niños en 50 escuelas en Cataluña para valorar hasta qué punto se hablaba catalán en los patios, pretende volver a la carga. Al parecer quiere recoger 30000 euros para una “campaña de sensibilización” para “promover el catalán en patios e institutos”. No van a tolerar la realidad de que “sólo el 15% de las conversaciones infantiles y juveniles se dan exclusivamente en catalán”. A eso también se unirá una nueva campaña para delatar a los comercios y empresas que no se plieguen a la dictadura lingüística que busca la separación social.

No se confundan, se trata de imponerse políticamente, no de un interés genuino por la promoción de una lengua que, en plena reacción de autodefensa, va a perder muchísimo con ello.

232 indicios para ilegalizar a Sortu y EH Bildu: el informe presentado al fiscal por víctimas de ETA
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha documentado una serie de conductas que, a su juicio, vulneran la Ley de Partidos.
G.A.M. El Espanol 5 Septiembre 2019

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) considera que EH Bildu y Sortu han justificado los atentados de ETA, incorporado en sus filas a personas condenadas por terrorismo que no han rechazado estos medios, promovido actividades de homenaje a etarras...

Los informes de la asociación recogen al menos 232 indicios por los que, a su juicio, las dos formaciones abertzales habrían incumplido la Ley de Partidos. Ya los han presentado a los Fiscales Generales del Estado para que estudien su posible ilegalización.

El 20 de junio de 2012, el Tribunal Constitucional permitía la legalización de Sortu por un solo voto de diferencia. Desde entonces, la AVT ha recopilado las conductas de los partidos abertzales que vulnerarían el artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos: "Un partido será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o eliminar el sistema democrático".

Las conductas
El informe de la AVT se sustenta en varias "conductas" que consideran contrarias a la ley. En primer lugar apuntan a la "justificación o exculpación de los atentados contra la vida o la integridad de las personas y la legitimación de la violencia como método para la consecución de objetivos políticos". EH Bildu habría incurrido en 24 ocasiones en estas prácticas en los últimos años; Sortu, 10.

Además, la asociación considera que las formaciones abertzales habrían incluido en sus filas a casi un centenar de personas condenadas por delitos de terrorismo que "no han rechazado públicamente los fines y los medios terroristas".

La tercera columna sobre la que se basa el informe que la AVT ha presentado la Fiscalía es la "promoción, cobertura o participación" en actividades dirigidas a compensar u homenajear acciones terroristas o a las que las perpetran. En este caso han contabilizado 38 conductas de EH Bildu y otras 20 de Sortu.

En cuarto lugar, la asociación considera que EH Bildu y Sortu -en 10 y 8 ocasiones, respectivamente- han equiparado las expresiones de la violencia terrorista "con la coacción legítima de un Estado de Derecho" o "a víctimas con terroristas".

Por último, la AVT considera que las formaciones abertzales han incitado "al incumplimiento de leyes democráticamente aprobadas". Han recogido 14 conductas de EH Bildu en este sentido y 24 de Sortu.

"Si observamos los comportamientos y declaraciones públicas de los dirigentes de EH Bildu y Sortu de los últimos tiempos, podemos concluir sin grandes esfuerzos interpretativos que las conductas vetadas por ley marcan el día a día de estas formaciones", determina la AVT en su escrito remitido a la Fiscalía.

Una “fiesta del odio” que saca los colores al Gobierno de Chivite y a Marlaska
ESdiario 5 Septiembre 2019

Guardia Civil y Policía Foral sonrojan a las nuevas autoridades navarras y al ministro del Interior por no salir al paso del impune aquelarre abertzale de Alsasua.

Es un ataque brutal e impune a los Cuerpos de Seguridad y al imperio de la ley y un desafío a la igualdad en nuestro país. Y año a año va a peor, dejando en evidencia al nuevo Gobierno de Navarra liderado por la socialista María Chivite y al Gobierno de España, con el Ministerio del Interior en primer plano.

El Sindicato de Policía Foral (SPF) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC Navarra) han criticado "el odio y la animadversión creciente hacia la Policía Foral y la Guardia Civil presentes en la localidad de Alsasua" en el 'Ospa Eguna', una celebración reivindicativa del nacionalismo más radical que, en la práctica, es un aquelarre abertzale en toda regla.

Igualmente, han rechazado "la impunidad de los actos realizados" en esta localidad "y que viene repitiéndose año tras año de forma creciente". "Actos que se vienen realizando y permitiendo por las diferentes instituciones de forma incomprensible en una sociedad moderna y democrática del siglo XXI, que atentan contra el honor, el buen nombre y la labor que la Policía Foral, la Guardia Civil y el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan y seguirán realizando en defensa de la seguridad, la libertad y el pacífico ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos", han criticado en un comunicado.

Savater estalla ante el acoso en Alsasua: "La izquierda nunca ha caído tan bajo"
Desde hace casi una década, los sectores abertzales celebran a finales de agosto esta movilización que defiende sin ambages la expulsión de la Guardia Civil, la Policía y el Ejército de Navarra y el País Vasco.

Así las cosas, el Sindicato de Policía Foral ha considerado "incomprensible que no se actúe ni impida su celebración" y ha exigido al Gobierno de Navarra "un pronunciamiento claro y contundente en defensa del Cuerpo policial Autonómico y en contra de todos aquellos que promueven el odio, la hostilidad, la discriminación y la violencia contra ella y contra el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad presentes en la Comunidad foral".


 


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