AGLI Recortes de Prensa   Martes 17  Septiembre 2019

La partitocracia o el futuro de España
Pablo Sanz eltorotv.com 17 Septiembre 2019

Hay un abismo entre la realidad política y la realidad social de España. La deriva actual de la partitocracia en que ha devenido el Régimen del 78 amenaza con arruinar la credibilidad de la política y la confianza social en las instituciones. Vamos camino de la cuarta convocatoria de elecciones generales en cuatro años, pero no hay visos de que termine esta dinámica politiquera protagonizada por los mediocres dirigentes que hoy lideran los principales partidos, instalados en la bronca, la descalificación y el oportunismo permanente. España está ayuna de estadistas y de representantes ejemplares. Tenemos un país con una casta política muy inclinada a las ocurrencias y al sentimentalismo visceral. Una democracia no puede funcionar ordenamente sobre tales mimbres.

Los problemas sociales se acumulan y seguimos sin tener un plan ni un liderazgo fuerte con equipos de políticos capaces de ahormar los pactos conducentes a una solución práctica, estable y duradera a los múltiples desafíos que hemos de afrontar. El VIII Informe Foessa recoge que en España hay 8,5 millones de personas en riesgo de exclusión social, el 18,4% de la población, lo que supone 1,2 millones más que en 2007 (antes de la crisis). Dentro de este sector social, existe un grupo especialmente vulnerable, cuyos problemas cotidianos les impiden tener un proyecto vital mínimamente estructurado. Son los 4,1 millones de personas en situación de exclusión social severa, con vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente y precariedad laboral extrema.

Asimismo, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un problema para muchas personas, con una subida del precio del alquiler en un 30% en los últimos dos años. Dos millones de personas en España viven con la incertidumbre de quedarse sin casa y el 11 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza severa, una vez descontados los gastos o deudas relacionadas con el pago de la vivienda y sus suministros. Por si esto fuera poco, el 14 % de las personas que trabajan están en exclusión social; 1 de cada 3 contratos temporales dura menos de 7 días; y el 15,1% de los hogares sufre inestabilidad laboral grave.

A la luz de estas alarmantes cifras cabe preguntarse qué están haciendo nuestros políticos para resolver este creciente desorden social que en buena medida su inacción e incompetencia están agravando. La clave es el empleo, disponer de un tejido productivo capaz de crear trabajo. Y la creación de trabajo requiere inversión y ésta de la confianza. La confianza económica es en gran medida confianza política, de seguridad jurídica y de paz social e institucional. Los políticos no están creando ni favoreciendo las condiciones objetivas para que se pueda crear trabajo en España y, en consecuencia, para que pueda crearse y distribuirse riqueza y bienestar a nivel colectivo. Son necesarias reformas estructurales para obtener un modelo económico que permita reducir esta grave y creciente brecha en nuestra sociedad.

La urgencia de tantas tareas pendientes en materia económica y social contrasta con la bochornosa situación actual de parálisis de la política española, con sus amagos de investiduras, bloqueos presupuestarios, logomaquias electoralistas y artificiosas disputas territoriales e identitarias. ¿Tendrá algún límite tanto disparate, tanta teatralización y banalización de la política? Lamentablemente, el límite será la irrupción de otra fase económica recesiva, como ya se está anunciando desde diversas instancias internacionales. Sólo otra crisis aguda de la economía podrá hacer que esta vez nos replanteemos de verdad la política, cuestionando el secuestro de la democracia por una partitocracia, tan incompetente como insensible a las necesidades sociales en un mundo global y complejo que requiere más que nunca tener gobernantes despiertos y eficaces.

Los partidos políticos, que originariamente están pensados para facilitar la participación de los ciudadanos en la política, se han terminado por convertir en estructuras de poder enquistadas en las instituciones. Estructuras que generan redes clientelares que parasitan los presupuestos y obstaculizan los cambios y las reformas urgentes que el país necesita para no quedarse atrasado. En vez de funcionar como instrumentos de los ciudadanos para participar dentro de las instituciones, canalizando demandas y reivindicaciones legítimas, y cohesionando a toda la sociedad en torno a debates públicos de interés general, los partidos se han convertido en estamentos autorreferenciales que se nutren financieramente del Estado, que se reparten oligopólicamente y por turnos el poder que da el BOE y los presupuestos, azuzando la división social y el odio entre los ciudadanos como parte de su modus operandi y lo que es peor si cabe, conduciéndonos a una situación donde se confunden los intereses del Estado con los del Gobierno y éstos con los del partido mayoritario.

Se hace imperioso recuperar la confianza en la política. Eso va a implicar, tarde o temprano, desbaratar la partitocracia y recuperar la soberanía de las instituciones democráticas para ponerlas al servicio de la sociedad, del bien común. España solo tendrá futuro si la sociedad despierta ya mismo y comienza a desmontar civilmente el sistema partitocrático, que de facto está operando como un entramado mafioso y corrupto que está poniendo en riesgo el bienestar, la cohesión social y la convivencia entre los ciudadanos. Aunque reformar la política en España requiera de múltiples medidas, uno de los desafíos pasa por la refundación y regeneración de los grandes partidos y la sustitución de sus líderes y equipos por otros más cualificados, más competentes, más dialogantes y valientes. Las soluciones políticas y estratégicas que requiere España exigen racionalidad, consensos básicos y altura de miras, todo ello junto con una profunda reforma de la ley de partidos y de la ley electoral que devuelva la vigencia al principio de representación y prestigie la política con exigencias objetivas para aquellos que aspiran a los cargos públicos. De lo contrario, ese proyecto común que aún llamamos España, desgobernado por una casta parasitaria, se acabará marchitando inexorablemente a lo largo de las próximas décadas.

Pablo Sanz Bayón es profesor de Derecho Mercantil en ICADE.

El pacto imposible

Carlos Esteban eltorotv.con 17 Septiembre 2019

Frente al famoso ‘dictum’ de Alfredo Pérez Rubalcaba, que gloria haya, yo sí creo que España merece un gobierno que le mienta. ¿Cómo no va a merecerlo, si lo vota? Más: exige al político que le mienta, castiga la verdad, eleva más a quien más promete lo que no puede ni pretende cumplir.

Así se llena el panorama electoral de una nube de desgarramantas mediocres que sobresalen solo en el arte de la consigna hueca y grandilocuente.

Sánchez es en esto el amo. A Sánchez no le he oído jamás una palabra que se salga de un guion robótico y cansino, idéntico al más ramplón de los argumentarios progresistas. Ni una sílaba que suene a algo real, que parezca salir en exclusiva del propio Sánchez.

Sánchez ha rechazado todas las ofertas de Iglesias, que han ido disminuyendo como en el regateo de un hombre desesperado por cerrar el trato; ahora acaba de rechazar la oferta de Rivera de abstención, alegando que las tres condiciones que le impone para hacerlo ya las cumple o las va a cumplir de oficio, y asegurando, en una de las frases más vacías que se le conocen, que “no hay obstáculo” para que Cs y PP se abstengan.

No, claro, no hay obstáculo. Tampoco lo hay, en puridad, para que los diputados del PSOE voten la investidura de Abascal. Pero sería raro, como es raro esperar que el rival de siempre o el rival de ahora lo hagan.

Pero, en otro sentido, la frase es reveladora de su mentalidad. Sánchez ha optado por el progresismo más suicida como podía haberse servido de cualquier otra cosa. No es importante, no más que una herramienta que, cuando no sirve, se cambia. Sánchez no ve obstáculo en que le ponga las cosas fáciles la supuesta derecha porque para él no lo habría si con ello obtuviera más poder y le conviniera para algún fin. Sánchez intuye que el poder, el verdadero poder, no es ideológico, que la ideología es meramente la fraseología, como esos folletos de frases que memoriza el vendedor para conseguir la venta.

Pero la ambición puede ser su perdición, como ha sido frecuentemente el caso en la historia. Negarse a pactar con Cs con la excusa de que sus condiciones ya las cumple o va a cumplirlas. ¿Qué mejor razón, entonces, para pactar? Si no lo hace es porque no quiere que nada le ate, porque no quiere gobernar sino en solitario, como un moderno Luis XVI.

¿Piensa Fernández Vara que la Transición fue un "pacto de silencio"?
OKDIARIO 17 Septiembre 2019

Fruto del acuerdo entre el PSOE y Podemos, los alumnos extremeños de la ESO y Bachillerato ya están siendo aleccionados sobre lo mala que fue la Transición democrática que hizo imposible "la recuperación de la memoria histórica y la dignidad de las personas". O sea, que en lugar de poner en valor el espíritu de consenso constitucional que hizo posible que la democracia se afianzara en España, a los chavales de Extremadura se les habla de un sedicente "pacto de silencio" durante la Transición para exonerar al franquismo.

La idea, que obviamente partió de Podemos y fue secundada por el Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara, se ha plasmado en una "Ley de memoria histórica y democrática en Extremadura" que obliga a los colegios a impartir clases de "Verdad histórica" a los alumnos para que conozcan "en toda su amplitud los orígenes, naturaleza y manifestaciones de la represión política, ideológica, educativa y cultural que sufrieron las extremeñas y los extremeños" durante la Guerra Civil y el franquismo.

La ‘verdad’ que se va enseñar en los colegios extremeños responde al patrón ideológico de la izquierda más sectaria y radical. Muy al gusto de Podemos, el PSOE se ha sumado al carro para impugnar con efectos retroactivos la más valiosa etapa de unidad nacional y consenso que sirvió de impulso para lograr afianzar nuestro marco constitucional. Se trata, pues, de demoler el espíritu de la Transición en las aulas extremeñas, una barbaridad a la que ha contribuido decisivamente el socialismo de Guillermo Fernández Vara, quien supuestamente era paradigma de equilibrio y moderación

Es posible que el presidente socialista de la Junta de Extremadura no se haya enterado de la letra pequeña de la ley y no haya tenido tiempo para reflexionar sobre las consecuencias que para los chavales de su región tiene venderles la idea de que la Transición fue un claudicante "pacto de silencio". ¿Piensa Fernández Vara que realmente lo fue". ¿Se ha dejado convencer por Podemos?


Junta de Extremadura
Los colegios extremeños enseñan que la Transición fue un "pacto de silencio" para exonerar al franquismo
Agustín de Grado okdiario 17 Septiembre 2019

El curso escolar en Extremadura ha comenzado con una novedad: la aplicación de la denominada ‘Ley de memoria histórica y democrática de Extremadura’, que entró en vigor el pasado mes de marzo. Los alumnos de la ESO y 2º de Bachillerato recibirán clases para formarles en la "Verdad histórica" (con mayúscula en la ley) de la guerra civil, el régimen de Franco y el "pacto de silencio" de la Transición para exonerar los crímenes del franquismo.

La exposición de motivos de la norma extremeña explica que la Ley de Amnistía de 1977, uno de los pilares sobre los que se construyó la Transición de la dictadura a la democracia y que contó con el voto favorable de UDC, PSOE, AP y PCE, fue un "pacto de silencio" que hizo imposible "tanto la recuperación de la memoria y la dignidad de las personas represaliadas como la localización y exhumación de las fosas comunes debieron realizarse en todas partes, durante los años ochenta y noventa, solo por familiares y personas allegadas de las víctimas, con el apoyo, en alguna ocasión, de partidos políticos y sindicatos de izquierda".

Marcelino Camacho, al defender la Ley de Amnistía en nombre del PCE durante el debate en el Congreso de los Diputados, definió la amnistía como la pieza capital de la política de reconciliación nacional. "¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?", se preguntó el dirigente comunista.

Cuarenta años después, la reconciliación ya no es el objetivo. La ley aprobada por PSOE y Podemos se plantea como objetivo establecer una "Verdad histórica" que permita "conocer en toda su amplitud los orígenes, naturaleza y manifestaciones de la represión política, ideológica, educativa y cultural que sufrieron las extremeñas y los extremeños" durante la guerra civil y el franquismo.

Secundaria y Bachillerato
Esta "Verdad histórica", para los alumnos de Secundaria, se les trasladará en el bloque titulado ‘La estabilización del Capitalismo y el aislamiento del Bloque Soviético’. Ahí figura un capítulo sobre el franquismo en el que los profesores explicarán "las causas para que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975"

En el caso de 2º de Bachillerato, se incluye en el bloque titulado ‘Normalización democrática de España e integración en Europa’. En él hay un apartado dedicado a la "reparación y reconocimiento de las víctimas de la represión en la guerra civil y la posguerra".

La ley extremeña establece que esta "Verdad histórica" será contenido de enseñanza "en los diferentes niveles educativos" (artículo 3) y se incluirá en "los programas curriculares de los diferentes niveles de enseñanza". El artículo 49.1 detalla el ámbito educativo, sin dejar un solo rincón al margen: la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Educación Permanente de personas adultas. Sin embargo, habrá que esperar al próximo curso para que los efectos de la ley lleguen a los alumnos de Primaria y de Educación para Adultos.

Formación de profesores
Naturalmente, la ley regula el papel de aquellos que son los encargados de trasladar la ‘Verdad histórica’ a los alumnos: los profesores. "Con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas, la Consejería competente en materia de educación incorporará a los planes de formación del profesorado la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura", afirma la ley (artículo 49.2).

Asalto a la terminología
Amando de Miguel Libertad Digital 17 Septiembre 2019

Uno de los logros de la Revolución Francesa (aparte del sistema métrico decimal) fue la idea de nación en su sentido de sujeto político. A España llegó esa idea en su momento, pero esta es la fecha en que produce una cierta desazón en las huestes progresistas o de izquierdas, que son las que dominan la palestra. En lugar de nación, el progresismo prefiere país, territorio o Estado. Como es lógico, se trata de equivalencias que hacen feliz al separatismo (de soltera nacionalismo). En todo caso, lo de nación se reserva para algunas entidades históricas que integran España o que pretenden desgajarse de ella.

En la escuela aprendimos el hecho incuestionable de que España se compone de regiones históricas. Pero hete aquí que ese es otro término que odia la grey progresista que nos avasalla. En su lugar, logra incluir en el texto constitucional, y luego en los usos léxicos del vecindario, el circunloquio de comunidades autónomas. Aunque pueda parecer extraño, fue una expresión importada de la Unión Soviética o de Yugoslavia (ambos conjuntos han desaparecido) para significar las regiones alejadas del centro, rozando ya el estatuto de colonias o protectorados. El adjetivo autonómico ha sustituido al de regional. Se trata de un contrasentido, pues lo verdaderamente autónomo es el Estado, y eso malamente al haber cedido una parte de la soberanía a la Unión Europea. A la izquierda le encanta, además, el epíteto de federal, como si España se organizara como una federación, que no es el caso.

Otra alteración flagrante del lenguaje para designar las unidades políticas es eliminar la voz provincias. En su lugar se impone hablar de "territorios". Lo más chusco del asunto es que esa avilantez léxica se ha forzado todavía más en el País Vasco (antes Provincias Vascongadas), donde las unidades provinciales cuentan con una antigüedad venerable. En cambio, en el resto de España las provincias son una invención de hace un par de siglos, que no es tanto para una nación milenaria. La última desfachatez ha sido convertir algunas provincias (Santander, Logroño, Murcia) en comunidades autónomas. Se trata de un capricho oligárquico.

Otra alteración más sutil es referirse a los ayuntamientos de toda la vida (una voz emparentada con junta, yunta y coyuntura) como "municipios". Ese término fue el preferido del franquismo, y ahí se quedó. También es muy franquista la repulsa latente que produce la voz partido, en el sentido de partido político. El progresismo militante prefiere sustituirla por formación, que parece más benévola.

La audacia de la nueva terminología política por parte de progresismo está en imponer el sintagma violencia de género. Hay que entender que se trata de la violencia extrema contra el género femenino en el círculo doméstico, lo que debería llamarse uxoricidio. Equivale también a la violencia machista, con el retorcido propósito de oscurecer del campo de atención la más amplia violencia familiar.

Es evidente que hay más asesinatos de mujeres por parte de sus maridos, novios, amantes o exmaridos que al revés. Pero por la misma razón que hay más homicidios de todo tipo cometidos por varones que por mujeres, incluidos los suicidios. Sin embargo, eso no quita para que se deba aislar el caso de las mujeres que logran hacer la vida imposible a sus maridos y sobre todo a sus exmaridos, no digamos cuando hay hijos por medio. Sería más razonable hablar de violencia doméstica para la que se produce en el círculo de la familia o sus aledaños. Si se aísla con tanto cuidado la violencia de género es porque, a través de ese miserable recurso, se facilita el estatuto privilegiado de los grupos feministas. Los cuales constituyen el más formidable grupo de presión en la política española actual. Sus tesis se ven incorporadas a los partidos de la izquierda y aun en parte a los de la derecha. El feminismo ha conseguido ser una estupenda forma de vivir en los varios sentidos de tal acción.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Siniestro total y los ayatolas
Se dispara el precio del crudo
Álvaro Martínez ABC 17 Septiembre 2019

El petróleo subió ayer un quince por ciento tras el ataque a una de las principales refinerías de Arabia Saudí, del que Estados Unidos responsabiliza al Irán de los ayatolas mostrando pruebas gráficas de su presunta implicación en el bombardeo. Teherán se quitó de en medio y negó la autoría del atentado, endosándosela a los hutíes, unos rebeldes que participan en la guerra civil que desde hace un lustro se libra en Yemen, que en diciembre pasado ya iba por 60.000 muertos y que ha puesto boca abajo el tablero de alianzas, filias y fobias en Oriente Próximo. El desbarajuste es tal que antiguos enemigos, históricamente irreconciliables, se abrazan ahora en ambos bandos de una guerra de religión entre suníes y chiíes, con Alá con los ojos como platos viendo la monstruosa sangría entre hermanos musulmanes. Empezó raro el siglo cuando el mejor golfista era negro (Tiger Woods), el mejor rapero, blanco (Eminem) y Francia se negaba a meterse en una guerra (la de Irak). Y así sigue, con los saudíes y los israelíes a partir un piñón.

El Irán de estos días, perejil en todas las salsas del tablero internacional, es el mismo al que hace unas semanas Macron coló de rondón en la mesa del G-8 de Biarritz. Orgulloso estaba esos días el francés de este «gran paso» para resucitar el acuerdo nuclear alumbrado por Obama que iba a alejar al régimen iraní de sus manejos atómicos tras echarse de nuevo al monte. Tres semanas después, Teherán anda secuestrando petroleros ajenos y sigue enriqueciendo uranio. Más aún, Arabia Saudí ha anunciado que ultima la construcción de su primer reactor nuclear. Otro exitazo de Macron, al que la tarea de «nuevo líder mundial» le está viniendo tan grande como se intuía. Difícilmente va a poner paz en Oriente Próximo si a penas puede meter en cintura a los chalecos amarillos que le siguen incendiando las calles los sábados.

Con el bloqueo político martirizando a los españoles, lo que ocurre en Oriente Próximo pudiera parecernos lejano, casi remoto en nuestro almanaque de penas diarias. Con el crudo por las nubes y el INE rebajando la fortaleza de la economía, el panorama cada vez pinta más feo en la España sin gobierno. El estrecho de Ormuz está en realidad a la vuelta de la esquina, al lado de su gasolinera donde cuando usted vaya a repostar y mire el contador de los euros a lo mejor se arranca con aquellas rimas granujas de Siniestro Total sobre los ayatolas.

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Rivera pierde el tiempo
 larazon 17 Septiembre 2019

A una semana exactamente de que venza el plazo para que prospere la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera lanzó una propuesta para apoyar a Pedro Sánchez. El líder de Cs ha ofrecido su abstención –incluso añade por cuenta propia la del PP– a cambio del cumplimiento de tres puntos: romper el pacto con Bildu en Navarra; abrir una mesa de negociación entre los tres partidos constitucionalistas para estudiar la aplicación del artículo 155 en Cataluña, si Torra persiste en incumplir la sentencia del TS del 1-O; y el compromiso de no subir impuestos.

La propuesta podría ser razonable si, por lo menos, hubiese tiempo material para negociar, ajustar los discursos, hacerla viable, en definitiva. Es decir, tiempo para hacer creíble una propuesta electoralista en un verdadero pacto de Estado. De creer en ella debería haberla apoyado con su voto afirmativo desde un principio, pero anunciarla el mismo día que el Rey ha iniciado la segunda ronda de consultas –que continuará hoy con Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado y Pedro Sánchez–, resulta por lo menos agónico, más un síntoma de una solución planteada a destiempo y que, en el fondo, nunca se apostó seriamente por ella. No tanto por el cumplimiento de los tres puntos, que también (¿alguien cree que todavía existe un bloque constitucionalista?), sino por no haber intentado forjar un pacto desde la misma noche del 28 de abril, una vez conocidos los resultados y la dependencia de Sánchez de Podemos e independentistas catalanes.

Pero esa no ha sido la estrategia de Rivera. Obcecado por el mal cálculo de que Cs podía arrebatar al PP el liderazgo de la oposición, marcó la estrategia de impedir cualquier apoyo a Sánchez. Un «no es no» que ha participado del bloqueo institucional que vivimos desde hace meses y que, por lo que vemos, no ha servido de nada, porque la propuesta de ayer viene a romper ese ofuscamiento, a no ser que sea pura gestualidad. En una reciente entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero el pasado día 2, argumentó su posición en que no podía rectificar la posición en la que se había comprometido su partido. Ser consecuente con un error es, sencillamente, persistir en el error, que es lo que ha hecho Rivera.

Pero no sólo es un movimiento que ahora resulta impracticable, sino que es puramente electoralista. En el doble sentido: es una solución desesperada para evitar concurrir ante las urnas en previsión de un descalabro tal y como anuncian los sondeos y, en caso de no poderse remediar, presentarse ante la opinión pública como un partido de Estado que al final ha intentado desbloquear la situación mirando por los intereses de España. No es serio que Rivera hable, además, en nombre del PP y luego llame a Casado para decirle que se sume a su plan, puede que deleitándose por el terreno que el líder popular le ha cedido.

Si bien Casado en la reunión que mantuvo el pasado 6 de mayo con Sánchez le ofreció un pacto para que el futuro Gobierno no dependiera de los independentistas –además de un acuerdo de política fiscal y presupuestaria–, su obligación como líder del primer partido de la oposición es haber perseverado en una posición que consideraba era una obligación de Estado. Rivera no ha ayudado, pero Casado tenía que haber liderado esa posición, entre otras cosas por su mejor sintonía con Sánchez y porque, efectivamente, los populares siguen siendo una pieza clave en las políticas de Estado.

Ayer pudimos comprobar cómo el presidente del Gobierno en funciones despachó la propuesta de Cs: reclamar la «abstención técnica» de Casado y Rivera sin basarse en un acuerdo conjunto es sencillamente una manera de encubrir lo que ha buscado desde las pasadas elecciones al comprobar que sólo disponía de 123 diputados: alargar una negociación ficticia para acabar repitiéndose los comicios.

Rivera y la España que sí suma
Editorial El Mundo 17 Septiembre 2019

El movimiento de Albert Rivera para desbloquear la situación y evitar que España quede abocada a las cuartas elecciones generales en cuatro años tiene la virtud de aunar la inteligencia táctica con la búsqueda del bien común. La oferta de abstención -las abstenciones gratis no existen- del presidente de Cs incluye tres condiciones razonables para investir a Pedro Sánchez: romper la dependencia de Bildu en Navarra, prepararse para responder con el artículo 155 a un eventual desacato de la sentencia del 1-O y pactar una fiscalidad moderada frente a la incertidumbre económica de las clases medias. Tres condiciones que cabe resumir en una sola: traer de regreso al desnortado líder del PSOE a la senda del constitucionalismo y la centralidad. Una exigencia que encaja con la vocación de Cs como proyecto político y que debería haber contado con la anuencia del PP. Pero Pablo Casado, coincidiendo con el fondo, ha rechazado abstenerse en un comunicado incoherente que arriesga la credibilidad de sus llamamientos a sumar por España.

Desde el momento en que se abrieron las urnas de abril, EL MUNDO ha venido reclamando el entendimiento entre las fuerzas constitucionalistas para garantizar por fin un horizonte estable para España, tras años de parálisis legislativa. Entendimiento que Sánchez no solo ha rehuido, sino que se ha preocupado de obstaculizar pactando sistemáticamente con el populismo y el nacionalismo -incluyendo su peor versión: los testaferros políticos de ETA en Navarra y el partido de Puigdemont en Barcelona- a cambio de acumular más poder territorial. Su calculada pasividad pretendía seguir el guion de Rajoy en 2016 con el único objetivo de mejorar sus resultados y perjudicar a sus rivales, sin reparar en que la repetición entonces fue una novedad -hoy solo agrava la desafección- y olvidando que Sánchez sí dispone de fórmulas de gobernabilidad.

En 2016 y en 2019 el culpable del bloqueo es el mismo político. El hombre del no es no. Si entonces se negó a abstenerse ante el único candidato que podía gobernar -y su cerrazón le costó al PSOE una implosión traumática-, ahora que es el único candidato que puede gobernar sigue negándose a acordar ninguna contrapartida con nadie para ser investido. Hoy tendrá que explicarle al Rey que, teniendo una oferta de sus socios de censura y otra del centroderecha, se niega a explorarlas porque prefiere abocar a los españoles a las urnas en la convicción de que saldrá fortalecido. Pero todos los sondeos auguran que seguirá dependiendo de los demás. Lo seguro, de ir a las urnas, es la prolongación del bloqueo y la intensificación por tanto del deterioro institucional y económico.

Nos preguntamos si tiene Sánchez algún plan al margen del deseo o la fantasía de gobernar sin comprometerse a nada con nadie. Y si lo tiene, por qué sigue jugando con los votantes escamoteándoles su proyecto para España, al margen de la mera ocupación del poder.

Elecciones 10-N: porque las quiere Pedro Sánchez
OKDIARIO 17 Septiembre 2019

La propuesta de última hora de Albert Rivera a Pedro Sánchez -abstención a cambio de romper su acuerdo con proetarras y secesionistas vascos en Navarra; no indultar a los golpistas tras una eventual sentencia del Supremo, y bajada de impuestos- no deja de ser un loable ejercicio de voluntarismo político, una iniciativa sin ningún recorrido a tenor del interés de Pedro Sánchez en ir a unas nuevas elecciones. Al presidente, España y la defensa del marco constitucional le preocupan más bien poco.

Todo su afán es gobernar sin comprometerse con nadie, ni siquiera consigo mismo, porque las convicciones del jefe del Ejecutivo en funciones giran alrededor de su ombligo. Sánchez no quiere acuerdos con la izquierda ni con la derecha, sino manos libres para hacer y deshacer a su antojo según su interés personal.

La propuesta de Rivera, en línea con la que ofreció Pablo Casado a Sánchez el pasado mes de julio, encontró la inmediata respuesta de Moncloa, que en un supino ejercicio de cinismo vino a decir que las condiciones exigidas por Ciudadanos ya se cumplían, porque ni hay acuerdo con Bildu ni mucho menos con los independentistas catalanes y, además, van a bajar los impuestos a las clases más desfavorecidas. No cabe mayor desahogo.

Hipocresía al cubo para dejar sin efecto la iniciativa de Rivera y poder alcanzar su objetivo de ir de nuevo a las urnas, que es lo que quiere Sánchez antes de tener que ceder un ápice de poder, bien aceptando ministros de Podemos, bien acordando con PP o Ciudadanos un plan de defensa del marco constitucional. Ni una cosa ni la otra.

El presidente en funciones quiere volver a serlo sin adquirir compromiso alguno con ninguna formación, convencido -ya veremos- de que una nueva cita electoral le catapultará al Olimpo político. El tiempo se agota y estamos abocados a unas nuevos comicios. Elecciones 10-N: porque las quiere Pedro Sánchez.

De hormigón armado
Glorioso que Sánchez asegure que ya cumple lo que exige Rivera
Luis Ventoso ABC 17 Septiembre 2019

Albert Rivera, que hace gala de una cintura para el giro digna del fabuloso Ricky Rubio, es ese político capaz de llevarse la contraria a sí mismo tantas veces como le convenga. En febrero de 2016, él y Sánchez eligieron la Sala Constitucional, una de las más solemnes del Congreso, para rubricar con pompa un acuerdo para investir al candidato socialista, vapuleado en las elecciones, como presidente de «un Gobierno de regeneración y progreso». Tres años después, Rivera giró en redondo y basó su campaña en un «no» frontal a aquel mismo Sánchez al que había apoyado encantado. En julio, su flamante aversión al líder del PSOE llegó al extremo de que saltándose las normas básicas de cortesía se negó a sentarse con él en las rondas de contactos.

Pero ya estamos en septiembre y llega el nuevo Rivera colección otoño-invierno. Albert andaba intranquilo. El naranja comenzaba a desteñir en las encuestas y él se había convertido en un personaje secundario en el gran teatro político. Tocaba un golpe de efecto, y ya ha llegado, sin tener siquiera el tacto de respetar que ayer y hoy el protagonismo correspondía al Rey y sus consultas. Escuchando al empresariado, y haciendo por fin lo que tenía que haber hecho tras las elecciones de abril, ayer el jefe de Cs ofreció una fórmula de apoyo a Sánchez para evitar otras elecciones o que el país sea rehén de separatistas y Podemos. Rivera ha tenido además el buen tino de plantear tres condiciones al presidente en funciones: no al indulto a los presos sediciosos y aplicación del 155 si el Ejecutivo catalán se niega a acatar la sentencia; un Gobierno nuevo en Navarra, de PSOE y Navarra Suma; y garantía de que Sánchez no subirá los impuestos.

Y ahora llegamos a un memorable alarde de jeta política. Sánchez, con faz de hormigón reforzado, se aprestó a recoger de inmediato el guante de Rivera y le respondió sin despeinarse que él ya cumple sus tres condiciones. Explicación tipo Barrio Sésamo, para todos los públicos: si Rivera le ha exigido un Gobierno en Navarra que no esté apoyado por nacionalistas y separatistas, ¿cómo puede decir Sánchez que ya cumple esa demanda cuando la socialista Chivite está sostenida por Bildu y Geroa Bai? Lo que hizo ayer Sánchez es señalar una botella de pacharán y proclamar impertérrito que es Fanta Naranja. Una vez más, se falta a la verdad con un desparpajo inédito. Además, la exigencia de no subir impuestos se da de bruces con el programa económico del PSOE y la línea roja de no indultar a los golpistas choca con la reiterada negativa del presidente a descartar esas gracias.

Sánchez, que quiere elecciones y por eso se fue a la hamaca de Doñana en agosto en lugar de buscar acuerdos, nunca desmontará el Gobierno de Chivite en Navarra. Así que Rivera conseguirá su objetivo -un par de días abriendo los telediarios-, sin necesidad de tener que dar luz verde a un Ejecutivo de Sánchez, algo que podría penalizarle en las urnas. Vislumbramos una España con los presupuestos de Montoro hasta 2021. La Nueva Política, como siempre, viento en popa.

Las condiciones de Rivera a Sánchez: ¿eso es todo, Albert?

Alejandro Tercero cronicaglobal 17 Septiembre 2019

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por fin ha movido ficha. Tras soportar impávido presiones de todo tipo y de toda procedencia durante meses, ha decidido lanzar una propuesta para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y evitar la repetición electoral.

La formación naranja se abstendrá --ha anunciado-- si se cumplen tres condiciones​: la ruptura del "pacto" del PSOE con Bildu en Navarra; el compromiso de no subir los impuestos a las familias ni las cuotas a los autónomos; y la creación de “una mesa para planificar la eventualidad de la aplicación del artículo 155 de la Constitución si no hay acatamiento de las sentencias del procés”, con una adenda: la promesa de “no indultar” a los dirigentes independentistas encausados --“golpistas”, en palabras de Rivera--, si son condenados.

Más allá de los discutibles argumentos esgrimidos por Sánchez para rechazar la propuesta --"es evidente que el Gobierno de España garantiza el cumplimiento Constitución y del Estatuto de autonomía" en Cataluña, ha aducido--, el planteamiento del presidente de Cs merece cierta atención.

La exigencia de alejarse de los proetarras en Navarra se presenta como una pretensión razonable para cualquier persona con sentido común. El requisito de vetar una subida de impuestos es coherente con el perfil político de Cs, cada vez más liberal y menos socialdemócrata. Y el compromiso de no indultar a los cabecillas del 1-O además de ir preparando el cada vez más inevitable 155 es algo tan evidente para cualquier constitucionalista que podríamos considerarlo como una obviedad.

¿Pero eso es todo, señor Rivera? ¿No le parece un precio excesivamente barato para facilitar la investidura de alguien a quien hasta ahora le había negado el pan y la sal de forma contundente?

En otras palabras, además del 155 --cuyo estreno fue demasiado corto y superficial; veremos cómo se aplica otras veces, que las habrá--, hay otros elementos más concretos que se podrían haber puesto sobre la mesa a cambio de allanar el camino a Sánchez.

La inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que se aplica de forma ilegal desde hace años debería haber sido la primera condición para hablar de investidura. Este fue uno de los ingredientes nucleares --no el único, pero sí uno de los más relevantes-- en el nacimiento de Cs. Y esta era una oportunidad inmejorable para reivindicarlo nuevamente.

En ese mismo ámbito, la exigencia de meter mano en serio a la educación pública y concertada en Cataluña para acabar con el adoctrinamiento escolar en clave nacionalista y restablecer la neutralidad habría sido otro requisito que, indudablemente, habría tenido buena acogida entre el constitucionalismo.

En tercer lugar, Cs podría haber reclamado la intervención decidida del Gobierno para garantizar la neutralidad del espacio público en Cataluña, ahora copado de forma asfixiante por el independentismo. De hecho, no solo esteladas y lazos amarillos inundan las áreas comunes, sino que ni siquiera se cumple algo tan básico como la Ley de Banderas en infinidad de ayuntamientos y edificios públicos.

Otro requisito debería haber sido la actuación resuelta del Gobierno para terminar con la utilización de los medios de comunicación de la Generalitat como altavoces de propaganda nacionalista.

También habría sido razonable que Cs hubiese exigido al Ejecutivo nacional aplicar las medidas necesarias para corregir la politización del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, de las políticas penitenciarias de la Generalitat y de las delegaciones autonómicas en el exterior --conocidas como embajadas--.

Rivera ha perdido una ocasión única para demostrar que su defensa del constitucionalismo en Cataluña va en serio y no está condicionada por los complejos o por el miedo a la reacción del nacionalismo.

Casado y el PP vasco
Cayetano González Libertad Digital 17 Septiembre 2019

Durante muchos años, el PP del País Vasco fue un referente moral, ético y político para muchos españoles, votaran o no a ese partido. Eran los años en los que ETA cazaba como a conejos a los concejales populares, y no sólo en el País Vasco, también en otras partes de España. El objetivo de la banda terrorista era aniquilar literalmente a ese partido, como a finales de la década de los 70 y comienzos de los 80 había intentado con la UCD.

En el caso del PP, la resistencia heroica de sus militantes y cargos públicos en el País Vasco, así como una política firme, coherente, sin fisuras, desde el Gobierno de la Nación a partir de 1996 en todo lo referente a la lucha antiterrorista, impidió que ETA consiguiera su objetivo. Fueron los años en que Jaime Mayor Oreja (1990-1996), Carlos Iturgaiz (1996-2004) y María San Gil (2004-2008) presidieron el PP vasco.

En 2008 llegó el infausto Congreso de Valencia, tras perder Rajoy las elecciones con Zapatero. Tres semanas antes de dicho Congreso, Rajoy, con la inestimable ayuda de José María Lasalle, Alicia Sánchez Camacho y José Manuel Soria, consiguió que María San Gil, encargada de la elaboración de la ponencia política, decidiera irse a su casa. Ahí empezaron todos los males del PP vasco.

Una segunda línea de dirigentes –Antonio Basagoiti, Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzábal, Borja Sémper, Arancha Quiroga, Leopoldo Barreda, Antón Damborenea, Javier Maroto–, que habían crecido a la sombra de Mayor Oreja, Iturgaiz y San Gil, se hicieron con las riendas del partido. Fueron tiempos en que esos dirigentes hablaban del PP "pop", del PP "guay", decían que había que sacar al PP de las catacumbas en que se había recluido por el terrorismo de ETA. Y lo que sucedió a partir de entonces es que quienes abandonaron el PP vasco fueron sus electores, que en buena parte se pasaron al PNV.

Baste un simple dato electoral para ilustrar el balance de quienes han dirigido el PP vasco desde 2008. En las elecciones generales de marzo de 2000 –en las que Aznar consiguió una holgada mayoría absoluta–, el PP obtuvo en el País Vasco 323.235 votos (28,26%), lo que le dio 7 diputados en el Congreso (3 por Vizcaya, 2 por Guipúzcoa y 2 por Álava). En esas mismas elecciones el PNV obtuvo 347.417 votos (30,38%) y otros 7 diputados. En las generales del pasado mes de abril, el PP sacó en el País Vasco 95.041 votos (7,45%) y 0 diputados. El PNV obtuvo 395.884 votos (31,01%) y 6 diputados. Es decir, en diecinueve años, el PP ha perdido en el País Vasco 2 de cada 3 votantes, quedándose sin representación parlamentaria.

Por eso se entiende muy mal que los responsables de ese desastre; los que han llevado al PP vasco a la irrelevancia política y social; los que han dilapidado el caudal de prestigio moral del que gozaba ese partido en toda España, pretendan ahora, como si no hubiera pasado nada, seguir en el machito, reivindicando un perfil propio sobre la base de los derechos forales. Y si alguien como Cayetana Álvarez de Toledo se atreve a cuestionar esa estrategia, es descalificada de forma zafia por esos mismos responsables.

Peor se entiende que el actual presidente del PP no aprovechara su asistencia a la convención de su partido en Vitoria para poner el acento en la necesidad de fortalecer la idea y el proyecto de España en el País Vasco, frente al nacionalismo identitario del PNV, frente a los herederos de ETA o incluso frente a un Partido Socialista que se encuentra más cómodo gobernando en Vitoria con el PNV y en Navarra buscando y necesitando el apoyo de Bildu.

Una de las frases más aplaudidas de Casado fue: "Yo soy también del PP vasco. Si no fuera por vosotros, no estaría en política ni sería presidente". ¿Cree Casado que su partido en el País Vasco es actualmente el mismo que conoció cuando era un joven militante de Nuevas Generaciones? Querer quedar bien con todos, o mezclar churras con merinas, no es un buen camino si de verdad se quiere ejercer liderazgo.

Dictadura lingüística
Torra ataca a Seat por no incluir el catalán en el Tavascan, su nuevo coche con nombre de pueblo leridano

Raquel Tejero okdiario 17 Septiembre 2019

Torra permite que se espíe a maestros y alumnos para denunciar el uso del español

La autodenominada ONG del catalán, subvencionada por la Generalitat de Cataluña con 620.000 euros anuales, ha lanzado un comunicado para atacar a la marca automovilística SEAT por no incluir el catalán en las pantallas de navegación y en los papeles de su nuevo modelo Cupra Tavascan.

Tavascan es el nombre de un pueblo de Lérida y el elegido por SEAT para un el nuevo modelo que ha sido presentado esta misma semana. La Plataforma Per la Llengua -así se llama la asociación- ha criticado la no inclusión del catalán en el automóvil y lo ha tachado de "discriminación de los consumidores de habla catalana".

La asociación recalca que la empresa de vehículos es la que más vende en Cataluña y por ello debería incluir el catalán en su página web, la documentación de los coches y la interacción de la pantalla.

La firma automovilística ha usado en reiteradas ocasiones nombres en catalán para sus coches: ‘Tarraco’, ‘Formentor’ o ‘El Born’. Sin embargo, estos guiños no parecen ser suficientes para la asociación títere del Gover, que considera que "su actitud conlleva una discriminación sistemática del consumidor de Barcelona, ​​de Cataluña y del resto de los territorios de habla catalana”.

Patrocinio como presión
La Plataforma ha usado la vinculación de la marca con el FC Barcelona como elemento de presión. En el comunicado han incluido la importancia de que una empresa que patrocinada al FC Barcelona incluya el catalán en sus comunicaciones.

En este sentido denuncian que incluso en el apartado de la web de SEAT donde se incluye la información del patrocinio no se lea en catalán.

Espías en colegios
Esta Plataforma causó una gran polémica el pasado mes de julio al desvelar que habían espiado a alumnos y profesores con la intención de crear un informe sobre el uso del catalán en el recreo de los colegios.

La asociación presentó un estudio sociolingüístico realizado en "los patios de las escuelas e institutos de las zonas urbanas de Cataluña". El documento reconocía que el método utilizado para la recopilación de datos se hizo "de incógnito, para que ni profesorado ni alumnado supiera que se estaba observando el comportamiento lingüístico para no alterarlo”.

Tribunales AUDIENCIA NACIONAL
Los abogados de ETA evitan una condena mayor admitiendo que eran parte de la banda
Hasta 47 acusados asumen el relato de la Fiscalía en lugar de enfrentarse a un juicio y defender que no pertenecían a la organización terrorista.
Carmen Lucas-Torres elespanol 17 Septiembre 2019

"¿Reconoce usted los hechos objeto de acusación?", preguntó el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. "Sí"o "Bai" (en euskera) contestaron este lunes los acusados del denominado frente de cárceles o frente de makos en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional.

Y los hechos recogidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, por el que solicitaba penas de entre 11 y 14 años de prisión para los hasta 47 acusados, tienen que ver con la implicación que todos tuvieron con la organización terrorista ETA. El Ministerio público sostiene que los acusados, abogados que defendieron a terroristas en juicios o reivindicaron sus derechos ante Prisiones, así como pidieron su acercamiento a País Vasco y Navarra, en realidad pertenecían a la banda terrorista y respondían a sus directrices. También que, una vez ésta anunció el alto el fuego en 2012, las entidades sociales representadas por ellos pasaron a ser "uno de los principales elementos de movilización de la base de ETA y su entorno".

Todos los acusados, entre quienes se encuentran los abogados Arantza Zulueta y Jon Enperantza -para quienes el Ministerio Público solicitaba 14 años de prisión como dirigentes y participantes activos de la banda- la concejal de Bildu de Pamplona Amaia Izco o el exsenador Iñaki Goioaga, han admitido la acusación de la Fiscalía para conseguir penas menores. Finalmente, todos han sido condenados a penas que van del año de prisión a los dos años y siete meses en el caso de Enperantza y tres años y medio en el de Zulueta, las dos penas más altas.
Evitar el juicio

La mayoría abogados de profesión, han debido ver complicado justificar ante un Tribunal lo que vienen defendiendo en platós de televisión y estudios de radio. También en las ruedas de prensa de sus respectivos ayuntamientos, como ha sido el caso de Izco. Decían que, aunque próximos a los presos y a sus reivindicaciones, no formaban parte de la banda terrorista ETA.

Pero el miedo a poner un pie en prisión ante unas peticiones de condenas tan altas les han llevado a tragar las ruedas de molino del escrito de acusación del fiscal Carballo y decir "Sí", "Bai", con poco convencimiento.

Asumir los hechos tendrá consecuencias en sus vidas personales, en sus puestos de trabajo. Ese ha sido el caso, este mismo lunes, de Amaia Izco, que ha anunciado que abandonaba la concejalía del Ayuntamiento de la capital navarra después de la conformidad alcanzada en la Audiencia Nacional.

Todos han preferido llegar a una conformidad y asegurarse la libertad, aunque con una inhabilitación absoluta para el empleo público durante tres años, además de no someterse a un juicio que, por el volumen de acusados, se alargaría mucho.

Covite, en contra
Los acusados han asumido así importantes datos de su cercanía con ETA contenidos en el escrito de acusación, como que tenían la misión de mantener la cohesión dentro del colectivo de presos dada la relevancia que adquieren éstos tras el alto el fuego de ETA.

También que a partir del año 2012 el frente de cárceles estaba integrado por Herrira (sucesora de Askatasuna), el colectivo de abogados (cumpliendo funciones de asistencia jurídica, pero también de control e influencia política sobre los presos), Etxerat (quien se ocupa del entorno social y familiar de los presos), Jaiki Jaidi (quien se ocupa de la asistencia médica a los presos) y el propio colectivo de presos EPPK, de las que los acusados formaban parte.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha considerado muy importante que los acusados reconocieran tales hechos que llevan años denunciando. Sin embargo, la asociación de víctimas Covite ha emitido un comunicado en el que considera que "la estrategia de pactos judiciales con ETA y su entorno político y social favorece la impunidad". Así, se han mostrado rotundamente en contra de la "negociación con terroristas dentro o fuera de los juzgados".
 


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