AGLI Recortes de Prensa   Martes 1 Octubre  2019

‘España Siempre’, el lema de VOX para las elecciones del 10-N
Redacción eltorotv.com 1 Octubre 2019

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha lanzado el lema con el que su partido se presenta a las elecciones generales del 10 de noviembre y que será ‘España siempre’, en respuesta al lanzado por el PSOE en esta precampaña y que es ‘Ahora Gobierno, Ahora España’.

Abascal ha utilizado su cuenta en Twitter para dar a conocer la frase. «¿Ahora España? No, ahora VOX. España siempre», ha escrito el dirigente político.

El portavoz en el Congreso de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que el lema de los socialistas es «cosmética» porque el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sanchez, a su juicio «no cree en España». Sin embargo, el uso por este partido de la palabra España «cuando la han denostado tantos años» da idea de que «el patriotismo empieza a volver a importar». «Alguien en Moncloa identifica que es un tema que va a más», ha interpretado.

VOX lanzará este fin de semana su campaña con un gran acto en la plaza de toros de Vistalegre (Madrid), donde el año pasado por estas fechas organizó un mitin con unas 10.000 personas en una demostración de fuerza que luego se reflejó en las urnas el pasado abril. La formación de Abascal logró 24 escaños que aspira ahora a revalidar e incluso ampliar.

Fuentes de VOX aseguran que afrontan sus segundas elecciones generales mejor preparados y con más recursos y que, además, cuentan con un electorado fiel que confían en mantener: un 84% de sus votantes volverían a votarles, según algunos sondeos, y han incrementado un 4% el número de afiliados en cinco meses (de 49.000 a 51.000), según sus propios datos.

Ignorar las crisis solo las agrava
Editorial ABC 1 Octubre 2019

Al aluvión de datos macroecónomicos publicados ayer, todos indiciarios de la ralentización del crecimiento económico, ABC añade hoy la cifra que documenta el ritmo de la destrucción de empleo en España: las grandes empresas han activado una nueva oleada de despidos y ajustes laborales en un momento en el que la salida de los ERE vuelve a aparecer en el horizonte empresarial. El primer semestre del año se cerró el pasado junio con un incremento del 40 por ciento de los expedientes de regulación de empleo, herramienta de ajuste laboral cuya aplicación durante el ciclo de la crisis que arrancó hace una década dejó sin empleo a decenas de miles de trabajadores. Ignorar estas señales e insistir en las políticas de gasto no productivo quizás aporte apoyos electorales a la izquierda, pero representa un acto de grave irresponsabilidad, más aún tras la experiencia -y las cuentas- que hace ahora ocho años dejó el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero al equipo de Mariano Rajoy y, más aún, al conjunto de la sociedad española.

El frenazo del PIB, que en el segundo trimestre se quedó en el 0,4 por ciento, el más bajo de los últimos tres años; la baja inflación registrada en septiembre, con un 0,1 por ciento que también es la nota más baja desde 2016, o el aumento de la deuda pública, que en junio marcó un nuevo récord, con 1,21 billones de euros (99 por ciento del PIB) invitan a poner en marcha un programa urgente de reformas, no una política basada en el gasto social y la «reversión» de los ajustes, como anuncia el Gobierno socialista. España está aún lejos de caer en la recesión a la que se dirigen economías como la alemana, la italiana o la británica, pero confiar en la inercia es el camino más fácil para repetir una crisis cuya factura aún no hemos terminado de pagar.

Por la restauración efectiva del orden constitucional en Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 1 Octubre 2019

El segundo aniversario del golpe separatista contra el Estado perpetrado el 1 de octubre de 2017 se produce en un contexto de creciente tensión en una Cataluña cortocircuitada por unos nacionalistas diríase que incapacitados para no hacer daño al Principado.

La detención de siete integrantes de los liberticidas Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que podrían haber cometido un atentado este mismo martes, y la reacción que la misma provocó en el separatismo en pleno ha representado un nuevo punto de inflexión, ha hundido aún más en la ignominia al nacionalismo catalán, en especial al supremacista Quim Torra, que detenta el control de una Generalidad a la que están infligiendo un daño tremendo.

Buena prueba de que la situación es insostenible incluso en las propias estructuras separatistas que han hecho presa en las instituciones regionales catalanas es la dimisión del director general de los Mozos de Escuadra, cuerpo integrado por 17.000 hombres armados y convertido por el nacionalismo en una policía política de las que caracterizan a los regímenes más execrables del planeta.

El separatismo no está dispuesto a cejar en su empeño guerracivilista y sigue la pauta dictada por el infame Torra, encantado de jalear a los peores elementos de la sociedad catalana. Con semejante personaje al frente del Gobierno regional, es prácticamente imposible que Cataluña recupere la normalidad cívica y democrática.

Si ya es escandaloso que Torra ensucie la Generalidad con su fanatismo infecto y criminógeno, la relación de una hermana de su padrino Carles Puigdemont y del denominado CNI catalán con los CDR detenidos por terrorismo la semana pasada hace insostenible la posición de Torra y obliga al Gobierno a actuar de inmediato.

En efecto, es perentorio que el Ejecutivo tome cartas en el asunto, como acertadamente ha demandado Pablo Casado a Pedro Sánchez, y active los resortes legales que permitan al Estado central recuperar el control de la seguridad en Cataluña mientras se pone en marcha el procedimiento para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución. Una intervención que debe hacer lo que no hizo la anterior: garantizar la restauración efectiva del orden constitucional en el Principado.

Segunda carta a unos jueces infames
Pío Moa gaceta.es 1 Octubre 2019

Para difundir al máximo:

En su bestial y prevaricadora sentencia hay una observación que les retrata a ustedes: osan decir que “Franco fue el jefe de Estado surgido de la Guerra Civil» y encabezó un régimen político caracterizado «por negar la separación de poderes y el pluralismo político y social fuera del Movimiento Nacional».

Parece como si ustedes y el Estafador de la Moncloa, jefe de un partido colaborador de los separatismos y de la ETA, pretendieran defender la democracia sobre la base de una ley norcoreana, vulnerando el estado de derecho, los derechos de las personas y la más elemental realidad histórica. En eso debe consistir su democracia.

La realidad es que la guerra civil surgió de un asalto armado al poder por el partido del Estafador aliado con el separatismo catalán, con pretensiones de implantar un régimen de tipo soviético y disgregar a España. Asalto seguido año y medio más tarde por el fraude electoral –verdadero golpe de estado– de un Frente Popular compuesto de totalitarios, separatistas y golpistas, continuado por una completa destrucción del estado de derecho entre cientos de crímenes e incendios y culminada en el asesinato del jefe de la oposición. Ustedes y su ley de «memoria» no se identifican con ninguna democracia, sino con aquel régimen criminal. El partido del Estafador, apenas vuelto al poder en 1982, aparte de imponer una corrupción generalizada, la colaboración con la ETA y un terrorismo de estado, proclamó la muerte de Montesquieu, es decir, de la separación de poderes, atrocidad que acaban de ratificar ustedes, con su inicua sentencia.

El franquismo fue un régimen de excepción, necesario para recuperar a España del crimen, el caos, la disgregación y la miseria creados por aquel Frente Popular. Con el cual se identifican, insisto, tanto el Estafador como ustedes, los separatistas y su infame ley llamada de memoria histórica y que, como todo en ustedes, es una estafa. El franquismo tuvo que reconstruir un país material, política y moralmente devastado. Y lo hizo sin la menor oposición democrática, porque nadie quería volver a una “democracia” como la afortunadamente derrotada en 1939. Y reconstruyó al país con una población pronto reconciliada, y con tal éxito que dejó a España próspera, culta, y sin más odios que los de algunas pequeñas minorías irreconciliables comunistoides, separatistas y terroristas. Dejó por primera vez un país apto para una democracia libre de las viejas convulsiones guerracivilistas a las que ustedes quieren llevarnos nuevamente con sus estafas “democráticas”.

Ustedes han elegido servir al Estafador y no al estado de derecho, haciendo el máximo daño al país. Su responsabilidad es gigantesca. Y la historia demuestra que estas fechorías no salen gratis.

Quién fue Franco entre los estadistas y militares del siglo XX: https://www.youtube.com/watch?v=_Mi6AJNI5jk
Los Mitos Del Franquismo (Historia)

La vil costumbre ‘roja’ de profanar tumbas
Mateo Requesens eltorotv.com 1 Octubre 2019

Son muy conocidas las fotografías del convento de las Salesas del paseo de San Juan en Barcelona, cuando los sicarios del Frente Popular profanaron las tumbas de las religiosas allí enterradas y expusieron al público sus ataúdes abiertos para que la chusma hiciera mofa y escarnio de sus cadáveres mancillados.

Nuestra guerra civil fue muy proclive a estas demostraciones de brutalidad y retraso cultural por parte de los integrantes del Frente Popular, que en repetidas ocasiones se dedicaron a profanar el eterno descanso de los religiosos para dar rienda suelta a su saña contra el catolicismo. La falta de respeto y decoro por los cadáveres de los adversarios fue algo habitual en el bando “rojo” durante la II República y la guerra civil. Recordemos el asesinato del falangista Juan Cuéllar, linchado hasta la muerte el 10 de junio de 1934 por negarse a cantar la Internacional. Recibió varias cuchilladas en la boca y su cabeza fue machacada con piedras hasta que la masa encefálica quedó esparcida en el suelo. No contentos, Juanita Rico, una de las integrantes del grupo de salvajes marxistas, se puso en cuclillas para orinar sobre el cuerpo sin vida del muchacho, tal y como contó un acompañante del fallecido. Al comienzo de la guerra civil, el general López Ochoa, encargado de la represión de la revolución en Asturias, fue sacado en pijama por los milicianos del Hospital militar de Madrid, hoy denominado de la defensa, por todos conocido por Gómez Ulla, y fusilado. Acto seguido cortaron la cabeza al cadáver y la pasearon ensartada en una bayoneta por las calles de Madrid. En la checa de San Elías de Barcelona, los milicianos tenían la costumbre de hacer desaparecer los cadáveres de sus torturados echándolos de comer a los cerdos. Documentado queda el caso de Apolonia Lizárraga, madre superiora de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, que fue colgada desnuda de un gancho para luego ser aserrada viva y tirar sus restos a los cerdos.

Más allá de la barbarie de los secuaces del Frente Popular, los gobiernos comunistas han practicado sistemáticamente la política de la damnatio memoriae contra sus enemigos políticos, sin reparar en utilizar sus sepulturas al efecto. Los cadáveres de la familia del zar Nicolas permanecieron casi un siglo ocultos en fosas en un bosque tras haber sido asesinados en Ekaterimburgo,​ para evitar cualquier tentación de culto. Más recientemente, el 16 de enero de 1969, el estudiante de historia Jan Palach, de 20 años, se inmoló quemándose a lo bonzo en la Plaza de San Wenceslao de Budapest en protesta por la ocupación soviética de Hungría. La tumba de Palach se convirtió en un punto de encuentro para los jóvenes y disidentes, por lo que la policía secreta comunista decidió exhumar sus restos y trasladarlos a la ciudad natal de Palach, para intentar borrar su memoria. Durante la Revolución Cultural maoísta, los jóvenes guardias rojos profanaron las tumbas de la familia de Confucio con la intención de borrar todo vestigio del filósofo en la historia China.

Eso mismo, borrar su memoria, es lo que se pretende con la exhumación de los restos mortales de Franco. Tras 44 años de machacona propaganda antifranquista, de una Ley de Memoria Historica que decreta lo que debemos pensar sobre la guerra civil y Franco, el pueblo español aún sigue resistiéndose a tragar con la versión de los hechos de uno sólo de los bandos, que 80 años después sigue alimentando el resentimiento y pretende ganar una guerra civil que nunca debió suceder, tomando cumplida venganza sobre un cadáver.

La historia no es exhumable, se podrá, al estilo estalinista, borrar de las enciclopedias las fotos y las entradas que no interesen a quien detenta el poder político, se podrán borrar nombres de calles, se podrán profanar tumbas y ocultar cadáveres, se podrá dedicar ingentes cantidades de dinero a películas y documentales de propaganda, se podrá multar o encarcelar al disidente, pero tarde o temprano la verdad acabará por asomar.

VOX denuncia la ‘deslealtad’ de Malena Contestí tras dejar el partido: ‘En la vida hay que saber cómo marcharse’
Agencias eltorotv.com 1 Octubre 2019

Vox ha denunciado este martes la «deslealtad» de la diputada balear Malena Contestí que ha decidido dejar el partido entre duras críticas a la formación de Santiago Abascal y ha subrayado que, en todo caso, esta no iba a repetir en las listas con las que concurrirán a las elecciones del próximo 10 de noviembre.

‘Una metamorfosis repentina’
Enseguida su postura ha encontrado respuesta en Vox, que ha censurado su «repentina metamorfosis». El propio Espinosa de los Monteros publicaba esta madrugada en su cuenta de Twitter un vídeo de Contestí de la semana pasada en la que la que fuera diputada por Baleares admitía que había sido un «honor» para ella haber servido a Vox.

«La metamorfosis repentina que acabamos de conocer le va a resultar difícil de explicar. En la vida hay que saber cómo marcharse», comentaba a continuación Espinosa de los Monteros tras conocer la misiva de Contestí.

Horas después no sólo se ratificaba en su reflexión en una entrevista con ‘esRadio’, sino que subrayaba que la idea de la dirección del partido es que la diputada balear no repitiera en las listas para el 10N. Máxime, ha apuntado Espinosa de los Monteros, después de que Contestí denunciara este verano un «falso escándalo» de financiación irregular del que se le pidió que rectificara al no poderse demostrar, pero nunca lo hizo.

Caída del caballo
«Al ver que no iba a repetir sufre una caída del caballo y cambia de posición», ha continuado el dirigente de Vox, quien ha cuestionado que Contestí cargue contra el partido cuando «hasta ayer» lo defendía con «bastante brillantez» y de manera «vehemente».

«Se ha equivocado. Podía haber tenido una salida con más dignidad, pero ha optado por este camino, que no es bueno y que probablemente sea el preámbulo de algo que veremos en próximos días», ha dicho, dejando entrever que quizá podría ser fichada por otro partido.

También la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, se ha referido a Contestí a través de las redes sociales, en su caso para echarle en cara su «deslealtad». «Los actos más inexplicables a menudo se explican desde los sentimientos más primarios. En este caso, haber sabido que no repetía como candidata de Vox por Baleares. Visto lo visto, una decisión muy acertada la de nuestro partido», ha escrito Olona.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

1 de octubre, día de la infamia
Redacción eltorotv.com 1 Octubre 2019

Hay varios 1 de Octubre, pero el que hace peligrar la paz en España es el infame día en que el Gobierno de la Generalitat materializó una rebelión (o sedición, lo que establezca el Tribunal Supremo), hace ahora dos años.

El discurso de la Infamia fue pronunciado por el presidente Franklin D. Roosvelt el 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque a Pearl Harbour, ante el Congreso de Estado Unidos para pedir la declaración de guerra al Japón. Es uno de los discursos vibrantes de la segunda Guerra Mundial, comparable al célebre de Churchill. Cuentan que fue el propio Roosvelt el que tachó del borrador del discurso la expresión “un día para la historia” y lo sustituyó de puño y letra por la de “un día para la infamia”. Acusaba a Japón de haber engañado deliberadamente a EEUU y concluía: “Los hechos hablan por sí mismos… No importa cuánto tiempo nos tome superar esta invasión premeditada, el pueblo estadounidense con su honrada fuerza triunfará hasta la victoria absoluta… no sólo nos defenderemos al máximo sino que conseguiremos que esta forma de traición nunca más nos ponga en peligro. Las hostilidades existen. No hay que cerrar los ojos al hecho de que nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses están en grave peligro… con la ilimitada determinación de nuestro pueblo obtendremos el inevitable triunfo, con la ayuda de Dios.

Hay una vieja película, “Tora-Tora-Tora” que narra el ataque a Pearl Harbour en la que el almirante japonés de la flota llega a decir, después del éxito del bombardeo: “Me temo que hemos despertado a un gigante que estaba dormido”.

Desde el 1 de octubre de 2017, los españoles –especialmente los catalanes- están siendo bombardeados. El país ha sido traicionado por la política blanda de los unos y la política abyecta de los otros. El día de la infamia no solo consistió en la traición de las élites separatistas de Cataluña, o en el pistoletzo de salida de la ruptura a cámara lenta de la paz en esa parte de España, sino también en la humillación del gobierno de España a los españoles, con su barco piolín, su ineficacia política, sus urnas colándose por la frontera, sus colegios electorales burlando todo el dispositivo policial, y en fin el fallo –y la falla- general del aparato del estado en Cataluña. Fue tan penoso el desacato como ver a nuestros guardias civiles y a nuestros policías burlados, abucheados, perseguidos, golpeados y expulsados de los hoteles y pueblos por los maleantes. Y fue penosa también la imagen de aquel gobierno incompetente y cobarde, que no quería ver porque era más cómodo no mirar y que cuando se encontró el desacato no supo qué hacer. Aquel ministro Zoido, con maneras de alcalde abrazaseñoras, aquel presidente indolente y cobardica, aquella Soraya que no sabía ni entendía nada más allá de su propia e incompetente soberbia y que se dejó engañar por Junqueras porque era más cómodo que enfrentarse a ellos. Todo fue una catástrofe. España demostró una vez más en su historia que no tenía una cabeza al frente, sino una cuadrilla de aficionados bastante vagos, por cierto.
Suscríbete a nuestro nuevo canal

Hay un partido que ha nacido para pegar un portazo a la indolencia, un partido que de haber tenido fuerza en esos días de infamia, habría hecho que el papel de España hubiera sido sin duda más honroso. No hacía falta hacer el ridículo, ni hacérselo hacer a nuestros cuerpos policiales. Hacía falta valor, y el valor era que el 155 hubiese sido intenso, en toda regla, cerrando TV3 y manteniendo en el tiempo la suspensión del gobierno traidor. Ese partido hace hoy más falta que nunca.

De aquella fecha sobrevive el discurso del rey y el despertar de la gente. La gran lección del pueblo español que se echó a los balcones, como si fuera aún un modesto pueblo de manolos, y sacó sus banderas, solamente. Las sacó en toda España, en todas sus ciudades, sus pueblos, sus urbanizaciones, sus aldeas. La gente se echó a las calles. No solo eso: en Cataluña volvió a brotar la fuente de España, y la avalancha de esteladas fue respondida y contrarrestada por una marea de banderas nacionales, manifestaciones, discursos, oleadas. España volvió a despertar en Cataluña y desde entonces el proceso se ha hecho una pesadilla imposible para sus promotores.

Lo más importante ahora es que nadie en España se equivoque. Que nadie abandone su posición. Que cada uno haga lo que tiene que hacer. Llegan tiempos muy duros. Empieza la segunda parte de la rebelión. El golpe va a consistir en la organización y socialización de la violencia. Cataluña está entrando en la confrontación, el terrorismo y la guerra. Y hay que defenderla y defenderse.

Silencios cómplices en otro 1-O
Editorial ABC 1 Octubre 2019

El Gobierno tiene soluciones a mano y ninguna es seguir «blanqueando» a Torra. Si no es la aplicación del 155, el Estado dispone de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Penal

El silencio de Joaquim Torra ante la degradación de la vida pública en Cataluña es elocuente. Es imposible hallar un solo argumento que justifique por qué un presidente autonómico no es capaz, en una democracia, de condenar a un grupo organizado acusado de terrorismo. En eso se han convertido algunos energúmenos de los llamados comités de defensa de la república (CDR), y sin embargo Torra calla. Ante esto, solo hay dos alternativas: o guarda silencio porque sabe que son ciertas las acusaciones de la Audiencia Nacional contra ellos, y algo de eso podría haber en las motivaciones del jefe de los Mossos para dimitir ayer; o bien calla porque se trata de un presidente pelele convertido en rehén de los CDR y carece de la valentía suficiente para lamentar que se manejen como células de corte terrorista. Torra es un presidente autonómico a quien Pedro Sánchez invitó a La Moncloa, y a quien también el jefe del Ejecutivo cumplimentó en Pedralbes aceptando una agenda oculta de chantaje al Estado con «relatores» incluidos. Torra es quien exigió a los CDR que «apretasen», quien se ufanó de tener familiares en esos comités y quien los jalea desde el Parlament, cuyo papel ha pervertido hasta convertirlo en garante del terrorismo. Por eso, es mucho más que un simpatizante o un cómplice. Torra es sencillamente el promotor de la estrategia destructiva del independentismo.

Si es verdad, como así concluyen informes judiciales, que los CDR usaron como ensayo para sus acciones criminales la convocatoria de un Consejo de Ministros en Barcelona; y si también es cierto que actuaban como enlaces secretos entre Torra y Carles Puigdemont, o que el llamado «CNI catalán» coadyuvó en la planificación del pretendido asalto al Parlament, la duda que queda es por qué Pedro Sánchez no señala a Torra con el dedo, lo cita expresamente y lo retrata como el impulsor de una banda organizada con la ayuda de instituciones públicas. Es muy grave lo que está ocurriendo, y no sirven de nada los bálsamos que pretende aplicar Sánchez con alusiones genéricas, pero con veto, al artículo 155 de la Constitución, o con promesas electoralistas envueltas otra vez en la bandera de España. Es un error infravalorar el salto cualitativo que han dado los poderes públicos en Cataluña para conmemorar los dos años del 1-O. Es una nueva fase de la afrenta al Estado de Derecho, y no basta con esperar a que la hinchazón emocional baje de nuevo. El Gobierno de la nación tiene soluciones a mano y ninguna es seguir «blanqueando» a Torra. Si no es la aplicación del 155, el Estado dispone de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Penal. A fin de cuentas, eso es ley. Lo que hace Torra, no.

1-O: infausto aniversario
Editorial El Mundo 1 Octubre 2019

Un nuevo clima insurreccional exigiría una intervención firme del Gobierno

Se cumple hoy el segundo aniversario del infausto día en que el separatismo forzó un referéndum ilegal contra la mitad de sus vecinos y el resto de españoles para liquidar el orden democrático y la unidad territorial. La efeméride no podía llegar envuelta en peores presagios. El encarcelamiento de siete miembros de uno de esos grupos de fanáticos autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), acusados de planear atentados, desnudó la entraña violenta del movimiento que cínicamente se vende como revolución de las sonrisas.

Pero tan grave como el salto cualitativo hacia el empleo de la violencia fue la reacción institucional de los partidos separatistas, empezando por el propio Quim Torra, que salió en defensa de los presuntos terroristas y cargó contra un "montaje" del mismo Estado cuya máxima representación en Cataluña él mismo ostenta. Y cómo no iba a hacerlo si estaba en connivencia con los procesados según confesión de uno de ellos -que también estaban conectados con la hermana de Puigdemont-, y si EL MUNDO ha revelado que el CNI catalán encargó a los CDR el asalto al Parlament. Con semejantes evidencias, el procesamiento de Torra parece ineludible más pronto que tarde. Cs, el partido más votado en Cataluña, ha anunciado la presentación de una moción de censura sobradamente justificada contra el todavía presidente de la Generalitat; su éxito es imposible, pero la defensa de la causa constitucionalista debe hacerse oír en el Parlament, y en todo caso el ambiguo PSC debe retratarse ante un electorado que teme ya la reedición de las peores jornadas de octubre de 2017.

No otra cosa se deduce de la dimisión del director general de los Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, anunciada la misma víspera del 1 de octubre. El abandono del responsable político de la policía catalana evoca inevitablemente el precedente de Santi Vila, al que hoy el separatismo considera un traidor por anteponer el cumplimiento de la ley a la irracionalidad unilateral. Veremos cómo se desarrolla la jornada de hoy, pero todo apunta a que va a desatarse un nuevo clima insurreccional que exija una intervención firme del Gobierno.

En los últimos días, Sánchez ha imprimido a su discurso un viraje constitucionalista. Es evidente la motivación electoral de semejante giro en alguien que llegó al poder gracias al apoyo de ERC y JxCat, y que por mantenerse en él cultivó la plurinacionalidad y aceptó la vergonzante hoja de ruta de Pedralbes. El mismo político hoy pretende proyectarse como el garante fervoroso de la unidad nacional mientras mantiene pactos con Bildu en Navarra o con el soberanismo en Barcelona o Baleares. Pero más allá de sus alardes de funambulismo, solo esperamos que llegado el momento sea capaz de reaccionar en defensa de la ley y la democracia de todos, empezando por aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana y acabando por el 155.

La realidad paralela del separatismo
Cristina Losada Libertad Digital 1 Octubre 2019

Un ladrón sabe que comete un delito. Procurará zafarse de las consecuencias, pero es consciente de que ha infringido la ley. No le extrañará que, una vez detenido y puesto a disposición judicial, se le acuse de ello. En el separatismo catalán, sin embargo, la conciencia de que se ha quebrantado la ley, si existe, está profundamente oculta, sepultada bajo un cúmulo de falsedades que, por su complejidad y consistencia, han configurado una auténtica realidad paralela.

La densidad de esa lava de falsedades, que ocupa todos los huecos imaginables, se percibe con especial relieve cuando los separatistas se ven forzados a confrontar las resoluciones judiciales que califican sus vulneraciones de la ley. Ante las acusaciones de rebelión a los procesados por el 1-O, el separatismo se quedó ojiplático, como si no pudiera creer que los acusados hubieran cometido delito alguno. Pero ¿cómo va a ser delito poner unas urnas?, clamaban. Pero ¿cómo puede ser delito aprobar una resolución política en el Parlamento? Todo era así: increíble, imposible. Por tanto, pura acción represiva contra las ideas independentistas. El separatismo, visto por sí mismo, no puede quebrantar la ley, porque está por encima de la ley: es la voluntad de un pueblo.

Con la detención de los miembros de un grupo llamado Equipos de Resistencia Técnica, que, según los autos judiciales, planeaban poner bombas, colapsar las comunicaciones y ocupar el Parlamento, la huida de la realidad por parte de los dirigentes separatistas que, para mayor gravedad, lo son del Gobierno regional les ha llevado a negar de plano los hechos descubiertos y a negarse a tomar distancia de los que preparaban atentados. Pero ¿qué atentados?, dicen. Pero ¿qué terrorismo? Nada de nada, invento, montaje para criminalizar, para crear un relato falso, dicen desde Puigdemont a Torra, pasando por los voceros habituales. Por lo tanto, nada de lo que desmarcarse, nada que condenar. "No podemos condenar lo que no existe", dice Torra. ¿Había que dejar que cometieran algún atentado para que Torra pudiera condenarlo? Pero el presidente catalán dice que no hubo nada por la poderosa razón que asiste al separatismo cada vez que se le achaca violencia: "Nosotros no somos violentos. Nosotros somos pacíficos". Y ya está. No hay más que hablar. Topamos con el ser. Con la esencia. Nada pueden los hechos contra lo ontológico.

Siempre queda la duda. Poca duda hay acerca de que los dirigentes tienen que saber que están ocultando la verdad. Que la están sepultando con esa lava de falsedades que hacen fluir continuamente para que rellene cualquier grieta. En el caso que nos ocupa, la investigación implica en los planes de los ERT para ocupar el Parlamento a un organismo de la Generalitat, el Cesicat, más conocido como el CNI catalán, lo cual significa que hay implicación institucional en un acto ilegal y violento. Tendrá que confirmarse, pero no podrá sorprender que sea así, visto lo ocurrido antes, durante y después del 1-O. Cuando la policía autonómica fue instrumentalizada para dar vía libre al referéndum ilegal. Cuando miró para otro lado mientras miles de personas asediaban a la comitiva judicial que había ido a la Consejería de Economía. Cuando los dirigentes separatistas, en fin, pusieron a todas las instituciones de la autonomía al servicio del golpe.

La duda que queda atañe a la credulidad del público, de esas bases independentistas a las que necesitan mantener en ese pequeño y cerrado universo paralelo, a salvo de los embates de la realidad. ¿Creerán, por ejemplo, que ese grupo violento detenido no es violento, ni es grupo, ni existe siquiera, como dicen sus dirigentes? ¿Creen realmente que, como no llegaron a atentar, no son peligrosos? ¿No les preocupa que haya gente que planea poner bombas? Por si tuvieran alguna inquietud, los medios públicos autonómicos hacen lo que sea por quitársela. TV3 dio la noticia diciendo que los detenidos preparaban una "gran acción mediática", que así es como llaman a poner explosivos cuando los que quieren hacerlo pertenecen a un grupo separatista. Todo eufemismo está justificado para preservar la irrealidad. Para preservar el autorretrato del independentismo como el movimiento más pacífico, democrático y maravilloso que hay sobre la Tierra.

No es sólo que TV3 y otros medios públicos sean los altavoces de la propaganda separatista. Tienen un papel fundamental en la construcción de la realidad paralela y en la reparación de cualquier grieta que aparezca en su compacta estructura. Es una construcción social. No basta con que los creyentes crean a título individual, tienen que vivir en un entorno que confirme su creencia. Es la dinámica de las sectas. Tantos años de ingeniería social nacionalista, tantas décadas de instigar la rabia por el (falso) agravio y el lamento victimista, lo ponen difícil. Han fomentado la credulidad, el infantilismo y el narcisismo –ese espejo que sólo refleja perfección–. Y los tres van de la mano. Ahora, como en el 1-O.

El último asalto al Estado de Derecho
 larazon 1 Octubre 2019

Hoy se cumplen dos años de unos hechos que marcarán la historia reciente de nuestra democracia. El 1 de octubre de 2017 fue la fecha elegida por el nacionalismo catalán para materializar el «derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación». Según esta resolución del Parlament del 27 de septiembre de 2012, la Generalitat emprendía abiertamente un camino ilegal hacia un territorio ignoto con las consecuencias de orden público que se puede deducir de este desafío frontal al Estado de Derecho.

Las instituciones catalanas persistieron en la creación de organismos (Consejo para la Transición Nacional, Comisionado para la Transición Nacional, Agencia Tributaria catalana), resoluciones parlamentarias («declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado Catalán independiente) y leyes, como las de referéndum y de Transición Nacional que supusieron la ruptura con el orden constitucional y el propio estatuto de autonomía, los días 6 y 7 de septiembre de 2017.

La Generalitat –y un nutrido grupo de dirigentes independentistas que utilizaron las instituciones como la sede de un partido y hoy andan cautelosamente desaparecidos– despreció la suspensión del referéndum del 1-O por parte del Tribunal Constitucional y lanzó malévolamente –con todo el victimismo que el nacionalismo más retorcido es capaz de poner en escena– a los ciudadanos a incumplir las leyes democráticas.

Crearon un grave problema de orden público en el que sólo la actuación responsable y profesional de las Fuerzas de Orden Público –y el vergonzoso abandono de las obligaciones de los Mossos d’Esquadra– evitaron el enfrentamiento civil en los días posteriores a la consulta y que culminaron con la declaración unilateral de independencia y la aplicación del 155. Dos años más tarde, y a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo de los encausados por el 1-O, la Generalitat ha redoblado su desafío, pero esta vez a través de su presidente, Joaquim Torra, con su comprensión y apoyo hacia los miembros de los CDR detenidos por preparar supuestos atentados terroristas.

El llamamiento a ocupar las calles e intentar asaltar edificios oficiales ante una sentencia condenatoria no tendrá ningún efecto en lo que resuelva el TS; sólo servirá para deteriorar la convivencia aún más y hacer de las instituciones de autogobierno una mera correa de transmisión política de los independentistas. La dimisión ayer del director general de los Mossos, Andreu Martínez, un día antes de que se ponga en marcha el dispositivo ante los incidentes debidamente anunciados por políticos y medios de comunicación públicos, coincide con la total instrumentalización política de la policía autonómica al servicio de quienes precisamente contravienen las leyes.

La experiencia de los sucesos de otoño de 2017 indica que el Estado de Derecho debe defenderse con todos los instrumentos de la ley. Ante amenazas como asaltar el Parlament –algo que incluso estaría en los planes de Torra–, provocar la máxima tensión sin descartar escenarios de violencia o cortar las comunicaciones en autovías, carreteras y estaciones de tren sólo hay dos salidas: o la intervención responsable de la Generalitat, lo que parece improbable, o medidas policiales para impedir el colapso de Cataluña. No hay que olvidar que el orden público corre a cargo de los Mossos y que hay diferencias sustanciales dentro del independentismo sobre cuál debe ser su papel. Lo único cierto es que la sentencia del TS es la última oportunidad de la que dispone el independentismo para doblegar al Estado democrático. Querrán emular las protestas de Hong Kong, pero no les acompaña la razón de la historia: se trata de una protesta contra China, un régimen totalitario, mientas que en Cataluña es el ataque de un movimiento independentista profundamente antidemocrático contra una democracia plena. No hay dudas sobre al aldo de quien está la razón.

ETA-CDR: la teoría de los vasos comunicantes
OKDIARIO 1 Octubre 2019

La vinculación de los CDR con el entorno etarra lo demuestra el hecho de que en diciembre de 2017 se celebrase en Barcelona un encuentro impulsado por la plataforma WithCatalonia en el que, junto a los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), participaron distintas organizaciones de la izquierda radical vasca, como Alternatiba o Askapena, cuya relación con el entorno etarra es un un hecho probado para la Audiencia Nacional.

"Askapena participaba de la ideología y el proyecto político hegemónico de ETA y asumía sus métodos por más que supusiesen una flagrante vulneración de los más elementales derechos humanos: nunca los denunció, nunca se solidarizó con sus víctimas y, sin embargo, reclamó la libertad de los victimarios", puede leerse en la sentencia de 96 páginas hecha pública en febrero de 2016. Dicha sentencia absolvió a cinco miembros de Askapena acusados de pertenencia a ETA por no existir "pruebas bastantes", aunque sí serios indicios de vinculación con la organización terrorista.

Que el entorno etarra ha instruido a los CDR en cómo crear un clima revolucionario en Cataluña es para la Guardia Civil una evidencia que no admite demasiadas dudas. La detención de los miembros de los CDR acusados de terrorismo pone de manifiesto que el "salto cualitativo" de algunos miembros de los Comités de Defensa de la República –de las barricadas incendiarias en la calle a la fabricación de explosivos para atentar contra objetivos del Estado– es fruto de esa relación que mantienen los independentistas radicales catalanes con la izquierda proetarra.

Pero, aún más grave que esa colaboración siniestra, lo es el hecho de que desde la Generalitat de Cataluña haya dotado de cobertura a los CDR. No saliendo sólo en su defensa, lo que no deja de ser una superlativa vileza, sino activando un plan de contigencia común que pasaba por la toma del propio Parlamento catalán. Este es el escenario que se vive hoy en Cataluña al cumplirse el segundo aniversario del referéndum ilegal. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Hasta cuándo el Estado seguirá derrochando esa paciencia infinita?

Marianización de Sánchez
Su metamorfosis en Cataluña lo acerca a las posturas de su predecesor
Luis Ventoso ABC 1 Octubre 2019

En su célebre relato «La metamorfosis», Franz Kafka plantea la espeluznante pesadilla de Gregorio Samsa, comerciante de paño que una mañana se despierta convertido en un enorme insecto. Observando las últimas mutaciones de nuestro Sánchez, no cabe descartar que cualquier día Begoña amanezca en el tálamo monclovita con un señor barbado a su vera leyendo el «Marca» y fumándose un puro. Y es que asistimos a un curioso proceso de marianización de Sánchez, en especial ante el envite separatista. «Primero la ley y luego el diálogo», tronó ayer contra Torra el mismo presidente que en julio del año pasado lo recibía con una sonrisa de oreja a oreja y subía este tuit en catalán: «Una crisis política requiere una solución política. Esta reunión es un punto de arranque constructivo para la normalización de las relaciones».

En aquellos días Torra no engañaba a nadie. Era el mismo chalado antiespañol que ahora. Mantenía desde la Generalitat un inadmisible veto al Rey en Cataluña, exigía la autodeterminación como «requisito para cualquier solución», abogaba por la «movilización» contra la Justicia y se presentaba en La Moncloa luciendo en su solapa el lazo amarillo, símbolo del apoyo a los golpistas y su insurrección. Pero al Sánchez de 2018 todo eso le resbalaba, no en vano acababa de okupar el poder merced a una vidriosa alianza con los separatistas. Así que se deshizo en zalamerías con Torra en la escalinata monclovita. Incluso llevó al enemigo declarado de España a darse un paseíllo turístico por los jardines de palacio, con parada romántica ante la fuente de los amores de Machado. Carmen Calvo, que jamás falla cuando toca equivocarse, valoró la reunión fustigando al intransigente marianismo: «A otros les han hecho dos referendos y nosotros en un mes ya hemos tenido una reunión», se jactó festejando el triunfo del diálogo.

Catorce meses después, Sánchez, político de faz de mármol de Porriño, ha virado y ya está en las mismas tesis del viejo Mariano: «Los independentistas llevan mucho tiempo equivocándose. Han cometido errores gigantescos y garrafales. Les reclamo que no jueguen con fuego», advertía ayer con ceño irritado. Apremiado por las elecciones, pues los sondeos serios no acaban de concederle el festín de votos de Chef Tezanos, ha pasado del pasteleo con el independentismo a las amenazas frontales a Torra. Todo es un gran teatro electoral, pues en realidad lo coherente sería promover ya el 155 (¿cómo se puede consentir que siga todavía ahí un mandatario autonómico que según un auto judicial promovió el asalto al Parlamento regional?). Sánchez irá basculando según sus necesidades electorales. La palabra España ya destaca en su lema electoral. Aplicará el 155 simplemente si su calculadora le indica que le puede venir bien.

Pedro se va marianizando para pescar votos. Normal, no en vano el superprogresista lleva catorce meses con Montoro como ministro de Economía, pues suyos son los Presupuestos vigentes. Humo, propaganda y huesos de Franco. Una mascarada estéril, que se prorrogará si el público liberal-conservador no opta por concentrar de una vez su voto.

De Álava al delta
La autodeterminación es un proyecto que une a nacionalistas vascos y catalanes con un sistema de vasos comunicantes
Ignacio Camacho ABC 1 Octubre 2019

Lo peor que tienen algunos de los análisis que solía hacer Jaime Mayor Oreja es que con el tiempo acaban por volverse acertados. El exministro de Aznar pasa por ser un lúgubre apocalíptico, un jeremíaco mensajero de desgracias que anunciaba con su solemne voz aterciopelada, pero siempre ha tenido la mala de costumbre de atinar en bastantes vaticinios sobre la política vasca: suyo fue, por ejemplo, el augurio de la célebre «tregua-trampa». Desde hace años, el bueno de don Jaime viene sosteniendo que el separatismo es un proyecto que une a los nacionalistas de su tierra con los catalanes y que se expande de unos a otros a través de un sistema de vasos comunicantes. Esta idea, contradictoria de la opinión mayoritaria sobre el PNV como partido institucionalista, sensato y responsable, tiene la terca propiedad de adecuarse con el tiempo a los hechos reales. Lo acaban de demostrar Ortuzar y Urkullu al anunciar que piensan incorporar el «derecho a decidir», expresado en estos términos eufemísticos y abstractos, en el borrador de Estatuto que andan preparando a pachas con los legatarios políticos de la misma ETA con la que sus antecesores pactaron. Y hay algo más: el compromiso de dividir en el citado texto a los propios vascos en las sospechosas categorías de «nacionales» y «ciudadanos».

No parece casualidad que mientras el PNV se contamina de los conceptos y la retórica del procés, en Cataluña aparezcan brotes de sabotaje y terrorismo de baja intensidad entre las filas independentistas. Mientras Bildu empuja a su Gobierno autonómico hacia el anhelo finalista de una autodeterminación pacífica, los CDR heredan su antigua estrategia de violencia borrokita. Donde unos van de vuelta otros van de ida, y aunque con metodología diferente y velocidades distintas todos apuntan a confluir en la misma vía. El conjunto apunta a un análogo modelo de ruptura con el Estado, bien a través de un confederalismo en diferido, bien mediante el explícito demarraje republicano. La diferencia, por ahora y sólo por ahora, está en los plazos, y acaso también en el talante pragmático con que los peneuvistas administran su calendario… como Pujol cuando las élites españolas lo tenían por un dirigente constructivo y moderado.

Quizá Mayor tenga razón y exista un plan, un esquema, un programa separatista común que con ritmos diversos se retroalimenta en un intercambio mutuo de experiencias. El nacionalismo vasco está ahora mismo en la reclamación de más autogobierno como etapa intermedia, tensando los márgenes de una Constitución que se les queda estrecha. Luego ya sabemos lo que viene: Navarra como objetivo inmediato de expansión territorial y étnica para crear una suerte de frontera autodeterminista en el Ebro, desde Álava hasta el delta. ¿Fantasía? Puede ser, pero hoy es uno de octubre y hubo una época en que lo de hace dos años también se antojaba una quimera…

Imputar al soldado Torra
Valentí Puig okdiario 1 Octubre 2019

De no ser por la gravedad de los desacatos de Quim Torra, el clima tan inflamable de la política catalana y los indicios de un radicalismo preparándose para actos de violencia, el caso de la pancarta en el balcón de la Generalitat podría verse como el clímax de un ridículo de opereta. Un ridículo primario que desprestigia la institución que debiera, como el parlamento autonómico, representar fidedignamente a toda de la ciudadanía de Cataluña. En plena comedia de enredo, el presidente de la Generalitat ya recibió del TSJ la orden de quitar la pancarta, dijo que nunca lo haría y acabó haciéndolo para luego dar el relevo a extraños personajes que volvieron a colgarla en una indescriptible quiebra de la formalidad institucional. Es un signo más de la honda crisis de autoridad que vive Cataluña. Hay balcones con mala suerte porque quienes debieran darles dignidad los degradan hasta tal punto que –como ocurre con Torra- reclaman su propia inhabilitación institucional.

A la espera de que se aclaren sus relaciones con los CDR, lo cierto es que el fundamentalista Torra los ha alabado varias veces como fuerza de choque cuya presión “kale borroka” podía dar impulso al independentismo y a la insumisión más radical, de modo que el fin de la secesión justifica los medios que sean. Políticamente, Torra es un ser anodino que simplemente desconoce las opciones de la política como arte de lo posible y ni tan siquiera sabe en qué consisten el poder o las concreciones presupuestarias. Quedaría bien perorando ante un puñado de turistas en el parque de la Ciutadella, a imitación de los chalados de Hyde Park. Imbuido por la presunción de ser un intelectual ocasionalmente metido en política para salvar a su Cataluña, resulta ser un hombre de elucubración indigenista, en las antípodas de la noción del estado de Derecho. Cotéjenlo con Francesc Cambó para constatar que en política todavía hay clases.

En los álbumes de citas de Torra aparece un perfil de “ayatollá” aclimatado en los despachos de una aseguradora suiza. En un homenaje al heroísmo de los hermanos Badia, representativos de un “fascio” a la catalana, Torra dijo que quería a su lado un presidente de la república catalana “intransigente, optimista, paramilitar, visionario, persistente, hombre de Estado, feroz”. De ahí que haya animado a los CDR a ser insurgentes y más activos. Con las recientes detenciones, todo el independentismo político y mediático se ha atrincherado en el argumento de que la violencia política es imposible en Cataluña. Torra sostiene que la posibilidad de un terrorismo secesionista –ya existió con “Terra Lliure”- es una invención de ese adversario inicuo que es España. Hay poco heroísmo en el soldado Torra, poniendo y quitando pancartas, del mismo modo que defiende un ADN catalán incapaz de violencia. Es todo lo contrario de lo que decía sobre las razzias de los almogávares en Grecia: eso era “pasión, muerte, destrucción, venganza, política, arte, violaciones, asesinatos, traiciones, belleza, épica, odio, sangre, conquistas”. Añadía el sexo y lo presentaba como un “hit” digno de “prime time”. Audaz Torra, un nostálgico de epopeyas imaginarias que rebobina desde el tresillo de su casa, mientras que incluso los suyos no saben qué hacer con él porque no se atreven a impugnarlo.

Cataluña: pim, pam, pum
RAÚL DEL POZO El Mundo 1 Octubre 2019

El procés es ya una bufonada y el Govern una pandilla de estultos y peleles. Fracasó la Diada, la vía unilateral, pero para conmemorar el primero de octubre planeaban asaltar el Parlament, decretar la desobediencia civil, la huelga de país. Prometen repetir la proclamación de la república y exigen la retirada de la Guardia Civil. Como ha escrito Lluis Rabel: "Estos días hemos podido ver a entrañables abuelas gritando, pim, pam, pum, que no quede ni uno" . Ese es el nuevo grito de los manifestantes a las puertas de los cuarteles de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Se ha sabido que la Generalitat estaba al tanto de las acciones que planeaban los CDR y no estamos seguros de que el Estado democrático tenga una respuesta a la escalada de la irracionalidad. Ya saben lo que ocurre cuando se incumple la ley; suele empezar la tiranía o el caos. Pedro Sánchez ha prometido actuar con serena firmeza. Pablo Casado pide aplicar, "hoy mismo", la Ley de Seguridad Nacional para ilegalizar los partidos que alienten la violencia.

La única ventaja de los constitucionalistas es que los del procés están derrotados, divididos y desorientados. Primero intentaron la guerra de los 10 días imitando la vía eslovena: referéndum unilateral (95% de síes). Aquella rebelión salió barata comparada con el genocidio de las otras repúblicas: 62 muertos, 44 soldados yugoslavos y 18 eslovenos. Proclamaron la independencia y la congelaron para pactar con Belgrado y luego empezó la guerra relámpago Quim Torra lo reconoció: "Hagamos como los eslovenos y estemos dispuestos a todo para vivir libres" Ahora Torra, su líder prófugo, y los de su tribu, juegan a los chinos con la vía Hong-Kong y el movimiento de los paraguas. Ya lo ven, cañones de agua, detenciones masivas, gas pimienta, bancos incendiados y los chinos que hablan con proverbios: "Aquellos que juegan con fuego se van a quemar".

Los separatistas han sido derrotados en todos los frentes, su gente va perdiendo la afición, pero el nacional-populismo sigue. Ya lo pensó Steiner: el hombre es un animal territorial que como un papagayo entre papagayos, parlotea para anunciar que domina un rodal en la selva y traza fronteras con su vuelo. En Europa esos fetichistas de la nación operan por deshacerla y en España también. Se decía que el catalán es un problema perpetuo que seguirá mientras España subsista, que de su agresividad nadie es responsable, que es el carácter mismo de ese pueblo, que arrastra su angustioso destino a lo largo de nuestra historia. Pero luego se descubrió que ese fanatismo incendió Europa y la sigue quemando.

Las lecciones de un 155 mal aplicado
Alejandro Tercero CG

El segundo aniversario del 1-O ya está aquí --la sentencia del procés no tardará en llegar-- y el clima político, mediático y social del nacionalismo catalán vuelve a ser insurreccional.

Es cierto que --como no me canso de repetir-- las cargas policiales del 1-O y el encarcelamiento de los cabecillas del intento de secesión ilegal han tenido un efecto pedagógico impagable y que buena parte del independentismo ha asumido que nunca conseguirá la separación de forma unilateral (ni de ninguna otra, seamos sinceros).

Pero no es menos cierto que todavía queda otra parte significativa del movimiento empeñada en tomar carrerilla una y otra vez para golpear sus cabezas contra la roca del Estado democrático de derecho. Y que los que están al frente del régimen nacionalista son fervorosos aficionados a esa inútil actividad.

Torra y su guía Puigdemont siguen mandando mensajes incendiarios a sus secuaces. Sus socios de gobierno los suscriben sin apenas matices. Los partidos nacionalistas aprueban en el Parlament resoluciones a favor de la desobediencia. Los CDR flirtean cada vez con mayor nitidez con la violencia (y aparecen inquiteantes conexiones con el Govern). La ANC y Òmnium Cultural caldean el ambiente sin contemplaciones y con actitud desafiante. Y la prensa independentista --espoleada por sus creadores de opinión más mediáticos-- construye un relato ficticio de victimismo y de criminalización del Estado sin límites.

Los constitucionalistas que aseguraban que existía un nacionalismo moderado con el que se podía dialogar --los más guasones hasta se atrevieron a augurar la consolidación de un “independentismo constitucionalista”-- se han dado de bruces con la terca realidad.

Incluso el Gobierno de Pedro Sánchez advierte una y otra vez de que aplicará el 155 si la cosa sigue por este camino, y los Mossos se han visto obligados a reforzar sus dispositivos antidisturbios, síntomas inequívocos de cómo están las cosas.

Uno de los supuestos que habilita al Gobierno a activar el artículo 155 de la Constitución es aquella situación en la que una Comunidad Autónoma “actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”. Juzguen ustedes mismos si estamos o no en ese escenario.

En todo caso, y constatada la resistencia a asumir la realidad de una porción nuclear del independentismo, sí que parece evidente que la aplicación del 155 que se realizó bajo el auspicio del Gobierno de Mariano Rajoy no fue la apropiada.

No son pocos los analistas que consideran que aquella prerrogativa constitucional se implementó demasiado tarde, durante muy poco tiempo y con excesiva superficialidad. Algo así como cuando se deja de tomar los antibióticos antes de acabar el tratamiento completo recetado por el especialista, que lo que suele ocurrir es que la infección vuelve a aparecer en unos días.

Tal vez el otoño caliente que se avecina sirva para aprender la lección de cómo aplicar el próximo 155. Porque no duden que se volverá a aplicar. Solo nos falta por despejar las incógnitas del cuándo, del cuánto y del hasta cuándo.


Miquel Giménez. vozpopuli
Gerundio constitucional

Es imposible a estas alturas negar lo evidente: se estaba preparando otro golpe de estado en Cataluña. Frenarlo requiere algo más que el imperativo legal


Se precisa emplear urgentemente el gerundio, que se adapta perfectamente a la grave crisis institucional y social que nos afecta. Porque, miren, la justicia ya dirá si la hermana de Puigdemont tiene o no responsabilidades en la trama, si Torra se valió de los detenidos para hacer llegar información sensible al de Waterloo o si estaba de acuerdo con ellos para abrirles las puertas del Parlamento catalán y que lo ocupasen, si los encarcelados estaban dispuestos a que sus explosivos se cobrasen víctimas humanas o solo querían “asustar”, da lo mismo, al igual que es indiferente si la propuesta formulada por la ANC de colapsar el país durante tres días se llevará a cabo con éxito o no pasará de algunos cortes en carreteras. Lo sustancial es que existían materiales para elabora explosivos de gran potencia, que los detenidos no son muchachitos imberbes, sino gente bragada y que en sede parlamentaria los separatistas han insistido en que lo “volverían a hacer”. Aquel 155 vergonzante no sirvió para nada, al contrario, les permitió reorganizarse mejor. Esa es la dura realidad.

Son las terribles derivadas del problema que ha existido desde siempre con el separatismo, y que no es otro que el consentimiento estúpido por parte del Estado, de los partidos, de los sucesivos gobiernos de la nación. Es ese rasgo exasperante que existe secularmente en los mentideros políticos de la capital de España, tendientes a contemporizar con el enemigo, a perder el tiempo en especulaciones de salón o la táctica rajoyista de esperar que escampe porque, como dijo el poeta, “lejos de mí cuidados enojosos”.

Ciudadanos y PP han decidido presentar una moción de censura contra Torra. Es una buena noticia que, sin embargo, llega tarde, porque eso debió hacerlo Arrimadas al poco de ganar las elecciones autonómicas

Esa inacción a la hora de conjugar los tiempos verbales nos ha conducido fatalmente hasta los explosivos, los planes secretos, las tramas urdidas por el CESICAT - el CNI de la Generalitat - , las subvenciones a grupos separatistas, en fin, a que debajo de las narices del gobierno de España se haya reforzado notablemente toda una red de conspiradores golpistas sin mayor problema que evitar los restaurantes muy conocidos o los de menú de diez euros, que estos tienen el morro fino a la hora de comer y, total, como la cuenta la pagamos los contribuyentes les da igual.

Ahora de lo que se trata, si no queremos que la cosa pase a mayores, es de recuperar la normalidad, el imperio de la ley, el buen gobierno y la paz social. Son cosas que uno no puede restablecer solo con imperativos, porque para el separatismo radical no existe otro que el suyo, el de su objetivo final. Se impone, pues, el gerundio, que es infinitamente más práctico. Decir “¡abandonen!” a un Govern que está totalmente fuera de toda ley y de toda lógica, por no añadir que también lo está de la más elemental noción de convivencia, no basta. Porque no van a abandonar las ideas y el odio que los sustentan. En cambio, si decir “disolviendo, que es gerundio”, tocando las teclas que nuestra constitución tiene previstas para tales locuras, tiene un efecto inmediato y mucho más terapéutico. No hay que decir, hay que hacer, no hay que proponer, hay que actuar, no hay que contemporizar, hay que aplicar la ley. Que Sánchez no haya hecho nada todavía es señal de una de estas dos cosas: o quiere que la situación se pudra todavía más para aplicar el 155 en plena campaña y ganar votos, o todavía sigue preso de la lógica Icetista. En las dos hipótesis existe un rasgo común, y es que ningún presidente del gobierno con un mínimo sentido del estado estaría, en estos instantes, mano sobre mano disertando acerca del sexo de los ángeles y sin activar los mecanismos de suspensión de la autonomía.

De momento, Ciudadanos y PP han decidido presentar una moción de censura contra Torra en el Parlament. Es una buena noticia que, sin embargo, llega tarde, porque eso debió hacerlo Arrimadas al poco de ganar las elecciones autonómicas; también llega tarde porque ya ni siquiera es políticamente útil. No cuando la violencia ya ha hecho aparición en el escenario catalán. Ante quienes auspician el uso de explosivos hay otra cosa más eficaz: la ley de seguridad nacional. ¿A qué espera, señor Sánchez? ¿A que haya un muerto?

Cayetano González Libertad Digital
El PNV enseña la patita

¿Hasta dónde esté dispuesto a llegar el PNV en su pulso con el Estado?

Ya se sabe que los vascos son algo diferentes a los demás. "Somos una raza superior", le dijo en una entrevista Javier Clemente a Mercedes Milá, y se armó la mundial. Debe de ser por esa supuesta diferencia por lo que el PNV no se conforma con celebrar el Aberri Eguna (Día de la Patria) el Domingo de Resurrección, sino que además tiene fijado en el calendario el Alderdi Eguna (Día del partido), que se lleva a cabo el último domingo de setiembre en unas campas situadas a las afueras de Vitoria.

Normalmente, en el Alderdi Eguna, aparte de compartir tortilla y chorizo con amigos y militantes, los dirigentes del PNV aprovechan para arengar a los suyos, no escatimando en excesos verbales muy del gusto de la parroquia. En el de este año, la palma se la llevó el presidente del partido, Andoni Ortuzar, cuando alertó "contra quienes por envidia quieren quitarnos lo nuestro", añadiendo a continuación: "Luego querrán que los vascos se sientan españoles. ¡Ni por el forro!".

Más allá de estas arengas –en ese terreno, el difunto Xabier Arzalluz era imbatible–, el PNV ya se está resituando en el tablero político español, condicionado absolutamente por el desafío independentista de Cataluña y por el clima de insurrección institucional que desde la Generalitat se está alentando, ante la previsible sentencia condenatoria de los políticos catalanes que intentaron dar hace dos años un golpe de Estado.

En los últimos tiempos –desde el fracaso del Plan Ibarretxe–, el PNV ha optado por moderar, al menos de puertas afuera, sus afanes independentistas, a los que obviamente no ha renunciado. Durante estos años, coincidiendo con el pulso secesionista en Cataluña, se ha mantenido agazapado, aunque, eso sí, siempre atento a la tajada que pudiera sacar de quien gobernara en Madrid. Y si no que se lo pregunten a Rajoy, que después de recibir el apoyo de los nacionalistas vascos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado se encontró con que, en cuarenta y ocho horas, apoyaron la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. ¿Por qué ese cambio? Por una simple razón: el líder del PSOE les ofreció más.

Ahora, el PNV –a un año de las elecciones autonómicas– desempolva el derecho a decidir del pueblo vasco en el marco del nuevo estatuto que se está debatiendo en el Parlamento autonómico. No se para ahí la pretensión del PNV. Quiere también la imposición al resto de España de un sistema político de tipo confederal que reconozca la existencia de un pueblo vasco como sujeto político y que dinamitaría la soberanía nacional recogida en la Constitución de 1978. Es decir, pretende una relación de tú a tú con el Estado.

Hasta dónde esté dispuesto a llegar el PNV en su pulso con el Estado es una incógnita. Aparte del pragmatismo que le proporciona ser el partido que gobierna en todas las instituciones del País Vasco, influirá sin duda cómo acabe el proceso secesionista en Cataluña. Si al final los políticos golpistas son condenados; si los actuales dirigentes de la Generalitat alientan un clima de rebelión y desobediencia civil ante una sentencia condenatoria y son castigados por ello, aplicación del artículo 155 de la Constitución incluida, los dirigentes del PNV se lo pensarán muy mucho.

Poner en riesgo la maquinaria y la red de poder que el PNV controla desde hace tantos años es un precio demasiado elevado como para plantearse echar un pulso al Estado y perderlo. Ya lo dijo Arzalluz en el Aberri Eguna de 2002: "La independencia nos obligaría a plantar berzas".

La hora de la cirugía fina en Cataluña
TERESA FREIXES El Mundo 1 Octubre 2019

Ante la deriva de los acontecimientos promovidos por los independentistas en Cataluña, la autora considera apropiada la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Explica aquí qué implicaría

Tras los últimos acontecimientos habidos en Cataluña, se alzan voces señalando la necesidad de aplicar la Ley de Seguridad Nacional. También aparecen opiniones favorables a una nueva aplicación el art. 155 de la Constitución o del art. 116, regulador de los estados excepcionales. En este punto, quizá sea necesario analizar qué implicaría la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, diferenciándola de las otras opciones.

Ya hemos pasado por una aplicación del art.155, y el Tribunal Constitucional ha dictado su sentencia al respecto (STC 90/2019) configurando este instrumento de coacción constitucional como medida necesitada, entre otros, de los principios de necesidad, temporalidad y proporcionalidad. Su aplicación estuvo dirigida a la disolución del Parlamento de Cataluña y el cese del presidente y Gobierno de la Generalitat, con algunas medidas concretas en diversos sectores, excluyendo la comunicación y la educación. Se trata de un instrumento que se adopta a propuesta del Ejecutivo, pero que precisa el acuerdo por mayoría absoluta del Senado para su aplicación.

Nunca se han adoptado los estados de excepción y de sitio en España (sí el de alarma, en relación con una huelga de controladores aéreos, para asegurar el tráfico aéreo), previstos en el art. 116 de la Constitución. Se trata de unos instrumentos muy excepcionales (de ahí su denominación) que suponen restricciones, e incluso suspensiones, de derechos a los ciudadanos. El estado de excepción está previsto para alteraciones del orden público y el de sitio para ataques al orden constitucional. Este último permite, también, la sustitución de las autoridades, que deberán asimismo actuar bajo el mando militar previsto por el Gobierno. Para declararlos se necesita la autorización del Congreso de los Diputados, en el caso del estado de excepción, y es el Congreso quien directamente tiene la competencia para declarar el estado de sitio, por mayoría absoluta.

¿Qué aportaría la Ley de seguridad nacional? En principio, y con carácter general, hay que decir que permite operar con cirugía fina en todos los sectores administrativos e, incluso, en la sociedad civil, pues tanto los poderes públicos como la ciudadanía quedan implicados en el aseguramiento de la seguridad nacional. Y ello por decisión del presidente del Gobierno, que deberá dictar un Decreto al respecto, lo que implica, también, al Consejo de Ministros y al procedimiento propio de la expedición de decretos, con el añadido, en este caso, de la participación del Consejo de Seguridad Nacional.

El art.3 de la Ley 36/2015, Ley de seguridad nacional, define la seguridad nacional como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Nada que ver con los estados excepcionales, que según el art. 2 de esta Ley se rigen por su propia normativa, lo cual es importante señalar para evitar cualquier tergiversación sobre los fines y el alcance de las medidas que se puedan tomar conforme a la Ley de seguridad nacional.

Esta Ley atribuye al presidente del Gobierno (art. 15.c) la competencia para la declaración, por decreto, de una situación de interés para la seguridad nacional, que puede producirse, según el art. 10 de la propia Ley, cuando se requiera una atención específica para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales (a título de ejemplo la ley menciona la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente).

En el Decreto que declare la situación de interés para la seguridad nacional se incluirá, por expresa disposición del art. 24 de la Ley, la definición de la crisis, el ámbito geográfico del territorio afectado, la duración y en su caso posible prórroga, el nombramiento si se considera necesario de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan, así como la determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional.

Cualquier autoridad (estatal, autonómica o local) está obligada a aportar los medios humanos y materiales dirigidos a una efectiva aplicación de las medidas enumeradas en la declaración (art. 27.4 de la Ley). Y también las entidades privadas están dentro del ámbito de aplicación de la Ley (art. 17), especialmente cuando sean operadoras de servicios esenciales y de infraestructuras críticas.

Hay que señalar también que, según el Tribunal Constitucional (STC 184/2016, validando constitucionalmente el contenido de esta Ley) es el Estado quien coordina, es decir, quien tiene la dirección política sobre la seguridad nacional, como materia subsumida en la seguridad pública, conforme al artículo 149.1.4.ª y 29.ª de la Constitución. Las Comunidades Autónomas no dirigen la coordinación sino que son objeto de una coordinación reforzada. No pierden, ni ellas ni las administraciones locales, la titularidad de sus competencias, pero tienen que ejercerlas conforme lo que disponga el Decreto que regule la situación de interés para la seguridad nacional.

Medidas tales como el control directo de cualquier órgano de cualquier administración, funcionarios o policías por poner un ejemplo, así como de las entidades prestatarias de servicios esenciales o infraestructuras críticas, que tendrán que actuar bajo la dirección de quien designe el Gobierno español, son posibles al amparo de esta ley. Con ello, el Gobierno puede tomar el control directo de cualquier situación de crisis sin necesidad de recurrir a la declaración de estados excepcionales o al art. 155 de la Constitución. Eso sí, informando inmediatamente al Congreso de los Diputados, sobre las medidas adoptadas y la evolución de la situación (art. 24.3 de la Ley).

Vemos, pues, que con la Ley de Seguridad Nacional se puede incidir en cualquier ámbito administrativo, servicios esenciales e infraestructuras críticas incluidos. Se trata de delimitarlos, individualizarlos, decidir en qué ámbitos se va a actuar y cómo. No se trata de un instrumento genérico o indeterminado, sino de un mecanismo que permite operar quirúrgicamente en los ámbitos que se crean necesarios, ya sea uno o varios, siendo necesario establecerlos por decreto.

Es, pues, el Ejecutivo, presidente del Gobierno y Consejo de Ministros, el poder concernido para ello. No se precisa autorización previa de las cámaras legislativas, como es el caso del Senado en el art. 155 CE o de la autorización previa del Congreso en el estado de excepción o su declaración directa por esta cámara en el estado de sitio. Ello tiene la ventaja, y el inconveniente, de ser responsabilidad directa del presidente y su Gobierno, que no necesitarán debates previos en sede parlamentaria que puedan frustrar la actuación.

En la actualidad, con las cámaras disueltas, nada impide que el presidente y su Gobierno puedan iniciar la preparación de una declaración de interés para la seguridad nacional, puesto que la Ley reguladora nada dispone al respecto y la comunicación posterior al Congreso, de producirse, podría realizarse ante la Diputación permanente de la cámara. Aunque sí creo que sería conveniente que la decisión y su aplicación fueran también respaldadas por el mayor número posible de fuerzas políticas y sociales, ya que se trata de injerencias importantes ante un problema grave, con medidas de intervención intensa que se consideran necesarias. Se trata de una Ley que hace frente a problemas de Estado que precisan de una respuesta de Estado por parte de los políticos y, también, de la ciudadanía.

Teresa Freixes es catedrática de Derecho Constitucional y Jean Monnet ad personam. Y secretaria general de la Real Academia Europea de Doctores.

El CNI catalán ayudaba a los CDR detenidos por terrorismo con información de los Mossos
Cesicat usó la información que tenían los Mossos para que los CDR detenidos intentasen eludir la vigilancia a la que los sometía la Guardia Civil.
Libertad Digital 1 Octubre 2019

Cesicat usó la información que tenían los Mossos para que los CDR detenidos intentasen eludir la vigilancia a la que los sometía la Guardia Civil.
Agentes de la Guardia Civil durante los registros de la Operación Judas. | EFE

Los CDR detenidos por terrorismo contaron con la ayuda del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, el Cesicat, que es conocido popularmente como el 'CNI catalán' y que depende de la Generalidad, para intentar eludir la vigilancia a la que los sometía la Guardia Civil.

Tal y como adelanta este martes El Mundo, este organismo de la Generalidad prestó a la célula terrorista servicios de contraespionaje y les dio apoyo logístico, mientras les encomendaba el asalto al Parlament en los días posteriores a la publicación de la sentencia del Supremo en el juicio al Golpe del 1-O.

Además, desde el Cesicat utilizaron la información de la que disponían los Mossos d'Esquadra gracias a las bases de datos de coordinación entre los diferentes cuerpos policiales para conocer los operativos en marcha contra los CDR y alertar de ellos al grupo terrorista que pudiese así evitar, por ejemplo, la incautación del material delictivo en su poder. Por esta razón, y tras ser a su vez alertados de ello, los investigadores de la Guardia Civil restringieron al máximo la información que compartían con los Mossos.

Siempre según El Mundo, los CDR detenidos también fueron tutelados por expertos de Cesicat para adoptar medidas de seguridad, especialmente en sus comunicaciones, para las que usaban redes de mensajería especiales, con un cifrado más complejo que el de WhatsApp o Telegram; el uso de "teléfonos clandestinos"; o el de bolsas que impedían que los datos y las comunicaciones de un dispositivo móvil sean interceptados.

CDR encapuchados lanzan objetos a los mossos, cortan calles y vuelcan contenedores en Gerona
Decenas de CDR encapuchados se han concentrado en el cuartel de la Guardia Civil de Gerona. Después se han trasladado a la Subdelegación del Gobierno.
Agencias Libertad Digital 1 Octubre 2019

Decenas de CDR encapuchados se han concentrado en el cuartel de la Guardia Civil de Gerona. Después se han trasladado a la Subdelegación del Gobierno.

Unos 300 separatistas se han concentrado a primera hora de esta mañana frente al cuartel de la Guardia Civil de Gerona, convocados por diversas organizaciones con motivo del segundo aniversario del 1-O, mientras un cordón de los Mossos d'Esquadra les ha impedido entrar al recinto.

Los separatistas, muchos de ellos CDR encapuchados, han partido de la Plaza de Cataluña a las 6:30 horas y se han desplazado a pie hasta las dependencias policiales portando diversas pancartas, como una que encabezaba la marcha y en la que se podía leer: "Dos años después... el combate continúa".

Allí se han encontrado con el dispositivo de los Mossos d'Esquadra que protegía el cuartel de la Guardia Civil y que ha instado a los manifestantes a evitar confrontaciones y a mantener una actitud pacífica, sin demasiado éxito.

Los manifestantes, han mantenido la actitud desafiante y han lanzado huevos a los Mossos, a quienes también han insultado y gritado consignas como "no os merecéis la señera que lleváis" antes de abandonar el lugar y proseguir la marcha.

El acceso a la estación del tren de alta velocidad en la capital gerundense permanece también protegido por efectivos de la Policía de la Generalidad, ya que en protestas anteriores han derivado en el corte de esta vía de transporte.

Tras abandonar el cuartel de la Guardia Civil de Gerona los 300 separatistas se ha desplazado a la Subdelegación del Gobierno. Tanto las dependencias policiales como las gubernamentales se encuentran protegidas por un cordón de los Mossos d'Esquadra, que mantiene alejados a los manifestantes. En su marcha desde el cuartel de la Guardia Civil, los separatistas han volcado varios contenedores de basura.

Los Mossos han tenido que identificar a uno de los separatistas que ha lanzado huevos con pintura a los agentes y al cuartel de la Guardia Civil.

"Es discriminatoria": la Justicia tumba parte de la ley con la que Barkos buscaba imponer el euskera en Navarra
En la sentencia, contra la que solo cabe recurso de casación, se estima parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato UGT y el Sindicato del Personal Administrativo.
Navarra.com elespanol 1 Octubre 2019

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado los artículos del decreto foral del euskera sobre la valoración del vascuence como mérito para cualquier puesto de trabajo que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta, la zona no vascófona y los puestos de los servicios centrales de la Administración de la Comunidad foral cuando el ingreso se realice por concurso oposición.

En la sentencia, contra la que solo cabe recurso de casación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN estima parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato UGT y el Sindicato del Personal Administrativo al considerar que “la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto de trabajo que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta y servicios centrales conlleva una discriminación en la provisión de puestos en la Función Pública que no se corresponde con los principios de racionalidad y proporcionalidad en la valoración del idioma en relación con los puestos de trabajo en los que este mérito pudiera no ser relevante, en atención a las funciones a desempeñar y a la realidad sociolingüística del ámbito territorial correspondiente”.

De igual forma, los magistrados han anulado los artículos referentes al uso del euskera por parte de los servicios centrales de la Administración en relación a las notificaciones y comunicaciones dirigidas a la ciudadanía, en los impresos y escritos oficiales, en los rótulos de oficinas y despachos, en los uniformes y vehículos, en los avisos, folletos, anuncios y publicidad, así como en los elementos informativos de la señalización viaria de la red de carreteras.

En este sentido, el Tribunal Superior sostiene que en los servicios centrales en relación al uso del euskera para la determinación del régimen legal de la lengua “se ha de estar no al criterio del régimen imperante en el lugar donde se ubica la sede del órgano administrativo (cualquiera que este sea ahora o en el futuro), sino al criterio, conjuntamente, del lugar de residencia del destinatario en relación al contenido de la actuación administrativa de que se trate, ya que la lengua es un derecho del ciudadano y el órgano administrativo ha de acomodarse a tal derecho, no a la inversa”.

El pleito tiene su origen en el recurso presentado por UGT y el Sindicato de Personal Administrativo contra el Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, por el que se regula el uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra, sus organismos públicos y entidades de Derecho Público dependientes. El sindicato solicitaba la nulidad del mismo y, subsidiariamente, la nulidad de 20 artículos (2, 3, 4, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 38, 39), las disposiciones adicionales 1ª y 3ª y las disposiciones transitorias 3ª y 4ª. El Gobierno de Navarra, por su parte, abogó por la desestimación íntegra de la demanda.

Respecto a los artículos anulados referentes a la valoración del euskera como mérito —de hasta el 7% en relación con la puntuación asignada al resto del baremo de méritos y de hasta el 6% en la provisión de puestos por concurso de méritos— en las zonas mixta y no vascófona, los jueces explican que la exigencia imperativa contenida en el citado Decreto Foral excluye una valoración individualizada, racional, proporcionada y adecuada en función de las características del puesto, las funciones a desarrollar y la realidad sociolingüística que debe atender.

Por ello, añaden los magistrados, tal previsión debe reputarse “discriminatoria” en relación a la provisión de puestos de trabajo —cualquiera que sea el sistema de provisión— y “desproporcionada”, ya que vulnera los artículos 14 y 23 de la Constitución e infringe el régimen jurídico de las distintas zonas lingüísticas de la Ley Foral, por lo que, en consecuencia, resultan nulos.

Al respecto, el Tribunal rechaza la alegación del Gobierno de Navarra relativa a que la valoración del conocimiento del euskera solo tiene lugar en los sistemas de ingreso por concurso oposición.

El establecimiento de los distintos porcentajes de valoración que establecen los artículos anulados carece de justificación y motivación alguna. Así, destaca la Sala, “en el trámite de elaboración del Decreto Foral no existe justificación ni motivación alguna sobre la necesidad, adecuación y proporcionalidad de los porcentajes de valoración exigidos en los artículos aquí tratados, en relación a la realidad sociolingüística que deben atender”.

Al contrario de lo alegado por el Gobierno de Navarra, el Tribunal Superior sostiene que no existe estudio ni informe que valore en su conjunto y de manera motivada los datos (todos) que arroja la realidad sociolingüística de Navarra en su conjunto y en sus distintas zonas que permitan tener por justificada la regulación que se realiza en los artículos aquí impugnados. “Y no puede servir el informe y valoraciones del director gerente de Euskarabidea reseñadas pues son manifiestamente insuficientes tanto en su contenido, motivación y fundamento como en la propia toma de datos de los que parten sus conclusiones”, advierte el Tribunal.

Esta carencia de motivación y justificación, prosiguen los magistrados, es la que determina la nulidad de los preceptos, máxime teniendo en cuenta que este Decreto Foral incrementa los porcentajes de valoración —sin justificación— en relación con la legislación precedente en la materia que el mismo deroga.

LAS ACTUACIONES DEBEN ACOMODARSE AL DESTINATARIO
El Tribunal, asimismo, ha anulado los artículos 20.1 y 20.2, sobre las relaciones con la ciudadanía, así como el 21.2., 21.3 y 21.4, que regula la rotulación, los avisos y las publicaciones.

Así, el artículo 20.1 establecía que “las notificaciones y comunicaciones que se dirijan de forma general a la ciudadanía deberán redactarse de forma bilingüe. En el caso de expedientes administrativos iniciados por personas físicas o jurídicas en euskera, las comunicaciones derivadas de dichos expedientes serán remitidas a las personas interesadas de forma bilingüe”.

El 20.2, por su parte, señalaba que “los impresos y escritos oficiales que sean de uso general para toda la población se redactarán de forma bilingüe”.

Asimismo, el artículo 21.2 anulado regulaba que “los rótulos indicativos de oficinas, despachos y dependencias, la rotulación de materiales, uniformes y vehículos, así como los encabezamientos y membretes de los impresos y documentos, los sellos oficiales, y cualesquiera otros elementos de identificación y señalización de los servicios centrales, se realizarán de forma bilingüe”.

El 21.3 recogía que “las disposiciones, avisos, folletos informativos, material gráfico de campañas, publicaciones divulgativas, anuncios y publicidad de toda clase u otros escritos similares que los servicios centrales dirijan al conjunto de la población se redactarán de forma bilingüe”.

Y, por último, el 21.4 indicaba que “los elementos informativos de la señalización viaria de titularidad pública de la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra se redactarán de forma bilingüe”.

En la sentencia, los magistrados resaltan que la lengua es un derecho del ciudadano, no de la Administración, y destacan que los preceptos anulados imponen una redacción bilingüe por el mero hecho de venir emanados de los servicios centrales y estar dirigidos al conjunto de la población.

La Sala concluye que el régimen lingüístico de las actuaciones de los servicios centrales no debe acomodarse a su ubicación, sino al destinatario de su actuación en cada caso, según la zona lingüística (y el correspondiente régimen jurídico conforme a la zonificación que prevé la Ley Foral del Euskera). Lo determinante —el parámetro de legalidad— es el derecho del ciudadano, tal y como está configurado en la ley.

Así, el Tribunal Superior reitera que el hecho de que los servicios centrales desplieguen su función en toda Navarra no permite alterar el régimen de derechos que establece la Ley Foral del Euskera para cada zona lingüística, pues la lengua es un derecho del ciudadano y tiene una concreta configuración legal para cada zona.

Por el contrario, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la pretensión de los recurrentes de anular por completo el decreto foral, y, subsidiariamente, otros artículos sobre definiciones, objetivos esenciales, delimitación de las zonas lingüísticas, planificación lingüística, acreditación del nivel lingüístico, derechos adquiridos y otras cuestiones relativas a la zona mixta, así como sobre el número y características de los puestos bilingües.

Los colegios de Baleares impartirán clases de religión islámica a partir del próximo curso
Las Islas se sumarán así a otras comunidades españolas que ya enseñan esta materia en la actualidad
Josep María Aguiló ABC 1 Octubre 2019

El consejero de Educación del Gobierno balear, el socialista Martí March, y el delegado de la Comisión Islámica de España en Baleares, Mahfouz Salim Abu Mahfouz, firmaron ayer lunes 30 de septiembre un convenio de colaboración que permitirá que en el próximo curso 2020/21 se puedan impartir clases de religión islámica en un máximo de 10 centros docentes de la Comunidad sostenidos con fondos públicos. Baleares se suma así a otras autonomías españolas que ya enseñan esa materia en la actualidad.

Según señaló el Govern que preside la socialista Francina Armengol a través de un comunicado, el citado convenio se ha suscrito ahora con el objetivo de «articular las condiciones en las que se tiene que desarrollar la impartición de la enseñanza de la religión islámica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en aplicación del acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España».

En ese contexto, la Consejería de Educación y la Comisión Islámica quieren «establecer unas condiciones objetivas por las que los padres, las madres o los tutores de los alumnos puedan ejercer el derecho que tienen de que sus hijos reciban en los centros docentes sostenidos con fondos públicos no universitarios la enseñanza de la religión islámica, siempre que así lo decidan en virtud de sus propias convicciones».

De acuerdo con las posibilidades presupuestarias de la Consejería de Educación, «cada año se podrá ampliar el número de centros docentes hasta cubrir la demanda de esta enseñanza». Cabe recordar que en la presente legislatura el Govern presidido por Armengol está conformado por integrantes del PSOE, Unidas Podemos y MÉS por Mallorca.

En la actualidad, se imparten ya clases de religión islámica en Andalucía, Aragón, Canarias, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Ceuta, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Melilla, Extremadura, Navarra y La Rioja.

Campaña para depurar a un profesor de la UPV por un artículo en El Español contra el nacionalismo
Un artículo en 'Deia' y una carta de la "diáspora vasca" en Perú jaleada por un senador del PNV lo califican de "extremista rabioso" e "indigno como funcionario público"
Alberto D. Prieto elespanol 1 Octubre 2019

"Esto está organizado, siempre es igual... y no es la primera vez". Pedro José Chacón, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco, está siendo sometido a una campaña de acoso a causa de un artículo publicado en EL ESPAÑOL, El día de la diáspora vasca, el pasado 14 de septiembre. "Me han avisado los compañeros esta mañana, es alucinante".

En esa tribuna, Chacón se preguntaba por qué el Gobierno vasco pide a sus emigrantes que mantengan las raíces allá donde vayan, mientras al resto de españoles que llegaron a esa tierra en los años de la industrialización se les insiste en desterrar todo recuerdo de lo español.

-¿Siente la presión nacionalista en su departamento, en clase con los alumnos...?
-No, qué va. Si esto está lleno de gente normal...

El profesor Chacón dice que no, que en su departamento la gran mayoría de compañeros son gente con ideas constitucionalistas, cada uno de su color -"desde socialistas felipistas hasta gente más de derechas, y algunos de Podemos"-, y que con los alumnos crea grupos de trabajo en los que se expresan con libertad. Pero también dice que fuera de las grandes ciudades "la presión es fortísima". Sigue siéndolo, a pesar de que ya no exista ETA, "porque todos se conocen, y ésta es una educación continua de muchos años".

Es decir, que la coacción no es activa, salvo en casos puntuales como éste suyo, pero sí lo sobrevuela todo. "Los jóvenes nacieron ya con eso, la interiorización de qué es lo bueno y qué es lo malo". Y lo malo es España: "¿No ves a Ortuzar este fin de semana, que "los vascos no somos españoles ni por el forro"? Pero bueno, ¿esto qué es?".

"Extremista rabioso"
La campaña busca una depuración del pensamiento libre del profesor: "Este artículo no es digno de un profesor de Historia del Pensamiento Político ni aceptable en un trabajador de una administración pública". Y se le ataca en lo profesional: "Lee poco este señor", se le atribuye, y en todo caso, "para llegar a ninguna conclusión con sentido", se concluye.

Efectivamente, el pasado domingo, Koldo San Sebastián arremetía contra Chacón en el diario Deia con un articulo llamado El culo y las témporas. En el texto, el periodista especializado en la historia del PNV y autor de varios libros sobre las comunidades de vascos en México o en Venezuela, arremete con fuerza: "El profesor Chacón recuerda mucho al escudo de Santander, con sus dos caras: el conservador amable para los artículos de El Correo o las tertulias de EITB, y el extremista rabioso cuando publica sus escritos en EL ESPAÑOL".

Chacón, que lleva casi una década colaborando en esos medios regionales, matiza la afirmación: "A ver, EL ESPAÑOL me da toda la libertad para escribir... pero cuando colaboras en medios de aquí sabes cómo debes medirte para decir lo que quieres decir". En todo caso, el profesor de la UPV lamenta que "el pájaro éste" juegue con un argumento como el del escudo de Santander, mientras se ríe... "Este Koldo, tan nacionalista, es de Avilés, y sus amigos le llaman Luisín".

Además del artículo en el diario nacionalista, este lunes el senador del PNV José María Cazalis Eiguren ha distribuido en sus redes sociales con "agradecimiento y enhorabuena", el "imperdible zasca al Prof. Chacon" de la presunta presidenta de la Euskal Etxea de Lima (Perú), Emilia Olga Bazán Olano. Presunta porque ni en la web oficial de la casa vasca limeña ni en la página oficial del Gobierno vasco euskaeletxeak.net, consta su nombre ni tan siquiera entre los 87 socios o los ocho directivos y vocales.

"Yo no me creo que lo haya escrito esta señora", explica el profesor, "parece más bien una cosa dirigida". El larguísimo texto, de más de 15.000 palabras en cinco folios, está ilustrado con una imagen del lehendakari Aguirre cuando, en 1942, hizo una visita a los vascos exiliados tras la Guerra Civil en diferentes países de Latinoamérica. Y en él se critica con saña a Chacón y su "nacionalismo español reaccionario".

Pero no sólo eso, se encarga de remarcar el profesor universitario. "En esa carta queda claro cómo funciona el nacionalismo: le pide a los vascos que guarden sus esencias culturales allá donde vayan, pero le niega a los españoles que se reivindiquen como tales si residen en nuestra tierra".

Y es que Chacón señala con hincapié un párrafo, en el que se basan "esta especie de embajadas, como las catalanas" con el siguiente argumento autojustificativo de sus conductas: "Nada que, por cierto, hayan inventado los vascos. Irlandeses, portugueses, alemanes, italianos, polacos, gallegos, andaluces… todas las comunidades nacionales del mundo, buscan mantener esa conexión viva y fuerte".

-¿Ves cómo lo español no aparece? Te dejan ser gallego, andaluz... pero ojo con sacar la bandera rojigualda. El primer mandamiento del nacionalista es ser antiespañol... luego ya, lo que quieras.

Chacón, en todo caso, lleva conviviendo con esto toda la vida. "Es que es así, y los gobiernos de España han tenido mucho que ver. El PSOE y el PP han dejado al PNV que se haga cargo de todo a cambio de sus votos", apunta. "Quieren que me quiten de profesor por lo que escribo... pero, ¿qué es lo que puse que no puedo poner, qué es lo inapropiado?".

Fue en enero del año 2011 cuando el hoy lehendakari, Íñigo Urkullu, publicó un artículo en Deia contra el profesor. "Sí, ahí me calificaba de Chacón el machacón". La pieza fue publicada coincidiendo con la entrega de los Premios Sabino Arana, a los pocos días de que Pedro José Chacón hubiera publicado otra tribuna en la prensa. "Desde entonces, ya sé qué terreno piso", confiesa.

La carta que reclama su remoción como profesor de la Universidad del País Vasco ha sido publicada en la web aboutbasquecountry.eus, "una pagina teledirigida por el nacionalismo", apunta el profesor. El site da cuenta de todo tipo de contenidos sobre la vida de los vascos en el exterior. Y tiene un enlace directo, en lugar destacado, a la web oficial de las casas vascas en el exterior, financiada por el Gobierno de Urkullu.

"Califican de libelo mi tribuna, piden que me eliminen como funcionario público, un senador lo distribuye y lo celebra, lo rebotan los blogs más abertzales, el gran periódico de aquí se espera al domingo siguiente para que su articulista me ataque...", recopila Chacón. "Pero en la Universidad sigo muy cómodo, los buenos buenos están ahí, en mis dos grupos en español y en euskera. Nunca he tenido ningún conflicto. Es gente normal, como en Madrid, Sevilla o Valencia".

-¿Y no hay radicales ya?
-Los hay, pero es que muchos de ellos ni vienen a clase.


Recortes de Prensa   Página Inicial