AGLI Recortes de Prensa   Jueves 3  Octubre  2019

Alerta roja en el PSOE
OKDIARIO 3 Octubre 2019

Los primeros datos recabados a pie de campo por los equipos del PSOE en los grandes Ayuntamientos han provocado que se enciendan las alarmas. Los datos trasladados hasta el Gobierno desde Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Galicia advierten, como informa OKDIARIO, que la movilización electoral entre los votantes socialistas es mucho más baja de la esperada y de la registrada en las últimas elecciones generales. Dicho de otro modo: será muy difícil mejorar los 123 diputados obtenidos el 28-A. Son los riesgos de convertir las urnas en una ruleta rusa.

Los datos no proceden de sondeos o encuestas, sino que son el reflejo de la respuesta directa de su grupo de votantes en la calle o en las habituales reuniones del partido. Y otra evidencia: el mensaje divulgado desde Ferraz para transmitir que el único culpable de volver a ir a elecciones es Podemos y Pablo Iglesias no parece haber calado.

Por otra parte, preocupa el hecho de que en "el bloque de derechas" al PP le esté funcionando el voto útil. La concentración del voto en la formación que preside Pablo Casado estaba prevista en Ferraz, pero en el PSOE son conscientes de que en el electorado de centroderecha se está extendiendo la idea de que los nuevos comicios son una oportunidad que obliga a votar con pragmatismo comprobados los efectos que la fragmentación provocó el pasado abril. Si a eso añadimos la irrupción de Íñigo Errejón en el panorama electoral -quitará votos a Podemos, pero también, aunque en menor medida, al PSOE-, en Ferraz las caras revelan que las previsiones de hace un mes no se parecen en nada a las de ahora.

La abstención y el desencanto parecen haber hecho mella en una parte del electorado socialista, que no entiende cómo, entre unos y otros, se perdió la oportunidad de formar un Gobierno progresista. De ser cierta la percepción local desde los grandes ayuntamientos del PSOE, uno de los factores que explican el triunfo de Sánchez en las elecciones del pasado abril habría menguado o desaparecido, porque los auges socialistas en el voto suelen estar relacionados con elevados niveles de participación electoral.

En suma, que por tensar la cuerda hasta el límite, las cuentas de Pedro Sánchez pueden terminar siendo las de la lechera. Hace apenas dos meses, nadie dudaba de que Sánchez seguiría en en La Moncloa por una larga temporada. Ahora, las cosas han cambiado. Tempus fugit.

Vox como última solución
Nota del Editor 3 Octubre 2019

Está claro que el PSOE tiene que desaparecer, después de pedir perdón y aclarar todas sus tropelías y sus creyentes deberían leer algo de historia para poder pasar a la hora del sosiego.
Que en estas circunstancias haya aún personas que defiendan el voto "útil" al PP, después de tantos años de tomadura de pelo, es una muestra de que hay muchos "españoles" masoquistas que quieren amortizar el paraguas para que les sigan orinando en la sequía. La solución es Vox, no es que sea una maravilla, pero es lo único que tenemos.

Ay España, España
Agapito Maestre Libertad Digital 3 Octubre 2019

El proceso golpista del nacionalismo catalán aún no ha sido desmantelado. Y, lo que es peor, forma parte clave de la campaña electoral. De este asunto dependerá, por desgracia, el mantenimiento de Sánchez en el poder. El famoso discurso del Rey de 2017, junto a las inercias de la nación española, y la aplicación suave del 155 detuvieron el proceso secesionista de Cataluña. Ayudaron un poco los jueces y los partidos constitucionalistas que defienden la unidad de España, aunque algunos lo hacen con la boca chica, por ejemplo el PSOE. Por no decir nada de su partido hermano, el PSC. Sin embargo, ahora, el partido del Gobierno dice y defiende España. ¿Extraño? No. El PSOE siempre fue así. No criticaré yo a este partido por que haga electoralismo. ¿Acaso los otros partidos no hacen populismo electoralista con Cataluña? De este defecto no se salva nadie. Ojalá el electoralismo socialista llevara al Gobierno a tomar medidas serias contra los golpistas y sus cómplices.

El problema no es, pues, el oportunismo de Sánchez, sino que la política nacional dependa de una coyuntura más o menos favorable a un partido. Ésa es la tragedia. Sí, el último hallazgo ideológico de algunos analistas políticos es creer que la determinación de Sánchez, casi siempre ajena a la sutileza del matiz político y dependiente del resultado de las encuestas, podría detener a los golpistas suspendiendo la autonomía de Cataluña. Esto es algo que podría suceder, pero no deja de ser triste que tengamos que esperar la solución de un problema, el mayor y más grave que tiene España, por el humor de un hombre con un único objetivo: mantenerse en el poder. No deja de ser un fracaso político, un fracaso de toda la nación española, que tengamos que resolver la cuestión de la unidad nacional por el carácter, sí, de un hombre y por los cálculos de votos, pues que no es baladí que los muchos votos que conseguiría por intervenir la autonomía catalana, por un lado, podría perderlos por otro en la misma Cataluña.

¿Dónde está la política de Estado que diga cosas sencillas a las que puedan agarrarse los ciudadanos?, ¿dónde están los discursos políticos que levanten acta de que Cataluña no existe, no existió y, seguramente, no existirá sin España?, ¿dónde hay un plan sensato de los partidos constitucionalistas contra los separatismos catalán y vasco? Nunca se abordó con seriedad ninguna de esas cuestiones por el Gobierno de Rajoy y tampoco se consideran ahora por Sánchez, a pesar de su lema electoral. Ante España, ante la gran nación que es España, todo es oportunismo que mata cualquier ocasión de establecer y, a veces, restablecer los grandes asideros y fundamentos nuestra democracia. Ni se aplican las leyes en Cataluña con el rigor que exige un Estado democrático ni se le ofrece al ciudadano un repertorio de ideas civiles para transformar las fuerzas de la historia de España en potencias individuales, ciudadanas. No hay políticas realistas ni repertorios de ideas civiles para enfrentarse al separatismo. Por eso es menester que sigamos preguntando: ¿dónde podemos los ciudadanos hallar relatos, discursos, en fin, resortes intelectuales, morales y políticos para defender España como nación democrática?, ¿cómo crear una cultura española en estas condiciones? No se engañen. Los espacios públicos democráticos que defienden la nación, España, apenas representan nada frente al monstruo de la "nación de naciones".

La cuestión secesionista es sin duda alguna endiablada. Vaya, pues, por delante que soy de los que piensa que no tiene solución sino solo conllevancia (Ortega y Gasset). Aguantar es todo. Pero no nos cansemos de de repetir: si no hay vuelta atrás, ahora solo cabe confiar en que alguien aplique la Ley de Seguridad Nacional para que nuestra democracia se tome en serio su principio: nacionalizar todas las instituciones. El resto es engañarse.

Celaá y el uso electoralista de los poderes públicos
EDITORIAL Libertad Digital 3 Octubre 2019

Aunque menos sea nada, bien está que la Junta Electoral Central (JEC) haya criticado algo este miércoles a Isabel Celaá por la bochornosa utilización electoralista que la ministra portavoz del Gobierno hizo de la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros del pasado 27 de septiembre. Recuérdese que aquella descarada promoción electoral del PSOE que hizo Celaá en un ámbito en el que debía haber mantenido la máxima neutralidad institucional ya quedó reflejada en una pregunta que le hizo un periodista de Libertad Digital y, más tarde, motivó que el partido de Albert Rivera elevara una queja ante el órgano superior de la Administración electoral.

Con todo, la advertencia de la JEC a Celaá no pasa de hipócrita regañina si tenemos en cuenta que no va abrir contra la ministra expediente sancionador alguno y que aquella rueda de presa ministerial del pasado viernes, sin duda convertida en acto de campaña y de propaganda al servicio del PSOE, fue, con todo, peccata minuta comparada con la aun más bochornosa utilización partidista del Consejo de Ministros y del dinero público que hizo el mismo Gobierno en funciones en las vísperas de las pasadas elecciones generales de abril.

Aquellas ruedas de prensa de los llamados "viernes sociales", en las que la portavoz del Gobierno utilizaba no solo sus declaraciones, sino también los decretos leyes y el dinero de los contribuyentes a favor de la candidatura del PSOE, también provocaron una todavía más justificada protesta del PP y de Ciudadanos, queja que la JEC no tuvo reparo en desestimar.

Salvando las diferencias, piénsese, por otra parte, en el nulo caso que hasta la fecha el presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha brindado a la JEC cuando le ordenó, hace meses, que retirara los lazos amarillos que a día de hoy siguen colgados de los edificios públicos de Cataluña. Aunque esto último sea mucho más grave, por cuanto los lazos amarillos no sólo constituyen un símbolo partidista sino un acto de apología de los delitos por los que han sido juzgados los golpistas del 1-O, socialistas y nacionalistas comparten esa misma visión patrimonialista de lo público, donde el interés del Estado se confunde con el interés del partido.

Editorial aparte requeriría el descarado uso partidista que hace el PSOE de RTVE. Lo que es evidente es que mientras no haya una auténtica separación de poderes, una ley que se cumpla y se haga cumplir de manera efectiva y una independencia judicial que alcance naturalmente a la propia Junta Electoral Central, seguiremos padeciendo un uso electoralista de los poderes públicos mientras nuestro debilitado Estado de Derecho ofrecerá escasa resistencia frente a los que lo quieren ver dinamitado.

Luego lloraremos
La economía parece secundaria en un debate político de ínfimo nivel
Luis Ventoso ABC 3 Octubre 2019

La pregunta es un poco cruel, pero sobrevuela el ambiente: ¿Estamos ante la peor clase política desde la llegada de la democracia? «Probablemente», como decía aquel viejo anuncio de cerveza danesa. El debate es de ínfimo nivel. El oportunismo para salvar el pellejo en las urnas se antepone a todo esfuerzo para mejorar el país a medio plazo. El sectarismo y la egolatría abortan cualquier consenso elemental por el bien de España. El cantamañanismo está al orden del día. Véase el envite catalán, donde la respuesta constitucionalista semeja estos días un guiñol de los hermanos Marx. Sánchez, socio de los separatistas hasta anteayer, se envuelve ahora en la bandera española para rebañar votos y amenaza con el 155. Rivera, reticente al 155 la primera vez que Rajoy lo planteó contra el golpe, es ahora su más ardoroso paladín. Al tiempo, Ciudadanos presenta una tardía moción contra Torra, incongruente con el hecho de que Arrimadas regaló su victoria electoral en Cataluña con su inacción y acabó dejando tirados a sus votantes escaqueándose a Madrid. Casado, que en la campaña de abril pedía el 155 a diario y aseguraba que sería su primera medida de Gobierno, ahora sostiene que todavía no se dan las condiciones. En el populismo comunista, Iglesias y Errejón siguen estando de acuerdo en algo: con su tontuna antipatriótica, ambos le hacen el caldo gordo a los golpistas.

Pero donde el vuelo raso de nuestros políticos se torna más lacerante es en el modo en que se fuman el problema económico a solo cinco semanas de unas elecciones. El gallinero público se alborota con fruslerías varias, pero nada se habla del asunto medular que de verdad marcará nuestras vidas: ¿Qué proponen nuestros gobernantes para afrontar la tromba económica que viene? Ayer el clarín del Ibex ya dio un aviso explícito: la mayor caída en dos años. Por la mañana conocimos el peor dato de creación de empleo en seis. Y esta misma semana, frenazo del crecimiento y datos que muestran que la trituradora de los ERE ya está de vuelta. Merkel, menos apolínea que nuestro Pedro, pero un poco más seria, reunió el martes en una suerte de comité de emergencia a los responsables del FMI, OCDE, Banco Mundial y OMC. Todos concordaron en que ya estamos inmersos en «una recesión gradual», que lógicamente sacudirá también a España.

La amenaza de otras crisis nos pilla sin Gobierno -y con pinta de que tras el 10-N seguirán sin salir las cuentas-, sin presupuestos, en la berza y perdiendo miserablemente el tiempo con las barrabasadas de un chiflado xenófobo, Torra, al que el Estado debería haber metido en vereda hace ya dos años. A los españoles, pueblo alegre de cañas, tapitas, Netflix y fútbol, nos aburre la economía. Los grises datos contables nos provocan sopor. Ya lo dice Carmen Calvo: «El dinero público no es de nadie». Luego lloraremos cuando toque de nuevo cirugía de hierro...

Las cuentas de «Míster España»
El Banco de España rebate al PSOE
Álvaro Martínez ABC 3 Octubre 2019

Mal, muy mal le va a sentar al que ya es conocido como «Míster España» -no porque él mismo se calificara como «Pedro el Guapo» sino porque ha vuelto a arroparse en campaña con la bandera nacional- que ayer el Banco de España le deshiciese parte de su programa electoral referido a la Seguridad Social. Según el regulador, el plan del PSOE de equiparar las pensiones al IPC haría fosfatina un ya maltrecho sistema, si esa rumbosa pretensión no va acompañada de medidas adicionales, que los socialistas, naturalmente, no han anunciado porque estarán asociadas a meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes. Y le va a sentar fatal porque la última vez que el Banco de España cuestionó una medida económica del sanchismo -aquella subida del salario mínimo-, desde el «Gobierno bonito» le exigieron al gobernador, Hernández de Cos, «que pida perdón a los españoles por sembrar la alarma con malos augurios» al sostener que la medida terminaría perjudicando al empleo. Fue el ataque más feroz a la independencia del regulador obrado desde el Gobierno del que se tiene memoria. Aquella insólita reprimenda tuvo lugar en junio y ayer se comprobó que el Banco de España tenía razón pues este septiembre se ha consolidado la ralentización en la creación de empleo. El deterioro del mercado laboral corre incluso más deprisa que el cambio climático. Hernández de Cos tenía razón.

Ahora el banco emisor vuelve a advertir a Sánchez que por ahí no, que prometer pensiones que no se pueden pagar termina siendo un veneno para el sistema. Hacerlo para ganar unas elecciones es una irresponsabilidad, como lo fue no impulsar reforma económica alguna. No lo hizo por dos razones: la primera porque tenía una grave anemia de escaños que quienes le auparon (separatistas, populistas y proetarras) no quisieron aliviarle; y la segunda porque prefirió dedicar el año entero a preparar su reelección.

Bajan cuatro décimas las previsiones de crecimiento de nuestra economía, España encadena dos veranos con caída de turistas, el comercio mundial mengua en la batalla Washington-Pekín, el Brexit nada ayudará a que nada mejore, las matriculaciones de vehículos se despeñan, igual que la producción industrial... Todo esto se venía fraguando mientras Sánchez se dedicaba a mirarse al espejo en La Moncloa, entregado al oficio de sepulturero para sacar de su tumba a un muerto de hace cuarenta años y a arrogarse en la ONU el mérito de que gracias a él ya somos una democracia perfecta. Entre las cuentas de «Míster España» y las del Banco de España, quédense con las segundas.

Un escándalo supremo
Jaime Alonso https://fnff.es 3 Octubre 2019

(Fundación Nacional Francisco Franco)

Pocas veces he visto un ejemplo más claro de lo que puede ser una prevaricación judicial

La Sentencia Nº1279/2019 de 30 de septiembre de 2019 no sentará jurisprudencia, ni pasará a los anales de la historia judicial por su fundamentación jurídica, rigor interpretativo o fidelidad al derecho aplicable, ni por el riguroso respeto formal y jurídico a la exhumación de un cadáver al que atribuye titularidad publica, privando a su familia para decidir sobre la doble facultad de exhumar e inhumar. Tampoco servirá como interpretación doctrinal de la jerarquía normativa con respecto a los tratados internacionales, o sobre el deber de la iglesia y sus obligaciones en un lugar consagrado al culto, Basílica Pontificia. Por lo que sí pasará a la historia, pero triste, negra, inconfesable es por haber actuado como un Tribunal de la Inquisición, al dictado del poder político, como un tribunal popular ajeno al rigor jurídico exigible, y por blindar la apariencia de legalidad a un gobierno que desea cometer la mayor vileza: profanar una tumba de un lugar sagrado. Pero no es cualquier tumba, de ahí la osadía y gravedad; es el descanso eterno de quien salvó a España del Comunismo, salvó a la Iglesia del exterminio, a quien otorgó el Papa Pio XII “la Suprema Orden de Cristo”, gobernó cuarenta años, trajo la monarquía y creó las condiciones para que pudiera darse esta democracia con su inestimable colaboración, hoy, tan degenerada. Al dictarse una sentencia de “caso único” y de “autor”, contra todo lo que de sagrado queda en nuestra civilización, merecen salir del anonimato de sus firmas y que el pueblo también les pueda juzgar: D. Jorge Rodríguez Zapata Pérez; D. Segundo Menéndez Pérez; D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva; Dña. Celsa Pico Lorenzo; Dña. María del Pilar Teso Gamella y D. José Luis Requero Ibáñez.

Por las razones inconfesables que imaginamos, ya sea por temor al “agit prop” mediático, ya sea por contentar a la izquierda revanchista que no puede soportar el reposo de un muerto hace 44 años y que no pudieron derrotar en vida, ya sea por los prejuicios ideológicos de algunos magistrados o la cobardía de otros, ya sea por otras bagatelas o promociones políticas extrajudiciales, lo cierto es que los seis magistrados del T.S. que decidieron condenar a Franco a ser exhumado, sin posibilidad de inhumación donde desee la familia, merecen el demoledor reproche de cualquier jurista o ciudadano que todavía creyera en el estado de derecho, como fundamento de la democracia, en la división de poderes como garantía del justiciable y en la independencia judicial, como presupuesto de la justicia. Han hecho, señorías, un daño infinito a la credibilidad de nuestros tribunales, al respeto debido a quien tiene tan alta función de juzgar y ejecutar lo juzgado, a cuantos acuden al ver lesionados sus derechos por el poder exorbitante del estado. Hoy nos han dejado huérfanos y sin esperanza de que pueda revertirse esta peligrosa tendencia.

Casi tres siglos después de que se consiguiera abolir “la justicia del príncipe” donde toda arbitrariedad encontraba su acomodo y justificación y resulta que Vds. convierten y pervierten su función jurisdiccional en “la justicia del estado” cuan adorable Leviatán. Ni siquiera hubo un voto discrepante que salvara la dignidad moral y jurídica de la Sala, un voto discrepante que al menos estableciera el deseo de dejar constancia, además, de la honda preocupación por el precedente que esta Resolución pudiera llegar a representar en relación con el tratamiento de los derechos de la familia en la exhumación de su deudo y posterior inhumación, y del respeto jurídico a un lugar destinado al culto y a un tratado internacional. Resulta escandaloso qué, a partir de ahora, los Jueces puedan sostener su apartamiento de las normas imperativas de nuestro ordenamiento alegando la bondad de sus fines o intenciones subjetivas del gobierno de turno, sin vinculación para nuestros tribunales, o el dictado de resoluciones que contravengan de manera clara y flagrante los principios más básicos de nuestro sistema contencioso o del resto del ordenamiento jurídico.

El pasteleo judicial tiene una originalidad conclusiva rayana a la prevaricación consistente en que, mientras señalan de manera pormenorizada que el gobierno ha dictado todas las resoluciones sin apartarse de la legalidad en forma y fondo, reconoce que todas ellas tienen la singularidad de ser políticas, obviedad suprema, referidas solamente al caso único de Francisco Franco y al que despojan de todos sus derechos cadavéricos y, a su familia, de todos sus derechos civiles. Al amparo, como único sustento legal, de la Ley de Memoria Histórica, cuya modificación de su artículo 16, mediante Decreto Ley, lo convalida la Sala en su “urgencia y necesidad” por el hecho de que fue refrendado en el parlamento, otorgando así la Sala el efecto de una ley ordinaria, a la vez que se dota de competencia para juzgar y validar la constitucionalidad del Decreto con la simpleza de que no ha sido recurrido en amparo. Con ello, explicitan la existencia de criterios y opiniones ajenos al ordenamiento español y se adentran en una interpretación alternativa en la aplicación del derecho que podría incluirse en la prevaricación.

Mi radical discrepancia, que juzgo no conforme a derecho, ni aplicado al rigor de la función jurisdiccional que se desprende de los hechos enjuiciados, consiste en que el tribunal de manera unánime se adscribe a unas posiciones de la abogacía del Estado y por ende del gobierno, ajenas a los ámbitos del derecho aplicable en nuestro país, pero que les suscitan adhesión personal y resultan útiles para fundar sobre ellas, ¿en Derecho? Difícilmente. De ahí que de la pagina 45 a la 49 de la Sentencia, sea una búsqueda de argumentos, unas veces inconsistentes, otros contradictorios, otros sencillamente erróneos para apoyar una decisión predeterminada que no es fruto de un razonamiento jurídico previo.

Pocas veces he visto un ejemplo más claro de lo que puede ser una prevaricación judicial, cuando los Jueces eligen aquellos criterios que se compadecen con su voluntad, independientemente de su origen, razón o eficacia, para justificar con ellos el incumplimiento del mandato de la norma que verdaderamente les vincula. Con esa tesis jurisprudencial a partir de ahora cualquier Juez español podrá exhumar o inhumar donde lo disponga el gobierno nacional, el autonómico o el local, sin importar siquiera el lugar donde está enterrado, sea titularidad publica o recinto religioso, con independencia de la voluntad de la familia. Me preocupa seriamente que, con la argumentación unánime de la Sala 4 del T.S. se pueda estar dando pie a que alguien, en situación semejante, presuma que se encuentra habilitado para aplicar el célebre principio de que “el fin justifica los medios” que tan enérgica y razonablemente se ha declarado ajeno a la cultura propia de un Estado de Derecho, donde se afirme que “La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia”.

La conclusión de lo que consideramos, como un cambalache judicial en grado máximo, donde una Sala del Supremo también debe someterse al análisis jurídico y humano que su resolución comporta, dado que el fallo es una “interpretación sorprendente” de lo que venía siendo considerado jurisprudencialmente como derechos fundamentales de la persona avalados y concebidos universalmente. Y el lego puede sospechar, razonablemente, que se ha producido un intercambio de objetos de bajo precio (cambalache), consistente en legalizar una operación política contra el sentido común, contra la historia, contra los lugares de culto y contra una familia por el hecho de ser su abuelo el gobernante del que trae causa el actual sistema. Y le reprocha el tribunal, lapsus mental, que durante su régimen no se respetó la división de poderes, quienes son dirigidos por los partidos, ascienden por su confianza y demuestran con esta sentencia el servilismo al poder. Dejamos como corolario de esta difícilmente calificable sentencia, el animo y las razones que nos asisten. “Solo está perdido, quien se da por vencido” y dista mucho para que el franquismo pueda ser derrotado, aunque sea en la historia y su verdad, donde se combata.

Qatar y Arabia Saudí financian la expansión del totalitarismo islámico por Europa
REVISTA NAVES EN LLAMAS  latribunadelpaisvasco.com 3 Octubre 2019

Financiando mezquitas, promoviendo “universidades”, subvencionando variadas organizaciones, proporcionando recursos económicos a numerosas oenegés y sufragando también la actividad de personalidades afines. El Reino de Qatar, acusado reiteradamente de financiar el terrorismo islamista internacional, es también uno de los principales impulsores del islam político en Europa y, para ello, utiliza una presunta gran Organización No Gubernamental, denominada Qatar Charity (QC), con presencia directa o indirecta en prácticamente todo el continente. Solamente en 2014, esta máquina de poder y de influencia de Doha en Europa destinó más de 72 millones de euros a financiar 140 centros de culto musulmán, escuelas coránicas, liceos islámicos y asociaciones de musulmanes en 14 países del viejo continente.

Así se desprende de una investigación realizada por los periodistas franceses Christian Chesnot y Georges Malbrunot que han presentado en su libro “Qatar papers”, de reciente aparición en Francia. Chesnot y Malbrunot revelan en su trabajo que los cinco países más sensibles al proselitismo religioso sufragado desde Doha son Italia, Francia, España, Alemania y el Reino Unido.

La ONG Qatar Charity, que comparte responsables con el Gobierno islamista catarí, ha financiado íntegramente proyectos de proselitismo religioso en lugares tan distantes y diferentes como Katowice (Polonia), Kiev (Ucrania), Berlín (Alemania), Saronno (Italia) o en ciudadades españolas como Valencia o Zaragoza. Y en otras capitales europeas, si no ha financiado proyectos islámicos en su totalidad lo ha hecho en montantes superiores al 70% de su coste definitivo. Así ha ocurrido, por ejemplo, en ciudades como Roterdam (Países Bajos), Budapest (Hungría) Barcelona, Nantes o Sheffield (Gran Bretaña).

Según demuestran Chesnot y Malbrunot en su libro, el largo brazo de la financiación catarí del islam europeo se extiende, incluso, a las remotas zonas del norte noruego, donde destinó 300.000 euros al presidente de la Liga Islámica de este país para la compra de una iglesia católica y su posterior transformación en una mezquita.

No menos impetuosa es la subvención global que Qatar ha destinado a impulsar el islam en un país de tan marcada tradición católica como Polonia. La Asociación Islámica para la Formación y la Cultura recibió, por ejemplo, 208.000 euros de ayuda para la puesta en marcha en Varsovia de un gran centro islámico, formado por una mezquita, una escuela musulmana, salas de conferencias y locales comerciales.

Tan expansiva y penetrante es la expansión islamista que Qatar está promoviendo en Europa que sus tentáculos han llegado hasta la ínfima isla anglo-normanda de Jersey, donde viven alrededor de 100.000 personas, de las cuales apenas 400 son musulmanes. Qatar Charity ha financiado totalmente con 720.000 euros la apertura de la primera mezquita de la isla. El centro islámico Al-Aziziyah se abrió, una vez más, en lo que era una antigua iglesia cristiana (en este caso, metodista) y dispone de una sala de oración para los hombres con una capacidad para más de 300 personas y otra sala de rezo para las mujeres (60 fieles), así como un centro de aprendizaje del Corán con disponibilidad para acoger a 70 alumnos.

La influencia de Qatar se extiende también más allá de Europa, y en ocasiones, además, se realiza de una forma notoriamente pública, como ocurrió en diciembre de 2018, cuando este país anunció haber alcanzado una serie de acuerdos con la ONU que suponen una inyección de 500 millones de dólares en diversos organismos del sistema en los próximos años, y que en palabras del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, conviertieron al país árabe en "socio estructural”.

Paralelamente, Qatar es en estos momentos el mayor donante extranjero para las universidades estadounidenses. Los fondos están destinados a la enseñanza del árabe y las lecciones sobre la cultura de Oriente Medio y su inclinación ideológica a veces se manifiestan sin ningún tipo de filtro, como en el plan de lecciones en las escuelas estadounidenses titulado “Expresa tu lealtad a Qatar”.

Mientras tanto, en Libia, Qatar, que se jacta de tener "magníficas relaciones con Occidente”, habría estado alimentando económicamente al movimiento yihadista Ansar al Sharia, al mismo tiempo que en Siria habría hecho lo mismo con Ahrar al Sham, los Hombres Libres de Siria, en su momento una organización terrorista clave en la transformación de las revueltas contra el régimen del presidente Bashar al Assad en sublevaciones islamistas.

Pero, además, Qatar también ha sido acusado de financiar a los terroristas del Estado Islámico (ISIS). El general Jonathan Shaw, ex jefe del Estado Mayor de Defensa en Gran Bretaña, declaró que Qatar y Arabia Saudita son responsables de la propagación del islam radical en Occidente. “Esta es una bomba de tiempo que, bajo el pretexto de la educación, el wahabí salafismo realmente se está incendiando en el mundo. Y se financia con dinero saudí y qatarí, y eso debe terminar”.

Según el presidente del Foro de Medio Oriente, Daniel Pipes , “Doha no depende solo de la diáspora islamista en Occidente para avanzar en su agenda; también trabaja para influir directamente en los políticos occidentales y el público”. Uno de los ejemplos más notables de esta afirmación: uno de los intelectuales musulmanes más queridos por la izquierda occidental, Tariq Ramadan, nieto de Hasan al-Banna, fundador de la Hermandad Musulmana, a quien varias mujeres han acusado de violación y abuso sexual, ha estado recibiendo durante los últimos años 35.000 euros al mes de Qatar por sus labores de “asesor”.

Pipes explica, además, que “las estaciones (radio y televisión) cataríes en inglés producen una propaganda astuta contra los enemigos de Qatar, disfrazada de la retórica liberal occidental. La última aventura de Al Jazeera es su canal de medios sociales, AJ, que está dirigido a los jóvenes estadounidenses progresistas. Sus documentales sobre los males de Israel, Arabia Saudita y la administración de Trump, se encuentra entre la cobertura brillante de las campañas de derechos de los transexuales y los llamamientos emocionales por la difícil situación de los solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, temas aparentemente incongruentes para una emisora controlada por un régimen de ideología wahabí”.

El diputado alemán y experto en Oriente Medio, Rolf Mützenich, ya lo advirtió en 2016: “Desde hace bastante tiempo tenemos indicios y pruebas de que los salafistas alemanes están recibiendo ayuda, aprobada por los gobiernos de Arabia Saudita, Qatar y Kuwait, en forma de dinero, el envío de imanes y la construcción de escuelas y mezquitas coránicas”.

Como explica el analista Giulio Meotti, "a medida que el gasto ideológico de Qatar en Occidente avanza, muchos europeos, aparentemente perdidos detrás de una ceguera voluntaria, persiguen sus inútiles acusaciones de 'discurso de odio', 'racismo' e 'islamofobia', mientras que los musulmanes radicales se infiltran en sus democracias y continúan rodeándolos”.

Arabia Saudí
Pierre Conesa, un ex-alto funcionario del Ministerio de Defensa francés y hoy consultor en temas de terrorismo y geopolítica, no se cansa de repetir un mensaje: Arabia Saudí, el gran aliado de Occidente en Oriente Medio, lleva años exportando a todos los rincones del mundo su modelo de "wahabismo", la versión más rigurosa e intolerante del Islam sunita, que inspira a los terroristas del autodenominado Estado Islámico y de Al Qaeda.

Pierre Conesa es el autor de una investigación apasionante y sin precedentes sobre esta diplomacia religiosa de Arabia Saudí que ha titulado “Dr. Saoud y Mr. Djihad”. El libro comienza explicando cómo el sistema proselitista que emplea Arabia Saudí es similar al poder blando característico de la diplomacia de Estados Unidos. “Para expandir su visión integrista y radical del Islam utilizan a una multiplicidad de actores, que pueden ser políticos, fundaciones o universidades islámicas”.

En opinión de Conesa, el hecho de que Arabia Saudí financie directa o indirectamente la comisión de atentados terroristas es una preocupación secundaria desde un punto de vista económico, porque en cantidades absolutas el gasto que supone cometer un atentado como los que el autodenominado Estado Islámico ha provocado en Europa a lo largo de los últimos meses es mínimo. “Lo que ha de preocuparnos es la ideología, y es esta ideología islamista, radical y violenta lo que Arabia Saudí transmite a los terroristas”.

Ademas, explica Pierre Conesa en una larga entrevista concedida al semanario francés “Le Point”, Arabia Saudí también tiene una actividad proselitista de tipo soviético. “Han formado a cerca de 25.000 personas en la Universidad Islámica de Medina que transmiten una ideología totalitaria como es el wahabismo o salafismo”. “Un teólogo musulmán francés me dijo en una ocasión que el wahabismo era la versión más sectaria, racista, antisemita, homofóbica y misógina del Islam. A diferencia de lo que ocurre en otras universidades islámicas del mundo, los estudiantes que obtienen becas de la Universidad de Medina se encuentran perfectamente alojados y mantenidos, y en condiciones magníficas para dedicarse a la predicación y la propaganda”.

En opinión de Pierre Conesa, alrededor de 30.000 personas habrán sido “formadas” en estas universidades islámicas de Arabia Saudí. “Son predicadores que luego encontramos en el Sahel, Malí, Níger o República Centroafricana. Cada año, los saudíes dedican 8.000 millones dólares a su diplomacia religiosa, que es tanto como lo que dedican a su Ministerio de Defensa”.

“Por otro lado, se encuentra la Liga Mundial Musulmana, fundada en la época de Nasser. Se trata de una organización no gubernamental, siempre dirigida por un saudí, que lleva la marca wahabí del Islam y cuya financiación es muy opaca. Bajo el pretexto de la defensa de los musulmanes y la construcción de mezquitas a lo largo y ancho del mundo, la Liga Musulmana Mundial, a menudo, ha sido punta de lanza de la presencia de Arabia Saudí en el extranjero”.

El autor de “Dr. Saoud y Mr. Djihad” considera que para explicar este comportamiento de Arabia Saudí hay que mirar a la historia y entender el pacto original que se estableció entre Muhammad Bin Saud, patriarca de la dinastía Saud que gobierna el país, y el clérigo ultraconservador Mohammed Abdelwahhab. Este acuerdo fue firmado en 1744 y es el origen de la primera Arabia. En ese momento, Abdelwahhab utilizó el término “yihad” para que Saud pudiera conquistar el territorio de Arabia guerreando contra otras tribus. El imán también llamó a la yihad para luchar contra el Imperio Otomano. “Por lo tanto, la yihad es constitutiva de la identidad nacional de Arabia. Desde el principio, Arabia Saudita es un sistema que se asienta sobre dos pilares: por un lado, la familia Saud, y por otra parte, el cuerpo de ulemas (teólogos), dirigido por la familia Al-Shaikh, es decir los descendientes de Abdelwahhab”.

“Los primeros representan al país aliado de Occidente desde la Guerra Fría mientras que los segundos se encargan de la dimensión integrista, con los asuntos religiosos y la educación en sus manos. Cada vez que los Saud necesitan de los occidentales", explica Conesa, "tienen que dar explicaciones a los ulemas, que a cambio les piden más poder".

Y cita tres ejemplos de este proceso:
- En 1979, cuando los radicales toman la gran mezquita de La Meca y los Saud llaman a los policías franceses para liberarla, tienen que transferir más poder a los religiosos para compensar esta decisión. Se cierran todos los cines de Riad y se obliga a llevar velo a las mujeres extranjeras.

- En 1991, cuando Bin Laden propone defender Arabia Saudí contra Sadam Husein y los Saud prefieren apelar a 100.000 soldados americanos, se producen los primeros atentados que muestran el desacuerdo con el llamamiento de ayuda realizado a los “infieles”.

- El Estado Islámico es un producto del salafismo que contesta a Arabia Saudí y se pone por encima de ella. De esta forma, Arabia Saudí está siendo superada por los monstruos que creó.

Pierre Conesa niega rotundamente que Arabia Saudí haya creado al Estado Islámico. “Ha creado el salafismo, que es la ideología madre que alimenta al Estado Islámico, y compite con los terroristas en demostrar quiénes son los mejores defensores de la causa suní”.

El analista parisino considera que en Occidente existe una especie de tabú en lo que respecta a criticar a Arabia Saudí, ya que es “nuestro amigo y nuestro mejor cliente”. “Yo creo que nuestros intereses comerciales no deben poner en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos (…) En ocasiones, en Occidente, parece que tenemos problemas para definir quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el salafismo, del que el Estado Islámico es una aplicación práctica. Pero el padre de esto, el Dr. Frankenstein, es Arabia Saudí. Y estamos en una posición esquizofrénica en la que luchamos contra el terrorismo islamita al mismo tiempo que tratamos de proteger a su padre. Pero en la novela de Mary Shelley, el monstruo solamente desaparece junto a su creador”.

Artículo publicado originalmente en la Revista Naves en Llamas

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Una respuesta común al desafío
 larazon 3 Octubre 2019

España vive desde que se inició el «proceso» la amenaza de una quiebra del orden constitucional en Cataluña, acompañada por una grave alteración del orden público. Es lógico, por lo tanto, que se busque la fórmula legal para frenar este desafío, incluso que haya dudas de si lo más correcto es la activación del artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional, pero, en todo caso, este debate debería estar fuera de la pugna partidista y evitar cualquier tentación electoralista.

Se había advertido que dejar a España sin Gobierno durante la sentencia del Tribunal Supremo sobre los sucesos del 1-O era una gran irresponsabilidad, por lo que cualquier medida debería tomarse con el acuerdo y apoyo de las fuerzas constitucionalistas, con lealtad y sentido de Estado.

El artículo 155 de la Constitución se puso en marcha por primera vez el 27 de octubre de 2017 después de que el presidente de la Generalitat, el hoy fugado Carles Puigdemont, tras el incumplimiento reiterado de «las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España». En aquel caso se había consumado la ruptura con el orden constitucional al declarar –ahora dicen que fue una simulación– unilateralmente la independencia, después de aprobar leyes que propugnaban la ruptura. No hubo dudas en su aplicación, por lo que el Senado aprobó –en sólo seis horas de debate– la puesta en marcha del precepto constitucional que permite la intervención de la administración catalana; sólo despertó dudas en la intensidad y el periodo de aplicación.

Por más provocaciones lanzadas por el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, por más resoluciones aprobadas por el Parlament, el 155 sólo se puede poner en marcha si realmente se ha infringido la ley y los sucesos que desencadenan ponen en riesgo los intereses nacionales y el orden público. Sólo entonces este artículo debe aplicarse con todo su rigor. Pedro Sánchez ha anunciado que está dispuesto a ello si hay una situación de ruptura y quiebra de la legalidad. Desde este punto de vista, convendría que una medida de esta importancia no se deslice como lema electoral ni se abuse de que el Gobierno está dispuesto a aplicarlo. Es su responsabilidad. Cuando sea necesario deberá hacerse, pero sin que ocupe un papel en el debate político, más allá del acuerdo al que deberán llegar PSOE, PP y Cs.

Si el presidente sostiene que la intervención de la Generalitat se puede hacer aunque el Gobierno esté en funciones, deberemos dar por bueno que no hay impedimentos legales para hacerlo. El artículo 21 de la Ley del Gobierno le faculta para adoptar las medidas que crea necesarias en caso de urgencia nacional. Es decir, si su función se «limitará a su gestión de despacho ordinario de los asuntos públicos», hay la excepción de «casos de urgencia debidamente acreditados». Por otra parte, en tanto que el Senado actúa a través de la Diputación Permanente, ésta puede aprobar, siempre por mayoría absoluta, la puesta en marcha del 155, si bien la Mesa de dicho órgano deberá dictar una resolución que adapte el hecho de que no está creada la Comisión de Comunidades Autónomas, que es quien solicita su puesta en marcha.

En cuanto a la Ley de Seguridad Nacional, muchos juristas consideran que su aplicación supone un trámite más ágil, ya que su artículo 24 da poderes al presidente para, por decreto, definir la crisis, su ámbito geográfico, medios que debe poner la Comunidad Autónoma, incluso una «autoridad funcional». Apenas a unos días de la sentencia del Tribunal Supremo que el independentismo ha marcado como el «día D» para lanzar una ofensiva contra el Estado, el Gobierno debería haberse reunido con los líderes políticos para definir la estrategia para frenar el desafío secesionista.

¿Va Sánchez en serio en Cataluña?
Editorial El Mundo 3 Octubre 2019

La abstención del PSC en la moción de censura a Torra perjudica la credibilidad del PSOE

Al margen de las motivaciones electorales, celebramos el cambio de discurso de Pedro Sánchez respecto de Cataluña. El candidato del PSOE ha sustituido su mensaje en favor de la plurinacionalidad y hoy no solo blasona del nombre de España en su propio lema de campaña, sino que afirma estar dispuesto a aplicar toda la fuerza de la ley para sofocar la insurrección que el separatismo planea tras la sentencia del Supremo. Pero mejor sumarse tarde que nunca a los diagnósticos de Pablo Casado y Albert Rivera, así como a la firme respuesta que los líderes de PP y Cs llevan tiempo proponiendo ante la escalada de tensión secesionista. Lo que hace falta es que Sánchez abandone toda tentación de blandir el 155 o la Ley de Seguridad Ciudadana como puro trampantojo, como el enésimo recurso de mercadotecnia electoral. En Cataluña no se juega Sánchez el resultado del 10-N, que seguramente también: en Cataluña se juega España entera el futuro de su salud democrática y su unidad constitucional.

Por esa razón cabrá recordar a Sánchez sus actuales apelaciones al consenso con la oposición cuando llegue el momento. Pero si de lo que se trata es de tomar en serio el giro constitucionalista de Sánchez, el presidente en funciones acaba de arruinar la primera ocasión para demostrar credibilidad permitiendo que el PSC de Miquel Iceta se abstenga en la moción de censura contra Quim Torra por la única razón partidista de que la presenta Ciudadanos. Iceta se empeña así en seguir ocupando un espacio imposible entre la Constitución y la insumisión. Entre ley y desacato. Y su diputada Eva Granados incurre en la vergonzosa equiparación entre Torra y Lorena Roldán, como si quien jalea la violencia pudiera jamás pertenecer al mismo plano moral que quienes la sufren y están obligados por ello a llevar escolta.

Nos gustaría creer que Sánchez va en serio. Que, llegado el caso, reunirá a las fuerzas constitucionalistas como le ha pedido Rivera y que, como primera medida, asumirá el control de unos Mossos que no pueden estar a las órdenes de alguien como Torra. También debería estudiar la petición de Casado de restablecer el control de las cuentas de la Generalitat para que no siga destinando fondos a financiar un nuevo golpe: no olvidemos que levantar ese control fue la primera decisión que tomó Sánchez en cuanto la moción de censura lo llevó a Moncloa, en recompensa al apoyo de ERC y JxCat.

Nos gustaría creer, en fin, que Sánchez no está usando Cataluña para impostar una firmeza que no pretende ejercer de veras en defensa de la libertad y la seguridad. Que su resucitada fe en la defensa de la unidad de España no es un mero titular de alguna de las entrevistas que concede estos días. Y que esta vez, si la Generalitat relanza su desafío, tomará las decisiones pertinentes pensando en el bien común y no en el interés particular de su candidatura.

El PSC es un muñón independentista
Cristina Seguí okdiario 3 Octubre 2019

Cada vez que ha tenido la oportunidad de hacerlo, el PSC ha demostrado que es un proyecto político cien mil veces más peligroso que ERC, las CUP, o JxCat. El manejo del eufemismo en su retorica discursiva es la base de su timorata gesta independentista y de todo el intercambio extraoficial de favores emanados del separatismo institucional para beneficio de las familias socialistas: “Nos somos independentistas, somos los chicos del rollito plurinacional. La creme de la creme de la cosa federal”.

Iceta maneja como nadie la maniobra de reptar sibilinamente en ese magma, no por ser precisamente el chico más listo de la clase, sino porque resulta muy sencillo parecer el menos podrido y el más inservible de toda la cesta cuando tus socios nos declaran a los españoles “bestias hediondas con forma humana” y nos deparan bombas fabricadas por una milicia batasunizada bajo la expertise del Terra Lliure, Fredi Betanachs.

Touché, el independentismo es abiertamente criminal, pero los pijos descerebrados de los CDR cantan como una pilingui en un monasterio de clausura mientras el PSC avanza con exquisita diligencia en la tarea del desmembramiento nacional en comparación con las estrategias criminales, torpes e hiperhormonadas de los cuarteles políticos explícitamente independentistas gracias a que los periodistas, e incluso el Partido Popular, se niegan a presentar al partido de Iceta como lo que es; el muñón más práctico de la revolución amarilla movido por los espasmos totalitarios de sus integrantes.

Los de Iceta han demostrado ser una banda de conniventes acomplejados dispuestos a humillar cualquier rastro de España en Cataluña con tal de subsistir del clientelismo nacionalista catalán. Y lo han exhibido fehacientemente por la vía de los hechos.

A pesar de ello, son letales porque cuentan con la ventaja cualitativa de su presunción constitucionalista y con un potente arsenal de tertulianos negacionistas que, a nivel nacional, motejan de “fascista” a todo aquel que se encargue de enumerar los ataques directos a la Nación ejecutados por los socialistas catalanes recogidos con literalidad en los diarios de sesiones con propuestas, iniciativas, votos y pronunciamientos que les elevan a la categoría de inductores e ideólogos directos del sempiterno golpe de Estado.

Con un Ciudadanos que ha optado por vaciarse de todo contenido ideológico y trasvasar todo su talento a Madrid con componendas como las de presentar a Girauta por …¡Toledo!…o la de traerse a la Hidalga Inés a la sede de la soberanía nacional cambiándola en el “Parlament” por una ex indepe que hace 4 años retozaba como en una despedida de soltera por las manifas de la ANC, las opciones para los no independentistas en Cataluña son escasas: los teleñecos del psicópata de Waterloo, el reo beato de Esquerra, o el Betanachs enjuto de los CDR. Ante esa perspectiva resulta mucho más atractivo Iceta, un gordito gracioso del amateurismo indepe que baila breakdance y que, encima, ha sido bautizado por los apriorismos buenistas de todas las presentadoras nacionales que militan, de carnet o corazón, en el PSC.

El PSC no puede ser independentista igual que el PSE no pacta con los batasunos en el País Vasco y Navarra a pesar de haberles entregado la Mancomunidad de Pamplona, el ayuntamiento de Huarte o de que se publique la foto de cómo Mendia y Chivite relamen la almeja en la cocina de Otegi, pero en contra de lo preestablecido por defecto, conviene recordar algunos hechos que dan cuenta de la deriva nacionalista de ese engendro plurinacional.

Hace sólo 24 horas que el PSC, con Eva Granados en el Parlamento, acaba de abstenerse en la moción de censura al cabecilla de salón de los 7 terroristas detenidos por la Guardia Civil en la “Operación Judas”, pero eso es pecata minuta con la extorsión que sufrieron por parte del alcalde del PSC, Xavier Amor, los dos hoteles que, durante el mes de octubre de 2017, albergaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Uno de ellos, el Checkin de Pineda del Mar tuvo que emitir un desesperado comunicado en el que denunciaba como “…tras una reunión con los responsables del Ayuntamiento nos hemos visto obligados, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante 5 años, a desalojar el contigente de policías nacionales de los dos hoteles…”. El PSOE avaló a su filial catalana en una comparecencia de la Ministra Robles el 03 de octubre de 2017.

Su abierta defensa de los indultos a los golpistas, su voto en el ayuntamiento de Barcelona para “culpar al Gobierno nacional de los atentados de agosto de las Ramblas y Cambrils, sus alianzas directas con ERC y JxCat para gobernar en Badalona, Hospitalet, Castelldefels, Platja D´aro, San Vicente de Montalt, o todos los ayuntamientos gobernados por los de Junqueras y los de Torra gracias al PSC; Pont de Suer, Llança, Lloret del Mar, Calella, Premier D´alt, Vilaseca, Villa Franca del Penadés, Cervera, San Cugat La fulla, Oliana…

Su seguidismo a la hora de afianzar el adoctrinamiento educativo, su propuesta de condonar todo lo robado por el pujolismo, la anulación de las sentencias del TC. Lo único que separa a Iceta de Junqueras son los 10 centimetros de altura física.

Cirugía de urgencia para desalojar a los golpistas
Carlos Dávila okdiario 3 Octubre 2019

El 155 en boca de Sánchez no es más que una amenaza. Tiene miedo a aplicarlo. Por dos razones: la primera, política, la más trascendente, porque eso rompería toda su relación con los partidos independentistas a los que necesitará de nuevo para seguir aposentado en La Moncloa; la segunda, de orden parlamentario y técnico, porque los técnicos difieren sobre la legalidad de que un Senado disuelto, con sólo una Diputación Permanente en funciones, puede aprobar la aplicación de esta norma que -hay que recordar el dato- no suspende la autonomía, sino que únicamente "adopta las medidas necesarias para obligar a que una comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de las obligaciones".

La opinión mayoritaria es favorable a la capacidad legal del Senado, incluso las consultas que se han derivado al Tribunal Constitucional (las han librado más el PP y Ciudadanos que el propio Gobierno, lo que da idea de cuál es la predisposición de Sánchez) no niegan, ni mucho menos que el Senado pueda pronunciarse favorablemente. Sin embargo, los letrados sí mantienen una leve duda, ya que este famoso Artículo que habla de "la mayoría absoluta del Senado", no prevé que una disposición así pueda ser tomada por la mayoría absoluta de la Diputación Permanente. Como dice un constitucionalista: "Si los padres constituyentes hubiera querido ofrecer esta posibilidad la hubieran inscrito palmariamente".

La objeción no es moco de pavo porque, con toda seguridad, los abogados de los golpistas recurrirían al Tribunal de Estrasburgo y allí ya se sabe cómo se las gastan; hay una larga tradición de sentencias dedicadas a rectificar a los tribunales españoles de los que Estrasburgo no es precisamente muy amigo. Por todas estas razones, el PP no se está gastando en arrear el lomo de Sánchez y ponerle en la disyuntiva de "O 155 nada". No; Casado y su equipo jurídico ofrecen una solución menos problemática: no solo la aprobación para Cataluña de la Ley de Seguridad Nacional, sino de otras que, al tiempo, no supondrían la suspensión autonómica, sino el control efectivo de la gestión de la Generalitat. Por ejemplo, la ley presentada por el PP de Seguridad Nacional, cuya aprobación quedaría sólo en manos del Gobierno, una vez oído, eso sí, el Consejo de Seguridad Nacional.

Esta Ley, para ser efectivas en sus resultados, debería llevar parejas otras igualmente importantes como la de Acción Exterior, que no cerraría las "embajadas piratas" de los secesionistas, pero sí las pondría al mando el Estado; la Ley General Penitenciaria, que permitiría al Ministerio del Interior acabar con la corrala en que se han convertido las cárceles catalanas; la Ley General de Educación, que reforzaría la ansiada Inspección General del Estado; la Ley Presupuestaria, que garantizaría la estabilidad financiera y la revisión de las cuentas de la Generalidad y, finalmente, la Ley Audiovisual, que impediría que la Radio y Televisión catalanas sigan siendo el altavoz propagandístico de la rebelión separatista.

La rebelión debe ser cortada por lo insano. Los sediciosos -lo han dicho incluso en el propio Parlamento de la Nación- se creen inmunes. Son delincuentes y encima chulos. El Estado no puede tolerar más este toreo. Tiene armas y cirugía suficientes para sacar a los matadores del ruedo. Están dichas. Que proceda al desalojo de los golpistas.

Burguesía de cobardes
Cristina Losada Libertad Digital  3 Octubre 2019

Hubo un momento en que pudieron. Los del poder, es decir, los de Podemos. Pudieron, en cierto instante inaugural, hacer creer que evitarían el contacto y la mimetización con el nacionalismo excluyente. Con el separatismo, al fin y al cabo. Un contacto que acaba succionando a los partidos de izquierdas y los lleva a funcionar como sumideros del nacionalismo. Pudieron hacer creer que evitarían aproximarse y someterse a las élites políticas nacionalistas. Hasta parecía que era lo que correspondía a aquel carácter que el partido de Iglesias adoptó para capitalizar el malestar por la crisis con la fuerza de una demagogia que reemplazaba el bipolar mundo de ayer, el de la izquierda y la derecha, con uno nuevo en el que se enfrentaban la casta y la gente.

Hay un momento en que aquello casi cuela. Es cuando Pablo Iglesias, en 2015, fustiga a la élite nacionalista catalana, a los señores del partido que se llamaba todavía Convergencia y lideraba Artur Mas, ya en ruta hacia la ruptura y la secesión. En mítines en Barcelona y Badalona la vinculó al franquismo: "Se arrastraba, besaba el suelo por donde pisaban los jerarcas franquistas para no perder sus privilegios y su dinero". Llamó "ladrones y gentuza" a Mas y a Pujol. Dijo que no iban a "enseñar a la gente de Badalona, de Nou Barris, del Bajo Llobregat, de Hospitalet, lo que significa ser catalán. No se lo va a enseñar usted ni su burguesía de cobardes, señor Mas". Sostuvo que despreciaban "a las clases trabajadoras catalanas". Y se lanzó a lo social, a su manera: no importaba la bandera, importaban los hospitales, las escuelas infantiles, cuidar de los abuelos.

Iglesias fue con la lucha de clases a Cataluña hace unos años, y nunca más. Enseguida se impuso lo que había en su trastienda. Y lo que había en el grupo de Colau. Se impuso la colaboración con los planes de aquella burguesía corrupta. De las diatribas contra "los que han mandado siempre" no ha quedado nada. De la defensa de las clases populares, despreciadas por la élite nacionalista, nada de nada. Y de las prioridades sociales, menos que nada. ¿Cuál es la prioridad del grupo En Comú Podem para la próxima legislatura? Ya lo ha anunciado. No va de escuelas infantiles, mejor sanidad, ni más cuidadores. La prioridad es una comisión de investigación sobre la "violencia policial" del 1-O.

Los socios de Iglesias en Cataluña han fijado como prioridad señalar y acusar a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que intervinieron el 1 de Octubre para que se cumpliera un mandato judicial, como era su obligación. Para que no se violara la Constitución. Para que la burguesía nacionalista a la que Iglesias fustigaba hace unos años no pudiera apropiarse ya totalmente de Cataluña. Para que "los que han mandado siempre" no prevalecieran frente a tantos ciudadanos que estaban en contra de la secesión, muchos de ellos de las clases populares que Iglesias fingía defender, y frente al resto de los españoles.

Para los comunes, que es como decir Podemos –están en el mismo barco–, las responsabilidades políticas y penales de los que organizaron el referéndum ilegal y proclamaron la independencia de Cataluña no existen. A la élite separatista no la consideran responsable de nada de lo que ocurrió el 1-O, ni antes ni después. Tampoco les interesa la responsabilidad por los acosos y asedios a las fuerzas de seguridad que se produjeron aquellas semanas. Lo que pasaron aquellos agentes, eso les iba en el sueldo, por lo visto. Su fijación es con las cargas del 1-O, con que se oiga en el Congreso "la voz de las personas reprimidas" aquel día. Pero a quienes no quieren dar voz los comunes y los podemitas es a todas las personas que ese día se sintieron atropelladas, asaltadas por aquel aquelarre separatista. Tanto en Cataluña, donde lo vivieron con angustia más intensa, como en el resto de España.

Es asombroso y, al tiempo, no lo es. La historia y el trayecto se repiten. Ni siquiera las izquierdas populistas se han resistido a convertirse en apéndice de las elites nacionalistas. Con quien resulta que tienen más en común es con la "burguesía de cobardes".

El PNV enseña la patita
Cayetano González Libertad Digital 3 Octubre 2019

¿Hasta dónde esté dispuesto a llegar el PNV en su pulso con el Estado?

Ya se sabe que los vascos son algo diferentes a los demás. "Somos una raza superior", le dijo en una entrevista Javier Clemente a Mercedes Milá, y se armó la mundial. Debe de ser por esa supuesta diferencia por lo que el PNV no se conforma con celebrar el Aberri Eguna (Día de la Patria) el Domingo de Resurrección, sino que además tiene fijado en el calendario el Alderdi Eguna (Día del partido), que se lleva a cabo el último domingo de setiembre en unas campas situadas a las afueras de Vitoria.

Normalmente, en el Alderdi Eguna, aparte de compartir tortilla y chorizo con amigos y militantes, los dirigentes del PNV aprovechan para arengar a los suyos, no escatimando en excesos verbales muy del gusto de la parroquia. En el de este año, la palma se la llevó el presidente del partido, Andoni Ortuzar, cuando alertó "contra quienes por envidia quieren quitarnos lo nuestro", añadiendo a continuación: "Luego querrán que los vascos se sientan españoles. ¡Ni por el forro!".

Más allá de estas arengas –en ese terreno, el difunto Xabier Arzalluz era imbatible–, el PNV ya se está resituando en el tablero político español, condicionado absolutamente por el desafío independentista de Cataluña y por el clima de insurrección institucional que desde la Generalitat se está alentando, ante la previsible sentencia condenatoria de los políticos catalanes que intentaron dar hace dos años un golpe de Estado.

En los últimos tiempos –desde el fracaso del Plan Ibarretxe–, el PNV ha optado por moderar, al menos de puertas afuera, sus afanes independentistas, a los que obviamente no ha renunciado. Durante estos años, coincidiendo con el pulso secesionista en Cataluña, se ha mantenido agazapado, aunque, eso sí, siempre atento a la tajada que pudiera sacar de quien gobernara en Madrid. Y si no que se lo pregunten a Rajoy, que después de recibir el apoyo de los nacionalistas vascos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado se encontró con que, en cuarenta y ocho horas, apoyaron la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. ¿Por qué ese cambio? Por una simple razón: el líder del PSOE les ofreció más.

Ahora, el PNV –a un año de las elecciones autonómicas– desempolva el derecho a decidir del pueblo vasco en el marco del nuevo estatuto que se está debatiendo en el Parlamento autonómico. No se para ahí la pretensión del PNV. Quiere también la imposición al resto de España de un sistema político de tipo confederal que reconozca la existencia de un pueblo vasco como sujeto político y que dinamitaría la soberanía nacional recogida en la Constitución de 1978. Es decir, pretende una relación de tú a tú con el Estado.

Hasta dónde esté dispuesto a llegar el PNV en su pulso con el Estado es una incógnita. Aparte del pragmatismo que le proporciona ser el partido que gobierna en todas las instituciones del País Vasco, influirá sin duda cómo acabe el proceso secesionista en Cataluña. Si al final los políticos golpistas son condenados; si los actuales dirigentes de la Generalitat alientan un clima de rebelión y desobediencia civil ante una sentencia condenatoria y son castigados por ello, aplicación del artículo 155 de la Constitución incluida, los dirigentes del PNV se lo pensarán muy mucho.

Poner en riesgo la maquinaria y la red de poder que el PNV controla desde hace tantos años es un precio demasiado elevado como para plantearse echar un pulso al Estado y perderlo. Ya lo dijo Arzalluz en el Aberri Eguna de 2002: "La independencia nos obligaría a plantar berzas".

“El cuento del unionista”
Teresa Giménez Barbat okdiario 3 Octubre 2019

Distopía o antiutopía es “una sociedad ficticia indeseable en sí misma. Esta sociedad distópica suele ser introducida mediante una novela, ensayo, cómic, serie televisiva, videojuego o película” (Wikipedia).

Lo que se vive hoy en Cataluña podría haberse considerado distópico – o sea, una pesadilla ficticia- hace 40 años, después de la Transición, cuando los españoles celebraban su mayoría de edad democrática con una alegría y una esperanza que podían compartir con la mayoría de la ciudadanía. Pero la fantasía de los políticos nacionalistas y sus colaboradores –esa en la que ellos, ungidos de legitimidad, de razón ancestral, divinos casi, someten a los otros y les privan con todo el descaro de sus derechos y libertades- vino siendo cada vez menos distopía y más realidad con el paso del tiempo. En el País Vasco, esa distopía también dejó de serlo convirtiéndose en la pesadilla diaria de muchos ciudadanos que tenían miedo de hablar, de protestar, de plantar cara. Ya no era una distopía porque había bombas en los bajos de los coches y, si alguien corría tras ellos en una calle solitaria (o con gente), no era porque se les había caído la cartera. A veces, muchas, era un tipo con una pistola.

¿Quién se hubiera atrevido a escribir hace 40 años un cuento donde, en Cataluña, a partir del segundo decenio del siglo XXI, unos partidos políticos, cuyas intenciones no eran un secreto para la gente que les votaba, osaban desde la Generalitat suspender las leyes vigentes en un intento de aplastar a más de la mitad de la población? No por qué a nadie se le hubiera ocurrido tal guion -que estaba en más de una cabecita- sino porque para muchos progres era alarmismo de derechas, políticamente incorrectísimo y un billete al ostracismo social, cultural y subvencional.

La derecha y los vendidos al “nacionalismo español”, como los impulsores de la plataforma Ciutadans de Catalunya hace casi 15 años, eran unos pájaros de mal agüero, victimistas, marionetas de intereses ocultos y traidores a Cataluña. Traidores para el mismo PSC, escuchen, a los que si les hubieran contado que al cabo de estos 15 años firmarían la aplicación del 155 en su nación se hubieran tirado de cabeza de la Torre Agbar recién inaugurada.

Me alegro de que, por fin, C’s haya presentado esa moción de censura. Si de verdad quieren proteger a los catalanes, deberían apoyarla todos los partidos constitucionalistas del Parlament. Por desgracia, ya estamos presenciando los quiebros gallinas del PSC. Como siempre, en Madrid pueden decir una cosa y en Cataluña la otra. Esa ha sido una de las razones de nuestra deriva política y social.

Los ciudadanos no tendríamos que estar con el corazón en un puño ante las incógnitas de las reacciones a la sentencia por parte de los más montaraces (que no están en los márgenes, sino en la cúpula). Hemos visto por parte del Govern llamamientos a la desobediencia civil, una descarada votación para echar a la GC de Cataluña y a los Mossos, un cuerpo armado – que ya no merece ser autonómico-roto por las convulsiones internas. Hay que poner sobre la mesa la Ley de Seguridad Nacional y tener preparada la aplicación del 155 si los acontecimientos siguen los mismos derroteros.

Continúa siendo distopía un “Cuento del unionista”, por más que anide letalmente en los magines de los CDR, de muchos conciudadanos (aterrador) y, más aterrador aún, de los mismos individuos que tienen el mando del Gobierno de Cataluña. Pero es un bonito cuento en el que el españolista vencido –no importa si no convencido- tiene que adoptar para sobrevivir el delirio del vencedor y admirar sin fisuras su espléndida naturaleza identitaria. Incluso parir con alegría a sus “nous catalans”. Es irresistible, créanme.

Iglesias, tonto útil del separatismo
OKDIARIO 3 Octubre 2019

Que Pablo Iglesias se ha convertido en el tonto útil del separatismo lo demuestra el hecho de que los medios digitales subvencionados por la Generalitat de Cataluña han coincidido en hacerse eco de sus declaraciones en ‘El programa de Ana Rosa’. El secretario general de Podemos no encontró ocasión para condenar a los CDR encarcelados de forma preventiva por terrorismo, pero sí para subrayar hasta la reiteración que había que respetar su "presunción de inocencia". Iglesias se permitió incluso la indignidad de dudar del trabajo de la Guardia Civil -"vamos a ver si es verdad que estaban fabricando bombas", frase que refleja la mezquindad del personaje y, lo que es peor, alienta la estrategia de las terminales mediáticas del separatismo.

El problema de Iglesias es que es víctima de una irrefrenable pulsión ideológica que le lleva siempre a cuestionar los pilares básicos del Estado de Derecho, muy en la línea de lo que hace el independentismo. Que a Pablo Iglesias le merezcan más dudas la actuación de la Benemérita que la actuación presuntamente terrorista de los miembros de los CDR le convierte, a ojos del separatismo, en un chollo, en un auténtico tesoro para su estrategia victimista.

Pero esa irrefrenable pulsión ideológica que le coloca siempre cerca de quienes pretenden subvertir el orden constitucional le separa a la vez de quienes, incluso desde posiciones de izquierda, no pueden comprender que alguien que aspira a tener responsabilidades de Gobierno no sea capaz de distinguir lo más elemental en una democracia. El problema de Iglesias es que es víctima de un sectarismo genético que no discierne entre el bien y el mal, entre los que vigilan por el cumplimiento de la ley y quienes pretenden violentarla.

Sus declaraciones resultan aberrantes desde un punto de vista democrático, pero como no hay mal que por bien no venga, también sirven para que los españoles comprueben de qué pasta está hecho el personaje y lo empujen en las urnas hacia su precipicio político.

Tontos y votantes
Nota del Editor 3 Octubre 2019

A cualquier tipo que le vote mucha gente, no se le puede adjetivar como tonto. La cuestión está en averiguar porqué le votan y que se puede hacer para que quienes han elegido apoyarle, puedan cambiar aplicando criterios racionales en vez de disparatadas creencias o intereses.

“Se está incumpliendo repetidamente la ley”
Una ‘madre coraje’ lleva seis años litigando con las instituciones educativas vascas para conseguir escolarizar a su hijo en español
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 3 4 Octubre 2019

María Luisa Sánchez González es una madre que tiene muy claro que su hijo es lo primero en el mundo, y que su principal obligación como progenitora es protegerlo y velar por su educación y por su desarrollo como persona.

Esta mujer de fuerza admirable, junto a su marido, ha desarrollado un tenaz esfuerzo para lograr que su hijo, desde la primera infancia, tuviera una educación integral, lo que implicaba indefectiblemente que en los primeros pasos del proceso de escolarización estuviera integrado en un modelo educativo acorde a su lengua materna, el español. Y no dudó en valorar como perjudicial que estuviera escolarizado en una lengua extraña para él, el euskera, pues el objetivo principal en ese primer estadio de desarrollo es la consolidación de su primera lengua.

Desde ámbitos nacionalistas, en otras épocas de la historia, ya se defendía este paradigma de escolarización en la lengua materna. Entre otros, Landeta, lo hacía en los siguientes términos: “En el País Vasco existen muchos miles de niños que no encuentran una escuela elemental cuya instrucción se haga en euskera. Aquí, en Vizcaya, existen más de 10.000 niños cuya mentalidad estamos atrofiando, porque su enseñanza, su educación, se pretende realizar en lengua que no comprenden. Muchos hijos de nuestras aldeas precisan estudiar muchos años el castellano si desean seguir estudios especiales” (1920).

En el mismo sentido se expresaba otro nacionalista, Eleizalde, un prócer nacionalista de primera línea:“Lo que nosotros podemos afirmar por haberlo prácticamente comprobado, es que, en general, el niño vasco que entra en la escuela de su aldea sin hablar otro idioma que el suyo maternal, sale de esa escuela sin haber aprendido, cual es debido su propia lengua, y por ende, sin conocer ni comprender tampoco el castellano que le hablaba el maestro, lo cual le coloca en un plano de inferioridad notoria respecto de aquellos otros niños que han sido educados e instruidos en su propia lengua, y salen también, como es natural, sin haber adquirido los conocimientos que todos los hombres tienen derecho a saber al salir de la escuela de su pueblo, sin haber despertado sus aptitudes” (1910).

Pero todo cambió en cuanto el nacionalismo logró la hegemonía política. Hoy, defiende justamente lo contrario. Lo que no querían para los niños vascohablantes, ahora lo aplican para los castellanohablantes.

Por ello, la lucha de esta madre y su marido por lograr escolarizar en el modelo A (castellano, con el euskera como asignatura) a su hijo ha sido un calvario que aún no ha terminado. Estos padres, incluso, han logrado dos resoluciones favorables del Ararteko (Defensor del Pueblo) que avalan la legalidad de sus pretensiones y les da la razón de fondo que justifica su demanda: el derecho a elegir el tipo de educación para su hijo, y el amparo legal para elegir el modelo lingüístico, cuyo derecho ha sido pertinazmente rechazado por el Ejecutivo autonómico.

Ustedes han interpuesto una denuncia por presunta falsedad documental, prevaricación y discriminación por parte de funcionarios de la Administración educativa vasca. ¿Cuál es el motivo?
La Delegación Territorial de Guipúzcoa no quería escolarizar a nuestro hijo en un modelo A y para que desistiéramos de nuestra opción nos mintieron, nos insultaron y nos amenazaron. Realmente, no fue una amenaza; fue un hecho, ya que mi hijo estuvo medio año sin escolarizar. Nos movimos y acudimos al Defensor del Pueblo, y éste nos dio la razón en dos resoluciones.

Cuando pedimos la ayuda al transporte escolar, nos la tenían que haber dado, puesto que ésta es automática, pero se negaron y, como no podían justificar la negativa, presuntamente crearon, que nosotros sepamos, dos informes presuntamente falsos para justificar la denegación. Estos informes también fueron enviados al Ararteko y al Defensor del Pueblo. Y no estamos hablando solo de funcionarios, sino de las principales instituciones educativas del País Vasco.

¿Cuál es la excusa que pone la Administración para negarles el derecho a escolarizar en el modelo A a su hijo, pese a que su demanda está protegida por la legislación autonómica?
La razón que nos dieron, pero que no es cierta, es que la gente no pide esa opción (Modelo A). ¿Cómo la gente va a pedir una opción que no se ofrece? Quieren imponer el euskera y les da igual si el nivel educativo está por los suelos o hay más fracaso escolar.

No hay ningún colegio público con modelo lingüístico distinto al modelo D. Hay colegios concertados, en teoría, modelo A, aunque realmente tampoco son A (en español), son plurilingües o multilingües, impartiendo tres o cuatro idiomas; el colegio que más castellano imparte lo hace, como máximo, en una tercera parte. Además, el coste medio por curso escolar en algunos de estos colegios concertados ronda los 4.000 euros en los cuatro colegios de modelo A, cantidad que nuestra familia no podía ni puede permitirse. La Administración educativa no quiere matricular a los alumnos que pidan modelo A en público en concertado. Se produce una doble discriminación por modelo lingüístico y por nivel de renta.

¿Cuál es la razón por la que se mantienen impertérritos en su pretensión de escolarizar a su hijo en el modelo A, pese a que la oferta en Guipúzcoa de ese modelo es prácticamente inexistente?
Conocíamos la Ley Vasca de Educación y sabíamos que había tres modelos. Nosotros queríamos que nuestro hijo estudiara en su lengua materna, el español. Mi marido ha estado viviendo más de diez años en el extranjero. Actualmente, solo trabaja en inglés, pero según su experiencia, es importantísimo que se aprenda bien la lengua materna; si resulta que el niño tiene capacidad, podrá aprender más lenguas, pero si no es el caso, al menos tiene una lengua bien aprendida con la que defenderse.

¿Están satisfechos con la actitud del Ararteko?¿Ha cumplido suficientemente su obligación de defender su derecho y, sobre todo, el principio superior del interés de su hijo?
Nuestra relación con el Ararteko ha sido ininterrumpida desde hace seis años. La relación ha sido buena, muy buena; esta institución nos ha atendido y ha dictado dos resoluciones, una referente a la escolarización y otra relacionada con la ayuda al transporte escolar, en las que nos da la razón. E incluso el Ararteko se ha implicado en denunciar el incumplimiento de los modelos lingüísticos. Dicho esto, creo que la Oficina del Ararteko tenía que haber denunciado la situación ante la Fiscalía, ya que no es un caso particular. Se está incumplimiento la Ley. Y lo saben.

Para nosotros es importante dejar claro que la Administración educativa tiene que estar en condiciones de ofrecer una alternativa de escolarización en la red pública (tanto pública como concertada) en el modelo lingüístico de nuestra elección. Y si no puede ser en la pública, en la concertada, sin un mayor coste para la familia.

¿Consideran que se están vulnerando derechos fundamentales de su hijo? ¿Tienen alguna esperanza de que la justicia prime sobre la arbitrariedad?
Claro que se están vulnerando. Se vulneraron sus derechos en el momento de la escolarización, puesto que mi hijo se quedó en casa por elegir un modelo A; pero si hubiéramos elegido un modelo D (íntegramente en euskera), habría tenido una plaza en un colegio. Y, actualmente, en relación con la ayuda al transporte escolar, solo reciben esta ayuda los alumnos que estén matriculados en colegios públicos, pero todos son modelo D.

Yo llevo nueve años aquí, en San Sebastián, y no tuve conciencia de lo que pasaba realmente hasta que tuve que escolarizar a mi hijo. He comprobado en estos seis años que hay un incumplimiento sistemático de las leyes, tanto de las estatales como de las propias leyes autonómicas, cuando al nacionalismo no le interesa cumplirlas. A mí nunca se me había pasado por la cabeza que funcionarios públicos con cargos importantes pudiesen fabricar presuntamente informes para saltarse la ley. Pero, desgraciadamente, creo que eso ocurre.

¿Justicia? Pusimos el 25 de octubre de 2018 una denuncia ante la Fiscalía: “Denuncia ante la fiscalía por la actuación educativa”. El 6 de noviembre la archivan, ya que dicen que no está acreditado el delito. No investigaron. No pidieron más información.

Hice otro escrito de 37 páginas: “Denuncia ante la fiscalía por falsedad documental, prevaricación y discriminación por parte de funcionarios de la administración educativa vasca”, explicando con todo detalle y con documentación, lo sucedido. No era un planteamiento general. Estaban las personas con nombre y apellidos. Se presentó el 28 de noviembre y se archivó el 2 de diciembre por la misma razón. Ni se la habían leído, y menos la habían investigado.

Nos dijeron que fuéramos al Juzgado de Instrucción, y allí fuimos. Se denuncia por presunta falsedad documental, prevaricación y discriminación a la Consejera de Educación y a varios responsables más de la Administración educativa vasca.

El 30 de enero, se resuelve que puede haber un delito del art 774, “De las falsedades”. Es decir, falsedad entre particulares; pero se archiva la denuncia. Lo más curioso es que no entra ni en la prevaricación ni en la discriminación.

Me pregunto si la Fiscalía y el Juzgado leyeron la denuncia. Creo, honestamente, que no. En mi opinión, son incomprensibles fallos de esta categoría por parte de magistrados y fiscales.
 


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