AGLI Recortes de Prensa   Viernes 4  Octubre  2019

Un engaño escandaloso
Editorial El Mundo 4 Octubre 2019

¿Qué opinión merece un presidente que se aprovecha de la parálisis causada por su incapacidad de formar Gobierno para su propio beneficio electoral? La información exclusiva que hoy publicamos evidencia el tacticismo político más sectario de un Ejecutivo que no tiene reparos en engañar a las comunidades autónomas, incluso a las que están gestionadas por su partido, en un asunto de tanta envergadura como es la financiación de sus servicios básicos. EL MUNDO ha tenido acceso a una carta que el Ministerio de Hacienda envió el pasado viernes al consejero de Hacienda, Industria y Energía andaluz en la que rechaza el desbloqueo de los fondos que se le adeuda por las entregas a cuenta argumentando que "la actual situación del Gobierno en funciones impone importantes restricciones" para liberarlos. Sin embargo, se lee en la misiva, se "está trabajando en el estudio de alternativas" para ello. Solo cinco días después, Pedro Sánchez anunciaba en un mitin del PSOE en Valencia, comunidad gobernada por los socialistas, que había hallado la fórmula legal para repartir dichos fondos y que se repartirían justamente antes de que se celebren los nuevos comicios. Se trata de un engaño de altas dimensiones, pues tras esta fingida actuación se encuentra una realidad más bien diferente.

El Gobierno no se servirá de instrumento jurídico alguno que permita hacer ahora lo que hace cinco días parecía una misión imposible, simplemente entregará a las comunidades lo que les corresponde. Pero además, que el anuncio se haga en un acto de partido, a un mes del 10-N, es la evidencia palmaria de que el secretario general del PSOE se ha aprovechado de su condición interina de presidente para dar el pistoletazo de salida a su campaña. Estamos ante la enésima pero no por ello menos escandalosa explotación electoral de las instituciones y del dinero público protagonizadas por un Gobierno que en pocas ocasiones ha parecido preocuparse por el bien común, sino por apuntalarse en el poder. Cómo entender si no este movimiento tras la continua negativa a los gobiernos regionales que solicitaron sin éxito y sin descanso -vía judicial, incluso- al Ejecutivo el desbloqueo de los millones de euros que se les adeuda por el adelanto de la recaudación fiscal para poder afrontar con garantías gastos de Sanidad o Educación.

En un ejercicio de cinismo, Hacienda dijo apoyarse en un dictamen de la Abogacía del Estado -a la que forzó después a tomar partido de manera oficial- para no liberar las entregas a cuenta y la liquidación del IVA. Fue un intento más de Sánchez, el enésimo, de culpar al resto de partidos de su fallida investidura y, al tiempo, señalarlos de cara a la galería por la asfixia a la que estaba sometiendo a las cuentas regionales y, por ende, a los ciudadanos. A la vista está, todo formaba parte de una tan burda como inaceptable estrategia electoral.

No van a por Franco, sino a por la Transición y el orden constitucional
EDITORIAL Libertad Digital 4 Octubre 2019

En lo relacionado con la resurrección izquierdista de Francisco Franco y la vergonzosa campaña para exhumar sus restos mortales se echan en falta algunas voces que tendrían mucho que decir pero que guardan un silencio ominoso, no se sabe si porque real e imperdonablemente no entienden lo que de verdad está pasando o porque viven amedrentadas por la presión del coro mediático-político que ha hecho de este asunto, tantos años después de la muerte del dictador, un tema de rabiosa actualidad.

Destaca sobre todo el silencio de la Iglesia, probablemente la institución que tiene una deuda mayor con Franco y con aquellos que en 1936, con la República ya aniquilada por quienes luego tuvieron la desvergüenza de proclamarse republicanos, tomaron las armas, entre otras razones, para poner freno a una campaña de exterminio contra los católicos que ya había empezado antes de la guerra y que costó la vida a decenas de miles de religiosos, religiosas y simples creyentes, perseguidos tremenda con saña.

Es una monstruosa realidad histórica que no se quiere recordar, pero hay que hacerlo: de no haber perdido la Guerra Civil, los responsables de matanzas como la de Paracuellos –el peor de los crímenes masivos perpetrados durante la contienda– habrían seguido con lo que era un plan de sometimiento o exterminio contra la media España que se negaba a comulgar con sus ruedas de molino frentepopulistas.

Franco salvó a los católicos y salvó a la Iglesia, a la que tras la guerra confió la dirección moral del país, y en una importantísima medida la educación. Pero todo eso no ha bastado para que la actual jerarquía católica muestre la más mínima gratitud o, al menos, manifieste alguna protesta por la profanación de la tumba de Franco ni por el atropello que sufre una familia que no tiene la culpa de lo que fue o hiciese el dictador.

Otro silencio clamoroso es el del centro-derecha –excepción hecha de Vox–. Ni el PP ni Ciudadanos, que tanto reivindica el legado de la Transición, quieren darse por enterados de que el caso Franco es, además de una maniobra electoralista, algo infinitamente más importante: una enmienda a la totalidad a nuestra democracia, nacida de un acuerdo prácticamente absoluto en la sociedad española, pero sobre las bases del régimen franquista y a partir de las leyes franquistas.

Lo que en última instancia pretende la izquierda no es imponerse sobre una dictadura que fue enterrada hace más de cuarenta años, tras el masivo apoyo que recibió la Constitución en 1978, sino acabar precisamente con la Constitución y la Monarquía que tomaron el relevo de un franquismo que se hizo el harakiri y cedió el poder a un rey nombrado por Franco y a un presidente del Gobierno, ese Adolfo Suárez al que tanto reivindican unos y otros, procedente igualmente del franquismo y nombrado por el propio Don Juan Carlos.

Cuando el centro-derecha calla respecto al atropello que supone la inhumación de Franco sin el consentimiento de la familia no está renunciando a defender al dictador, sino avalando la operación de deslegitimación de nuestra democracia en la que está inmersa la izquierda desde los tiempos del infame José Luis Rodríguez Zapatero, gran referente –también en esto– del nefasto Pedro Sánchez, el peor presidente del Gobierno que pueda padecer la Nación en estos momentos.

Sánchez no podrá rehuir la economía
 larazon 4 Octubre 2019

no parece que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hubiera contemplado entre las variables de su estrategia política el acelerado deterioro de la situación económica general. Al menos, así lo indica la casi total falta de respuesta de los miembros de su Gabinete a las sucesivas luces de alarma de los principales indicadores económicos y financieros. Si por desconocimiento, el PSOE, que es el partido del Gobierno y al que las encuestas, todavía, sitúan como el más votado en las próximas elecciones, no había incluido en los parámetros de su campaña electoral un asunto de tan capital importancia para los electores, es evidente que se equivocaba.

Pero si pretendía negar la evidencia, el error puede ser catastrófico para sus aspiraciones, puesto que la sociedad española no sólo no ha olvidado lo que supusieron los famosos «brotes verdes» con los que los responsables socialistas de entonces trataron de eludir la magnitud de la crisis financiera que se anunciaba, sino porque la mayoría de las familias españolas sufrieron de alguna manera sus consecuencias y están muy sensibilizadas ante la posible repetición del escenario.

Una prueba de que los ciudadanos miran con preocupación el futuro la podemos encontrar tanto en la caída del consumo de los hogares, como en el incremento extraordinario de la tasa de ahorro, el mayor en los últimos diez años. Ahorran su dinero, incluso, en cuentas corrientes bancarias que no producen intereses. Asimismo, un indicador de naturaleza demoscópica como es la tasa de paro existente en el mes que se celebran las elecciones, que «NC Report» ha elaborada para LA RAZÓN, advierte de que en períodos de desaceleración, con deterioro del mercado laboral, hay una mayoría de electores que se inclinan por votar a formaciones de centro derecha, por entender que son las que mejor gestionan los momentos de crisis. Así, José María Aznar ganó sus primeras elecciones en 1996, con una tasa de paro del 21,6 por ciento –que luego redujo al 10,4–, y Mariano Rajoy lo hizo en 2011, cuando el nivel del desempleo había trepado hasta el 22,8 por ciento.

Sin embargo, a las tozudas previsiones de los mercados internacionales y los insistentes avisos de los reguladores económicos, –como los del Banco de España, a propósito de los problemas del sistema de pensiones y el déficit creciente de la Seguridad Social– la respuesta del Gobierno socialista en funciones se balancea entre las acusaciones de catastrofismo y las expresiones de puro voluntarismo. Pero, tarde o temprano, de motu propio o a remolque de los adversarios políticos, Pedro Sánchez tendrá que admitir que la economía va a jugar un papel determinante en el resultado electoral, casi tan importante como el de la crisis en Cataluña, cuyas repercusiones prácticas, aunque temidas, aun están por determinar.

Comprendemos que para un candidato que había planteado una campaña basada en la expansión de los gastos sociales y en el razonable mantenimiento del crecimiento de nuestra economía, se trata de un giro dramático en el argumento, pero, no menor, del que tendrá que afrontar su principal adversario, al que, forzosamente, le tocará el papel de Casandra. En cualquier caso, y como primera providencia, convendría a los diseñadores de la campaña socialista evitar en esta ocasión ciertos gestos electoralistas, como los «viernes sociales», que pueden ser traducidos por un amplio sector del electorado como ejemplo de despilfarro y aviso a navegantes.

Con un factor añadido: que la situación de la deuda pública española, que casi roza el 100 por 100 del PIB, y los compromisos adquiridos con nuestros socios de la Unión Europea, dejan sin más margen de acción al Gobierno que reducir el gasto público o incrementar la presión fiscal. Malas cosas para hablarlas en plena campaña.

Burda maniobra socialista
OKDIARIO 4 Octubre 2019

El Comité Electoral del PSOE ha anunciado que Pedro Sánchez está dispuesto a participar "en un único debate televisivo a cinco, el lunes 4 de noviembre", justo un día antes de que el Ministerio de Trabajo publique los datos del mercado laboral de octubre, mes en el que dada la tendencia negativa del empleo se prevé que las cifras del paro sean malas. Que el presidente del Gobierno es alérgico a la confrontación dialéctica ante las cámaras de televisión -le van más las entrevistas en profundidad- no es ninguna novedad, pero que el candidato socialista trate de sustraer a la opinión pública el balance actualizado de un asunto que es el que más preocupa a los españoles es sencillamente inadmisible.

La condición exigida por el Comité Electoral del PSOE de celebrar el debate antes de publicarse los datos oficiales de desempleo y afiliaciones a la Seguridad Social revela hasta qué punto Pedro Sánchez pretende acomodar el calendario a su interés personal. Pero también es indiciario del temor creciente que existe en el socialismo a que las elecciones del 10-N no sean el paseo triunfal que preveían hace apenas un mes.

La maniobra socialista ante el debate televisivo a cinco es tan burda que es de esperar que el resto de formaciones se sumen al paso dado por el PP, que ha exigido que el mismo se produzca una vez conocidas las cifras del mercado laboral de octubre. La chusca estratagema socialista retrata con toda nitidez la hipocresía de un partido que presume de transparencia, pero que se comporta con una arrogancia inaceptable al exigir como condición un único debate y en la fecha que más le conviene a Pedro Sánchez.

Es de un infantilismo político supino creer que los demás partidos no iban a reparar en el ardid de Ferraz. O tal vez su desfachatez es tan grande que le da todo igual. En todo caso, descubierta la trampa, el debate sólo tiene sentido si se celebra con toda la información actualizada del mercado laboral. Lo otro sería una farsa.

Divídete y vencerás
Emilio Campmany Libertad Digital 4 Octubre 2019

Hay algo de esotérico en que Errejón presente a las elecciones su potaje de comunistas y nacionalistas para competir con el gazpacho de soberanistas y leninistas que viene presentando Pablo Iglesias. Sobre el papel, la maniobra fragmenta a la izquierda y la dispone a ser víctima de la inclemente Ley D’Hondt. Sin embargo, hay en los rostros de los mandamases socialistas una especie de risita tonta que sugiere que la operación, obviamente impulsada por ellos, les beneficia. Como siempre pasa que los políticos hacen algo, el fino analista lo racionaliza y pone al descubierto las poderosas razones que hay detrás de cualquier maniobra. Nunca nadie se atreve a decir que tal estrategia es una tontería hasta después, cuando los hechos demuestran que lo era.

De modo que Iván Redondo, listo como una ardilla, ha descubierto el modo de que la izquierda gane las elecciones del 10-N con más contundencia que las del 28-A: presentando tres partidos en vez de dos. Periodistas y politólogos nos explican, como si todo fuera de una lógica aplastante, que los escaños que consiga Errejón servirán para quebrarle el espinazo a Iglesias y que de ese modo el PSOE dispondrá de un socio potencial más fiable a su izquierda. Mientras, esa cuña introducida entre Sánchez e Iglesias, dicen, permite al PSOE desplazarse hacia el centro y pescar en los grandes caladeros de votos que allí hay.

Hay en todo este discurso una sospechosa artificiosidad, una lógica forzada, un discurrir defectuoso. Para empezar, Errejón es tan comunista como pueda serlo Iglesias. Que pueda engañar al electorado con su disfraz de marxista bananero más o menos moderado no obsta par que, como potencial aliado de un Gobierno socialista, será tan incómodo como lo habría sido Iglesias. Luego está que esa misma moderación, aunque sólo sea aparente y Más País se presente sólo en algunas provincias, puede hacer que Errejón sea una opción atractiva para aquellos votantes socialistas que, siendo muy de izquierdas, no se atrevieron a votar a Iglesias. Tal inclinación puede verse acentuada además si Sánchez insiste en centrar su discurso. Es verdad que, aunque pierda algo por la izquierda, el PSOE podría ganar mucho por el centro. Pero, para eso, el electorado centrista tendría que creerse las burdas patrañas del presidente del Gobierno en funciones, que desmienten de forma inequívoca esa supuesta conversión a la moderación. Y, para quien las hubiera olvidado, ahí está siempre el PSC de Iceta, para recordar todos los días qué es el PSOE de Sánchez. Por último, cuando se tomó la decisión de presentar a Errejón, estaba el riesgo de que la derecha por una vez obrara con inteligencia y se presentara unida como alternativa a un PSOE que, en el mejor de los casos, padece una inveterada incompetencia para gestionar crisis económicas como la que se avecina y, en el peor, es capaz de vender a los independentistas la unidad de España con tal de que le dejen gobernar sus escombros. Ya se ha visto que no había en realidad tal riesgo, pero la seguridad en que no se pusieran de acuerdo no podía ser absoluta. Salvo que haya algo que se nos oculte, y digan lo que digan los comentaristas, esto no hay quien lo entienda.

De Draghi al estado de las Autonomías
Juan Francisco Martín Seco republica 4 Octubre 2019

Ha sido necesario esperar casi treinta años para que el presidente del Banco Central Europeo (BCE) reconozca la cojera que desde el inicio afecta a la Unión Monetaria (UM). Al final de su mandato, Draghi ha manifestado abiertamente lo que de forma más encubierta venía insinuando en los últimos tiempos: “Una diferencia clave de la Eurozona con otras uniones monetarias avanzadas es la falta de un instrumento fiscal que actúe de manera anticíclica en el plano federal. “No hay política monetaria que no cuente con una política fiscal” (ver mi artículo de la semana pasada).

El presidente del BCE no solo manifiesta que sería preciso que países como Alemania u Holanda, que tienen margen presupuestario o financiero, realizasen una política fiscal expansiva, sino que la propia UM debería dotarse de un instrumento con una dimensión creíble para poder realizar en el plano europeo una política anticíclica y que, al mismo tiempo, compensase los desequilibrios que la UM puede producir entre los diferentes países.

Draghi, en su despedida, afirmó tajantemente que el BCE ha hecho su trabajo; lo cual es cierto. Ha sido la política monetaria, junto con las políticas deflacionistas adoptadas por los países del Sur, las que por el momento han salvado al euro, cuando muchos creíamos que la UM estaba condenada a desaparecer. Paul Krugman, uno de los economistas que había negado con más fuerza la viabilidad de la moneda única y había pronosticado su ruptura a corto plazo, reconoció su error situando el origen de su confusión en que no podía imaginar que los ciudadanos de las sociedades europeas pudiesen soportar semejantes recortes y políticas deflacionistas como las aplicadas en el sur de Europa en esos años.

No obstante, ante los signos de desaceleración presentes ya en toda Europa, es forzoso preguntarse qué ocurriría si se produjese una crisis como la del 2008. No resulta creíble que esta vez la solución pudiese provenir de los mismos factores. La política monetaria no puede dar más de sí y es muy dudoso que sea capaz de continuar asumiendo el papel de parachoques de la crisis. Pero más difícil es aún que se pueda someter a las sociedades de los países del Sur a otra devaluación interior como la que padecieron en la crisis pasada.

Mientras tanto, los países del Norte no han cedido casi en nada. La UM continúa con los mismos defectos con los que nació. Aquellos que ingenuamente e imbuidos de un espíritu evangélico defendían “hagamos la Unión Monetaria y el resto se nos dará por añadidura” tendrán que reconocer que, de añadidos, poco. De hecho, en muchos casos se ha ido para atrás. Cuando se firmó el tratado de Maastricht el presupuesto comunitario ascendía a un escaso 1,24% del PIB global; treinta años después es tan solo del 1,20%. Tras el fracaso del Sistema Monetario Europeo, los mandatarios europeos mantuvieron bobaliconamente que la moneda única haría imposible la divergencia de las tasas de inflación y la disparidad de los tipos de interés. La falsedad del planteamiento apareció relativamente pronto. Desde la constitución de la UM en 1999 y hasta 2008 los precios se incrementaron en Grecia, España, Irlanda y Portugal alrededor de 17 puntos más que en Alemania, y en julio de 2012 las primas de riesgo de España y de Italia rondaban los 600 puntos.

Si hoy las tasas de inflación convergen no es porque la UM haga imposible la divergencia, sino por la brutal devaluación interna a la que se ha sometido a ciertas sociedades, y si en los momentos actuales las primas de riesgo se mueven en unos niveles relativamente modestos no se debe a que el euro haya forzado la confluencia de los tipos de interés, sino a que el BCE echó un pulso a los mercados. En realidad, el mismo concepto de prima de riesgo -por reducida que esta sea- resulta contradictorio con una unión monetaria y es bastante representativo de los fallos que rodean al euro. Sin que exista riesgo de cambio, ya que todos los países utilizan una misma moneda, no parece que haya razón para que los intereses que se pagan por la deuda soberana sean diferentes, a no ser que haya dudas acerca de la permanencia de la Unión y se esté considerando la distinta solvencia de los Estados.

Desde Maastricht, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Entonces la UE comprendía 12 países, hoy son 28. Aun cuando en el momento presente solo 19 pertenezcan a la Eurozona, el resto potencialmente están llamados a integrarse. La heterogeneidad entre los Estados se ha hecho mucho más acentuada. Las diferencias en renta per cápita, salarios, costes laborales etc. son notables y los sistemas fiscales, muy diferentes. Todo ello sin que se haya dado un paso real hacia la integración fiscal y presupuestaria. Los países del Norte se han opuesto a todo avance o han descafeinado las posibles medidas, prescindiendo de cualquier aspecto que pueda representar una redistribución de recursos entre los Estados, o la mutualización del riesgo. Por supuesto, resulta imposible hablar de un presupuesto comunitario verdaderamente significativo, pero es que ni elementos muy básicos como el de un fondo europeo de garantía de depósitos o un seguro de desempleo comunitario tienen viso alguno de poder ser aprobados.

Como cabría esperar, la integración política aparece como una utopía imposible de alcanzarse, pero por eso la UE se queda en tierra de nadie, “es” pero “no es”, mantiene un equilibrio radicalmente inestable. Es terreno abonado para todo tipo de contradicciones e incompatible con el Estado Social. Se ha convertido en una trampa para la izquierda. Por ello resulta paradójico que, desde nuestro país, y especialmente desde la izquierda, por una parte, se ansíe y se defienda la integración política de Europa, que tal como se ha dicho es una quimera y, por otra, de forma un tanto frívola, se haya construido interiormente un escenario en el que se dispara todo tipo de fuerzas centrífugas.

Si la UM es una trampa que rompe el equilibrio entre política y economía, el Estado de las Autonomías se ha transformado en el germen de una dinámica en la que se van a repetir los mismos errores y surgirán idénticos problemas a los de la Eurozona, pero en este caso a escala regional, lo que es mucho más grave. Desaparece la igualdad en derechos y obligaciones de los ciudadanos. Se pretende deteriorar gravemente la política redistributiva del Estado entre territorios y se cae progresivamente en un dumping fiscal extremadamente peligroso entre regiones de un mismo país.

La verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero. Y no deja de ser verdad porque lo defienda la extrema derecha o se oponga a lo políticamente correcto y a lo que se estipuló en la Carta Magna. Pienso que el mayor error que se cometió al redactar la Constitución fue crear el Estado de las Autonomías. Es posible que, en esto como en tantas otras cosas, no existiesen en aquel momento muchas alternativas. Se pretendió solucionar dos problemas y, por el contrario, se crearon quince más, y los dos que se querían arreglar se han agravado hasta extremos que eran difícilmente imaginables.

El error parte de creer que los nacionalismos pueden satisfacerse con cesiones. Cada logro alcanzado, lejos de conformarles, les proporciona una nueva plataforma para nuevas reivindicaciones en un proceso que no tiene fin, si no es con la independencia. En cualquier caso, lo que se produce es una situación privilegiada en aquellas Comunidades que cuentan con partidos nacionalistas y que adquiere especial gravedad al tratarse de los territorios más ricos.

El nacionalismo termina contaminando a todas las regiones. El ejemplo de las ventajas conseguidas por los partidos nacionalistas propicia que en casi todas las Comunidades hayan surgido formaciones políticas regionales. Incluso, las fuerzas centrífugas están actuando en algunos de los partidos que se llaman nacionales. No existen dudas en el caso de Podemos, en el que la disgregación por territorios es un hecho, hasta el extremo de poner en peligro la propia supervivencia del partido. El fenómeno, aunque con menos fuerza, también sucede en el PSOE, especialmente con el sanchismo. El PSC juega por su cuenta, y las agrupaciones de Baleares, País Vasco y Navarra siguen su ejemplo.

En la Unión Europea los intereses nacionales priman sobre las posiciones ideológicas. En España vamos camino de ello, solo que aplicado a las Comunidades Autónomas. Con el tiempo, pero ya está empezando a suceder, el enfrentamiento clásico entre izquierdas y derechas va a dejar el espacio a la contienda en clave territorial. El hecho es evidente en Cataluña y en el País Vasco. Solo así se explica que dos fuerzas claramente de derechas (como el PNV y los herederos de los convergentes, como quieran que se llamen), se alíen con partidos que se proclaman de extrema izquierda. Pero dentro de poco es posible que esta anomalía política se extrapole a todas las Comunidades. Unir políticamente distintos estados es una tarea ardua y quizás quimérica. Lo estamos comprobando en Europa. Por el contrario, disgregar y romper una unidad política puede ser más fácil de lo que pensamos. Es seguro que no uniremos Europa, pero es posible que troceemos España.

www.martinseco.es

Franco, nuestro Shylock
Santiago Navajas Libertad Digital 4 Octubre 2019

No se trata de defender los derechos de los Franco, sino los del conjunto de la población contra la arbitrariedad de los poderes estatales.
Wikipedia

En El mercader de Venecia Shakespeare hizo un retrato lo más antisemita posible del usurero judío Shylock: feo, retorcido, sucio, mezquino, miserable. Hace falta ser muy rastrero, resentido y sádico para pretender cobrarse una deuda en, literalmente, carne y sangre. Nadie tan abyecto mereció, sin embargo, tanto nuestra compasión. El genio de Shakespeare brilló como nunca al hacernos sentir y comprender que esa aberración de la naturaleza, ese engendro de avaricia, ese monstruo de iniquidad, Shylock, también era, aunque nos pueda parecer increíble, un ser humano sujeto a dignidad y derechos, porque también sangra (cuando le pinchan), también muere (si lo envenenan), también –lo más increíble– ríe (si le hacen cosquillas). Es en Shylock más que en Hamlet, Lear o Macbeth donde Shakespeare expone lo trágico que constituye la esencia de la humanidad: incluso al más desalmado de los criminales cabe reconocerle que en él habita el espíritu de la trascendencia.

Franco puede haber sido el peor personaje de la historia de España. También cabe admitir que es absurdo que esté en el Valle de los Caídos alguien que no fue víctima en la Guerra Civil, más bien al contrario. Y parece razonable pensar que el lugar más destacado para sus restos mortales es el cementerio en el que ya se encuentra su esposa. Pero nada de lo anterior justifica que un Gobierno haya recurrido a un decreto-ley, de "extraordinaria y urgente necesidad", y a negar a la familia de Franco el derecho a enterrarlo donde estime conveniente con la delirante excusa de posibles atentados y desórdenes públicos, cuya posibilidad, paradójicamente, ha hecho emerger el propio Gobierno, con su medida tan banal como electoralista, tan necia como divisiva. Que al Tribunal Supremo le parezca ajustado a Derecho todo este disparate jurídico, moral y, sobre todo, político no hace sino subrayar la confusión y el caos que reina en el Estado de Derecho español, sometido a todo tipo de presiones para acabar con la separación de poderes, la presunción de inocencia y la esfera de derechos individuales en el altar de un supuesto bien nacional y una presunta seguridad pública.

Pero lo peor de todo no ha sido el ánimo vengativo del poder ejecutivo, el talante servicial del judicial, el silencio cómplice del legislativo y la habitual propaganda del mediático. No, lo peor es que el juicio sumarísimo al que se ha sometido a Franco y, de manera derivada, a su familia ha importado más bien poco a la mayor parte de la población, tan anestesiada como irresponsable que no se da cuenta de que no se trata de defender los derechos de los Franco, sino los del conjunto de la población contra la arbitrariedad de los poderes estatales, una vez más alineados para restringir libertades y reprimir voluntades. Tomemos nota de que cuando han ido a por los Franco casi nadie ha dicho nada, así que no nos extrañemos, y mucho menos nos quejemos, cuando vayan a por los Pérez, los López o los Gómez. Una vez que se hace una excepción en el sistema garantista ya nadie está a salvo, y estamos viviendo demasiadas excepciones. Las falacias ad hominem se están multiplicando en nuestro sistema jurídico civil y penal. Shylock, el más ruin de los hombres, tuvo en el más grande de los dramaturgos a alguien que lo defendió y le dio la oportunidad de expresar su punto de vista. Van a fusilar simbólicamente a Franco al amanecer como les hubiese gustado hacer en persona, cobrándose su libra de sangre y carne en forma de polvo y huesos. No es justicia ciega, es venganza pueril. Afortunadamente, no tenemos ya a alguien como Franco entre nosotros. Lamentablemente, tampoco contamos con ningún Shakespeare.

Franco y el quinto frente
Nota del Editor 4 Octubre 2019

Desgraciadamente Franco no está entre los vivos para evitar perder el quinto frente de la guerra del frente popular. A ver si con un poco de suerte, cuando lo extraigan del descanso eterno, algunos españoles mas despiertan y conseguimos tumbar definitivamente al enemigo. Así que no olvides votar a Vox y pasa la voz para votar a Vox.

Imposición del bable en colegios, televisión y Administraciones: el plan del PSOE en Asturias
Se calcula que los socialistas destinarán 75 millones de euros para conseguir la cooficialidad de la llingua.
Elena Berberana Libertad Digital

Se calcula que los socialistas destinarán 75 millones de euros para conseguir la cooficialidad de la llingua.
Manifestación por la oficialidad del bable en Asturias | Libertad Digital

El presidente socialista del Principado de Asturias, Adrián Barbón, está plantando las primeras semillas para que germine el nacionalismo en Asturias.

"Por primera vez hay un Gobierno decidido a hacer una política lingüística de verdad y no de contención", declaró firmemente. Xosé Antón G. Riaño, presidente de la Academia de la Llingua Asturiana. Dicha entidad es la nave nodriza, el centro de operaciones del izquierdismo que persigue la cooficialidad del bable en la región. Y si la llingua asturiana no existe como tal, se inventa.
Neobable de subvención

La Plataforma Contra la Cooficialidad del Bable (PCCB), denuncia la situación de conflicto a la que está abocando los socialistas en el Principado asturiano: "Quieren hacer del bable un medio de vida. Sus impulsores vienen a ser rémoras del presupuesto público. En una región como Asturias de la que los jóvenes huyen en desbandada, obligar a hablar en bable es un auténtico disparate. El idioma en el que nos comunicamos en Asturias es el castellano, es nuestra lengua materna. Si bien, existe cierto castellano con modismos y bable que se habla en algunas aldeas pero cada localidad tiene sus expresiones locales, no existe un bable en común. La Academia de la Llingua lo que ha hecho ha sido crear un bable artificial, un puzzle de palabras de todos los pueblos. Así han creado una lengua para solicitar jugosas subvenciones. Es un bable de laboratorio en el que ningún asturiano se reconoce", expone Roberto Granda, asturiano y portavoz de la plataforma.

Un estudio de la PCCB, indica que el presupuesto que se destinará a la imposición de este nuevo modelo lingüístico en Asturias en centros escolares, la radiotelevisión pública (RTPA), y las administraciones, asciende a 75 millones de euros a cargo del contribuyente.

Si se accede al comunicado de la Academia de la Llingua, su propuesta de reforma del estatuto asturiano destila victimismo y un profundo resentimiento hacia la lengua española. "En una región como Asturias donde no existía el problema de la lengua, el bable se remitía a una aspiración de grupúsculos minoritarios y residuales de extrema izquierda como Podemos. Ahora, Adrián Barbón ha decidido apostar por la ideología identitaria como instrumento de separación. Estamos muy preocupados porque la utilización de la lengua no deja de ser el germen del nacionalismo, un instrumento de odio para dividir a la población. Es propio de las políticas de izquierdas que buscan la confrontación para hacerse necesarios como elementos de conciliación. En este caso, el anterior presidente socialista, Javier Fernández, era un hombre de Estado, que nunca pensó en semejante barbaridad. Pero, en el caso de Barbón, es muy diferente", argumenta Granda.

A este respecto, además de las partidas presupuestarias regionales, lograr la cooficialidad provocaría que la Unión Europea regara con importantes subvenciones destinadas a las lenguas minoritarias al gobierno del PSOE en Asturias.

Bronca en el parlamento
Y lo cierto es que la PCCB no exagera. El ambiente está caldeado. Cabe recordar que recientemente, PP y Vox pidieron parar la interlocución de la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán. La socialista comenzó a hablar en bable. El diputado de Vox, Ignacio Blanco, lamentó que hubiera que "levantar barreras en un parlamento en el que todo el mundo se entendía en castellano" y se opuso a que hubiera intérpretes porque "lo consideraba absurdo".

Colegios y televisión
En el Informe de gastos de la cooficialidad para 2020, que ya han preparado los socialistas, incluye un plan en el que los centros escolares incluirán el bable como lengua obligatoria. En cuanto a la RTPA (Radiotelevisión del Principado de Asturias), tendría que ampliar su programación en bable. Y las Administraciones Públicas, verían cambiar todas sus normativas siendo el dominio del bable de la academia un mérito y un obstáculo para opositores de otras regiones y hasta para los propios asturianos.

"Están creando un problema que en Asturias nunca existió. El bable ha sido siempre una asignatura optativa en colegios e institutos. La cooficialidad implicaría obligar a los niños a estudiar un idioma que ni hablan y les interesa. Es un alto coste, la televisión pública está siendo presionada para que los periodistas hablen en bable. Desean convertirla en una especie de TV3. La cuestión es que para cumplir con la cuota de programación exigida por los políticos, los trabajadores tienen que estudiar este neobable-subvencionado", insiste. Granda también expresa su estupor cuando observa cómo los reporteros preguntan en bable y el señor de pueblo de turno suele contestar "¿pero qué dices, chica? ¡No te entiendo!".

Contra el chantaje emocional
La Plataforma Contra la Cooficialidad del Bable ha lanzado una campaña publicitaria en la que aparece Barbón junto a Puigdemont y Otegi. Los carteles han escandalizado al PSOE, algo que no entiende Roberto Granda.

"Queremos remover conciencias para que vean que las Comunidades que han iniciado la inmersión lingüística han desarrollado conflictos. Me llama la atención que se indigne Adriana Lastra por los carteles. Los socialistas son la muleta del PNV en el País Vasco, tienen pactos con Bildu en Navarra y con el nacionalismo en Barcelona y Baleares. ¿Por qué se indignan si Zapatero llamó a Otegi 'hombre de paz'?", se pregunta el periodista asturiano. Y agrega que "la oficialidad del bable que persiguen no tiene nada que ver con la preservación de la cultura asturiana. El trasfondo es un chantaje emocional para dividir entre asturianos buenos y malos".

Sin embargo hay que decir que, por ahora, se necesitan dos tercios del parlamento asturiano para conseguir la cooficialidad. De momento, a los socialistas les faltan dos votos, pero la plataforma avisa de "que todo se andará, y que lo van a lograr".

Granda concluye, "hay un proceso regionalista, identitario y un poco cateto. Oviedo se llama ahora Uviéu. Es una involución, mirarnos el ombligo y cerrarnos en nosotros mismos. Son peleas de la aldea de Asterix y Obelix. Una vez que cruzas el túnel del Negrón hacia España, ¿para qué le va a servir a esos niños a hablar un bable, y además inventado, cuando tendríamos que estar abiertos al mundo, al turismo? No deja de ser un tribalismo peligroso e incluso patético. La izquierda ha transformado algo que era bonito, melancólico en motivo de disputa, una pena. No queremos que nuestra Asturias Patria Querida termine como Cataluña".

Ortega Smith recuerda a la izquierda la realidad sobre las ’13 Rosas’: ‘Torturaban y asesinaban vilmente’
Redacción eltorotv.com 4 Octubre 2019

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, ha recordado que durante la Guerra Civil Española hubo crímenes en ambos bandos y ha destacado que las trece mujeres conocidas como las ’13 Rosas’ «torturaban, asesinaban y violaban vilmente» en las checas de Madrid, por lo que, a su juicio, «perdimos todos los españoles» durante la guerra.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Ortega Smith ha hecho estas declaraciones para explicar por qué VOX está en contra de la Ley de Memoria Histórica que «sólo busca dividirnos otra vez a los españoles» al hablar de que había un bando «bueno y malo, de ganadores y perdedores» cuando «en realidad hubo crímenes en ambos bandos».

«Yo no le tengo ningún miedo a la historia, pero si vamos a hablar de memoria histórica hay que hablar de toda no sólo de una parte, sino de todo lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, como por ejemplo, que hay pocos reportajes hablando de las chicas de Madrid, las ’13 Rosas’ que torturaban, asesinaban y violaban vilmente y es que una guerra es una situación terrorífica en la que se pierde el concepto de justicia», ha señalado Ortega Smith.

A su juicio, lo que hay que hacer es «buscar la fraternidad, cerrar heridas y evitar que las generaciones futuras lo repitan», pero «no cambiar la historia» del país. Por eso, ha insistido, en que VOX está en contra de una ley que «impone una determinada opinión». «El gran problema es que quiere escribir una forma de la historia y por eso nos oponemos, la historia no hay que juzgarla ni condenarla», ha añadido.
Suscríbete a nuestro nuevo canal

El secretario general de VOX ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera «imponer» a través de la ley de Memoria Histórica una «especie de Gran Hermano que todo lo ve y dice lo que es verdad y lo que es mentira» de la historia de España. Según ha explicado, VOX quiere cortar ese camino que intentan imponer los socialistas porque sino «todo el que se salga de lo que marca los gurús de la política es considerado fascista o neonazi».

Propuesta de resolución del Parlamento Europeo para condenar el comunismo y el nazismo y exigir que las consecuencias de estos regímenes totalitarios se estudien en las escuelas y en los libros de texto
www.latribunadelpaisvasco.com 4 Octubre 2019

En una propuesta de resolución adoptada el pasado día 19 de septiembre, el Parlamento Europeo recuerda que la Segunda Guerra Mundial "fue el resultado directo del infame Tratado de no Agresión nazi-soviético de 23 de agosto de 1939, también conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop, y sus protocolos secretos, que permitieron a dos regímenes totalitarios, que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en dos zonas de influencia".

La Cámara comunitaria también recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad. Y recuerda, asimismo, los atroces crímenes del Holocausto perpetrado por el régimen nazi; condena en los términos más enérgicos los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios.

En su propuesta de resolución, el Parlamento pide a todos los Estados miembros de la Unión que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi. Del mismo modo, la Cámara condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo en la Unión y pide a todos los Estados miembros que conmemoren el 23 de agosto como Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo a escala tanto nacional como de la Unión, "y que sensibilicen a la nueva generación con respecto a estas cuestiones incluyendo la historia y el análisis de las consecuencias de los regímenes totalitarios en los planes de estudios y los libros de texto de todas las escuelas de la Unión".

En su planteamiento, el Parlamento también pide a los Estados miembros que condenen y contrarresten todas las formas de negación del Holocausto, incluidas la trivialización y la minimización de los crímenes cometidos por los nazis y sus colaboradores, y que eviten su banalización en el discurso político y en los medios de comunicación. Además, exige "una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes, la resiliencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la democracia; anima a los Estados miembros a promover, a través de la cultura en general, la educación relativa a la diversidad de nuestra sociedad y nuestra historia común, incluida la enseñanza de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto, y la deshumanización sistemática de sus víctimas durante años".

El Parlamento sugiere que el 25 de mayo (aniversario de la ejecución del capitán Witold Pilecki, héroe de Auschwitz) sea declarado Día internacional de los héroes de la lucha contra el totalitarismo, lo "que será una muestra de respeto y un homenaje hacia todos aquellos que, al luchar contra la tiranía, demostraron su heroísmo y su sincero amor por la humanidad, y también ofrecerá a las generaciones futuras un claro ejemplo de la actitud que se debe asumir ante la amenaza de esclavización totalitaria".

La propuesta de resolución del Parlamento Europeo también señala que, a la luz de su adhesión a la Unión y a la OTAN, "los países de Europa Central y Oriental no solo han regresado a la familia europea de países democráticos libres, sino que también han demostrado el éxito, con la ayuda de la Unión, de las reformas y el desarrollo socioeconómico".

Finalmente, el Parlamento Europeo recuerda en su propuesa que "en algunos Estados miembros siguen existiendo en espacios públicos (parques, plazas, calles, etc.) monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del sistema político totalitario".

La progresía provinciana catalana insiste en sus ínfulas soberanistas
“El Cid era el héroe más invocado por los catalanes del XIX” (Joan-Lluís Marfany, historiador)
Miguel Massanet SX 4 Octubre 2019

En ocasiones se puede llegar a un punto en el que reclamaciones sobre temas determinados, por su carencia de fundamentos, por el emperramiento de sus autores en sostener posturas irresponsables, por lo disparatado de su formulación y por la misma ilegalidad que entrañan; pueden llegar a convertirse, cuando sus responsables se empecinan en insistir en ellas, en pasar de ser temas menores a asuntos incómodos y, de éstos, a motivos de rechazo y reprobación. Sin embargo, cuando la insistencia de quienes no cejan de presionar, una y otra vez, en la misma petición, después de que todas las instancias administrativas establecidas para formular quejas, peticiones o reivindicaciones han sido agotadas y las respuestas han sido negativas en todas ellas; el pretender conseguir lo que se ambiciona por otros vericuetos, métodos de dudosa legalidad, movilizaciones callejeras, chantajes, amenazas, alborotos, terrorismo o, en último lugar, apelar a la insumisión explícita, desobedeciendo las leyes y sentencias de los tribunales de la nación; algo que es evidente que está en el ánimo de estos rebeldes separatistas, que parecen estar dispuestos a recurrir a lo que se podría considerar como palabras mayores, aumentando la altura del listón de la desobediencia, recurriendo a la insubordinación y la desobediencia civil como método para llevar adelante sus pretensiones de conseguir una Cataluña independiente; pueden llegar a un punto en el que la tolerancia, la prudencia, la buena voluntad, la paciencia y hasta la pasividad de los dirigentes de la nación, su inmovilismo, su falta de reacción o su miedo a tener que utilizar medios, a los que nunca es agradable tener que recurrir, puede llegar un instante en el que dejan de ser meras imprudencias, negligencias o desidias, para convertirse en verdaderos delitos contra la nación española, adquiriendo la categoría de incumplimiento grave de las obligaciones como gobernantes, cuya función principal es mantener el orden, la seguridad de los ciudadanos, juntamente con el deber constitucional de mantener, la integridad de la nación española, tal y como queda establecido en nuestra Constitución de 1978.

No ha bastado que existan en Cataluña instituciones privadas como el Omnium Cultural o la ANC; medios de comunicación como la TV3 o Cataluña Radio y otros muchos que sería prolijo enumerar; partidos políticos como ERC, la CUP, las distintas facciones en la que se ha dividido la anterior Convergencia y Unión a los que hay que añadir estas nuevas manifestaciones de la metástasis separatista, como esta famosa unión de la mayoría de los municipios catalanes unidos en lo que ellos llaman la Asociación de Municipios por la Independencia, asociaciones que resulta imposible pensar que conociendo sus objetivos no se haya pedido su ilegalización por la fiscalía del Estado para declararlos fuera de la Ley.´

Y es que, señores, el hecho de que en pleno Siglo XXI, cuando las naciones se agrupan para poder enfrentarse a los efectos de la globalización, cuando el mínimo instinto de conservación recomienda unir esfuerzos para luchar contra el terrorismo o contra posibles aventuras bélicas que nos pudieran llegar a través de la frontera oriental de la UE; todavía sigan existiendo estos pequeños núcleos de población que pretendan mantenerse aislados dentro de imaginarias fronteras, normalmente fruto exclusivo de alucinados que, como ocurre en el País Vasco con el visionario Sabino Arana,, basándose en no se sabe que rasgos identificadores de los vascos, genes distintos o, apelando a posibles ancestros de otras razas europeas y sosteniendo, como les ocurre a los soberanistas vascos y catalanes, la peregrina idea de que son culturalmente superiores al resto de los españoles (algo que carece por completo de apoyo científico), una peregrina idea que es fácilmente rebatible si se tiene en cuenta de que, en Cataluña, la corriente migratoria desde el resto el país ha convertido a aquella región en la muestra más palpable de la mezcla de razas, algo que, últimamente, se ha ido acrecentando con la llegada masiva de oleadas de inmigrantes de otros países hispano americanos y africanos.

Que el melting resultante sea favorable, por lo que supone la mezcla de sangres no lo discutimos, pero que los adelantos que pueden haber surgido de Cataluña no se deben sólo a sus oriundos sino a toda la pléyade de “nuevos catalanes” de la que se han ido beneficiando, cuando no explotando, de modo que se puede asegurar que, al menos un 50% de los actuales residentes en Cataluña son ciudadanos que han llegado de otras regiones o de otras naciones en forma de migración. Aparte de las milongas que los separatistas se han ido inventando sobre una supuesta explotación de los catalanes por el resto de los españoles, se olvidan que, parte de la financiación que les ha ido llegando desde las arcas del Estado, en lugar de invertirla en infraestructuras, hospitales o mejora de las comunicaciones de Cataluña, se ha destinado a crear nuevas instituciones con las que suplir a las del Estado para el caso de que llegaran a independizarse; en pagar y subvencionar a organizaciones como la ANC, el Omnium Cultural; a publicaciones en catalán como la de La Vanguardia y a sostener embajadas catalanas propagandísticas del separatismo en el extranjero, amén de otros muchos gastos: como sueldos de enchufados y mantenimiento de toda la pléyade de exiliados y fugitivos de la justicia, como es el caso de los señores Puigdemont, Rovira, Comín, Serret, Ponsatí, Puig y Gabriel; el primero de todos ellos a viviendo a cuerpo de rey en Waterloo, a expensas de los impuestos que pagamos los catalanes. La realidad es que Cataluña, para que pudiera pagar a sus proveedores y a sus funcionarios, ha tenido que ser subvencionada a través del FLA y, según parece ser, su actual deuda contraída con el Estado español alcanza la cifra de unos 80.000 millones de euros.

En realidad, tenemos la impresión de que los políticos han conseguido algo que parece imposible que sucediera: la desinformación que tenemos en Cataluña respeto a los problemas surgidos y sus causas con el gobierno Central y lo que se podría calificar de ignorancia que, en el resto de España, existe acerca de lo que se está cociendo en esta comunidad que, es muy posible, que visto desde la lejanía no parezca ser tan grave como lo es en realidad. De otro modo, resulta imposible de entender cómo, primero Rajoy y su asesora Sáez de Santamaría y, luego, el actual presidente en funciones, el señor Pedro Sánchez, sigan estando en la inopia y permitan o, mejor dicho, hayan permitido que un asunto que, si se hubiera afrontado desde el principio, hubiera sido fácil de solucionar y, no obstante, unos por los otros han usado a los separatistas como moneda de cambio, según sus necesidades políticas pagando, en cada caso, el precio de sus apoyos en las ocasiones en las que la aritmética parlamentaria ha requerido de sus votos, para conseguir sus prioridades partidistas.

De ahí se derivan todos los problemas a los que tenemos que enfrentarnos ahora cuando, un nacionalismo exacerbado y realimentado por las actuaciones irresponsables de los que nos gobiernan y por los excesos de una saga de políticos catalanes que, con toda seguridad, harían enrojecer de vergüenza ajena a políticos de la talla de Cambó, Tarradellas, Estanislao Figueras o Francisco Pi y Margall que, si los comparamos con estos personajes advenedizos a los que los catalanes han entregado su destino, como es el caso de Puigdemont o de Quim Torra, deberemos reconocer que no podrían, ni siquiera, alcanzar el grado de aprendiz. Y podríamos añadir a esta lista a un personaje, Rafael Casanova, abogado, que quizá pudiera chocar a muchos separatistas, como persona encargada de la defensa de Barcelona frente a las tropas del borbón Felipe V, en aquella guerra de “sucesión” no de secesión como, interesadamente, algunos la han querido definir; en la que, curiosamente, los madrileños estaban en el mismo bando de los catalanes luchando en favor del pretendiente austríaco Carlos. Sería conveniente destacar algo que, al parecer no recuerdan estos independentistas mal informados respecto a su héroe Rafael Casanova quién, cuando tuvo que defender Barcelona del ataque de las tropas de Felipe V, arengó a sus tropas con el siguiente discurso: “Señores, hijos y hermanos: hoy es el día en que se han de acordar del valor y gloriosas acciones que en todos tiempos ha ejecutado nuestra nación. No diga la malicia o la envidia que no somos dignos de ser catalanes e hijos legítimos de nuestros mayores. Por nosotros y por la nación española peleamos. Hoy es día de morir o vencer. Y no será la primera vez que con gloria inmortal fuera poblada de nuevo esta ciudad defendiendo su rey, la fe de su religión y sus privilegios…” Luchaban por España y por el rey, no lo olviden quienes pretenden cambiar la Historia.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, contemplamos, entre estupefactos y pesimistas como cada día que pasa se va añadiendo un gajo más en este racimo de odio que catalanes y españoles parecen empeñados en volver a completar, sin que nos valga de nada la penosa experiencia de lo que sucedió a nuestros padres y abuelos cuando, la guerra Civil, se llevó a más de medio millón de muertos en las trincheras en las que se mataban los unos a los otros aquellos españoles, que nada tenían que reprocharse más que haber nacido en una nación en la que sus políticos supieron alimentar el enfrentamiento entre españoles de uno y otro color político. ¡Malditos colores!


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Ayer hizo dos años
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 4 Octubre 2019

Hace dos años y un día, el Rey tuvo que salir en televisión a plantar cara a los golpistas del 1-O, reivindicar el orden constitucional, asegurar a nuestros compatriotas catalanes que no se les dejaría solos ante sus vecinos mutantes y, evidentemente, a cubrir el gigantesco agujero que los partidos políticos, en el Gobierno o la oposición, habían dejado a los golpistas. La reacción nacional fue aplastante, masiva, inesperada, emocionante. Nunca una cita en solitario de un hombre y una institución ante su destino fue tan acompañada. España se llenó de banderas en los balcones y pocos días después Barcelona asistió a una manifestación, inédita por lo gigantesca, de más de un millón de personas enarbolando banderas nacionales, acto de respaldo expreso al jefe del Estado y prueba de que la Nación saludaba en la monarquía parlamentaria la representación que los partidos rehuían.

Por supuesto, los enemigos de España, separatistas y comunistas, criticaron que el Rey cumpliera con una obligación moral que ninguna ley prohíbe y que la situación del Estado sometido a sitio, acoso y abandono, hacían necesaria. Alfonso Guerra dijo entonces que, si el PSOE no entendía el hecho histórico de que los barrios más humildes de Sevilla se llenaran cuajados de banderas nacionales, perdería su razón de ser. Alarmado por las encuestas, Sánchez, colocado en Moncloa por los golpistas gracias a la tajada de Rajoy, está apunto de descubrir a Guerra y de ponerse la camisa azul de "Ahora España", grupo derechista al que, cómo no, ha plagiado el nombre.

En cambio, Pablo Iglesias, jefe del CDR de Galapagar, niega que tener laboratorios, fabricar explosivos y probarlos en una cantera sea terrorismo, habla en nombre de las víctimas de la ETA (EL MUNDO publicó que él era contacto de Herrira) y añade, que, si los condena la Justicia, es que "está hecha para los robagallinas". Servirá a los trincacasoplones.

Nada está decidido. Y si ha habido juicio a una parte del golpe (queda la parte mayor) es porque, ayer hizo dos años, el Rey salió por televisión, la nación se echó a la calle y el Estado se puso en marcha. No sé si Marchena honrará a ese ejemplo. Lo dudo. Pero sé que muchos millones de españoles, sobre todo jóvenes, vieron ese día para qué y cómo sirve un Rey a España. Está por ver si España es capaz de servirse a sí misma.

Una moción en contra del fanatismo
María Claver okdiario  4 Octubre 2019

“Apretad, hacéis bien”, dijo Torra, presidente de la Generalitat, a los CDRs durante el primer aniversario del 1-O. El máximo responsable del Estado en Cataluña ha apelado abiertamente a la vía eslovena, ha animado al pueblo catalán a sublevarse y a seguir el ejemplo de los catalanes “de 1714 que defendieron fielmente Cataluña hasta el último instante del combate del 11 de septiembre”. Hoy OKDIARIO, hace público otro video en el que, una vez más, agita a un grupo de jóvenes para que "la revuelta empiece con la sentencia judicial”. Torra es un fanático y un irresponsable, instalado en el desacato y al que las investigaciones policiales podrían vincular con los detenidos en Cataluña por presunta pertenencia a banda terrorista.

Esta semana hemos visto a Pedro Sánchez abrir la puerta a la aplicación del 155 en un intento por recuperar el centro perdido tras sus devaneos con los separatistas. Pero, antes, el PSC tiene una ocasión de oro para constatar la veracidad de su rectificación: la moción de censura a Torra. Los socialistas catalanes ya han mostrado su determinación de abstenerse y no apoyar la reprobación planteada por el constitucionalismo, tachando la iniciativa de gesticulación y ruido. Una actitud aplaudida por Torra que ha calificado al PSC como una formación política “mucho más seria y rigurosa” que el PP y Ciudadanos. Malas noticias para el PSC. La moción de censura va a decaer, pero eso no es lo importante: el constitucionalismo tiene la obligación de actuar parlamentariamente contra un presidente que insta a la revuelta.

Es más que probable que Sánchez acabe por intervenir Cataluña si, una vez se pronuncie el Supremo, la situación se hace insostenible. Lo hará con la máxima solemnidad y mirando a cámara. La sentencia abrirá la puerta a otro ciclo electoral y, cuando la Esquerra se haga con el control del relato independentista en detrimento de Puigdemont y los suyos, el procés entrará en una nueva fase. Será entonces, y sólo entonces, cuando veamos dónde está el PSC y dónde está Pedro Sánchez.

¡A descentralizar!
Cristina Losada Libertad Digital 4 Octubre 2019

Es fácil pensar que el separatismo se alimenta de la falta de descentralización. Es más difícil ver que se puede alimentar 'de' la descentralización. Pero ocurre.

Es ya un acto reflejo del periodismo en España que se le pregunte a todo famoso lo que opina sobre este o aquel asunto político candente. Si la celebrity es actor o cantante, mejor que mejor. Nada parece interesar más que lo que piensa la gente del famoseo sobre el problema catalán, la exhumación de Franco, la dificultad para formar Gobierno, la coalición del PSOE y Podemos o, no hace tanto, sobre la crisis económica, los programas de austeridad y si había o no que rescatar a la banca. Al contrario que los expertos, que tienden a perderse en complejidades y no dan un titular ni a tiros –salvo los que quieren llegar a la fama–, los famosos son atrevidos, directos y pasionales. No opinan desde el conocimiento, sino desde la emoción. Esto, por lo visto, es lo que interesa.

Si el famoso o famosa no es local, sino extranjero, entonces la pregunta sobre los problemas políticos de España, y en general sobre España como problema, es obligada. Se diría que no hay nada que interese más que lo que piensa el famoso internacional sobre nosotros. A ver cómo nos ve. A ver qué imagen damos. A ver cómo cree que podemos resolver tal o cual problema candente. Si es una actriz o una cantante, mejor que mejor, pero a falta de celebridades del espectáculo, bien valen las celebridades intelectuales. Y, sí, puede ser interesante lo que digan, pero también ocurre algo que es de lamentar. Que muestren que están mal informados. Eso, que se le perdonará al famoso del espectáculo, a un intelectual famoso no se le puede perdonar.

Acaba de estar en Madrid el historiador Niall Ferguson, un hombre con fama, reputación y prestigio, no sólo por ser el marido de Ayaan Hirsi Ali. Le entrevistaron en El Mundo, y como es obligado, se le preguntó por Cataluña. Y Ferguson, que no tiene simpatía por el nacionalismo, sino todo lo contrario, dijo que necesitamos más descentralización.

Muchos países europeos han sido descentralizados en los últimos 100 años y España no es una excepción: mucho se ha hecho en Madrid y mucho se ha hecho en Londres. La solución es ser más suizo. Pon más descentralización en los Estados europeos y no tendrás toda esta disrupción en forma de secesión.

Como antídoto para las oleadas secesionistas, el historiador receta el Estado de las Autonomías que ya tenemos, aunque parece que no sabe hasta dónde ha llegado nuestra descentralización. Pero su tesis, la idea de que la descentralización sirve de antídoto al virus separatista, soporta malamente el contraste con la realidad. Más todavía en el caso del separatismo catalán, cuyo auge, en los últimos años, no se debe a una falta de descentralización ni a una recentralización ni a nada similar. Al revés, la descentralización creciente, que llevó asociada una menguante presencia del Estado central, generó las condiciones para que el nacionalismo catalán monopolizara el poder durante décadas, cebara un movimiento independentista y se fortaleciera lo suficiente como para desafiar al Estado.

En esas condiciones, optimizadas por las cesiones que realizaron tanto el PP como el PSOE y su incapacidad o renuncia a frenar los abusos del poder nacionalista, éste pudo llevar a cabo sin impedimentos aquel plan de nacionalización de Pujol de 1990, llamado Las propuestas para aumentar la conciencia nacional. La estrategia de la recatalanización. Plan del que acabamos de conocer unos detalles que faltaban. La revista El Triangle ha publicado uno de los anexos, hasta ahora inédito, que incluye una lista de 84 personas a las que Pujol había elegido como "agentes actuantes" del plan. Los nombres, muchos de ellos habituales en los medios de comunicación, no sorprenderán.

Es fácil pensar que el separatismo se alimenta de la falta de descentralización. Es más difícil ver que se puede alimentar de la descentralización. Pero ocurre. Claro que no vamos a reprocharle a Ferguson que no vea algo que no ven –o no quieren ver– tantos intelectuales españoles. Algo que no ven partidos como el PSOE, también convencido de que con una dosis más fuerte de descentralización esto se arregla. Bueno, eso el PSOE de antes, que el de ahora, el de "Ahora España", vaya usted a saber.

El PSOE regala a Bildu los votos decisivos para que los proetarras controlen los ayuntamientos navarros
El PSOE entrega a Bildu la Mancomunidad de Pamplona con un 'independiente' títere
Carlos Cuesta okdiario 4 Octubre 2019

El PSOE ha vuelto a demostrar que su pacto con Bildu goza de buena salud. Los partidos constitucionalistas unidos en Navarra Suma pretendían acabar con el plan de los proetarras de controlar todo el entorno local a través de una reforma legal aprobada por los separatistas en la anterior legislatura.

Los votos decisivos para que esta iniciativa triunfe eran los de los socialistas, que no han dudado en frustrar la proposición de UPN, PP y C’s y regalar los votos decisivos a los etarras para que puedan controlar buena parte de los servicios municipales y la implantación del euskera en toda Navarra.

El pleno del Parlamento no podrá tramitar de esta manera la proposición de ley presentada por Navarra Suma para derogar el conocido como Mapa Local aprobado al final de la pasada legislatura. Esa norma, diseñada por Bildu, transforma por completo las competencias y diseño de los ayuntamientos navarros para permitir que 12 nuevas comarcas controladas mayoritariamente por los proetarras puedan imponer sus deseos sobre buena parte de los servicios locales y, lo que es decisivo para Bildu, sobre la implantación del euskera en toda la comunidad foral.

El PSN-PSOE de la actual presidenta navarra María Chivite -que gobierna con los votos de los separatista(Geroa Bai -partido que que incluye al PNV-) y la abstención de los proetarras de Bildu, llegó a calificar de "mala" la ley del mapa local. Pero eso fue en la legislatura pasada, no ahora que los socialistas han pactado con los nacionalistas y el partido de Arnaldo Otegi.

Fuentes de Navarra Suma han destacado a OKDIARIO que “el nuevo mapa local regala un poder institucional a EH Bildu que le va a permitir incrementar su poder en todos los ayuntamientos navarros. De hecho, ese mapa local va a permitir a los proetarras avanzar en la euskaldunización de la administración, quitando competencias a los ayuntamientos, empeorando los servicios y no garantizando el empleo municipal de los no vascoparlantes. Pero, claro, ahora se trata de pagar el precio de la investidura de Chivite”.

El Mapa Local es, de hecho, el gran precio puesto por Bildu a los socialistas a cambio del apoyo a la gobernabilidad de Chivite. El nuevo regalo del PSN-PSOE a los proetarras demuestra que esa alianza funciona y goza de buena salud . De hecho, no ha sido el único regalo en esta dirección dado por el partido de Pedro Sánchez en los últimos tiempos.

Tras el acuerdo de abstención para dar el control de Navarra a los separatistas y proetarras, y regalar el Ayuntamiento de Huarte a EH Bildu, la socialista María Chivite dio igualmente el control parlamentario del entorno y las finanzas municipales a los mismos separatistas y proetarras.

Los grupos parlamentarios de PSN y Geroa Bai se repartieron desde el inicio las presidencias de las comisiones en el legislativo foral. Y Bildu se hizo, igualmente gracias al partido de Pedro Sánchez, con la inmensa mayoría de las secretarías. Un esquema que se complementa con el control por parte de la separatista Geroa Bai de las comisiones clave en el control del entorno local.

De este modo, Geroa Bai controla las comisiones de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Paisajísticos; Desarrollo Económico y Empresarial; y Economía y Hacienda. Algo que le confiere el control pleno sobre las reformas y el seguimiento de los fondos públicos de los Consistorios. Las mesas además cuentan con toda una lista de secretarios, de los cuáles seis van a los proetarras, uno a Podemos y otro al PSN.

¿Relato o justicia?
ROGELIO ALONSO El Mundo 4 Octubre 2019

El autor critica el acuerdo entre la AVT y Dignidad y Justicia con el llamado 'colectivo de abogados', ya que supone anteponer la memoria a la realidad de los hechos investigados por la Guardia Civil

"Las víctimas piden una justicia retributiva por la cual la pena impuesta al delincuente sea siempre proporcional a la gravedad del delito cometido. Quieren una justicia que sea reparadora en todo lo reparable y, finalmente, las víctimas saben que el fin reinsertador de la pena que marca la Constitución reside también en la propia privación de libertad". Ángel Altuna, hijo de Basilio, asesinado por ETA en 1980, alertaba en 2010 en la Fundación Giménez Abad sobre las tentaciones de rebajar el castigo a los terroristas una vez el terrorismo cesara. En un artículo titulado, En mi nombre, no, Fernando, hermano de Ángel, denunció en 2016 otro pacto de conformidad con dirigentes de ETA similar al que acaba de firmarse en la Audiencia Nacional con los abogados de la banda. Ninguno de esos acuerdos entre acusaciones y acusados cumple los requisitos que Altuna consideraba debía garantizar la justicia para considerarse como tal y verdaderamente justa. Fernando se suicidó en 2017.

"Importante en términos jurídicos, pero sobre todo en términos de relato". Así definió la Asociación de Víctimas del Terrorismo la reciente sentencia sobre los 47 abogados de ETA tras un acuerdo de conformidad con las acusaciones particulares y la Fiscalía. La AVT y la otra acusación, Dignidad y Justicia, valoran que los acusados reconozcan que acataban las órdenes de ETA. No obstante, el pacto de conformidad demuestra la peligrosa inercia hacia la relativización de la verdadera magnitud del terrorismo. Interrumpida la campaña terrorista, se va perdiendo conciencia de sus enormes implicaciones humanas, políticas y jurídicas. De ahí que las funciones de la pena, la justicia retributiva proporcional al daño causado, su reparación, y la prevención del delito, hayan quedado relegadas en detrimento de ese significante vacío que es el relato.

El relato al que apelan algunas asociaciones de víctimas y partidos políticos se ha convertido en una herramienta con la que se niega la verdadera justicia, fabricando una memoria que reemplaza a la propia historia. Lo evidencia este pacto de conformidad que menosprecia las exhaustivas investigaciones de la Guardia Civil incorporadas al procedimiento. En ellas se acredita y documenta de manera abrumadora la auténtica historia: la subordinación a ETA de los abogados juzgados, su integración en ETA asumiendo sus directrices, y el papel de dirigentes terroristas de varios de ellos. Los documentos incautados a los abogados etarras contienen ya la admisión de los terroristas que las acusaciones ensalzan ahora erróneamente como un éxito. Lo ejemplifica uno de los detallados informes de la Guardia Civil: "Esa subordinación del 'Colectivo de Abogados' a ETA se vuelve a reafirmar en puntos posteriores de este documento, cuando en el apartado 'Responsabilidades' este grupo de abogados se sitúa directamente bajo la disciplina del 'Colectivo de Presos Políticos Vascos-EPPK', organización que tal y como se señala reiteradamente en el Informe núm. 26/2013 de esta Unidad, está dirigido por el KT (Frente de Cárceles)".

El material probatorio recopilado por la Guardia Civil es ingente, como evidencia el hecho de que los acusados se hayan "conformado" con una pena menor ante el temor de que la sentencia fuera más severa. Los abogados de ETA no se habrían «conformado» con esas leves penas si sospecharan una insuficiencia de pruebas. La propia sentencia respalda la tesis de la Guardia Civil avalando las investigaciones que demuestran la integración de los abogados en ETA y el grado de dirigente de varios. Por eso decepciona que las acusaciones se hayan "conformado" con penas menores para criminales acusados de gravísimos delitos como los que recoge la sentencia: 1) 45 delitos de participación activa en organización terrorista de los artículos 571 y 572.2 del Código Penal vigente en el momento de los hechos, dos de ellos en grado de dirigentes de los artículos 571 y 572.2 del Código Penal; 2) 19 delitos continuados de enaltecimiento del art. 578 del CP; 3) 5 delitos de quebrantamiento de medida cautelar del artº 468 Cº Penal; 4) 3 delitos de financiación del terrorismo del artº 576 del Penal, artº 576 bis del Código Penal en el momento de los hechos; 5) 1 delito de colaboración con organización terrorista del actual artº 577 del Código Penal.

Ante la gravedad de los delitos imputados y las penas inicialmente solicitadas, insuficiente retribución supone la redundante y táctica admisión de los terroristas de hechos ampliamente documentados por la Guardia Civil ahora, pero también por la Policía y el CNI a lo largo de la historia. Ya en 2003 el Centro Nacional de Inteligencia analizaba en una nota reservada el papel de los letrados etarras. Abogados "con notable protagonismo" intervinieron para "controlar" la "crisis generalizada" provocada por "la continua acción policial y judicial sobre el entramado de apoyo a ETA", trasladando "de forma amenazante el seguimiento de la línea oficial marcada por ETA".

También resulta insuficiente apelar, como hacen las acusaciones para justificar su pacto, a las disensiones internas que la admisión de los abogados puede generar al aceptar un trato de favor que niegan a otros presos. La sentencia de conformidad generará discrepancias en el entorno terrorista que, sin embargo, son irrelevantes a la hora de hacer justicia. Además, la sumisión a la disciplina terrorista es habitual en una organización de fanáticos violentos que temen la coacción y el rechazo de pares y superiores. Años atrás, un terrorista criticaba a los representantes políticos de ETA que, no obstante, organizaron su recibimiento tras ser excarcelado: "Cuando me echen en libertad tengo pensado arreglar con algunos maricones ciertos comentarios y ciertas actuaciones hechas contra mí desde sus puestos de concejales (...) No veas que ganas tengo de echarme a la cara algunos mierdas a quienes estando en la calle tenía como amigos y no han dado señales de vida todos estos años. El cuerpo me pide pillar el cuchillo y hacer una mala pasada, pero me contendré y solo les diré un par de cosillas". Otro recluso criticaba en 2012 a los dirigentes de ETA reconociendo que "en todas las decisiones del colectivo de presos nunca se ha estado de acuerdo al cien por cien". El preso explicaba que "Herrira", uno de los instrumentos del "frente de cárceles" junto con los abogados ahora juzgados, planteó un cambio de postura recibido de forma desigual: "Han dicho, esto se ha acabado (...) y como se ha cerrado la persiana vamos a pedir que nos den el mismo tratamiento que tiene un preso común (...) Pero estos dicen que de eso nada".

Los acuerdos de conformidad, una práctica procesal habitual, adquiere negativas implicaciones en los juicios por terrorismo. En el juicio se escenifica un conflicto de legitimidades entre quienes atacan al Estado y quienes lo defienden. La "narrativa de la victimización", como la define Beatrice de Graaf, no desaparece con un pacto que revela una transacción entre los demócratas y quienes han vulnerado el sistema democrático. Más bien impone otra narrativa: la utilización a conveniencia de las garantías democráticas que los terroristas desprecian pero de las que se benefician. Esa negociación se maquilla aduciendo un riesgo de absolución, debilitando el excelente trabajo de funcionarios policiales cuyas investigaciones encuentran exigua recompensa. Este arreglo judicial con terroristas les desmotiva, ya que se pregona que los etarras deben colaborar con la justicia para esclarecer los cientos de asesinatos sin resolver mientras se renuncia de facto a exigirlo.

Al aceptarse penas que no son proporcionales a los delitos cometidos ni reparadoras, se sienta el precedente de una justicia injusta que podrán aprovechar otros terroristas pendientes de juicio y huidos en el extranjero que desean regresar. La sentencia de conformidad permite aplicar un atenuante de "confesión tardía" que relativiza el daño causado por ETA, condenando a los etarras a penas leves que minimizan la gravedad de formar parte de una organización terrorista culpable del asesinato de cientos de ciudadanos. Tras la implacable acumulación de pruebas por parte de la Guardia Civil, a los abogados de ETA, que continúan legitimando el terrorismo, se les ha facilitado una interesada y táctica admisión de sus actividades al servicio de la banda con el único fin de evitar la cárcel. "Nuestros errores ya los tenemos amortizados", ha escrito el simpatizante de ETA José María Esparza. Esta sentencia le da la razón.

Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de La derrota del vencedor. La política antiterrorista del final de ETA (Alianza).

Tribunal Supremo
El Supremo dividido por la sentencia de Alsasua: discute si hay delito de odio a la Guardia Civil
María Jamardo okdiario 4 Octubre 2019

El tribunal del Supremo que decidirá, definitivamente, sobre la causa contra los proetarras de Alsasua -condenados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016- continúa deliberando para consensuar el fallo. El componente "ideológico" del delito de odio, que la Audiencia Nacional consideró probado, centra los debates de una Sala que, hasta la fecha, no ha alcanzado acuerdo en esta cuestión.

Los magistrados competentes para resolver el ‘caso Alsasua’ plantean algunas discrepancias sobre la agravante recogida y confirmada en las dos sentencias previas: que los ocho agresores actuaron movidos por su animadversión a la Guardia Civil. La Fiscalía ratificó este extremo en la vista pública celebrada el pasado 18 de septiembre en la sede del Alto Tribunal. Por su parte, las defensas insisten en que se trató de una mera ‘pelea de bar’ y solicitan una rebaja en las penas impuestas.

Fuentes jurídicas señalan a OKDIARIO que algunos de los cinco jueces que integran la Sala apuntalan la tesis de las instancias inferiores, al considerar que los proetarras actuaron de forma hostil y violenta contra el sargento y el teniente de la Guardia Civil por razón de su pertenencia a la institución.

Otros, por el contrario, plantearían matices a la concurrencia del dolo básico que exige el delito recogido en el Código Penal y que ha de ser demostrado, según la jurisprudencia del propio tribunal, a partir del contenido de las expresiones, descalificaciones o provocaciones utilizadas.

Esto es, se trata de perfilar si los ocho agresores actuaron de manera deliberada y voluntaria y que su comportamiento no se trató de una reacción momentánea o emocional, en un contexto de madrugada y a la salida de un bar de copas, tal y como sostienen los abogados defensores.

La Fiscalía tajante
Para la Audiencia Nacional que confirmó, hasta en dos ocasiones, la calificación jurídica de los hechos, no hubo dudas. Que un grupo de 25 personas rodease a los agentes, y sus parejas, tras identificarlos como miembros del Benemérito Cuerpo -destinados en el cuartel de Alsasua- para increparles a su salida del bar Koxka y gritarles que se fueran del pueblo con expresiones del tipo "os vamos a matar por ser guardias civiles" o "txakurras", justificaba la inclusión de una condena específica.

En el mismo sentido se pronunció la Fiscalía a través de su representante, el fiscal Álvaro Redondo -durante la vista pública celebrada en la sede del Alto Tribunal para escuchar las conclusiones de las partes- el ataque a los dos guardias civiles ocurrió por lo significa la "institución del Estado" a la que representan.

“La Guardia Civil asume unos valores constitucionales que pueden ser objeto de ataque y es fiel a España, al Rey y al pueblo español", afirmaba Redondo. "Y los hechos probados en la sentencia dejan claro que el ataque se produjo en tanto en cuanto las víctimas eran guardias civiles”, añadió.

De 2 a 13 años de cárcel
Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urkijo fueron condenados por la Audiencia Nacional -a penas de prisión que van desde los 2 a los 13 años- como autores de varios delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

Dos años de intimidación
Esaú Alarcón cronicaglobal 4 Octubre 2019

Podría resumir lo que voy a transcribir en una sola frase: en Cataluña, hemos pasado de una fase de solapada y consentida deslealtad institucional a una fase de abierta intimidación, también institucionalizada.

Hoy se cumplen dos años de la eclosión manifiesta de ese cambio, culminada en un referéndum ilegal que vino a dar cumplimiento a unas previas actuaciones insurreccionales llevadas a cabo por los organismos públicos autonómicos, desde Generalidad a Parlamento, pasando por ayuntamientos, y con la inestimable colaboración de asociaciones abiertamente insurreccionales.

No escribiría esto si no fuera por la sorpresa que me causa leer y escuchar, gracias a los altavoces mediáticos al uso, voces atemorizadas por la presunta incautación de material terrorista, o belicista, o insurreccional, a un grupo de radicales independentistas. Parece que ese hecho, que para mí no es nada sorpresivo, ha abierto los ojos a muchos conciudadanos que no han querido o sabido ver lo que estamos padeciendo los constitucionalistas que residimos --o, en mi caso, que somos por sangre y por nacimiento-- en Cataluña.

A raíz de todo ello, me permito hacer este breve repaso de la vida diaria de un catalán no contaminado por la semilla del odio y la xenofobia.

Verán, desde hace muchos años, en esta comunidad la bandera nacional no ondea, ni se espera que lo haga. De un tiempo a esta parte se ha impuesto la estelada, pero el símbolo nacional ya hacía mucho tiempo que había desaparecido de los edificios institucionales hasta el punto de que, con la gran cantidad de competencias cedidas a las Comunidades, ahora solo pueden divisarse en las administraciones de Hacienda y en las sedes de la policía nacional. Dos organismos que, precisamente, no suelen ser del agrado del ciudadano medio.

Hace ya muchos años que se celebró un primer referéndum ilegal en Cataluña, en un municipio del Maresme. Pasó desapercibido, salvo para un abogado del Estado que tuvo la valentía de recurrirlo ante los tribunales. Al final, como ha venido ocurriendo con casi todo, ese acto claramente inconstitucional le salió gratis a sus promotores, sin que nadie alzara una voz para criticarlo. El papel de bisagra de los partidos regionales ha hecho mucho daño --y sigue haciéndolo con mayor motivo-- en ese sentido.

También hace décadas que un puñado de valientes padres se han venido rebelando frente a la ejecución de las políticas educativas en los colegios de sus hijos. En este caso, la perversión parte de un acuerdo gubernamental --el pacto del Majestic-- que permitió la supervivencia jurídica de una ley manifiestamente inconstitucional y, de aquellos polvos, vino la implantación de un sistema educativo abyecto, especialmente diseñado para la desconexión de los niños con su país; un método de concienciación nacional basado en la exclusión de la lengua común en beneficio de la particular, y en la selección de un profesorado especialmente afecto a la causa nacionalista.

Varias sentencias han condenado a colegios por la postración del castellano en detrimento del catalán, aunque su ejecución nunca ha sido posible por dos motivos muy sencillos de entender: el primero, porque el Estado no ha querido intervenir en las tareas de vigilancia en su cumplimiento, al asumirse el falaz argumento de que ello supondría invadir competencias autonómicas; el segundo, por una inquietante funcionarización de la judicatura a la que, entre compadreo y apesebramiento, siempre le ha temblado el pulso para ejecutar en sus justos términos sus resoluciones. Y no será porque la ley no les conceda potestades. Con haberse aplicado hasta sus últimas consecuencias el artículo 108 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, haciendo pagar --económicamente-- a los ejecutados, no haría falta ni 155 ni nada que se le parezca. Si a ello le añadiéramos una Alta Inspección del Estado en materia educativa que reactivara sus poderes, todavía podríamos tener algo de fe en el futuro.

Que conste, en este sentido, que la lengua catalana --a la que adoro-- no tiene más culpa que ser el medio de inoculación del sectarismo, mediante el sencillo mecanismo de dejar de enseñarla como el vehículo de comunicación que es, para convertirla en un medio de concienciación nacional perverso.

Hace ya muchos años que, tanto en las instituciones públicas como en la mal llamada sociedad civil --asociaciones, corporaciones, fundaciones, etc.--, los desafectos al régimen han sido mandados al ostracismo más absoluto, pasando por delante los apellidos a la valía profesional. ¿Cómo se ha conseguido esta circunstancia en entidades privadas? Pues las subvenciones y la multitud de competencias cedidas a la Comunidad Autónoma han sido claves en esta tendencia impenitente que ha llevado a muchos al exilio profesional, raíz de la pobreza social y cultural que padecemos actualmente en Cataluña, donde es difícil encontrar obras de teatro o celebraciones populares no sectarias o, simplemente, en lengua castellana. El español, paradójicamente una lengua en gran auge en el mundo, malvive entre los particulares mientras ha desaparecido por completo de la vida pública, gracias a las amenazas sancionadoras derivadas de las políticas públicas.

Esa misma circunstancia ha concurrido con los medios de comunicación --prensa y televisión-- que se han convertido, a cambio de pingües subvenciones a los afectos, en una plataforma de consolidación y amplificación de la concienciación social procedente de la escuela.

Con estos mimbres, y con la huida de aquellos no nacionalistas que tienen capacidad de hacerlo, es fácil entender como el censo de votantes concienciados en las bondades de la independencia, en una mitológica historia y en el falaz maltrato a Cataluña, ha ido --y seguirá yendo-- en aumento.

Lo expuesto es una muestra, a grandes rasgos, de la gran deslealtad institucional en la que se ha a lo largo de estos años de democracia, acompañado siempre de una inefable dejación de funciones por parte del Estado en competencias que ha ido cediendo, poco a poco y junto a la correspondiente financiación, a las Comunidades.

El agravamiento tras las jornadas insurreccionales de 2017 resulta evidente. A saber, pueblos enteros embadurnados de plástico amarillo. Esteladas por todas partes, muchas de ellas puestas y pagadas por el ayuntamiento de turno. Paredes con los rasgos, en tamaño mastodóntico, de presuntos delincuentes en prisión provisional y de políticos fugados de la Justicia. ¡Políticos fugados de la Justicia! Amenazas e intimidaciones a los comerciantes que no utilizan o disponen de textos en catalán. Señalamiento de empresas que no financien a organismos independentistas. Placas conmemorativas del referéndum ilegal. Ataques a la Guardia Civil en ejercicio de sus funciones como “fuerzas de ocupación”. Pintadas a políticos y personajes que osan criticar el discurso oficial. Nombramiento de altos cargos para puestos simulados, con el objetivo de financiar actividades destinadas a la independencia. Una institución como la Diputación de Barcelona, en cuyo gobierno participan partidos nacionales, tiene en nómina como presentadora de una televisión que nadie ve, y con un sueldo de 6.000 euros al mes, a la rumana esposa del expresidente fugado. Es solo un ejemplo. Como éste, hay cientos de personas que (no) trabajan y cobran para la independencia. Y, ahora, lo último, facciones aparentemente terroristas que, en connivencia con el gobierno autonómico, pretendían llevar a cabo acciones contundentes frente a las instituciones del Estado.

En fin, todo un entramado gubernamental dedicado única y exclusivamente a implementar la secesión del territorio, pagado por todos y favorecido por la espiral del silencio que genera la situación opresiva que vivimos aquellos que pensamos diferente, que vemos cómo la indiferencia --cuando no la complicidad-- del Estado envalentona todavía más a los generadores de odio.

Desde el 1-O, la balsámica calma aparente encubre, en realidad, una situación de intimidación brutal, institucionalizada, cada día más transgresora y que paulatinamente va a más. ¿Miedo a la reacción por la sentencia? ¿Sorpresa por la aparición de facciones independentistas radicales? La tendrán en Madrid porque, aquí, diga lo que diga el Tribunal Supremo, seguiremos en el gulag y ya estamos relativamente acostumbrados a ser el felpudo que financia las fiestas de aquellos que nos aborrecen.

Sirva el presente, cuando menos, para que no se olvide nuestra existencia y que, como respondiera Miguel de Unamuno al personaje estrella de su nivola, Augusto Pérez, cuando éste le dice que no sea tan español, “¡Y eso más, mentecato! ¡Pues sí, soy español, español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y oficio; español sobre todo y ante todo, y el españolismo es mi religión, y el cielo en que quiero creer es una España celestial y eterna y mi Dios un Dios español, el de Nuestro Señor Don Quijote, un Dios que piensa en español y en español dijo: ¡sea la luz!, y su verbo fue verbo español”.

Todos hemos perdido
Jordi García-Soler cronicaglobal 4 Octubre 2019

Tantos años temiendo un choque de trenes que considerábamos absolutamente inevitable, y ahora está claro que ya no lo habrá. A lo sumo, unos cuantos vagones de un tren desvencijado y descarrilado podrán ser arrollados por un potente tren de alta velocidad. Esto es lo que, si alguien no es capaz de evitarlo, acabará sucediendo en Cataluña con el tan traído y llevado “proceso de transición nacional”.

En Cataluña, y por extensión también en el conjunto de España, llevamos ya muchos, demasiados años, enfangados en un inmenso lodazal, en unas arenas movedizas situadas en unas hediondas aguas pantanosas que todo lo embarran y embrutecen, que contaminan todo el entorno. Permanentemente encerrados con su solo juguete, en un inacabable ejercicio solipsista basado en su inagotable capacidad de autoengaño, los dirigentes políticos y sociales del secesionismo catalán se han demostrado manifiestamente incapaces de salir del laberinto en que ellos mismos se metieron y en el que metieron también, por desgracia, a decenas, a centenares de miles, incluso a un par de millones de buenos, honrados y pacíficos ciudadanos.

Todo tiene su límite, no obstante. No habrá choque de trenes porque un Estado democrático de derecho tiene y tendrá siempre mucho más poder, muchísima más fuerza política, judicial, policial e incluso militar que cualquier grupo, por muy numeroso que sea, que pretenda subvertir la legalidad democrática. Ya lo sabían quienes iniciaron el maldito procés, con el cínico Artur Mas al frente y con todo tipo de apoyos políticos, sociales, empresariales, mediáticos y propagandísticos. Todo se complicó aún mucho más con la sorprendente sustitución de Mas por Carles Puigdemont, un simple fanático, y por el momento parecemos haber llegado ya al final del abismo con la sucesión del fugado Puigdemont por su vicario Quim Torra, que sin duda alguna es un auténtico ejemplar de friki. Lo sabían muy bien todos ellos. Sabían, y así lo han reconocido incluso públicamente, que “jugaban al póker” y que, por si todavía no bastara con ello, también sabían perfectamente que “iban de farol”. ¡Cuánta insensatez, cuánta inconsciencia, cuánta irresponsabilidad, cuánta temeridad, cuánto cinismo, cuánto fanatismo, cuánta locura!

Vivimos y viviremos un otoño desgraciadamente demasiado tenso y caliente. De forma muy especial en Cataluña, pero también en el resto de España, que encima se encuentra de nuevo en una nueva campaña electoral, con todo lo que ello conlleva de radicalización de posiciones por parte de todos. Tras la poco estridente conmemoración del segundo aniversario del infausto 1-O --infausto no solo por las injustificadas y desproporcionadas cargas policiales ordenadas por el Gobierno Rajoy, sino también por la convocatoria y celebración de un supuesto e ilegal referéndum de autodeterminación de Cataluña--, ahora estamos a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa abierta con casi todos los principales dirigentes políticos y sociales del separatismo.

Por si no bastara con ello, las recientes detenciones, por orden de la Audiencia Nacional y tras un dilatado trabajo de investigación policial hecho ya por orden judicial, de un reducido número de miembros radicales de los ya de por sí suficientemente radicales CDR, han enardecido todavía más a parte de los seguidores del movimiento secesionista, con el presidente Torra al frente. Unos seguidores que, tanto en el caso del Supremo como en el mucho más reciente de los CDR ahora en prisión, solo aceptarían la absolución completa de todos los acusados. Su frustración será explosiva. Pero no habrá choque de trenes, como no sea entre vagones del tren descarrilado.

Lo peor de lo que ha ocurrido y ocurre en Cataluña desde hace tantos años es que, por desgracia, va a seguir sucediendo. La fractura ciudadana es tan profunda, la escisión social es tan enorme, la división nacional es tan grave, que desgraciadamente ha acabado siendo un fenómeno de una magnitud tan extraordinaria que tardaremos muchos años en poder superarlo. Mucho me temo que tendrán que pasar varias generaciones para que tal vez nuestros nietos o biznietos puedan regresar al punto de salida de una convivencia libre y pacífica, ordenada bajo el paraguas protector del Estado democrático y social de derecho. Mientras tanto, a lo sumo a lo que podremos aspirar es a lograr algo tan simple y tan necesario como es coexistir.

Raimon, en una de sus más antiguas canciones, escrita, compuesta, cantada y editada por vez primera en 1966, titulada Quan jo vaig nàixer (“Cuando yo nací”), en alusión a su nacimiento en Xàtiva en 1940, recién terminada la incivil guerra civil española, acababa señalando algo que muchos compartimos aún: “A l’any 40, quan jo vaig nàixer, jo crec que tots, tots havíem perdut, a l’any 40” (“En el año 40, cuando yo nací, creo que todos, todos habíamos perdido, en el año 40”). Mucho me temo que algo similar nos ocurre ahora. Todos hemos perdido. Tal vez no hay ni habrá vencedores ni vencidos, aunque también puede haberlos, como ya ocurrió en 1939. Pero en Cataluña, y por extensión en el resto de España, como ya ocurrió entonces, todos ya hemos perdido.

Sale a la luz la lista de los periodistas captados por Pujol para imponer su régimen
El expresidente de la Generalidad contaba con una red de "agentes" en los medios de comunicación para la "nacionalización de Cataluña".
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 4 Octubre 2019

El Programa 2000 era el nombre del plan con el que Jordi Pujol se propuso convertir Cataluña en una "nació" a la medida de sus ensoñaciones, un país a su imagen y semejanza en el que el nacionalismo dominara y manipulara la sociedad catalana a su antojo. Para ello necesitaba el control de las administraciones, la escuela y los medios de comunicación, espacios en los que imponer lo que él y sus principales colaboradores llamaban "modelo cultural catalán". Como rezaba el prólogo del documento, no se trataba de recuperar la identidad, sino de "reinterpretarla, afirmarla y hacerla hegemónica en todos los campos de la actividad humana".

Para ello contaba con un núcleo de colaboradores políticos, un primer círculo de confianza formado por compañeros de partido y de gobierno y una segunda corona de periodistas, intelectuales, maestros y funcionarios cuya misión, entre otras, era la de "reforzar al identidad colectiva" y trazar el camino para separar Cataluña del resto de España.
De Pilar Rahola a Quim Monzó

El semanario catalán El Triangle, que ha tenido acceso a los documentos originales, publica el listado de 84 periodistas, profesores e intelectuales con los que contaba Pujol a partir de 1990 para ese programa. Entre ellos constan los nombres de actuales editorialistas de La Vanguardia como Pilar Rahola y Francesc Marc Álvaro, escritores como Quim Monzó, propagandistas como Joan B. Culla (profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona), el sociólogo Salvador Cardús, Joan Rigol, Vicenç Villatoro, Xavier Bru de Sala, Oriol Pi de Cabanyes, amigos personales de Pujol que también serían consejeros como Max Canher, Joaquim Triadú y Francesc Sanuy, el párroco Josep Maria Ballarín, el obispo auxiliar de Barcelona Joan Carreras, los periodistas Josep Faulí y Manuel Ibañez Escofet o el escritor balear Baltasar Porcel.

En el listado también están nombres que en principio no parecían vinculados al pujolismo como los de Josep Maria Castellet, Josep Termes, Jordi Wagensberg, Josep Maria Espinás, Enric Tintoré, Juan Pujol y Ramon Folch. El Triangle subraya ausencias como la del comunicador Mikel Calzada (Mikimoto) o el periodista Vicent Sanchís, que fue director del diario Avui y dirige en la actualidad TV3, connotados ambos por su fidelidad a la causa nacionalista.

 


Recortes de Prensa   Página Inicial