AGLI Recortes de Prensa   Sábado 5  Octubre  2019

Sánchez no podrá ocultar el parón de la economía
Editorial El Mundo 5 Octubre 2019

Negar la realidad de la situación económica con fines electorales, además de ser una irresponsabilidad, conlleva un grave riesgo que terminan pagando los ciudadanos y las empresas. Por desgracia, los españoles ya contamos con un vergonzoso antecedente. El anterior presidente socialista, Rodríguez Zapatero, y su ministro de Economía, Pedro Solbes, negaron en la campaña de 2007 que nuestro país estuviese expuesto a la crisis hipotecaria que se había iniciado en EEUU y no dudaron en hablar de "brotes verdes" y afirmar que España jugaba en "la Champions League de las economías". Zapatero llegó, incluso, a prometer el pleno empleo si lograba repetir como presidente.

Aquella estrategia dio al PSOE muy buenos réditos electorales, pero el coste fue que nuestro país tardó en reaccionar y tuvo que ser la Unión Europea la que obligase a España, bajo amenaza de intervención, a acometer las reformas estructurales necesarias para afrontar una crisis que se tradujo en miles de despidos y cierres empresariales. La situación actual no es la de hace más de 10 años, pero no parece razonable volver a repetir el error de entonces. Sin embargo, a pesar de que son cada vez más los indicadores que señalan la alarmante desaceleración de nuestra economía, Sánchez estaba dispuesto a que la campaña electoral se centrase en la reacción del independentismo a la sentencia del Supremo y en la exhumación de los restos de Franco, intentando captar votos centristas de Cs, apelando a la unidad de España, e izquierdistas de Podemos, aludiendo al fin de la Transición y la recuperación de la memoria histórica.

Pero las advertencias de organismos como el Banco de España o el FMI, los datos de Contabilidad Nacional publicados por el INE, cargados de índices negativos, y el compromiso de enviar a Bruselas el próximo día 15 el plan presupuestario del año 2020, que necesariamente tendrá que estar ajustado a las previsiones más prudentes, obligarán a Sánchez a tener que responder en campaña de la situación económica. Es cierto que las principales amenazas para la economía española siguen viniendo de fuera, especialmente de la guerra comercial iniciada por la Administración Trump, que afectará considerablemente a las exportaciones del sector agroindustrial a EEUU, y del Brexit, cuyas consecuencias son aún difíciles de prever, en función de si se llega o no a un acuerdo entre la UE y Gran Bretaña.

No obstante, existen también síntomas que requerirían de políticas de estímulo. Y en este sentido, la principal responsabilidad corresponde a Sánchez, que mantiene bloqueado el país por su incapacidad para llegar a un acuerdo de gobernabilidad y tendrá que presentar el cuadro macroeconómico a la UE estando en funciones, sin saber de qué color será el próximo Gobierno. Necesariamente, ni Sánchez ni Calviño podrán ocultar a nuestros socios comunitarios que las previsiones de crecimiento para este año no superarán el 2% (dos décimas menos de lo esperado) y que el mercado laboral, lejos de seguir "siendo dinámico", como afirmó ayer la ministra de Economía, se mantendrá en torno al 13% (el mayor de la UE, sólo por detrás de Grecia), ya que el ritmo de creación de empleo se ha ralentizado. Tampoco podrán ocultar que la deuda supone ya el 98,9% del PIB y que eso coloca a nuestro país en una situación de especial vulnerabilidad ante una nueva crisis. La realidad económica ha entrado inevitablemente en campaña.

El deterioro económico continúa
José María Rotellar okdiario 5 Octubre 2019

Una semana más, cada dato que se publica muestra que el deterioro económico continúa y, además, se agudiza. Si ya la semana pasada el Banco de España, en su informe trimestral, revisaba a la baja todas sus estimaciones para la economía española, y anticipaba, así, que el crecimiento del tercer trimestre de 2019 sería del 0,4% y que preveía un crecimiento global del 2% para el conjunto del año, esta semana han seguido apareciendo diferentes registros o estimaciones que van en la misma dirección.

Así, el INE, tras revisar su serie 1995-2018, donde ya introdujo distintos cambios a la baja en el dato trimestral e interanual del segundo trimestre, dejando el crecimiento interanual en el 2,1% y el intertrimestral en el 0,5%, al tiempo que rebajaba, también al 0,5% el del primero, esta semana ha bajado aún más el crecimiento de dicho segundo trimestre: lo deja en un 0,4% trimestral y en un 2% interanual.

Con esos datos, tanto del Banco de España como del INE, es difícil que la economía española pueda crecer, incluso, el 2% que menciona ahora como previsión para 2019 el antiguo banco emisor, porque es de esperar, a tenor de las incertidumbres existentes, tanto nacionales como internacionales, que el crecimiento de los siguientes trimestres sea todavía menor, con lo que alcanzar el 2% se antojará imposible de cumplirse con esas previsiones.

Eso está teniendo reflejo en el empleo, con los peores meses de junio, julio, agosto y septiembre en términos interanuales desde los años de la crisis en paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, con un deterioro importante de la evolución de la contratación indefinida.

Esas incertidumbres están provocando un cierto miedo que lleva a la prudencia a familias y empresas, que provoca un nulo crecimiento (0%) trimestral del consumo de los hogares y de la inversión, con una caída en la inversión de bienes de equipo, imprescindibles para la producción y clara imagen del empeoramiento de las expectativas.

Por otra parte, los índices manufactureros de Estados Unidos, de Alemania, de Italia y de España se encuentran por debajo de 50 puntos, nivel en el que marca la previsión de una posible recesión. Francia está a punto de quedar también por debajo de dicho nivel.

Y paralelamente, seguimos en España con la incertidumbre que provoca el hecho de que no haya una política económica clara, con el temor de los agentes económicos a que se aplique una política de un exceso de gasto que la economía no puede pagar y con la desconfianza derivada de una ausencia total de reformas con las que preparar la economía para capear mejor la desaceleración y estar en condiciones de volver a crecer con fuerza lo antes posible.

Si a eso le añadimos el escenario internacional, con el Brexit, la guerra comercial y la crisis de Oriente Medio y los vaivenes que produce en el precio del petróleo, el panorama no es nada halagüeño. Por eso, han de impulsarse reformas que permitan agilizar la estructura de nuestra economía. De lo contrario, si sólo vuelve a ponerse como solución incrementar gasto e impuestos, la caída de la economía se acrecentará.

Un presidente en disfunciones
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 5 Octubre 2019

Olvidamos que ser un presidente en funciones no significa nada, por depender de otro probable sustituto a quien le corresponda ejercer el cargo en propiedad. Así que Sánchez pare de tirarse faroles diciendo “Yo soy el presidente”, porque las urnas serán las que decidan quién lo es y no sus alharacas. Debería estimar a sus oponentes políticos, sin despreciar a los millones de personas que decidan votarles. Pero tratándose del okupa enrocado en la Moncloa, mitad impostor, mitad tahúr, cuyo lema de campaña es “mentir, mentir y volver a mentir”, pues sólo sirve para vender abanicos, tener que aguantarlo, como el iluminado del barrio madrileño de Tetuán que tanta gente lúcida ha dado a la capital, por el mero hecho de firmar una tesis fraudulenta, resulta insoportable.

Sus muy incultos adeptos aplauden y encubren el plagio que lanzó al gachó a la fama. Estando en disfunciones, que no es otra cosa que un sinónimo de trastornos, vitorean a este presidente de pacotilla, héroe de no sé qué para algunos y maniquí de poca enjundia, para otros. España está representada ante los organismos internacionales por un pelele que, en el feudo patrio, da rienda suelta a infinitas veleidades, empanadas con insensateces. “Mentir, mentir y volver a mentir”, su lema de campaña, triunfa entre los incautos y los subyuga. No hay nada como creer a tal irresponsable que sólo mira por su ego, para que tu vida decaiga y te estampes contra el futuro que propone. Un tramposo, siempre conduce al abismo. Vota al farsante y obtendrás gato por liebre.

Por si las trampas del mago Sánchez no fueran bastantes, se sacó de la chistera al palomo Errejón, que participó gustoso en el truco. El afán de este lindo alado, con tal de subirse al rosal del PSOE, tras haber renegado de sus viejos colegas comunistas, demuestra que al pichón le da lo mismo reptar que trepar, verbos que suele confundir, caprichosamente, cuando entra en éxtasis. Lo que parecía imposible, ahora es posible, piensa el ludópata en funciones. Le guiña un ojo al pájaro que sea y viene a comer a su mano. “Yo soy el presidente, el único, el auténtico, el dueño de la magia”, se dice a sí el ególatra. Y su esposa, que aún no ha encontrado peluquero que la peine, asiente y le vitorea. La Moncloa ha sido invadida por zombies. Ni Tezanos solucionará con el CIS tamaño descontrol mental.

Hay que reconocer que el doctor cum fraude no se corta un pelo a la hora de echar flores a su paralizada gestión. Es la loa constante salida de un cerebro hueco. Hoy detiene la financiación y mañana la reabre. Hoy dice una cosa y mañana hace otra. Al jamón ibérico lo confunde con jamón serrano. Como dice mi amigo José: “Ya que está en campaña, podría explicarnos a los españoles cuál es su programa de gobierno, si gana las elecciones… lo suyo es el clásico parloteo del charlatán de feria para vender su crecepelo”. En fin, lo dicho, que el holgazán anda en disfunciones.

El golpe, una Institución del Estado
Javier Somalo Libertad Digital 5 Octubre 2019

El Gobierno nunca ha creído que exista un golpe de Estado y, por ello, no tiene intención de pararlo. Pero adoptará las medidas necesarias para que lo parezca si eso le mantiene en La Moncloa.

El Gobierno ha lanzado esta semana al mercado electoral un nuevo producto reciclado: el incidente de ejecución de sentencia. La encargada de anunciarlo ha sido la ministra portavoz Isabel Celaá y los detalles técnicos han corrido a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en su calidad de responsable de asuntos ordinarios del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Es el mismo que ha dicho eso de "no queremos guerra con EEUU pero si la inician contestaremos". Se refería al affaire arancelario con la administración Trump pero se echa de menos tal ánimo contra Torra.

El incidente de ejecución de sentencia no es sino un cauce procesal que persigue hacer cumplir a una administración un fallo ya dictado. En este caso, se le plantea al Constitucional porque el Gobierno entiende que el Parlamento de Cataluña incumplió fallos de dicho tribunal al aprobar ¡en el mes de julio! una resolución sobre la reprobación de Felipe VI y otra que reafirmaba el derecho de autodeterminación. ¿La gran noticia es entonces que los golpistas incumplen fallos del Tribunal Constitucional?

Lo que pasa es que hay un golpe de Estado y ese mismo Estado mantiene inexplicablemente delegado su poder en los golpistas recordándoles, eso sí, que hay que cumplir la ley de vez en cuando y dejando que sea un Tribunal el que se lo haga saber. Se trata de una burla del todo inadmisible porque me temo que esa figura jurídica no está pensada precisamente para un proceso golpista. Es como regañar a Tejero por aparcar un tanque en un vado permanente del Congreso.

Según han explicado Celaá y el valiente Planas –se va a enterar el Trump ese– si se ha planteado ahora un incidente sobre resoluciones adoptadas en julio es porque "era el momento adecuado" ya que la cosa requería mucho estudio jurídico. Cuando consigan que el Constitucional les diga a Quim Torra y a Roger Torrent que no sean malos, tendrán que repetir la operación con otras resoluciones como la de echar a la Guardia Civil de Cataluña. ¿Y así hasta cuándo y, sobre todo, desde cuándo? Porque la Generalidad y el Parlamento de Cataluña llevan pisoteando las leyes desde hace años. De hecho, el incumplimiento es casi ya lo único que mantiene aglutinado al independentismo. ¿Hay mayor incumplimiento de cualquier legalidad que declarar la república catalana independiente aunque Soraya Sáenz de Santamaría le recomendara que no lo reconociese? ¿No es suficiente indicio de rebeldía el apoyo incondicional –si no patrocinio– a los planes terroristas de los CDR? ¿O eso todavía no ha sucedido en el mundo de los momentos procesales oportunos?

Pues donde hay un flagrante consentimiento el Gobierno quiere aparentar dureza y determinación apoyándose en el Tribunal Constitucional y escondiendo el Pacto de Pedralbes. Y lo más grave es que la única razón que explica todo este teatro es que hay elecciones en noviembre. Nada más.

Ya lo había dicho Celaá antes de empezar con los detalles: "El interés justifica la acción". Pero no el interés general sino el de un partido que se juega su permanencia escuálida en La Moncloa adonde llegó gracias, entre otros, a los golpistas.

Las explicaciones de Isabel Celaá a la prensa tras el Consejo de Ministros cada vez son más inculpatorias. Este viernes dijo que "la Generalidad es la única institución que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad".

¿Piensa entonces Celaá, o sea el Gobierno, que eso todavía no ha sucedido? ¿Le parece poca excepcionalidad un golpe de Estado? Continúa la ministra portavoz: "Se ha hablado de la Ley de Seguridad Nacional, del 155 y, en fin, puntos suspensivos…" ¿Qué es eso de "puntos suspensivos"? ¿Sigue el Gobierno escondiendo las medidas de protección de una democracia como algo inconfesable? Sonó a pueril amenaza, a impostura, en definitiva, a nada.

Pero aún faltaba por llegar la pose final: "La Ley de Seguridad Nacional –dijo la ministra con semblante pétreo– puede coordinar a todas las instituciones públicas. Está al alcance del Gobierno como el 155". Y, después de recitar de memoria el artículo, añadió: "Se aplicará si se abre la puerta de la excepcionalidad. No hacen falta informes específicos. Se ha cuestionado si se podía aplicar o no. Obviamente, por supuesto que se puede aplicar". Y si el CIS lo aconseja, se hará, que hay muchas formas de aplicarlo sin que sirva de mucho y sin hacer lo único que es menester: quitarle la maldita llave, que no es suya.

Lo que sucede en Cataluña –que es lo más grave que sucede en España– no es cosa de un incidente de ejecución de sentencia que deba resolver el Constitucional ni de falsas amenazas de firmeza. Queda claro que la estrategia es ganar tiempo hasta que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa del 1-O, la del golpe de Estado. Y aquí es donde llega la gran aberración. Según palabras de Celaá, si después de la sentencia, se descontrola la situación y se gira esa "llave de la excepcionalidad" entonces el Gobierno actuará con pulso firme… como bandera electoral. "Era el momento adecuado", "el interés justifica la acción", "no hacen falta informes" y, como diría Celaá, "puntos suspensivos".

Pero es que la sentencia del Supremo no detiene el golpe de Estado. Condenará a los que están procesados y si los golpistas libres –que también llevaron a Pedro Sánchez a La Moncloa– no queman Barcelona o si los CDR no ponen bombas pues ahí seguirán, de incidente en incidente, aunque sólo sea de ejecución. Y el golpe se hará Institución.

El Gobierno nunca ha creído que exista un golpe de Estado –hay innumerables citas en la hemeroteca que así lo corroboran– y, por ello, no tiene intención alguna de pararlo. Pero adoptará las medidas necesarias para que lo parezca si eso le mantiene en La Moncloa. El tiempo que queda hasta las urnas le podría permitir jugar sólo con anuncios y amenazas. Si, tras la sentencia, arde Cataluña, tendrá la obligación de sofocar el incendio por una cuestión de orden público y cualquier partido estará igualmente obligado a estar del lado del Gobierno. Pero tampoco eso será atajar el golpe si no se acompaña de una suspensión administrativa que se sólo se levante cuando se den las condiciones de normalidad institucional. Es decir, el 155 en su estricto sentido, el que fue devaluado cuando en la transición de la UCD al PSOE posterior al 23-F se cargaron entre todos la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) con la ayuda veraniega del Tribunal Constitucional.

El Gobierno dice estar preparado para algo que podría suceder… y se niega a actuar ante lo que está sucediendo hace años. Pero es que ahora está de moda "mirar al futuro" para ignorar el presente y, por supuesto, borrar el pasado.

Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.

La 'robusta' zapaterización de Pedro Sánchez
EDITORIAL Libertad Digital 5 Octubre 2019

Zapatero II debe sufrir un rotundo rechazo en las urnas.

Pedro Sánchez ya menciona la palabra "crisis". Lo ha hecho esta semana, después de más de un año haciendo oídos sordos a las previsiones de los analistas, y tras pasarse meses quitando importancia a todos los indicadores económicos que le avisaban de la desaceleración. Para el líder socialista, el crecimiento de nuestra economía era "robusto", adjetivo que repetían hasta la saciedad las ministras Calviño (Economía) y Montero (Hacienda).

Pero de la euforia ha pasado a la aprensión y el encubrimiento. Eufemismos como "enfriamiento" han sido hasta hace bien poco sus favoritos para referirse al estado de la economía nacional, que ya languidece con un muy preocupante principio de pulmonía. En pleno verano, Sánchez, que tan seguro quería mostrarse sobre la hercúlea salud de las finanzas del Estado, llegaba incluso a pretender aumentar la previsión del crecimiento del PIB para 2019 al 2,3%. "Y como mínimo", le apuntaba una festiva María Jesús Montero. La farsa era tal que ni el Banco de España, ni el Instituto Nacional de Estadística (INE), ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ni el Consejo General de Economistas ni la larga lista de expertos que examinan día a día las cuentas españolas se tragaron la machada del socialista.

También se le atragantó la patraña a Nadia Calviño. El mes pasado, la que se erigía como el ministro más preparado del Gobierno daba un brusco giro de timón advirtiendo de que nos esperaba un otoño "muy incierto y complicado". Lejos de entonar el mea culpa, la gallega tuvo el cuajo de echar balones fuera culpando al Brexit y a la inestabilidad comercial de los males que se nos vienen encima. Idéntica estrategia ha seguido un Sánchez que ha declarado: "Yo diría que hay riesgo de crisis económica en el mundo, en Europa y, en consecuencia, en España". Pobre Sánchez, víctima de circunstancias sobre las que no tiene el menor control.

Este modus operandi no es privativo del inconcebible doctor en Economía que pretende seguir al frente del Gobierno. Ante los tambores de crisis que resuenan por todas partes, Sánchez está dando los mismos pasos que su gran referente, José Luis Rodríguez Zapatero; su actitud está signada por la ocultación, la negación, el disimulo y, cuando no queda más remedio, la confesión victimista. Zapatero no pronunció la palabra "crisis" hasta julio de 2008; y lo hizo a regañadientes, en el curso de una entrevista: "En esta crisis, como ustedes quieren que diga, hay gente que no va a pasar ninguna dificultad", aseguraba el socialista en plena sangría del paro, con la deuda pública en máximos y el gasto público desbocado. ¿Se acuerdan de cuando Solbes tachó de "catastrofista" a Pizarro en aquel célebre debate televisivo? Hace menos de un mes, Calviño asestaba el mismo calificativo a todos los que ponían en duda sus cuentas, y hasta este viernes lo ha vuelto a repetir.

La desconfianza ha empezado a cundir, sin duda reforzada por el irresponsable e incompetente Gabinete Sánchez. Ahí están la paralización del crecimiento, de la inversión y del número de afiliados a la Seguridad Social. Buena parte de la ciudadanía se ha dado cuenta de que Pedro Sánchez es tan indigno de confianza como Zapatero y está intentado poner a salvo sus finanzas, lo que explica que el consumo privado se haya frenado y el ahorro privado se haya disparado hasta alcanzar su mayor nivel en 10 años.

Los españoles, en efecto, han empezado a prevenir. Pero la cura pasa indefectiblemente por un rotundo rechazo de Zapatero II en las urnas el próximo 10 de noviembre.

La dudosa motivación de la sentencia sobre Franco
Víctor González, vicepresidente primero de Vox okdiario 5 Octubre 2019

En VOX creemos en la necesaria separación de poderes y muy especialmente en la necesidad de una justicia realmente independiente. Comentando con mis compañeros expertos en estas materias coincidíamos en que pocas veces se había atrevido el Tribunal Supremo a modificar de esta manera lo resuelto por la Administración, en este caso el Consejo de Ministros, así como acaso a condicionar lo decidido o que puedan decidir Juzgados inferiores que ejercitan sus competencias. Aunque todos recordamos también el día en que el TS consideró que Puigdemont tenía derecho a presentarse a las elecciones europeas pese a ser un prófugo de la Justicia.

He aquí negro sobre blanco, para que juzgue el lector, la sorpresa ante esta sentencia:

Lo que ya cabía esperar cuando se anunció el fallo:
– Es inconcebible que la constitucionalidad del Real Decreto-Ley 10/2018, que es exclusivo para la exhumación de Franco –como afirma su exposición de motivos- no haya suscitado duda alguna en todos o alguno de los magistrados ante la alegación de que se trata de una ley singular; ante la alegación de la falta de extraordinaria urgencia y necesidad habida cuenta que se trata de la exhumación de quien fue inhumado hace casi 45 años; ante la alegación de que viola el derecho a la intimidad personal y familiar de los nietos de Franco en cuanto este derecho se refiera a la sepultura de los restos mortales de los deudos, lo que resulta ser así con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional, que la propia sentencia cita; ante la alegación de que viola el derecho a la libertad religiosa de los nietos de Franco cuando el artículo 2.1 b) de la ley orgánica de libertad religiosa, que la sentencia cita, dispone el derecho de toda persona a “recibir sepultura digna”.

– Se ignora todo derecho de los nietos de Franco a decidir el lugar de la nueva inhumación toda vez que se les niega “una facultad incondicionada de elección del lugar de enterramiento de sus deudos”. Las condiciones para excluir la nueva inhumación en la catedral de Madrid son exclusivamente políticas, por más que se presenten, con pobres argumentos apoyados en más pobres pruebas, como de seguridad. Luego esa facultad de elección del lugar de enterramiento de los deudos existe, pero debe acomodarse al designio ideológico del gobierno de turno. Con esta doctrina, esa facultad nada vale y a todo español (o extranjero) se le podrá imponer por criterios de oportunidad política dónde deben ser inhumados los cadáveres de sus parientes de ser inhumados en territorio español.

Aún es peor la motivación de la sentencia, una vez conocida, en particular, aunque no solamente, sobre las siguientes cuestiones:
– Que la inviolabilidad del lugar de culto que es la iglesia del Valle de los Caídos no resulta afectada por el Real Decreto-Ley 10/2018 y el acuerdo de exhumación de Franco porque nada afrenta, coarta o impide el pleno ejercicio de la libertad religiosa de la Abadía, siendo la iglesia del Valle de los Caídos su iglesia abacial; la inviolabilidad de los lugares de culto, establecida por el artículo 1.5 del Acuerdo España-Santa Sede sobre asuntos jurídicos, de 3 de enero de 1979, no puede entenderse sino como protectora de la libertad religiosa de la Iglesia en territorio español.

– Que no es necesaria licencia urbanística, cuando lo cierto es que la disposición adicional sexta bis de la “ley de la memoria histórica” –introducida precisamente por el Real Decreto-Ley 10/2018, promulgado para la exhumación de Franco- establece que el Consejo de Ministros ordenará que se remita al ayuntamiento competente el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación, para que dicho ayuntamiento emita el informe (se pidió y lo emitió el de San Lorenzo de El Escorial, como la sentencia reconoce) que vale licencia, con arreglo a la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, a la que la propia disposición adicional sexta bis de la Ley de la Memoria Histórica se remite. Luego, el TS enmienda la plana al legislador, con exceso manifiesto.

Que en contra de lo que motiva el acuerdo del Consejo de Ministros de exhumación y traslado de 15 de febrero de 2019, cuya impugnación resuelve la sentencia (junto con el de 15 de marzo de 2019 sobre nueva inhumación en El Pardo), según el cual, “la naturaleza de lugar de culto de la Basílica …. y el hecho de que no haya podido obtenerse durante la instrucción del expediente el consentimiento eclesiástico [solicitada y denegada] – no impiden acordar la exhumación, sino que simplemente conducen a posponer a la fase de ejecución del acuerdo la habilitación correspondiente para la entrada en el referido lugar de culto”, la sentencia afirma que “en la medida en que su respuesta [la del Prior] a la solicitud de autorización … ampara su negativa en la oposición de los familiares, una vez establecido que estos ni tienen capacidad de disposición absoluta o ilimitada sobre un bien de titularidad pública, ni sus derechos a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa les confieren la facultad de impedir la exhumación legalmente acordada, debe entenderse que decae tras esta sentencia”.

Luego el TS altera el acuerdo impugnado, lo que no puede hacer. Sólo puede declararlo válido o inválido, no modificarlo. La consecuencia de este gravísimo vicio es que la exhumación y traslado puedan llevarse a cabo sin la “habilitación correspondiente” para la entrada en la Basílica que el propio Gobierno había previsto que recayese en la fase de ejecución del acuerdo exhumación y traslado.

Por las razones expuestas, no puedo compartir la motivación de la sentencia, cuyo fallo, sin embargo, se acata.

Enfriamiento y desaceleración
Juan Manuel de Prada ABC 5 Octubre 2019

A las cifras lastimosas de paro y afiliación a la Seguridad Social el telediario las calificaba eufemísticamente de «enfriamiento en la creación de empleo». Y el doctor Sánchez, en una entrevista reciente, se negaba a reconocer que nos hallamos en los albores de una nueva crisis (o en la recidiva de la antigua) y afirmaba que se trata de una «desaceleración propia de la maduración del ciclo económico»; para enseguida presumir grotescamente de los «fundamentos sólidos» de nuestra economía (que consisten, como todo el mundo sabe, en la aniquilación de los sectores primario y secundario y en la hipertrofia del terciario). En definitiva, el doctor Sánchez y sus turiferarios mediáticos han decidido acogerse al método propugnado por el doctor Emile Coué, pionero de la psicoterapia, que Julio Camba explicaba de forma desternillante:

Todas las mañanas al despertar, en vez de tomarse el pulso o de mirarse la lengua en un espejo haciendo entre dientes comentarios pesimistas sobre su estado de salud, el enfermo debe prorrumpir en grandes manifestaciones de optimismo. Nada de decir: «No puedo tenerme en pie», «Estoy hecho una carraca», «En casa vieja todo son goteras» u otras cosas de igual jaez; sino, por el contrario: «¡Qué cara más buena tengo!», «Da gusto verme», «Parece que estoy vendiendo salud», etcétera. Y a la larga, mediante un proceso de autosugestión, el fingido optimista se convierte en un optimista real que, actuando sobre la moral del enfermo, lo libra al infeliz de todos sus achaques.

Este método Coué ya lo aplicó con gran éxito Zapatero en aquella campaña electoral en la que sólo Manuel Pizarro osó llevarle la contraria, a costa de ser señalado como agorero. Por temor a ser señalados callan ahora todos los cagapoquitos que disputan al doctor Sánchez la poltrona de La Moncloa; y tal vez también porque dan por perdidas las elecciones y prefieren que sea el doctor Sánchez quien soporte el chaparrón de la crisis, y así heredar en unos pocos años su poltrona sin demasiado esfuerzo. Pero estos cagapoquitos se equivocan; pues, como nos enseña Leonardo Castellani, «la decadencia de la sociedad pasa por tres grados: 1) La Jauja de los mediocres; 2) La consagración del mediocre astuto; y 3) La tiranía del mediocre engreído». Ahora andamos en plena consagración del mediocre astuto, que se consumará a fuerza de repetir elecciones; y una vez consagrado podrá instaurar más fácilmente su tiranía, pues como bien se sabe el poder desgasta sobre todo a quienes no lo tienen.

En la Jauja de los mediocres, el trabajo -cada vez peor remunerado y más precario- acaba convirtiéndose en una actividad odiosa. Y, ante esta imparable depauperación del trabajo, las masas alienadas reclamarán dos cosas: por un parte, un suministro ininterrumpido de entretenimientos embrutecedores; y, por otra, unos ingresos mínimos que les permitan sobrellevar una vida sin horizonte laboral. Los tiranos del futuro fundarán su tiranía sobre el reparto de derechos de bragueta y de una «renta básica universal» que se distribuirá entre el ejército creciente de los desempleados. Los tiranos del futuro primero fabricarán pobres a porrillo, echando las culpas al «enfriamiento en la creación de empleo»; y una vez fabricados, los mantendrán en un estado de pobreza controlada o sostenible, mediante este subsidio o limosnilla, que se recaudará a costa de saquear los sueldos y birlar los ahorros de quienes antes no eran pobres (pero que, tras el despojo, quedarán reducidos a igual estado). Así la Jauja de los mediocres no dejará de crecer, mientras se suceden las «desaceleraciones propias de la maduración del ciclo económico».

Políticos, al margen de la sociedad
 larazon 5 Octubre 2019

Una legislatura frustrada como la actual ni siquiera va a procurar a los ciudadanos españoles el magro consuelo de unos menores gastos parlamentarios. Todo lo contrario. A costa del dinero público, decenas de «asesores» del Congreso, que se han quedado sin función, pasarán ahora a trabajar para sus respectivos partidos políticos en la campaña electoral. Con un agravante: que hasta un total de 86 contrataciones de personal asesor de las Cortes, naturalmente de libérrima designación, se han hecho efectivas cuando ya estaba claro que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no iba a poder superar la investidura. Es más, 13 asesores del grupo parlamentario socialista fueron incorporados el viernes previo a que Sánchez comunicara a Su Majestad el Rey que no contaba con los apoyos suficientes para someterse a la confianza de la Cámara.

Por supuesto, todos ellos cobrarán los salarios estipulados hasta que se constituyan las nuevas Cortes, en diciembre, aunque no tengan función alguna que ejercer. En números exactos, los españoles van a pagar con sus impuestos a 267 asesores, contratados por los grupos parlamentarios sin que tengan que acreditar formación, titulación o conocimientos específicos para el puesto.

Que 18 de ellos estuvieran destinados a los presidentes de unas Comisiones que no ha tenido oportunidad de reunirse, demuestra la falta de consideración de la clase política hacia sus electores. Luego, vendrán las quejas de esos mismos políticos ante su baja estima social, que reflejan todas las encuestas. Pero ellos mismos se labran a pulso su mala fama, aunque sólo sea porque denota una preocupante falta de correspondencia con la realidad que viven los ciudadanos comúnes, una falta de empatía que obliga a reflexionar.

Porque, como denunciábamos en estas mismas páginas cuando supimos los primeros datos de las contrataciones, nada de lo sucedido en el fracaso de la legislatura ha sido óbice para que los partidos políticos con representación en las Cámaras, se hayan apresurado a nombrar asesores, asistentes técnicos y asistentes, que, en principio, debían trabajar en apoyo de los distintos grupos parlamentarios, de las Mesas y de los diputados del común. Y, como hoy publica LA RAZÓN, siguiendo la tónica habitual de no ahorrar ni un solo euro de la partida presupuestaria, sus señorías no sólo se aprestaron a cubrir la mayoría de las plazas disponibles cuando sólo faltaban dos días para el cierre vacacional del Congreso y del Senado, sino que siguieron haciéndolo cuando ya estaba claro que habría que afrontar una repetición electoral.

Ya habían hecho el mismo desprecio a las cuentas públicas al nombrar antes del verano a los presidentes, vicepresidentes, secretarios y portavoces de unas comisiones parlamentarias que han resultado inéditas, pero, eso sí, con los pluses salariales correspondientes. Por lo menos, en estos casos, el ciudadano sabe cuánto le cuesta a su bolsillo cada representante de la soberanía nacional que accede a uno de esos puestos institucionales, aunque, al final, no lleguen a ejercerlos, pero con los asesores no sucede lo mismo. Sus emolumentos son secretos, ya que están equiparados jurídicamente a los funcionarios del Estado en lo que se refiere a la protección de datos y a su intimidad.

Por supuesto, ningún partido escapa a este fomento laboral, aunque destaca por su dedicación a la causa la formación que preside Pablo Iglesias, que con menos diputados que PP y Ciudadanos ha nombrado más asesores que estos últimos, diez de los cuales se contrataron después del verano. Ya que sería caer en angelismos pedir contención a nuestros representantes políticos, por lo menos se debería exigir que las contrataciones, con expresión de los salarios, se hicieran públicas.

Visiones de nuestra historia
José Calvo Poyato ABC 5 Octubre 2019

La historia de España tiene sus luces y sus sombras, como la de todos los países, pero nosotros solemos recrearnos más en los episodios oscuros que en los luminosos. Tenemos una tendencia, muy nuestra y que tiene nulo o escaso recorrido en los países de nuestro entorno, de dar mayor crédito a lo foráneo que a lo autóctono. Esa idea, muy extendida, de que lo que nos viene de fuera tiene más fundamento que lo surgido entre nosotros es una de las causas, no la única, de la existencia de los hispanistas a los que, con fundamento o sin él, se les ha tenido en muy alta consideración. Hispanistas que, según el diccionario de la Real Academia Española, son los especialistas en la lengua y la cultura hispánicas. Añadamos que su primera aparición en dicho diccionario data de 1914. Curiosamente es el mismo año en que don Julián Juderías publicaba La Leyenda Negra y la verdad histórica.

Han sido ellos quienes en algunas ocasiones han abierto la senda del conocimiento a determinados aspectos de nuestra historia y quienes han marcado su interpretación. En buena medida, una parte importante de nuestra historiografía, demasiadas veces, ha ido detrás de lo que han sostenido. Han contado con el impagable apoyo de los medios de comunicación que, en muchas ocasiones, han convertido en una especie de dogma los planteamientos sostenidos por autores extranjeros y que en la pluma de un historiador nativo habría pasado desapercibido. También los medios han hecho buena esa preocupación, muy hispana y sin parangón en Europa, por lo que se dice de nosotros más allá de nuestras fronteras. En ocasiones se ha prestado gran atención a obras que no merecían la pena sostenerse ni por su contenido ni por las tesis que se defendían, pero estaba firmada por un foráneo y eso le daba una categoría superior.

Esa situación, mantenida en el tiempo, ha hecho que con demasiada frecuencia parte de la historiografía española haya asumido planteamientos referidos, por ejemplo, a la españolidad de la Inquisición y la intolerancia religiosa como un hecho singular de nuestra historia, estando los orígenes de la Inquisición en la cruzada desatada en Francia contra los cátaros en tierras del Languedoc, a los que, por cierto, defendería, como súbditos suyos el rey de Aragón Pedro II, que perdería la vida en ese empeño, en la batalla de Muret (1213). Otro tanto ha ocurrido con el nombre de «Invencible» -denominación, no exenta de sorna, dada por los ingleses- para referirnos a la Gran Armada con la que Felipe II buscó invadir la Inglaterra de Isabel I donde los católicos eran perseguidos con saña, pero, como hemos señalado, la intolerancia y la persecución religiosa es cosa hispana. Por el contrario, poco se ha reseñado, por parte de nuestra historiografía -no lo ha hecho la británica-, el gran fiasco que significó, al año siguiente la llamada Contra Armada que, en 1589 con Drake como protagonista, eludió atacar Santander, fracasó en su intento sobre La Coruña y no logró en Lisboa su propósito de sublevar a los portugueses, que no aceptaban ver a su país integrado en la monarquía hispánica que gobernaba Felipe II. El balance de aquella expedición fue particularmente negro… para Inglaterra.

Los británicos han sido siempre muy cuidadosos a la hora de ocultar aquellos episodios de su historia en los que salían malparados, como en el caso de la humillante derrota que Blas de Lezo infligió a la escuadra del almirante Vernon ante los muros de Cartagena de Indias, a la que dieron por conquistada antes de sufrir aquel severo varapalo. Les llevó incluso a que en el Londres de Jorge II se celebrase la conquista de la ciudad, que era la piedra angular del sistema defensivo español en las Indias. Igualmente ha ocurrido con el tratamiento histórico dado al imperio español que, teniendo una prolongada existencia -cercana a los tres siglos en su parte continental-, ha centrado el foco en la fase de la conquista con la destrucción y violencia que todo proceso de esas características lleva consigo. Se ha presentado a unos conquistadores inhumanos, avaros, intransigentes y exterminadores. Poco interés se ha mostrado por el contenido de las leyes de Indias, por la espléndida realidad que significaron los integrantes de la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria a la cabeza. Fue donde se alumbró el Derecho Natural y el de Gentes y se rechazaron algunos de los planteamientos admitidos hasta entonces (Vitoria fue el primero en negar el valor de las bulas de Alejandro VI). Fueron sus integrantes quienes establecieron los planteamientos sobre justificación de las guerras y los preceptos para considerarlas justas… Se ha mostrado mucho menos interés del debido en lo relativo al mestizaje, a la creación de ciudades o a la fundación de universidades… Un terreno en el que otros imperios no admiten comparación con lo hecho por los españoles. El foco ha estado puesto en la conquista y el genocidio que se le atribuye, que sí es una realidad en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha contado para enmascararlo con la ayuda de Hollywood, que también ha prestado notable atención a la piratería anglosajona -los piratas eran héroes cinematográficos a los que se aplaudía en las salas de cine españolas con un gran papanatismo- en su lucha contra los estúpidos virreyes y gobernadores españoles, presentados como bobalicones engreídos.

No pretendemos denostar el trabajo de unos investigadores abnegados que han sacado a la luz una parte considerable de nuestra historia y han realizado aportaciones valiosísimas para su mejor conocimiento. Principalmente el referido a los siglos del imperio. Ahí quedan los trabajos sobre el Conde-duque de Olivares o la revuelta catalana de 1640, de John Elliot; sobre el Valladolid del Siglo de Oro, de Bartolomé Bennessar; sobre impacto en los precios del oro y la plata americanos, de Earl Halmilton; la monumental obra de Pierre Chaunu sobre la Sevilla que miraba al Atlántico; los estudios sobre el Mediterráneo en tiempos de Felipe II de Fernand Braudel; sobre Felipe II, de Geoffrey Parker; los estudios sobre la economía andaluza de Pierre Ponsot… O sobre la Guerra Civil de 1936-1939 con las obras de Jackson, Thomas, Preston, Southworth, Brenan y muchos más.

Nuestros historiadores no han incursionado en la historia de los países vecinos, salvo contadas excepciones. Sin duda, ha influido la falta de medios materiales, pero también una decidida voluntad de no hacerlo. No han indagado en los genocidios de las tribus indígenas de los actuales EE.UU., ni en el racismo de los ingleses en la India o en el África colonial británica. Tampoco en las fronteras trazadas con tiralíneas que han dado lugar a terribles matanzas raciales hace pocas décadas o a convertir en un polvorín Oriente Medio, tras el pacto franco-británico Sykes-Picot (1916) para repartirse el imperio otomano, tras la I Guerra Mundial.

La historia de esos países tiene grandes sombras, como la de España, pero han procurado ocultarlas, como hizo Jorge II cuando conoció la realidad de lo ocurrido ante los muros de Cartagena de Indias y la dimensión del desastre británico, ordenando que no se hiciera referencia alguna a aquel acontecimiento, que a tantos festejos había dado lugar cuando se creyó que las cosas se habían desarrollado de forma muy diferente, llegándose a acuñar una medalla con Blas de Lezo humillado ante el vencedor Vernon, al que hacía entrega de su espada.

Parte de nuestra historiografía, deslumbrada en muchos momentos por el criterio no siempre ecuánime de algunos historiadores extranjeros, ha hecho que la difusión de nuestra historia, dentro y fuera de nuestras fronteras, en los últimos tiempos a través de documentales de divulgación producidos por las grandes cadenas de televisión, haya aparecido con determinados rasgos que no le hacen justicia y forme parte del imaginario colectivo de muchos compatriotas sobre nuestro pasado.
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José Calvo Poyato es historiador

España impugna todas las oposiciones europeas que discriminan el español
Caso a caso, el Gobierno estudia en qué ocasiones se produce una discriminación hacia el español y, cuando nota que se arrincona el castellano, pulsa los botones necesarios para evitarlo
Nacho Alarcón elconfidencial 5 Octubre 2019

El Gobierno español tiene una política de protección de la lengua nacional en las instituciones europeas que lleva a impugnar todas las convocatorias europeas de empleo que discriminan al español. Analiza caso a caso y, cuando nota que se arrincona el castellano, pulsa los botones necesarios para evitar la normalización. Tal y como aparece reflejado en los recursos presentados ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el último el 9 de agosto, el objetivo del Gobierno es que todas esas convocatorias queden anuladas.

Ya en marzo pasado, el TJUE le dio la razón al anular una convocatoria de selección de personal publicada en 2016 para el Parlamento Europeo en la que se solicitaba el conocimiento profundo de una lengua de las 24 oficiales en la UE, y un conocimiento suficiente de una segunda lengua, inglés, francés o alemán. España reclamó que, en este caso, la inclusión del alemán era selectivo y arrinconaba al español. La corte de Luxemburgo validó la tesis del Ejecutivo.

Caso a caso, España estudia en qué ocasiones se produce una discriminación hacia el español. No siempre se impugna, incluso cuando hay una lengua como el alemán o el italiano pero no está el español, porque, como señala el TJUE, hay ocasiones en las que están objetiva y razonablemente justificadas por necesidades concretas de las personas seleccionadas.

El 9 de agosto, España presentó un recurso contra una convocatoria con fecha límite el 9 de julio sobre derecho de competencia, financiero, de la Unión Económica y Monetaria, normas financieras aplicables al presupuesto de la UE, y protección de las monedas de euro contra la falsificación. Las lenguas en las que la Comisión pide un conocimiento satisfactorio, además de la lengua materna, son el alemán, el francés, el inglés o el italiano. "Si bien el conocimiento de otras lenguas puede constituir una ventaja, los servicios de la Comisión en cuestión emplean un número limitado de lenguas para el trabajo analítico, la comunicación interna y la redacción de decisiones, informes y otros documentos", reza la convocatoria. La reclamación española señala que "la elección del inglés, del francés, del alemán y del italiano constituye una elección arbitraria que da lugar a una discriminación por razón de lengua".

Un pulso histórico
El camino de este pulso ha sido largo. En 2005 la Comisión Europea trata de presentar un sistema trilingüe de "lenguas de procedimiento", limitadas al francés, el inglés y el alemán, sin una base jurídica real. El Gobierno español, junto con otros Ejecutivos, reacciona de forma agresiva y Bruselas da marcha atrás, añadiendo como lenguas de trabajo el español, el neerlandés, el polaco y el italiano. Pero incluso así, Bruselas mantiene las llamadas "lenguas de procedimiento" de forma informal como prioritarias en cuanto a recursos (como, por ejemplo, el número de traductores).

Es ahí cuando el Gobierno español decide poner en marcha un programa de defensa del español en las instituciones europeas, que es la base de que ahora el Ejecutivo impugne las convocatorias que discriminan al español.

Poco después llegó una reducción del 33% de traductores españoles en la Comisión Europea, dejando en 67 el número de castellanohablantes. La situación era extraña: por ejemplo, tras el recorte, quedaban 60 malteses, siete personas de diferencia para dos lenguas con dimensiones radicalmente distintas. El Partido Popular propuso entonces, en diciembre de 2005, una "Proposición no de Ley relativa a la defensa y el reconocimiento del Español en la Unión Europea", pero no tuvo más recorrido.

Pero la defensa no se limita a los procesos de selección. Si hay una reunión ministerial en la que hay traducción en italiano pero no en español, la representación permanente de España ante la UE es la encargada solicitar que se corrija la situación: según fuentes diplomáticas nunca hay problemas y la reunión se readapta para no esquinar al castellano.

El historial es largo. En 2010, mientras España ostentaba la presidencia rotatoria de la UE, se debate la posibilidad de que, con una sola petición ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), esta se vea reconocida en toda la UE, sin necesidad de realizarla en cada uno de los países de la Unión. Como la OEP se encontraba en Múnich, hay un intento de que estos procedimientos se realicen en unas de las tres lenguas de procedimiento. España e Italia se niegan.

Roma y Madrid defienden que la competitividad y la innovación no pueden basarse en la discriminación lingüística. Pero entonces, en 2009 (el año anterior), el 41,2% de las patentes fueron otorgadas a firmas alemanas, el 14,6% a franceses, y solo el 1,26% a españolas. España bloqueó y el resto de países siguieron adelante sin el Gobierno, que reclamó a la justicia europea. La sentencia fue dura contra el Ejecutivo: se había autoexcluido con una actitud inflexible y bloqueadora. El caso de la OEP es una de las pocas ocasiones en las que España ha perdido un pulso real con las instituciones europeas.

La representación permanente ante la UE continúa alerta, con el último ejemplo en la reclamación del 9 de agosto, pero con muchos otros momentos, menos a la vista, en los que la REPER está atenta a cualquier detalle, evitando que el español vaya perdiendo, palmo a palmo, espacio en los pasillos de Europa.

Lejos y cerca
Nota del Editor 5 Octubre 2019

Se "preocupan" del español en la UE y miran para otro lado en las regiones donde el español es lengua impropia y con as lengua regionales artificiales se chotean de los derechos humanos y constitucionales de los españoles. Y he escrito "preocupan" porque a saber que malignos intereses tienen cuando abandonaron para  que el español fuera una lengua importante en la UE.

Las 13 rosas, otro mito de la izquierda que gusta a la clase política
Juan E. Pflüger eltorotv.com 5 Octubre 2019

Las 13 rosas, nombre con el que se conoce a 13 jóvenes fusiladas el 5 de agosto de 1939 tras ser condenadas por un tribunal, son una clara muestra de la “corrección política” impuesta desde la izquierda. La misma placa que colocó el Ayuntamiento de Madrid en 1988 en el lugar en el que fueron fusiladas ya deja clara la fábula montada desde la izquierda radical que ha calado en la sociedad. En dicha placa se puede leer que “dieron su vida por la libertad y la democracia”, una mentira que demostraremos en esta entrada de blog. Pertenecían, en su mayor parte, a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) la rama juvenil del comunismo en España que aspiraba a implantar en nuestro país un régimen tan libre y demócrata como lo era el de Stalin en la URSS, país desde el que se financiaban y al que había escapado, tras la Guerra Civil, su máximo dirigente: Santiago Carrillo.

Las JSU, a las que pertenecían la mayoría de las 13 rosas, habían tenido una destacada participación en la represión republicana en Madrid durante la Guerra Civil. No en vano, esta organización política controlaba y dirigía directamente cinco checas donde se torturó y asesinó a cientos de personas. Está perfectamente documentado en los papeles del PCE que bajo control de su organización juvenil se encontraban las checas de Mendizabal 24, la de la calle Rimundo Lulio, la de Santa Isabel 46, la del Convento de las Pastoras de Chamartín y la de la calle Granda 4. Además, participaron en la acción represiva de varias otras cárceles de partidos políticos y tuvieron un papel destacado en las sacas cometidas para asesinar a miles de presos sin mediar juicio alguno. Quienes las presentan como garantes de la democracia suelen olvidar, entre otros, este detalle: a ellas se les juzgó, pero ellas participaron en una organización que asesinó sin juicio a miles de personas y que, en el momento de ser detenidas, se había convertido en un grupo terrorista dirigido por José Pena, Severino Rodríguez y Federico Bascuñana.

Las 13 rosas fueron condenadas a muerte, pero no estaba prevista su ejecución hasta que el 29 de julio de 1939 un comando de las JSU asesinó al comandante Isaac Gabaldón, a su hija Pilar de 16 años –hubiera cumplido 17 unos días después- y al chofer que conducía el vehículo, Luis Díaz Madrigal. La acción terrorista decidió a la autoridad judicial a la ejecución de las sentencias de muerte que se encontraban paralizadas. Entre las casi 70 sentencias se encontraban las de las 13 rosas.

Varias de ellas eran destacadas dirigentes y activistas del grupo terrorista en el que se habían convertido las JSU:

Ana López Gallego era la responsable de la rama femenina de las JSU. Recibía órdenes directamente de Manuel González Gutiérrez y había tenido una destacada participación en la organización del atentado frustrado que pretendían realizar durante el Desfile de la Victoria y que tenía como objetivo el asesinato de “la mayor cantidad de público asistente”, como declaró ante el juzgado la propia terrorista. Su cometido era el trasporte del explosivo, para ello se valía de jóvenes militantes de entre 15 y 17 años que por su edad, no levantaban sospechas.

Joaquina López Laffite fue la secretaria general del Comité Provincial de las JSU. Su casa se usaba para celebrar las reuniones de dicho comité y en ella se planificaron varios de los atentados que prepararon desde la organización juvenil comunista. Había organizado una red, en la que participaban varias de las 13 rosas, que preparaba a jóvenes comunistas para que intimaran con falangistas a los que sacaban información para señalar las víctimas de sus atentados.

Carmen Barrero Aguado era miembro del Comité Nacional de la organización y una de las personas de mayor responsabilidad en la toma de decisiones junto a Pena, Rodríguez y Bascuñana.

Pilar Bueno Ibañez era la mano derecha de López Laffite en el Comité Provincial y el enlace de ésta con Barrero.

Dionisia Manzanero Salas era la responsable de mantener el contacto entre las diversas ramas del grupo terrorista y rendir cuentas ante Bascuñana, dirigente encargado de los comandos terroristas que perpetraban los atentados.

Ante estos datos sorprende que políticos, partidos y personalidades de diversos ámbitos sigan brindando homenajes a quienes se convirtieron en terroristas tras resultar derrotados en una guerra.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La última farsa del ‘procés’ en Europa
Jorge Mestre okdiario 5 Octubre 2019

Si hay una palabra que el rico idioma español ha exportado al resto del mundo esa es “guerrilla”. Mientras que los estados han conducido su política exterior a través de la diplomacia, el resto de entes no estatales al no poder disponer de la herramienta de la diplomacia, tienen que recurrir a las técnicas de “guerrilla” para perseguir sus fines. Creo que es un error afirmar que las oficinas en el exterior abiertas por el gobierno independentista catalán a costa del dinero de todos los españoles son representaciones diplomáticas. El soberanismo catalán no practica la diplomacia, sino directamente la propaganda y se vale para ello de esas sedes internacionales que actúan como altavoces propagandísticos.

La última fechoría cometida desde el independentismo se ha producido esta misma semana en Estrasburgo en el Consejo de Europa, la organización que supuestamente vela por la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos, pero que conserva actualmente muy poco de esa gloriosa labor de su pasado. Actualmente, más bien, es la representación viva del sistema democrático asestándose un “harakiri” diariamente. Que los etarras protestan por su penas de cárcel, el brazo judicial del Consejo de Europa emite la indigna Doctrina Parot que pone en la calle a decenas de delincuentes que vuelven a delinquir y a ser un peligro para la seguridad de todos. Que hace dos años se intentó llevar a cabo el referéndum ilegal en Cataluña, siempre aparece un británico, un sueco o un holandés para poner el foco sólo en las cargas policiales. Que el Tribunal Supremo juzga a los autores del desvarío independentista de hace dos años, aparece un político letón, Boris Cilevics, e impulsa una iniciativa política para estudiar si el juicio en el Supremo supone una violación de los derechos fundamentales.

Cilevics, perteneciente al Partido Socialista de Letonia y que se sienta con los socialistas españoles en el mismo grupo político, cuenta con el apoyo de otros tantos políticos europeos para solicitar el envío de una misión de investigación a España. Mayor majadería no podría cometerse. ¿Dónde está el PSOE español que no ha sido capaz de frenar a semejante colega de filas? Los dirigentes socialistas dirán que este proceso no tiene recorrido, que no sirve para nada o lo que se quiera, pero llenará ríos de tinta en los medios de comunicación europeos. Sino, al tiempo. Cilevics, procede de Letonia, un país que tiene sometido al 10% de su población privada de cualquier derecho político por el simple hecho de ser de descendientes rusos. Toda una demostración de que el “apartheid”, en multitud de formas, permanece vigente incluso en los países de la UE, mientras se mira hacia otro lado.

No se puede consentir que una organización que supuestamente debe observar el estricto cumplimiento de la democracia acepte conductas tan demagogas como la de Cilevics. Añadiré otra poderosa razón. Resulta infame para la credibilidad de una organización que no respete la separación de poderes y un representante del poder legislativo pretenda interferir en el trabajo del poder judicial.

La semana que viene es clave para que el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, consume su aspiración a convertirse en el próximo Alto Representante de la Política Exterior de la UE. Ya existe una campaña en las redes sociales contra su nombramiento. Es bueno para España tener a un español al frente de la Política Exterior europea, sobre todo, porque ayudaría a combatir muchas de las falsedades que el independentismo y sus satélites distribuyen por toda Europa. Pero no es suficiente. España tiene que recurrir también a otras técnicas para frenar el mensaje separatista fuera de nuestras fronteras.

Palo judicial a los "indepes" que amenazaban con "matar" a aficionados de España
ESdiario 5 Octubre 2019

Un juzgado de la Ciudad Condal condena a cinco bárbaros separatistas por atacar a aficionados de España. Es el primer ataque violento, de los muchos habidos, que tiene respuesta firme.

Que la Selección Española de fútbol juegue en Barcelona es muy complejo. Que se pueda ver en una televisión gigante en la vía pública, una quimera: Ada Colau nunca da permiso. Pero que se pueda simplemente animar al combinado nacional también ha sido en los últimos tiempos una actividad de riesgo: que se lo digan a los agredidos por montar una carpa para disfrutar de España en un partido del Mundial de 2016.

Por primera vez, esos actos violentos de sectores independentistas, tienen castigo. Y es que el Juzgado Penal 16 de Barcelona ha impuesto penas de entre un año y un año y medio de cárcel a cinco radicales que atacaron a tres personas en una carpa de la entidad Barcelona con la Selección en junio de 2016 en la confluencia del paseo Fabra i Puig con la avenida Meridiana.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada considera probado que los cinco hombres pertenecen al grupo 'Desperdicis', que está calificado policialmente como radical y violento y fue fundado en 2007 por "personas relacionadas con el movimiento red skin del barrio de Sant Andreu de Barcelona" y aficionadas al fútbol.

¿Es violento el procés? Los datos y episodios que desmontan el mito pacifista
"Este grupo se integra en la grada de animación del club de fútbol Unión Deportiva Sant Andreu, definiéndose como 'grada antifascista' donde están representadas ideologías como: el independentismo revolucionario, el socialismo, el comunismo y el anarquismo", añade la magistrada.

"Os vamos a matar"
Cuatro de los condenados se dirigieron el 4 de junio de 2016 hacia la carpa "guiados con el ánimo de animadversión ideológica a todo lo que representa España y lo español, y con la voluntad de hostigar y humillar a los voluntarios", según considera probado el tribunal.

Irrumpieron gritando "putas españolas, fuera de aquí, os vamos a matar, putos españoles de mierda, perras españolas, iros a vuestro país, hijos de puta" y destrozaron la carpa propinando patadas a las sillas, mesas y el material que tenían, además de agredir a las tres personas de la entidad partidaria de la selección española, a las que causaron heridas que se curaron en siete días, además de sustraer un bolso de una de las víctimas.

Fuertes penas
La magistrada, que absuelve de pertenencia a grupo criminal, condena a los primeros cuatro hombres por tres delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas, tres delitos leves de lesiones, un delito leve de daños y un delito leve de hurto.

En los tres últimos ilícitos, la juez aprecia un atenuante por la reparación del daño, de manera que la pena total para estos cuatro es de 18 meses de cárcel y multas que suman 1.980 euros.

Al quinto acusado lo condena también por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas, y amenazas graves con atenuante de reparación del daño, de manera que su pena queda en un año de cárcel y multa de 1.080 euros.

También impone a los condenados una indemnización solidaria de 6.000 euros por daños morales a las tres víctimas, y a cuatro de los sentenciados les pide indemnizaciones que suman 747,89 euros por las lesiones, daños y el hurto.

El desafío catalán a la democracia
BENOÎT PELLISTRANDI El Mundo 5 Octubre 2019

Para cualquier observador exterior la evolución de Cataluña a lo largo del último decenio suscita perplejidad cuando no asombro. Lo último -el apoyo de parte del Parlament de Cataluña y de alcaldes independentistas a los recientes miembros de los CDR imputados por terrorismo- acentúa la impresión de que estamos frente a una rebelión antidemocrática y antiliberal. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo reaccionará la sociedad española a las actitudes que los partidos independentistas catalanes van a fomentar en cuanto sepamos la sentencia del juicio del procés?

Desde 2012, algunos partidos y responsables políticos, apoyados en una base popular importante pero no mayoritaria, iniciaron un camino cuyo objetivo era la independencia. Sus resultados han cristalizado en un desafío a la democracia española, una crisis de la convivencia en Cataluña y una degradación de la imagen de Cataluña en España y en el mundo. Todo eso ha creado un laberinto catalán que reaviva fracturas heredadas de la historia y dañinas para el presente.

Lo importante no es glosar todos los acontecimientos que se han encadenado para llevarnos a la situación actual, sino subrayar algunas realidades estructurales que explican, más allá del comportamiento de los responsables, la dinámica actual de la democracia española.

La primera es el papel que los partidos nacionalistas tienen en el juego político autonómico y nacional. Partiendo de una premisa favorable que les otorgaron al principio de la transición una cierta plusvalía moral (habían sido las victimas preferentes del franquismo, cosa que se podría discutir...), tanto el PNV como CiU hicieron del País Vasco y de Cataluña feudos inexpugnables. Habrá que esperar a 2003 para ver una alternancia en el gobierno de la Generalitat y a 2009 para verla en el País Vasco. Además, a partir de 1993, los diputados nacionales de CiU y del PNV se convirtieron en claves de la gobernabilidad de la nación... claves no comprometidas (lo vimos de manera escandalosamente caricaturesca en mayo y junio de 2018 cuando, en apenas dos semanas, el PNV pasó de votar los Presupuestos presentados por el Gobierno Rajoy a apoyar una moción de censura). Los partidos nacionalistas han jugado a dos bandas para consolidar su poder en sus feudos respectivos. Estoy convencido de que si en 2011, el PP hubiera necesitado el apoyo de los diputados de CiU para completar su mayoría, la historia reciente de Cataluña hubiera sido radicalmente distinta. Artur Mas decidió en 2012 iniciar la reagrupación de los nacionalismos catalanes no para Cataluña, menos aún para España sino para sus intereses partidistas. El gran disfuncionamiento de la democracia española es la palanca excesiva de poder de la que gozan los partidos nacionalistas asentados en sus territorios, pero no comprometidos con el conjunto de la nación. Como lo propuso en su tiempo Juan Carlos Rodríguez Ibarra, una ley electoral instalando un umbral del 3% o 5% a nivel nacional podría volver a dar oxígeno a la vida política española, sin perjudicar a la variedad de las opciones ideológicas.

Segunda realidad: un partido nacionalista está condenado a subir constantemente la apuesta. ¿Quién podría presentarse a las elecciones diciendo: "he cumplido, ya no tengo nada que hacer"? Para alimentar el sueño nacionalista, el camino obliga a ir de la autonomía a la reivindicación del derecho de autodeterminación. Peor aún, esta reivindicación que se topa con la Constitución democrática de España solo sirve para alimentar una dinámica de agravios. No es verdad que pueda servir para diseñar un proyecto de futuro. La imposibilidad jurídica de la reivindicación que atropella el principio de igualdad de los ciudadanos la descalifica. Solo sirve de trapo rojo que se agita con fines estrictamente emocionales.

Se suele decir que el movimiento independentista catalán es pacífico y no violento. De ahí el clamor de algunos contra el juicio a los responsables políticos del procés. Serían solamente políticos perseguidos por sus ideas y su único crimen hubiera sido intentar dar la voz al pueblo (es así como la propaganda de la Generalitat vende en el extranjero el asunto). Pero, ¿y la violencia contra los principios fundadores del orden democrático español, que son los mismos que los del orden democrático europeo?

Las descalificaciones de la democracia española, las acusaciones contra la calidad democrática del país -olvidando que la legitimidad de las instituciones política de Cataluña (Generalitat y Parlament) procede íntegramente del marco constitucional español-, la manipulación e instrumentalización de la historia para crear la fantasía de una Cataluña oprimida a lo largo de su historia y de su vinculación con las otras tierras españolas, el egoísmo económico que fundamenta parte del independentismo así como las expresiones detestables de una tentación supremacista, han calentado las mentes y fomentado en todo el país una tensión que erosiona la convivencia.

En realidad, parece que ha habido una rebelión de los catalanes para importar a los acontecimientos de 2012-2017 la expresión de John Elliott tratando del episodio de 1640-1652. El historiador José Enrique Ruiz-Domènec, en su libro Informe sobre Cataluña. Historia de una rebeldía 777-2017 (Taurus, 2019), nos dice: "Tarradellas, que tenía una larga cultura política, sabía que las quejas contra el Gobierno central habían precedido siempre a un acto de rebelión, en el siglo XIII, en el siglo XV, en el siglo XVII, en el siglo XX, y que era necesario superar de una vez por todas la inclinación característica del hecho diferencial: la historia de Cataluña no es sino eterna repetición".

Como ciudadano europeo, no dejo de lamentar el retroceso que han significado los acontecimientos de los últimos años en Cataluña y no dejo de sorprerme por la estrechez de miras y el encerramiento ideológico de los que han llevado a Cataluña al borde de la catástrofe. Pero quiero creer que la sociedad española, cuya madurez es más fuerte de lo que se puede ver si ceñimos nuestra mirada a la clase política, atesora los recursos intelectuales, políticos y morales para superar una crisis cuya resolución apela a lo mejor de las tradiciones liberales, abandonando la tentación de la exaltación, el fanatismo y el odio cainita. España ya lo ha hecho. Nada impide que no sea capaz de volver a hacerlo.

Benoît Pellistrandi es historiador y autor, entre otros, de El laberinto catalán. Arqueología de un conflicto superable (Arzalia, 2019).

La Junta Electoral pide a Torra que presente en castellano su recurso contra la retirada de lazos amarillos
OKDIARIO 5 Octubre 2019

La Junta Electoral Central (JEC) se ha dirigido este viernes a la Generalitat de Cataluña para exigirle que redacte en castellano el recurso del presidente, Quim Torra, contra la orden de retirar los lazos amarillos y otros "símbolos partidistas" de los edificios públicos.

Torra ha presentado este viernes ante la Junta un recurso contra el acuerdo en el que el organismo electoral le concedía un plazo de 48 horas para retirar de los edificios de la Generalitat todos los "símbolos partidistas", en virtud del artículo 50.2 de la Ley Electoral.

El plazo concluyó este viernes a las 15.00 horas y la Generalitat lo ha cumplido, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Cataluña en un informe transmitido a la Junta Electoral.

Además de cumplir la orden, Torra ha presentado un recurso, redactado en catalán por los servicios jurídicos de la Generalitat, en el que se opone a la decisión de la JEC.

La Junta ha contestado con un "correo electrónico" en el que insta a la Generalitat a volver a presentar el escrito, esta vez redactado en castellano, si quiere que sea tenido en cuenta. Si la Generalitat atiende este requerimiento y envía sus alegaciones en español el próximo lunes, la JEC las analizará en la primera reunión que celebre.

Fuentes de la Generalitat consultadas por Efe han confirmado dicha petición de la JEC, si bien han expresado su contrariedad por haberla recibido a través del correo de "una secretaria".
 


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