AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 9  Octubre  2019

La exaltación de Vistalegre
Amando de Miguel Libertad Digital 9 Octubre 2019

Prolifera una turba de políticos encumbrados que acaparan los grandes medios de comunicación porque son de su cuerda. Pero hay también otros políticos, mucho más modestos, que apenas salen en esos mismos medios, y además casi únicamente para ser denigrados o ridiculizados. Estos últimos se ven impelidos a esmerarse para hacerse ver por el pueblo aficionado a algo más que los deportes: son los voxeros.

No existe ningún partido político en España que logre rebasar el aforo de Vistalegre como lo acaba de hacer Vox con sus seguidores en la ya mítica plaza de toros de los Carabancheles madrileños. Casi se podría hablar ya de una tradición.

Es lástima que no se disponga de un dato cualitativo a través de la papeleta de votación. Sería algo así como la intensidad emotiva de cada voto. En tal caso Vox se situaría en cabeza del elenco de partidos, al multiplicar la cantidad de votos por su intensidad. Puede que sea una característica de los partidos nuevos o minoritarios. Es algo que se destacaría aún más si se presentaran partidos como Teruel Existe, el Partido Animalista o el Partido Islámico.

El rasgo distintivo de Vox es el de situarse, no a la diestra o la siniestra del espectro ideológico, sino en frente de todos los demás partidos. Por ejemplo, aunque pueda parecer increíble, es general en todos los partidos establecidos la timidez con que sus huestes enarbolan la bandera de España. En Vox, al contrario, tal gesto se convierte en motivo de distinción. Si pueden, la hacen ondear en el balcón de su casa. Para Shanti Abascal, en su discurso de Vistalegre, el resto de los partidos constituye "el consenso progre".

Los voxeros, sin quererlo muchas veces, se encuentran enfrentados a la main stream de las opiniones que se estilan, y, por tanto, necesitan navegar contra corriente. Digamos que, dado que se lleva lo políticamente correcto (empezando por esa misma expresión importada), los voxeros se sienten desinhibidos cuando manifiestan sus preferencias. Hay veces en que parecen desahogos o provocaciones. Es natural, por tanto, que el ritual del mitin les siente mejor que a los seguidores de los otros partidos.

Hace un par de años sorprendió a muchos que Vox hiciera central en sus celebraciones los símbolos nacionales, la bandera y el himno. En esta campaña electoral, ya inaugurada de facto, la sorpresa ha sido que el PSOE haya copiado la plástica de Vox al resaltar la palabra "España" como totémica. Claro que las vergonzosas operaciones de plagio no son ajenas a los dirigentes socialistas, al menos por lo que respecta a su vida académica. Es más, los socialistas, muy lejos ya de la lucha de clases, han acordado el lema de "Ahora, España". No se entiende bien la coma, a no ser que esconda un misterioso verbo implícito. Algunos voxeros han replicado con un eslogan mucho más contundente: "España siempre". Podría decirse también con su miaja de ironía: "España ahora y siempre, por los siglos de los siglos".

Cierto es que Vox se alía con los otros partidos que no son de izquierdas para formar un bloque gobernante allí donde suman los votos. Pero ya hemos visto que el tal bloque no existe realmente. La prueba es que, en cuanto pueden, los líderes del PP o de Ciudadanos se comportan en el poder como si no existiera su aliado voxero. Así pues, el famoso tríptico de la madrileña Plaza de Colón no es tal a la hora de gobernar. No volverán a reunirse los tres en esa plaza ni en ninguna otra. A los jefes del PP o de Ciudadanos no les sale el automatismo de ponerse en posición de firmes cuando suena el himno nacional; como hace el Rey, sin ir más lejos.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

PP y C’s, cómplices del pancatalanismo en Baleares
OKDIARIO 9 Octubre 2019

Por mucho que la moción estuviera condenada al fracaso por la mayoría socialista, populista y pancatalanista que sustenta al gobierno balear de Francina Armengol (PSOE), la abstención de PP y Ciudadanos a la iniciativa de VOX para derogar todas las normas que en los últimos años han expulsado el español de las aulas en beneficio del catalán revela el supino complejo del centroderecha. En realidad, fue el mismísimo PP quien, bien por una nociva pusilanimidad, bien por jugar el papel de progre (tonto útil), alentó, cuando gobernaba, la estrategia de la izquierda populista y secesionista de Baleares.

En lugar de plantarse en su día y defender sin ambages al idioma español, el PP le bailó el agua a quienes pretendían utilizar el catalán como punta de lanza para su estrategia de convertir a Baleares en uno de los ejes de los "Países Catalanes", sueño húmedo del independentismo. Desde entonces, el PP ha mantenido en este asunto una actitud acomplejada y timorata. Jaume Matas, a la sazón presidente del Gobierno balear con el PP y condenado por corrupción, creó, con el denominado "Decreto de Mínimos", el caldo de cultivo para una deriva que no tiene visos de rectificarse, como demuestra el hecho de que los populares -también Cs- se hayan abstenido.

¿Cuándo entenderá el Partido Popular que los guiños a la izquierda en materia lingüística no han hecho otra cosa que favorecer la exclusión del castellano en las aulas baleares y permitido que la dictadura del catalán se haya extendido por la Administración regional? ¿Cuándo entenderá el PP que con su actitud se está convirtiendo en colaborador necesario de un proyecto identitario de carácter totalitario en el que el catalán es el mero instrumento para que el proceso soberanista avance en sus objetivos de llevar Cataluña más allá de sus límites territoriales?

¿Cómo se puede estar tan ciego para no darse cuenta de que su abstención y la de Ciudadanos ante un asunto nuclear va a ser rentabilizada por los enemigos de España y lo español en las Islas Baleares?

La propuesta de Vox ha sido tumbada por la izquierda radical y sus socios independentistas, pero PP y Ciudadanos se han lavado las manos. Otra vez han quedado retratados.

Sánchez dispara el gasto mientras exige austeridad al PP andaluz
EDITORIAL Libertad Digital 9 Octubre 2019

Estaba cantado que los irresponsables y electoralistas viernes sociales con los que Pedro Sánchez quería comprar el voto de cara a las elecciones de abril nos iban a pasar factura, tal y como ha venido a demostrar la inquietante noticia de que el gasto público ha crecido al mayor ritmo de la última década y de que, como consecuencia de ello, el déficit, lejos de reducirse, ha aumentado hasta junio un 18% interanual. Pero el todavía presidente en funciones está decidido a seguir en esa temeraria y demagógica senda de despilfarro con vistas a los comicios del 10 de noviembre. Así lo acreditan hechos tan recientes como su insensata e insostenible promesa de subir las pensiones en diciembre y su no menos caciquil y vergonzoso compromiso de reducir el número de peonadas para cobrar el PER.

Lo más bochornoso de todo es que mientras el presidente en funciones sigue tirando sin recato alguno de la chequera del contribuyente presente y futuro para comprarse la poltrona, su ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, tiene la insuperable desfachatez de pedir austeridad y ajustes en el gasto a la Junta de Andalucía para atajar un déficit que, para colmo, procede de cuando gobernaban allí los socialistas y la propia Montero y su efímero sucesor Antonio Ramírez de Arellano ejercieron de consejeros de Hacienda de Susana Díaz.

Precisamente para atajar esa larga herencia socialista de déficit y endeudamiento públicos, el Gobierno regional andaluz de PP y Cs pudo sacar adelante –gracias a Vox– el pasado junio unos Presupuestos que, por primera vez, metían la tijera en el gasto improductivo y suntuario, al tiempo que erradicaban el enorme entramado de chiringuitos que el PSOE había erigido en forma de redes clientelares. Y todo ello mientras no solo se mantenía sino que se incrementaba el gasto destinado a educación, sanidad o dependencia.

Que un partido como el socialista andaluz, que, sin entrar en la insuperable corrupción que ha protagonizado, no es menos insuperable ejemplo de gasto incontrolado y de desajustes de las cuentas públicas, votara en julio contra esos Presupuestos autonómicos y contra la denigrada austeridad del PP no fue una sorpresa. Pero que ahora venga la ministra de Hacienda de Sánchez y exconsejera andaluza de Hacienda exigiendo a la Junta contención para corregir el desajuste dejado por los propios socialistas demuestra que, con los socialistas, ni la subida de impuestos, ni el déficit, ni el endeudamiento ni, menos aun, la desfachatez conocen límites.

Las rebajas de Sánchez
Pablo Molina Libertad Digital 9 Octubre 2019

La proximidad de las elecciones ha puesto en marcha la maquinaria de ofertas de última hora de todos los candidatos, antes incluso de que entren en campaña. La sabia contumacia del pueblo español, negando a su Parlamento una mayoría que permita la formación de un Gobierno por tres veces consecutivas, tiene la contrapartida de que llevamos todo ese tiempo en campaña electoral.

Ahora bien, es preferible que los políticos se dediquen a recorrer el territorio nacional haciendo ofertas irrechazables a sabiendas de que no las podrán cumplir, en vez de tenerlos instalados en un Gobierno sólido y con un Parlamento estable maquinando sobre cómo desvalijarnos aún más.

Sánchez es el campeón en esta gira a lo Ramonet (con perdón, pues el conocido charlatán no engañó jamás a sus clientes), porque a una vocación innegable une su condición de presidente del Gobierno y jefe del Presupuesto aprobado en su día por Rajoy, documento que, como corresponde al expresidente del PP, es capaz de soportar perfectamente la prodigalidad de un mandatario socialista.

La última oferta del presidente en funciones es rebajar las peonadas del PER con el fin de afianzar el voto agrario andaluz, tremenda bolsa electoral que el PSOE lleva gestionando con éxito durante cuarenta años. El envite es importante porque, como Casado o Rivera pretendan hacer una oferta más jugosa, llegarán a las peonadas negativas, fenómeno económico desconocido hasta el momento que, sin embargo, concitará el aplauso unánime de los sindicatos a cambio de que se les permita gestionar una parte de ese dineral.

Y eso no va a ser nada comparado con lo que va a salir por esas boquitas en cuanto comience la campaña electoral, que sin duda se convertirá en un carrusel de promesas, a cuál más jugosa, a pesar de que todo indica que estamos a las puertas de una nueva recesión. Pero a las puertas de unas elecciones no se lanzan mensajes negativos, sino que se compite por ver quién tira más de la chequera estatal.

Por eso sigue siendo necesario mantener a los políticos en el limbo parlamentario, no darles una mayoría que les permita salir de esta espiral estéril. Habrá que ir nuevamente a elecciones en unos meses, pero es un precio que podemos asumir, a ver si en una de estas el PSOE se quita de en medio a Sánchez como ya hizo una vez. Entonces podremos votar de verdad.

Frivolidad política, pirueta económica
Editorial El Mundo 9 Octubre 2019

No hay actitud más irresponsable en un gobernante que el retorcimiento consciente de la realidad para la satisfacción de sus intereses particulares. Y si esa realidad concierne gravemente al bienestar de todos los ciudadanos, la irresponsabilidad es aún mayor. Metido ya en la inercia propagandística de la campaña, el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la próximas elecciones generales continúa relativizando una desaceleración que, como advirtió ayer el FMI, afecta al 90% de los países en el mundo. Insiste Sánchez en sus frívolas promesas de abrir el grifo del gasto al tiempo que mantiene oculto el delicado estado de las cuentas nacionales. Y sin sonrojo, persiste en la manipulación de las instituciones como altavoz electoral. Porque algunas de las medidas estrella lanzadas a bombo y platillo por el candidato socialista, además de incurrir en una demagogia descarada, redundarían en perjuicio del escenario económico español en el futuro inmediato.

Lo más alarmante, por sus consecuencias, es el pernicioso empeño en ligar las pensiones al Índice de Precios de Consumo (IPC), vínculo desaconsejado por todos los organismos oficiales. Rotos los consensos del Pacto de Toledo, con la Seguridad Social acumulando un déficit anual de 16.000 millones de euros y con el gasto mensual en pensiones disparado un 48% entre 2009 y 2019, Sánchez reincide en el más grosero electoralismo y se dirige con este mensaje a los casi nueve millones de pensionistas que pueden votar el 10-N: si él gana, las prestaciones subirán a partir de diciembre al ritmo del IPC. Y para cumplir tal promesa, ante la imposibilidad de que el Pacto de Toledo apruebe semejante imprudencia, volverá a hacer uso de la herramienta favorita del sanchismo: los decretazos de los viernes electorales. Con ello aumentará el gasto en 1.100 millones de euros, y lo justificará por la "urgencia social". Una nueva pirueta económica del presidente que, sin detallar de dónde procederán los ingresos necesarios ni esbozar las reformas que requiere el sistema para ser sostenible, persigue pescar votos a corto plazo en uno de los caladeros más sensibles.

La paradoja es que mientras elude la desaceleración -corroborada ayer también por la OCDE-, Sánchez admite la existencia de elementos externos que dañarán la economía nacional, como la guerra arancelaria de Trump. Un daño que pretende compensar con otro guiño populista hacia un votante tradicionalmente socialista: la rebaja de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario en Extremadura y Andalucía. Más gasto, pues, pero ninguna medida encaminada a paliar la inflexión de la actividad económica que ya se hace notar.

Golpistas: un fallo para que lo vuelvan a hacer
Pablo Planas Libertad Digital 9 Octubre 2019

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado separatista se aborda en Cataluña con la misma frivolidad e inconsistencia que el no traspaso al Barça del futbolista Neymar. Se especula sin ton ni son con la fecha en la que se dará a conocer, con los cargos que se imputarán a los acusados, con los años de más y de menos y con la reacción del independentismo, asunto en el que se confunde la parte, los separatistas, con el todo, la sociedad catalana en general.

Los dirigentes separatistas aseguran que el Tribunal Supremo será inclemente, que el mazo de la injusticia caerá como una losa sobre los denominados "presos políticos", que el fallo reflejará con toda crudeza el sustrato vil, mezquino y totalitario del Estado del que se quieren separar. Así calientan el ambiente para conseguir que sus bases salgan a las calles a protestar contra una presunta dictadura que según sus descripciones convierte en una miniatura a la misma China comunista.

Sea cual sea el fallo, el separatismo tiene previsto tocar la pera, tomar las calles, cortar carreteras y encadenarse a las farolas. Ya sean sentenciados los golpistas por rebelión, sedición o conjura para la necedad, condenados a más o menos años, peor o mejor tratados en función de abstrusas consideraciones sobre el contexto político, la tensión o la distensión, los separatistas van a dar la brasa como si sus presos fueran a ser fusilados al amanecer.

No es una buena señal para el orden constitucional que el Tribunal Supremo vaya a prescindir de trasladar a los encausados presos a Madrid para la lectura del fallo. Abona la impresión de que se prepara una sentencia-componenda para que la Generalidad, de la que dependen las cárceles en Cataluña, les aplique la Doctrina Oriol Pujol y los ponga en la calle a la mayor brevedad. De ahí, por ejemplo, que los separatistas hayan convertido en mantra que lo volverán a hacer. Lo normal cuando delinquir es gratis y a la prisión de Lledoners se la conoce como el Gran Hotel.

De hecho, no cabe esperar una sentencia que se ajuste a la gravedad de los hechos cometidos por los golpistas en un sistema que permite que los presos esperen el fallo en una cárcel competencia de una consejera autonómica nombrada por ellos y que depende de ellos.

Compra de votos y pesebrismo
Editorial ABC 9 Octubre 2019

Las revelaciones que hoy hace ABC sobre el modus operandi instalado durante años en localidades andaluzas para la compra de votos para el PSOE resulta tan escalofriante como escandalosa. Es un modo de corrupción decimonónico, anclado en la mejor tradición del caudillismo rural, del nepotismo arbitrario y del caciquismo en su máxima extensión. ABC ha tenido acceso a diversa documentación que se salvó de ser destruida en la localidad de Huévar, en el Aljarafe sevillano, en la que figuran manuscritos del teniente del alcalde, del PSOE, bajo el expresivo epígrafe de «Plan 1000». Se trataba de un burdo operativo para conseguir mil votos en las pasadas elecciones, dando trabajo a familiares de esas mil personas. Incluso llegó a elaborarse un listado de control casa por casa. El modelo clientelar de obtención de votos a cambio de prebendas, privilegios y dádivas varias siempre fue una constante en el régimen que impuso el PSOE en Andalucía durante 36 años de Gobierno. Ahora, además, se puede acreditar con una documentación que si no desapareció fue solo por la mala suerte que tuvieron los promotores de semejante operación, al quemárseles la máquina destructora de papeles. El caso revela el descarnado descaro e impunidad con los que actuaba el PSOE, incluida la presunción de que nunca sería sorprendido en este fraude.

El caso de los ERE -el mayor escándalo de corrupción de nuestra democracia- o el fraude de los cursos de formación son sin duda más relevantes. Pero palidecen en términos de desvergüenza al lado de lo ocurrido en Huévar. Con razón siempre se dijo que el PSOE no creó en Andalucía solo un cortijo de regalías, sino un auténtico paraíso del pesebrismo y el voto cautivo. Con la diferencia añadida de que en este caso Susana Díaz no puede culpar de todo a espectros políticos del pasado ni a la desesperación del PP o Ciudadanos por ganar. Díaz debe muchas explicaciones. Más de las que tendrá que dar también en la comisión de investigación sobre otro caso, el del desvío de dinero público de la Faffe, en el Parlamento andaluz.

La mecánica debe de ser tan habitual que pronto se ha apresurado también Pedro Sánchez a seguir en busca del voto cautivo para las elecciones del 10 de noviembre. Ahora sostiene que en vista del «atropello arancelario» que prevé cometer la Administración norteamericana de Donald Trump contra España, con consecuencias inevitables en el campo andaluz, especialmente en el olivar, el Gobierno reducirá el número de peonadas necesarias para cobrar las ayudas públicas. Todo sea por mantener el pesebre, porque el antiguo Plan de Empleo Rural, el famoso PER, siempre se utilizó como un modo fraudulento de extender la red clientelar. Cambiarán las personas, pero no la operativa. Ahora se entienden demasiadas cosas del PSOE en Andalucía.

La paja en el ojo ajeno y una viga en el propio de 700 millones de euros
OKDIARIO 9 Octubre 2019

El principal síntoma de la hipocresía es la doble moral. Por ejemplo, irse a Andalucía -sí, a Andalucía- a denunciar los "siete años de corrupción del PP". Hay que tener el rostro pétreo para hacer un llamamiento "a desterrar la corrupción de la vida pública" en la Comunidad donde el PSOE perpetró el mayor y más grave caso de corrupción de la historia de la democracia española, por cuantía -741 millones de euros- y por lo vasto (por extenso) y basto (por grosero) entramado de ayudas públicas fraudulentas.

El hipócrita, en sentido literal, es Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno de España y tal vez el único político con el cuajo de cinismo suficiente para irse a Andalucía -donde los socialistas se repartieron el botín- a denunciar la corrupción del PP, que por cierto este diario ha venido desvelando en cuanto ha tenido conocimiento. Sánchez deja en pañales al refranero: lo de ver la paja en el ojo ajeno y no reparar en la viga del propio se queda corto.

El caso de los ERE se sustancia en cifras: se calcula que la partida presupuestaria que financió esta trama, aprobada de manera ilegal, estuvo «activa» entre 2001 y 2010. En total, diez años de corruptela que empezó en pesetas y acabó en euros, para alcanzar la cifra total de los 741 millones de euros anteriormente citados. El sumario de la causa matriz, más anexos, más la pieza política, están formados por 8.500 archivos informáticos y 379 tomos. En total, 1.100.000 folios que, puestos uno detrás de otro, llegarían de Isla Cristina (Huelva) a Sierra Nevada (Granada).

300 personas procesadas, entre ellas 22 ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía, incluyendo a dos ex presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; el ex vicepresidente Gaspar Zarrías y la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Y Pedro Sánchez se va a Andalucía… a denunciar la corrupción del PP. ¿Qué es más grande, la hipocresía del presidente en funciones o los 1.100.000 folios del sumario del caso de corrupción política más grave de la historia de España?

Sánchez desoye los avisos de crisis
 larazon 9 Octubre 2019

Si bien no sería justo atribuir exclusivamente la desaceleración que vive la economía española a la crisis política, lo cierto es que los meses de Gobierno socialista se han caracterizado por la paralización de los programas de reforma y el incremento del gasto público no inversor, lo que se ha traducido en un retorno a viejos desequilibrios que creíamos superados. Por supuesto, no ha hecho falta que los organismos económicos internacionales y las instituciones reguladoras de los mercados encendieran las luces rojas de alarma para que el ciudadano del común tomara conciencia de los riesgos de una nueva recesión y obrara en consecuencia, como demuestran las actuales altas tasas de ahorro de los hogares españoles y la consiguiente caída del consumo interno.

Sin embargo, nada de esto parece hacer mella en el candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, inmerso en una rueda de promesas electorales de corte clásico –desde el incremento de las pensiones a la subida del salario mínimo, pasando por la reducción del número de peonadas para cobrar el PER– que, de hacerse efectivas, supondrían más gasto público, sólo sufragable desde el aumento de la deuda o de una mayor presión fiscal sobre los sectores productivos del país.

Que el resto de los candidatos de izquierdas, ahora envueltos en su propia guerra interna, se apunten con entusiasmo a esta subasta de ofertas no nos causa la menor extrañeza, pero que desde posiciones del centro derecha, a cuyos representantes se presupone mejor preparados para la gestión del dinero público y, en el caso del PP, sobradamente curtidos tras gobernar en medio de la peor crisis financiera internacional de las últimas décadas, eludan el fondo del asunto y otorguen con su silencio sí es preocupante.

Comprendemos que, en vísperas de una cita con las urnas, a nadie le apetezca hacer el papel de Casandra, pero el panorama que presentan, con coincidencia tozuda, los gabinetes de análisis de las grandes instituciones internacionales, no es, precisamente, augurio de días plácidos para el futuro inquilino de La Moncloa. Ayer, sin ir más lejos, la OCDE alertaba de que la economía española se estaba desinflando a mayor ritmo que la Eurozona, con una caída de los indicadores compuestos de 22 décimas, lo que supone el menor nivel desde 2013. Simultáneamente, la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, ponía el acento en el riesgo de un brusco frenazo del crecimiento mundial y denunciaba la práctica paralización del comercio internacional a causa de la guerra de aranceles declarada por Estados Unidos. Un conflicto absurdo desde cualquier punto de vista que, según cálculos de Georgieva, puede costar 637.000 millones de euros, sin contrapartida alguna. De hecho, el déficit de la balanza comercial estadounidense sigue aumentando, pese a la batería de medidas proteccionistas puesta en marcha por el presidente Donald Trump.

Y en España, debería ser de la máxima preocupación la continua pérdida de peso de nuestro sector industrial, que ha pasado de representar el 18,7 por ciento del PIB en 2000 al 16, 2 por ciento, en 2018, y que, sin duda, se verá afectado por la crisis manufacturera alemana. Aunque hay que confiar en que, al final, se impondrá la sensatez, el voluntarismo no sirve para afrontar, ni siquiera, el mejor de los posibles escenarios. Con el agravante, de que España presenta ya una deuda pública cercana al cien por cien del PIB, es decir, sin el margen de endeudamiento que había en la recesión de 2009, y que la competitividad de nuestras empresas ya sufre bastante por los excesos fiscales, el alto precio de la energía y el endeudamiento. Pero hay elecciones. Mal momento para hablar de lo que se debe, y, al final, habrá que hacer.

10-N: jugar con pensionistas y funcionarios
Editorial ABC 9 Octubre 2019

El progresivo enfriamiento económico -el FMI vaticinó ayer un frenazo económico mundial, y la OCDE que España se fatiga el doble que la Eurozona- obliga a nuestro país a revisar sus previsiones y aplicar las reformas necesarias para amortiguar un cambio de ciclo cuyas consecuencias dependen en buena parte de las iniciativas que, ya sin margen para la demagogia, adopte el Ejecutivo. Lejos de proponer a la sociedad medidas acordes con este contexto, Pedro Sánchez insiste en perpetuar su política, basada en lo que denomina «reversión de los recortes». Más gasto, en definitiva, en vísperas de un etapa de desaceleración y menos ingresos.

Tras anunciar para este mes de diciembre una subida de las pensiones ligada al IPC de 2020, el Gobierno socialista se reserva otro golpe de efecto electoralista, dirigido a otro de los sectores del electorado que, junto los pensionistas, más votos le pueden proporcionar en las elecciones del 10-N. En este caso se trata de una subida salarial de al menos el 2 por ciento para los empleados públicos, brindis cuya irresponsabilidad es directamente proporcional a su electoralismo. Si el coste del incremento de las pensiones, tasado en mil millones euros, representaría un nuevo golpe a las cuentas de la Seguridad Social -que cerrará este ejercicio con un déficit de 18.000 millones de euros, inasumible sin una reforma integral del sistema de pensiones-, el incremento del salario de los funcionarios que prepara el Gobierno en funciones, basado en un acuerdo suscrito por el Ejecutivo de Rajoy y los sindicatos en tiempos de fuerte crecimiento, incide en la senda del populismo económico con que Sánchez vende su candidatura electoral para mantenerse en el poder. Cuando la economía española no ha terminadó aún de curar las heridas que dejó la crisis de hace una década, Sánchez planea otra sangría.

Experiencia o autoengaño
Los zahoríes de la gran coalición tienen un problema: el programa de Sánchez sólo es compatible con la izquierda
Ignacio Camacho ABC 9 Octubre 2019

Para saber con quién quiere pactar Sánchez hay que mirar su programa. El económico y el social, sobre todo, porque sobre el principal problema político de España, el conflicto de Cataluña, no va a ofrecer mucho más que diálogo, cumplimiento de la ley y otros mantas abstractos. Ese programa se resume en una sola palabra: gasto. Subida unilateral e inmediata de las pensiones -una promesa que viola directamente el Pacto de Toledo, urdido a instancias ¡¡del PSOE!! para apartar este asunto de la lucha electoral-, ampliación del subsidio agrario, dentista, guardería y carreras gratis, incremento del salario mínimo. Y una «fiscalidad más progresiva», eufemismo que significa que todo eso, más lo que irá anunciando, sólo se puede pagar exprimiendo más nuestros bolsillos. El Gobierno no va a cometer el error de negar la desaceleración como Zapatero; al contrario, ha empezado a utilizar los síntomas de retroceso como pretexto para extender las coberturas subvencionales y preparar una nueva elevación de impuestos. La «respuesta progresista a la crisis», ojo al concepto, reformulación en lenguaje posmoderno del viejo ideal socialista de hacer que medio país trabaje para el otro medio.

Con ese proyecto no puede aliarse más que con los partidos de izquierda. Ése sigue siendo su plan, más un entendimiento con los nacionalistas que deberá empezar por la gestión penitenciaria -y puede que legislativa- de la inminente sentencia. El presidente confía en que la candidatura-satélite de Errejón muerda escaños a Iglesias y obligue a éste a aflojar su posición de fuerza. Si aun así no le alcanza, tratará de que las élites empresariales y financieras presionen a Rivera y/o a Casado para que se avengan a facilitar su investidura bajo amenaza de colapso del sistema. Pero gobernar, lo que se dice gobernar, si es que eso le interesa, nunca ha pensado hacerlo de otra manera que con sus socios de moción -«la banda», ¿se acuerdan?-, y el incauto que albergue otra idea tendrá que responsabilizarse de las consecuencias.

El supuesto giro al centro no es más que una estrategia propagandística de ocupación de espacios mediante la impostura de un perfil moderado. La verdadera identidad ideológica de un partido o de un líder se aprecia en su modelo social, en su criterio tributario, en su planteamiento territorial -es decir, su relación con la soberanía nacional- y en su percepción sobre el papel del Estado. Y en ninguno de esos ámbitos se parece el plan sanchista al del PP o al de Ciudadanos: mala noticia para los zahoríes del Gran Pacto. Claro que la coaliciones las imponen los resultados, pero sobre la base de que cada parte ceda en algo. A tenor de la campaña presidencial, tan desdeñosa con sus posibles aliados, el consenso se antoja una aspiración ilusoria, un anhelo nostálgico que enfrenta el consejo de la experiencia con la tentación del autoengaño.

La doble trampa de Sánchez a los pensionistas
Juan Ramón Rallo elconfidencial  9 Octubre 2019

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado en campaña electoral mercadeando con las pensiones: “Este mismo mes de diciembre, actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real”. Se trata de una petición recurrente entre ciertos colectivos de pensionistas: derogar el índice de revalorización de las pensiones —que limita la actualización de estos ingresos a un 0,25% anual mientras los gastos de la Seguridad Social superen sus ingresos— para volver a vincular las rentas de los pensionistas al IPC. Albricias. ¿Acaso los pensionistas pueden cantar victoria? No lo parece. El anuncio de Sánchez contiene una doble trampa: en el corto plazo, no está prometiendo nada verdaderamente sustancial; en el largo plazo, sigue manteniendo el mismo compromiso vacío de ocasiones anteriores.

Primero, cuando Sánchez anuncia que revalorizará las pensiones de 2020 de acuerdo con el IPC real, lo que está afirmando es que, por un lado, incrementará en diciembre de 2019 las pensiones según su previsión de inflación para 2020 y, por otro, que en noviembre de 2020 compensará a los pensionistas por cualquier error de cálculo en su estimación. ¿Y qué estimación de inflación tomará el Gobierno para el próximo año? No lo sabemos, pero debería ser muy baja. La inflación interanual hasta septiembre apenas asciende al 0,1% y, si la economía sigue desacelerándose durante los próximos meses, será complicado que la inflación se dispare. De hecho, en diciembre de 2018, el Gobierno revalorizó las pensiones un 1,6% de cara a 2019, pues pensaba que esa iba a ser la inflación de este año: la realidad, como decimos, es que de momento los precios solo han subido un 0,1%, de modo que lo lógico sería que los pensionistas devolvieran la diferencia entre la inflación prevista y la real. Evidentemente no lo harán, pero habida cuenta del muy reciente y muy caro error de cálculo del Ejecutivo, el porcentaje de subida aplicado de cara a 2020 debería ser muy modesto.

Segundo, Sánchez continúa prometiendo genéricamente que quiere ligar las pensiones al IPC, pero no explica cómo quiere lograrlo. Sin ir más lejos, en un reciente informe del Banco de España (que ya tuvimos ocasión de comentar el lunes pasado), el organismo estimaba que el gasto en pensiones se dispararía más de tres puntos del PIB en el año 2050 en caso de que lo reindexáramos al IPC.

Revalorización de las pensiones al IPC.
Esta brecha, superior a tres puntos del PIB, no es una brecha en absoluto sencilla de financiar, pues equivale a aproximadamente la mitad de la recaudación anual del IVA. De hecho, si Sánchez pretendiera realmente cubrirla con ingresos adicionales para volver sostenible el sistema público de pensiones… ¡no necesitaría cargarse el índice de revalorización de las pensiones! Recordemos que este indicador únicamente limita el alza de estos ingresos al 0,25% anual si los gastos de la Seguridad Social superan los ingresos: en caso de que sean los ingresos los que superen los gastos —como debería suceder si el PSOE realmente quisiera elevar las pensiones según el IPC de un modo financieramente sostenible—, entonces el índice de revalorización no solo autoriza a elevar las pensiones de acuerdo con el IPC —o incluso por encima del IPC—, sino que impone esa elevación de un modo automático. Por tanto, si Sánchez no explica cómo sufragar semejante medida y si, para más inri, aboga por cargarse sin necesidad alguna el índice de revalorización, es que en el fondo no pretende reformar la Seguridad Social para que las pensiones se actualicen de manera sostenida al IPC: como mucho, aspirará a repartir entre los pensionistas algún aguinaldo electoralista a costa de endeudar a los contribuyentes traspasando el resultante agujero financiero a los gobiernos venideros.

En definitiva, por mucho que nuestra casta política simulara crear el Pacto de Toledo para rechazar la instrumentación política de las pensiones, con el paso de los años todos han terminado arrojándoselas a la cabeza. No es de extrañar: los pensionistas constituyen un caladero de casi 10 millones de votos que resulta demasiado tentador para nuestros prohombres sedientos de poder. El candidato Sánchez tan solo constituye la (pen)última manifestación de esta obscena propaganda política dirigida a engañar a los pensionistas para apropiarse de su voto: la nada para el próximo año y el humo para los siguientes.

Tú pagas su propaganda
Las encuestas no van como esperaba, así que Sánchez dispara el gasto público para remontar
Luis Ventoso ABC 9 Octubre 2019

Como vivimos en un país dicharachero y anumérico no se ha hecho ni caso. Pero la semana pasada el Banco de España lanzó su enésima alerta sobre que el sistema de pensiones puede irse al carajo si no se toman medidas ya. El modelo actual entrará en coma con el aumento de la esperanza de vida y la incorporación de la enorme generación de los babyboomers (nuestros padres eran más valientes y menos egoístas que nosotros y se atrevían a tener hijos, que pronto se convertirán en un aluvión de pensionistas a los que habrá que pagar). Cada vez habrá más beneficiarios y si no se hace nada la factura resultará una losa insoportable. Es una sencilla cuestión matemática: la población mayor de 65 años supone hoy el 30% del total, pero en 2050 será más de la mitad. El gasto en pensiones contributivas suponía en 2007 el 7,4% del PIB. Hoy ya es el 10,6%, y seguirá subiendo. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno de Sánchez para hacer frente a tan agudo problema contable? Pues disparar el gasto en pensiones referenciándolas al IPC, cuando el país simplemente no se lo puede permitir. Tal es la promesa electoral con que ha abierto la semana el eventual presidente (y ningún partido se ha atrevido a señalar lo evidente, que es un disparate, porque las verdades incómodas no dan votos).

A pesar de los clímax demoscópicos de Tezanos, parece que la jugada de repetir las elecciones podría salirle rana al PSOE. Cunde cierto nerviosismo en Moncloa y Ferraz, porque los escaños vaticinados por el MasterChef del CIS todavía no florecen. Así que Sánchez se ha visto forzado a aparecer hasta en la sopa. Sin que haya comenzado la campaña, sale a dos mítines y una entrevista por día. Se trata de una estrategia legítima. Lo que ya no es normal es que todos los españoles le paguemos su propaganda, y eso es exactamente lo que está sucediendo. Fiel a aquella memorable máxima de la filósofa Carmen Calvo («el dinero público no es de nadie»), Sánchez está comprometiendo el gasto público de manera irresponsable con el objetivo de comprar votos. Cada día un obsequio. Subida de las pensiones con el IPC. Subida salarial para los funcionarios. Más subsidios para el campo andaluz y extremeño, haciendo así justo lo contrario de lo que hay que hacer (en lugar de ir desmontando una subcultura de la subvención que adormece la iniciativa, lo que hace para asegurarse votos cautivos es cebarla todavía más a costa de los impuestos de todos).

Supone una gamberrada antidemocrática que un presidente en funciones dispare el gasto público para pagarse su campaña disparando con pólvora del rey. Y muestra nulos escrúpulos al hacerlo justamente cuando la OCDE advierte que la economía española se está debilitando más que la de la eurozona y cuando el FMI vislumbra una crisis global. A Sánchez solo le importa el buen futuro... de Sánchez, no hay más. Pero volverá a ganar si el voto de la oposición no se reagrupa, en lugar de dilapidarse en populismos efectistas de desahogo grande y utilidad canija.

Comunismo y nazismo es lo mismo
Ramón Pérez-Maura ABC 9 Octubre 2019

Europa vive secuestrada por un Brexit que no termina de concretarse y que ocupa toda la atención de los medios de comunicación. Nadie es consciente de muchas otras cosas que siguen ocurriendo, algunas extremadamente positivas. El pasado 19 de septiembre se adoptó en el Parlamento Europeo una resolución de enorme trascendencia histórica que no ha merecido hasta ahora una línea en los medios de comunicación ni un comentario en las tertulias políticas al rojo vivo. El Parlamento Europeo ha condenado al nazismo y al comunismo. Sí, el santificado comunismo ha sido al fin puesto en el mismo pedestal y condenado con igual firmeza. Exacatamente la misma para los dos totalitarismo que el 23 de agosto de 1939 firmaron un pacto de no agresión, el llamado Pacto Molotov-Ribbentrop, que desató la Segunda Guerra Mundial. Porque la Unión Soviética de Stalin desencadenó aquella barbarie por su alianza con los nazis y ocupó Polonia con ellos.

La resolución recuerda que algunos países fueron capaces de promover la reconciliación al final del conflicto, pero «otros países europeos se mantuvieron bajo dictaduras -algunas bajo directa ocupación o influencia soviéticas- durante medio siglo y siguieron siendo privadas de libertad, soberanía, dignidad, derechos humanos y desarrollo socioeconómico». Eso era el resultado del comunismo.

La resolución afirma que «Rusia sigue siendo la mayor víctima del totalitarismo comunista y que su desarrollo a un estado democrático se verá obstruido mientras el gobierno, la elite y la propaganda políticas sigan blanqueando los crímenes comunistas y glorificando el régimen totalitario soviético». Un régimen que tiene la momia de Lenin en un mausoleo en la Plaza Roja y al que agradeceríamos al doctor Sánchez que nos aclare si es que la Rusia de Putin no es una dictadura o si Lenin no fue un tirano sanguinario. Como dice que no hay ninguna democracia que exalte dictadores muertos...

El doctor Sánchez debería tomar buena nota y aplicar el punto 18 de la resolución que señala «la existencia en espacios públicos de estados miembros de monumentos y memoriales (parques, plazas, calles, etc.) glorificando regímenes totalitarios, lo que abre la vía para la distorisión de hechos históricos sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del sistema político totalitario». ¿Por qué la ley de la memoria histórica protege ese totalitarismo? El Parlamento Europeo no ha condenado el franquismo -que no fue nazismo ni fascismo- pero sí ha condenado el comunismo. A ver si Sánchez se pone a ello y desmantela el monumento a las Brigadas Internacionales que hay en la Complutense y en Vicálvaro. Fueron una brigadas reclutadas por Stalin entre los miembros del Komintern que agrupaba a partidos comunistas de medio mundo. En la Universidad Complutense de Madrid hay una escultura que exalta a esos genocidas y en el distrito madrileño de Vicálvaro, además de haber un monumento a aquellos comunistas, éste está situado en la Plaza de las Brigadas Internacionales.

Es sabido que el comunismo ha producido muchos más muertos que ninguna otra ideología. Se estima en 25 millones los muertos causados por el nazismo -uno solo sería ya demasiado- mientras que el balance de los muertos del comunismo en 1998 se cifraba en cien millones y sigue sumando veinte años después. Pero se le puede exaltar.

La hoz y el martillo son ya igual que la esvástica
Liberal Enfurruñada okdiario 9 Octubre 2019

La extrema izquierda española rabia porque, en una votación sin precedentes, el Parlamento Europeo ha aprobado por una impresionante mayoría de 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, una resolución que equipara al régimen comunista con el nazi ya que ambos, dicen, “cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad”. Pide a los Estados miembros “que hagan una evaluación clara de los crímenes perpetrados por los regímenes comunistas y nazi”, condena toda propagación de dichas ideologías, pide a los Estados que sensibilicen a las nuevas generaciones respecto a estos crímenes incluyéndolos “en los libros de texto de todas las escuelas de la Unión” y que se favorezca una “cultura común de memoria histórica” que los condene.

Sostiene el Parlamento Europeo que la evolución de Rusia “hacia un Estado democrático seguirá obstaculizada mientras continúen encubriendo los crímenes comunistas”. “Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública y con fines comerciales, y recuerda que varios países europeos han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas”. Señala que “siguen existiendo en espacios públicos monumentos que ensalzan los regímenes” comunistas, “lo que facilita la propagación del sistema político totalitario”. Y en definitiva, destaca la importancia para nuestro futuro de conocer y difundir una verdadera memoria histórica europea que no tergiverse los crímenes cometidos por los dos regímenes totalitarios a los que iguala, a pesar de que sólo uno de ellos fue castigado en los juicios de Núremberg, mientras que el otro ha continuado hasta hoy impune “moral y jurídicamente”.

Si bien es cierto que esta resolución es una importantísima declaración política que expresa la opinión mayoritaria de los miembros del Parlamento pero no puede imponerse en los países miembros como una norma vinculante, no es menos cierto que las jurisdicciones nacionales deben tener en cuenta las recomendaciones del Parlamento Europeo a la hora de interpretar y poner en práctica sus disposiciones nacionales. Así la nefasta Ley de Memoria Histórica de Zapatero, que ahora pretende empeorar Pedro Sánchez, deberá ser reformada en este sentido o podrá ser rechazada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la luz de lo previsto en esta nueva resolución.

En España numerosos líderes políticos de extrema izquierda, como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Alberto Garzón, que han lucido orgullosos los símbolos del comunismo, quedan ahora retratados como defensores de regímenes genocidas. El asesino Che Guevara tiene una enorme escultura de homenaje en Oleiros (La Coruña) y un busto en Leganés (Madrid). Santiago Carrillo, el comunista que fue amnistiado por Franco por la matanza de Paracuellos, cuenta con varias calles con su nombre, igual que la Pasionaria, dirigente comunista que amenazó y condenó a muerte al líder de la oposición, José Calvo Sotelo. Indalecio Prieto tiene una estatua delante de la sede de Nuevos Ministerios y numerosas calles por toda España, pese a ser uno de los responsables del golpe de Estado de 1934. La lista de comunistas homenajeados en nuestros espacios públicos es interminable: Largo Caballero, Margarita Nelken, Juan Negrín, Lluis Companys, etc. Y si hablamos de los libros de Historia que estudian nuestros hijos, es para echarnos a temblar. Es por tanto muy urgente que nuestros dirigentes políticos implementen en España esta recomendación del Parlamento Europeo que es sólo un paso en la dirección correcta de un camino largo y plagado de obstáculos, pero los defensores de la libertad y de la verdad tenemos que celebrarla como un triunfo, sobre todo viendo como los radicales de extrema izquierda no han parado de rabiar desde que se aprobó.

Una sentencia obsequiosa
Melitón Cardona ABC 9 Octubre 2019

Sorprende la escasez de comentarios que ha suscitado la unánime decisión de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de la familia Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se resuelve el procedimiento para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 16.3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Aun siendo consciente de que mi opinión es tan irrelevante como, sobre todo, inútil, no quisiera dejar de plasmarla.

El hecho de que el Tribunal se apresurara a hacer público el fallo antes de publicar la sentencia, algo poco frecuente, me recordó aquella triquiñuela de la Reina en «Alicia en el país de las maravillas»: «Primero la condena, luego el veredicto» y ese recuerdo me indujo además a pensar que el Tribunal había decidido de antemano avalar la exhumación en lugar de analizar, sine ira et studio, la argumentación de la parte recurrente; entre otras cosas, porque avalar la «extraordinaria y urgente necesidad» del Real Decreto-ley que autoriza la exhumación de unos restos mortales cuya inhumación se llevó acabo hace más de cuatro décadas se me antoja un malabarismo digno de mejor causa. Sentado lo anterior, nada puede sorprender del resto de los fundamentos jurídicos. Se niega a unos nietos decidir sobre los restos mortales de su abuelo porque «no se trata de un derecho absoluto y puede ser limitado por razones de interés general», razones que se dan por sentadas sin que se justifiquen, sobre todo si se tiene en cuenta que ningún gobierno democrático las apreció a lo largo de cuarenta y tres años.

Por lo que respecta a la singularidad del caso, los recurrentes alegaron que el Real decreto-ley impugnado era una disposición «de caso único» y, por tanto, contraria al artículo 14 de la Constitución. Pues bien, para rechazar esa alegación el Tribunal Supremo pasa, a mi entender, del malabarismo a la prestidigitación con un razonamiento que constituye un ejemplo típico de non sequitur: aunque la exposición de motivos de la norma impugnada relaciona directamente la reforma legislativa que pretende llevar a cabo con el propósito de «poner fin a la situación existente que consiste en la presencia en el recinto (del Valle) de los restos mortales de Francisco Franco», ni la Abogacía del Gobierno (antes del Estado) ni el Tribunal tienen empacho en rechazar la alegación porque piensan que «no es necesaria una especial explicación para poner de relieve el carácter único del caso», de manera que el caso se reconoce único pero no se considera anticonstitucional legislar sobre ese caso único. ¿Hay quién dé más?

Por lo que respecta al lugar de la reinhumación, se priva a la familia de disponer del uso de una sepultura de la que es legítima propietaria. Se argumenta que «inhumar los restos de Francisco Franco en un lugar preferente de la Cripta de la Catedral de la Almudena (...) podría alterar el valor de culto y de patrimonio cultural del que actualmente goza» cuando cualquiera que haya visitado el lugar sabe que no se trata de un lugar «preferente» pues es una sepultura nada conspicua, a ras del suelo y en una nave lateral.

La sentencia contiene valoraciones políticas: señala que el régimen del general Franco «se caracterizó por negar la separación de poderes», y que fue «… incompatible con los fundamentos sobre los que la Constitución asienta la convivencia», algo que podría inducir a pensar, sin duda equivocadamente, que ello justifica que se niegue a la familia Franco derechos fundamentales que la Constitución garantiza a todos los españoles y que sigue sin existir una auténtica separación de poderes.

También es muy discutible la manera con que se despacha el delicado tema de la inviolabilidad del recinto sagrado afirmando que decae «en la medida en que su respuesta (la del prior del Valle) a la solicitud de autorización... ampara su negativa en la oposición de los familiares».

Por último, creo que será interesante ver en qué medida afectará la sentencia comentada a las de los otros tres recursos pendientes sobre el mismo tema, sobre los que el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado.
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Melitón Cardona es Ministro plenipotenciario jubilado

El Supremo contesta a la familia Franco que su sentencia en la que avala la exhumación "es clara"
Miguel Ángel Pérez Libertad Digital 9 Octubre 2019

La Sala de lo Contencioso-Administrativo afirma en un auto que la aclaración sobre la sentencia que solicitan los recurrentes "no es necesaria".

El Tribunal Supremo contesta a la familia de Francisco Franco que su sentencia del pasado 24 de septiembre en la que avala la exhumación del Valle de los Caídos "es clara". En un auto de 4 páginas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo afirma que la aclaración sobre la sentencia que solicitan los recurrentes "no es necesaria". Esta decisión del Supremo supone un paso más hacía la exhumación, aunque todavía el camino no está despejado del todo.

La familia del dictador solicitaba la semana pasada una aclaración a la Sala Tercera del Supremo sobre la sentencia que avaló el decreto del Gobierno para trasladar los restos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio. El objetivo era que el tribunal concretase si el Ejecutivo podía exhumar a Franco sin el consentimiento del prior de la comunidad benedictina. A su juicio, la autorización del prior es preceptiva, pero querían que el Supremo se lo aclarase, y en el caso de que el consentimiento del prior fuese necesario y éste se negase, quieren saber qué pasos jurídicos habría que dar.

En su auto de este miércoles, el Supremo recuerda a la familia Franco que "efectivamente, el acuerdo de 15 de marzo de 2019, cuya parte dispositiva reproduce la sentencia, dice que 'se solicitará la correspondiente autorización eclesiástica'. Y lo dice porque con anterioridad había sido denegada por el Prior Administrador la que se había pedido. También reproduce la sentencia los términos de la negativa que no fue absoluta sino condicionada a lo que resolviera esta Sala. Por eso, la sentencia, tiene por decaída esa denegación".

"En fin, como sin duda conoce la parte recurrente, a ningún otro órgano judicial distinto de esta Sala corresponde conocer de las actuaciones del Consejo de Ministros, ni de la ejecución de esta sentencia", concluye el auto del Supremo..

Tras conocerse el auto del Supremo, en una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, el prior, Santiago Cantera, ha advertido que no permitirá el acceso a la basílica para la exhumación del dictador hasta que el Supremo responda a sus alegaciones.

Posteriormente, el Gobierno recordaba al prior del Valle de los Caídos que el Vaticano ya ha manifestado en varias ocasiones que no se opondrá a la exhumación de Franco de la basílica y que su traslado está plenamente avalado por una sentencia del Tribunal Supremo.

Los recursos pendientes y el juez Yusty
Por otro lado, el Supremo todavía tiene que decidir sobre la suspensión cautelar que el propio tribunal dictó en junio contra el acuerdo del Gobierno para sacar al dictador del Valle de los Caídos y que aún pesa sobre el resto de recursos todavía no resueltos. En su sentencia, el tribunal desestimaba de pleno el recurso de los nietos de Franco contra la exhumación de su abuelo, aunque éste no fue el único recurso que se presentó contra los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar al dictador. También recurrieron la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

Dichos recursos siguen vivos en el tribunal y sobre ellos pesa la suspensión cautelar de la exhumación que el Supremo acordó hace meses en lo que dictaba sentencia. Por lo tanto, el levantamiento de estas medidas cautelares es requisito imprescindible para proceder a sacar a Franco. Previsiblemente, la decisión del Supremo en la que levantará la suspensión cautelar es inminente.

Por último, la Abogacía del Estado también ha pedido al Supremo una certificación de su sentencia para remitirla al juez José Yusty, titular del juzgado de lo Contencioso nº 3 de Madrid, que tiene paralizada de manera cautelarísima la licencia de obras para levantar la losa de la tumba de Franco en el Valle. Un procedimiento paralelo al del Supremo, pero que también supone un escollo a la exhumación del dictador.

Sánchez exhumará a Franco diga lo que diga el prior de la Abadía del Valle de los Caídos
Carlos Cuesta okdiario 9 Octubre 2019

La maquinaria para la exhumación de Francisco Franco está en marcha. Pedro Sánchez no la va a parar por mucho que la Abadía del Valle de los Caídos considere “meramente electoralista” el traslado de los restos de Franco al cementerio de El Pardo. Por mucho que su prior afirme que el acceso a la basílica no se debe producir “sin la preceptiva e insustituible autorización eclesiástica” porque implicaría la “violación de un lugar sagrado”.

La Abadía ha presentado un escrito ante la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en el que muestra su rechazo a que la exhumación dé comienzo eliminando las medidas cautelares y anticipa que puede recurrir ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

Hay que recordar que el Gobierno ha pedido ya por escrito al prior del Valle de los Caídos que comunique en el plazo máximo de cinco días su predisposición a cumplir el mandato judicial.

Los benedictinos de la Abadía afirman que “no puede alzarse una medida cautelar destinada a conjurar el riesgo de vulneración irreversible de derechos fundamentales de la Abadía por el simple hecho de que se haya desestimado en la sentencia una denuncia de vulneraciones de derechos de terceros (la familia Franco), distintos de mi representada”, tal y como escribe la representación jurídica de los monjes.

Pero lo cierto es que el Gobierno no está dispuesto a esperar más Y piensa acometer la exhumación del dictador tal y como tenía previsto. Sus asesores legales afirman que el respaldo del Tribunal Supremo es pleno y que, por lo tanto, no hay motivo para retrasar los gastos de los restos mortales de Franco.

Antes del 1 de noviembre
Por ello, Pedro Sánchez tiene claro que realizará la exhumación antes del 1 de noviembre, día del inicio de la campaña electoral del 10-N. El Gobierno recuerda que, tal y como adelantó OKDIARIO, cuenta además con el compromiso del Vaticano de no entorpecer la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. Y es que El Vaticano ha trasladado ya a La Moncloa a través del Nuncio su compromiso pleno con el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo español que habilita la salida de los restos del dictador y su envío al cementerio de El Pardo.

Ese compromiso es clave, puesto que la Abadía del Valle solamente depende del Papa, no de ninguna otra estructura eclesiástica. La comunicación del Vaticano, además, garantiza una ejecución de la sentencia sin problemas. Es decir, que habrá una actitud colaborativa con el cumplimiento de lo dictado por la Justicia.

Desde La Moncloa afirman desconocer si esa misma comunicación ha sido remitida a la Abadía, pero señalan que, independientemente de ello, la exhumación cuenta ya con el apoyo del Supremo y ese es todo el respaldo que necesitan.

La respuesta de la cabeza de la Iglesia se produjo, eso sí, después de toda una larga lista de presiones y contactos del Gobierno español con el Vaticano. Roma siempre ha contestado a esas presiones que su cumplimiento se atendría de forma exacta a los mandamientos jurídicos y al derecho. Cosa que, en estos momentos, es cierto que se plasma a través de la sentencia del Tribunal Supremo.

El prior del Valle de los Caídos advierte que ‘no autoriza’ el acceso a la basílica para la profanación de la tumba de Franco
Redacción eltorotv.com 9 Octubre 2019

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha advertido al Gobierno que no permitirá el acceso a la basílica para la profanación de la tumba de Francisco Franco hasta que el Tribunal Supremo responda a sus alegaciones.

En una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, Cantera afirma que la «Abadía no autoriza el acceso a la basílica con la finalidad de acceder a una ‘res sacra'». El prior advierte que la sentencia del Tribunal Supremo «no resuelve» las alegaciones que han presentado y sería una «vulneración de la libertad religiosa» pretender «actuar en un lugar sagrado» sin contar con la «preceptiva autorización eclesiástica».

La misiva ha sido registrada este miércoles y responde a la anterior carta enviada por Calvo el pasado 3 de octubre en la que se concedió cinco días a la Abadía para responder si permitía la exhumación de Franco. En este contexto, Cantera alega que la decisión del Supremo se ha producido en un procedimiento en el que la Abadía «no ha sido parte» y por ello no «resuelve las alegaciones esenciales» planteadas en su recurso.

El prior recuerda que en su demanda esgrimían «vulneraciones de los derechos fundamentales» y afirma que la «última palabra» corresponde al Tribunal Constitucional y después al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. «El sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales», apunta.
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Por ello, advierte que se sigue negando a facilitar la profanación de la tumba, ya que «no existe consentimiento de la familia y se mantienen los principios religiosos y morales». Además, subraya que a lo largo de este procedimiento se han visto «agravadas las razones de su negativa».

«Si autorizáramos ahora la exhumación no solo dejaríamos sin finalidad legítima los recursos de amparo que, sin duda, se producirán sino que careceríamos de justificación para oponernos -como nos opondremos- a la exhumación -anunciada en los escritos del Estado- de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía», ha añadido.

Desde la Abadía lamentan la «virulencia» con la que se ha planteado un problema que se podría haber resuelto con «diálogo, comprensión y prudencia» por parte de los afectados. «Reciba mi consideración personal más distinguida», finaliza la carta de Cantera.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española (CEE) no ha querido valorar la carta del prior del Valle de los Caídos, que pertenece a la Congregación de Solesmes, monasterio benedictino situado en Francia y, por lo tanto, sobre el que la Iglesia española no tiene autoridad.

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La imposible amnistía
ENRIQUE GIMBERNAT El Mundo 9 Octubre 2019

Antes incluso de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O, desde el independentismo ya se pide la amnistía para sus promotores. El autor explica por qué eso es una aberración jurídica

EL 26 DEL pasado mes de septiembre, y con el apoyo de JxC, ERC y de la CUP, el Parlamento catalán aprobó, entre otras resoluciones, una en la que se exigía una ley de amnistía para el caso de que fueran condenados los dirigentes del procés. Sobre todo a partir de entonces es también la "amnistía" uno de los eslóganes más repetidos en las manifestaciones independentistas. En relación con el Derecho de gracia -que admiten dos modalidades: la amnistía y el indulto- existen dos magistrales exposiciones recientes: la de mi discípulo Antonio Cuerda (El Derecho penal ante el fin de ETA, 2016, pp. 113-196) y la de Félix Pedreira (En defensa del indulto, en prensa en la editorial Tirant Lo Blanch), a las que aquí me remito para un análisis en profundidad de ese Derecho en nuestro país, si bien, por lo que se refiere a que en España sea posible, constitucionalmente, una amnistía, discrepo, respetuosamente, de ambos autores.

A diferencia del indulto, la amnistía, cuyo nombre tiene una raíz griega (amnesia=olvido), y como decía el art. 112.3º del antiguo Código Penal (CP) de 1973, "extingue por completo la pena y todos sus efectos". (A partir del vigente CP 1995 desaparece toda mención a la amnistía en ese texto legal y sólo figura, como mera causa de "[extinción de] la responsabilidad criminal", el indulto [art. 130.1.5º CP 1995]).

Como el indulto es, por consiguiente, una mera "causa de extinción de la pena", aquél deja subsistentes los antecedentes penales, que sólo podrán cancelarse transcurrido un determinado plazo, cuya extensión se determina en función de la gravedad del delito cometido, a contar desde el "día siguiente a aquél en que quedara extinguida la pena" (art.136.2.3º CP), en el caso del indulto, por tanto: a contar desde el día siguiente al que haya entrado en vigor el correspondiente Real Decreto (RD) de indulto. Por otra parte, y mientras que el indulto exige que el reo haya sido condenado ya, previamente, "por sentencia firme" [(art. 1º.1º de la Ley de Indulto (LI)], la amnistía, en cambio, es aplicable tanto si el autor ha sido ya condenado o no, borrándose, en el primer caso, los antecedentes penales y cualquier otra consecuencia accesoria de la pena, como lo puede ser la de inhabilitación para ejercer una determinada profesión. Y así, la última Ley de Amnistía promulgada en España (la Ley 46/1977, de 15 de octubre), aplicable a "[t]odos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976" [art. 1º.I.a)], extiende dicha gracia a los autores amnistiados de tales hechos punibles, independientemente de si aquéllos hubieran sido ya condenados, o no, por sus delitos (art. 6º, párr. 1º), estableciendo que, en el caso de que se hubiera dictado ya una sentencia firme, se "elimina[rán]... los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiere fallecido" [art.7º. c)], disponiéndose, asimismo, "[l]a reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios civiles sancionados, así como la reincorporación de los mismos a sus respectivos cuerpos, si hubiesen sido separados" [art. 7º.a)]. Finalmente, y como la amnistía, y a diferencia también del indulto, puede decretarse cuando aún no se haya dictado sentencia firme, en estos casos, y tal como establece, por ejemplo, el art. 5º.1 del Real Decreto-Ley [de amnistía] 120/1976, de 30 de julio, "[l]os Jueces y Tribunales decretarán, con sujeción a las normas procesales en vigor, la extinción de la responsabilidad criminal en las causas ya calificadas o sentenciadas y el sobreseimiento libre de las actuaciones en cuantos procedimientos se estén instruyendo por los delitos y faltas a los que se refiere el artículo 1º del presente Real Decreto-Ley".

Las mismas consecuencias jurídicas que figuran en la Ley de Amnistía de 1977 y en el RD-Ley 120/1976, las encontramos también, por mencionar un ulterior ejemplo, en la Ley de 23 de septiembre de 1939, considerando no delictivos determinados hechos de actuación político-social cometidos desde el 14 de abril de 1931 al 18 de junio de 1939, en cuyo art. 2º se dispone que, en los delitos amnistiados por dicha Ley, el Ministerio Fiscal "solicitará el sobreseimiento libre, si aún no se hubiera celebrado vista o dictado sentencia", así como que «en las causas en que hubiera recaído sentencia, el Ministerio Fiscal solicitará la extinción de la responsabilidad criminal por aplicación de esta ley, así como la cancelación de antecedentes penales y la libertad de los acusados que en cualquiera de los casos se hallasen privados de ella".

Sobre si la amnistía es aún posible en nuestro Derecho, en la doctrina las opiniones están divididas, sin que la jurisprudencia española -tampoco la del TC- haya tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión. Por mi parte, opino que en España la amnistía es inconstitucional, y ello sobre la base de las siguientes consideraciones.

En primer lugar, porque, en referencia al indulto, el art. 62.i) de la Constitución Española (CE) dispone: "Corresponde al Rey... Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". Como el art. 62 i) CE regula el derecho de gracia, y no menciona para nada a la amnistía, de ahí se sigue, argumentando a contrario, que esta última ha quedado fuera de la CE, y de ahí se sigue también que, si incluso en referencia al más restrictivo indulto, dicho precepto constitucional introduce limitaciones (prohibición de indultos generales), con mayor motivo tendría que haberlas establecido para la amnistía que constituye una medida de gracia más generosa; y, si no lo ha hecho, es porque ha estimado que no había que establecer limitación alguna, ya que la amnistía como tal -con o sin limitaciones- había devenido inconstitucional. Con otras palabras: es imposible que lo menos beneficioso (el indulto general) se haya declarado expresamente inconstitucional en la CE y que lo más beneficioso (la amnistía general) no se haya declarado inconstitucional, también de manera expresa, en nuestra Constitución; lo único que puede explicar la no-elevación a rango constitucional de la prohibición de amnistías generales es que, como ya la amnistía individual es contraria a la Constitución, es superfluo especificar constitucionalmente que, con mayor motivo aún, lo es también la amnistía general.

A favor de admitir la amnistía en nuestro Derecho se argumenta, por quienes defienden esta posición contraria a la que aquí se mantiene, que son muy similares una ley de amnistía y una ley penal con efectos retroactivos en lo beneficioso para el reo, que también puede anular en todo o en parte la pena. Por consiguiente, y según esta opinión discrepante, si el legislador puede hacer una cosa (promulgar una nueva ley con efectos retroactivos), puede hacer también legítimamente la otra (promulgar una ley de amnistía). Es más, se sigue argumentando: los efectos similares a los de una ley de amnistía se podrían lograr con menos rechazo a través de una ley penal con efectos retroactivos en lo beneficioso, reduciendo las penas o incluso eliminándolas. Hasta aquí la fundamentación de los que se pronuncian a favor de la posibilidad de una amnistía.

Sin embargo, este argumento a favor de la pervivencia de la amnistía en nuestro Derecho no puede convencer. Porque cuando estamos ante una ley que despenaliza conductas que hasta entonces eran delictivas, ello obedece a que el legislador, de acuerdo con una nueva escala de valores, ha decidido suprimir, a partir de entonces y para siempre, determinados tipos penales, lo cual tiene, coherentemente, también efectos retroactivos favorables, porque, de acuerdo con esos nuevos criterios valorativos, tales comportamientos, ahora ya atípicos, nunca debieron ser constitutivos de delito. Ello es lo que sucedió, por ejemplo, después de la llegada de la democracia a España, con las conductas de adulterio y de amancebamiento, con las de propaganda y venta de anticonceptivos, o con el delito de asociación ilícita, que castigaba a los dirigentes y militantes de los partidos políticos distintos del Único de Falange Española (arts. 172 ss. del entonces vigente CP), delito de asociación ilícita que durante el franquismo costó la cárcel a tantos demócratas españoles; con la derogación de tales comportamientos como delitos, dejaron de serlo para el futuro, pero también, retroactivamente, para el pasado, porque ni merecen, ni merecerán, ni merecieron nunca estar tipificados en el Código Penal.

Las leyes de amnistía, en cambio -y a diferencia de las derogatorias de delitos, que tienen efectos tanto para el futuro como, retroactivamente, para el pasado-, no hacen tabla rasa del pasado ni tienen vocación alguna de futuro. Estas leyes de amnistía, que se suelen promulgar cuando se produce un cambio de régimen político, no afectan a todos los delitos objetos de esas leyes que se han cometido en el pasado (algunos de ellos tan graves como lo pueden ser los asesinatos, las actividades terroristas o las torturas), sino sólo a los ejecutados por determinadas personas: así, y únicamente, a quienes los cometieron "en defensa de los ideales que provocaron el glorioso Alzamiento contra el frente Popular... o formando en las filas de las armas nacionales" (Preámbulo de la Ley [de Amnistía] de 23 de septiembre de 1939), o, entre otros, "los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado" y los realizados "en vindicación de autonomías de los pueblos de España" [art. 1.I. a) y b) Ley 46/1977, de Amnistía) o "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas" [art. 1.II.2.f) Ley 46/1977]. Es decir: que las leyes de amnistía, a diferencia de las leyes penales que despenalizan para el futuro conductas y que se aplican retroactivamente, por una parte, no anulan in toto la punibilidad de, por ejemplo, los asesinatos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la amnistía, sino sólo, y por acudir a precedentes del Derecho español, los cometidos por falangistas y militares del ejército rebelde de Franco (1939), o por miembros de ETA o de la policía franquista (1977). Por consiguiente, sigue vigente la punibilidad por los asesinatos ejecutados en el pasado para aquellos en quienes no concurren las circunstancias personales mencionadas en las correspondientes leyes de amnistía. Y, por otra parte, y a diferencia también de las leyes penales que suprimen delitos y que tienen necesariamente efectos retroactivos, despenalizando, por un cambio en la escala de valores, determinadas conductas, como lo pudo ser el adulterio, tienen voluntad futura de mantener esa despenalización, al contrario de lo que sucede con las leyes de amnistía que sólo anulan la punibilidad de determinados delitos cometidos por determinadas personas en el pasado, conservando para el futuro, en su integridad la punibilidad de los delitos amnistiados, como lo pueden ser los asesinatos.

Por consiguiente, quienes defienden la pervivencia en nuestro Derecho de la amnistía argumentan que si, de acuerdo con el Derecho vigente, el legislador puede promulgar leyes que suprimen, para el futuro, la punibilidad de determinadas conductas (como lo hizo con el adulterio), que, por tanto, tienen también el efecto retroactivo de suprimir la punibilidad de todos los adulterios cometidos en el pasado, con el mismo -o, incluso, con mayor motivo- asimismo al legislador le tiene que estar permitido anular la punibilidad de (amnistiar) delitos pasados.

Pero esta manera de argumentar carece de toda lógica. Porque, con las leyes que despenalizan delitos, la facultad que nuestro Derecho atribuye al legislador es la de poder derogar, tanto para el futuro como, retroactivamente, para el pasado, todas las conductas que integraban un determinado delito, facultad legislativa que no coincide, en absoluto, con la de las leyes de amnistía, porque en éstas, y para el pasado, no se anula la punibilidad de todos los autores que han cometido, por ejemplo, un asesinato, sino únicamente la de los que lo han cometido concurriendo en ellos una determinada condición personal (como la de falangista o miembro de ETA), y porque, y para el futuro, la ley de amnistía sigue conservando el carácter delictivo de cualquier asesinato.

Las leyes que suprimen delitos para el futuro -y tienen efectos retroactivos para el pasado- no tienen nada que ver con las de amnistía, por lo que, de que aquellas sean perfectamente legítimas, no puede deducirse, en absoluto, que éstas también lo sean. Las posibilidad legal de promulgar leyes de amnistía exigiría, por ello, una autorización expresa del Derecho vigente; autorización que no sólo no existe, sino que su inconstitucionalidad, y tal como se ha expuesto ya, se deriva argumentando desde el art. 62.i) CE.

El Estado de Derecho se caracteriza, entre otras cosas, por el imperio de la ley y el contenido de ésta se determina por los tribunales mediante la argumentación jurídica de la motivación. No pretendo tener la razón al mantener que la amnistía es inconstitucional, pero, en un Estado de Derecho, si se quiere mantener la opinión contraria, habría que combatir los argumentos que aquí he expuesto y alegar otros mejores que pudieran convencer de que existe la posibilidad de una amnistía para los políticos catalanes independentistas procesados. Amnistía que traería consigo, para los eventualmente condenados, "la extinción por completo de la pena y todos sus efectos"; y para los procesados fugados, como Puigdemont y Comín, el sobreseimiento libre de las actuaciones que equivale, como cosa juzgada, a una sentencia absolutoria firme, es decir: que a diferencia del indulto, si se acude a la amnistía, quedarían libres con, por así decirlo, todos los pronunciamientos favorables, tanto los procesados fugados como los no-fugados. Por parte de quienes en Cataluña reclaman la amnistía, no es previsible ninguna contra-argumentación jurídica frente a la tesis aquí desarrollada de la inconstitucionalidad de esa modalidad del Derecho de gracia. Los secesionistas seguirán exigiendo la amnistía porque, como todo fundamentalismo, el independentismo catalán se caracteriza por la irracionalidad, irracionalidad que ha convencido a la mayoría del Parlament de que España es un Estado de No-Derecho, en el que se puede defender, con un par, que una ley regional puede derogar la Constitución o que existe un "derecho a decidir", prohibido tanto por el Derecho interno español como por el Derecho internacional, el cual, cuando se ocupa de la descolonización de las antiguas colonias establece que "[t]odo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas" (Principio 6 de la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas); Naciones Unidas que, en su resolución 2625, al ocuparse del derecho de autodeterminación, excluye, también expresamente, que ese "derecho a decidir" pueda "entender[se] en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes", que "estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color".

Concluyo este artículo con la melancolía de que lo aquí expuesto, en el sentido de que una amnistía no es posible en nuestro Derecho, será ignorado, sin contra-argumentación alguna, por los independentistas catalanes -también por sus juristas-. En su Parlament y en sus manifestaciones, inventándose, por sí y ante sí, cualquier Derecho que les venga en gana, seguirán dándonos la murga con el raca-raca de la (jurídicamente imposible) amnistía.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Sus últimos libros son El comportamiento alternativo conforme a Derecho (BdF, 2017) y El Derecho penal en el mundo (Aranzadi 2018); en el primero se contiene también una Autosemblanza del autor y en el segundo, muchos de los artículos que ha publicado en este periódico durante los últimos años.

Islas Baleares
El PP y C’s dejan solo a Vox exigiendo que se derogue la dictadura del catalán en las aulas de Baleares
OKDIARIO 9 Octubre 2019

Vox se ha quedado solo en el Parlamento de Baleares exigiendo que se deroguen todas las normas que durante los últimos años han terminado expulsando el idioma español de las aulas en beneficio del catalán. Ni siquiera el PP y Ciudadanos han salido en apoyo de la iniciativa parlamentaria del partido de Santiago Abascal, en cualquier caso abocada al fracaso ya que el centroderecha está en minoría.

La Cámara regional que dominan el PSOE, Podemos y los pancatalanistas de Més ha rechazado este martes una moción de Vox que solicitaba derogar "toda la normativa que ha permitido la eliminación" del castellano de las aulas y comenzar la redacción de una nueva que "permita la libre elección de lengua en todos los niveles educativos" en colegios e institutos.

Presentada por el portavoz de Vox, Jorge Campos, la moción sólo ha conseguido el apoyo de los tres diputados de Abascal. Ha cosechado 33 votos en contra y 19 abstenciones, en la que se han situado los diputados del PP y Ciudadanos.

Durante el debate de la moción, la diputada del PP Núria Riera ha afirmado que "no todo pasar por derogar sino por revisar". "Eso es más propio de una actitud antisistema que no cree en la Constitución", ha añadido.

En la misma línea se ha manifestado Ciudadanos justificando su abstención en el hecho de que la moción de Vox no era sólo contra la inmersión lingüística, "sino que trataba otros muchos asuntos que no tenían nada que ver con la lengua, como la regulación de los profesores interinos o el pin parental". La formación naranja ha propuesto, por tanto, votar los puntos de la moción por separado, a lo que Vox se ha opuesto. "Nosotros estamos en contra de la inmersión lingüística y la libre elección de lengua va en nuestro programa", han explicado después de la votación fuentes de Ciudadanos a OKDIARIO.

Los socialistas, a través de su diputado Enric Casanova, han asegurado la iniciativa de Vox sólo pretendía desencadenar "la crispación y reventar el sistema educativo". En la misma línea se han manifestado el resto de sus socios de Gobierno. Gloria Santiago, de Podemos, ha tildado la iniciativa de "un peligro para el sistema educativo". Desde Més per Mallorca, Joan Collet ha afirmado que los diputados de Vox "son unos pesados". Y por Més per Menorca, Patrícia Font ha asegurado que la iniciativa pretendía "destruir todo lo que se ha hecho".

La socialista Francia Armengol gobierna Baleares desde 2015 gracias a un acuerdo de coalición con Podemos y las formaciones nacionalistas del Més. Durante su gestión, ha fomentado la exigencia del catalán en el ámbito de la sanidad pública y la enseñanza.

El decreto que regula el conocimiento de catalán para trabajar en la sanidad pública no impide obtener una plaza en oposiciones sin saber la lengua cooficial, pero es obligatorio para optar a traslados y cobrar los pluses de carrera profesional. En estos casos, los médicos y enfermeros deben tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería y celadores el nivel A2 (básico). Esta dictadura lingüística está provocando un éxodo considerable entre los profesionales de la Medicina.

Por su parte, el Reglamento de usos lingüísticos de la Universidad de Baleares (UIB) establece el catalán como "lengua propia" con carácter de "lengua oficial" y, como tal, determina que debe tener "un uso prioritario". Advierte a los docentes de que "el catalán es la lengua oficial propia de la Universidad de las Islas Baleares y, en consecuencia, la comunidad universitaria se ha de esforzar por hacerla vehículo preferente de enseñanza"

Del terrorismo y otras acciones pacíficas
Es notable la alegre constancia con la que diferentes responsables políticos 'indepes' invocan una particular idea de la presunción de inocencia. Y del derecho, en general
Gonzalo Quintero Olivares elconfidencial 9 Octubre 2019

Hace unos días, en una entrevista sobre los hechos que se produjeron el 1 de octubre de 2017, un conocido profesor de la Universidad de Barcelona indicaba que lo que más le sorprendía, retrospectivamente, era el nivel de desconocimiento que los responsables políticos en aquellos días tenían sobre las consecuencias jurídicas de sus actos.

Dos años después, la situación no parece cambiar, y el jurista que observa declaraciones y soflamas solo puede llegar a la conclusión de que las actuales cabezas pensantes, si es que piensan, prefieren al curandero antes que al médico, o, lo que es bastante parecido, la construcción libre del derecho a la lectura del derecho vigente, nacional y supranacional.

Metidos en la orgía de frases incendiarias, desactivados los frenos inhibitorios, todo vale. Los detenidos, hoy en prisión, por orden de la Audiencia Nacional, solo estaban preparando petardos para las verbenas y, a lo sumo, alguna explosión para llamar la atención. Criminalizar tan trivial pasatiempo infantil es cosa de almas pérfidas, acostumbradas a las lecturas negras de los sucesos, como son todos los no independentistas.

Más aún, algún preclaro jurista del sector de los poseedores de la verdad redentora 'indepe' ha llegado a afirmar, en un alarde de ignorancia del derecho, que la posesión de substancias que pueden “llegar a ser un explosivo” es una conducta ajena al derecho, y solo cuando realmente se cree la bomba y explote se podrá hablar de delito, y lo anterior, mientras tanto, es irrelevante, o sea, como si la agravación por usar armas en un atraco solo pudiera apreciarse cuando se matara a una persona. Sobresaliente.

Algún preclaro jurista ha afirmado que la posesión de sustancias que pueden “llegar a ser un explosivo” es una conducta ajena al derecho

El problema es que eso no se corresponde con lo que dispone el Código Penal que, además, es coherente con los criterios de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo.

Sucede que esa misma directiva incluye los actos de apología o justificación de las acciones terroristas, y en esa línea van desde el aplauso a la exigencia de liberación de los detenidos, porque no han hecho más que expresar unas ideas nobles y respetables. Hay que tener en cuenta que entre los independentistas ha circulado un patético chiste, que resume la irreversible deformación de la realidad en la que se han instalado, según el cual, para los españoles, la esfera del universo que en su mano sostiene la Virgen de Montserrat acabará siendo considerada una bomba. Conociendo a los humoristas de plantilla del 'procés', no ha de extrañar necedad semejante.

También es notable la alegre constancia con la que diferentes responsables políticos invocan una particular idea de la presunción de inocencia, que, sin duda, es piedra angular en la relación entre el ciudadano y el sistema penal. Pero estimar que ese derecho fundamental obliga a dejar en libertad hasta el día del juicio oral a autores (alguno, ya confeso) de delitos muy graves es, simplemente, una tontería impropia de gente consciente.

La misma que ya ha comenzado a dar el paso de calificar a los detenidos como presos políticos, paso que, en buena lógica, debería ir seguido de la glorificación de las hazañas, lo cual sería, en opinión del jurista-curandero-asesor, pura libertad de expresión, pero de ningún modo una loa a la preparación de atentados violentos, pues eso, según el derecho propio y europeo, entraría en la órbita del terrorismo, y, si eso aún no ha sucedido, se debe al temple y paciencia de los responsables de la acusación pública.

Mención separada merece el concepto independentista de 'acción pacífica'. Dentro de ese enorme cajón conceptual, entrarán todo tipo de acciones, que pueden causar gravísimas perturbaciones de la vida cotidiana, y hasta llegar a generar el caos en toda Cataluña. Por ejemplo, la ANC anuncia que está preparando movilizaciones entre sus bases e intentará "colapsar la red viaria" de Cataluña, para lo cual invadirá desde diferentes puntos las autopistas o carreteras mediante “marchas populares” que se extenderán por tramos de 100 kilómetros y todas camino de Barcelona.

De llevarse a cabo el plan, es fácil imaginar cuáles podrían ser las consecuencias, a lo que se debe añadir alguna acción complementaria anunciada por grupos próximos a los ya famosos CDR como, por ejemplo, cortar el acceso a los aeropuertos.

No sé si esas acciones se llevarán o no a término, pero, por el momento, ya tenemos materiales para la valoración. El primero de todos: el adjetivo 'pacífico', condición que se da en todo aquello que se realice sin usar armas, olvidando que el corte de una carretera impuesto con una marcha o sentada es una acción que coarta y suprime la libertad de circulación de otras personas, y solo por eso entra en la categoría de coactiva y, por ende, delictiva, sin necesidad de que aparezcan las armas.

Se entenderá, además, siguiendo el criterio del curandero-jurista, que sumir a Cataluña en un colapso, como anuncian los dirigentes de la ANC, no es una alteración de la paz pública, y, por lo tanto, cualquier reacción del Estado, a través del sistema judicial y las fuerzas policiales, será injusto, cruel, colonialista, y todo lo que se quiera. Una buena idea sería que hiciesen un ensayo en cualquier carretera europea, para llamar la atención sobre lo que sucede en Cataluña, y calcularan el tiempo que tardarían en ser desalojados o detenidos o las dos cosas.

Junto al especial modo de utilizar el calificativo de 'pacífico' se indica otro: las acciones serán 'populares', esto es, cabría suponer, alegres, espontáneas y no programadas, pues el pueblo solo anida sentimientos nobles, y el pueblo, los colectivos, no puede ser acusado de actos injustos.

Cuando los florentinos, con ocasión de la conspiración de los Pazzi contra los Medici, ahorcaron al obispo Salviati, el papa Sixto IV puso a Florencia en entredicho, algo así como una excomunión colectiva, castigo que canceló su sucesor, Inocencio VIII, invocando la doctrina de un antecesor, Inocencio IV, que había declarado que las sociedades no pueden delinquir ('societas delinquere non potest').

Así pues, la inclusión de la calificación de 'popular' tiene unas connotaciones benéficas para poder sostener que nadie ha de responder de nada. El problema es que el colapso programado no tiene nada de iniciativa popular, sino que, de ser cierto, está organizado y planificado, con independencia de que, llegado el momento, los promotores cambien de asesores y vean en el horizonte una condena con la que no cuentan y que, a buen seguro, no alcanzaría a los partícipes, pero sí a ellos.

Y en esas estamos. Dirigentes políticos del nivel del presidente de la Generalitat entran reiteradamente en zonas de 'interés penal' por la vía de la glorificación de hazañas delictivas o por el anuncio de apologéticos males que se producirán, eso sí, 'pacíficamente'. Cerca de él se posicionan otros, cuyos nombres no voy a reproducir, pues están en la mente de todos.

Uno y otros, cabe suponer, deben confiar en que los males que anuncian no lleguen a cristalizar en realidades, pues si así fuera, difícil sería que evitaran la responsabilidad penal, salvo que —y no hay que descartarlo— sus asesores áulicos les hayan asegurado la incapacidad o impotencia del Estado y el habitual clamor europeo en pro de sus tesis.

O simplemente es el principio de la política de bicicleta: o sigo pedaleando o me caigo. No contemplan la tercera posibilidad: que te tiren de la bicicleta.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal y abogado.

El Supremo reduce las condenas a los 8 agresores de los guardias civiles de Alsasua
Miguel Ángel Pérez Libertad Digital 9 Octubre 2019

La Sala ha estimado parcialmente los recursos de todos ellos y reduce las penas al suprimir la agravante de discriminación en su actuación.

El Tribunal Supremo ha condenado a penas de entre 1 año y 6 meses de prisión, y 9 años y 6 meses a los 8 acusados en el denominado ‘caso Alsasua’ por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y/o amenazas, reduciendo las penas impuestas previamente por la Audiencia Nacional.

La Sala ha estimado parcialmente los recursos de todos ellos y reduce las penas al suprimir la agravante de discriminación en su actuación y la agravante de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado (que se mantiene en los delitos de lesiones). También anula a dos de los acusados algunas de sus condenas por lesiones por falta de prueba de cargo. La sentencia cuenta con el voto particular de dos magistrados que consideran que debió mantenerse la agravante de discriminacion.

Por otro lado, el tribunal ratifica las responsabilidades civiles por el daño psicológico y moral causado a las víctimas así como por las lesiones físicas. La sentencia considera que ha existido prueba bastante y válida para mantener las condenas por delitos de atentado a agentes a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, salvo en 2 condenas por delitos de lesiones del acusado Aratz Urrizola y otra por el mismo delito de Iñaki Abad.

El agravante de discriminación y el voto particular
La sentencia sostiene que no es de aplicación la agravante de discriminación. Subraya que los hechos probados son execrables y reflejan una motivación abyecta ya que la agresión se produjo al constatar que las víctimas eran miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aplicar por ello la agravante de discriminación supondría condenar por el mismo hecho vulnerando el principio ‘non bis in ídem’, es decir, que el que fuesen guardias civiles ya ha sido tenida en cuenta para conformar la tipicidad del delito de atentado.

La Sala entiende que no se describe una situación de discriminación, ni la ideología, como tampoco se establece una comparación entre situaciones desiguales sobre las cuales fundar la discriminación, ni contiene una definición o expresión de la situación objetiva de desigualdad derivada de una ideología del sujeto pasivo del hecho delictivo. El TS también retira la agravante de abuso de superioridad en relación a los delitos de atentados a agentes de la autoridad, porque no cabe aplicar esta agravante en dicho delito. Y lo mantiene en los delitos de lesiones.

Dos de los cinco magistrados que firman la sentencia, Vicente Magro y Antonio del Moral, han formulado un voto particular en el que defienden que sí debió aplicarse la agravante de discriminación, al considerar que los actos excluyentes a las personas que representan instituciones del Estado son actos de discriminación por una cuestión de ideología contra lo que representa el Estado, y se proyecta en las víctimas como sujetos pasivos por razón de la distinta ideología que para los autores tienen respecto de ellos en este posicionamiento excluyente y, por tanto, discriminatorio. Ambos magistrados señalan que el hecho probado sí hace mención a la animadversión por la presencia de las víctimas en la localidad y por su pertenencia a la Guardia Civil.

Las condenas fijadas por el Supremo
De esta forna, Ohian Arnanz Ciordia es condenado a 9 años y medio de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio); tres delitos de lesiones con concurrencia de la agravante de abuso de superioridad (2 años por cada uno); y delito de desórdenes públicos (1 año). La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional le había condenado a 13 años.

Jokin Unamuno Goicoetxea y Adur Ramírez de Alda Pozueta: 8 años y medio de prisión para cada uno por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio); y tres delitos de lesiones con agravante de abuso de superioridad (2 años por cada uno). Ambos fueron condenados por la Audiencia a 12 años de prisión.

Jon Ander Cob Amilibia y Julen Goicoechea Larraza: 7 años y medio de prisión para cada uno por un delito de atentado a agentes de la autoridad (2 años y medio) y tres delitos de lesiones con la agravante de abuso de superioridad (1 año y 8 meses por cada delito). Venían condenados por la Audiencia a un total de 9 años de prisión cada uno.

Aratz Urrizola Ortigosa: 4 años y 2 meses de prisión por un delito de atentado a los agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y 6 meses) y un delito de lesiones con la agravante de abuso de superioridad (1 año y 8 meses). La Audiencia le condenó a 9 años.

Iñaki Abad Olea: 3 años y 6 meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio) y desórdenes públicos (1 año). La Sala de Apelación de la Audiencia le condenó a 6 años. Y por último, Ainara Urquijo Goicoetxea: 1 año y 6 meses de prisión por delitos de desórdenes públicos (1 año) y amenazas (6 meses). Fue condenada por la Audiencia a 2 años de prisión.

Sentada de periodistas en el Parlament contra las agresiones al informar del 'procés'
Entre los participantes en esta acción simbólica, promovida por la asociación de periodistas Col·lectiu Ciutadella, figuraban profesionales de todos los medios que trabajan en Cataluña
EFE elconfidencial 9 Octubre 2019

Más de una treintena de periodistas parlamentarios han protagonizado una sentada en los pasillos del Parlament antes de que empezara el pleno de este miércoles en protesta por las agresiones que sufren algunos profesionales de la información cuando cubren manifestaciones en Cataluña.

Entre los participantes en esta acción simbólica, promovida por la asociación de periodistas parlamentarios Collectiu Ciutadella, figuraban profesionales de todos los medios que trabajan en Cataluña.

La sentada llega a las puertas de la sentencia del 'procés', tras la cual es previsible un nuevo ciclo de movilizaciones, después de que en la manifestación independentista del pasado 1 de octubre en Barcelona un grupo de manifestantes increparan, intimidaran y lanzaran objetos a la reportera de Telecinco Laila Jiménez.

En los últimos tiempos, también han sido objeto de agresiones verbales en Cataluña otros profesionales de otros medios de comunicación en concentraciones de diferente signo político.

A lo largo de los quince minutos que ha durado la acción, representantes de todos los grupos con representación en el Parlament se han acercado a los periodistas para interesarse por los motivos de la protesta, así como diferentes miembros del Govern, entre ellos el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

El portavoz del Collectiu Ciutadella, Rafa Garrido, ha explicado que a todos ellos se les ha pedido "compromiso en la contundencia en la condena de los actos que ha habido y si hay nuevos", independientemente del signo de la manifestación y del medio en el que trabaje la persona agredida.

Asimismo, se les ha instado a hacer "pedagogía previa" entre las personas que acuden a las movilizaciones: "La gente que sale a la calle a manifestarse escucha mucho a los políticos", ha subrayado.

Tormenta política por el acoso a una médico que no habla catalán
El Colegio de Médicos de Barcelona critica el "escrache inadmisible"; Mos Movem ve "uso del idioma como arma política" y Albert Rivera denuncia "totalitarismo puro e intolerable"
Ignasi Jorro cronicaglobal 9 Octubre 2019

Tormenta política por el acoso independentista a una médico interina del CAP Les Corts que se ciñó al castellano durante una visita a una madre y una hija. El Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) ha detectado un "escrache inadmisible" y la plataforma Mos Movem, que defiende la libre elección de lengua en sanidad, ha lamentado el "uso del idioma como arma política". Ciudadanos ha dado un paso más. Su presidente, Albert Rivera, ha detectado "totalitarismo puro e intolerable" en el asedio a la doctora de urgencias.

La primera en reaccionar a la intimidación desplegada por el ultra Santiago Espot fue Mos Movem. La plataforma balear que luchó contra el decreto que impone el catalán como un requisito para trabajar en la sanidad pública del archipiélago avisó ayer de que "un grupo independentista, encabezado por el empresario Santiago Espot, irrumpe en un centro médico de Barcelona para exigir el cese de una doctora por humillar a una paciente. Una prueba más de la utilización del idioma como arma política". Ya el miércoles, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha detectado "totalitarismo puro" en el episodio. "Unos radicales separatistas acosan al director de un centro de salud porque una doctora atendió en español a un paciente. Esta gente no puede campar a sus anchas. El Estado tiene que actuar para proteger la libertad de todos. Ya basta", ha tuiteado el también candidato a presidente del Gobierno en las elecciones del próximo 10 de noviembre.

"Escrache inadmisible"
El Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) también ha reaccionado, aunque sin anunciar acciones legales. Su presidente, el independentista Jaume Padrós, ha recordado que "ya me manifesté en nombre del COMB que este tipo de escraches son inadmisibles. Ni juicios paralelos ni somatenes. Si hay alquna queja, solo la paciente o su tutor, llegado el caso, son las personas válidas para vehicularlas mediante un método garantista". En diversos tuits en su cuenta oficial en la red de microblogging, Padrós ha restado importancia al incidente. "Los hay que, sin representar a nadie, viven de crear un falso conflicto que acaba siendo pintoresco y lamentable. No lo categoricemos más, por favor", ha opinado.

Según el también facultativo, "todos los profesionales del CAP Les Corts son ejemplares. Este año cumplen 25 años de gran servicio a las personas. Y el Colegio decidió distinguirlos como equipo de excelencia en 2019". No ha dado muestras Padrós de que el Colegio, de afiliación obligatoria, se disponga a emprender medidas para defender a la médico interina.

Irrumpen en el ambulatorio y en Salud
Las tres muestras de rechazo se han sumado a otras, como las de los diputados Toni Cantó o Carina Mejías, o el electo en la cámara catalana Jorge Soler, también médico. El galeno y diputado ha mostrado "todo su apoyo" a la sanitaria. "Los camisas pardas acosando a un director de un centro de salud de Barcelona porque una doctora de su equipo habla en castellano y le piden que la despida. Qué tristeza ver a lo que ha llevado el odio nacionalista", lamentó Soler el martes.

Cabe recordar que Espot y los ultraderechistas del MIC no solo irrumpieron en el ambulatorio en el que trabaja la doctora (el lunes), sino que también se personaron (el martes) en la sede del Departamento catalán de Salud en Travessera de les Corts. Allí exigieron la destitución de la médico. La Consejería que dirige Alba Vergés (ERC) aún no ha aportado su versión oficial sobre el caso, aunque Montserrat Sagalés, subdirectora general de Ordenación y Servicios, recibió a Espot y los ultras.

Matonismo lingüístico en Barcelona: amenazan a un médico por un supuesto caso de discriminación
El separatista Santiago Espot y una decena de sus seguidores irrumpen en un ambulatorio de la capital catalana para amedrentar al director sanitario.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 9 Octubre 2019

El separatista Santiago Espot y una decena de sus seguidores irrumpen en un ambulatorio de la capital catalana para amedrentar al director sanitario.

Episodio de matonismo lingüístico en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Les Corts, en Barcelona, ambulatorio que comparte edificio con la consejería de Sanidad. Un grupo de individuos encabezados por Santiago Espot, conocido por organizar los abucheos al Rey y al Himno Nacional en las finales de la Copa, irrumpe en las instalaciones y amenaza al director médico por un supuesto caso de discriminación lingüística.

Una mujer ha denunciado en los medios de comunicación nacionalistas que una doctora les atendió a ella y a su hija, una discapacitada de 26 años, en español porque no entendía el catalán. Según la versión de la denunciante, ella tuvo que hacer de traductora porque su hija solo sabe hablar en catalán. La doctora, asegura esta madre, las humilló.

Conocida la denuncia, Espot hizo un llamamiento para reclutar una brigada con la que presentarse en el ambulatorio y amenazar a sus responsables. Así, una partida de una decena de individuos irrumpió en el centro y exigió hablar con el máximo responsable. El director no tuvo más remedio que hacer frente a Espot y sus seguidores en las dependencias del ambulatorio.

De entrada, Espot le recriminó haber incumplido las leyes lingüísticas de Cataluña. Las imágenes del incidente constan en este hilo de Twitter:

Santiago Espot: Por lo bajo, se ha vulnerado la ley de política lingüística del 98 artículo 11 y el artículo 33 del Estatuto de Autonomía. Sabemos que la madre presentó una queja y todavía no se le ha respondido.

- Médico: No es verdad

- Una mujer que acompaña a Espot: ¿Se ha echado a la persona investigada?

- Médico: No, en absoluto, solo faltaría.

- Otro acompañante de Espot: ¿Solo faltaría?

- Médico: Esta chica (en alusión a la doctora) entiende perfectamente el catalán.

- Mujer: "Entonces se nos está reconociendo que tenía ganas de humillar a la persona.

- Médico: Si me dejan hablar yo se lo agradeceré. Si no me dejan hablar, entonces no pasa nada. Aquí no se ha discriminado a nadie.

- Espot: ¿Es mentira lo que dice la madre?

- Médico: Como mínimo nuestra versión no es esa y ustedes, con todo el respeto, se están convirtiendo en un tribunal.

- Miembro del grupo de Espot: De la inquisición...

- Médico: Ni tan solo quieren escuchar la versión de los profesionales afectados. Nuestra versión es muy sencilla. Evidentemente no entraré en detalles de lo que pasó en una entrevista clínica porque como ustedes comprenderán solo lo saben las personas que estuvieron presentes. Lo que sí que les explicaré es que nuestros profesionales, nosotros tenemos profesionales en formación muchos de ellos extranjeros que vienen de otros países. Todos saben que tienen la obligación de lo más rápidamente posible poder entender las lenguas oficiales de aquí. Nunca hemos tenido ningún problema en este sentido.

- Espot: ¿Entonces por qué denunció la madre?
- Médico: No tengo ni idea. Intentaré hablar con ella.

- Espot: Cuando los medios les piden su versión ustedes no responden.
- Médico: Nadie nos ha pedido nuestra versión.

Colonos y abuelos que mueren en castellano
En ese punto, Espot insiste en que los medios de comunicación han intentado recabar la versión de los médicos del centro y el director del ambulatorio insiste en que eso no es cierto. Espot se ofende y exige a gritos que le deje hablar, que ahora le toca a él. Y afirma:

"Doctor Benavent, esto es una puñetera (inaudible). Aquí vienen médicos con el ánimo del colonizador a menospreciarnos. Este es un país donde no te puedes morir ni en catalán. Muchos de nuestros abuelos catalanoparlantes las últimas palabras que escucharán serán en lengua castellana. Por tanto, los catalanes somos muy generosos. Dejad que hablen en castellano... Fíjese si somos generosos, pero que nos humillen en nuestra casa como esta médico a esta madre, eso no lo toleraremos más. Veo que usted no da las explicaciones oportunas. Ya iremos allá donde sea necesario. Eso no se vuelve a repetir aquí. Eso no se volverá a repetir aquí, se lo aseguro".

Esta secuencia ha sido difundida a través de dos mensajes en Twitter por el Movimient Identitari Català, una organización separatista de extrema derecha que se define como "cultural" y afirma luchar por "una Cataluña libre y catalana".

Espot, por su parte, ha aprovechado su tribuna en el digital independentista El món (mundo) para llamar "mengeles" a los médicos del citado CAP, tachar a la médico incriminada de "perversa doctora rojigualda" y afirmar que "constatamos que tampoco hay piedad para los catalanes discapacitados si sospechan que no quieren ser españoles". Espot afirma también que ha hablado con la consejera de Salud, la republicana Alba Vergés, para que adopte medidas.

Escrache contra una doctora que no habla catalán: "Esto es una puñetera colonia"
Un grupo independentista, encabezado por el empresario Santiago Espot, irrumpe en un centro médico de Barcelona para exigir el cese de una doctora por "humillar" a una paciente
D. B. elconfidencial 9 Octubre 2019

“Doctor Benavent, mire, esto es una puñetera colonia. ¡Aquí vienen médicos con el ánimo del colonizador a menospreciarnos, no solo esta médica sino otras muchas! Incluso este es un país en el que no te puedes morir ni en catalán, y muchos de nuestros abuelos catalanoparlantes las últimas palabras que escucharán serán en lengua castellana. Por lo tanto, los catalanes somos muy generosos. ¡Dejad que hablen en castellano!, fíjese si somos generosos. ¡Pero que nos humillen en nuestra casa, como humilló esa médica a esa madre, no lo toleraremos más!”, explotó el empresario y activista Santiago Espot en un escrache independentista contra el centro de atención primaria de Les Corts, en Barcelona. “No es cierto, lo niego rotundamente”, trató de responder el interpelado doctor Benavent, recostado sobre una columna del centro médico, abochornado por el espectáculo. “Usted no da las explicaciones oportunas e iremos allí donde haga falta. ¡Que eso no se vuelva a repetir aquí! ¡Eso no se volverá a repetir!”, prosiguió amenazante con el pulgar extendido Espot.

Este episodio es la última salida de tiesto del independentismo contra el uso del castellano en las instituciones públicas de Cataluña. La ira identitaria de Espot y de quienes le acompañaron a acosar al personal médico se basa en la denuncia de una mujer, Mercè Bolufer, quien relató públicamente cómo ella y su hija, discapacitada psíquica, habían sido humilladas por una doctora que no las atendió en catalán en Urgencias. “Me quedé a cuadros, si hubiera sido por mí me habría ido, pero la que estaba sufriendo era mi hija. Tuve que estar toda la consulta traduciendo en castellano para ella [la médica] y en catalán para mi hija”, relató Bolufer en la cadena de radio RAC1. La menor, según la madre, solo comprende el catalán. La denuncia prendió la indignación del sector catalanista más militante. El incidente ocurrió el 18 de septiembre.

"Aquí no se ha discriminado a nadie", "tenemos muchos profesionales en formación extranjeros", respondió un doctor del centro

“Aquí no se ha discriminado a nadie”, explica lacónico el doctor Benavent en el vídeo que han hecho circular el propio Espot y el Movimiento Identitario Catalán, un grupo de ultraderecha independentista. “Nuestra versión no es esa, pero ustedes se están convirtiendo en un tribunal…”, dice el doctor. “¡De la Inquisición!”, completa otra profesional que asiste incrédula al espectáculo. “No escuchan la versión de los profesionales afectados. Es muy sencillo. No entraré en detalles de lo que pasó en una entrevista clínica, pero sí le explicaré que tenemos muchos profesionales en formación extranjeros, y todos saben de la obligación, lo antes posible, de entender las lenguas oficiales de aquí. Y lo hacen todos muy rápido, nunca hemos tenido problema”. Este diario trató de obtener la versión del centro médico de Les Corts, que declinó la petición.

Los participantes en el escrache, con Espot a la cabeza, solo encuentran una forma de hacer justicia: que se expulse a la doctora. “¿Ya han echado a la persona en cuestión?”, pregunta una participante. Sarcasmo y alboroto entre los médicos allí presentes. “¡Solo faltaría!”, dice uno de ellos. “La doctora entiende perfectamente el catalán”, completa el doctor para calmar los ánimos. “Entiende perfectamente, ¡encima nos está describiendo que entonces estaba con ganas de humillar a la persona!”, responde indignada la mujer que ha formulado la pregunta.

Plataforma per la Llengua denuncia "discriminación lingüística en centros de salud catalanes" de forma "sistemática" que veja a la población

Plataforma per la Llengua, una ONG cuyo cometido es garantizar la presencia de la lengua catalana en todos los ámbitos y territorios de los denominados Països Catalans, ha criticado a raíz de este incidente un incremento de casos de “discriminación lingüística a pacientes en centros de salud catalanes, que son sistemáticos y no se investigan", y ha pedido a la Consejería de Salud de la Generalitat cursos obligatorios para los facultativos.

Según la plataforma, en los primeros nueve meses de 2019, han recibido 26 quejas sobre este particular, las mismas que recibieron en todo el año pasado y por encima de las 16 que recibieron en 2017. Se trata de “personas vejadas o que tienen que ir a otro centro” y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoce mediante sentencia el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por los trabajadores de la Generalitat.

El vídeo de la vergüenza: el acoso a médicos por no hablar catalán es propio de "los camisas pardas"
Crítica unánime de Cs, PP y Societat Civil, y silencio en el independentismo: "Actúan de forma coactiva y violenta".
Cristian Campos elespanol 9 Octubre 2019

La 'Gestapo' del catalán: graban y amenazan a un médico porque se habló en español a una paciente

Las reacciones al vídeo del MIC (Movimiento Identitario Catalán) en el que un grupo de radicales encabezado por Santiago Espot irrumpe en un Centro de Atención Primaria (CAP) del barrio de Les Corts de Barcelona son contundentes. Excepto en el independentismo, que ha optado por el silencio.

Las imágenes, en las que puede verse a los radicales acosar y amenazar a Jaume Benavent, gerente del centro, para que despida a una doctora que atendió a una paciente en español y a la que califican de "extranjera colonizadora", han retrotraído a la mayoría de los líderes políticos y civiles consultados por EL ESPAÑOL a épocas predemocráticas.

Jorge Soler, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento catalán y médico especialista en medicina familiar y comunitaria, ha presentado una queja y una batería de preguntas frente a la Consejería de Salud, liderada por Alba Vergés, de ERC.

Amenazas en un centro médico por hablar español

En su escrito, Soler pregunta por las acciones adoptadas por el Departamento de Salud a raíz de este caso, por las medidas previstas para evitar este tipo de acosos y por la opinión del Departamento de Salud y de la propia Generalidad acerca de la calificación de "colonizadores" utilizada por Espot para referirse a los médicos no catalanohablantes. También pregunta el diputado de Ciudadanos por la opinión de la consejera de Sanidad al respecto. "¿Comparte la idea de que debe expulsarse de Cataluña a los médicos que hablen en español en sus consultas?", plantea en su escrito.

"Ayer ví el vídeo en el perfil de Twitter de Sonia Reina y no daba crédito", dice Carina Mejías, diputada de Cs en el Congreso de los Diputados. "Es una manifestación de xenofobia intolerable y de acoso a unos profesionales de los que se valora más que hablen catalán que su profesionalidad y su experiencia. Esto no puede seguir así. Hay que denunciar la xenofobia y ese racismo que provoca el rencor independentista. Han perdido el control y la razón".

"Camisas pardas"
Mejías, que como líder del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona destacó por su firmeza contra las políticas de Ada Colau, pero también contra el separatismo, pide sanciones contra los ataques del separatismo. "Ante estas situaciones ya no se puede seguir ignorando la situación. Hay que tomar medidas para evitar este acoso. Hay que denunciar y sancionar. El Gobierno de España no puede seguir ignorando esto, tiene que actuar sin complejos".

Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, es, si cabe, más contundente incluso que Mejías. "Es nazismo. Pero amparado y financiado por las instituciones catalanas" dice. "Cuando legitimas a una entidad que señala y que persigue a empresas, a comercios y a trabajadores, es cuestión de tiempo que alguien se crea legitimado a intimidar a los que 'no cumplen'. Son como los camisas pardas [las milicias nacionalsocialistas encargadas de acosar, intimidar y agredir a los ciudadanos judíos de la Alemania nazi]. Ya no es una exageración, es una realidad".

Por su lado, las fuentes de Societat Civil Catalana (SCC) consultadas por EL ESPAÑOL coinciden con Ciudadanos en la calificación de unos hechos que consideran impropios de una democracia como la española. "Es un comportamiento propio de un régimen totalitario y que no debería permitirse en un Estado democrático como el nuestro. Este tipo de actos no deberían realizarse con total impunidad y encima tener la osadía de grabarlos".

Coacción y violencia
"Hay sectores del secesionismo que no aceptan que en Cataluña haya dos lenguas oficiales" afirman también desde SCC. "Los nacionalistas han construido una realidad paralela y se la han creído. No vamos a permitir que conviertan Cataluña en su masía particular. Cataluña necesita que se apliquen políticas de convivencia y no de confrontación y de tsunamis, tal y como defienden el presidente de la Generalidad y su equipo de Gobierno".

Joan López Alegre, referente del constitucionalismo catalán y número dos del PP en la lista que encabezaba Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona en las pasadas elecciones generales, dice sospechar que existe una campaña de blanqueamiento de la violencia "por parte de las instituciones catalanas y sus medios de comunicación públicos y medios afines".

"Esta campaña de blanqueamiento da alas a los independentistas para actuar de forma coactiva y violenta", dice López Alegre. "No sólo blanquean y justifican, sino que además dan poca difusión a estas acciones violentas para que sus radicales puedan actuar con mayor impunidad. Es la misma praxis de los batasunos en el País Vasco de los años ochenta y noventa". Fuentes cercanas a la cúpula del PP catalán afirman estar investigando si Santiago Espot recibe algún tipo de ayuda o de subvención por parte de la Generalidad: "Si es así, las denunciaremos".

En Barcelona
Un grupo de independentistas acosa al director de un ambulatorio por no atender a una paciente en catalán
El líder de este acoso ha sido Santiago Espot, absuelto por la Audiencia Nacional de los delitos de injuria a la Corona y ultraje.
OKDIARIO 9 Octubre 2019

Una decena de radicales separatistas se han presentado este martes en el ambulatorio público de Les Corts, en Barcelona, para exigir al director de este centro de atención primaria el despido de una médica que, según denunció una paciente, no quiso atender a su hija en catalán el día 18 de septiembre.

La protesta la ha liderado el xenófobo Santiago Espot, miembro del Frente Nacional Catalán, que asegura que lo ha hecho tras recibir a la madre de la chica discapacitada que le había explicado lo ocurrido. Tras ello, Espot -que fue condenado por la Audiencia Nacional por injurias a la Corona y ultraje y que luego fue absuelto- se ha plantado también en la consejería de Salud exigiendo hablar con la consejera Alba Vergés.

Él mismo ha hecho una petición, a través de las redes sociales, para que grupos de separatistas le acompañaran en este acoso. Los radicales se han encarado al director del centro de salud, mientras le grababan apuntándole con varios teléfonos móviles, y le reprochaban sus explicaciones. Entre otras acusaciones vertidas, aseguran que "aquí vienen muchos médicos con ánimo colonizador".

En el vídeo, Santiago Espot también se lamenta de "no poderse ni morir en catalán" ya que "lo último que escuchan muchas personas al morirse en Cataluña son palabras en castellano" por eso, dice, "los catalanes somos muy generosos". El activista le ha leído al funcionario los artículos de la ley lingüística que "se han vulnerado". Asegura que "esto no se vuelve a repetir aquí, no lo toleraremos más" mientras le afirma que "mire si somos generosos los catalanes que dejamos que hablen en castellano".

En su cuenta de twitter, Espot, también pide la dimisión de la titular del departamento de Salud -de Esquerra Republicana- por lo ocurrido en este centro de salud de Barcelona. Se lamenta, también, que ni Junts per Catalunya, ni Esquerra Republicana ni la CUP hayan mostrado su apoyo a la família.

Piden un careo
Los separatistas que se han presentado en el centro de atención primaria de Les Corts han exigido al director "un careo" entre la madre, el responsable del centro y la doctora, con ellos presentes, para saber quién dice la verdad, debido al cruce de acusaciones.
 


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