AGLI Recortes de Prensa   Viernes 11  Octubre  2019

La mudable opinión
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 11 Octubre 2019

En el siglo XIX, el del parlamentarismo y la extensión del sufragio, la Prensa usaba una fórmula entrañable: "La mudable opinión". "Será que no se hacían encuestas", dirá el lector. Y algo de razón tendrá, porque valía más el feudo de un sólido cacique rural que los llamados "estados de opinión". Sin embargo, antes del antepenúltimo siglo, los episodios de mudanza en la opinión son constantes. De hecho, la mitad de los libros de Historia lo son de la caída de los grandes y el enaltecimiento de los chicos, que, al hacerse grandes, caen, y así, eternamente. En Occidente se achaca al destino; en China, a la pérdida del mandato del cielo por el emperador. Pero nunca se ha sabido con exactitud cuándo y por qué muda la opinión.

Hace tres meses y hace sólo dos, las encuestas vaticinaban que el acto de egoísmo electoral del PSOE provocando nuevas elecciones se vería coronado por el éxito: no menos de 140 escaños se le atribuían, y algunos llegaban en sus proyecciones a los 160. Con Podemos a la baja, leíamos, mayoría absoluta y sin necesidad de los nacionalistas; una anchoa y listo.

Mes y medio después, el PSOE chapotea en el suelo electoral del que partió como si fuera su cielo. Y de no mediar la caída pronosticada a Ícaro Rivera, los avatares judiciales del golpe de Estado en Cataluña y el heroico empeño del Gobierno en invadir el Valle de los Caídos con la acorazada del Supremo para derrotar al urgentísimo cadáver de Franco, hablaríamos sólo de esa mudanza de opinión sobre Sánchez.

Pero Iván Redondo y su jefe no se equivocaban en julio. Lo que no podían prever era que la repetición electoral y los primeros datos de la crisis económica les pasaran factura tan pronto. Son los únicos motivos que me parecen relativamente racionales: el primero, porque ha sido muy grosera la gestión del bloqueo propiciado por el Gobierno, endosándoselo a los demás; el segundo, porque la forma más acreditada de constatar la mudanza en la opinión es la pérdida de confianza en la economía. Y no hay un solo índice que no se haya hundido en agosto, aunque para mí destacan dos: la súbita caída del consumo y el aumento del ahorro, las dos formas clásicas en que se manifiesta la incertidumbre sobre el futuro. Alguien, no el manirroto, debía ser el responsable. E involuntariamente, por una vez, le ha tocado a Sánchez.

Moncloa pidió al Supremo que dictara la sentencia del golpe tras el 12-O para evitar un clamor patriótico
Carlos Cuesta okdiario 11 Octubre 2019

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, teme las revueltas tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo referente al golpe separatista catalán del 1 de octubre de 2017. Y sabe que, no sólo puede haber reacción en Cataluña por las condenas que imponga el Alto Tribunal a los golpistas, sino que también puede haberla en el resto de España como respuesta a los disturbios y violencia en las calles que provoquen los separatistas: una respuesta exigiendo un golpe de mano duro, algo que habría tenido un claro impacto electoral en un PSOE con firmes alianzas con los separatistas.

Por ello, el Gobierno ha preferido que la sentencia se conozca después de una fiesta tan emotiva para los españoles como la del 12 de octubre y el consiguiente desfile de las Fuerzas Armadas. Porque, más que posiblemente, el enfado de los votantes del resto de España le hubiese forzado a tomar difíciles decisiones contra los separatistas en periodo electoral, teniendo en cuenta que necesita del apoyo de los nacionalistas.

La Moncloa pidió al Tribunal Supremo que publicara su sentencia después de la Fiesta Nacional. Y es que, en caso de haber invertido esas fechas, la reacción popular entre los separatistas y los constitucionalistas sería más que previsible.

El Gobierno sabe que los separatistas aprovecharán las condenas de la sentencia para montar algaradas en las calles catalanas e intentar, de esa manera, disparar el sentimiento rupturista. Pero los hombres de Pedro Sánchez también saben que esos disturbios y ataques callejeros provocarán una reacción de fuerte crítica en el resto de la población española. Una crítica que exigirá respuesta inmediata. Y que, en caso de conocerse en el momento de la Fiesta Nacional del 12 de octubre y del desfile de las Fuerzas Armadas, podría haberse disparado y forzado una reclamación generalizada al Ejecutivo de 155 inmediato, algo que el PSOE no desea en pleno momento electoral.

Por ello, el Gobierno deslizó la conveniencia de que la sentencia se conociera después de la celebración de la Fiesta Nacional. La fecha prevista para la publicación de la misma es el lunes 14 de octubre. Y, aunque las penas finales parece que serán inferiores a la solicitada por la Fiscalía y la acusación popular -ambas solicitaban condena por rebelión-, lo cierto es que la sentencia incluirá fuertes penas para los golpistas.

Agitación en las calles
Uno de los argumentos empleados por el Gobierno de cara a la presentación pública de esta sentencia, de hecho, pasa por que estas condenas agitarán el sentimiento separatista y que en esta tesitura, la reacción en contra del separatismo por parte del resto de la población el 12 de octubre, podría haber servido para retroalimentar aún más los brotes de violencia separatista en Cataluña.

Hay que recordar, que el PSOE de Pedro Sánchez mantiene en estos momentos alianzas con todos los partidos nacionalistas de España. Y, en el caso de los municipios y diputaciones de Cataluña, las mantiene especialmente con PDeCAT -el partido del golpista prófugo de la Justicia Carles Puigdemont– y ERC -la formación del encarcelado Oriol Junqueras-.

En ese contexto, el auge de una respuesta contraria al separatismo muy contundente pondría en un difícil trance electoral al PSOE, que tendría que elegir a quién disgustar: o a sus socios nacionalistas o a los votantes constitucionalistas de izquierdas a los que dirige en estos momentos la campaña electoral y pretende conquistar de cara a la cita en las unas del 10 de noviembre.

Un hombre
Emilio Campmany Libertad Digital 11 Octubre 2019

Dice el Tribunal Supremo, y el Gobierno lo repite como un papagayo, que la venia del prior del Valle de los Caídos no es necesaria y que todos tienen la obligación de acatar las decisiones judiciales, incluido él. No entienden nada. La oposición del prior no obedece a una interpretación incorrecta de las leyes de los hombres. Ni a la creencia de que su calidad de prior le da la oportunidad de oponerse a lo que digan los tribunales. Su actitud responde a las obligaciones que le imponen las leyes de Dios. Es probable que el prior crea, con cierto fundamento, que también las leyes de los hombres exigen su permiso. Pero, si está equivocado, para él no es lo importante. Lo importante es que es responsabilidad suya, ante Dios y ante la Iglesia, la custodia de un lugar sagrado en el que está enterrado un católico y de donde unos aprovechados pretenden exhumarlo sin el consentimiento de sus deudos. Y esto está contra las leyes de Dios. Al menos, las del Dios católico. Que Carmen Calvo, Pedro Sánchez y el Supremo quieran ignorarlas no es lo fundamental para el prior. Que lo haga el Vaticano con un tibio nihil obstat le dolerá, pero no le exime de su responsabilidad. En consecuencia, este hombre que se viste por los pies no da su autorización.

Naturalmente, no puede hacer nada para impedir que el Gobierno cometa esta tropelía. De la misma manera que no está en su mano evitar cualquier otro desafuero que en el futuro se les ocurra. Y precisamente por eso su gallardía tiene más valor. Porque, desde el punto de vista práctico, es inútil. Sólo servirá para que los perspicaces periodistas de investigación de El País le saquen todo lo que en su biografía encuentren que pueda ser objeto de mofa, escarnio o befa. En su serena desautorización no tiene nada que ganar y mucho que perder.

Y si tan innecesaria es la colaboración del valiente clérigo, ¿por qué les irrita tanto que no la dé? ¿Por qué hace falta recordar una y otra vez su inutilidad? Si la Iglesia no tiene nada que decir, ¿a qué fue Carmen Calvo a Roma? ¿A qué empeñarse en que la Santa Sede extienda una orden al prior? El Gobierno cometerá la profanación con todas las bendiciones de un Poder Judicial dependiente y la indiferencia del Vaticano, pero eso no dejará de ser una profanación y, tal y como corresponde al hombre que tiene la responsabilidad del templo donde se pretende perpetrar, no se hará con su consentimiento, beneplácito o indulgencia. Y se negará arrostrando las consecuencias de su oposición, que ya sabe él que no serán pocas ni agradables. El único consuelo que tendrá es haber obrado en conciencia. Lo demás será un infierno. Y luego vendrá Sánchez a ufanarse de haber sido quien tuvo el coraje de desenterrar a Franco. No será más que uno de los muchos cobardes que salen en esta función. Valiente de verdad sólo hay uno.

Silencio en la trama de los plagios
Editorial ABC  11 Octubre 2019

La trama organizada, que viene desentrañando ABC desde hace más de un año, en la Universidad Camilo José Cela de Madrid revela que se trata de un fraude intelectual y ético mucho más profundo que la simple coincidencia de un par de tesis doctorales plagiadas, incluida la del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. A España le sobran discursos retóricos sobre la necesidad de potenciar la formación en las universidades, de adaptarlas a los procesos de globalización, a la búsqueda de la excelencia, o a la digitalización y las exigencias cambiantes del mercado laboral. Miles de profesores universitarios desempeñan su labor con absoluta corrección y profesionalidad. Sin embargo, las revelaciones de ABC no son anecdóticas. Es evidente que parece existir una trama organizada de consecución de másteres y tesis doctorales sin el más mínimo rigor, y ello contamina por extensión, e injustamente, a toda la comunidad universitaria. Por eso carece de sentido que un Ministerio expresamente creado para dar visibilidad propia a las universidades, como el que dirige Pedro Duque, se ponga de perfil ante el escándalo. No dar una sola explicación, no dirigir su actuación política a poner coto a una práctica que parece más generalizada de lo imaginable, no dar instrucciones públicas para paliar la pérdida de reputación general, o sencillamente sacudirse de encima el problema remitiéndose a las competencias de la Consejería de Educación correspondiente es esconder la cabeza bajo la tierra. La UCJC ha emprendido un nuevo rumbo para tratar de corregir un fraude que, por mucho que intente negarse, es notorio. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades algo debería decir al respecto, aunque sea por simple prestigio. Tiene capacidad legislativa, ejerce influencia sobre las Universidades, pone y quita rectores allá donde considera oportuno y, sin embargo, cuando se produce un escándalo como el denunciado por ABC, se limita a guardar silencio. Otras alarmas públicas como las provocadas por una crisis agroalimentaria sí son replicadas por el Ministerio de Sanidad, que centraliza las respuestas imprescindibles, aunque sean competencia de las comunidades. Se trata de ponerse al frente de la resolución de un conflicto, no de diluir responsabilidades.

Hoy ABC revela nuevos datos sobre plagios «doctorales». Ya no son casos aislados. El mapa del fraude deja entrever toda una organización dirigida a falsear y regalar títulos no obtenidos por méritos propios, brillantez intelectual o una capacidad innegable para la investigación. Además, el colmo es plagiar directamente de internet, o de webs tan elocuentes como «el rincón del vago». Es el retrato de una farsa que amenaza con crecer. Hubo una estrategia para acallar el plagio de la tesis cometido por Sánchez y que no tuviera consecuencias políticas para él. Pero la marea ya lo desborda todo.

A favor de la memoria histórica
María Claver okdiario 11 Octubre 2019

El pasado 19 de septiembre el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. En una declaración histórica, la Eurocámara equipara al nazismo y al comunismo, recordando que “los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad”. Y añade que “mientras que los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Núremberg, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente, y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos”.

Se puede añadir poco a lo resuelto por la cámara europea. La Historia ha ajusticiado al nazismo como lo que fue: un régimen genocida que arrojó a la humanidad al infierno de una guerra global, pisoteando con extrema crueldad la vida, la dignidad y la libertad. Al menos, en medio de tanto dolor, los supervivientes y las familias de las victimas vieron desfilar ante la justicia a sus verdugos. No ocurrió lo mismo con el comunismo, corresponsable de aquellos hechos.

Hoy, pocos se estremecen al ver a alguien exhibir símbolos comunistas o escuchar a formaciones políticas intentar la enésima reedición de una ensoñación ideológica cuyo desprecio al ser humano, en términos cuantitativos, no tiene parangón en la historia de la humanidad. Un tribunal invisible ha intentado exonerar al comunismo de sus crímenes, condenando al ostracismo la memoria y la dignidad de aquellos que entregaron su vida para combatirlo o, simplemente, para sobrevivir. Más de cien millones de muertos completan la barbarie de su colosal obra. La memoria histórica es un acto de contrición y de reconciliación mutua, la vacuna que nos hace inmunes a la sinrazón y no, como algunos pretenden, una hemiplejia histórica que condene a nuestros hijos a un futuro de odio y rencor. En Europa saben muy bien de lo que estamos hablando y, por eso, esta resolución.

Ni el PSOE ni Sánchez están para dar lecciones
EDITORIAL Libertad Digital 11 Octubre 2019

Sin vergüenza, Pedro Sánchez sigue impartiendo unas lecciones sobre corrupción, honradez y principios democráticos para las que no es, ni mucho menos, el político más autorizado.

No lo es, en primer lugar, por su propia trayectoria: su infame tesis plagiada y las múltiples y descaradas mentiras con que ha pretendido blindarla, su doctorado aún más ominoso y su descarado libro resistente que nos está costando un carguito público para su pergeñadora serían motivos más que suficientes para acabar con la carrera de cualquier político europeo con un adarme de decencia.

Pero Pedro Sánchez es el secretario general de un partido en el que la corrupción ha sido una suerte de seña de identidad, y se ha practicado a una escala sólo al alcance del nacionalismo catalán, que tanto debe a la famiglia Pujol.

A los escandalosos casos que tienen por núcleo irradiador la Junta socialista de Andalucía, en los que se robaron cantidades astronómicas de dinero público, hay que sumar los que se han destapado en otras comunidades, como Asturias, y que siguen ahí, por mucho que la mayoría de los medios de comunicación se empeñen, cómplices, en mirar para otro lado.

De vuelta en Andalucía, esta misma semana se ha sabido que en Huévar del Alfaraje, municipio de 3.000 habitantes en el que había cerca de 200 empleados públicos, muchos de ellos relacionados con el PSOE o directamente familiares de los propios concejales socialistas del lugar, el dinero público se destinaba prioritariamente a asegurar la reelección del cacique socialista de turno.

Lo de Huévar es paradigmático de una manera de proceder que ha servido para que el PSOE detentara el poder autonómico en Andalucía durante casi 40 años, y para que aún lo conserve en otras instituciones andaluzas. Y esto sin profundizar en el pasado de un partido que, a escala nacional, ha incurrido en todos los modos imaginables de corrupción.

A un mes de las elecciones, que ante esta nueva cita con las urnas Pedro Sánchez se presente a sí mismo y presente a su partido como dechados de honradez y ejemplaridad democrática sólo es un chiste macabro. Es cierto que el presidente del Gobierno se siente absolutamente cómodo viviendo en la mentira, y no lo es menos que con la ayuda de los medios de comunicación parece no haber falsedad lo suficientemente grande para no poder formar parte de la propaganda socialista, pero el PSOE debería andarse con cuidado: como decía Lincoln en su famosísima frase, no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo, y no hay que descartar que los últimos reveses de los socialistas en las encuestas se deban, precisamente, a que están consiguiendo hartar a cantidades crecientes y muy notables de votantes.

La carta íntegra de Tejero al Papa Francisco para que evite la profanación de la tumba de Franco
Redacción eltorotv.com11 Octubre 2019

Antonio Tejero ha enviado una carta al Papa Francisco tras la decisión del Supremo de dar vía libre a la exhumación de Francisco Franco.

La carta íntegra:

«Beatísimo Padre:
Soy Antonio Tejero Molina, Teniente Coronel de la Benemérita Guardia Civil, expulsado del Ejercito por los sucesos del 23 Febrero de 1981; de 87 años de edad, casado y padre de 6 hijos, uno de ellos sacerdote, y dos Guardias civiles y mis hijas maestras.

Le escribo en español porque ha sido la lengua de su juventud y porque según palabras del emperador Carlos I de España y V de Alemania es la apropiada para hablar con Dios.

No es a Dios a quien escribo pero si al sucesor de Pedro y Vicario de Cristo en la tierra según reza en la Santa Religión Católica, Apostólica y Romana de la cual me siento hijo. El hecho de escribirle es a tenor de lo que quieren hacer con el cadáver de uno de los católicos españoles más preclaros de nuestra Historia.

A Francisco Franco Bahamonde lo quieren sacar violentamente de su tumba para enterrarlo en el cementerio de Mingo Rubio, donde estaría a merced de poder ser vulnerada su tumba y hacer barbaridades con sus restos…

Ya sabe S.S. quién es el General Franco, pero es bueno recordarlo.

Es el hombre que liberó a España de la barbarie comunista que había cometido los mayores crímenes contra la Iglesia Católica y sus componentes: obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y contra aquellos seglares que profesaban la fe católica y deban valiente testimonio de ella hasta llegar al martirio.

Tras la guerra fratricida que asoló España, fue el artífice de su reconstrucción total tanto física como espiritual, por todo ello y merecidamente le fue concedida la mas alta condecoración de la Patria, La Cruz Laureada de San Fernando. También Francia le condecoró con la Legión de Honor que según el héroe de Verdún, Philippe Pétain, Jefe del Estado Francés: “Era la espada más limpia de Europa” y habiendo sido requerida por los descendientes del criminal Frente Popular de 1934-36 para que le fuera suprimida, el Estado francés se ha negado a ello ya que se trata de un soldado con honor.

También el Sumo Pontífice S.S. Pio XII a la vista de la Victoria que habría conseguido sobre los enemigos de la Fe y de España le concedió con toda pompa y boato la “Laureada de la Iglesia Católica” el “ingreso en la Orden de Cristo, por sus méritos a favor de la Iglesia Católica y por su trayectoria política basada siempre en los preceptos evangélicos.

Por ello el motivo de esta carta es rogarle a S.S. que siendo Franco portador de una distinción católica, que pocos han conseguido en el mundo, ruego intervenga S.S. para que no sea profanada su tumba del Santuario del Valle de los Caídos, lugar sagrado de Oración y reconciliación donde yacen más de 37.400 caídos de los dos bandos de la contienda, de los cuales hay 57 beatos proclamados oficialmente por la Iglesia y 10 Siervos de Dios. Tumba profanada por aquellos que tan solo son guiados por el odio a Dios y a España, ya que no solo es molesta el cadáver del General Franco, también la Gran Cruz del Valle (150 m.) y la Basílica , y cuyo destino pudiera ser su destrucción ya que su comportamiento nos muestra a los católicos que les molesta e intentan destruir todo lo sagrado, como sucedió en la España del Frente Popular en la persecución religiosa así como el pretendido fusilamiento del Sagrado Corazón, y posterior destrucción en el Cerro de Loa Ángeles de Getafe.

Todos los españoles de fe esperamos y suplicamos ansiosos la ayuda de S.S. a quien deseamos muchos años de Pontificado.
Me despido de S. S. implorando la deseada. Bendición Apostólica».

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La larga mano de Sánchez llega hasta el Supremo
OKDIARIO 11 Octubre 2019

La información que revela OKDIARIO sobre la petición que hizo Moncloa al Tribunal Supremo para que hiciera pública la sentencia del procés después del 12-O, día de la Fiesta Nacional, para evitar un estallido patriótico revela hasta qué punto la larga mano de Pedro Sánchez se estira siempre en beneficio de su propio interés. El Gobierno en funciones también ha pretendido -no es ninguna sorpresa- manejar los tiempos de la justicia a su antojo y conveniencia política.

Siempre podrá argumentar el Ejecutivo que lo hizo para evitar que se generara un clima añadido de tensión social, pero eso suena a excusa, porque el mismo razonamiento podría aplicarse al acto de exhumación de Franco y el Gobierno se dispone a llevarlo a efecto de forma inmediata, a unos días del comienzo de la campaña electoral.

En realidad, el Gobierno de Sánchez lo que pretende es generar el clima que más le convenga pensando en las elecciones del 10-N. Y si para ello tiene que inmiscuirse en el calendario judicial, se busca una justificación más o menos coherente a fin de llevar el agua a su particular molino. Todo en Pedro Sánchez es oportunismo. Maneja a su antojo a la Abogacía del Estado para que, según le convenga, diga una cosa y la contraria en relación con el traspaso de los fondos de la financiación autonómica, y mete a las pensiones en campaña prometiendo subirlas en diciembre. Nunca ningún presidente en funciones se atrevió a tanto.

La llamada al Supremo es el reflejo de una forma de gobernar en la que el Ejecutivo socialista invade sin recato todas las instituciones del Estado sin importarle en absoluto el principio sagrado en democracia de la separación de poderes. Por supuesto, de la integridad y honestidad del juez Manuel Marchena, presidente de la Sala que juzga el procés, nadie puede dudar, pero sí de un Ejecutivo que confunde peligrosamente los términos, porque gobernar no es ocupar el poder. Y eso es lo que es Pedro Sánchez: un ocupador del poder en funciones.

Toda la Ley contra el secesionismo
 larazon 11 Octubre 2019

El «proceso» independentista está plagado de mentiras e ilegalidades. Antes las falsedades sólo cabe la verdad de los hechos; ante el delito, la Ley. Incomprensiblemente, durante mucho tiempo se dejó que las falacias acabasen construyendo un «relato» lleno de victimismo y, pasado el tiempo, odio; tampoco se recurrieron iniciativas legislativas tomadas desde el Parlament, o la creación de organismos cuya misión era imponer el derecho de autodeterminación, como el Consejo Nacional para la Transición (febrero 2013) o la Agencia Tributaria catalana (septiembre 2013).

Se trata de una estrategia basada en construir «estructuras de Estado» –sin contar la larga etapa del pujolismo– y que concluyó con la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017, aunque luego no hubiese estructura alguna. Hubo una declaración de soberanía (27 de septiembre de 2012), cuatro meses más tarde, el Parlament declaró que «el pueblo de Cataluña» es un «sujeto político soberano» y aunque fue recurrida, mientras la Cámara catalana creó, en mayo de 2013, la Comisión de Derecho a Decidir. En diciembre del mismo año, la Generalitat presupuestó cinco millones para organizar un referéndum en 2014.

El fraude de ley ha sido una práctica habitual: el 19 de septiembre creó una ley de consultas bajo cuyo marco se ejercería el derecho de autodeterminación, aunque ya existía otra de 2010 para regular las referendos populares.

Como han advertido muchos constitucionalistas, «la actividad administrativa también es recurrible cuando actúa por la vía de los hechos». Con más razón, por lo tanto, debe actuarse con celeridad cuando el Parlament aprueba una propuesta de resolución que supone la reprobación del Rey y reafirmación del derecho de autodeterminación, tal y como salió adelante en julio de 2019.

Ayer, el Tribunal Constitucional admitió a trámite por unanimidad un recurso que fue interpuesto por el Gobierno y que viene a reafirmarse en la inconstitucionalidad de reprobar al Jefe del Estado. La providencia es clara: requiere al presidente del Parlament, a la Mesa y al secretario general «de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados». Es decir, que de no acatar la providencia se podría incurrir en responsabilidades, también penales.

Que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, replicase ayer que se trata de un ataque contra la «libertad de expresión» demuestra un desconocimiento absoluto de las funciones del legislativo, a no ser que lo entienda como un mero aparato al servicio de la maquinaria más de enfrentamiento de la que disponen los separatistas. Carmen Forcadell, ex presidenta del Parlament, también adujo que permitió que votasen la Ley de Referéndum y la de Transición de septiembre de 2017 para no coartar la «libertad de expresión».

Finalmente, el Tribunal Supremo la ha juzgado acusada de rebelión al permitir aprobar una legislación que servía de coartada al «proceso» secesionista. Torrent, como siempre, recurre a la propaganda y a alimentar el victimismo y el enfrentamiento con el Estado. Pero debería leer más detenidamente la providencia que se le entregó ayer porque el TC no sólo indica suspender los preceptos indicados, sino impedir o paralizar «cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal». Habrá consecuencias legales de haber algún incumplimiento y de nada servirá argumentar que lo hacían en cumplimiento de un mandato del «pueblo de Cataluña», que, por otra parte, no tiene más derechos –ni menos– que los que dictan las leyes por las que se rigen todos los españoles, Constitución y Estatuto de Autonomía

El Gobierno no tiene que pedir perdón
Editorial ABC 11 Octubre 2019

Si, como aseguró el pasado miércoles la Consejería de catalana de Interior, la delegada del Gobierno en Cataluña pidió perdón «en su nombre y en el del Ministerio del Interior» por las palabras del general Pedro Garrido, jefe de la Guardia Civil en esta comunidad autónoma, no es solo Teresa Cunillera la que está obligada a aclarar ante la opinión pública las razones de sus disculpas. También el propio Ministerio de Interior, por alusiones directas, debe determinar qué parte del discurso de Garrido -impecable en su defensa de la Guardia Civil y de la tarea que sus agentes desarrollaron durante la investigación del golpe separatista- resultan ofensivas. Como ayer informó ABC, la cúpula de los Mossos abandonó el pasado miércoles la comandancia de Sant Andreu de la Barca al sentirse herida por las palabras del jefe de la Guardia Civil en Cataluña, que agradeció a los agentes del Instituto Armado su trabajo para desenmascarar a «personas relevantes de las instituciones autonómicas para llevar a cabo un proyecto secesionista» o para neutralizar, hace unas semanas, a los miembros del CDR que preparaban artefactos explosivos.

Si Pedro Garrido cruzó alguna línea roja en su discurso, ofensivo solo para quienes temen el peso de la ley, fue la que la delegada del Gobierno ha trazado en su particular croquis autonómico, ajeno al ordenamiento jurídico y en el que incluso cabe, como se apresuró en reconocer hace ahora un año, el indulto a los golpistas juzgados por el Supremo. En vísperas de la publicación de la sentencia del juicio del procés, Teresa Cunillera desautoriza al jefe de la Guardia Civil en Cataluña para proteger la piel -excesivamente fina, alérgica a la defensa del Estado de Derecho- de los Mossos. No podía haber peor precedente.

La Guardia Civil no es inoportuna
Editorial El Mundo 11 Octubre 2019

Marlaska no puede supeditar el compromiso con la ley a la conveniencia política y el cálculo electoralista

Si hay algo que no se puede permitir un ministro del Interior es perder la confianza de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, la trayectoria de Fernando Grande-Marlaska se está revelando como una profunda decepción, especialmente en lo tocante a Cataluña. Este periódico ya informó de la bronca que el ministro del Interior le montó a la cúpula de la Guardia Civil por no haberle informado como él creía que debía ser informado de la operación contra los miembros de los grupos radicales que estaban fabricando explosivos. Un magistrado de la Audiencia Nacional, por mucho que al meterse en política asuma una obediencia partidista, no debería olvidar el principio democrático de la separación de poderes. La actuación del juez García Castellón contra los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) no requería el visto bueno de un ministro para llevarse a cabo: el Instituto Armado se limitó a cumplir su deber con profesionalidad ejemplar.

Lo grave es que Marlaska se muestra reincidente. Como publicamos hoy, la cúpula de Interior ha considerado "inoportunas y poco idóneas" las palabras del general Pedro Garrido en Sant Andreu de la Barca. El máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña pronunció un discurso impecable en defensa del orden constitucional. Además de aplaudir la última actuación del Instituto Armado contra los CDR censuró la mentira de la revolución de las sonrisas, que enmascara "odio y mezquindad capaces de generar destrucción y sufrimiento". Y reafirmó su firme compromiso de trabajar por la libertad y seguridad de todos los ciudadanos.

Ya es patético que unas palabras tan puestas en razón generen malestar entre los Mossos, que decidieron abandonar el acto en señal de protesta. Semejante actitud, unida a la dimisión hace unos días del jefe de la policía autonómica por desavenencias con Quim Torra y su anunciado desacato, no augura nada bueno con vistas a la voluntad política y capacidad operativa necesarias para sofocar la reacción que el separatismo presumiblemente desplegará tras la sentencia del 1-O. Pero que sea el propio ministro del Interior -cuyo líder anda inmerso en una campaña que se promociona bajo el lema de "Ahora, España"- el que se escandalice ante el compromiso ineludible de la Guardia Civil con su misión resulta bochornoso para los propios agentes, que en Cataluña viven sometidos a una presión social y política que pretende su expulsión de la comunidad autónoma.

Los servidores del orden público que se exponen por la seguridad de todos los españoles no se merecen ser mandados por alguien que se avergüenza de su firmeza. El compromiso con la ley nunca es inoportuno; si acaso se hace más pertinente cuando la amenaza del desorden se aproxima. A no ser que a Marlaska le importen más la conveniencia política y el cálculo electoralista.

El PSOE va de golfada en golfada
Carlos Dávila okdiario 11 Octubre 2019

El PSOE y Sánchez, su jefe, van de golfada en golfada hacia la que suponemos que será la golfada final, las elecciones. Fíjense cuáles son las últimas golfadas a las que me voy a referir. La primera: lo que ha pasado con la Guardia Civil en Cataluña. Resulta que el general jefe defiende la unidad de España y a todos sus hombres, que se han jugado la vida con todo lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos tiempos.

¿Qué ha pasado? Que la delegada del Gobierno, la jefa del guardia civil, ha ido a pedir disculpas a los Mossos, unos Mossos que con una falta de educación asboluta se ausentaron cuando el guardia civil hablaba.

Pero qué me dicen ustedes de lo que ha pasado en la Abogacía del Estado. Hace menos de un mes decía que ni había dinero ni un gobierno en funciones podía mandar fondos a las autonomías que lo necesitaban para sobrevivir. Y ahora la propia Abogacía del Estado, impulsada por el Partido Socialista, por el propio Sánchez, ha hecho lo contrario y ahora dice que sí lo puede hacer.

Lo que está haciendo el Gobierno es terminar con uno de los cuerpos de prestigio más importantes que ha habido nunca en el Estado español. Me refiero a la tercera golfada, una pequeñita pero que da muestra de lo que puede estar pasando en muchos pueblos de Andalucía por lo pronto. Ese lugar donde se compraban los votos para el Partido Socialista sin ningún recato, sin ningún pudor.

Picoletos y separatas, con un par
RAÚL DEL POZO El Mundo 11 Octubre 2019

Hay incertidumbre por la postura que adoptará la sociedad catalana ante la sentencia del Tribunal Supremo, después de un juicio con todas las garantías. La imagen que nos llega es la de los mossos «aligerándose por la verdú» cuando vieron a la benemérita con tricornio calado y el pecho lleno de medallas, en San Andreu de la Barca, la víspera de la Virgen del Pilar. Los picoletos condecoraron a la secretaria judicial Montserrat Toro presente en el escrache del 20-S y, a título póstumo, al ropón del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que inició la instrucción contra el procés. El general Pedro Garrido advirtió que al cuerpo no le van a echar de Cataluña y que combatirá sin tregua ni pena a quienes recorran el camino a la independencia siguiendo la senda del terror. "La pretendida revolución de las sonrisas -dijo el general- se ha convertido en un rictus que disimula odio y mezquindad capaz de generar odio y sufrimiento". El Estado esta vez se ha asomado y ha hablado antes de la trifulca.

La estampa no es nueva. Lo que vaya a suceder en Cataluña será un reestreno más del drama catalán. Ha ocurrido en todas las dictaduras, las democracias, las repúblicas y las monarquías. Los separatistas creen en lo que desean y cada siglo organizan una intentona -intento temerario y frustrado- contra el Estado español, que lo identifican con Madrid después de que Prat de la Riba, un racista más instruido que Sabino Arana, llamara cafrería a la capital de España. El odio a Madrid y a Castilla ha sido el motor de la soñada nación catalana. Esta ocasión ha reunido en el empeño a millones de personas, con los hijos de los emigrantes, dando la razón a ese Prat de la Riba que profetizó que la juventud catalanista crecería como el hilo del agua al iniciarse el deshielo. El procés ha puesto al frente de la Generalitat a un tipo llamado Quim Torra, un retrato satírico de racista, que considera la sentencia como el torpedo más grande que puede haber contra la convivencia en Cataluña "si no es absolutoria".

Los separatistas anuncian desobediencia civil. Piden la amnistía antes de la pena, pero Enrique Gimbernat, doctor enDerecho por la Universidad de Hamburgo, ya les ha dicho que la amnistía es anticonstitucional. "Seguirán exigiéndola -escribe- porque el independentismo se caracteriza por la irracionalidad. Irracionalidad que ha convencido a la mayoría del Parlament de que España es un Estado de no Derecho, en el que se puede defender con un par, que una ley regional puede derogar la Constitución o que existe el derecho a decidir".

Vergonzoso e infame
Carlos Herrera ABC 11 Octubre 2019

De tal guisa ha calificado el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña el discurso del general Pedro Garrido en el acuartelamiento de San Andrés de la Barca con motivo del día de su Patrona. De vergonzoso e infame; lo cual, entrando en la débil psicología del independentismo catalán, es comprensible. Las palabras del mentado general están al alcance de cualquiera, aunque me permito resaltar algunos pasajes indudablemente inmaculados alrededor de la defensa de la legalidad y de la vocación indudable de la Guardia Civil por preservar el orden constitucional ahora y siempre. Las palabras de Garrido, hombre de probada eficacia y prestigio entre los suyos -que sería importante recordar que son los buenos- resaltaban la misión irrenunciable de la Guardia Civil por garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades que atañen a todos los españoles, incluidos los que no quieren serlo, añadiendo un escrupuloso distingo entre catalanes e independentistas e independentistas y terroristas, cosas todas ellas no necesariamente coincidentes. Garrido, con un aplomo que merece algo más que una distinción, afirmó que el Instituto Armado volverá a posicionarse, de así ser necesario, al lado de lo que las leyes y los tribunales ordenen, investigando y actuando a favor de lo que dicta, no solo el sentido común, sino también el ordenamiento de todas las normas que nos hemos dado los españoles en su conjunto. Más correcto imposible.

También habló del odio, cosa que los guardias de ese acuartelamiento conocen bien: a su misma vera, en el colegio público de muchos de sus hijos, un miserable grupo de profesores increpó y avergonzó a todos ellos haciéndoles responsables de la «represión» ejercida por quienes cumplían órdenes de un juez el día de autos, aquél 1 de Octubre de infausta memoria. Garrido podía haber hablado de quienes coaccionan e insultan a la población no independentista, a periodistas o a políticos constitucionalistas, de los que acumulan explosivos, de los que planean amargar la convivencia de los catalanes al poco de que aparezca la Sentencia, de los que piden «apretar» con el fin de alterar el orden público, pero no lo hizo. Podía haber estructurado un discurso con titubeos, tan propio de la tierra, o con tonterías y adornos de melifluo, y no lo hizo. Dijo lo que tenía que decir y, lógicamente, enrojeció la piel sensible de quienes, desde la Administración, están con la vulneración de la Ley. El mejor homenaje que se podía llevar era que un tal Aragonès, vicepresidente de la Cosa, exija su cese por exhibición impúdica de «ideología».

Conviene no perder de vista todo lo que tendrá que trabajar la Guardia Civil, además de Policía Nacional y los Mossos que se pongan al servicio de la legalidad, en fechas venideras. La sentencia tiene visos de ser condenatoria aunque no sepamos en qué medida exacta. Los Aragoneses de Cataluña y toda la calaña viscosa que les acompañan desafiarán todo aquello que tengan a su alcance: conviene, por tanto, obrar con tanta efectividad como sensatez. De ahí que uno quiera interpretar la visita de la delegada del Gobierno a los mandos de la Policía autonómica como un intento de lubricar la colaboración y no como una vergonzosa petición de disculpas (nunca se sabe). Es exigible a la autoridad de Interior que apoye sin fisuras, sin dobleces, sin fugas verbales, a quienes dan la cara por la defensa de aquello que nos atañe a todos. Es necesario que el jefe de Interior, Marlaska, no se ponga exquisito y apoye a Garrido de la forma que no ha hecho con Manuel Contreras, general de Brigada de Cádiz, al que ha quitado de la circulación después de haber hecho un trabajo extraordinario contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Una vez más Viva la Guardia Civil y, a ser posible, que viva cerca.

Orgulloso de la Guardia Civil, muy harto de los Mossos
Sergio Fidalgo okdiario 11 Octubre 2019

Los mandos de los Mossos d’Esquadra tienen la piel demasiado fina si consideramos la reciente trayectoria de este cuerpo policial a la hora de ofender y de faltar al respeto a millones de catalanes, a todos aquellos que no somos secesionistas y que defendemos el respeto y el cumplimiento de las leyes democráticas de nuestro país, España.

Que el secretario general de la Consejería de Interior de la Generalitat, Brauli Duart; el director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer, y el comisario jefe de la policía autonómica, Eduard Sallent abandonaran el acto celebrado en Cataluña en homenaje a la Guardia Civil antes de su conclusión total, con la excusa de que estaban ‘ofendidos’, es un mal chiste. Porque ellos, los mandos de los Mossos, llevan años ‘ofendiendo’, y de verdad, a los catalanes que no votamos en clave separatista.

El discurso del general jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido, fue ejemplar, y no faltó a la verdad. Su defensa de la legalidad, y la renovación del compromiso del cuerpo que dirige hacia la seguridad de los catalanes, fue ejemplar. Si los mandos de los Mossos ya están buscando excusas para mirar hacia otro lado, de cara a la respuesta a la más que probable violencia secesionista cuando se sepa la sentencia del 1-O, que no sigan, porque no nos engañan. Millones de ciudadanos recordamos como los dirigentes de la policía autonómica dejaron tirados a la Guardia Civil y a la Policía Nacional el 1 de octubre de 2017, y como permitieron que los golpistas hicieran su simulacro de referéndum a pesar del mandato judicial que lo impedía.

¿Se creen los mandos de los Mossos d’Esquadra que olvidamos las imágenes del 1-O de compadreo entre docenas de agentes de la policía autonómica con los que ese día violaron la ley y ‘okuparon’ los colegios? ¿Se creen que no nos damos cuenta de la persecución política a la que han sometido a los pocos ‘mossos’ constitucionalistas que alzan la voz para denunciar los incumplimientos de la consejería de Interior? ¿Se creen que no vemos como permiten los insultos y ofensas que impunemente su agente ‘preferido’, el líder de los ‘Mossos per la República Catalana’, Albert Donaire, vierte continuamente en las redes sociales contra España, Guardia Civil y Policía Nacional? ¿Se creen que no nos acordamos del espionaje a que algunos agentes de los Mossos sometieron a líderes sociales y políticos no secesionistas? ¿Se creen que no hemos visto como han permitido que los secesionistas llenaran los espacios públicos de propaganda ‘amarilla’ mientras solo pedían la documentación o retenían a los ciudadanos que, siguiendo la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la necesaria neutralidad de las calles, quitaban lazos y ‘esteladas’?

Si alguien tiene derecho a ‘ofenderse’ somos los millones de catalanes que nos sentimos desprotegidos ante los abusos de los mandos de los Mossos. Porque muchos tenemos miedo que, ante la violencia que pueden desatar los CDRs cuando se sepa la sentencia, la respuesta de la policía de la Generalitat oscile entre la tibieza y la nada. No nos sentimos protegidos, y eso es lo peor que puede ocurrir en una sociedad que se dice democrática. Y lo siento mucho, pero Cataluña es una zona de España en la que la democracia está en franca retirada. Basta con ver a Quim Torra para darse cuenta de la deriva totalitaria en la que está cayendo lo que antaño era una de las regiones más prósperas y cultas de nuestro país.

Por cierto, espero que el Ejecutivo en funciones no cometa la indignidad de sancionar o reprender al general Garrido. Ya la actuación de Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, yendo corriendo a rendir pleitesía a los mandos de los Mossos ha sido penosa. Espero y deseo que no pasen de lo lamentable a lo humillante.

Memoria, dignidad y justicia
Rosa Díez okdiario 11 Octubre 2019

Jon Bienzobas Arretxe nació en 1969 en el barrio de Aperribai de Galdakao. Su compromiso político le llevó desde muy joven fuera de nuestro pueblo, y el 30 de setiembre de 1999 fue detenido en Francia y posteriormente encarcelado”.

Así presenta el Ayuntamiento de Galdácano al autor que expone en los locales de cultura del Ayuntamiento. Estas palabras son la expresión misma de la infamia y el más doloroso de los insultos a la memoria colectiva de las víctimas del terrorismo.

Haríamos mal si nos distrajéramos en comentar el valor artístico de lo que en la sala municipal se expone. Lo que hay que juzgar es la decisión de un Ayuntamiento que califica como joven comprometido políticamente a un cruel asesino. Y el veredicto no puede ser otro que el de la repulsa y la más firme condena.

Pero no estaría de más que nos preguntáramos cómo es posible que estas cosas estén ocurriendo en nuestro país, como es posible que un Ayuntamiento surgido de unas elecciones democráticas pueda estar constituido por personas que creen que el terrorista Bienzobas es un joven comprometido, alejado de su pueblo por su compromiso político.

Hemos de preguntarnos cómo es posible que unos concejales elegidos tras un proceso democrático consideren que es un joven comprometido quien formó parte de una organización terrorista que ha asesinado a 857 personas (811 de ellas tras la muerte de Franco, 97 durante los tres años que duró la Transición, 714 desde que se aprobó la Constitución).

La respuesta es tan lamentable como simple: nos descuidamos… y pasó esto. En las instituciones democráticas hay en estos momentos partidos políticos que actúan como verdaderos testaferros de ETA porque se negaron a actuar quienes pudieron instar su ilegalización hace años, cuando se vio que en el comportamiento de estos partidos políticos coincidían los supuestos contemplados por el Tribunal de Estrasburgo cuando ilegalizó a Batasuna y a todas sus marcas y la enumeración “tajante y objetiva” de las conductas y actos que podían conllevar la ilegalización a posteriori de un partido político legalizado, que forma parte de la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó a Sortu en 2012.

El citado fallo del TC establece un especial reconocimiento a las víctimas y de las actitudes que frente a ellas puedan significar un apoyo o reconocimiento de la actividad terrorista y en el catálogo de conductas que podrían llevar a la ilegalización, que se contiene en el último fundamento de la sentencia, se citan, entre otras, el enaltecimiento del terrorismo, la humillación de las víctimas, la ambigüedad en la condena del terrorismo, los actos de exaltación que equiparen la violencia terrorista con la coacción legítima del Estado de derecho, o la equiparación del sufrimiento de las víctimas con el de los presos de la banda condenados por actos terroristas.

Si hoy pisan moqueta los testaferros de los enemigos de la democracia es porque han encontrado aliados entre los demócratas; aliados para llegar, aliados para quedarse. Unos por estrategia, otros por cobardía, otros por pereza, otros por complejo… lo cierto es que están ahí, organizando homenajes, organizando recibimientos, organizando exposiciones… blanqueando la historia de ETA y de sus miembros…

Esa presentación de Bienzobas como un joven comprometido y la propia exposición son posibles porque muchos demócratas han bajado la guardia mientras el Sánchez/PSOE perpetraba la infamia de celebrar la Nochebuena con Otegi o de pactar con ellos las instituciones de Navarra.

Los testaferros de ETA solo podrán lavar la imagen de ETA y su historia de terror si los españoles lo permitimos, si no castigamos democráticamente a los partidos políticos que se han preocupado y ocupado de lavar la imagen de los Sortu o Bildu de turno y la de sus jefes de fila.

Tenemos que hacer algo más que indignarnos ante hechos tan execrables como el de Galdácano. Hubo muchos miles de ciudadanos que arriesgaron su vida, su seguridad, la de su familia… para ser nuestros escudos, para defender la España democrática en la que hoy vivimos ¿Es demasiado pedir que, más allá de nuestro sesgo ideológico, seamos capaces de ponernos de acuerdo para exigir a nuestros políticos que actúen en defensa de la memoria, la dignidad y la justicia para con las víctimas del terrorismo? No estamos condenados a tener entre nosotros, como si fueran uno más, a los hijos de la bestia. Exijamos a quienes nos representan y/o lo harán que utilicen todos los instrumentos que el Estado de derecho pone en su mano para defender la democracia; ni uno más pero ni uno menos.

Juego de apariencias
Antonio Robles Libertad Digital 11 Octubre 2019

Los fogonazos políticos en período electoral son como los mugidos de los animales en tiempo de apareamiento. Puras apariencias de usar y tirar. Todos los machos alfa en tales circunstancias reducen sus objetivos a la cúpula. Dejarse influir por sus escandaleras para estudiar el comportamiento general de la especie es tan limitado como dejarse cegar por el plumaje de nuestros políticos en tiempo de celo electoral.

Por eso el ciudadano corriente está hasta el moño de timadores y mangantes que le han perdido todo respeto. Aunque con el permiso de sus respectivas parroquias, todavía hay grados.

En la cima de la obscenidad brilla Pedro Sánchez. A estas alturas todo el mundo sabe que puede ser cualquier cosa, defender a Dios y al diablo al mismo tiempo, encamarse con los nacionalistas por la noche y repudiarlos por la mañana… La única regla que respeta es la eficacia en el timo. Todo lo demás es mera circunstancia. Los que crean que es un peligroso enemigo de la Constitución, yerran. Es constitucionalista. A su manera. El esperpento de su campaña lo deja bien claro: "Ahora España, luego ya veremos". ¿Y antes no?

En segunda posición, no por maldad sino por falta de convicciones y excesiva mercadotecnia, está Albert Rivera. No pactó con el PSOE por considerar a Sánchez jefe de una banda de populistas. O eso sostuvo. Puro tacticismo electoral en medio de la opa hostil al PP. Quedó en evidencia cuando, aterrado por las encuestas, ofreció en el último momento el pacto que había despreciado de forma insultante durante cuatro meses. Antes se había negado en dos ocasiones a reunirse con Sánchez en la ronda obligada de contactos propiciada por el Rey. El único cambio entre la negación y el ofrecimiento era su hundimiento en las encuestas. Y en lugar de aceptar el error lo transfiere a Sánchez por negarse a pactar lo que con tanta contumacia se empeñó en rechazar él. Un poco de respeto al electorado, por favor.

No contento con la impostura, y ante el desmoronamiento en las encuestas, se saca de la chistera una moción de censura contra el presidente Torra quince días después de haber rechazado el ofrecimiento del PPC para presentarla juntos. Si mal estuvo este uso electoral, peor fue haberse negado a presentar a Inés Arrimadas a la investidura después de haber ganado las elecciones de Cataluña. Un error más de mercadotecnia. ¿Veletas o principios? Rectificar no es de veletas, sino de sabios que tienen principios y humildad para mejorarlos.

Estos no son sólo errores de bulto, sino las viejas maneras de hacer política, la agresión más grosera a la democracia. Si no respetas al electorado, ¿para qué la democracia? Hay por ahí quien lo enjuaga con sofisticada autosuficiencia: "Esperar de un político que no se comporte como un empedernido ambicioso es inútil". O sea, para estos mercenarios de parroquias la disculpa equivale al "¡yo soy así!". Y que les den a quienes perjudique su autosuficiencia.

Quim Torra, los independentistas, los filoetarras pueden ser enemigos de la democracia, de ellos se puede esperar cualquier cosa, y contra eso el Estado tiene el derecho y la obligación de plantarse, pero sus defensores no pueden ser tan cínicos y sinvergüenzas en su acción política. Si son mejores, lo han de demostrar. Empezando por las formas.

Hoy, en España, la política es un estercolero. Seguramente como siempre ha sido. La diferencia es que antes el control de la información y el despotismo de regímenes no democráticos podían engañar a la gente corriente sin que la mayoría se percatase a ciencia cierta del timo. Pero hoy nos mienten a la cara, se comportan como verdaderos troleros y les seguimos votando. No es una cuestión de ideologías, ni de soluciones más o menos atinadas, sino de formas de ejercer la acción política que la dignifiquen y la oficien con el esmero con que el médico cuida tu salud, o con la seguridad con que el ciudadano va a la panadería confiado en que el panadero no le engañe en el peso del pan.


 


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