AGLI Recortes de Prensa   Domingo 13  Octubre  2019

Vox contra el mundo
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli  13 Octubre 2019

Cuanta torpeza de la izquierda y su fallido boicot. Vox aprovecha astutamente, como en las artes marciales, el impacto del golpe del adversario para hacerle besar la lona

El resultado del torpe y sectario intento de boicotear el programa de 'El Hormiguero' en el que el entrevistado por Pablo Motos ha sido Santiago Abascal ha tenido como resultado una de las audiencias más altas registradas hasta la fecha por este espacio de entretenimiento. Si la izquierda no fuese tan dogmática como falta de luces -de hecho, las dos características suelen ir juntas- hubiese advertido que la táctica más hábil para restar interés a esta emisión hubiera sido no hacer la menor mención de ella y procurar que pasara desapercibida. Al incendiar las redes solicitando que no se sintonizase Antena3 esa noche, los demonizadores de Vox le han prestado un servicio impagable: más de cuatro millones de televidentes han visto y escuchado al líder conservador, con un share únicamente superado en la larga historia del programa por Isabel Pantoja, personaje imbatible por razones evidentes.

En el diseño de una estrategia de comunicación, un fallo garrafal es no adaptarse a las circunstancias cambiantes, como aconsejaba Lord Keynes. Socialistas, separatistas y bolivarianos encontraron en el auge de Vox un filón para movilizar a su electorado. Presentando a la formación verde como un monstruo terrorífico, una ultraderecha fascista, xenófoba, misógina, homófoba y franquista creyeron disponer del instrumento ideal para, por un lado, excitar emocionalmente a los suyos ofreciéndoles uno de los elementos más eficaces en política, el enemigo que representa el mal químicamente puro al que hay que combatir sin cuartel y, por otro, amedrentar al PP y a Ciudadanos tratando de impedir que aceptasen al apoyo de Vox en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Este planteamiento está haciendo aguas por dos razones muy poderosas, la primera es que Vox no responde a esta descripción truculenta y la segunda que la consecución del poder es un mecanismo imparable a la hora de escoger aliados, como demostró el propio Pedro Sánchez en la moción de censura.

El peligro para las restantes opciones electorales es quedar englobadas a los ojos de los españoles en una única categoría, la que Vox ha definido con indudable intensidad plástica como la “dictadura progre”

Este mismo desenfoque lo ha padecido Ciudadanos en su porfía por hacerse con el mayorazgo del centro-derecha. Un plan inteligente y acertado para dar la puntilla al PP de Rajoy y su oficial mayor SSS, ya no es aplicable cuando al frente de la fuerza azul hay un nuevo presidente más joven y sin el fardo de la corrupción sobre sus espaldas y un discurso más comprometido ideológicamente que contrasta con la tecnocracia insulsa del período anterior. La lentitud en cambiar el rumbo tras el girar del viento pesa negativamente sobre las expectativas de los naranja de cara a las inminentes elecciones generales.

Vox aprovecha astutamente, como en las artes marciales, el impacto del golpe del adversario para hacerle besar la lona. El episodio de El Hormiguero es revelador al respecto. En sus intervenciones en los medios y en sus arengas a sus fieles en Vistalegre, los dirigentes de Vox repiten incansables sus mensajes con férrea consistencia e inmunes al ruido exterior. No somos totalitarios porque defendemos las libertades, no somos homófobos porque tenemos homosexuales en nuestras candidaturas, no somos xenófobos porque lo que rechazamos es la inmigración masiva e ilegal, no somos franquistas porque predicamos la reconciliación nacional, no somos fascistas porque acatamos escrupulosamente el orden constitucional y el imperio de la ley y no somos misóginos porque si bien nos oponemos a la ideología de género aplaudimos la igualdad hombre-mujer. La indiscutible sensatez de estos argumentos va haciendo mella en la percepción de la gente y empieza a enroscar el cordón sanitario en la garganta de sus tejedores.

El peligro para las restantes opciones electorales es quedar englobadas a los ojos de los españoles en una única categoría, la que Vox ha definido con indudable intensidad plástica como la “dictadura progre”. A más ferocidad de los ataques de la izquierda, la ultraizquierda y los golpistas, acompañada del silencio tímido de sus eventuales socios, Vox cristaliza progresivamente como una roca en medio de la tempestad, un proyecto sólido de creencias inamovibles enfrentado a todas las demás siglas, homologadas en virtud de su hostilidad o su disimulo hacia Vox en un único bloque, el de los profesionales de lo políticamente correcto frente a propuestas que suenan insobornables, creibles y valientes, serenamente desgranadas la noche del pasado jueves en un canal de multitudinario seguimiento. Si Vox se consolida como una referencia contra el resto del mundo, las urnas del 10 de Noviembre pueden dar una agradable sorpresa a sus seguidores y un disgusto monumental a sus detractores.

La banda del Estafador vuelve a declarar la guerra / Abascal y el aborto/ Hispanidad
Pío Moa GCT 13 Octubre 2019

Antifranquismo contra democracia. La pesadilla totalitaria: https://www.youtube.com/watch?v=5NmnO7rrSSM
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Me han preguntado a veces si creo posible otra guerra civil en España. Respondo que me parece muy improbable, pero que solo personas muy frívolas e ignorantes de la historia la darían por imposible. Observen cómo se produjo la anterior: el partido del actual Estafador declaró la guerra civil en 1934 junto con los separatistas. Tras derrotarlos, el débil gobierno de derecha no los ilegalizó, apenas los castigó y fue incapaz de contrarrestar la campaña sobre los imaginarios “crímenes de Asturias” con que los guerracivilistas envenenaban la conciencia de la gente. La misma alianza de totalitarios y separatistas falsificó las elecciones de febrero de 1936, verdadero golpe de estado, y destruyó a continuación los restos de legalidad republicana en una orgía de asesinatos, incendios y abusos tiránicos, hasta provocar una justificadísima reacción nacional. En último extremo, la guerra civil llegó por “la estupidez y canallería” del PSOE y los separatistas, como decía Gregorio Marañón, “padre espiritual de la república”. Por aquellos partidos que transformaron en antagonismos las naturales tensiones en toda sociedad, asaltaron el poder y arrasaron la legalidad republicana, que, con sus muchos defectos, debía garantizar cierto equilibrio entre las distintas tendencias.

Y la estupidez y la canallería han vuelto, particularmente desde Zapatero, y de mano de los mismos; esta vez con la complicidad del PP. El mismo partido que entonces propició y organizó la guerra civil aliado con separatistas y comunistas, ha impuesto leyes tiránicas, ha pisoteado sistemáticamente la Constitución y no oculta su designio de avanzar hacia la disgregación de España combinando el impulso a los separatismos con la disolución de la soberanía y la cultura españolas en el magma multicultural propiciado por la casta burocrática de Bruselas. Es decir, están acabando de destruir, sin apenas resistencia hasta ahora, la legalidad democrática decidida DESDE los históricos logros del franquismo en el referéndum de diciembre de 1976. Decisión que tratan de olvidar los actuales delincuentes de la política. De ese referéndum provienen la monarquía, la conservación de cierta cultura cristiana y sobre todo la democracia, una democracia de cuya bandera se han apoderado sus mayores enemigos para cometer una fechoría tras otra.

Les ha llevado mucho tiempo borrar la memoria de los españoles, convirtiéndola en una grotesca parodia de la realidad. Su designio de volvernos a las miserias de la república y los crímenes del frente popular, ha culminado en el plan de profanar y ultrajar la tumba de Franco, con ayuda de la “muerte de Montesquieu” certificada por unos jueces prevaricadores. Se trata de una auténtica declaración de guerra, y todos debemos ser conscientes de lo que supone tan inaudita profanación. Y deben tener y tendrán guerra, una resistencia y oposición sin concesiones, y solo cabe esperar que no degenere en violencia generalizada.

Conocer lo que fue el franquismo es esencial para mantener la democracia y la unidad de España:

Los Mitos Del Franquismo (Historia)
**Entender la transición: https://www.youtube.com/watch?v=1If68u97b1A

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La Hispanidad
En la fiesta nacional, que es también la fiesta de la Hispanidad, debemos recordar que España no solo descubrió América, también el Pacífico y al mundo entero como conjunto, poniendo en relación por mar a todos los continentes. El historial naval español es el más importante de la historia humana, mucho más que el inglés, y sin embargo es aquí olvidado o despreciado. Como herencia de aquel tiempo está la Hispanidad, pero debemos plantearnos si hoy existe. Creo que permanece, aunque en crisis, y resulta de todas formas difícil apreciar sus rasgos, aparte del idioma, ciertas tradiciones y un sentimiento de apego histórico, contrapesado por una demagogia estrafalaria sobre una América pre hispánica que nunca existió al margen del aspecto geográfico. Cuando no echada a perder por un deseo suicida de que la colonización no hubiera existido, o no hubiera sido como fue, o que la hubieran realizado otros pueblos europeos –cuyas empresas ultramarinas por entonces y en bastante tiempo apenas sobrepasaban el nivel de la piratería y el tráfico negrero–. España descubrió América geográficamente y la construyó culturalmente. El gran vicio que pone en permanente crisis esa enorme construcción cultural es el empeño de negar la evidencia e inventar arbitrariamente motivos de rivalidad y distanciamiento. Quienes se empeñan en secar sus propias raíces cavan su tumba. En Nueva historia de España termino: “Hoy por hoy, España carece de ímpetu cultural para orientar una evolución creativa, y tampoco se perciben otros países de Hispanoamérica capaces de hacerlo. La potencia espiritual demostrada por España en otros tiempos podría servir de acicate para un renacimiento en los actuales. Los indicios no son muy alentadores, pero todavía más catastrófica parecía la situación previa a los Reyes Católicos. Todo reto puede encontrar su respuesta, toda crisis encierra los factores de superación, y el futuro nunca está escrito”. Pero, hay que insistir, de momento, los indicios son poco alentadores. (Hace ocho años en LD. Nada esencial que añadir)

Nueva historia de España: de la II guerra púnica al siglo XXI (Bolsillo (la Esfera))

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Abascal y el aborto
Creo que Abascal ha ganado muchos miles de votos con su intervención televisiva reciente. Tal vez sonrió un poco de más, quizá para desarmar a los de la “extrema derecha”, aunque eso es peligroso. Estuvo bien o muy bien en general. Sobre el aborto creo que conviene un discurso más contundente. Algo como esto:

Para nosotros, el feto es una vida humana, para ustedes no. Para ustedes se trata del cuerpo de la mujer, nosotros lo consideramos otro cuerpo en su seno. Lo miren como quieran, el aborto destruye vidas humanas. Nosotros queremos restringirlo a caso de grave necesidad, ustedes los promueven precisamente con sus argumentos. Y fíjense en las consecuencias: actualmente se practican en torno a cien mil abortos al año en España, lo que supone destruir una proporción muy alta de embarazos. Eso priva al país de una verdadera multitud de españoles, al paso que contribuye a envejecer a la población. Y un país con muchos viejos y pocos niños y jóvenes es un país sin futuro. Pero además ese déficit se pretende complementar con una inmigración igualmente masiva y salvaje. Observe la política que hoy sigue la dictadura progre y la derecha cómplice: promueven el aborto masivo y la inmigración masiva. ¿Debo explicarle cuál es la consecuencia?”.

Un pequeño discurso como este acabaría de poner las cosas en su sitio.

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De cara a las elecciones, es preciso poner en la picota constantemente a los profanadores. Podría ser útil un vídeo con un título como “Este personaje gobierna España”. Saldría el Doctor limpiándose una mano después de darla a un inmigrante, entrando delante de su mujer en la acogida a Merkel y su marido, quedándose al lado del rey en la recepción o saludando a este con una mínima y despectiva inclinación de cabeza al “prometer” su cargo, amenazando con acciones legales a quienes dudaran de su doctorado, los titulares de prensa sobre su relación familiar con la prostitución homosexual y similares, sus relaciones con los separatistas y etarras, con Maduro junto con Zapo, etc. No tendría que ser largo, y con pocas explicaciones. Otro vídeo podría recoger frases demenciales de Machicalvo y otras ministras en relación con el feminismo, lo del “maricón”, etc. Es preciso que la gente entienda la clase de embrutecimiento a que ha llegado la política, a ver si reacciona.

Sucedió hace 20 años
Javier Gómez de Liaño Libertad Digital 13 Octubre 2019

Estos párrafos van dirigidos a quienes conservan la fe en nuestra desconsolada Justicia.

Escribo este artículo a raíz de la información que LIBERTAD DIGITAL ofreció la semana pasada sobre el asunto y que dedico a todos aquellos que no escatimaron energías para acabar conmigo, aunque, al final, no lo consiguieran. Muy en especial a los dos venales magistrados que injusta y cruelmente me condenaron. También a los inductores, cómplices y encubridores de la fechoría.

Ya en serio y de todo corazón. Estos párrafos van dirigidos a quienes conservan la fe en nuestra desconsolada Justicia.

Eran las doce en punto de la mañana del viernes 15 de octubre de 1999 cuando mi mujer, Jorge Trías y yo, después de una semana de sesiones de juicio y el correspondiente compás de espera, entrábamos en el Tribunal Supremo para recibir la sentencia en audiencia pública. Ellos quizá no, pero yo lo hice convencido de que el resultado sería adverso. Lo sabía porque días antes me informaron que al magistrado don José Manuel Martínez-Pereda sus dos compañeros de tribunal le habían arrebatado la ponencia. Este era el mejor indicio de que Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo estaban por la faena de condenarme. Hasta una cadena de televisión, la noche antes, había dado el número de años de inhabilitación. Ninguna esperanza, pues. Me senté a escuchar el fallo con la sensación de que no estaba en una sala de justicia sino en un matadero esperando que los dos carniceros judiciales me apuntillasen. Luego vendría el despiece.

No me equivoqué. A las 13 horas menos dos minutos, Gregorio García Ancos, visiblemente nervioso, con voz entrecortada e incapaz de disimular las ganas de terminar, pronunciaba el fallo: culpable de prevaricación. Pena: multa de un millón de pesetas y quince años de inhabilitación, pérdida de honores y no sé cuantas accesorias más.

Del público, a mis espaldas, surgieron unos abucheos. También los gritos de "un día triste para la justicia" y "esto sí que es un crimen". El presidente, prácticamente de pie, tras balbucear que el acto había terminado, abandonó la sala a toda prisa, seguido de Bacigalupo. Detrás, a cierta distancia, lo hizo el magistrado Martínez-Pereda, ya jubilado, pero prorrogado en la jurisdicción para ese trámite. En aquel instante sentí por él un respeto imponente. También tristeza. A partes iguales. Cuarenta años de profesión y la última sentencia que firmaba era para condenarme en contra de su voluntad. Muy a sabiendas de que era una decisión clamorosamente injusta, formuló voto particular a favor de la absolución. La misma tesis absolutoria fue la que siempre sostuvo el teniente fiscal del Tribunal Supremo, don José María Luzón.

La señora secretaria del tribunal se acercó hasta mí. Con entrega de una copia, me notificó la sentencia. Sentado, miré a mi mujer. Sólo nos transmitimos un cariño infinito. Los dos notamos que se trataba de destrozarnos con la tortura de la ignominia. Pero sacamos fuerzas. Hasta sonreímos. Sabíamos que en situaciones como aquella hay que poner buena cara y no descomponer la figura.

Durante unos minutos me vi atropellado por la injusticia de dos jueces. Cerré los ojos y recordé a mi padre. En ese momento me alegré de que hubiera muerto apenas hacía dos meses. Sólo así evitó presenciar la ignominia perpetrada en el mismo tribunal donde tantas veces procuró ser lo más justo posible.

Al salir de la sala, un grupo de gente, en el que distinguí a funcionarios de la Audiencia Nacional, caras amigas y abogados con toga, aplaudía y clamaba por la dignidad de la justicia. Casi todos me abrazaron, gesto que agradecí profundamente. Después, mi mujer y yo nos fuimos casa con algunos amigos y familiares. Mientras comíamos, dije: "En este momento me siento más decente que hace un rato".

De la sentencia hablamos lo mínimo. Optamos por tomar distancia y esperar. Nos limitamos a pedir a Dios o a quien resultase competente por razón de la materia, que perdonase a quienes habían manchado sus togas a cambio de nada, aunque no descartamos que hubiera mediado precio, recompensa o promesa. Y que mis acusadores o inquisidores celebrasen su victoria, según lo previsto.

En esos momentos, me conformé con saber que no erré cuando, contra todos los pronósticos, aposté por mi condena. Y es que la injusticia de los injustos no caduca. Al contrario. Se renueva constantemente porque de ella se nutren quienes la perpetran.

Durante el resto del día la pregunta que me hice fue siempre la misma. ¿Qué mal pude haber hecho? Creo que absolverme era muy fácil. Los dos magistrados que tiraron por el camino contrario, sólo necesitaban que en sus conciencias se hubiera hecho la luz de la verdad. Pero no fue así y en ellos prevaleció la ceguera de la mentira.

A pesar de todo, mi conciencia estaba igual de tranquila que el primer día. Lo dije públicamente al salir del Supremo, cuando declaré que deseaba que la de quienes me habían condenado estuviese como la mía. Me hubiera gustado añadir que supieran que se habían equivocado y que con mi condena, al revés que ellos, me habían hecho un poco más respetable. Era un juez que nunca me había apartado de la ley y de la razón. Ellos lo sabían. Por mi parte, lo juré. Estaba convencido de que la culpa fue de los magistrados Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo. Me acordé del Yo acuso de Zola. A partir de su sentencia inicua, la verdad se pondría en marcha y nada la detendría. Sólo me quedaba esperar. Serían ellos quienes acabarían sepultados bajo la losa de la perversidad.

Llegó la noche de aquel viernes, 15 de octubre de hace ahora 20 años. La última llamada que recibí fue la de Camilo José Cela, a quien jamás sabré agradecer la amistad que me regalaba constantemente. Lo hizo para recordarme su lema de que "quien resiste gana" y para invitarnos a cenar en el restaurante donde más se nos viera. En ese instante supe que el amigo es seguro cuando se presenta en la ocasión insegura.

Cuentan las crónicas que el día que se conoció la sentencia, Jesús Polanco llamó a Juan Luis Cebrian y le hizo la siguiente pregunta:

—Juan Luis, ¿tú sabes cuánto ha costado esto?
—Mucho, Jesús, mucho. Desde luego, más de lo que vale, pero en el lote van incluido los dos jueces del Supremo y algún otro, aunque éste ha sido más barato.

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La cúpula judicial prosigue, siempre por unanimidad, la demolición del régimen constitucional
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 13 Octubre 2019

Una sentencia leve para el 1-O hará aún mayor la sensación de impunidad separatista; y la repetición del Golpe, más rápida.

Muy probablemente, mañana dará un gran paso la demolición del régimen constitucional del 78 por la cúpula judicial (T. Supremo y T. Constitucional) que empezó con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, epítome de la sentencia de Rumasa, y, tras los repartos de jueces del CGPJ, alcanzó su pico de infamia en la sentencia del 11M, un "himalaya de mentiras", como definió Besteiro la Guerra Civil contada por los suyos.

Ahora llegará la tabarra de "cerrar heridas", "buscar salidas", "tender puentes", "abrir cauces para el diálogo" y, sobre todo, "acatar la sentencia judicial", o sea, como dije la semana pasada, ovacionarla. La unanimidad mediática debe coronar la unanimidad judicial y la casi total unanimidad de los partidos políticos, como en el 11M. Los ayer conspiranoicos, seremos golpistas mañana por pedir más severidad contra el Golpe. "La mentira es la primera de las fuerzas que mueven el mundo", dijo Revel. Y lo clavó.

Condenado por rebelión, sólo Franco
En pocos días, el Tribunal Supremo, en dos salas distintas, pero no muy distantes, la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, habrá condenado a Franco por el delito de rebelión contra el orden revolucionario del Frente Popular hace 80 años, ordenando su exhumación y entierro donde diga el Gobierno, contra el deseo de la familia y tomando la abadía donde yacían sus restos hace 44 años. A cambio, habrá absuelto del delito de rebelión a los golpistas de Cataluña hace dos, que según los marchenas habrían cometido un delito de sedición contra el orden público, no de rebelión contra el orden Constitucional. El juez instructor Llarena, los cuatro fiscales, el abogado del Estado cuando lo hubo (Edmundo Bal) confundieron absurdamente una algarada con un golpe de Estado. Y que, en justo castigo a su ceguera, quedarán unánimemente desacreditados.

Resulta que, unánimemente confundidos por la brutal elocuencia de los hechos probados y ayunos de la astuta ceguera de la casta politijudicial, el juez instructor, la fiscalía y la abogacía del Estado coincidieron en que, al producirse la anulación de derechos constitucionales en el Parlamento Catalán el 5 y 6 de Septiembre, al celebrarse violentamente el referéndum ilegal, al cercar y asaltar la consejería de Hacienda haciendo huir a los funcionarios, y al proclamarse la independencia de la República Catalana, con la complicidad de los Mozos de Escuadra, se produjo un Golpe de Estado y se incurrió, según el Código Penal, en el delito de rebelión por "declarar la independencia de una parte del territorio nacional", y encima, por las instituciones que lo representan y deberían proteger su integridad. Pues no, abolir un Estado y crear otro no es un Golpe de Estado, ¡idiotas!

El Caso Liaño y la corrupción judicial
Esta misma semana, hemos tenido noticia de lo que hace décadas se barruntaba: el pago de 200.000 dólares por el Grupo Prisa al juez del Supremo Enrique Bacigalupo, argentino montonero acogido por el PSOE, para echar de la carrera al juez del caso Sogecable Javier Gómez de Liaño. En la compleja red denunciada poco antes de que prescribieran los delitos, el excomisario Villarejo denuncia también al exjuez Garzón como urdidor de la trama y a otros miembros del grupo Prisa, jueces y policías entonces en ejercicio y privanza gubernamental socialista, como el propio Villarejo, que habrían espiado a periodistas como Jesús Cacho, que denunciaron a Polanco, así como a Liaño, a su mujer Dolores Márquez de Prado y a otros ciudadanos que la investigación, de haberla, podría establecer. La pista del dinero de Prisa para Bacigalupo, hoy abogado de Messi, está muy clara. Lo demás, depende de archivos que la Justicia debería investigar. Me gustaría.

En esta terrible semana de liquidación de la credibilidad judicial, El Mundo reveló también la intromisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado en favor de la secuestradora de niños favorita del PSOE y Rajoy, Juana Rivas, ante la Justicia italiana, escandalazo sólo relativo en la amiga entrañable de Garzón, a la que hemos oído en la famosa cinta de la Cloaca Máxima judicial y policial aplaudir delitos de policías y revelar presuntos delitos judiciales ella misma, que no denunció pese a ser fiscal en ejercicio. Es el estilo de la casa o la banda. El juez de Prada, gran amigo de Garzón y de Bildu, en la sentencia contra el PP que urdió la moción de censura para encumbrar a Sánchez, dice que Rajoy miente… y no deduce testimonio. Lo guarda en una carpeta para cuando convenga desempolvarlo. Puro Garzón.

Los eurocomplejines de Marchena
Veinticinco años estuvo Garzón, con Gobiernos del PSOE y el PP haciendo lo que le dio la gana en la Audiencia Nacional, mientras sus colegas miraban, unánimemente, a otro sitio. La corrupción del politijuez llegó a tales extremos que tuvieron que echarlo de la carrera, por cierto, gracias a un tal Marchena, que ahora será perdonado por su tino, mesura y mano maestra llevando el juicio más importante de nuestra democracia y porque una condena por unanimidad evitará que Estrasburgo nos condene por atrevernos a juzgar un golpe de Estado. Sin Golpe, no hay Justicia, pero tampoco condena. Y si nos condenan un poco, abrigaditos lo superaremos.

Naturalmente, los eurocomplejines de Marchena, que se pusieron de manifiesto en la primera sesión de Junqueras pero que fueron compensados por la contundencia de Zaragoza y el resto de los fiscales, tenían fatalmente que desembocar en esa lanar unanimidad que teje las togas que ascienden. Lo mismo que la sentencia de Franco, que no hay por dónde cogerla, salvo por el afán profesional de ascenso de unos jueces y el sectarismo de otros. Por el descaro autista de una casta que ya no es judicial, sino politijudicial, y que haciendo política y méritos ante los grandes empleadores, que son los partidos políticos, enarbolando la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Violencia de Género, rabiosamente inconstitucionales, van poniendo las bases técnicas, las teóricas ya lo están, para liquidar el régimen de 1978.

El Rey y la Nación estaban muy equivocados
La sentencia encantará al Gobierno y temo que al PP de Pablo Rajoy y al partido de Rivera. Fingirán un poco de indignación, no demasiada, los partidos comunistas, el de Pablenin el de la Mansión y el de Greto Errejón. Vox es la única incógnita. Supongo que acatará, recurrirá y protestará lo justo para recoger la indignación de los españoles empeñados en aspirar a ser tratados como ciudadanos, no como imbéciles. Que eso supondría, es de temer que supondrá mañana, una sentencia que dice que no hubo rebelión.

¿Y el Rey, y la nación española que se echó a la calle enarbolando sus banderas o colgándolas en los balcones contra el golpe de Estado, y el millón de manifestantes en Barcelona, y el juez Llarena, y el difunto del juzgado 13 de Barcelona, y los cuatro fiscales, y Edmundo Bal? ¿Todos estaban, estábamos, unánimemente equivocados? Evidentemente, sí. Nadie atentó contra el orden constitucional, sentencia, unánime, el Supremo. Sólo contra el orden público. ¿Y qué fin perseguía semejante atentado? Eso no se juzga, niño, no enredes. Ya dijo Soraya, cuyo espíritu algodonoso y tontuelo sobrevuela este desastre, que legalmente no pasaba nada, un poco de lío y ya. Lo que pasó, apenas pasó. No hay que darle más vueltas. Ha hablado el Supremo, y todo el mundo al suelo. O a callar, que es lo mismo.

Otros lo harán. Nosotros, no.

Acatamiento de las sentencias, reforma de la Justicia
Naturalmente, acataremos la sentencia del Supremo sobre el 1-O y sobre el asalto a la tumba de Franco y su entierro donde diga el Gobierno. No hay más remedio y cabe recurso legal, aunque el Supremo ha privado de ese derecho a una familia española y a una causa histórica respetable. Si aspiramos a vivir en un Estado de Derecho, hay que reconocer la autoridad de los jueces. Pero todas las sentencias son criticables; y lo que vivimos en España desde la imposición de mostrencas criaturas jurídicas como la Ley de Memoria Histórica o la de Violencia de Género es un vaciamiento de la sustancia de la legalidad, que es el orden constitucional y sus bases: la soberanía nacional y la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Hace años que en Cataluña no hay igualdad ni se cumplen las sentencias, con permiso de los mismos tribunales. Una sentencia leve para el 1-O hará aún mayor la sensación de impunidad separatista; y la repetición del Golpe, más rápida.

En sus primeras palabras en el juicio del 1-O, el fiscal Zaragoza dijo: "este es un juicio en defensa de la democracia española". Y el sentido de la sentencia que ayer se filtró es un revolcón a esa razón de fondo, por mirar demasiado a la UE o, como yo creo, por razones corporativas y políticas, con la excusa de Bruselas. No hay atajos, sin embargo, en el cumplimiento de la Ley. Pero debe cumplirse la Ley, no interpretarse a conveniencia. Y para ello es fundamental que los partidos no pringados en el grosero reparto de miembros del Poder Judicial -UPyD, Ciudadanos y Vox- insistan, y no hay mejor momento que la campaña electoral, en la reforma de la Justicia española, quitándole las esposas de la elección de los jueces del Supremo, el Constitucional y el CGPJ por los partidos, aunque medie el Parlamento.

Ciudadanos, Vox y la reforma judicial
La independencia judicial y la reforma de la Ley Electoral son los mejores argumentos para defender la existencia de partidos al margen del PP y el PSOE, que comprometen la primera y se benefician de la segunda. Esa es una de las vías para que Ciudadanos sobreviva a las volteretas de su líder. Pero la sentencia del 1-O, como la de Franco, no son razones para desacreditar la Justicia en España, sino para defenderla y acreditarla ante sus enemigos, que son los separatistas y los países racistas de la UE que se ríen de toda soberanía nacional que no sea la suya. ¿Alguien imagina a un golpista contra Francia o Alemania hallando refugio político en Bélgica? Pues Alemania permitió, con el aplauso de Rajoy. que un tribunalillo local y una ministreja izquierdista insultasen la soberanía y el Estado de Derecho españoles, que, aunque muchos jueces, partidos y medios no lo vean, son y sólo pueden ser una misma cosa. Ni soberanía sin Ley, ni Ley sin Estado. Hay que reconducir esta deriva judicial contra el régimen constitucional antes de que sea demasiado tarde. Europa nunca nos ayudará a ayudarnos.

Marchena disgustado, irritado y estupefacto
Carlos Dávila okdiario 13 Octubre 2019

Ni se escondió en la Recepción de la Fiesta Nacional, ni dejó de mostrar claramente su malestar por la filtración de la sentencia de los presos del ‘Procés’. Sobre el contenido de la misma fue más cauto: sí afirmó que la redacción está "abierta". Poco más, pero se explayó con el adelanto informativo de la decisión del Tribunal Supremo: "Es, por lo menos, una insensatez". Marchena seguramente no escuchó lo que se opinaba en los mil corrillos que se formaron en los salones atestados del Palacio Real. El dictamen generalizado era éste: "La filtración ha salido de Moncloa".

Los políticos que, en menor cuantía que otros años, acudieron al acto eran más recatados en la atribución de responsabilidades. El que más se mojaba era Santiago Abascal, muy festejado por el gentío: "El Gobierno tiene acoquinado al Supremo". Nada menos. Sustituyan ustedes el acoquinamiento por otro término más coloquial y castizo, y entenderán hasta dónde llegaba el aviso del jefe de VOX, al que por cierto, se le ofrecían incluso consejos o sugerencias: "Sal tú más a los medios y que otros de tu partido salgan menos". Abascal, con el refrendo de su señora, admitía: "Cada uno juega su papel". Abascal espera un gran resultado para el día 10, aunque él, como algún otro de sus fieles, piensan que: "¡Ojo porque de estos tíos (los socialistas) se puede esperar cualquier cosa!". A Vox ya se le saluda y se le celebra, tanto que hasta el hijo de un comunista histórico, luego vuelto a la fe democrática, Ramón Tamames, se ha afiliado al partido”. Tamames, requerido en mil corrillos, tranquilizaba al personal con esta aseveración. "Esta crisis económica no es la del 2018; entonces nuestro PIB cayó un 10 por ciento".

Otra política de toda la vida, Rosa Díez, pululaba de saló en salón negando que el PP le hubiera ofrecido una puesto en sus listas: "Soy independiente y patriota, nada más", aseguraba. Esta Rosa fuera del circo político pero muy a favor, por ejemplo, de la número uno popular por Vizcaya, Bea Fanjul: "Primera división", advertía. Sus antiguos compañeros del PSOE apenas se dejaron ver. La más protagonista era la portavoz Celáa a la que los periodista se acercaban con este ánimo: "A ver con qué tontería nos obsequia hoy". Pero Celáa defraudó, los tropezones se los dejó a Sánchez, festejado sarcásticamente por sus últimas faltas de ortografía. Pitos fuera y ninguneo dentro, este fue el balance ayer del aún presidente. A la portavoz se le notaba nerviosa: "Son días difíciles", le confesaba a un cronista cercano y añadía: "Espero que no nos hayamos equivocado".

No dijo en qué pero seguro que no se refería a los referidos deslices incultos de su mentor, el aún presidente Sánchez. En la acera contraria Casado estaba contento y eso que no había hablado todavía con algunos de sus opositores políticos que le daban hasta 105 escaños. Nada menos. "Son las encuestas domésticas de Génova", me indicaba uno de estos interlocutores. A ellas se acogía un sociólogo de los que se llevan equivocando desde que la mili se hacía con lanza. Sin embargo, y sin saber que le denominan poco cristianamente ‘El gafe’, avisaba: "Todavía no sabemos cómo van a influir la sentencia y Franco", o sea, algo que a nadie se le había ocurrido hasta entonces. Sobre Cataluña, el muy acreditado cronista de La Vanguardia, Enric Sopena, se pronunciaba así: "Es más difícil adivinar qué van a hacer los independentistas en una segunda fase que en esta que comienza el lunes mismo". Y se preguntaba: "¿Querrán estirar mucho las protestas? ¿hasta dónde?". Sobre Puigdemont no tenía la menor duda: "Cada día que pasa es peor para él".

De Franco se platicaba menos, sólo para asombrarse de que “un Gobierno pueda impedir que los fieles católicos acudan los domingos a la iglesia que mejor les plazca”. Y es que han cerrado Cuelgamuros y como sigan en el poder pueden cerrar hasta el Cementerio de El Pardo si al final Franco se va a dormir eternamente allí. La ministra Delgado, titular todavía de Justicia, presenciará la exhumación y, por cierto, en breve tiempo ella se llevará un disgusto de muerte cuando lea el libro que prepara Graciano Palomo y en el que va a revelar que el escritor del párrafo que llevó a Rajoy a las tinieblas exteriores no fue el sectario juez ultraizquierdista De Prada, si no el millonario Garzón.

La sesión palatina dio mucho más de sí pero quédense con estas notas finales: una, el Rey Juan Carlos esta ya como una rosa y en breves días, volverá a San Jenjo a una regata. De otro Rey, Mohamed, el de Marruecos, también hubo noticia: no es verdad que padezca cáncer, sólo una afonía. Desde luego, mejor para el mundo mundial. Y finalmente, pelea brutal hace unos días entre la señora Alegría, directora de Informativos o así de la televisión gubernamental, y Rivera, el bajocreciente de Ciudadanos. Se dijeron de todo, rencores y exabruptos ante los chicos de Sánchez en el Canal que se están matando con los de Podemos para seguir intoxicando y mintiendo al español de infantería.

Las 7 claves de la sentencia del Supremo sobre el golpe del 1-O
Miguel Ángel Pérez Libertad Digital 13 Octubre 2019

El Tribunal Supremo hará pública previsiblemente este lunes la histórica sentencia sobre el golpe del 1-O. Todo parece indicar que el tribunal de 7 magistrados encabezado por Manuel Marchena se inclinará por condenar a los golpistas por un delito de sedición y no de rebelión al considerar que no existió la violencia estructural necesaria para la citada rebelión, según adelantan algunos medios. Los líderes golpistas también serían condenados por malversación.

El 1 de octubre de 2017, la Generalidad de Cataluña celebraba un referéndum ilegal para votar sobre la independencia de la región del resto de España. Unos días antes, el 20 de septiembre las calles de Cataluña fueron objeto de un levantamiento insurreccional por parte de los independentistas contra el operativo judicial y policial que pretendía desmantelar los preparativos para votar violando la Constitución el 1-O.

El 27 de octubre del mismo año, el Parlamento catalán consumaba el acto golpista declarando la independencia de la mano del Ejecutivo de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Tras la instrucción efectuada por el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, 12 golpistas eran procesados en la causa: el propio Oriol Junqueras; el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell y los exconsejeros, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila.

El 12 de febrero de este año, el Supremo comenzaba a juzgar estos hechos. El miércoles 12, tras 4 meses y 52 sesiones de vista oral sobre el golpe de Estado. Sólo quedan unas horas para conocer la sentencia y el tribunal tiene una fecha favorita para publicarla, salvo imprevisto de última hora, este lunes 14 de octubre.

La condena por rebelión, conspiración o sedición
Tal y como publicaba Libertad Digital, el tribunal del 1-O ha barajado durante sus deliberaciones tres delitos para condenar estos hechos: rebelión, conspiración para la rebelión y sedición. Los 7 magistrados del tribunal habrían optado por la sedición al no apreciar la violencia necesaria para acreditar la rebelión.

Según el artículo 472 del Código Penal, "son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución o destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o Reina o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.

Sobre la conspiración para la rebelión, el Código Penal sostiene en el artículo 17. 1 y 477 que "la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas, además de con la inhabilitación, con la pena de prisión inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente".

Por último, el artículo 544 del C.P. hace referencia a la sedición: "Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

De esta forma, Oriol Junqueras podría enfrentarse a 25 años de cárcel si es condenado por un delito de rebelión, ya que la Fiscalía pidió la pena más baja de este tipo delictivo en el que se pueden solicitar hasta 30 años. Si fuese condenado por conspiración para la rebelión, la pena podría llegar también a 25 años aunque puede reducirse 1 o 2 grados hasta los 7 años y medio u 8 años. Una hipotética condena por sedición al exvicepresidente catalán por sedición se situaría entre los 10 y 15 años de prisión.

La acusación de la Fiscalía y VOX
La Fiscalía solicita 25 años de prisión para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y 17 años para la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, como máximos responsables del delito de rebelión.

En el segundo escalafón, los exconsejeros Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, para los que reclamaban 16 años de cárcel. Junqueras y los exconsejeros eran también acusados de malversación de fondos públicos. En un tercer escalafón de petición de penas se encuentran los tres exconsejeros procesados y acusados sólo por malversación y desobediencia continuada y grave para los que la Fiscalía pide 7 años de prisión: Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila.

Por su parte, la acusación popular que ejerce Vox pedía una pena máxima de 74 años de cárcel por rebelión, organización criminal y malversación para Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn.

El cambio de la Abogacía del Estado
Cuatro meses antes del inicio del juicio del 1-O, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez destituía al abogado del Estado que ejercía la acusación en la investigación del golpe, Edmundo Bal, partidario de acusar a los golpistas por un delito de rebelión. Bal se negó a firmar el escrito de acusación del que se había eliminado la palabra violencia y planteaba una acusación en consonancia con la Fiscalía y con la instrucción del magistrado Llarena.

Además, la acusación por rebelión de la Abogacía del Estado se suavizaba hasta el delito de sedición asegurando que la violencia no era "estructural", pidiendo una pena máxima de 12 años para Junqueras, la mitad que la Fiscalía. Todo parece indicar que este argumento es el que habría convencido al tribunal del 1-O.

La violencia
El concepto jurídico de la violencia para acreditar los delitos de sedición y rebelión ha centrado sin duda gran parte de las deliberaciones de los magistrados del Supremo para calificar jurídicamente el golpe del 1-O. Al inicio del juicio, el tribunal mostraba muchas dudas de que la violencia que se vivió en Cataluña fuera imprescindible para poder sustentar el delito de rebelión. Y parece que dicha duda se habría convertido

No obstante, el testimonio de varios mandos de los Mossos asegurando durante el juicio que advirtieron a Carles Puigdemont del posible estallido de violencia en la calles si seguía adelante con el referéndum ilegal y la decisión de éste de continuar con sus planes, provocaba una duda más que razonable en los magistrados sobre una condena por rebelión.

Reincidentes y sin arrepentimiento
El último turno de palabra en el juicio del 1-O sirvió para que los acusados terminarán de condenarse ellos mismos. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart destacaron especialmente por su fervor para asegurar que no estaban arrepentidos de haber cometido el golpe del 1 de octubre y que por supuesto, lo volverían a hacer.

"Si la violencia policial no pudo contra miles de personas, ¿alguien se cree que una sentencia va a dejar que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación? Estoy convencido de que no. Lo volveremos a hacer pacíficamente, serenamente", concluía el golpista Cuixart.

La unanimidad del fallo
La sentencia sobre el 1-O es posiblemente las más esperada de la historia de la democracia española. Desde hace semanas, los magistrados del Supremo han querido dejar claro que su objetivo es que la sentencia sea unánime y no se emitan votos particulares discrepantes. Una posibilidad existente hasta la misma firma de la sentencia por los 7 magistrados.

El tribunal también ha dejado claro su pretensión de no hacer una lectura pública del fallo. La sentencia se prevé muy larga y no se quiere poner el foco en las penas de cárcel, sin tener en cuenta los fundamentos jurídicos en las que se sustentan.

¿Sin tercer grado hasta cumplir la mitad de la condena?
En su escrito final, los fiscales del Tribunal Supremo solicitaron al tribunal del 1-O que la sentencia incluyese la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal: "Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta".

El Ministerio Público quiere evitar que se repita el caso de Oriol Pujol, al que la Generalidad de Cataluña concedió el tercer grado penitenciario, dos meses después de ser encarcelado por el caso de corrupción de las ITV.

Sólo quedan unas horas para conocer la esperada sentencia del 1-O. Una sentencia que sentará jurisprudencia y, que al margen de la calificación jurídica de sedición o rebelión, se espera con unas elevadas penas de prisión.

La verdad judicial de un fallo histórico
Más allá de una condena por sedición y malversación, el relato de hechos probados desmenuzará los principales pasos del desafío independentista
Ricardo Coarasa. larazon 13 Octubre 2019

La sentencia del «procés» no sólo determinará las responsabilidades de los doce acusados y las condenas sino, sobre todo, establecerá en el relato de hechos probados la verdad judicial del desafío soberanista. Negro sobre blanco, los siete magistrados del Tribunal Supremo abordarán los principales pasos del independentismo que culminaron con la declaración unilateral de independencia en el Parlament el 27 de octubre de 2017. Escuchados los argumentos de acusaciones y defensas y de los cientos de testigos y peritos durante cuatro meses, la Sala detallará los hechos que considera probados respecto al asedio a la Consejería de Economía el 20-S, el hostigamiento a los agentes desplazados a Cataluña, la actuación de los Mossos el 1-O y los enfrentamientos en los centros de votación en la jornada del referéndum ilegal. Fruto de ese relato, el tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, dilucidará a lo largo del fallo los principales interrogantes del juicio. Estos son algunas de las claves de la sentencia más esperada de la historia reciente de España:

Violencia
Es el principal argumento que tendrá la sentencia y sobre el que el tribunal deberá extenderse para explicar por qué no hay un delito de rebelión. Los magistrados asumirían la tesis de la Abogacía del Estado que ha defendido que la violencia no fue un elemento nuclear del plan soberanista, lo que le llevó antes del juicio a reducir su acusación a sedición, un paso atrás que obligó al Gobierno a cesar al abogado del Estado adscrito a la causa, Edmundo Bal, que se negó a firmar el escrito. Para la Fiscalía no ha habido duda: en el proceso soberanista hubo no solo violencia intimidatoria, sino también física, suficiente para apuntalar la condena por el delito de rebelión. Hubo, en definitiva, «un golpe de Estado con violencia».

El papel de Junqueras
Ausente el prófugo Puigdemont, es el principal acusado y sobre el que recae una petición más alta de condena: 25 años. Los magistrados han de dirimir si fue, como sostiene el Ministerio Público, el «motor principal de la rebelión». Oriol Junqueras estuvo, como el ex president huido, en la reunión con la cúpula de los Mossos en el Palacio de la Generalitat en la que, tres días antes del 1-O, el mayor Trapero les instó a desconvocar el referéndum soberanista para evitar enfrentamientos violentos. El Supremo tiene que valorar en el fallo si, tras los altercados durante el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, el entonces vicepresidente pudo prever que podrían producirse hechos violentos y, pese a todo, secundó a Puigdemont en su determinación de llamar a los ciudadanos a votar negándose a desconvocar la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.

Los Mossos
Determinar cuál fue el papel de la Policía autonómica en el desafío soberanista es, sin duda, uno de los aspectos nucleares de la sentencia. Y tendrá consecuencias en el juicio que se celebrará a partir de enero en la Audiencia Nacional, también por rebelión (salvo en el caso de la intendente Teresa Laplana), contra Trapero y la ex cúpula política de los Mossos. Junqueras al margen, el ex conseller de Interior Joaquim Forn es el que más se juega si el tribunal llega a la convicción de que la Generalitat utilizó a los agentes para que se celebrara el referéndum ilegal, cuyo cometido osciló, según la Fiscalía, entre la pasividad y la obstaculización activa del trabajo de Policía y Guardia Civil. Un despliegue del que las defensas de los acusados responsabilizaron al coordinador de la actuación policial el 1-O, el coronel Pérez de los Cobos.

20-S: el día clave
Del relato de hechos que recoja la sentencia del registro de la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 dependerá, en buena medida, la valoración del tribunal sobre la existencia o no del delito de rebelión. El acoso a la comitiva judicial, retenida durante horas en el edificio, ¿fue el mero ejercicio de un derecho a la protesta o una obstaculización intimidatoria que hacía presagiar el desenlace del 1-O? Para las defensas fue una jornada pacífica y festiva que, sin embargo, hizo desistir al responsable de la Brimo, los antidisturbios de los Mossos, quien en el juicio explicó por qué tuvo que renunciar a intentar auxiliar a la secretaria judicial, echando un jarro de agua fría sobre los argumentos exculpatorios: «Ni con el Séptimo de Caballería habríamos entrado».

1-O
Más allá del papel de los Mossos, el tribunal tiene ante sí el reto de relatar, a la vista de las pruebas practicadas en el juicio y los vídeos sobre la actuación policial y la férrea resistencia ciudadana en determinados colegios, lo que se vivió en los centros de votación en esa jornada pseudoelectoral. Para las defensas, la única violencia que existió fue la que emplearon los agentes, ante la impasible presencia de los Mossos, pero en el juicio se escucharon también los testimonios de decenas de agentes heridos en esos enfrentamientos. Los magistrados tendrán que hilar muy fino en la descripción de esas horas de tensión y precisar la responsabilidad de la Generalitat al no desconvocar la consulta, aclarando si el Ejecutivo de Puigdemont podía prever, como le advirtió la cúpula de los Mossos, que la existencia de enfrentamientos violentos era inevitable.

Derecho a votar
Es uno de los argumentos exculpatorios esgrimidos recurrentemente por los acusados, que sus defensas utilizaron una y otra vez de parapeto para justificar todas sus actuaciones tendentes a que el referéndum se celebrase. Para la Fiscalía ese derecho no es ilimitado y en ningún caso ampara saltarse la ley.

Inhabilitaciones
Las condenas de prisión llevarían aparejadas las de inhabilitación, lo que supondría además un duro revés a la carrera política de algunos de los acusados, dado que esta pena cierra las puertas al ejercicio de cualquier cargo público y a la posibilidad de presentarse como candidato, incluso al Parlamento Europeo. En función de los años de condena, para algunos de los procesados supondría el final de su carrera política, dado que las penas de inhabilitación serán las mismas que, en su caso, se impongan de prisión, con el agravante de que deberían cumplirlas íntegras (de las de privación de libertad se descuenta el tiempo pasado en prisión provisional).

Tercer grado
Alertada por la concesión exprés del régimen de semilibertad a Oriol Pujol por parte de la Generalitat (que tiene en sus manos las competencias de política penitenciaria), la Fiscalía quiere que el tribunal fije en la sentencia que quienes sean condenados a más de cinco años de cárcel no puedan beneficiarse del tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la condena, tal y como establece el artículo 36,2 del Código Penal.

Derechos fundamentales
Los magistrados darán cumplida réplica a las sucesivas denuncias de vulneración de derechos fundamentales esgrimidas por las defensas de los acusados. Y tendrán que hilar muy fino, porque esa batería de denuncias, en especial las relativas al ejercicio de los derechos de representación política de acusados como Junqueras, Turull o Forn, serán las que los líderes del «procés» llevarán ante Estrasburgo para librar la última batalla jurídica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El tribunal sin duda dejará claro en el fallo que, en su caso, a los acusados no se les condena por sus ideas políticas, sino por los hechos delictivos que hayan podido llevar a cabo para llevarlas a cabo.

¿Fue simbólica la DUI?
La culminación del proceso independentista fue la declaración unilateral de independencia en el Parlament el 27 de octubre de 2017, que provocó la inmediata aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Los acusados han insistido una y otra vez en su carácter simbólico, pero para la Fiscalía fue el broche a ese periodo «insurreccional» en la comunidad autónoma. El tribunal ha de precisar si esa declaración tuvo o no valor jurídico para determinar el alcance real del desafío soberanista.

Malversación
La valoración sobre la supuesta utilización de dinero público para financiar el proceso independentista está en buena medida supeditada por una premisa sobre la que la Sala ha de pronunciarse. Si, como mantiene la Fiscalía (y ratificaron peritos de la Agencia Tributaria), el delito se comete desde el mismo momento en que se compromete el gasto, aunque no se desembolse finalmente el importe, la malversación está más que acreditada. De lo contrario, la Sala tendrá que ceñirse a las facturas efectivamente pagadas por la Generalitat. La Fiscalía estima que la Generalitat gastó casi tres millones de euros en cartelería, la campaña de publicidad del referéndum, el reparto de tarjetas censales a través de Unipost (que misteriosamente perdonó una factura de casi un millón de euros) y en la contratación de observadores internacionales.

Desobediencia al TC
La contumacia al ignorar reiteradamente los mandatos del TC fue tan palmaria que incluso algunas defensas se mostraron dispuestas durante el juicio a admitir una condena por este delito (que únicamente lleva aparejadas penas de inhabilitación). El reguero de incumplimientos a las sucesivas resoluciones del Alto Tribunal, a medida que se iba consumando el desafío independentista, está más que acreditado pues, a diferencia de lo que ocurrió con la consulta del 9-N (lo que no obstante no evitó la condena a Artur Mas por desobediencia), los procesados fueron apercibidos una y otra vez personalmente por el TC de su obligación de acatar esos mandatos.

Lo que cambia es el relato
Pedro García Cuartango ABC 13 Octubre 2019

Disentir de una sentencia es legítimo si se hace en el marco del respeto a las decisiones judiciales. No estoy de acuerdo con el fallo que el Supremo va a hacer público en las próximas horas. Y lo digo a sabiendas de que hay que esperar a conocer las conclusiones y los fundamentos jurídicos de esta sentencia que, según anticiparon ayer los medios, condena por sedición a los líderes del independentismo.

Y no estoy de acuerdo por la sencilla razón de que la sedición supone un relato de los hechos que nada tiene que ver con la rebelión. Son dos caminos que se bifurcan y conducen a territorios distintos. Al igual que sucede cuando un tribunal decide sobre si se ha cometido un homicidio o un asesinato.

La rebelión, según indica el Código Penal, consiste en «alzarse violenta y públicamente» para cambiar el orden legal. El artículo 472 engloba siete fines posibles, entre los que enumera dos que se ajustan a la conducta de los dirigentes encausados. El primero es derogar, suspender o modificar la Constitución. El segundo es declarar la independencia de una parte del territorio.

Esto es lo que pretendían Junqueras, Romeva, Turull, Rull, Forn, Sànchez, Forcadell y compañía. Diseñaron e impulsaron un proceso que acababa en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Y, a mi juicio, lo hicieron aprovechándose de sus cargos e instigando a las masas a enfrentarse con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ahí queda el vídeo que recoge las palabras de Jordi Sànchez frente al departamento de Economía, subido al techo de un coche de la Guardia Civil, en el que emula a Lenin en San Petersburgo en las jornadas revolucionarias de octubre de 1917.

La sedición es otra cosa. Veamos lo que dice el artículo 544 del Código Penal: «Son reos de sedición los que, sin estar comprometidos en un delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes o el cumplimiento de las resoluciones judiciales».

Por tanto, el legislador ha trazado una nítida separación entre la rebelión, que es un delito de carácter político que apunta a subvertir el ordenamiento constitucional, y la sedición, que es un alzamiento tumultuario contra la autoridad y las leyes.

Es esencial subrayar que el artículo 544 establece expresamente que para que haya sedición no puede haber rebelión, lo que corrobora que lo que diferencia uno y otro delito es la finalidad última. En ambos casos puede haber violencia, pero la rebelión apunta siempre a lo que el fiscal Javier Zaragoza llamó el intento de «dar un golpe de Estado».

No voy a entrar en la polémica de si hubo una rebelión consumada, una tentativa o una conspiración, pero sí que creo firmemente que lo que vimos en el proceso que culminó en aquella declaración unilateral del Parlamento catalán no fue una sedición. Fue una rebelión para tumbar la Constitución. Y además fue una rebelión organizada desde la Generalitat, que trazó una hoja de ruta para segregar a Cataluña del resto del Estado.

Las palabras, los conceptos son muy importantes. Y, por ello, es esencial para el relato de lo que sucedió que la sentencia diga una cosa u otra, dejando al margen la cuantía de las penas, que sin duda van a ser considerables. Seguramente por encima de diez años de cárcel.

Hay otro argumento para corroborar que hubo una rebelión: la declaración de los inculpados en la última sesión del juicio cuando dijeron que lo volverían a hacer. La sedición es un acto puntual, la rebelión es la voluntad persistente de actuar para destruir la legalidad mediante un plan establecido. La diferencia es abismal.

Un 12-O para reivindicar el Derecho frente al golpismo
Editorial El Mundo 13 Octubre 2019

Era inevitable que la sentencia del procés protagonizara la Fiesta Nacional. Porque el desafío independentista en Cataluña -un proceso que sigue en marcha, no se olvide- es el mayor ataque a nuestra democracia desde la recuperación de las libertades, y el fallo del Supremo, cuyas líneas maestras adelantó ayer EL MUNDO, representa, antes que nada, el triunfo y la solidez del Estado de derecho frente a quienes pretenden derribar el orden constitucional, marco de convivencia y de seguridad jurídica que nos hace a todos los españoles ciudadanos libres e iguales.

Esto último es lo que reivindicamos cada 12 de octubre. Y podemos hacerlo con el orgullo de pertenecer a una de las naciones más antiguas de Europa, que ha contribuido a forjar su identidad y ha protagonizado gestas históricas tan trascendentales como la del Descubrimiento de América o la culminación de la primera vuelta al globo por parte de Magallanes y Elcano hace exactamente 500 años. Como no podía ser de otro modo, aquella asombrosa empresa fue también reconocida ayer durante el Desfile Militar presidido por los Reyes. La mirada a ese pasado común, pero sobre todo al presente y al futuro que los españoles compartimos en una nación moderna y democrática absolutamente homologable a cualquiera de nuestro entorno, hace que parar el golpe secesionista en Cataluña sea el más importante asunto de Estado en estos momentos, lo que concierne, como es obvio, a todos los poderes públicos, empezando por quienes tienen la responsabilidad de gobernar, pero también al conjunto de los españoles, conscientes tras episodios como el del 1-O de que las libertades ni se defienden solas ni están garantizadas per se, sino que exigen un activo patriotismo cívico. Ya decía Renan que la nación es un plebiscito diario.

El Tribunal Supremo va a condenar por sedición a nueve de los 12 acusados por el desafío independentista. El fallo, que será unánime, aún debe ser firmado por todos los magistrados, tal como remarcó el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, durante la recepción en el Palacio Real. No se hará público por lo tanto hasta el lunes o el martes. Hay que esperar a conocer todos los extremos de la sentencia para poder analizarla, pero desde el independentismo el president Torra y el fugado Puigdemont se apresuraron a urgir a los suyos a que se rebelen en las calles. Confiemos en que cualquier movilización por la sentencia se ciña al derecho de manifestación que la Constitución consagra. Pero, en todo caso, si quienes tienen la responsabilidad en Cataluña de garantizar la seguridad de todos alientan la insurrección, nos preguntamos a qué esperará el Gobierno para aplicar la Ley de Seguridad Nacional.

Sabe bien el independentismo que tiene perdida su batalla contra la unidad de España. Pero en las próximas elecciones está en juego también hasta qué punto se le siguen dando armas para que persista en una guerra tan dañina para todos.

Paisaje para antes de la batalla
Jesús Cacho. vozpopuli  13 Octubre 2019

Expectación ante la sentencia del procés que el Tribunal Supremo dará mañana a conocer y que, de acuerdo con lo adelantado ayer, condenará a los líderes independentistas por sedición (delito de orden público), pero no por rebelión (delito contra el orden constitucional). Parece que para los señores magistrados del Supremo declarar la independencia de una parte de España no es atentar contra la Constitución. La cobardía de nuestra clase dirigente, señores magistrados incluidos, no conoce límites. Queda por saber la reacción del universo separatista a partir de mañana, aunque es fácil imaginar. Y ello en el caldo de cultivo de un país sin Gobierno y con la clase política enfrentada a destajo en la pelea electoral por su personal condumio.

Con el alma en vilo en las filas del Partido Sanchista Obrero Español (PSOE). Las encuestas que en junio/julio pasado le auguraban 145 escaños y subiendo, se han quedado clavadas en el barro de los 123 y bajando. “El último track interno, de esta misma semana, les da apenas 118 y saben que van a caer más”, aseguran en una reputada firma del sector. ¿Pero, vamos a ver, ese Iván Redondo no era tan listo? ¿Y qué dice al respecto el maestro Tezanos? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Para esto hemos perdido medio año? En Moncloa y en Ferraz el mosqueo alterna con la perplejidad. Sánchez no despega. Y convertido en un saltimbanqui, el bello impostado viaja de ciudad en ciudad prometiendo el oro y el moro, convencido de que a la gente se le engaña con cuatro abalorios, visitando las plazas como los vendedores de crecepelo hacían antaño con sus carromatos, alabando la mercancía y equivocándose de pueblo… La izquierda no PSOE le ha tomado la matrícula y le ha adjudicado la responsabilidad de la ausencia de un Gobierno y la vuelta a elecciones, y parece dispuesta a hacérselo pagar. Como tantas veces hemos adelantado aquí, se confirma que el problema del PSOE se llama Pedro Sánchez.

Con 118 escaños y bajando, y con el envite del separatismo a la vuelta de la esquina dispuesto, ¿arde París?, a sumir Cataluña en el caos a partir de mañana mismo, con independencia de la calificación de los delitos de los líderes del procés y de sus penas. Una oportunidad de oro para Sánchez o su sentencia definitiva. Si el Gobierno en funciones gestionara adecuadamente la situación, podría remontar el vuelo y ganar las elecciones con cierta holgura. Si no lo hace, o se muestra medroso y/o complaciente con los sublevados, podría hundirse definitivamente. Estamos ante el dilema del prisionero. O ante una especie de 11-M redivivo, aquel drama que privó del poder al pastueño Rajoy para servírselo en bandeja al malhadado Zapatero. Todo dependerá del campo de batalla en que el separatismo pretenda, y pueda, convertir Cataluña a partir de mañana, y de la respuesta que el Gobierno sea capaz de dar a ese desafío. Sánchez necesita un milagro, un Prestige de urgencia al que aferrarse para remontar. Porque la momia de Franco no parece a estas alturas talismán bastante como para devolverle la prestancia perdida.

Situación muy distinta en el PP. “Estamos montados en la cresta de la ola”. Un entusiasmo un tanto engañoso, quizá incluso un espejismo en tanto en cuanto ese crecimiento procede de antiguos votantes que se fueron a la abstención y ahora regresan, porque lo cierto y verdad es que el partido de Pablo Casado no parece estar recuperando voto de Ciudadanos ni de Vox. “El PP crece, cierto, pero lo hace por el hundimiento de los demás, no porque él mismo genere un entusiasmo irrefrenable…” El electorado de Cs parece ahora mismo refugiado en la abstención, y en su mayoría se niega a regresar al PP, al menos de momento. Y ahí tiene el PP un problema evidente: el de un partido que sigue sin ofrecer a su antigua clientela ese perfil nítido de cambio que muchos le reclamaban tras el desastre que supuso la presidencia de Mariano. Algunos acontecimientos recientes parecen ahondar en la desconfianza de ese viejo votante que se niega a regresar a la casa del padre. Pongamos que hablo de Ana Pastor, esa especie de “Mariano con faldas” que inevitablemente apunta a la vuelta del marianismo a la sede de Génova.

En los predios de Casado explican la incorporación de Pastor como un golpe de genio e ingenio del palentino, que ha sido capaz de acabar con el debate interno sobre su liderazgo, cerrar filas en su derredor y poner fin a los “ismos” en el partido. La entrada de la lugarteniente de Mariano como número 2 por las listas de Madrid era, por otro lado, más que una necesidad casi un clamor tras el patinazo que supuso “lo” de Suárez Illana. “Ana es una mujer muy querida en el PP, cuya incorporación ha sido muy bien recibida. Casado se ha asegurado la paz interna. En cierto modo se ha blindado, y a un precio mínimo”. Mariano está ya tranquilo, y lo mismo cabe decir de Aznar, cuya pupila, Elvira Rodríguez, ha sido igualmente arrecogía en la misma operación. El sorayismo es ahora mismo una pintoresca anécdota, y Núñez Feijóo bastante tiene con lo suyo en Galicia.

La vuelta al “centro” del Partido Popular
Esas incorporaciones, con todo, han cobrado especial significación tras la decisión del líder del PP de sustituir a Cayetana Álvarez de Toledo por la propia Pastor en el debate electoral a cinco (mujeres) que La Sexta prepara para el 7 de noviembre. “Es otra buena finta de Casado: Ana va a parecer como la abuela de todas ellas, y va a evitar el riesgo de que Cayetana le alborote el gallinero a última hora”. Centrismo puro. Estamos, pues, ante una operación típica de partido, destinada a consolidar el poder de Casado y a “centrar” al Partido Popular, pero que cierra de alguna manera en falso la crisis abierta en la organización por el desastroso liderazgo del tándem Mariano-Soraya, una crisis que puso en fuga a casi la mitad de sus votantes y que, al menos de puertas afuera, parecía reclamar primero examen de conciencia, después autocrítica, y finalmente una cierta voluntad de regeneración sobre la base de nuevos liderazgos y nuevos postulados ideológicos de indiscutible talante liberal. Algo que no se advierte en este cierre de filas producido en Génova. Casado, por eso, tendrá que explicar muy bien que lo ocurrido estos días no supone una vuelta atrás, si quiere que ese votante de Cs que está dispuesto a refugiarse en la abstención vuelva algún día a confiar en el PP, y que ese otro que se ha ido a Vox y que está dispuesto a seguir votando a Vox, regrese a la casa del padre.

Días atrás, una de las muchas encuestas aparecidas estos días hablaba de la pérdida de más de un millón de votos entre los tres partidos de la derecha, votos que se van a la abstención. La derecha, pues, tiene un problema, y es que sigue estando lejos de poder formar Gobierno, acuerdos mediante, a pesar del impúdico espectáculo diario que Sánchez ofrece a los españoles en prime time. Como quiera que ocurre lo mismo en el bloque de izquierdas, la única salida que muchos ven en lontananza a la hora de tratar de evitar unas quintas elecciones es la abstención del PP, con algún tipo de acuerdo en torno a los PGE de 2020, para posibilitar la elección de Sánchez como presidente, circunstancia que muy probablemente Sánchez aprovecharía después para sacar adelante sus políticas de izquierda –básicamente mandar al guano las variables macroeconómicas y freír a impuestos al prójimo, además de dar la puntilla, del brazo del nacionalismo, a la Constitución del 78- con la ayuda de sus amigos naturales de la extrema izquierda y de ERC. Un caramelo envenenado, pues, el que Casado se va a encontrar a la vuelta del 10 de noviembre sobre la mesa. Un caramelo que solo podría tragarse elevando la apuesta y ofreciendo al PSOE una grosse koalition a la española. Y a ver, entonces, qué dice el trilero.

Todo pendiente, no obstante, de lo que a partir de mañana ocurra en Cataluña. Cataluña en plan estelar, muy por encima de la situación económica. La reacción del separatismo a la sentencia, y la respuesta que el Gobierno en funciones sea capaz de dar a la hora de preservar el orden público y hacer cumplir la ley. Los Torras aguardan el fallo expectantes, en la idea de que podría operar cual milagro de Lázaro capaz de devolver vida a un procés moribundo, que ha fracasado de forma evidente en los últimos intentos de sacar a la calle a las multitudes que antes le seguían de forma incondicional. Por encima de todo y de todos, se la juega Sánchez, un tipo que camina con una mano atada a la espalda a la hora de actuar con contundencia por culpa del PSC, su talón de Aquiles, la herida por la que sangran las contradicciones de este PSOE perdido para la causa de la unidad de España y la concordia entre españoles. La Generalitat catalana es irrecuperable en manos de un nacionalismo que cada día aumenta la apuesta y no deja pasar ocasión para poner de manifiesto su posición de abierta rebeldía contra la Constitución. Los paños calientes no han servido más que para envalentonar a los rufianes de toda laya, y mucho me temo que esta sentencia acobardada solo sirva para dar alas a un incendio que nuestra clase política parece incapaz de controlar.

Marlaska y los últimos de Cataluña
FRANCISCO ROSELL El Mundo 13 Octubre 2019

"Cuando nos nombran algo, nos pegan un perdigonazo en el ala y ya no volvemos a volar igual", admitiría en cierta ocasión, a modo de desahogo, un político de dilatada trayectoria en desempeños ministeriales como el democristiano Iñigo Cavero. Fue ministro de Justicia y de Cultura, en dos ocasiones, primero con Suárez y luego con Calvo Sotelo, falleciendo en 2002 cuando presidía el Consejo de Estado, tras haber sido el último en apagar la luz de la sede de la extinta UCD y de correr con parte de las deudas. Eso sí, no llegó al punto calamitoso de Antonio Maura hijo, ministro en el Gobierno Provisional de la II República. Volcado en mantener el orden público "a brazo partido con las bandas de insensatos que estaban hiriendo de muerte a un régimen recién nacido", se sentía, al mes de tomar posesión de su cargo, que había dejado de ser ministro para convertirse en "loquero mayor de un manicomio suelto y desbordado".

Iñigo Cavero asumía una especie de síndrome del que participan quienes, en cuanto experimentan la sensación de poder, reducen su capacidad de análisis y se sumen en una ceguera que les hace creer que no hay que mirar más allá de sus narices. A primera vista, y atendiendo a la conducta por la que se guía, también participaría del mismo un irreconocible Fernando Grande-Marlaska. Antaño juez de prestigio presto a lidiar con asuntos de la mayor gravedad y hoy elusivo ministro del Interior hasta desamparar a sus subordinados en momentos críticos como los que se viven en Cataluña. Mucho más apreciable esa deserción a raíz de que los independentistas hayan votado la expulsión de la Guardia Civil tras desmantelar un supuesto grupo terrorista con siglas de histórica marca de explosivos (ERT) integrado en los Comités de Defensa de la República (CDR) que alienta Torra, a la sazón máximo representante del Estado en la comunidad. Sin embargo, no es exactamente su caso. Se trata, por contra, de una ignorancia deliberada. Por eso, su proceder, con claro menosprecio a la Benemérita, raya en la indignidad.

Diríase que es el primer jefe de la historia de la Guardia Civil que se comporta como si no estuviera al frente del Instituto Armado. Si los primeros ministros socialistas del ramo, como José Barrionuevo, presumían de haber descubierto a la Guardia Civil, ahora se diría que el choque de Marlaska con el Cuerpo ha servido para descubrir a un ministro en los antípodas de cuando vestía toga. Parecía el caballero sin espada que interpretaba James Stewart en la película de Capra. Pero, con todo, lo peor es que, sea por apatía, inconsciencia, frivolidad, cobardía o ceguera, interiorice las descalificaciones contra la España constitucional con su ominoso silencio.

Si ya resultó extraño que hace un año, tras citarse con Torra en la reunión de la Junta de Seguridad en Barcelona, anunciara que los mossos retirarían los lazos amarillos, cuya colocación promovía el valido de Puigdemont y que prendía en su solapa como si fuera la Gran Cruz de San Jordi, no lo fue menos su bronca a los jefes de la Guardia Civil por no pormenorizarle el desmantelamiento, bajo las órdenes del juez García Castellón, del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica por pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para la comisión de estragos como el asalto al Parlament. Tampoco lo ha sido menos que repudie la intachable alocución del general Pedro Garrido este miércoles en la celebración barcelonesa de la patrona de la Guardia Civil para aplacar a un sulfurado independentismo que reclamó la destitución de este mando con mayor intensidad si cabe que al desarticular la célula terrorista de los CDR.

Como parte de un Estado que se ha quedado en las raspas en Cataluña -y a falta del ministro o del director general de la Guardia Civil que hubiera tenido unas palabras de reconocimiento a unos subordinados que están dando lo mejor de ellos-, el máximo responsable del Cuerpo en el Principado hizo un alarde de constitucionalismo: "Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con España de trabajar por la libertad y seguridad de todos los ciudadanos. Lo demostramos hace dos años, y lo hemos hecho de nuevo recientemente. Y cada vez que sea necesario lo volveremos a hacer".

Sin duda, un impecable alegato de quien tuvo a bien reconocer a dos resistentes del Poder Judicial. De un lado, otorgó una medalla póstuma al juez Ramírez Sunyer, primer togado en investigar el referéndum ilegal; de otro, condecoró a la secretaria judicial que hubo de irse por la azotea ante el cerco de la jauría independentista de la Consejería de Junqueras y que personificó dramáticamente la puesta en fuga de la Justicia en Cataluña. Que el general dijera en catalán «lo volveremos a hacer» (expresión idéntica al eslogan separatista ho tornarem a fer) fue considerada una provocación por la Generalitat por parte de quien, justificando su aguerrido apellido, advirtió asimismo de la deriva violenta de la revolución de las sonrisas.

Si en primera instancia el ministro se hizo el sueco que no es, luego rezongó contra quien comanda unos servidores públicos a los que nunca tantos debieron tanto siendo tan pocos. Pero que muestran un coraje que les lleva a preservar su obligación frente a cualquier inconveniente. Incluido carecer de un ministro que los defienda, en vez de meter la cabeza bajo del ala como el avestruz. Con gran perplejidad, Marlaska adopta lo que el sociólogo Saka Tong, japonés de nacimiento, pero criado en México, llama "el manual del perfecto agachado", donde aconseja para escapar ileso de cualquier situación potencialmente conflictiva no darse nunca por agraviado. Así, Marlaska no hace problema de ningún asunto por grave que sea que acontezca en Cataluña.

De la misma manera que es patente que el Gobierno en funciones hubiera preferido que la operación Judas contra el terrorismo separatista no se hubiera anticipado a la sentencia del 1-0, lo que habría supuesto una temeridad sabiéndose la inmediatez de los planes explosivos, también hubiera agradecido el mutismo del general Garrido. Más allá de que, según Voltaire, "en todo asunto de importancia hay siempre un pretexto que se pone en vanguardia, y una razón verdadera que se disimula". Esa razón verdadera no es otra que el designio del PSOE de que cualquier solución para Cataluña pasa por entenderse con ERC, al igual que se unce al PNV en el País Vasco.

En este sentido, el Gobierno no puede por menos que felicitarse de que, atendiendo al cambio de posición de la Abogacía del Estado, el Tribunal Supremo se incline por condenar por sedición a nueve de los 12 acusados del 1-O -Junqueras, Forn, Turull, Rull, Bassa, Romeva, Forcadell, Cuixart y Sànchez-, que no por rebelión, como argumentaban el juez instructor Llaneras y la Fiscalía del Estado. Con esta resolución de la Sala Segunda del Alto Tribunal, puede rememorarse el histórico comentario de Torcuato Fernández Miranda de que estaba en condiciones de ofrecerle al Rey Juan Carlos el candidato que le había pedido para relevar al paleofranquista Arias Navarro y que era un tapón para la Transición. Merced a sus trampas saduceas y a sus cabildeos en el Consejo del Reino que debía proponer la terna al monarca, logró meter de matute el nombre de Suárez. Si el Monarca tuvo el presidente que quería, probablemente Sánchez dispone de la sentencia que perseguía.

A la espera de conocer el tenor del fallo, adelantado por EL MUNDO, cuesta Dios y ayuda entender que los hechos juzgados sean un mero delito contra el orden público (sedición), y no una rebelión contra el orden constitucional y la integridad territorial de España al declarar sus promotores la independencia en Cataluña. Nuestros Salomones, dando prioridad a la unanimidad, han optado por esta vía intermedia que, al parecer, va a librarles de inconvenientes. Primero en el Tribunal Constitucional donde mora Cándido Conde-Pumpido, el guardián entre el centeno, y luego en el Tribunal de Estrasburgo. No obstante, muchos ciudadanos convendrán con aquel diputado socialista francés André Laignel que dijo "usted se equivoca jurídicamente porque su causa es políticamente minoritaria".

Pero es que, además, al margen de los años de pena por sedición -oscilan entre los 10 y 15 años de prisión e inhabilitación por igual periodo-, estos Sumos Hacedores de la Justicia se inclinan por abrir el portillo de la traición al querer desestimar la solicitud del Ministerio Fiscal para que los penados no accedan al tercer grado hasta cumplir la mitad de su condena. Ello, sin descartar, otras medidas de gracia políticas que harán que una resolución judicial de esta enjundia pueda ser, en vez de un baluarte, un acicate para un secesionismo al que las concesiones sólo sirven para estimular las exigencias al entenderlas como debilidades.

Como los españoles no es ya que ignoren su historia, es que la desprecian, están condenados a repetirla trágicamente, según juzgó un compatriota como Santayana que se marchó a EEUU y hasta modificó su nombre de pila. Así, los herederos socialistas de aquel Indalecio Prieto que le confiaba a Azaña que "Companys está loco; pero loco de encerrar en un manicomio", como ahora deslizan sobre Torra, lo homenajean cada dos por tres tras perpetrar sendos golpes de Estado contra la legalidad española. Primero en el 34, dos años después de aprobarse el Estatuto catalán, y otro en plena Guerra Civil. En cambio, sentencian al mutismo al general Garrido, junto a sus últimos de Cataluña, siguiendo la estela del general Batet, tras sofocar el golpe de Companys e ingresarlo en la cárcel. Rehabilitado tras el controvertido triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, retornaría a las andadas al poco de poner un pie en la calle.

En cierta manera, como dos vidas paralelas, los generales Batet y Garrido padecen la soledad del sheriff Will Kane que Gary Cooper encarna en Solo ante el peligro. Mientras aguarda la anunciada irrupción de los desalmados hermanos Miller, el juez Mettrick le recomienda que desista. Preparando su huida, mete en unas alforjas la bandera de la Unión, la balanza de la Justicia y el mazo, los atributos de su alta magistratura. Ellos, como aquel sheriff de película, son héroes sin estatua ni nombre de estadio.

Cierre de filas con el Tribunal Supremo
 larazon  13 Octubre 2019

No es cuestión de entrar en el fondo de una sentencia que no ha sido firmada ni notificada y que, como recordaba ayer el presidente del tribunal juzgador, Manuel Marchena, no es firme hasta que la suscribe el último de los magistrados actuantes, por más que su desafortunada filtración, más grave aún por provenir necesariamente del interior de la misma Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que entendió de la causa, haya podido causar confusión en una opinión pública que calibra perfectamente la trascendencia que tiene para el presente y el futuro inmediato de España esa decisión judicial.

Por supuesto, no son cuestiones menores que los jueces, tal y como se da por cierto tras la filtración, se inclinen por aplicar el tipo penal de la sedición frente a la rebelión, en contra de la calificación de la Fiscalía, o que, al parecer, hayan decidido apreciar el concurso medial para no imponer sendas condenas por malversación, lo que beneficiaría a los reos, pero hasta que no dispongamos de la literalidad de la resolución y, sobre todo, del cuadro de penas de cárcel que corresponde a cada uno de los encausados, resulta fútil cualquier análisis jurídico previo.

Con todo, es un hecho que nueve de los principales responsables del fracasado golpe antidemocrático en Cataluña serán condenados a elevadas penas de prisión, lo que va a suponer un duro varapalo para los partidos separatistas catalanes y sus movimientos asociados, con riesgo cierto de que se produzcan reacciones indeseables en las calles y, lo que sería insólito en cualquier democracia, en las instituciones del Principado, dominadas por esos mismos partidos.

Si bien, y tal y como se han ido desarrollando los acontecimientos desde las jornadas del referéndum ilegal, con un claro descenso del apoyo popular al secesionismo y una menor incidencia de las actuaciones de sus cuadros de activistas, no es de esperar graves rupturas de la convivencia ciudadana, entra dentro de lo probable que las autoridades del Estado hayan de tomar medidas extraordinarias para garantizar esa convivencia y restaurar cualquier desobediencia a la Ley, sin importar la cualidad pública o no de quienes pretendan romper el sistema de libertades que consagra la Constitución española.

Corresponde, por supuesto, al Gobierno la máxima responsabilidad y somos conscientes de las dificultades añadidas que supone su situación de interinidad y, con mayor incidencia, el que nos encontremos en plena campaña electoral. Que los separatistas van a tratar de aprovechar estas circunstancias para sus fines, parece una verdad de perogrullo, pero sería mucho peor que las formaciones constitucionalistas, especialmente el Partido Popular, pero, también Ciudadanos o VOX, no estuvieran a la altura de los acontecimientos. Por supuesto, como señaló ayer el líder de los populares, Pablo Casado, no se trata de dar un cheque en blanco al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pero sí de respaldar la actuación de las instituciones del Estado en todo aquello que sea pertinente para salvaguardar el orden democrático en Cataluña y garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo y el debido respaldo a sus magistrados, con independencia de las distintas sensibilidades ante el contenido de la resolución judicial. Cabría reclamar igual postura a los partidos de la izquierda radical de Unidas Podemos y Más País, pero ya han demostrado que prefieren la equidistancia y la inconcreción de la muleta del «derecho a decidir». Por último, la Generalitat de Cataluña y su Parlamento autonómico tienen una oportunidad inmejorable para reconducir su postura o, al menos, mantenerse en un plano meramente declarativo. Porque las sentencias de los tribunales hay que acatarlas y hacer que se cumplan.

La sentencia y el comodín de Franco
En una nación agitada por un crucial conflicto de soberanía, la controversia sobre la sentencia del «procés» escapará inevitablemente de la lógica jurídica para adentrarse en la ruidosa banalidad populista
Ignacio Camacho ABC 13 Octubre 2019

Andaba el juez Marchena, en la recepción del Palacio Real, escapando como podía de los corros de periodistas que le preguntaban por la Sentencia recién filtrada esa misma mañana. La Sentencia, así, con mayúsculas, como el nombre de un paso de la Semana Santa: el pronunciamiento judicial más importante de la historia reciente de España. A esas horas, en redes y comentarios digitales había comenzado la demolición del magistrado que durante el juicio de la insurrección separatista encandiló a la mayoría del país por su criterio ponderado, firme y sereno. Cientos, miles de opinadores espontáneos convertidos en improvisados expertos en Derecho se precipitaban en tromba contra el criterio del tribunal sin conocer más que un breve titular de sus términos genéricos. Para aquella España de las banderas de octubre, la anunciada -y no confirmada- condena por sedición y malversación se queda corta ante la gravedad de los hechos; para la Cataluña secesionista, constituye un agravio autoritario, un intolerable atropello.

Ésa va a ser la tónica del debate de los próximos días. Una controversia que escapará inevitablemente de la lógica jurídica para adentrarse en la ruidosa banalidad populista. Se trata de un veredicto de enorme impacto sobre la compleja situación de un país sometido desde hace años a la tensión de sus costuras constitucionales, políticas y administrativas, y sacudido por un crucial conflicto de soberanía que solo ha encontrado respuestas concretas en la actuación de la justicia. El Supremo, obligado a ceñirse a unas leyes que no habían previsto la casuística del desafío independentista, ha optado por la resolución que mayor consenso le ofrecía, la que le permite salvaguardar el respeto a la Constitución y sancionar su evidente quebrantamiento sin arriesgarse a retorcer la actual tipología delictiva. Pero el fallo, por mucho que el ponente se cargase de autoridad con su magnífica dirección de la vista, desatará indefectible controversia en una sociedad enardecida de pasión banderiza.

El Gobierno está satisfecho: ha prevalecido la tesis de la Abogacía del Estado, la de la acusación de sedición que Sánchez y su ministra Delgado impusieron a costa de torcer el brazo a sus más brillantes funcionarios. La Fiscalía cumplió con su papel al reclamar el delito de rebelión, tal vez a sabiendas de que su alegato sobre el castigo máximo estaba condenado al fracaso. El separatismo se declarará afrentado porque no puede renunciar al victimismo que lo cohesiona, pero es consciente de que ha minimizado daños y de que los condenados se beneficiarán de un Código Penitenciario que, administrado por la Generalitat, puede aplicarles en un plazo relativamente breve el segundo o tercer grado. A partir del lunes tendrá que articular su réplica. Es probable que se produzca una reacción sobreactuada, una demostración de fuerza por meras razones de supervivencia. El resultado de las elecciones depende -también para Pedro Sánchez- en buena medida del alcance de la prevista estrategia de agitación callejera.

Interior ha desplazado a Cataluña centenares de guardias. Los detalles de la resistencia nacionalista -el anunciado «tsunami democrático»- permanecen secretos pero todo apunta a una algarada social, a una movilización de masas. El factor clave será su intensidad y su escala. Un movimiento potente, de músculo fuerte y participación alta, haría girar hacia Pedro Sánchez todas las miradas. El presidente se juega mucho en el envite después de haber puesto la palabra España con letras bien grandes en el encabezamiento de su programa. Sabe lo que el 1-O le costó a Rajoy y no se puede permitir un espectáculo de autoridad burlada.

Para la eventualidad de que la situación se complique cuenta con el comodín de Franco y se reserva el momento oportuno -porque se trata de una decisión oportunista, de mero cálculo- para utilizarlo. El Consejo de Ministros se ha dado dos semanas para jugar a su conveniencia con el calendario. Si las cosas se ponen feas, si el clima electoral se vuelve destemplado, la maquinaria propagandística de La Moncloa se ocupará de que la exhumación y el traslado del cadáver al Pardo ocupen el primer plano de los telediarios. Y si el tsunami catalán no pasa de marejada, si el tumulto deviene en pinchazo, el trajín de la momia del dictador le servirá para darse el impulso de opinión pública que anda buscando para levantar las expectativas de unos sondeos estancados. El desentierro de Franco no mueve muchos votos pero refuerza la dialéctica de bandos; es una maniobra de división civil que arrincona al liberalismo moderado y estimula el reflejo tardofranquista de esos electores que han encontrado en Vox la coartada para salir del armario. A Sánchez le interesa que el respaldo de Abascal se mantenga alto y tratará de excitarlo con el exorcismo de ultratumba que activa en la derecha radical su impulso más bizarro.

Nada está aún, en cualquier caso, escrito en esta campaña. Nada salvo la desconfianza. Los expertos en demoscopia contemplan las encuestas con una mezcla de cautela y suspicacia; saben que a la elevadísima volatilidad de los últimos tiempos se puede unir el estrés de un cuerpo electoral llamado a votar sin ganas. Todo parece provisional, incluida la huella que la Sentencia deje en la convulsa sociedad catalana: hasta la última semana no cuajará el segmento decisivo del voto, el que acaso decante la balanza.

Acosan a los hijos menores de los guardias civiles en un colegio de Navarra: "Todos fuera de aquí"
En las paredes del colegio han aparecido varias pintadas con motivo de la celebración del 12 de octubre.
Navarra.com elespanol 13 Octubre 2019

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado un caso de "acoso" a sus hijos en el colegio de la localidad navarra de Bera, donde han aparecido varias pintadas con motivo de la celebración este sábado del 12 de octubre.

"Una vez más son los menores los que tienen que soportar la intransigencia y el odio de los que se creen en posesión de la verdad y dueños de una tierra que no es de ellos, porque es de todos los que la habitan", afirma la asociación en un comunicado.

En las pintadas en euskera en la pared exterior del colegio, señala la AEGC, se puede leer: "El doce de octubre no hay nada que celebrar. Fuera de aquí. Todos ustedes fuera de aquí”.

La asociación entiende que en las pintadas se alude a la celebración de la fiesta de la patrona del instituto armado, la Virgen del Pilar, "porque sus actos son repetitivos porque saben que nunca han tenido consecuencias y que siempre han quedado impunes".

"No lo hacen de forma aleatoria, saben dónde pueden hacer más daño, por eso eligen el colegio de nuestros hijos", asegura la asociación, que confía en que, "al menos el Defensor del Menor sí estudie los casos de acoso a los que se están enfrentando los hijos de los guardias civiles en muchas localidades de Navarra, Euskadi y Cataluña".


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