AGLI Recortes de Prensa   Lunes 14  Octubre  2019

Hubo, hay, habrá rebelión
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo  14 Octubre 2019

Artículo 472 del Código Penal, "son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución".

Artículos 17. 1 y 477 del CP: "La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas, además de con la inhabilitación, con la pena de prisión inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente".

Artículo 544 del CP: "Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones".

Esto dice la ley, a la que siempre deberían servir los jueces, sobre los delitos cometidos antes, durante y después del 1-O de 2017. Pero la Abogacía del Gobierno, tras echar al abogado del Estado Edmundo Bal, defendió, con el apoyo incondicional de una juez afín a la ministra Delgado, que no hubo rebelión, sino sedición. El juez instructor, los fiscales, el abogado del Estado y la acusación popular sostuvieron lo que vimos: fue un delito de rebelión contra el orden constitucional, no de sedición contra el orden público. La tesis corporativista y eurocomplejines de firmar una sentencia leve y por unanimidad, para que no la anule Estrasburgo, es absurda. Como cuando Rajoy, junto al PSOE y Cs, limitó el 155 a convocar elecciones catalanas, desmiente la gravedad del hecho que motiva la actuación legal y asegura su repetición por la impunidad que garantiza. Si además no hay garantías del cumplimiento de las penas, estilo Pujolito, el Supremo juzgará pronto el próximo delito de rebelión, que seguirá oscuro para ciertos jueces de la UE. África empieza en el Supremo.

Acatamos la sentencia los que, al revés que los golpistas, queremos vivir en un Estado de Derecho, pero será nefasta para España y la Libertad.

Lo que el Estado diga
Luis Herrero Libertad Digital  14 Octubre 2019

El hecho cierto es que de todas las sentencias posibles, fundadas en derecho, la que conoceremos mañana (rectifico: la que conocimos anteayer, para vergüenza del Supremo) es la más indulgente que podíamos esperar. Hombre, también cabía la posibilidad de que sus Señorías no hubieran advertido la comisión de delito alguno, o solo de algún delito menor, pero eso hubiera ido en contra de sus propios actos. ¿Dos años de prisión preventiva para devenir, al final del procedimiento, en una sentencia absolutoria o una condena mínima? Hubiera sido para correr a birretazos a los siete jueces por la plaza de Las Salesas. No. Sus Señorías tenían claro desde el principio que estaban ante conductas que merecían un reproche penal de mayor cuantía. Por eso, entre otras cosas, rechazaron sistemáticamente todas las peticiones de libertad provisional. Que iba a haber sentencia condenatoria, estaba claro. Y que esa sentencia acarrearía penas privativas de libertad, también. Lo que faltaba por saber era el grado de severidad del pronunciamiento. Ahora ya lo sabemos: de todos los posibles, el menor.

Un hecho que casi todos los observadores juzgamos escandaloso, al inicio del proceso, ha acabado siendo fundamental para que las cosas hayan acabado así. La abogacía del Estado, cuando el máximo responsable del área penal era Edmundo Bal, calificó los hechos como constitutivos de un delito de rebelión.

Los independentistas pusieron el grito en el cielo y urgieron al Gobierno a que utilizara su prerrogativa jerárquica para obligar al abogado del Estado a que cambiara los términos de la acusación. Y el Gobierno lo hizo. Y Edmundo Bal fue apartado de la causa. Y su jefa puso sedición donde él había escrito rebelión. Y la unanimidad acusatoria se deshizo. Hasta ese momento, todos los actores del proceso —menos las defensas— habían apreciado en la conducta de los acusados un delito de rebelión: el juez instructor, el ministerio fiscal, la acusación particular y, en primera instancia, la abogacía del Estado. Los jueces hubieran tenido muy difícil discrepar de todos ellos. Pero el giro de la abogacía del Estado les daba una salida. La más blanda de todas. Y esa es la que han elegido.

Por eso no es aberrante concluir que la sentencia apesta a política. El criterio menos profesional de todos (de origen político, no jurídico) es el que finalmente se ha llevado el gato al agua. Y no es esa la única circunstancia maloliente. También el afán de unanimidad apesta a política. El empeño de evitar votos particulares pretende trasmitir la idea de que el fondo del asunto no admite vuelta de hoja. Si siete magistrados lo ven de la misma forma es que, necesariamente, tiene que ser de esa forma. Pero eso no funciona así. Imaginemos por un momento que la sentencia la hubieran dictado otras cinco togas del Supremo con la misma categoría profesional, la misma ciencia jurídica a sus espaldas y el mismo prestigio en la Sala: Pablo Llarena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. En ese caso, también por unanimidad, los acusados habrían sido condenados por rebelión. La unanimidad de los magistrados no trasmite, por lo tanto, certeza jurídica, sino otra cosa: cabildeo y negociación. O sea, política al servicio de los intereses del Estado.

Tengo la sospecha de que los magistrados, conscientes de la trascendencia histórica y política de su pronunciamiento, le han dado más peso a consideraciones alternativas al derecho que al derecho mismo. Según las filtraciones, la petición de la fiscalía de que la sentencia incluyera la prohibición expresa de acceder al tercer grado hasta que no se haya cumplido la mitad de la pena también va a ser rechazada, y eso significa que los condenados podrán acceder al tercer grado, a instancias de la Junta de Tratamiento, desde ahora mismo. Así que lo probable es que enseguida les veamos en libertad. Inhabilitados, sí. Pero libres. Y, por supuesto, jaleados en olor de multitud. Dará igual que no ocupen cargos públicos de carácter institucional. Serán héroes en vida, referentes morales, fuentes de poder, senadores vitalicios en los escaños del Olimpo independentista con capacidad para urdir desde la misma Barcelona —no desde Waterloo, que pasa a ser el burladero de los cobardes— la próxima conspiración para la rebelión. ¿O era sedición? Lo que el abogado del Estado diga.

Las elecciones del 10-N y la Justicia
Pedro de Tena Libertad Digital  14 Octubre 2019

Para los ciudadanos de una democracia, por imperfecta que sea, una Justicia independiente de los poderes reales, el político y los fácticos, es imprescindible para que su libertad esté asegurada, sus derechos y deberes sean respetados y su igualdad ante la ley, acreditada e incluso reverenciada. Para que nadie sea más ni menos que nadie cuando se acude a los tribunales, se necesita una Justicia sin ataduras políticas, no penetrada por intereses ajenos, libre para dictar según ley y sometida a los propios controles de eticidad y rigor en favor de unos ciudadanos indefensos sin su amparo. Para que nadie se tome la justicia por su mano, es preciso que la Justicia sea justa y, al serlo, adquiera el prestigio necesario ante el populus. Ya sé que esa es la teoría y que la realidad es bien otra. Precisamente en estos días se están viendo cosas que nos recuerdan que nuestra Justicia, como nuestra democracia, está enferma.

Ha sido absolutamente escandaloso que, días antes de firmarse definitivamente la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado perpetrado por los separatistas en Cataluña, alguien, necesariamente cuña de la propia Justicia, haya filtrado su contenido esencial. Es increíble que el desentierro de Franco sea ajustado a las necesidades electorales del partido del Gobierno y que, imagínense su caso propio, un familiar suyo tenga que ser reinhumado donde ordene el Estado. Es asombroso que pueda decirse que todo un miembro del Tribunal Supremo cobrase 200.000 dólares por facilitar la condena de otro juez, el juez Gómez de Liaño.

Si se sigue repasando hacia atrás –recuerdo que en pleno caso Juan Guerra el abogado Horacio Oliva, estrecho colaborador del PSOE y mencionado ahora de nuevo en el caso Gómez de Liaño, ofreció un puesto en el Consejo General del Poder Judicial al juez instructor Ángel Márquez si se dejaba asesorar–, los casos que colman la desconfianza son demasiados. Una relación siquiera sucinta no cabría en esta columna. Sólo un leve recuerdo indicativo. Ahí tenemos el comportamiento de la juez Núñez Bolaños o el archivo, por dos veces desautorizado, del caso Aznalcóllar; el comportamiento inicuo del exjuez Garzón, la conducta del juez de Prada y de otros muchos… Ah, y fíjense en toda una ministra de Justicia entrometiéndose ante el Gobierno italiano por el caso de Juana Rivas, condenada en España. Así podríamos retroceder hasta la sentencia de Rumasa y la famosa expresión de que Montesquieu había muerto, falsa expresión, porque en realidad lo estaban matando. Y siguen en ello.

Ya no puedo quitarme de encima la sensación de que el desarrollo de nuestra Constitución, por buena que fuera la intención de sus hacedores, ha degenerado hasta la construcción de poderes fácticos que se sitúan al margen de los ciudadanos y su capacidad de control. Los partidos son una casta inexpugnable entrelazada, cada vez más, con las castas fácticas.Ni siquiera el poder judicial, que es quien debería ajustar el comportamiento de los demás poderes a la Ley, ha escapado a su dominio.

El círculo es muy vicioso. Son los partidos los que deberían devolver a la Justicia la situación de independencia constitucional, cuando menos relativa, que nunca debió perder y que perdió gracias al PSOE en 1985 (también, luego, gracias al PP). Pero son los partidos, nuevos señores feudales que controlan vidas y haciendas, los que no están interesados en la recuperación del prestigio de la Justicia. Por ello, se está cumpliendo el destino de que el Consejo General del Poder Judicial se haya convertido en un elemento más de la lucha política partidista, como hipócritamente advirtió el Tribunal Constitucional cuando avaló que fueran los diputados y senadores de los partidos en las Cortes Generales quienes designaran a los miembros del CGPJ. De ahí para abajo y en cascada, sólo fue cosa de coser y cantar.

Va camino de ser cierto que "la ley es el método más fácil de ejercer la tiranía" de la casta política en su conjunto que no ha querido, ni quiere, al parecer, acabar con este estado de cosas. Por ello, en estas próximas elecciones, en las que están en juego España y su destino, es imprescindible que conozcamos también si hay algún partido que quiera de verdad que haya una Justicia que emane "del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley", que es lo que dice originalmente la Constitución y ha sido pervertido por las interpretaciones partidistas.

Amando de Miguel me descubrió a Colacho, el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila, que, según sus estudiosos, entendía que la Justicia tendía "espontáneamente hacia el absolutismo", sobre todo por no tener el valor de estar constituida por jueces insobornables. Hoy que, gracias a la metamorfosis de los partidos en casta superior, todo es politiqueo, que no política de altura, los ciudadanos no somos más que incautos que, eso sí, seguimos creyendo en la Razón, el Progreso y la Justicia, las tres virtudes teologales del tonto (Colacho dixit).

Resignación, nueva y buena política
ANDRÉS BETANCOR El Mundo  14 Octubre 2019

El autor denuncia que en el altar de la estabilidad política hay que sacrificar todos los males (de la política). Señala que es, con gran regocijo del populismo, el blanqueador del bipartidismo y de sus dolencias

Cuando se habla de la nueva política es un lugar común comenzar citando a Ortega y Gasset y la conferencia que impartió en el año 1914 en la que acuñó dicha expresión. Se suele reparar en la dimensión histórica del alegato orteguiano (la nueva política como alternativa a la antigua, a la del régimen de la Restauración), no así en la a-histórica o estructural, que es la que da relevancia e interés al texto; su permanente actualidad. Ortega se pregunta, anticipándose incluso a Max Weber y su conferencia del año 1919, sobre la política. Mientras Weber centra la política en el poder, sólo el poder, nada más que el poder, para Ortega la política ha de estar "circunstanciada"; al servicio de la modernización de España, de "aumentar el pulso vital de España", la "España vital" frente a la "España oficial". Lo que denomina la "nacionalización" de la política; porque su objetivo es el de "una España en buena salud". Nuestro filósofo expresa el compromiso de los intelectuales con el progreso de España y la política es su arma. La nueva política es, en definitiva, la buena política; es la que se ha de desplegar para afrontar los retos del momento, de aquél, pero también de éste.

"Y esos partidos tienen a sus clientelas en los altos puestos administrativos, gubernativos, suedotécnicos, inundando los consejos de administración de todas las grandes compañías, usufructuando todo lo que en España hay de instrumento del Estado". Ortega lo denunciaba en el año 1914. Es un mal que continúa. La ministra Celaá ha convertido las ruedas de prensa posteriores a las reuniones del Consejo de Ministros en tribunas desde las que ejercer la portavocía del PSOE. El mismo partido que ofreció a Unidas Podemos ocupar puestos de relevancia en órganos constitucionales y en organismos reguladores. Una propuesta tan disparatada que escandalizó, incluso, a los supuestos beneficiarios. Al desprecio a la independencia y a la neutralidad de la Administración se suma el de la competencia de los directivos públicos. "Los Ministerios, como las Universidades, no crean competentes", afirma Ortega. La partitocracia tampoco los necesita. Es posible pasar de empleado de la Federación Española de Municipios y Provincias a presidente de Correos; de la prevención y extinción de incendios forestales a la construcción de buques (Navantia); de la política municipal a la gestión del combustible nuclear (Enursa); de la formación marítima a los seguros agrarios (Saeca); de la cooperación municipal al tabaco en rama (Cetarsa); de la política a la dirección de Paradores. Este periódico informaba que, a fecha de 30 de junio de este año, se elevaba a más de 330 el número de cargos públicos que han sido cesados tras la moción de censura en mayo de 2018, y han sido nombrados otros tantos afines.

Y la corrupción se escribe en sentencias judiciales. "Entre el Grupo Correa y el Partido Popular... se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública». Es una frase que pasará a la Historia. Se puede leer en la página 58 de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de mayo de 2018. Se juzgaba el denominado caso Gürtel (rama madrileña).

En los próximos años se irán sumando, poco a poco, más y más sentencias. Las de los casos Gürtel (rama valenciana), reforma sede PP, Bárcenas, Orage Market, Jerez de la Frontera, AENA, visita del Papa, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Over Marketing, Bankia, Taula, Fórmula 1, Púnica (16 piezas separadas), Lezo (cuatro piezas separadas), Acuamed, Tándem (por ahora, 13 piezas separadas), Ciudad de la Justicia de Madrid y un largo etcétera. Al menos, en casi 50 instrucciones judiciales y en sus correspondientes sentencias se examinará la gestión de cargos vinculados al PP. A su vez, el PSOE está a la espera de la primera de las sentencias del denominado caso ERE, una macro causa dividida en más de 270 piezas separadas, a la que se suman a otras 12 macrocausas (Invercaria, Avales, Facturas falsas de UGT, Marismas, Delphi, Bahía Competitiva, Faffe...). Todas tienen en común la gestión socialista de la Junta de Andalucía. Más de 5.000 millones investigados y 500 imputados, por ahora. Se van instruyendo con una pasmosa lentitud.

La regeneración ha quedado en manos de los jueces. A golpe de sentencia se va componiendo la música del escándalo que va martilleando los oídos de los ciudadanos. En los próximos años irá torturando, como la gota china, a la sociedad española. "Es lo que hay", se nos dice. No hay alternativa. Sólo cabe la resignación. En Trafalgar, Benito Pérez Galdós pone en boca de su protagonista, Gabriel de Araceli, que "la resignación, renunciando a toda esperanza, es un consuelo parecido a la muerte, y por eso en un gran consuelo". Es la renuncia a la esperanza, como la muerte. ¿La democracia puede permitirse ciudadanos desesperanzados? ¿Ciudadanos muertos? No.

La resignación es un sentimiento inducido por los políticos para obtener beneficios a muy corto plazo, pero a costa de grandes perjuicios para la democracia. Podrán silenciar los estragos de la corrupción y de la partitocracia pero el repiqueteo constante de los casos hará imposible que los ciudadanos puedan permanecer, parafraseando al Diccionario de la Lengua Española, entregados, indefinidamente, a la voluntad de un partido, o conformes, tolerantes o pacientes, frente a la adversidad política. Se podrá adormecer a las masas (en el sentido de Elías Canetti), pero no a la indignación de los ciudadanos (en el sentido liberal-democrático). Los españoles, según el barómetro del CIS de julio, consideran a los políticos y a los partidos como el segundo problema más grave de España (38,1%), adelantando, incluso, a la corrupción (25,1%). La política y la corrupción (política) son dos de los tres principales problemas de España; la política y sólo la política.

La nueva gasolina de la resignación es la llamada a la estabilidad; a la gobernabilidad. Pero su amenaza no es la nueva política; es la mutación de las reglas constitucionales de investidura del presidente del Gobierno en otras asamblearias donde sólo cabe la elección por aclamación del gran líder. Cuando la Constitución regula la investidura del presidente del Gobierno en el artículo 99 utiliza en cinco ocasiones la palabra «confianza» y en otras cinco en otros preceptos constitucionales (art. 101, 112 y 114 CE) relativos al presidente y al Gobierno. Es la clave de bóveda de la relación entre el Congreso y el presidente y su Ejecutivo. La Cámara Baja tiene que confiar en el candidato que va a investir; y lo ha de hacer en relación con «el programa político del Gobierno que pretenda formar». No es una confianza ciega; es, como lo define el Diccionario de la Lengua, la «esperanza firme que se tiene de alguien o algo», en este caso, de la persona del candidato y del programa que va a ejecutar. Así lo manifiestan los diputados que votan a favor. Otros diputados, en cambio, no confían ni en el candidato ni en el programa. La abstención no cabría; renunciar a pronunciarse sobre la confianza solicitada no sería, en puridad, constitucionalmente posible. O se confía o no se confía. No hay término medio.

LA CONSTITUCIÓN está exigiendo la negociación y el acuerdo. En el contexto de una democracia deliberativa (Habermas, Nino, Elster) se ha de poder pactar todo y con todos conforme a unas directrices: la buena fe, la lealtad, el servicio al interés general y el respeto al marco constitucional. El candidato propuesto por el Rey está obligado a negociar para concitar la confianza. En cambio, se ha querido convertir la investidura en la mera proclamación del aspirante, sin más. No ha habido llamada a la confianza que exige la Constitución, sólo al asentimiento; como si 123 diputados fuesen suficientes para rendir al adversario al que, además, se le exige que renuncie al ejercicio de su función constitucional.

La política se ha convertido en problema (inestabilidad); y su antídoto, se nos dice, es el bipartidismo (gobernabilidad). En el altar de la estabilidad (política) hay que sacrificar todos los males (de la política); es, con gran regocijo del populismo, el blanqueador del bipartidismo y de sus dolencias. Como afirmara Ortega, «todo español lleva dentro, como un hombre muerto, un hombre que pudo nacer y no nació, y claro está que vendrá un día, no nos importa cuál, en que esos hombres muertos escogerán una hora para levantarse e ir a pediros cuenta sañudamente de ese vuestro innumerable asesinato». El hombre muerto, el desesperanzado, el resignado, al final, exigirá responsabilidades.

Andrés Betancor es catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra.

La yihad
Ramón Rivera lagaceta.eu  14 Octubre 2019

Me entero por los medios de la aprensión de un “hermano Yihadista” de nacionalidad marroquí (casualidad) que estaba “jugando al Cheminova” y ¡Lo que es el destino! ¡sorpresivamente! le apareció una sustancia detonante que “las represoras fuerzas del orden” vinieron en llamar “LA MADRE DE SATÁN”. Hechos como este enturbian la imagen de nuestro país como crisol de razas y foro de acogida de diversas culturas enriquecedoras de los saberes patrios. Y es que, si analizamos nuestra aptitud sin apasionamientos xenófobos, hemos de colegir el gran acierto que supuso abrir al mundo nuestra patria, donde existían oficios tradicionales y artes propias que iban languideciendo tendentes a desaparecer porque los españoles no querían cultivarlas.

Como consecuencia nuestras estaciones, plazas y mercados adolecían de falta de carteristas, descuideros y atracadores, nuestros trabajadores bancarios se veían privados de la adrenalina que supone un atraco a mano armada y nuestras ancianitas no hacían ejercicio dado que nadie entraba en sus corrales para sustraerle el ganado.

Hoy, estas carencias se han visto cubiertas por la eficacia y el buen hacer de nuestros dirigentes políticos que no han cejado en su labor de crear medios de apoyo para los visitantes y “emprendedores” que han dado un nuevo impulso a la industrialización de las actividades delictivas fomentando la creación de equipos, de ahí el éxito de un fenómeno de reciente implantación: las manadas y los menas, que han contribuido a revitalizar el sector de fabricantes albaceteños de navajas “de mariposa” y estiletes tan necesarias para el desarrollo de la labor delincuencial. Y por no decir del resurgir de antiguos gérmenes de innegable valor histórico, ¡volvemos a ser la España de la sarna y las venéreas! Y si hablamos de la dedicación que esta nueva sabia juvenil ha dado a las modernas tendencias sociales como p.e. la creación de nuevos “huertos urbanos” que han acercado el cultivo de la mariguana a nuestra ciudadanía que, por pereza, estaba cayendo en el consumo de las llamadas “drogas de diseño”. Hoy, nuestros índices de delincuencia están en periodo alcista y no resulta utópico el aventurar que pronto superaremos a Río de Janeiro o México capital, urbes muy reputadas a nivel internacional en este aspecto. Y cierro esta introducción elogiando la incorporación de los idiomas en nuestra vida diaria, y así nuestros antiguos “puteros”, que se limitaban a solazarse soezmente con alguna aborigen de pueblo que lo máximo que podían ofrecer como regalo promocional era alguna ladilla proveniente del esquilado de las ovejas lachas, hoy pueden practicar idiomas mientras amasan con fruición las carnes prietas de alguna beldad importada. ¡Eso se llama instruir deleitando! En fin, sólo nos resta decir a voz en grito ¡VIVA EL PROGRESO!

Y volviendo a lo que nos ocupa estimulado por la noticia me vuelco en las hemerotecas y salta a mis ojos una curiosa información:

1.- LA NOTICIA
Un yihadista armado con un cuchillo de grandes dimensiones ataca a una agente de policía. La aludida, al ver su vida en peligro, hace uso de su arma reglamentaria, repeliendo la agresión, por lo cual, ESTÁ SIENDO INVESTIGADA .

2.- LA PARODIA​
El yihadista entra en la comisaría esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones y profiriendo todo tipo de insultos y soflamas sobre el exterminio de los infieles. Una agente de policía vestida con burka lo recibe amablemente y le informa de la situación en los siguientes términos: ¡Bienvenido a esta humilde dependencia de “ la nación pacifista y de acogida” ! Por favor, tenga la bondad de cubrir este cuestionario sobre las medidas y otras características de su arma blanca, al objeto de cumplir la normativa que recoge el principio de PROPORCIONALIDAD en cuanto a la respuesta ciudadana ante una agresión. Una vez cubierto, la agente se disculpa sin que el burka permita apreciar su sonrojo. ¡Lo siento hermano yihadista pero el “cuchillo cachicuerno” de 14 cm y hoja de doble filo no está incluido en nuestra equipación, por lo cual, tendré que desplazarme a alguna ferretería para adquirir uno para esta ocasión! El yihadista babea espuma por la boca y profiere un sinfín de maldiciones. La agente le previene ¡Por favor, modere sus impulsos o me veré obligada a hacer uso del matasuegras reglamentario! Al objeto de calmarlo le comunica que en tanto espera puede pasar a la sala VIP, donde podrá degustar un surtido de brochetas hechas con carne de cordero sacrificado mirando a la meca por gentileza de las ONG: “Sicarios Pacifistas”, “Asesinos Angelorum” y “Goma 2, para los normales” también nos hemos permitido incluir un pequeño set de asistencia en viaje que incluye geles íntimos para facilitar su dura labor de desflorar a las 40 vírgenes con las que será premiado en el paraíso. A las dos horas vuelve la agente con un cuchillo comprado a crédito en la armería de El Corte Inglés. Pide humildemente disculpas: ¡Perdón! pero con las subvenciones aprobadas a distintas causas humanitarias han mermado los recursos destinados a nuestra dotación de equipo, por lo cual, me he visto obligada a hacer uso de mi tarjeta de crédito, lo que ha dificultado el proceso de compra. En ese momento adopta una actitud de entrega esgrimiendo el cuchillo sin convicción y le dice: nuestro protocolo contempla que hemos de ser víctimas de lesiones graves para responder con la fuerza, por lo cual, le ruego tenga la bondad de propinarme un par de cuchilladas, a ser posible que no interesen el hígado, la “supuesta” agresión será filmada y posteriormente sometida al dictamen de un comité integrado por delincuentes y psicópatas de reconocida solvencia especializados en los delitos de maltrato policial. Su dictamen me exonerará ante la posibilidad de posibles sanciones. Yo le responderé con reproches para evitar que me abran expediente. En este momento, el terrorista pone los ojos en blanco y habla en correcto español, aprendido en la escuela de su país natal (Navalmoral de la Mata) y dice: ¡Malditos infieles, no basta con las puñeteras consignas del Imán y ahora vienen estos a tratar de volverme loco, reniego de la Yihad y me hago cartujo! En ese momento, los políticos de nuevo cuño y algunas agrupaciones judiciales emiten un comunicado conjunto ensalzando las nuevas actitudes de las fuerzas represivas para alcanzar la paz universal.

3.- EL MENSAJE
Esta parodia es el fruto de la indignación y se cierra con un grito desgarrado de ¡Basta ya! ¡Basta ya de políticos oportunistas, cobardes y demagogos! ¡Basta ya de estamentos responsables incompetentes que se pliegan ante estos jerarcas permaneciendo indiferentes mientras un grupo de delincuentes salvajes, lesiona y humilla a nuestra Guardia Civil! ¡BASTA YA DE UNA POLICÍA MANIATADA!


El «boomerang» de la risa política
Antonio García Fuentes Periodista Digital  14 Octubre 2019

Dos temas “candentes” en “la España política de la actualidad” y donde los políticos en litigio ante las próximas elecciones generales; muchos de ellos “están cagados de miedo”; puesto que en realidad no saben “lo que van a cantar las urnas”, el próximo diez de noviembre. Uno de estos temas es “el desenterramiento” de Franco, en lo que el Tribunal Supremo se ha manifestado con la sentencia, de que permite al gobierno desenterrar los huesos del dictador; pero curiosamente allí hay “un numantino abad”, que si le da por cerrar las enormes puertas de aquella iglesia; puede entorpecer el desentierro y crear problemas que ni podemos imaginar, si es asaltado a la fuerza una iglesia católica. El segundo tema, es la presencia “en crescendo” del partido denominado “VOX”; al que presentan como extremista por demás y al que indudablemente temen, por cuanto declara su dirigente; así estos temas que a mí ya me hacen sonreír socarronamente; provocan discusiones y opiniones abundantes,. Veamos algo de ello.

“Arrasa en ‘El Hormiguero’: tercer programa más visto de la historia: El líder de la formación política Vox congregó a más de cuatro millones de espectadores delante de la televisión viendo el programa de Pablo Motos. En concreto, Abascal consiguió atraer a 4.049.000 de espectadores, lo que supuso el 23,5% de la audiencia que estaba delante de la televisión en ese momento. Esa cifra supone convertirse en el programa más visto del día. Pero no sólo eso, también significa que, según indica el grupo de comunicación en un tuit, ser el tercer programa de ‘El Hormiguero’ más visto de la historia. Cosa que indudablemente crea miedo a los que se perjudican”

MI OPINIÓN EN EL DEBATE FUE:
Las encuestas, los partidos que «explotan el negocio de la política»; nos vienen presentando a este hombre y su partido, como en tiempos de mi niñez, «la astuta iglesia católica»; nos presentaba «al pecado, al diablo, al infierno, a las tentaciones materiales, y al comer carne cuando ella lo tenía prohibido»… por todo ello, y «comparando hechos»; no me extrañaría nada en absoluto, que VOX, avance en las nuevas elecciones, lo que «nadie espera»; puesto que la realidad es que los españoles en inmensa mayoría, ya estamos hasta los «cojoneeesss», de la masa de inútiles y chupadores de dinero público, que nos tiene empobrecidos a grados que no son lógicos, por mucho que nos lo expliquen.

EN CUANTO AL YA MANIDO TEMA DE LA TUMBA DE FRANCO:
Veamos si de una puñetera vez «dejan en paz» a los huesos de Franco; cosa que a mí y pienso que a la inmensa mayoría de españoles, ya nos importan «lo que se pueden imaginar»; son historia pasada y debe ser archivada como tal; por el contrario lo que han logrado «los idiotas desenterradores»; es HACERLE UNA NUEVA Y BRUTAL PROPAGANDA; por tanto auguro, que allí donde depositen sus huesos, allí se establecerá, «el nuevo lugar de peregrinaje de infinitos y curiosos celtíberos que irán a ver el lugar»; sino, al tiempo.

Metafóricamente el boomerang es un arma, que se puede volver contra ti mismo y dañarte o incluso causarte la muerte; y de ahí mi titular; me permito aclarar en nota final lo que es este arma, empleada por los aborígenes de Australia.

El búmeran o bumerán (del inglés boomerang) es un arma que tras ser lanzada, si no impacta en el objetivo, regresa a su punto de origen debido a su perfil aerodinámico y forma de lanzamiento especiales. Perteneciente a la clase de los bastones arrojadizos se utiliza para aturdir y, en casos excepcionales, matar a pequeños animales u hostigar a la infantería enemiga durante la batalla. Existen muchos materiales válidos para construir un bumerán: madera, plástico, cartón, fibra de carbono, aluminio, etc.

Consiste en un palo de una longitud variable, pero raramente superior a 50 cm, ligeramente curvado en ángulo hacia su mitad (lo que le confiere el efecto necesario para describir vuelos circulares). Puede ser redondo o con los bordes afilados, aunque también existen modelos con forma de aspa.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Sánchez ha acochinado al Supremo
Carlos Dávila okdiario  14 Octubre 2019

El CIS, Centro de Investigaciones Socialistas, antes Sociológicas, le ha hecho saber a su jefe Sánchez lo siguiente: “Franco no da un solo voto, al revés; puede quitarlos” y “La sentencia del “procés” sin embargo sí; hay que aprovecharla”. Y en eso están. En los cenáculos habitualmente bien informados de Madrid se especulaba el sábado con una especie tóxica: que a lo mejor Sánchez daría un gran golpe de efecto haciendo coincidir el mismo día la publicación del Supremo, y el comienzo de la exhumación de Franco. No parece probable que así sea, sobre todo porque Sánchez quiere “estirar” lo mas posible los efectos benéficos de ambas circunstancias. El aún presidente tiene muy en cuenta a Tezanos, que ya tiene encima de su perturbadora mesa, los datos brutos de la encuesta, 18.000 muestras, que difundirá este próximo fin de semana.

El CIS naturalmente que ha preguntado en este sondeo si los términos de la sentencia van a generar un ambiente de gran protesta en Cataluña. Pues bien: si las fuentes de este cronista aciertan, la respuesta es que no demasiado, que se teme más una segunda fase en la que todos los actores sediciosos caigan en la cuenta de que han perdido el partido y por tanto se líen a patadas contra todo el orden constituido. En esta primera etapa -dicen- todo se limitará a grandes amagos de amenaza. Junqueras desde la cárcel de la que no va a salir hasta, por lo menos, dentro de diez años, no está dispuesto -me repiten- a pagar todos los platos rotos hace dos años, mientras en Waterloo el fugado Puigdemont sigue degustado mejillones. Claro está que en opinión de estos transmisores de información: “Cada día que pasa la cosa se pone peor para él”. Este juicio corresponde a un periodista catalán que es, con diferencia, el mejor informado de cuanto ocurre en el proceloso universo del independentismo catalán.

Sigo con el CIS para añadir rápidamente que, aparte de las apreciaciones citadas de Tezanos, el CIS no ha recomendado una insistencia en el aprovechamiento de la sentencia a humo de pajas; no, lo que ha recibido Sánchez de su coadjutor, es un recuerdo, una constancia que él denomina histórica; a saber, que “en situaciones de este jaez el más gratificado suele ser el que gobierna”. Por eso el aún presidente se monta en el atril que siempre le tiene preparado su gurucillo Redondo para salir a la palestra a comentar la sentencia, a mostrarse, como ha hecho, dispuesto a enfrentarse con todo rigor a las consecuencias que se puedan desatar en Cataluña y, naturalmente, a poner al Estado en pie de guerra si las respuestas de los secesionistas insisten, erre que erre, en desafiar al Estado de Derecho y, desde luego, a toda España. Este es el plan de un presidente (aún) que, huérfano de bazas políticas que echarse a la boca a la vera misma de las próximas elecciones, quiere aprovecharse de una tensión histórica para mostrarse como el único individuo que puede arreglar el desperfecto. Bochornoso.

Como bochornoso ha sido durante este tiempo la brutal presión que ha ejercido sobre el Tribunal el equipo de Sánchez, desde su ministra Delgado, que debería estar en la calle hace tiempo por sus múltiples irregularidades, pasando por el otrora juez Marlaska, que nunca podrá volver a La Magistratura si tiene un ápice de dignidad, y terminando por los medios que le han ayudado a esto: a, literalmente, acochinar a los miembros “progres” del Tribunal. Veremos en qué medida se les recompensa por la fechoría. Decía en la Fiesta Nacional Santiago Abascal: “Han acojonado al Supremo”. Desde luego; ha sido Sánchez.

La sentencia no puede acabar en nada
 larazon  14 Octubre 2019

Si ya es deplorable que la sala de lo Penal del Tribunal Supremo parezca decantarse por condenar por delito de sedición, es decir, en el ámbito de los desórdenes públicos, a los líderes separatistas catalanes que impulsaron el proceso de independencia y actuaron desde las propias instituciones democráticas para atentar contra el orden constitucional –lo que a juicio de la Fiscalía, y de una mayoría de los ciudadanos, constituye un acto de golpismo que hubiera sido merecedor del reproche penal por rebelión–, la sociedad no acabaría de aceptar que los condenados pudieran verse favorecidos por unos beneficios penitenciarios que sólo se otorgan con cuentagotas al resto de los reclusos.

De ahí, que debamos apelar a los magistrados actuantes, dado el hecho de que la sentencia todavía no ha sido firmada y notificada, a que estimen la petición fiscal de que se fije el mínimo de cumplimiento para que los reos puedan progresar al tercer grado y atenuar su régimen de vida carcelaria. Porque el precedente de Oriol Pujol, favorecido descaradamente por el departamento de prisiones de la Generalitat de Cataluña, que tiene transferidas la competencias, permite sospechar lícitamente de una nueva muestra de ingeniería penitenciaria, mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento correspondiente, que podría poner en la calle, literalmente, a los condenados tras una breve estancia en las cárceles de la Generalitat.

Dado, además, que la interposición de los recursos de la Fiscalía, del juez de vigilancia o de la Audiencia Provincial, no paraliza cautelarmente las decisiones de las junta de tratamiento, podemos encontrarnos con un nuevo capítulo del desafío de una Generalitat en manos de los enemigos del Estado y, una vez más, amparados por la propia legalidad española, la misma que pretenden destruir. Somos perfectamente conscientes de los padecimientos que supone el cumplimiento de una pena de prisión y de que, de acuerdo al principio constitucional, la misma debe orientarse a la educación y reinserción social del delincuente. Pero, precisamente por ello, debemos insistir, frente a falsos humanitarismos, no sólo en la gravedad de los hechos protagonizados por los encausados, sino en la contumacia con que justifican sus actuaciones y en la ausencia del menor arrepentimiento.

Las expresiones de «lo volveremos a hacer», en boca, una vez más, de unos representantes políticos, como el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, obligados por sus cargos a cumplir y hacer cumplir la ley, aconsejan que se vele por el respeto a la normativa del Código Penal, que establece con claridad que los reos condenados a más de cinco años de prisión no podrán progresar al tercer grado penitenciario hasta haber cumplido la mitad de la pena impuesta. Y, mucho menos, sería tolerado por la opinión pública, que una sentencia de prisión pudiera convertirse en moneda de cambio política o en herramienta de negociación con los partidos separatistas. Porque si nadie en su sano juicio puede estar en contra de que se den los pasos necesarios para reconducir las situación en Cataluña, ese proceso político no puede pasar por la abdicación de las instituciones del Estado a la hora de hacer respetar el orden constitucional, en virtud de no se sabe qué compromisos.

La falta de contundencia ante algunas de las peores manifestaciones de deslealtad de los separatistas, la equidistancia mantenida durante demasiado tiempo por la izquierda entre quienes defendían la Constitución y quienes no dudaron a la hora de tratar de romperla, y el desistimiento ante los reiterados incumplimientos de la legalidad, nos llevaron fatalmente a los días negros de octubre de 2017, con la Generalitat de Cataluña y el Parlamento autónomo actuando unilateralmente para separar una parte del territorio español.

Diga lo que diga el Supremo, hubo rebelión: quisieron derogar la Constitución
EDITORIAL ESdiario_com  14 Octubre 2019

La sentencia posible del Supremo parece coincidir con los deseos de Sánchez y deja un mal precedente para responder a otra insurgencia del independentismo.

Si se cumplen los pronósticos, convenientemente filtrados para apaciguar el golpe judicial y evitar un estallido callejero probablemente, los nueve políticos catalanes encausados en el Tribunal Supremo serán condenados por delitos de sedición y de malversación, pero no de rebelión.

Conviene recalcar de antemano que la sedición es gravísima y que las penas están a la altura, en contundencia, de la magnitud del abuso: con una pena de ese tipo, será difícil que Junqueras rebaje mucho de los 15 años su estancia máxima en prisión (a expensas de reducciones u otras medidas de gracia política) y que el resto lo hagan de diez.

Son penas muy duras, pues, y ojalá sienten un precedente que puede y debe actuar a modo de antídoto para que otros dirigentes independentistas se lo piensen mucho antes de pisotear de nuevo la ley: tiene consecuencias, aunque a veces el Estado de Derecho parezca lento o ingenuo, y éstas no son precisamente menores ni livianas.

Dicho lo cual, es imposible no detectar en el Alto Tribunal un componente político en su sentencia, si se confirma. Porque contradice todo lo que habían afirmado los jueces instructores previos al juicio, con Llarena al frente, y porque compra la improvisada teoría de la Abogacía del Estado, que cambió su acusación de rebelión a sedición justo -vaya casualidad- cuando entró Pedro Sánchez en el Gobierno.

Hasta entonces, la institución coincidía con los magistrados de instrucción y con la fiscalía en que los insurgentes se sirvieron o animaron la violencia, que consiste no solo en el empleo de armas; y que buscaban la anulación de la Constitución en Cataluña: dos ingredientes básicos del delito de rebelión.

Si el Supremo suscribe la tesis de la Abogacía del Estado, que rebajó la gravedad del Golpe cuando el PSOE llegó al poder, deberá explicarlo muy bien

SI proclamar la independencia unilateral en el Parlamento, redactar una Carta Magna propia, impulsar leyes de desconexión y desoír sistemáticamente las advertencias del Tribunal Constitución no es un intento de libro de conculcar la ley de todos en Cataluña, ¿qué es entonces?

La utilización de los Mossos, las amenazas de choque entre Cuerpos de Seguridad proferidas por el conseller de Interior, las coacciones a policías y guardias civiles, el cerco a instituciones o las agresiones a policías constituyen además ejemplos palmarios de violencia, un recurso implícito en la mera declaración de independencia a la fuerza.

Al igual que las agresiones sexuales no necesitan de consumación, según consenso unánime, la violencia no debiera requerir imágenes como la de Tejero en el Congreso en 1981 para que se perciba su existencia: el mero hecho de utilizar los poderes públicos autonómicos contra el ordenamiento jurídico nacional y la fractura social que se genera en la convivencia es, en sí mismo, violento.

Todo más fácil para el independentismo
No parece desde luego el juez Marchena alguien fácil de presionar ni de dejarse llevar por intereses políticos, y en ese sentido habrá que acatar la sentencia sea cual sea en la certeza de que la Sala de lo Penal habrá actuado con la diligencia y el rigor debidos. Pero a la vez van a tener que explicar muy bien por qué se les exonera de un delito que el PSOE no quería ni en pintura.

Y no estaría de más que se preguntaran los magistrados también si no van a animar al independentismo a repetir sus jugarretas. ¿Porque en adelante no serán tampoco acciones rebeldes no? Tampoco parece igual de fácil aplicar un nuevo 155 en adelante y sí más probable, por contra, que a medio plazo se soliciten y concedan los indultos: no son ni rebeldes ni violentos. O eso dice el Supremo al parecer.

Después de la lluvia
Carcelero y encarcelado serán uno en sus intereses. Y podrán conspirar como mejor les plazca
Gabriel Albiac ABC  14 Octubre 2019

Hay condena. Y no me preocupa a mí que sea mayor o menor su cuantía. Me preocupa que se cumpla. Porque vivimos en una democracia, cuando menos extraña. Que a los golpistas de 2017 puedan caerles penas de cárcel entre 9 y 13 años en vez de veintidós es, sin duda, importante. No lo es tanto, si uno toma en consideración la edad que debe tener ahora un Junqueras. Entrar a los cincuenta en presidio y salir pasados los sesenta es haber perdido el último tren de la vida. Más lo habría perdido, de salir septuagenario. Pero un mazazo así, aun en su cifra menos alta, marca el fin de un individuo. Son las reglas del juego: en un golpe de Estado destruyes o te destruyes. Si los de Junqueras hubieran ganado, España hoy no existiría. Derrotados, es de lógica que pasen ellos a ser inexistentes. Moralmente inexistentes.

¿La anomalía? La anomalía española es otra: la que hace que los carceleros, que han de velar por que se cumpla la condena de los delincuentes, sean sus cómplices en el delito. Sin el menor camuflaje. Torra, que formuló el corpus racista del golpe de Estado catalán, es hoy el presidente de la institución del Estado, la Generalitat, bajo cuya tutela quedará el cumplimiento de las sentencias de los condenados. Carcelero y encarcelado serán uno en sus intereses. Y podrán conspirar como mejor les plazca para hacer del cumplimiento de las penas un chiste. ¿La anomalía? La anomalía es que en España no hay Estado. Hay un rompecabezas de instituciones locales malamente hilvanadas. Y es ésa la lección del golpe. Si a ese rompecabezas no lo sustituye urgentemente un Estado moderno con plenitud de funciones, los días de la nación española estarán contados. El golpe se repetirá en Cataluña. A Cataluña seguirá el País Vasco. Entre otras cosas menos materiales, España perderá su frontera física con Europa. Lo hasta anteayer inimaginable.

Eso debiera preocupar a los partidos mayoritarios. No la anécdota mezquina de unos escaños más o menos en las elecciones de noviembre. La España que se constituyó en el 78 ha cerrado su ciclo. Y se asoma al vacío. Un interés común -sin cuya atención los propios partidos periclitarán- exige la reforma a fondo de los principios constitucionales, antes de que todo el edificio se desmorone.

Y eso tan sólo puede hacerse, de modo legal, mediante la suma de todos los escaños constitucionalistas del parlamento. Con dos objetivos absolutamente prioritarios: a) cambiar una ley electoral que hace la nación ingobernable, b) restablecer una potestad central que la locura autonómica ha podrido por completo. Ningún Estado moderno soporta vivir en el doble poder. Y el doble poder es el modelo sobre el cual se ha asentado ese oxímoron al que llamamos «España de las autonomías». Lo de Cataluña -y muy pronto lo del País Vasco- no es más que la forma límite de ese absurdo.

Eso está en juego. PSOE, PP y Cs pueden, soldados en un gobierno de concentración, soldar España. Sin esa condición, todo estará perdido. Tal, nuestro paisaje después de la lluvia.

Sentencia decepcionante
Sus señorías no aprecian violencia suficiente para calificar lo acaecido como lo que fue: una declaración de independencia de una parte del territorio nacional
Isabel San Sebastián ABC  14 Octubre 2019

¿Cuando el parlamento de Cataluña proclamó el establecimiento de una «República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social», qué estaba subvirtiendo, el orden público o el orden constitucional? ¿Cuando el entonces presidente Puigdemont declaró: «Asumo al presentarles los resultados del referéndum el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república», qué pretendía dinamitar, la paz en las calles o la unidad indisoluble de la Nación española, el principio de soberanía residenciado en el pueblo español y la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español, consagrados en nuestra Carta Magna? No soy experta en leyes y por tanto me abstendré de discutir los fundamentos jurídicos de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, cuya solidez doy por sentada. El sentido común y la lógica, no obstante, son atributos carentes de vinculación con una titulación académica y tanto el uno como la otra gritan a los cuatro vientos que lo sucedido en Cataluña en octubre de 2017 fue un atentado flagrante contra los tres pilares de la Constitución recogidos en su título preliminar. Una concatenación de actos perfectamente orquestados por las máximas autoridades autonómicas, con el auxilio de algunos peones integrados en presuntas entidades culturales, destinados a imponer unilateralmente la segregación de una región de España. O, en palabras del Código Penal al tipificar el delito de rebelión, «declarar la independencia de una parte del territorio nacional» mediante un «alzamiento violento y público». Condenar a los autores de esa intentona por un delito de sedición, definido como «alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales», es descafeinar mucho lo acontecido o tomarnos por idiotas.

Al parecer, han pesado más en el juicio del tribunal los medios empleados por los condenados para cometer su crimen que los hechos perpetrados. O sea, el huevo ha prevalecido sobre el fuero. Dado que en aquellas jornadas aciagas no corrieron ríos de sangre ni se ordenó a los Mossos disparar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, sus señorías no aprecian violencia suficiente para calificar lo acaecido como lo que fue: una declaración de independencia de una parte del territorio nacional. Lo cual significa que o bien la ley está muy mal redactada y precisa una reforma urgente, o bien en aras de lograr la unanimidad los partidarios de respaldar la postura de la Fiscalía y condenar por rebelión se han avenido a rebajar sus pretensiones y conformarse con la sedición, ante la amenaza de votos particulares por parte del sector mal llamado «progresista» (o sea, el de los magistrados propuestos por el PSOE), o bien tenían mucho miedo a lo que pudiera decir Estrasburgo. Sea como fuere, resulta significativo que al final se haya impuesto el criterio de la Abogacía del Estado, modificado a la baja a instancias del Gobierno, previa destitución del primer encargado del caso, Edmundo Bal, firme defensor de la acusación por rebelión.

Una vez más, en la duda entre la firmeza democrática y el apaciguamiento, el Estado opta por esta segunda vía, como si la experiencia no demostrara sobradamente su total y absoluta inutilidad. El victimismo del separatismo será el mismo. Se mantendrá intacta su determinación de seguir desafiando el marco constitucional. Únicamente les frenará el temor a terminar en la cárcel, tanto más efectivo cuanto mayor la condena. No aprendemos.

Firmeza del Estado ante la sentencia
Editorial El Mundo  14 Octubre 2019

Más allá del terreno del orden público, con el fallo se abre un nuevo capítulo en la trascendental batalla por el relato

Son horas de máxima tensión. Un millar de independentistas cortaron ayer la Gran Vía de Barcelona y un radical fue detenido tras agredir a un policía en la estación de Sants. Es el ensayo general de la reacción insurgente bien engrasada por organizaciones secesionistas como respuesta a la sentencia del procés que previsiblemente el Supremo va a hacer pública hoy. Como adelantó EL MUNDO, los cabecillas del 1-O serán condenados por sedición tras un juicio intachable en lo procesal que reafirma la fortaleza de nuestro Estado de derecho ante el mayor desafío a la democracia española en estas cuatro décadas. Nadie está por encima de la ley, principio básico que rige la convivencia de toda sociedad democrática. Pero la irresponsable clase política que promueve de forma ilegal la independencia en Cataluña primero actuó como si estuviera por encima del bien y del mal y ahora exige una impunidad -incluida la vergonzante demanda de indultos- que sería tanto como otra estocada a la Constitución, por otros medios.

La Norma Fundamental garantiza el derecho al pataleo de cuantos quieran manifestarse en contra de la sentencia, mientras lo hagan de modo pacífico y con arreglo a las leyes. Pero tanto las arengas desde la Generalitat, empezando por Torra, como los llamamientos de distintas plataformas secesionistas o de los filoterroristas CDR nos sitúan ante un clima casi insurreccional en el que se alientan acciones tumultuarias violentas que exigen como freno la máxima determinación del Gobierno, sin descartar la activación inmediata de la Ley de Seguridad Nacional. Confiemos en que los mandos de los Mossos estén a la altura de su deber. De los actuales dirigentes catalanes poco cabe esperar, máxime porque el presidente del Parlament ya ha anunciado que alentará una ofensiva contra el Estado de derecho, en claro desafío al Constitucional que le acaba de advertir de que puede incurrir en responsabilidades penales.

Más allá del terreno del orden público, con el fallo se abre un nuevo capítulo en la trascendental batalla por el relato que desde la órbita independentista se viene falsificando en el exterior con relativo éxito gracias también a la desidia de los sucesivos Gobiernos de España. Estos últimos dos años, sin ir más lejos, han sido un valioso tiempo perdido en el que la diplomacia hubiera debido contrarrestar la propaganda golpista y voces como la del fugado Puigdemont. Menos mal que al fin, como hoy publicamos, Moncloa ha diseñado un plan destinado a la opinión pública internacional que pasa por la movilización de nuestros embajadores y por una interlocución muy activa de los ministros con sus homólogos de países aliados claves. España debe ser capaz de desmentir las falacias del independentismo que intentará colar el mensaje de que se condena a unos políticos por sus ideas y no por unos gravísimos hechos tipificados en el Código Penal. Son días decisivos. El Gobierno cuenta para afrontarlos con el apoyo de los partidos constitucionalistas, una ayuda que no debiera dejar caer en saco roto.

Esta sentencia exige una reforma penal
Editorial ABC  14 Octubre 2019

Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera tienen la oportunidad de completar el trabajo de la Sala Segunda sellando un acuerdo constitucionalista para los próximos cuatro años

Los partidos políticos están llamados a reaccionar ante la sentencia del «procés», que hoy ha condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación a Oriol Junqueras y a penas de entre 9 y 11 a otros líderes del «procés», no equivocando el verdadero problema. El problema nunca será la Sala Segunda del TS, sino el separatismo catalán. Por eso es encomiable que tanto el PP como Ciudadanos hayan anticipado su apoyo al Gobierno en funciones para hacer frente a las reacciones de los nacionalistas, tanto de la Generalitat como de sus partidos políticos y sus asociaciones cívicas. Sería temerario que el fallo judicial que condena a severas penas de prisión a los nueve acusados actualmente encarcelados fuera causa de división entre los partidos nacionales. Si PSOE, PP y Ciudadanos se tiraran la sentencia a la cabeza, ganaría el nacionalismo catalán, y esto es algo que el Estado no se merece. T
ambién, por esta necesidad de consenso político, Sánchez debe cuidar la intervención pública que tiene anunciada para valorar la sentencia. Utilizar el «ya lo dijimos» por la condena que han recibido los acusados por el delito de sedición rompería la unidad de acción política que va a necesitar el Gobierno que preside en funciones para responder a las provocaciones del nacionalismo. Porque va a haber provocaciones y, probablemente, violentas. Entonces, ese acuerdo necesario entre los tres partidos que se oponen al secesionismo deberá tomar cuerpo en iniciativas conjuntas, ahora entre las Diputaciones Permanentes del Congreso de los Diputados y del Senado, y mañana, con la nueva legislatura, promoviendo reformas legales que demuestran que se ha aprendido la lección. La sentencia del «procés» será una auditoría a la capacidad penal del Estado frente al independentismo y, en función de lo que diga, puede marcar la pauta de una reforma penal que, por ejemplo, elimine el requisito de la violencia en el delito de rebelión y lo prevea como agravación de la pena. Y no olvidemos la ley de Partidos Políticos y sus medidas de ilegalización de formaciones antidemocráticas. Así quizá los nacionalistas se sientan disuadidos de hacer declaraciones unilaterales de independencia o de tejer procesos separatistas bajo la sonrisa de hiena que muestran siempre los nacionalismos identitarios.

Los jueces llegan hasta el límite que les marca el principio de legalidad. Ni deben superarlo, ni deben suplir al legislador en sus carencias. La responsabilidad de que el Código Penal refleje adecuadamente los delitos que el Estado ha de perseguir recae en los representantes políticos de la nación. Sánchez, Casado y Rivera tienen la oportunidad de completar el trabajo de la Sala Segunda sellando un acuerdo constitucionalista para los próximos cuatro años. Si no, los jueces volverán a cargar con responsabilidades ajenas.

Sentencia juicio del 'procés'
99 años de cárcel para los golpistas: 13 años para Junqueras, 11 años y medio para Forcadell y 9 para ‘los Jordis’
María Jamardo okdiario  14 Octubre 2019

El Supremo ha publicado este lunes la sentencia del ‘procés’. En el fallo unánime del Alto Tribunal se condena a los líderes separatistas catalanes a un total de 99 años de prisión: 13 para Junqueras, 11 años y medio para Forcadell y 9 para cada uno de ‘los Jordis’ como autores de sedición en concurso medial con malversación.

Los golpistas Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquím Forn, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -que han esperado el desenlace de la causa judicial abierta contra ellos en prisión provisional, durante los dos últimos años- han sido condenados como promotores de un delito contra el orden público regulado en el artículo 544 del Código Penal.

Los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa han sido condenados a 12 años de prisión, por los mismos delitos que Junqueras: sedición y malversación.

Los también exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull ha sido absueltos de malversación, pero ambos han sido condenados a 10 años y medio de prisión como dirigentes de la sedición orquestada por el Govern de Puigdemont.

Por su parte, la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha sido sentenciada a 11 años y medio de prisión dado que el tribunal entiende que su actuación al frente de la Cámara legislativa catalana fue esencial para dar soporte a la aprobación de las herramientas de desconexión. Normas que fueron declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional.

Para ‘los Jordis’, líderes de las asociaciones separatistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, se adjudica una condena de 9 años de cárcel en su calidad de dirigentes de la sedición.

Por el contrario, los ex consejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs han sido sancionados sólo por desobediencia ya que, según el tribunal, tampoco incurrieron en malversación. De esta manera se libran de los 7 años de prisión que solicitaban para ellos las acusaciones y podrán celebrar plenamente el fallo de la sentencia. Tendrán que responder con 10 meses de multa a razón de una cuota de 200 euros/día, así como una sanción de 1 años y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

Unanimidad
Los magistrados se han mostrado unánimes a la hora de considerar que el delito que cometieron los líderes del ‘procés’ fue el de sedición. Un tipo penal en el que incurren aquellos que "sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

El tribunal asume, de este modo, la petición de la Abogacía del Estado -que modificó la calificación jurídica de los hechos objeto de enjuiciamiento tras la llegada de Sánchez al Gobierno- y castiga con diferentes penas de cárcel a los 9 procesados por sedición como impulsores del proceso soberanista en Cataluña. Esto es, los siete magistrados han considerado que para consumar el delito de sedición fue imprescindible que los líderes separatistas utilizasen, irregularmente, fondos públicos a los que tenían acceso por sus respectivos cargos.

Penas en grado máximo
Tal y como avanzó OKDIARIO, el Supremo ha aplicado las penas en su grado máximo para el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Junqueras ha sido condenado a 14 años de cárcel, dos más de los que solicitaba para él la Abogacía del Estado, que situó su petición entre los 8 y los 12 años de cárcel.

La abogada del Estado, Rosa María Seoane, instó para Junqueras una pena de 12 años por los delitos de sedición y malversación. En la exposición de las conclusiones definitivas del juicio del ‘procés’, Seoane avaló su tesis de la sedición en la inexistencia de la violencia necesaria para entender que se trató de un delito de rebelión.

Concurso medial
El cálculo de las penas se efectuará a partir de un concurso medial de delitos definido en el artículo 77.2 del Código Penal, que se produce cuando se estima que uno de los delitos es necesario para cometer el otro.

Aplicado a la sentencia que se ha notificado este lunes, la malversación de fondos públicos se consideró un medio para lograr el fin previsto en la hoja de ruta de los golpistas: la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI).

Por ello, la condena final "no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos".
 

ERC exigió a Sánchez que la sentencia permita beneficios penitenciarios inmediatos para los golpistas
OKDIARIO  14 Octubre 2019

El magistrado Manuel Marchena ha tenido que lidiar en la sentencia del golpe separatista del 1-O con una fuerte presión externa. No sólo de los separatistas para no aplicar el tipo de rebelión, sino también, para que la resolución final deje las manos libres a PDeCAT o ERC para que puedan reducir desde Cataluña y hasta el ridículo el cumplimento efectivo de las penas impuestas.

Y, eso es lo que parece que van a lograr si hoy se confirma la sentencia del Tribunal Supremo en la que no se prohíbe, tal y como queda dentro del poder del Alto Tribunal, erradicar los beneficios penitenciarios hasta que los condenados no hayan cumplido la mitad de las penas impuestas.

La postura de impedir los beneficios penitenciarios hasta haber cumplido efectivamente la mitad de la pena impuesta a causa de la gravedad de los hechos probados había sido defendida hasta el final por la propia Fiscalía.

En su escrito final, los fiscales del Tribunal Supremo piden al Tribunal del 1-O que la sentencia incluya lo que técnicamente se denomina como la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal: "Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta”.

En este caso, y tomando como ejemplo la pena prevista para Oriol Junqueras, sólo tras cumplir siete años -la mitad de su pena prevista de 14 años de privación de libertad-, deberían habérsele aplicado los beneficios penitenciarios. Pero eso hubiera sido en caso de haber aplicado el Supremo el artículo 36.2 del Código Penal. Al no haberlo hecho, los beneficios penitenciarios pueden aplicarse antes de esos 7 años de cárcel.

El Ministerio Público pidió este articulo para evitar que se repitiera la situación generada en el caso Oriol Pujol, al que la Generalitat de Quim Torra consiguió aplicar el tercer grado penitenciario, dos meses después de ser encarcelado por el caso de corrupción de las ITV.

Tal y como ha sido filtrada la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, la resolución y el texto final no exigen la aplicación de esta prohibición de dar beneficios penitenciarios hasta pasar la mirad del tiempo de condena en prisión.

De ese modo, salvo un giro de última hora, la Generalitat podrá repetir la escena del caso Oriol Pujol.

Y causalmente el redactado actual de la sentencia ha sido el defendido por PDeCAT y ERC en este punto concreto. Y lo ha sido así, hasta el punto de que ERC no ha dejado de exigir a Pedro Sánchez la erradicación en la sentencia del 36.2 del Código Penal. Lo ha hecho, además, en las negociaciones llevadas a cabo para garantizar los apoyos necesarios del socialista de cara a su investidura como presidente del Gobierno.

El problema catalán no tiene solución. La integridad de España, sí
«Una nación emergida de una larga dictadura no va a permitir que oportunistas de medio pelo pongan en peligro nuestra estabilidad»
Mariano Gomá ABC  14 Octubre 2019

Estamos asistiendo este otoño al doloroso y triste declive del procés catalán y todavía nos quedan las protestas y movilizaciones, quizá violentas, como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo en relación a los políticos en prisión. Las acusaciones por desobediencia de Torra, al que no puedo llamar ni president, el encarcelamiento de los aprendices de terrorista, las elecciones generales del 10-N y las posibles catalanas, así como la pérdida de todos los recursos interpuestos por la Generalitat en Europa y por doquier, van a crear un clima propicio al desorden, que confío resuelvan para bien las autoridades del Estado, así como también la sociedad civil organizada.

Pasada la tormenta, sería de ilusos confiar en que el conflicto haya concluido. Por un lado las condenas en firme, la firmeza institucional controlando la comunidad autónoma, los deseables pactos de Estado y, si se me permite, una potente colleja económica a los «chicos de la gasolina y las bombas», como dijera Arzalluz, CDR, que mordiera sus economías y las de sus familiares, posiblemente desactivaran el conflicto devolviendo una cierta normalidad en la convivencia y recuperando la alegría, hoy secuestrada, a Cataluña y los catalanes, pero a todos los catalanes sin buenos y malos.

No nos engañemos, los estertores del insulto y las miradas encendidas de odio de los enfermos violentos de la secta, así como la frustración de tantos catalanes contaminados por el constante adoctrinamiento no se diluirá como un azucarillo. Lo vamos a seguir sufriendo con guerra de guerrillas que continuará afectando a la pacífica convivencia. Y a todo ello, el efecto retardado del adoctrinamiento en escuelas, TV3 y afines con las brujas y brujos, heridos de muerte y sin suculentos honorarios esparcirán veneno a granel.

A pesar de los pesares de quienes pretenden la ruptura, España no se va a dividir porque nuestro país sigue cargado de cultura, de historia común secular y de una diversidad emocional y lingüística como no tiene otro país en el mundo. Llevamos siglos conviviendo en un territorio regado con la sangre de todas las civilizaciones y ese arraigo nos hace indestructibles, por lo que un puñado de fanáticos van a diluirse ante la tromba de más de cuarenta millones de españoles.

Sobre todo la sociedad civil va a responder, se va a plantar con contundencia y va a decir basta. Una nación emergida de una larga dictadura para alcanzar los niveles de progreso de los que disfrutamos no va a permitir que advenedizos u oportunistas de medio pelo pongan en peligro nuestra estabilidad. La sociedad civil española reconozcamos que no ha sido un prodigio de organización, pero paso a paso avanza en coordinación con las múltiples asociaciones y grupos de pensamiento que hoy día disparan a corto alcance, permeabilizan poco en el tejido social y su voz se pierde en el viento; hasta que, con seguridad, de pronto todo se amplificará sonoramente en defensa de España.

El primer experimento tuvo lugar en Barcelona los pasados 8 y 29 de octubre de 2017 donde atendiendo a la llamada de Societat Civil Catalana, los catalanes silenciosos y silenciados hablaron por fin, sonando su voz fuerte y clara. Aquel hecho sin precedentes indicó sin duda el camino que una ciudadanía unida debe seguir para demostrar que no vale todo y que ante cualquier peligro y agresión responderá con toda la fuerza de la razón y el sentimiento de nación. Hace pocos días toda la prensa nacional, escrita y digital, publicó una página cuyo lema fue «España está preparada para decir basta», suscrita por Foro España de la Solidaridad y el Progreso con las adhesiones de asociaciones civiles existentes ya en diversos territorios, y eso no ha sido más que una llamada de alerta a la ciudadanía que debe estar preparada para actuar con contundencia, en paz y democracia, en la opinión pública o en la calle, en el caso de que nuestro país se vea agredido en sus estructuras básicas; por supuesto alertando a la clase política y los partidos de que tienen la responsabilidad de la salvaguarda de España y nuestra Constitución.

Somos muchos los que estamos dispuestos a encabezar el movimiento de la sociedad civil como ya hicimos en su momento en Barcelona, necesitando solo el apoyo y aliento de los ciudadanos españoles que no queremos asistir al declive y destrucción de nuestro país, pues en ello nos va el progreso y el prestigio tan duramente conseguido en Europa y en el mundo.

Debemos por tanto estar preparados para dar un ejemplo de civismo y patriotismo pues tenemos al mundo pendiente de ello. De verdad que no haría semejantes aseveraciones si no estuviera convencido de que efectivamente España está preparada. Amén.

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Mariano Gomá fue presidente de Sociedad Civil Catalana y fundador de Foro España

ERC reclama el control de los jueces de vigilancia penitenciaria tras el 10-N para soltar a los golpistas
Carlos Cuesta okdiario  14 Octubre 2019

ERC no deja de aumentar sus exigencias a un hipotético futuro Gobierno de Pedro Sánchez. Y una de ellas, en especial, va dirigida a lograr que los presos golpistas que condenará el Tribunal Supremo a prisión puedan abandonar la cárcel de forma rápida y sin cumplir ni por lo más remoto la condena establecida por el Alto Tribunal. Esa exigencia pasar por el control autonómico de los jueces de vigilancia penitenciaria, los encargados de aplicar los beneficios penitenciarios a los presos.

ERC ya reclamó en el pasado esta competencia. Pero ahora cobra una especial importancia a la vista de que su jefe Oriol Junqueras es uno de los golpistas a los que condenará el Supremo.

La petición de los republicanos choca, además, con el bloqueo del Tribunal Constitucional a la fragmentación y cesión del Poder Judicial que ya pretendió efectuar Rodríguez Zapatero en la elaboración del Estatuto catalán. Pero, pese a ello, ERC no cesa en su intento de lograr el control de los jueces de vigilancia penitenciaria. Es más, el PSOE tampoco se ha negado a este traspaso. Todo lo contrario: el propio presidente en funciones Sánchez ha admitido su deseo de recuperar la totalidad del texto del Estatuto catalán tumbado en parte por el Constitucional.

La fórmula planteada a ERC para lograr este traspaso coincide con la negociada con el PNV. Esta entrega exigiría una reforma de la legislación del Poder Judicial y debería sortear el grave problema mencionado: el hecho de que el fraccionamiento del Poder Judicial nacional ya ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional.

Pese a ello, el PSOE ya ha ofrecido a ERC y PNV una fórmula camuflada que permitiría avanzar por esta vía. Una fórmula que otorgaría, en primer lugar, influencia a estos partidos sobre los jueces de vigilancia penitenciaria -los que deciden sobre la permanencia de los presos en las cárceles-.

El esquema base que se pretende tomar en esta negociación es el planteado ya entre el PNV y el PSOE en el marco del nuevo Estatuto vasco. Allí los socialistas ha comunicado ya su disposición a negociar la creación de un "Consejo de Justicia de Euskadi".

Ese nuevo Estatuto vasco parte de un fuerte traspaso de competencias en materia de “gobierno de la Administración de Justicia”. Y se concreta con la “creación de un Consejo de Justicia” del País Vasco o de Cataluña, como “órgano de gobierno de la Administración de Justicia”. Un órgano en el que pretenden incluir el control de esos jueces de vigilancia penitenciaria.
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