AGLI Recortes de Prensa   Martes 15  Octubre  2019

Profundo malestar en la Fiscalía tras la sentencia del 1-O: "La condena por sedición es albañilería jurídica"
Miguel Ángel Pérez Libertad Digital 15 Octubre 2019

Un profundo malestar se ha apoderado de la Fiscalía tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de 1-O en la que se condena a los golpistas por sedición y no por rebelión: "La condena por sedición es albañilería jurídica".

Según las fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital, los argumentos esgrimidos por el Supremo en su sentencia de 493 páginas para justificar la sedición "son contradictorios". "La violencia fue instrumental y el objetivo de los condenados fue siempre conseguir la independencia, saltándose el orden constitucional. Fue una rebelión y no una sedición porque se utilizó la violencia con el objetivo de independizarse", añaden.

A pesar de las presiones políticas y de las presiones internas en la propia Fiscalía, los representantes del Ministerio Público en el Supremo, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, defendieron hasta el final, tras varios fiscales generales y Gobiernos, que los sucesos acaecidos en septiembre y octubre de 2017 respondían a un delito de rebelión, ya que la existió violencia y se quiso subvertir el orden constitucional.

Por el momento, los fiscales cerrarán filas y se mantendrán en silencio públicamente por respeto institucional, dada la trascendencia de esta causa para todo el país. No obstante, pasados unos días tras analizar la sentencia, hablarán alto y claro sobre ella, "acatándola, pero criticándola también".

Sin duda, algo ha molestado y ha dolido especialmente a la Fiscalía y es que los condenados puedan obtener el tercer grado sin necesidad de que hayan cumplido la mitad de la pena. El Ministerio Fiscal había solicitado la aplicación del artículo 36.3 del Código Penal en su escrito de conclusiones definitivas, para evitar que los condenados a más de 5 años de cárcel puedan optar rápidamente al régimen de semilibertad penitenciario en Cataluña.

Dicha petición era desestimada por el Supremo, asegurando que "el artículo 36.2 del Código Penal, lo que otorga al tribunal sentenciador es la facultad de efectuar un pronóstico de peligrosidad que preserve los bienes jurídicos que fueron violentados con el delito. Y solo desde esta perspectiva debe ser respondida la petición del Fiscal. Los acusados han sido castigados, además de a las penas privativas de libertad asociadas a los tipos por los que se formula condena, a penas de inhabilitación absoluta que excluyen el sufragio pasivo y la capacidad para asumir responsabilidades como aquellas que estaban siendo ejercidas en el momento de delinquir".

Para el Ministerio Público el llamado periodo de seguridad del artículo 36.2 del C.P. era casi más importante que los años de condena. Eso sí, en la sentencia tenía que aparecer la rebelión y ese término era innegociable.

Las condenas a los golpistas
El Tribunal Supremo condenaba este lunes al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, a 13 años de prisión; a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, en los cuatro casos por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

Asimismo, condenaba por el delito de sedición a Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a Joaquim Forn y Josep Rull a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta. En cuanto a Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial.

Vox recurrirá la sentencia del 1-O: "Es una vergüenza para España y para el Supremo"
Maite Loureiro Libertad Digital 15 Octubre 2019

Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia del 1-O filtrada previamente a la prensa, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido frente al Alto Tribunal acompañado por su secretario general, Javier Ortega Smith, abogado principal de la acusación popular ejercida por el partido, para hacer una valoración.

Abascal ha anunciado que recurrirán el fallo al considerarlo una "vergüenza para España y para el Supremo" por no incluir el delito de rebelión entre las condenas, como pedían desde Vox. En tono muy crítico, el líder del partido ha dicho que la sentencia "está hecha a la medida de Sánchez". "Dicen que hubo poco más que una algarada callejera", se ha quejado muy decepcionado sin entrar a valorar el papel de los jueces y del presidente del tribunal, Manuel Marchena.

El presidente de Vox ha extendido sus reproches al PP y al PSOE por "escudarse en los tribunales para evitar el desafío separatista". "Hay un golpe de Estado vivo en Cataluña y hay un gobierno regional en rebeldía que ha apostado por la vía eslovena", ha alertado recordando la relación del presidente catalán, Quim Torra, con los CDR y el terrorismo.

Ante la posibilidad de que los condenados obtengan el tercer grado y puedan salir de la cárcel en apenas unos meses, Abascal ha advertido de que puede provocar "preocupación e indignación" entre los españoles que en un primer momento "han podido tener la sensación de que se hacía justicia" pero que en breve van a comprobar cómo el Gobierno catalán ejerce sus competencias para "dar la libertad camuflada a los golpistas".

Es la segunda vez que Abascal convoca a los medios a las puertas de este edificio situado en la Plaza de las Salesas, después de hacerlo el día que dio comienzo el juicio. El partido ha intentado en todo momento ser muy escrupuloso con sus declaraciones, trazando una línea divisoria entre su labor política y su actuación en los tribunales para evitar que les acusen de politizar el proceso o sacar algún tipo de rédito.

"Sin Vox no habría sentencia"
Ortega Smith ha calificado la sentencia de "error" y ha defendido el papel de Vox como acusación popular. Labor que "no hicieron en nombre de un partido sino en nombre de miles y miles de españoles", ha dicho. "Sin la acusación popular de Vox hoy no estaríamos hablando de esta sentencia", ha presumido ante el Supremo.

La secretaria general del grupo en el Congreso, Macarena Olona, se ha declarado "triste" tras conocer el fallo y ha valorado durante una entrevista en Es la Tarde de Dieter, de esRadio, que "no se ha emitido en libertad porque se miraba a Estrasburgo", en referencia al previsible recurso de los separatistas condenados ante el tribunal europeo. "La Abogacía del Estado ahora es Abogacía del Gobierno", ha criticado Olona recordando su cambio de criterio durante el proceso al retirar de la acusación el delito de rebelión.

Vox presentará el recurso en los próximos días ante el Tribunal Constitucional una vez estudiada la sentencia de 500 folios, según confirman fuentes del partido. Este es el paso previo para poder acudir también a Estrasburgo.

Una pena injusta que ni castiga ni disuadw
EDITORIAL Libertad Digital 15 Octubre 2019

Lamentable sentencia de un TS que no ha querido estar a la altura de las circunstancias.

Ni la violenta y victimista protesta con que la han acogido los golpistas y sus formaciones políticas ni el todavía más desorientador y lamentable buen recibimiento que le han dispensado el PSOE, Ciudadanos y, en menor medida, el PP debería llevar a nadie a engaño respecto de la lamentable sentencia del Tribunal Supremo (TS) que rebaja a delito de sedición el golpe de Estado nacionalista del 1-O.

Ese segundo referéndum ilegal, celebrado el 1 de octubre de 2017, organizado y desarrollado con mucha más violencia que el del 9 de noviembre de 2014 y coronado, a diferencia de éste, por una declaración unilateral de independencia, fue algo mucho más grave que un mero delito de sedición. Y esta sentencia, por mucho que condene a los acusados a varios años de prisión –al que más, Junqueras, sólo le han impuesto trece–, prácticamente va a dejar a todos en libertad en muy pocos meses. No sólo porque se les ha absuelto del delito de rebelión mediante una ridícula interpretación de lo que dice el artículo 472 del Código Penal (CP), sino porque se les va a permitir obtener el tercer grado antes de haber cumplido la mitad de sus penas por sedición, dado que los magistrados han decidido –frente a lo solicitado por la Fiscalía– no aplicar el artículo 36.3 del CP.

Castigar con un solo día de privación de libertad a alguien por un acto que no ha cometido o que carece de reproche penal es radicalmente injusto; pero castigar con una media de nueve años de cárcel –pena que en la práctica se queda en un tercio– a unos individuos que, según ha quedado demostrado, perpetraron lo que el vigente artículo 472 del CP tipifica como un delito de rebelión y castiga con penas de 15 a 25 años de prisión es de una tibieza tremendamente injusta y deplorable. (Comentario aparte merecería el hecho escandaloso de que los condenados vayan a pasar lo poco que les queda de encarcelamiento en unas prisiones regidas por sus correligionarios).

Con todo, los magistrados del TS no han cerrado los ojos ante los "episodios de indiscutible violencia" inducidos por los condenados antes, durante y después del 1-O, ceguera voluntaria que sí se infligió la Abogacía del Estado –léase del Gobierno–, que, al dictado del interés político del felón Pedro Sánchez, sostenido por los separatistas, se negó a ver esa violencia. Lo que han hecho los magistrados del Supremo, de forma no menos sonrojante pero con ese mismo objetivo de absolver a los acusados del delito de rebelión, es considerar que no bastaron "los indiscutibles episodios de violencia", ni que sus promotores buscasen "la independencia o la derogación de la Constitución", si esos actos de violencia y la organización de los mismos no fueron suficientes para imponer "la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución" en Cataluña.

De esta forma, y contradiciendo al CP, ya no sería suficiente para considerar reos de un delito de rebelión a los que se alcen violenta y públicamente y persigan como fin la independencia de un territorio o la derogación en él de la Constitución, sino que sería necesario –según los magistrados del TS– que lo consiguieran de forma efectiva. Tan peregrina y grosera tergiversación de lo que dice el legislador es, además, absurda, puesto que si los golpistas hubieran logrado la "independencia efectiva" de Cataluña, difícilmente habrían sido juzgados por un tribunal extranjero como pasaría a ser cualquier tribunal español; y tampoco hubiera habido necesidad alguna de que Puigdemont huyera de Cataluña para escapar de la Justicia española.

El caso es que, bien por lograr una condena unánime y cargarse de razón frente a un más que probable recurso de los separatistas ante Estrasburgo, bien por querer ser correa de transmisión de un Gobierno como el de Sánchez, dispuesto a seguir teniendo a los separatistas de compañeros de viaje, lo cierto es que los magistrados del TS han optado por el mínimo denominador común y dictado una sentencia tibia que ni castiga ni disuade lo necesario como para ser tenida por justa.

Queda una vez más demostrado que este apaciguador e injusto proceder judicial y político –recuérdese la aún más bochornosa sentencia del 9-N– no va sino a excitar el victimismo de los golpistas y su reiterado compromiso con su violento e inconcluso golpe de Estado, compromiso que por supuesto ha hecho suyo el sucesor de Artur Mas y Carles Puigdemont al frente de la Generalidad: Quim Torra.

Cuánta razón tenía Julián Marías cuando advertía de lo sumamente contraproducente que es "intentar contentar a los que no se van a contentar". Contraproducente y, sobre todo, injusto.

Golpistas y sediciosos
Cristina Losada Libertad Digital 15 Octubre 2019

Se ha corrido la voz de que a partir de la sentencia del Supremo ya no puede nadie llamar "golpistas" a los que intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña en el otoño de 2017. No se sabe de dónde viene la voz que dicta esta proscripción, pero se están apuntando a ella todos los que predicaron que era muy malo llevar ante la Justicia a los organizadores de la intentona del 1-O, porque lo que hay que hacer es buscar "soluciones políticas". Una solución política que pasa siempre, en su caso, por exonerar a los dirigentes separatistas de la pesadísima obligación de cumplir la ley y por evitar que se les imponga cualquier condena judicial cuando la incumplen.

Dice el tópico puesto en circulación que, como no les han condenado por rebelión, queda meridianamente claro que no dieron ningún golpe. Habrá que preguntar entonces a esta buena gente, que dijo desde el principio que no era un golpe, si estaba dispuesta a reconocer que lo hubo si el Supremo hubiera visto un delito de rebelión. Porque la impresión que dieron no era esa. En absoluto. Todo lo contrario. Su opinión sobre el asunto no dependía del dictamen del tribunal. Ahora, de forma oportunista, aprovechan la sentencia para apuntalar su tesis.

La sentencia, sin embargo, no hace tal cosa ni la puede hacer. Por una razón: el golpe de Estado no es una figura jurídica. No está en el Código Penal. No aparece tampoco cuando define el delito de rebelión. Pensar que un intento de golpe sólo existe cuando se ha condenado a sus autores por un delito de rebelión es una opinión. Nada más que una opinión. Y quienes, desde la interpretación política de los hechos, concluimos que sí hubo intento de golpe, seguiremos llamando "golpistas" a los golpistas exactamente igual que antes de la sentencia. Porque la discusión sobre la propiedad de llamar "intento de golpe" a lo que hicieron los separatistas catalanes es una discusión política. Una discusión en la que no entra, lógicamente, el tribunal.

Marchena sí se ocupa, en cambio, de establecer el parentesco entre el delito de rebelión y el de sedición. "Este Tribunal ya ha puesto de relieve la similitud entre la estructura típica de este delito [el de sedición] y el de rebelión", dice la sentencia. Y aunque no lo diga, a la vista está que la propia formulación del artículo 544 del Código Penal indica que la relación existe: "Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente(...)". Se aplican los magistrados a hacer frente a la idea de que la sedición es un delito de relevancia menor, y la distinguen del mero desorden. "Implica conductas activas, alzamiento colectivo, vías de hecho, despliegue de resistencia", dicen. Nada que objetar ahí. El pero que hay que ponerle a la sentencia no es cuando describe la sedición y subraya la diferencia con una alteración del orden público cualquiera, sino cuando descarta la rebelión.

El peso que ha inclinado la balanza hacia la sedición está en el terreno de la opinión. No de los hechos. La sentencia considera acreditada la violencia a lo largo del proceso de secesión. Pero no cree que fuera una violencia "instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes". Y cuando rechaza que la violencia fuera funcional se refiere a "la absoluta insuficiencia" de los actos de los separatistas para imponer la independencia y la derogación de la Constitución. O a que "los alzados no disponían de los más elementales medios para (...) doblegar al Estado".

Más aún, cree el tribunal que la finalidad del proyecto de los acusados no era conseguir lo que decían que querían –sabían que era imposible, según la Sala–, sino "convencer a un tercero, el Gobierno democrático de España, para que negociara el modo de acceder a la independencia". Donde estamos ante el peso determinante que ha inclinado la balanza. Los dirigentes separatistas no tenían "una verdadera voluntad de dar eficacia al resultado del tumultuario referéndum". Como dejó patente, dicen, aquella suspensión de la declaración de independencia que anunció Puigdemont, provocando la estupefacción de su público.

La versión del Supremo sobre el 1-O es que los dirigentes separatistas engañaron a unos ingenuos seguidores, haciéndoles creer que iban a proclamar una bonita república, cuando en realidad sólo querían movilizarlos para así presionar al Gobierno de España a sentarse a negociar la independencia de Cataluña. Es una versión, sin duda. Pero una versión alejada de lo que vieron y vivieron aquellos primeros días de octubre tantos españoles. Porque entre el 1 de octubre y el discurso del Rey, la balanza, la de la política, pudo inclinarse hacia el triunfo del golpe. Eso fue así. Y lo seguiremos viendo de esa manera, por más que la sentencia nos cuente que aquello fue de farol, como dijo la otra. Los faroles, a veces, salen.

Condena contra los ciudadanos no separatistas
Pablo Planas Libertad Digital 15 Octubre 2019

Cuarenta años de corrupción nacionalista, de apisonadora catalanista, de régimen separatista han degenerado en una sentencia del Tribunal Supremo que condena a unos golpistas por un delito contra la seguridad vial. O casi. El separatismo, con toda su maquinaria propagandística financiada por las élites catalanas y también del resto de España, ha encajado la blandengue sentencia como una auténtica afrenta. La agresión más grave contra Cataluña desde el fusilamiento de Lluís Companys, ha dicho la editorialista en jefe de La Vanguardia y TV3, Pilar Rahola. Una muestra de venganza del Estado totalitario, represor, maligno y "eggpañol".

Vuelven los tiempos duros de otoño del 17, los ciudadanos no separatistas abandonados y a merced de un gobierno regional y de una policía autonómica que hace la vista gorda ante las tropelías y amenazas de los separatistas, sometidos a un bombardeo propagandístico que les convierte en las bestias taradas de las que escribió Torra. Quien no llore por Junqueras, los Jordis y demás golpistas es un ser infrahumano, escoria no catalana que puede ser despreciada, vejada, ninguneada y pisoteada sin reparos por la "gente de paz", unos tipos y tipas que se autodefinen como cívicos, pacíficos y festivos en una autofelación sin límites.

La insensata e indocumentada pretensión de rebajar la tensión y calmar los ánimos del separatismo con la supresión del delito de rebelión y una sustantiva rebaja de penas es la enésima muestra de ceguera de los poderes del Estado frente a los desafíos y tropelías del nacionalismo catalán. Las presiones de la izquierda y el separatismo han causado un efecto evidente en los magistrados del Tribunal Supremo, que describen en la sentencia un golpe de Estado, pero fallan por una mera alteración del orden público. En respuesta, el separatismo se ha echado a la calle más envalentonado que nunca, espoleado por los medios públicos y los privados subvencionados.

La madre de un CDR fugado decía el sábado por la noche en TV3 que los separatistas detenidos por terrorismo "puede que sí que tuvieran bombas, pero es gente inocente" y añadía que "estamos en guerra". Sí, en efecto, han declarado la guerra a quienes no piensan como ellos e inflan el pecho. Una de las absueltas, la exconsejera Meritxell Borràs, mostraba su agradecimiento por la absolución censurando en la radio del conde de Godó que se había enterado por la prensa y que eso no son maneras.

No se trata de cuántos años les han caído a los golpistas porque fueran trece o treinta no van a cumplir ni cinco. Y eso exagerando. Se trataba de que quedara claro que aquello fue un golpe de Estado, un ataque contra el orden constitucional, contra la libertad de los españoles y la unidad de España, rebelión, en suma. La reacción de los separatistas sería la misma, así que por el mismo precio, una Cataluña en manos de los separatistas, los jueces del Tribunal Supremo no habrían quedado como una mera correa de transmisión del Gobierno de turno, en este caso el de Sánchez.

No hay peor ciego que el que no quiere ver
OKDIARIO 15 Octubre 2019

El Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, ha negado la existencia de colapso alguno en el aeropuerto barcelonés de El Prat, donde elementos independentistas convocados por distintas asociaciones han provocado la cancelación de casi setenta vuelos tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. Sorprende la manera con la que Fomento trata de quitarle importancia al asunto, pues se sirve de un frío cálculo estadístico para demostrar que la situación no revistió excesiva gravedad, pese a que las imágenes revelaban un clima de violencia y tensión evidentes. Según el Gobierno, a las 18.45 de la tarde habían sido cancelados 67 vuelos de los 1.066 programados, por lo que el Departamento de José Luis Ábalos cifró en un escueto 6% las incidencias en transporte aéreo provocadas por la ira independentista.

Lo cierto es que los separatistas radicales bloquearon el aeropuerto causando graves incidentes. Cerca de medio centenar de heridos no parece que estadísticamente sea un dato menor como para tratar de demostrar que lo ocurrido no revistió gravedad. La tuvo y mucha, porque las escenas vividas en el aeropuerto no se corresponden en absoluta con la visión optimista del Gobierno. No parece la mejor manera de encarar el problema la de quitarle importancia, porque los incidentes se sucedieron durante horas en medio de un colapso evidente, por mucho que Fomento tratara inútilmente de restarle importancia.

Si el bloqueo -evidente y visible- de un aeropuerto por parte de los radicales independentistas no es un colapso para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, habrá que esperar el momento en el que tenga a bien otorgarle carácter de gravedad. Por ahora no lo ha hecho, de manera que entre lo que el Gobierno dice que ocurrió y lo que pudieron comprobar los miles de usuarios afectados, los medios de comunicación presentes en el aeropuerto y los españoles que observaron por televisión los incidentes hay dos mundos distintos. Para el Ejecutivo de Sánchez, dentro de lo que cabe, la situación fue normal. A los ojos del resto, los radicales ocuparon y bloquearon el segundo aeropuerto de España.

Un extraño olvido
OKDIARIO 15 Octubre 2019

Sorprende, y mucho, que en las 493 páginas de la sentencia del Tribunal Supremo no haya ni una sola mención al discurso del Rey Felipe VI del 3 de octubre de 2017 tras celebrarse el referéndum ilegal. Sorprende porque en el escrito de conclusiones definitivas, la Fiscalía, que apuntaba claramente a un delito de rebelión -no tenido en cuenta por los magistrados de la Sala Penal-, apoyaba sus argumentos con una mención al discurso del Monarca: "Ante este levantamiento generalizado –salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia– desarrollados con el fin de conseguir la secesión y considerando la magnitud y gravedad del ataque al orden constitucional que se había producido, Su Majestad el Rey Felipe VI, en el legítimo cumplimiento de su función como jefe de Estado y el primer garante del orden constitucional, dirigió un mensaje a la Nación".

En opinión de los fiscales, el mensaje del Rey a los españoles "constataba la garantía de principios democráticos de todo Estado de derecho, la profunda división y fractura de la sociedad catalana y el enorme riesgo que se había generado para la estabilidad social y económica de Cataluña, además de reclamar los legítimos poderes del Estado, el aseguramiento del orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones y del autogobierno en Cataluña basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía".

Sorprende, y mucho, la ausencia de cualquier referencia al Rey en una sentencia prolija y minuciosa en las citas. ¿Cómo es posible que los magistrados de la Sala Penal del Supremo se hayan detenido a subrayar con extraordinaria precisión el papel de los actores, principales, secundarios y testimoniales para establecer un diagnóstico preciso de lo ocurrido y hayan pasado de largo por el discurso del jefe del Estado? Más aún cuando ese mensaje del Monarca a los españoles había ocupado un lugar destacado en las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal?

¿Será porque las palabras del Rey apuntaban a una gravedad extrema en los acontecimientos registrados hace dos años y el Supremo las ha omitido para que sus argumentos para condenar por sedición y no por rebelión, como solicitaba la Fiscalía, no se vieran comprometidos por el valeroso y dignísimo mensaje de Felipe VI?

La brecha
Juan Carlos Girauta elespanol 15 Octubre 2019

El delito de rebelión no precisaba del elemento de la violencia en su tipo objetivo antes de la reforma Belloch del Código Penal. Con la declaración de independencia, por ejemplo, bastaba. Los nacionalistas hicieron su trabajo sobre los socialistas, como siempre. Pero eso ya no importa. La ley es la que es.

En la reciente sentencia por el golpe de Estado en Cataluña se da por acreditado que existió violencia los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 (así en sus páginas 226 y 227). Sin embargo, el tribunal ha considerado que dicha violencia no iba dirigida a la consecución de la independencia sino a forzar una negociación con el gobierno de España. Es su criterio y la sentencia es firme: no caben recursos ordinarios. Pero eso no importa. La sentencia es la que es.

No habría habido condena por sedición si la Abogacía del Estado no hubiera acusado por ese delito en vez de acusar por rebelión, que es lo que sucedía antes del cese de Edmundo Bal por la ministra Delgado. Es decir, con el criterio de Edmundo Bal, el Tribunal habría tenido que condenar por rebelión o haber absuelto. Pero eso no importa. La Abogacía del Estado es la que es.

Lo único que importa realmente es que existe, y siempre ha existido, una brecha entre los que acatan las leyes y las sentencias y los que no las acatan. Entre quienes deslegitiman a la Justicia y los que no lo hacen, más allá de su opinión sobre esta o aquella decisión. Es una brecha política y ética. Es una brecha moral. Si se admiten los previsibles recursos de amparo, seguirán su curso. Solo caben, recordemos, por causas tasadas de violación de derechos fundamentales. Sea cual sea el resultado, la brecha seguirá existiendo.

La brecha nunca ha desaparecido en ninguna sociedad, y es especialmente profunda aquí y ahora. Pero lo inexcusable, para seguir hablando de Estado democrático de Derecho, es que las leyes y la sentencias se cumplan en un sistema que, como el nuestro, garantiza el derecho a la defensa, un juicio justo, un régimen penitenciario humanitario.

Cataluña es la única comunidad autónoma que ejecuta por sí misma la legislación estatal penitenciaria. El modo en que sus autoridades manejen la situación de los condenados a partir de ahora definirá las líneas a seguir en el futuro para que las condenas no se conviertan en papel mojado, una vez preservado el derecho a los beneficios penitenciarios que asisten a todos los reclusos.

Los antecedentes no son alentadores. En el caso de que el gobierno Torra haga lo que nos tememos, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano del Ministerio del Interior, puede decidir un cambio de establecimiento para el cumplimiento de las penas.

Ante una declaración de guerra
Pío Moa gaceta.es 15 Octubre 2019

Antifranquismo contra democracia. La pesadilla totalitaria: https://www.youtube.com/watch?v=5NmnO7rrSSM
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Dice usted que la exhumación de Franco es una declaración de guerra. ¿En qué sentido debe interpretarse?
–Es una declaración de guerra en el sentido de que vacía de contenido la democracia decidida por abrumadora mayoría en 1976 y lo hace atacando precisamente al estadista que la hizo posible. Y que ilegitima a la monarquía y de hecho a la Iglesia. La jerarquía eclesiástica ha perdido la sindéresis, la capacidad moral, hasta el extremo de contribuir al ultraje a quien la salvó del exterminio y colaborar con quienes se sienten herederos de los exterminadores. Se trata, desde luego de un hecho del simbolismo más profundo, pero no meramente simbólico, pues sus efectos políticos son igualmente profundos. La victoria de Franco salvó la unidad de España, la cultura católica y muchas cosas más. El ultraje a su memoria culmina un proceso contrario de disgregación y totalitarismo comenzado hace mucho, pero impulsado especialmente con Zapatero y Rajoy. La declaración de guerra está ahí y debe reconocerse. La gran cuestión es saber si la sociedad será capaz de aceptar el desafío.

¿Propugna usted una insurrección o cosa así?
–Esta gente, PSOE, comunistas y separatistas, nos vuelven a llevar a la guerra civil, como en 1934 y 1936. El proceso puede detenerse de todas formas, en primer lugar reconociendo el hecho, en segundo lugar recobrando la memoria, y en tercer lugar atacando con todos los medios disponibles, por ahora los de la razón y la palabra, a los guerracivilistas. Debe quedar muy claro que algunos, ignoro si muchos o pocos por ahora, no estamos dispuestos a aceptar la disolución de España y de nuestra libertad en función de las aspiraciones cada vez más enloquecidas de PSOE, separatistas y comunistas. Si se da impresión de debilidad en este sentido, el proceso guerracivilista se agravará hasta degenerar probablemente en violencia general.

¿Concretamente?
–Yo no tengo poder para imponer una línea de acción a otros, pero puedo decir lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, que es la recuperación de la memoria histórica frente a la burla grotesca antidemocrática y antiespañola que es esa ley. Esa recuperación es un elemento fundamental para reaccionar. Los guerracivilistas entendieron muy bien desde el principio la importancia de la memoria para ir falseándola, apenas decidido el referéndum del 76, y socavando la democracia acordada popularmente, al mismo tiempo que la unidad y soberanía de España. La derecha no ha entendido nada por práctica ausencia de sustancia intelectual, es una derecha de señoritos atentos a su bolsillo ante todo, y que creen que el dinero los resuelve todo. Quizá mi papel ha sido el de Casandra, espero que no. En todo caso investigar y defender la historia frente a la falsificación sistemática que venimos sufriendo, y en concreto el significado de Franco y el franquismo, es algo que seguiré haciendo e invito a unirse a esa defensa a cuantos entiendan su importancia. Por otra parte, ha aparecido un fenómeno nuevo que es VOX. Le faltan cosas pero por ahora es nuevo, quiero decir, ya no es la basura política que llevamos soportando desde hace tantos años.

¿Qué debería hacer VOX, en su opinión?
–De momento, algo muy simple: convertir la profanación del Valle de los Caídos y de la tumba de Franco en un eje, quizá no el único pero sí un gran eje de la campaña electoral y después de ella. La fechoría de los guerracivilistas no debe olvidarse en ningún momento. Si finalmente consiguen profanar la tumba debe declararse sin ambages que los restos de Franco deben volver al Valle. No a la Almudena, al Valle. Y que el Doctor y los jueces prevaricadores deben ir a la cárcel. Esto no va a conseguirse fácilmente ni de la noche a la mañana, pero debe ser un punto bien claro e insistido. Porque se trata de un delito gravísimo, y no solo ni principalmente contra el derecho de las familias, sino contra la convivencia en paz y libertad de los españoles. Es preciso también insistir con máxima energía en el carácter criminal del PSOE.

¿Se supone que todos los socialistas son criminales?
–Vamos a ver, es obvio que entre los socialistas los hay decentes y demócratas, cada vez más horrorizados por los rumbos de su partido, como Besteiro en los años 30. Pero es evidente también que son pocos y carecen de poder. Luego está la masa de los socialistas, que generalmente no saben nada de nada, empezando por la historia real de su partido. Simplemente «se sienten socialistas» porque creen que ese partido «representa a los trabajadores» o al «progreso» o a lo que sea. Es preciso que la masa de la población, o al menos una parte muy amplia de ella, entienda lo que es ese partido y la amenaza que siempre ha sido para la paz y la libertad de los españoles. Solo con eso podrían los besteiros neutralizar a los largocaballeros de hoy y civilizar al PSOE. Naturalmente, ello supone la denuncia del PP como auxiliar y cómplice del PSOE y los separatistas. No olvidemos que fue Aznar quien condenó oficialmente el alzamiento de julio que libró a España de tantas desgracias y miserias, incluida una guerra mucho peor, la mundial, a la que aspiraba con todas sus fuerzas el Frente Popular, con idea de salvarse él a costa de un nuevo río de sangre y probable disgregación del país.

Tibios y cobardes
Juan Manuel de Prada ABC 15 Octubre 2019

Antes de adentrarse en los nueve círculos infernales, Dante se detiene en una antesala, para describirnos a quienes allí se encuentran, «gentes que vivieron sin gloria ni infamia» entre las que se cuentan los ángeles que no se rebelaron contra Dios, pero no por lealtad, sino para evitar las consecuencias de tomar partido. El cielo rechaza a los tibios porque no hicieron nada bueno; y el infierno no los admite porque no hicieron nada malo. Y junto a los tibios se hallan también, acosados por una muchedumbre de avispas, los cobardes, entre quienes Dante no tiene rebozo alguno en situar a un Papa que renunció a la tiara. Y puesto que el Dante tuvo el valor de situar a ángeles y Papas en la antesala del infierno, viviendo eternamente sin gloria ni infamia, no creo que pase nada porque nosotros hagamos lo mismo con nuestros obispos.

Y no, desde luego, por no erigirse en paladines de la memoria de Franco. Es cierto que Franco salvó a muchos católicos de un exterminio satánico; pero también es cierto, como nos enseña Castellani, que entre quienes vociferaban «¡Guerra santa!» se contaban muchos fariseos que habían perpetrado infinidad de pecados contra el pobre. Quiero decir que ningún obispo está obligado a tener un juicio positivo de Franco, como si fuese un santito de peana, ni del régimen político que durante cuarenta años protegió y colmó de privilegios a la Iglesia. Y, además, un obispo tiene que actuar con prudencia, para evitar que sus palabras causen daño a los fieles que tiene encomendados. En cambio, un obispo está obligado a defender los derechos de Dios, entre los que sin duda se hallan la inviolabilidad de los lugares de culto y el respeto debido a los muertos. Pero nuestros obispos, en cuanto el Estado Leviatán ha enseñado las garras, se han encogido, temerosos de perder la tajada de la asignación tributaria (que, a estas alturas, es la mayor calamidad que sufre la Iglesia española, pues la priva de libertad a la vez que descompromete a sus fieles, que piensan que ya cumplen poniendo la X en los formularios del Estado Leviatán). Esta tibieza de los obispos tiene, ciertamente, sus causas (digámoslo así) fisiológicas; no hay más que reparar en muchos de ellos para comprender que no han nacido con vocación de Viriato ni de Guzmán el Bueno. Pero la principal causa de esta falta de iniciativa episcopal es de índole espiritual; es falta de fortaleza y convicción en los principios que informan su vida, que no pueden estar a merced de las veleidades del poderoso de turno. Al no haber mostrado fortaleza, los obispos delatan que su fe es inerte; pues la fe, cuando es auténtica, es un principio transformador (y no pocas veces desgarrador), como es la germinación para el grano de trigo, que lo hace fecundo a la vez que muere. Y, desde luego, esta tibieza siembra el abatimiento y la desmoralización entre los fieles; pues a nadie le apetece defender una causa cuyos generales se esconden cuando silban las balas.

Pero la tibieza, siendo triste, es menos dañina y villana que la cobardía. El tibio se achanta por timidez, por apocamiento o por seguir disfrutando de X chollete; el cobarde lo hace por doblez, mostrando indiferencia ante sus inferiores y arrastrándose como un ofidio ante los fuertes y poderosos. Y los obispos españoles, permitiendo que el prior del Valle de los Caídos sea vituperado y convertido en escupidera del resentimiento por defender lo que ellos estaban obligados a defender (que no es a Franco, sino los derechos de Dios), han obrado con una cobardía moral nauseabunda. Me resta el consuelo de pensar que, para su mortificación, en sus conciencias estragadas por la tibieza y la cobardía resonará cierta voz: «¿Por qué tembláis, hombres de poca fe?».

Cláusula de excepción
FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ El Mundo 15 Octubre 2019

Héroe es quien se distingue por llevar a cabo una hazaña extraordinaria que además requiera valor. Eso dice la RAE. Héroes fueron, en su día, hombres de iglesia como Ambrosio de León, que excomulgó a Teodosio, el papa León Magno, que detuvo las pezuñas de los caballos de Atila, y Tomás Becket, que se subió a las barbas de Enrique II Plantagenet. Los tres supieron engallarse frente a los abusos del poder temporal. "Al rey, la hacienda y la vida / se ha de dar, pero el honor / es patrimonio del alma / y el alma sólo es de Dios", exclama el alcalde de Zalamea en la obra de Calderón. La cita vale para la prepotencia institucional e ideológica subyacente en la decisión de exhumar a Franco.

Con los muertos, cualesquiera que sean las fechorías o las proezas, si las hubiere, de sus vidas, sucede algo similar: si son de alguien, son de Dios o de lo que por tal se entienda, y ninguna entidad política, civil ni castrense está moralmente autorizada a profanar sus tumbas. El Supremo se ha lucido. El Parlamento, también. Y la Iglesia del Papa siervo de Soros y del multiculturalismo, no digamos. Héroe es, en cambio, el padre Cantera, humanista, medievalista, especialista en la figura de san Bernardo -nadie menciona tales méritos- y prior de la comunidad que rige el colosal hipogeo de Cuelgamuros. Su decisión de plantar cara al Gobierno, a buena parte de la opinión pública y a la más alta institución del país no es baladí, sino sustancial, pues lo que se ventila en ella es nada menos que el respeto a lo sagrado por parte de lo profano y la libertad de cultos y, por lo tanto, de opinión teóricamente garantizada por quienes tanto presumen de ella.

Dicho sea de otra forma: dese al César lo que es del César y reconózcase el derecho de la Iglesia -la de siempre, no la de Francisco- a invocar su independencia respecto al poder temporal. Anatema sean quienes irrumpen con togas, cargos o uniformes en el interior de un templo para instalar en él puestos de venta de palomas. Hay que ser muy miserable para buscar votos en el ámbito de la fe. Ningún robo peor que el perpetrado a costa del cepillo de las iglesias. No es cuestión de ser franquista ni antifranquista, sino de ética y honradez. Diría lo mismo que digo si en vez de Franco se exhumase por las bravas al cabrón del Che. Terminará esta pugna como termine, pero su firmeza, padre Cantera, nos dignifica a todos. La sangre del Papa Luna corre por sus venas.

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Ni impunidad ni tampoco desmemoria
Editorial El Mundo 15 Octubre 2019

Advertimos de que la agresión sin precedentes del separatismo a la Constitución de 1978 no quedaría impune y así ha sido. Esto es lo primero que importa señalar. Tras un largo y minucioso proceso judicial, retransmitido con total transparencia y observante de todas las garantías exigibles a un Estado de derecho, este lunes conocimos la sentencia más importante en la historia del actual periodo democrático, firmada por unanimidad de todos los magistrados.

Los siete miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenaron a penas considerables de cárcel e inhabilitación a los promotores del golpe independentista de 2017, graduando el castigo en función de su responsabilidad en los hechos. El mensaje de que el Estado democrático se defiende y se defenderá de quienes intenten desbordarlo llega nítido al mundo nacionalista.

Ahora bien. Una sentencia tan decisiva, llamada a sentar jurisprudencia en el ámbito más crítico de nuestro ordenamiento constitucional -aquel que afecta a la unidad territorial, sometida a tensión constante por los nacionalismos periféricos-, requería una fundamentación especialmente consistente y un relato de los hechos reconocible por todos los españoles que asistieron angustiados a los acontecimientos de hace dos años, corolario lógico de un plan establecido tiempo atrás.

Lo que todos vimos en aquellos días fue el ataque orquestado por los dirigentes de la Generalitat contra la Constitución, que fue derogada y sustituida por una inicua Ley de Transitoriedad en el Parlament para alumbrar un régimen alternativo de poder arbitrario. Y lo que vimos también fue al nacionalismo usurpando todos los resortes del Estado en Cataluña -desde los Mossos hasta la televisión pública, desde la enseñanza hasta la financiación autonómica- para dirigir la fuerza de la masa hacia la insurrección mediante un entramado asociativo fuertemente subvencionado cuyo único y proclamado objetivo era imponer su proyecto de secesión por la vía de los hechos. Todo esto lo vimos, atestiguamos la violencia que acompañó a la subversión, y así lo consignaron el juez instructor Pablo Llarena en su sumario y el entonces fiscal general José Manuel Maza en su querella. La sentencia parece destinar más esfuerzos a negar la rebelión que a justificar la sedición, cuando en su día la Sala de Apelaciones -integrada por Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde- cerró filas con el auto de procesamiento de Llarena por rebelión.

Por eso resulta muy preocupante que el texto de la sentencia, aunque constate la violencia ejercida, niegue ahora que su propósito real fuera el que sus propios promotores confesaban: la subversión del orden constitucional vigente. Dice el Supremo que todo aquello que vimos constituyó una mera alteración del orden público, aunque en su modalidad más grave. Cabe recordar que la esencial distinción entre la rebelión y la sedición reside en el elemento finalista del delito. En el caso de la primera, se comete con el objetivo de "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución" o "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". Es decir, el legislador no exige que la independencia se consume para tipificar la rebelión: basta con orientar la conducta hacia esos fines para incurrir en ella. Y el hecho es que la independencia fue declarada en el Parlament. Y que esa era la meta fijada en el llamado Libro Blanco para la Transición Nacional que Llarena usó pertinentemente para su instrucción, porque el procés no arranca en 2017 como pretende ahora el Supremo.

Para sortear estas contradicciones, la sentencia arguye que "los indiscutibles episodios de violencia" no se encaminaban a lograr la independencia efectiva sino "a crear un clima o un escenario en el que se haga más viable una ulterior negociación". Del derecho a decidir al derecho a presionar: este es todo el procés que describe el Supremo. Dice que todo era un "señuelo", un engaño para presionar al Gobierno de Rajoy y conseguir pactar un referéndum vinculante. Es decir, el Supremo se aparta de los hechos para bucear en las intenciones de los golpistas y asume la tesis de sus defensas, según la cual todo fue un farol, un "despliegue retórico", una "declaración de independencia ineficaz y simbólica", una "ensoñación jurídicamente inviable". Pero nosotros creemos que si fue inviable fue precisamente porque el Estado reaccionó. Porque se vio en la necesidad de aplicar el artículo 155 para restablecer el orden constitucional tras la intervención del Rey -cuyo discurso se dirigió al restablecimiento del orden constitucional, no solo del orden público- y la huida de más de 5.000 empresas en un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica. ¿Por qué se fueron si todo era un señuelo? Claro que la violencia instrumental para la secesión fue insuficiente: de haber sido suficiente y contar con el reconocimiento exterior, nunca habrían sido juzgados. Estos son los hechos y ninguna sentencia debería poder reinterpretarlos a la luz de la versión más inocente de sus intenciones.

Podemos comprender que el Supremo valore y quiera anticiparse a la reacción de Europa cuando los separatistas lleven el fallo a Estrasburgo. Podemos comprender que Manuel Marchena haya perseguido con denuedo una unanimidad que blinde el prestigio de la institución no solo frente a instancias exteriores sino ante el Tribunal Constitucional, donde Cándido Conde-Pumpido ya había tomado posiciones contra el fallo por rebelión. Pero no podemos comprender que el precio que se cobre esa unanimidad sea la verdad de los hechos, desvirtuada en el mejor de los casos por culpa de un tipo penal desfasado que urge actualizar -como pedía Pedro Sánchez en la oposición- y en el peor por razones políticas. Razones por lo demás equivocadas, pues la política del apaciguamiento solo sirve para alentar la reiteración de nuevas ensoñaciones que acaban en golpes de Estado y rupturas de la convivencia.

A todo esto se le añade la indignación que despierta la negativa del Supremo a atender la petición de la Fiscalía para que los condenados no puedan beneficiarse del tercer grado hasta que cumplan la mitad de la pena. Ciertamente no es culpa del Supremo que se cediesen en su día las competencias penitenciarias a la Generalitat, pero tampoco la Sala debería ignorar esa circunstancia, determinante a la hora de administrar justicia con eficacia. Ahora depende de Torra la concesión de un régimen de semilibertad cuyo efecto sobre la confianza de los españoles en la igualdad de todos ante la ley puede ser letal. Claro que si no se respetan los hechos, cómo van a cumplirse íntegramente las penas. En este sentido, no podemos sino compartir el pesar que en estos momentos experimenta la Fiscalía.

En cuanto a Puigdemont, el juez Llarena muestra coherencia al reactivar la euroorden contra Puigdemont. Cabe esperar que ni siquiera la Justicia belga se atreva a despreciar una sentencia firme del más alto tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea. La alternativa destruiría el ya maltrecho crédito de la figura de la euroorden.

La legalidad democrática fue vulnerada por los políticos independentistas, y pagarán por ello. La labor de los juzgadores -tanto el castigo como los razonamientos en los que se han basado para imponerlo- ahora corresponde juzgarla a los ciudadanos. Ellos son los soberanos de su nación. No esperan del Supremo que ofrezca "soluciones políticas", como el propio tribunal rechaza en la sentencia; pero desde luego saben que el proyecto separatista sigue vivo, y que la salida no pasa por degradar a simbólica una intentona bien real de subvertir el orden democrático. Abaratar los costes solo sirve para estimular la reincidencia.

Una sentencia increíble del Tribunal Supremo que no detendrá al independentismo

EDITORIAL ESdiario_com 15 Octubre 2019

Sea por buscar la unanimidad o por miedo a Estrasburgo, el Alto Tribunal ha dictado una sentencia que no recoge la gravedad del Golpe y alimenta la escalada independentista.

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve dirigentes procesados por el llamado procés es, desde luego, jurídicamente respetable e intachable desde el punto de vista de un Estado de Derecho sólido: razona igual de bien por qué les sanciona a todos ellos por delitos de sedición y malversación como por qué les absuelve de rebelión, la acusación más dura y castigada.

La unanimidad de los componentes de la Sala de lo Penal y el temor, tal vez, a que les revocara Estrasburgo su fallo explican, muy probablemente, la renuncia a castigar esa rebelión y su apuesta por un delito sin duda gravísimo que, sin embargo, no responde del todo a la naturaleza real de los abusos cometidos por todos ellos y alguno más fugado a Bélgica.

La trampa en la sentencia que da una ventaja increíble a Junqueras y a sus socios
Si esas son las razones que Marchena y sus compañeros han tenido para rebajar el castigo, no son acertadas. Y si además de ellas hay otras de índole política, la decepción es mayor. Y es casi imposible no verlas tras constatarse el cambio de postura aparente del Supremo, que repentinamente se ha sumado a la posición de la Abogacía del Estado, en contra de todos los jueces de instrucción y de la Fiscalía.

Criterio político
Y de la propia Abogacía, que sostuvo también la acusación de rebelión hasta que hubo un relevo en la cúpula de la institución y el criterio del Gobierno se impuso al que hasta entonces mantenía: que Sánchez prefiriera obviar el delito de rebelión es una cosa; que ese criterio se imponga en la Abogacía y a la vez en el Supremo, otra muy distinta. Y muy grave.

El Supremo ha aplicado al final el criterio político del Gobierno, que movilizó a la Abogacía del Estado para lograr esta sentencia

Lo cierto es que en Cataluña hubo una conspiración, sostenida en el tiempo e institucionalizada, por acabar con la Constitución e imponer la independencia unilateral de Cataluña. Y lo cierto también es que eso se hizo con enorme violencia y con la dirección de los ahora condenados, de las instituciones que dirigían y del dinero público que manejaban.

Y esa parte ha quedado sonrojantemente impune, sin ningún argumento jurídico ni político suficiente. Si al menos sirviera para detener el procés y situar al soberanismo en un marco de aceptación del Estado de Derecho, tendría algo de sentido, aunque seguiría siendo un razonamiento ajeno al que debe mover al Supremo.

Pero es que además eso no está nada claro. Sería absurdo rebajar las consecuencias penales de tantos excesos para, al final, redoblarlos. Y nada indica que no vaya a ser así.

El tercer pago de Sánchez a los independentistas
Carlos Dávila okdiario 15 Octubre 2019

Esta es la sentencia generalizada que se tiene en medios jurídicos tan independientes como solventes, tras el conocimiento pormenorizado de la decisión del Supremo. No hay que explicar que los condenados llevan ya dos años en la cárcel, que la concesión de posibles beneficios penitenciarios depende de la Administración de Justicia catalana, y que ya hay precedentes de cómo entiende ésta la aplicación del tercer grado. Véase si no el caso de Oriol Pujol que tiene la prisión sólo como dormitorio pagado por el Estado, y que no ha sido afectado en absoluto por la negativa del juez de Vigilancia Penitenciaria que, en coincidencia con el fiscal, adujo que no había motivos para conceder el tercer grado al estafador. “¡Ah!- dijeron- ¿qué no quieren el tercer grado?; vale, nos acogemos a otro artículo del Reglamento Penitenciario y le sacamos del trullo”. Pues bien: esto es lo que se teme con los sediciosos -ya no hay por qué llamarles presuntos- de octubre de 2017.

Una corriente de impunidad, a lo mejor excesiva, está recorriendo ahora mismo las opiniones de múltiples juristas que esperaban otra cosa de la expresión detallada del Supremo. Lo mejor que puede decirse de ella es que iguala las penas de prisión a las de inhabilitación, con lo que Junqueras y su cuadrilla de facciosos no podrán ocupar cargo alguno en mucho tiempo. Ahora bien: ¿qué importa al movimiento rebelde tal limitación? Pues una higa. Hace unos días, un componente muy efectivo (lo digo por su extremada violencia) de los CDR, Comités de Defensa de la República, se adelantaba a la sentencia del Supremo y amenazaba así: “Si el Estado condena a nuestros dirigentes, su sangre, como la de los cristianos, forjará nuevos mártires”. Con dos. Y en eso están. En eso, y obligar al Rey a que se entreviste con el jefe actual de los sediciosos. ¿Habrase visto mayor desvergüenza?

Habrá que constatar ahora que decisión toma el Parlamento regional en el Pleno convocado para esta semana. ¿Hará una nueva declaración de independencia? Aunque muchas opiniones catalanas aseguran que esta vez no se atreverán a cometer tamaño desmán, visto, por ejemplo, que le ha ocurrido a Forcadell, la presidenta títere que promocionó aquella moción, no hay que tenerlas todas consigo. Puede suceder de todo en ese desafío a primera sangre que han desatado los independentistas. Esta ya es una guerra, aunque afortunadamente aún sin víctimas, y quien llama a la guerra, no tiene en cuenta sus consecuencias.

Por lo demás, los analistas más juiciosos de la política española, incluidos juristas de todo jaez, están afirmando ahora mismo que, tras la sentencia de Marchena y de sus colegas magistrados, anida una muy preocupante realidad política: “Este -me dicen- es el segundo pago de la cuenta que tiene pendiente Sánchez con los independentistas que le votaron en la moción de confianza”. Siguen: “El primer pago fue el de Navarra cumplido a rajatabla con el PNV y con Bildu; ahora tocaba Cataluña”. De repente, el extraordinario juicio que se hacía hasta el momento de Marchena, se ha tornado en una crítica indisimulable. También me dicen; “Se ha plegado o, ¿es que no quiere ser presidente del Tribunal Supremo? ¿O es que no sabe que para ello necesita el apoyo del PSOE”.

No se responda a estas proposiciones argumentando que Marchena sólo ha sido una víctima de su pasión por la unanimidad; no, lo cierto es que su sentencia, la de todos los magistrados, no contiene un solo párrafo que advierta sobre la indecencia que sería ofrecer el tercer grado inmediatamente a los ahora condenados. Sánchez ha presionado indignamente como es él y ha conseguido una victoria, por eso ahora se muestra ufano diciendo que no hay que hablar de indultos, porque, ¿para qué indultos que son muy incómodos para el Gobierno, si los condenados estarán pronto en el carrer?

El Supremo ha abaratado, eso es inequívoco, el comportamiento de unos individuos que, desde el Estado mismo, que no otra cosa es la Generalitat, se han alzado contra el propio Estado. Eso ningún artículo del Código Penal podía preverlo. España ha parido un ratón y los golpistas se han mofado de nosotros.

Acatamos, pero discrepamos: hubo rebelión
OKDIARIO 15 Octubre 2019

Desde el reconocimiento a la profesionalidad de los magistrados de la Sala Penal del Supremo, muy especialmente a la de su presidente, Manuel Marchena, OKDIARIO discrepa de los argumentos jurídicos que han determinado que los políticos catalanes y dirigentes de asociaciones civiles que pretendieron subvertir el orden constitucional cometieron un delito de sedición y no de rebelión. Los argumentos del Alto Tribunal se fundamentan en dos cuestiones clave: hubo violencia, pero no "instrumental, funcional y preordenada de forma directa" y el eventual propósito de los condenados "era una mera quimera", porque "eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el legítimo derecho a decidir no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano".

El Tribunal Supremo entiende que dado que el Gobierno "mantuvo en todo momento el control de la fuerza militar, policial, jurisdiccional e incluso social", los líderes políticos y asociativos lo que pretendían en realidad era "presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular". O sea, que, según el Supremo, la propia fortaleza del Estado en los niveles legislativo, ejecutivo y judicial hizo inviable la subversión del orden constitucional y, en consecuencia, los acusados no buscaban tanto alcanzar la independencia, sino forzar al Gobierno a aceptar sus pretensiones. Se trata de un peculiar juicio de valor sobre las intenciones de los cabecillas que ha servido para rebajar considerablemente sus penas. Dicho de otro modo: los acusados se han visto beneficiados de la propia fortaleza del Estado de Derecho, que convirtió sus plan es en una "quimera". Sorprendente.

Desde el respeto a la sentencia, ese argumento parece extremadamente forzado. En realidad, da la sensación de que para no romper el valor de la unanimidad en un fallo crucial como este, los magistrados conservadores que defendían la tesis, con Marchena a la cabeza, de que "hubo conspiración para la rebelión" aceptaron la opinión de los magistrados progresistas -que secundaban la calificación penal de la Abogacía del Estado- para que estos no emitieran votos particulares. Pero conviene recordar que la Abogacía del Estado cambió de opinión forzada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que rebajó la petición de "rebelión a sedición", al tiempo que trasladó a cárceles catalanas -asunto clave- a los acusados.

Es clave porque, dado que el Supremo ha rechazado también la petición de la Fiscalía de no aplicar beneficios penitenciarios a los acusados hasta que cumplieran la mitad de la pena, los condenados podrán disfrutar del tercer grado en breve. Pero la política de beneficios penitenciarios depende de la Generalitat de Cataluña. O sea, los mismos que han incumplido la ley y han sido condenados tendrán la última palabra. El presidente del Gobierno aseguró que no habrá indulto para los condenados, pero cuando decidió trasladar a los presos a las prisiones catalanas, en agradecimiento a su apoyo en la investidura, les hizo un regalo impagable.

Entre el respeto y la decepción
Editorial ABC 15 Octubre 2019

La sentencia deja claro que el problema se sitúa en la insuficiencia de la norma penal: el orden constitucional está penalmente indefenso ante los ataques del separatismo

Es innegable que la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre los acusados del «procés» ha decepcionado a amplios sectores de la opinión pública, que esperaban condenas por el delito de rebelión y largas penas de prisión para sus autores. La arrogancia e impunidad con las que Puigdemont, Junqueras y demás dirigentes del golpe separatista se condujeron en los meses de septiembre y octubre de 2017, unidas a la tardanza en la respuesta del Estado mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, crearon un estado en los ciudadanos de intolerancia a cualquier reacción que no fuera ejemplar. Pero cuando el Estado pone un conflicto en manos de los jueces es para que lo resuelvan conforme a la legalidad vigente. Quien quiere soluciones políticas debe confiar en las instituciones políticas y ponerlas en funcionamiento. La expectativa de una condena por rebelión se ha visto sustituida por una condena por sedición y malversación de caudales públicos, explicada en una sentencia extensa, motivada y creadora de una doctrina imprescindible para futuros acontecimientos.

Es una sentencia que requiere lectura y respeto. La clave de la decisión ha sido la valoración de la violencia que exige el delito de rebelión. Para los siete magistrados de la Sala Segunda hubo violencia en el asedio a la Consejería de Economía el día 20 de septiembre de 2017; y hubo violencia el 1 de octubre de 2017 con la fuerza empleada por grupos de ciudadanos para impedir a la Policía Nacional y la Guardia Civil el cierre de locales electorales. Sin embargo, tal violencia, a juicio del tribunal, no fue «instrumental, funcional y preordenada de forma directa» para el logro de la independencia. Esta valoración del tribunal se enmarca en su independencia de criterio como un poder no político. El problema se sitúa en la insuficiencia de la norma penal, hasta el extremo de que se puede afirmar que el orden constitucional está penalmente indefenso ante los ataques del separatismo. Ataques que no tienen forma de guerrilla en los caminos, ni de asaltos armados a los edificios públicos, sino de leyes aprobadas en el Parlamento, decretos emanados del Gobierno, subvenciones millonarias para políticas desleales y competencias autonómicas ejercidas traidoramente. No hay que engañarse. La impunidad de la rebelión contra el Estado y desde el Estado tiene causas concretas. Principalmente fue la aceptación de la enmienda nacionalista que, en 1995, introdujo la violencia en el delito de rebelión, para dejar a salvo a los nacionalismos que gobernaban el País Vasco y Cataluña, por si algún día se les ocurría declarar la independencia en sus Parlamentos. Como así hicieron, con distintas apariencias.

La opción de convertir a la Sala Segunda del TS en diana de acusaciones es lo que quiere el nacionalismo separatista. Y así desviar el foco de la realidad y dividir a la sociedad. Y la realidad es que quien era vicepresidente de la Generalitat en 2017 hoy está condenado a trece años de prisión y otros tantos de inhabilitación, por sedición y malversación. Y quien entonces era presidenta del Parlament está condenada a once años y seis meses de prisión y otros tantos de inhabilitación, por sedición. Y, en fin, quien era presidente de la Generalitat hoy está pendiente de una euroorden de detención y entrega más factible que la del año pasado. Muchos ciudadanos esperaban más años de cárcel, pero cuando empezó este proceso separatista se daba por hecho que les saldría gratis. También por esto es importante que las condenas no se vean burladas con la aplicación de permisos y grados penitenciarios precipitados. La Sala Segunda emplaza al fiscal a que controle e impugne las decisiones ilegales que adopten las autoridades penitenciarias catalanas con los presos condenados.

Las instituciones democráticas deben tomar nota de que el Estado tiene que mejorar su defensa legal. ETA empezó a escribir su epílogo con la ley de Partidos Políticos, que a tantos españoles sensibles pareció un despropósito inconstitucional y una fuente de conflictos. Si realmente el PSOE, tras lo dicho ayer por Sánchez, va a mantener un discurso constitucionalista, no debe dudar en sumar votos con el PP y Cs para, a partir del 11 de noviembre, con el nuevo Parlamento, reformar el Código Penal y excluir la violencia como requisito del delito de rebelión y tener preparado un nuevo paquete de medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, porque el separatismo insiste en que hará otra vez lo mismo. El Estado no tiene tiempo que perder, no hace falta «esperar y ver» qué hace el separatismo, porque ya se sabe lo que ha hecho y hay que estar preparado.

El Supremo avisa a los políticos: "No estamos para resolver un problema histórico"
Los magistrados ciñen su actuación en lo penal y marcan su camino: «No nos incumbe ofrecer soluciones a un problema histórico».
Francisco Velasco. larazon 15 Octubre 2019

Cuatro meses y dos días han pasado desde que el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, pronunciara la frase «visto para sentencia» hasta que ayer se dictó la resolución que condenó por un delito de sedición en concurso con otro de malversación a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; a los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, 12 años de prisión y otros 12 de inhabilitación; a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, 11 años y seis meses; a Joaquim Forn y Josep Rull, 10 años y seis meses, y a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, nueve años de prisión. En cuanto a Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial. La sentencia absuelve a los acusados Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó del delito de malversación de caudales públicos.

Sobre el tapete de los magistrados pendía una cuestión que iba a ser el centro de todo el debate jurídico posterior. No había dudas en los magistrados que los hechos enjuiciados eran delictivos y, por tanto, sus responsables merecían un reproche penal. Sin embargo, la duda que planeaba desde el inicio siempre ha sido la misma, determinar si los hechos constituían un delito de rebelión o de sedición. Así, mientras el instructor de la causa, Pablo Llarena, creía que se trataba de un delito de rebelión, la Sala de lo Penal, a la hora de resolver los recursos siempre introducía la duda, «rebelión y/o sedición». Y a todo esto, la sentencia llega cuando estamos a pocas semanas del 10-N. Sobre este punto el TS afirma en el texto de la sentencia que «no nos incumbe ofrecer –ni siquiera sugerir o insinuar– soluciones políticas a un problema de profundas raíces históricas».

Al final, los magistrados han concluido que todo lo relacionado con los hechos violentos que se produjeron, de forma especial los ocurridos ante la Consejería de Economía y Hacienda, el 20 de septiembre, y los registrados el mismo día del referéndum ilegal, el 1 de octubre de 2017, no tuvieron la magnitud suficiente para catalogarlos como rebelión. Y ello, porque no se ha considerado que todo lo sucedido supusiera una amenaza real para romper el Estado constitucional.

Esta es la clave de por qué el Tribunal no ha estimado la tesis de la Fiscalía, quien no tenía dudas de que ese era, precisamente, el objetivo de los condenados y que la violencia utilizada era el medio con el que pretendían lograrlo. La sentencia, de esta forma, viene a suponer, de algún modo, una cierta desautorización a la Fiscalía y un clarísimo respaldo a los criterios que impuso la Abogacía del Estado cuando obligó a modificar la calificación y acusar por sedición en vez de rebelión, como era la pretensión inicial. Este ha sido el elemento de debate principal que han mantenido los integrantes del tribunal; una sentencia que, en definitiva, viene a refrendar los postulados del Gobierno. Ahora, esta resolución ya es directamente ejecutable, aunque queda el fleco en lo que afecta la inmunidad que planteó Oriol Junqueras ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; una vista que, precisamente, tendrá lugar mañana, pero cuya decisión tardará todavía unos meses. Los más que probables recursos ante el Tribunal Constitucional no tienen efectos suspensivos y, al superar las penas los cinco años de prisión, el TC no acordaría en ningún caso esa medida. Los recursos ante el Tribunal garante de los derechos fundamentales es algo más que seguro, por la sencilla razón de que es imprescindible agotar la vía judicial interna antes de poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en el fondo, es donde los hoy ya condenados y los partidos y asociaciones independentistas han tenido puestas todas sus esperanzas. Por ello, el Tribunal ha tenido siempre en el fondo de sus actuaciones no dejar abierta ni una rendija para que dentro de unos años el Tribunal de Estrasburgo pudiese enmendarle la plana, con el descrédito que ello supondría para la Justicia española.

En todo caso, la decisión final de esta causa, que estará en manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberá esperar algunos años. En primer lugar, porque, como se aludía anteriormente, es necesario agotar la vía en el Tribunal Constitucional. Una vez que se presenten los recursos, lo normal es que se admitan a trámite, dada la trascendencia de este procedimiento. Posteriormente, se daría traslado de la misma a la Fiscalía y Abogacía del Estado para que informasen lo que consideren oportuno, donde a buen seguro, se opondrán a todas y cada una de las alegaciones. A continuación, el magistrado que sea designado ponente deberá elaborar una propuesta que sería la que, finalmente, se debatiría en el Pleno. Si se tiene en cuenta el «tempo» con el que resuelve el Tribunal Constitucional, no es descabellado señalar que dos o tres años sería el plazo mínimo para fallar esos recursos. Después, si son rechazados, ya sí podrían acudir al Tribunal de Estrasburgo, y allí los plazos no son precisamente rápidos. Si un aspecto ha quedado claro en la sentencia, aparte de lo relacionado con el uso de la violencia y los hechos tumultuosos acaecidos, es que los condenados sabían que sus planes de alcanzar por la vía unilateral la «República catalana» era pura quimera, pura ficción en su imaginación y que, además, traería consecuencias. Los magistrados lo reflejan de forma más que significativa en pocas frases: «Eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como ejercicio legítimo del “derecho a decidir”, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano... los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una República soberana, desconocían que el “derecho a decidir” había mutado y se había convertido en un atípico “derecho a presionar”».

Se trata, además, de una sentencia que supone un claro aviso a navegantes para que se compruebe que no acatar las decisiones del Tribunal Constitucional tiene consecuencias; un aviso, por ejemplo, al actual presidente del Parlament, Roger Torrent, quien ha sido requerido precisamente hace menos de una semana –al igual que el resto de integrantes de la Mesa– para que no tramite ninguna proposición relativa al «derecho a decidir» o contra la Corona. Los hechos reflejados en la sentencia relativos a su antecesora, Carme Forcadell, quizás le ayuden a ilustrarse y a no arriesgarse con tomas de decisiones que pueden afectarle, y no de forma positiva, precisamente, en un futuro no lejano. Cuatro meses y dos días para sentenciar unos hechos, pero no para juzgar a todos los que pueden tener responsabilidad en los mismos. Falta que, por ejemplo, que Bélgica entregue a Puigdemont. Las autoridades judiciales belgas se quedan sin argumentos y el President puede averiguar su futuro en España si es entregado y puesto a disposición de la Justicia española... entre rejas. Y, junto con Puigdemont, otros seis lograron burlar la acción de la Justicia dándose a la fuga. Optaron por poner distancia por medio antes de compartir la suerte con quienes fueron sus compañeros de política. Ayer, el Tribunal Supremo, puso punto y seguido al «procés».

'Día d': insumisión con selfies
RAÚL DEL POZO El Mundo 15 Octubre 2019

Pedro Sánchez ha resumido con precisión el desenlace de la eterna gotera separatista: "Se confirma el naufragio de un proyecto político". Los dirigentes del nacional-populismo respondieron con la deslealtad de siempre y dieron el santo y seña para tomar las calles y las redes con dos palabras: "Tsunami democrático". "Estés donde estés, detente, sal a la calle". No hacen falta más explicaciones, ideas o conceptos. Ayer dieron estopa a una señora con la bandera de España y armaron follón con palabras y corte de calles. Sentadas en el Prat, barricadas en las vía del AVE, cancelación de vuelos, cargas, heridos. Siguieron el bloqueo al estilo Hong Kong, en el día d mientras se hacían selfies.

Que los mossos hayan cargado con gases lacrimógenos a los héroes del Prat es una señal de que el procés se está debilitándose y que los CDR tienen miedo de su propio temor; aceptan la resistencia pasiva porque ya no tienen «trastornada la razón» como se dijo de los separatistas. Saben que al Gobierno le daría votos la Ley de Seguridad y que la kale borroka los llevaría muchos años al chabolo.

Los sketchs, las sobreactuaciones, los discursos lloricas no han sido la chispa de una nueva insurrección, de momento. En pleno diluvio de victimismo y desplantes ante la sentencia, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, esta vez ha sorprendido por su sensatez al decir: "Quienes tienen responsabilidad institucional se deben sentar a dialogar". "Los comun no participarán en sobreescenificciones, ni de llamadas retóricas, propuestas inciertas o irreales para reaccionar ante la sentencia". Luego ha matizado su primera declaración calificando de cruel y vengativa la sentencia. Pero apenas conocerse el fallo los políticos a sueldo del Estado lanzaron una sarta de mentiras, informaciones falsas y titulares sin texto. Oriol Junqueras, desde la cárcel, dijo que la sentencia no es justicia sino venganza. Pere Aragonès declaró que el fallo sentencia a todo el mundo. Rufián comentó que es una salvajada, la mayor agresión contra Cataluña desde el fusilamiento de Companys. Todos los políticos separatistas incurren en la verborrea retorcida, fanática, injuriosa, de martirologio. Siguen provocando al Estado exigiendo amnistía y autodeterminación , insisten en la ilegalidad.

En política el pico es tan importante como la idea, aunque las voces estén llenas de falsedad. Mallarmé, antes de la era digital, ya decía que las palabras tienen la suficiente fuerza para resistir la agresión de las ideas. Claro que los poemas se escriben con palabras, pero para tomar el poder se necesitan ideas y valor, no consignas para teléfono móvil o iPad. Con la sentencia del TS nos espera una nueva granizada de verborrea.

Un fallo unánime que no contenta a nadie

 larazon 15 Octubre 2019

El fallo dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no ha sido recibido, precisamente, con la unanimidad de criterio que buscaban los magistrados. Todo lo contrario, y descontando la prevista reacción de los nacionalistas catalanes, ha causado cierta perplejidad en amplios sectores del propio ámbito judicial y, por supuesto, entre una parte de la opinión pública incapaz de discernir conceptos tan abstractos como la funcionalidad de la violencia cuando la misma sentencia considera acreditado que esta se produjo y se desarrolló en numerosos episodios.

Es cierto que la reforma del Código Penal llevada a acabo por el Gobierno socialista de Felipe González fue objeto de una enmienda impulsada por la entonces senadora Pilar Rahola, que introdujo la exigencia del concurso de la violencia en la tipificación del delito de rebelión, equiparando la vieja rebelión institucional de nuestros códigos, la que se producía desde un sector del poder civil, con los clásicos pronunciamientos militares. Detrás de esta distorsión que, a la luz de la reciente experiencia, no es difícil de calificar, se encuentra el contrasentido ontológico de que una acción tendente a romper la unidad territorial de España, derogar la Constitución en Cataluña y hacer tabla rasa del ordenamiento jurídico, es decir, un golpe de estado en toda regla, pueda ser considerada por nuestros jueces como un delito de sedición, referido al orden público, aunque para ello haya que perderse en arabescos procesales y en interpretaciones al filo del juicio de intenciones.

Interpretaciones que llegan hasta el punto de negar la voluntad expresada y reconocida por los propios procesados de obtener la secesión del Principado, tal y como había quedado expuesto en la «Declaración unilateral de Independencia» aprobada por el Parlamento autónomo de Cataluña a instancias de la Generalitat. En este sentido, que el Jefe del Estado, Don Felipe VI, tuviera que comparecer ante el pueblo español para trasladarle la absoluta certeza de que las instituciones defenderían la democracia y la soberanía nacional, demuestra que, en aquellos momentos, en Cataluña se estaba produciendo algo más que un problema de orden público o, al menos, era percibido de manera muy distinta por la mayoría de los ciudadanos.

Así, si podía ser loable la búsqueda de la unanimidad de los jueces actuantes ante un procedimiento de tanta trascendencia, en el que, además, convenía no dejar resquicios a ulteriores interpretaciones de la Justicia europea y que ha sentado jurisprudencia sobre el inexistente derecho a decidir, cabe preguntarse si el resultado está en consonancia con el esfuerzo. Por supuesto, está lejos de nuestro ánimo desmerecer la labor de unos magistrados que, como no podía ser de otra forma en un Estado de Derecho como el nuestro, se han constituido la principal línea de defensa de la democracia española, pero sí entendemos legítimo llamar a la reflexión sobre si esas demandas de consenso –ya experimentadas por el Tribunal Constitucional y por el propio Gobierno de la Nación cuando solicitó al Senado la aplicación del artículo 155–, no han trabado en demasía las decisiones que era preciso tomar.

Hay, asimismo, en la unánime sentencia otros aspectos que provocan controversia general, cuando no evidente disgusto entre los miembros de una Fiscalía, que, dicho sea de paso, ha visto como el fallo admitía la existencia probada del componente de violencia, para, a continuación, ver como se desestimaba la condena por rebelión. Nos referimos a la negativa del tribunal sentenciador a establecer medidas cautelares que aseguren, al menos, que la progresión de grado de los reos condenados se haga desde el cumplimiento cabal del Reglamento Penitenciario, acotando las previsibles maniobras de la Generalitat de Cataluña, que tiene transferidas las competencias de Prisiones, para favorecer las condiciones de encierro de los reclusos.

Como ya hemos mantenido desde estas mismas páginas, somos perfectamente conscientes de los padecimientos que supone el cumplimiento de una pena de prisión y de que, de acuerdo al principio constitucional, la misma debe orientarse a la educación y reinserción social del delincuente, pero, precisamente por ello, debemos insistir, frente a falsos humanitarismos, no sólo en la gravedad de los hechos juzgados, sino en la contumacia con que justifican sus actuaciones y la ausencia del menor arrepentimiento. Y, si bien la reacción de los principales líderes políticos españoles, comenzando por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha sido la de acatamiento claro de la resolución judicial y el compromiso de que se cumplan las penas de prisión dictadas, no es posible obviar que en la pugna política y en la conformación de las mayorías parlamentarias pueden saltarse lo que hoy parecen determinaciones claras. Si nunca deberían entrar en la negociación política cuestiones tan graves como la privación de libertad de cualquier persona, en este caso, con unos partidos nacionalistas empeñados en mantener la estrategia de la tensión y del enfrentamiento institucional, cualquier cesión significaría una derrota del Estado de derecho.

Porque cuando desde diversos sectores sociales se afirma que la sentencia del Tribunal Supremo supone un cambio de ciclo político en Cataluña y en el resto de España, parece olvidarse que la realidad en el Principado es la de unas instituciones, la Generalitat y el Parlamento, en manos de quienes mantienen su discurso de desafío a la Constitución, por más que, como se demostró con las movilizaciones de protesta de ayer, alentadas por el mismo presidente del Gobierno autónomo, Joaquim Torra, pero apenas seguidas por unos millares de ciudadanos, una gran mayoría de los catalanes desee la normalización de su vida cotidiana y que sus gobernantes trabajen por el bienestar de todos.

No digáis que fue un sueño
Ignacio Camacho ABC 15 Octubre 2019

El aspecto más polémico de la sentencia del procés no son las penas sino la afirmación de que la revuelta no iba en serio, que era «una mera ensoñación» simbólica, una táctica de presión, un señuelo, y que el orden constitucional y la integridad nacional no corrieron riesgo porque el Estado mantuvo el control en todo momento. No se lo pareció así a las miles de empresas que huyeron, ni a Felipe VI cuando salió a defender el principio de autoridad ante el colapso que el referéndum había provocado en la capacidad de reacción del Gobierno. Un Rey no se juega la corona por unos disturbios callejeros; si intervino fue porque era consciente de que la convivencia estaba en juego. La mayoría de los ciudadanos compartió esa sensación de que el proyecto de la España que conocemos se iba por el sumidero. La tesis de que todo fue un artificio estratégico la usaron los acusados en su lógico intento de minimizar los hechos, pero para sorpresa general es la que ha terminado aceptando el Supremo. Quizá ni los mismos separatistas esperasen su éxito.

Sucede además que el veredicto incluye entre sus fundamentos de derecho -donde el ponente Marchena ha incluido una contundente y brillante refutación de las acusaciones de parcialidad del proceso- la evidencia de que el movimiento independentista fue un ataque a la soberanía indivisible del pueblo. Y es difícil de entender que si se cuestionaba el poder constituyente, el sujeto soberano, no se produjese una insurrección -un golpe- contra la base de nuestro marco democrático. Éste era el bien jurídico protegido, mucho más importante que el orden público subvertido por el alzamiento tumultuario. El tribunal se ha atenido a esta última figura porque la encuentra mejor incardinada en el relato de hechos probados; lo que resulta contradictorio, al menos en apariencia, es que el fallo admita que hubo un plan de ruptura orquestado desde el poder a través de la movilización de masas y el ámbito parlamentario; que se aprobaron leyes de desconexión que incluían la abolición de la Monarquía y que se pretendió implantar una legalidad paralela bajo un modelo republicano, y que sin embargo nada de eso alcance para apreciar siquiera una tentativa de rebelión contra el Estado.

El condicionante esencial de la decisión ha sido, en primer lugar, la dificultad de encajar la violencia ocasional como requisito necesario para una condena de grado máximo; en segundo término, el empeño de la Sala en hallar un consenso interno, y por último el imperativo de la interpretación más garantista, in dubio pro reo. El resultado, unido a la previsible gestión de la pena por los propios cómplices de los presos, dejará a muchos españoles una cierta decepción, una impresión agridulce de apaño intermedio. Y lo peor es que a otros, que también son españoles aunque no quieran serlo, no les va a bastar para sentir un mínimo arrepentimiento.

El proceso sigue vivo
Cayetano González Libertad Digital 15 Octubre 2019

La realidad es que, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo después del juicio a los políticos catalanes que protagonizaron hace dos años un intento de golpe de Estado, el mundo independentista se ha sentido aliviado, por mucho que tengan que disimularlo, unos desde las algaradas callejeras y otros desde las instituciones. El proceso independentista sigue vivo, y un poder del Estado de Derecho, el Judicial, a través de su máximo tribunal, no ha modificado su rumbo con una sentencia que no queda otro remedio que acatar, pero con la que muchos ciudadanos españoles no estarán de acuerdo.

En contraposición a ese alivio del mundo independentista, esos ciudadanos españoles que asistieron atónitos a aquellos hechos sentirán una gran frustración y pensarán, con razón, lo barato que sale echar un pulso al Estado, tratar de subvertir el orden constitucional para conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.

Se ha dicho siempre que la Justicia, así con mayúscula, tiene que ser, en primer lugar, justa, pero también ejemplarizante. Es decir, debe tener un efecto disuasorio en la población para que nunca más se intente cometer el mismo delito. Me temo que, en el caso que nos ocupa, los cabecillas independentistas –qué papelón, por cierto, el del huido Puigdemont– no se sentirán muy coartados por la sentencia, lo cual no implica que vuelvan a repetir los mismos actos que en setiembre y octubre de hace dos años, referéndum ilegal incluido.

Desde un punto de vista político, la sentencia le viene de perlas a Pedro Sánchez. El eje Sánchez-ERC sale fortalecido. Mucho más si, a través de los mecanismos convenientemente utilizados de la legislación penitenciaria –hay que recordar que la competencia en esta materia está transferida a la Generalitat–, nos encontramos con que dentro de muy pocas semanas o meses la mayor parte de los condenados podrán acceder al tercer grado penitenciario y disfrutar de los correspondientes permisos. Lo de menos es que estén inhabilitados para ejercer cargos públicos; lo de más es que, una vez pongan un pie en la calle, asistiremos a su ensalzamiento popular como unos héroes que lucharon y que sufrieron cárcel durante un tiempo en pro de la libertad de Cataluña. Es decir, a unos ongi etorris en versión catalana.

Sánchez respirará tranquilo, y si tras las elecciones los números le dan, formará el Gobierno de Frente Popular que no quiso hacer en julio. Un Gobierno integrado por PSOE, Podemos, Más País, PNV y que, si fuera necesario –la sentencia ha allanado el camino para ello–, contaría al menos con la abstención de los diputados de ERC. Un Gobierno que tendrá como uno de sus principales objetivos llevar a cabo la segunda transición, para lo que sólo falta acabar de enterrar la primera, y a partir de ahí cuestionar muchas cosas, Monarquía incluida.

Ante este panorama ciertamente desolador, los ciudadanos de a pie tienen muy pocos medios para reaccionar. Pero uno de ellos es crucial: el voto.

El próximo 10 de noviembre existe la posibilidad de parar esta demolición de la España constitucional. Para ello, en primer lugar es necesaria la movilización de todos aquellos ciudadanos que quieran formar parte de ese dique de contención. Hay que dejar al lado el cansancio y el hastío que los actuales políticos producen e ir a votar. Y hacerlo a cualquiera de las opciones políticas que defiendan claramente, sin complejos, la unidad de la Nación, la libertad y la igualdad. Francamente, no descubro nada nuevo si digo que a mí personalmente me salen sólo tres opciones: PP, Ciudadanos y Vox. Que cada cual vote a quien considere mejor o menos malo, pero que vote.

Los límites del Estado
FERNANDO PALMERO El Mundo 15 Octubre 2019

La sentenvia del Tribunal Supremo sobre el golpe institucional de septiembre y octubre de 2017 marca los límites del Estado y certifica su incapacidad para evitar su propia implosión. Nada permite pensar en la continuidad a medio plazo de la estructura política que se dio la nación española en la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado. Porque después de que el Poder Judicial haya desplegado sus mejores recursos en una instrucción rigurosa, una acusación perfectamente armada por la Fiscalía, un proceso garantista impecable y una sentencia dictada conforme a ley por unanimidad de los siete magistrados de la sala, es muy probable que los condenados salgan de prisión en breve -merced a la transferencia competencias autonómicas- y continúen su, ya lo han advertido, inaplazable proyecto secesionista. Incluso inhabilitados. Sería un error, sin embargo, culpar de todo a la Justicia. Porque es el Estado, a través de los tres poderes que lo articulan, el que se ha mostrado impotente para desarmar a las fuerzas que, desde Cataluña y País Vasco, amenazan con cuartearlo.

Fracasó ya el poder Legislativo, incapaz de elaborar un Código Penal que tipifique de manera actualizada, clara y sin ambigüedades los intentos de secesión de una parte del país. Con violencia o sin ella. Y que imponga severas penas (sin privilegios penitenciarios) para quien pretenda romper el sistema de derechos, libertades y bienestar, sostenido sobre la solidaridad territorial e inimaginable para todos hace 40 años. Tampoco han logrado los parlamentarios ponerse de acuerdo y modificar una ley electoral que imposibilita la creación de gobiernos representativos y estables.

Pero fracasó, también, el Ejecutivo. Primero el de Rajoy. Durante seis años. Luego el de Sánchez. Ninguno fue capaz de impedir la creación, mediante el desvío de dinero público, de estructuras de Estado paralelas de un gobierno autonómico declarado en rebeldía. El 155, que pasó como la luz a través del cristal, y el proceso de promesas y diálogo con el Govern de Torra se mostraron igual de imprudentes. E ineficaces.

El Estado puede aún reaccionar. O dejar que se consumen de facto las independencias vasca y catalana en una Europa donde las viejas naciones no son ya garantía de nada. Sánchez, Rivera y Casado han desperdiciado una oportunidad única para afrontar las reformas constitucionales necesarias antes de que los populismos de izquierda y derecha sigan horadando las instituciones. La sentencia del TS cierra el ciclo de respuestas de los tres poderes al separatismo. Todas, insuficientes.

¿Sin propósito de no delinquir, cabe el tercer grado penitenciario?
“La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes” Carlos Malato
Miguel Massanet diariosigloxxi 15 Octubre 2019

No vamos a entrar en la compleja sentencia dada a conocer este lunes por el TS, por aquello de que “Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder” cuyo origen se encuentra en la Doctrina Cristiana, nombre del catecismo del padre Astete (1537-1601) y es evidente que, una sentencia de casi 500 folios, puede tener mucho que analizar, poco que rectificar (dada la solvencia de los magistrados del TS que la han redactado) y el grave peligro de tener la intención, muy peligrosa, de intentar meter cuñas de propia cosecha en un documento que, a juicio de juristas y expertos en la materia se ha elaborado con suma prudencia, exquisito respeto por la Ley y con la pretensión de que resista inconmovible cualquier recurso que pudiera hacerse, por la defensa de los condenados, ante el TC y el tribunal Europeo de Defensa de los Derechos Humanos.

Soy de los que opina que la sentencia que se ha dictado quizá pudiera haber sido más dura, menos pusilánime, si se me permite la expresión, y más de acuerdo a lo que fueron, en realidad, aquellos acontecimientos en los que, por lo manifestado por los políticos que los dirigieron y por su clara intención de buscar como objetivo primordial el separar a Cataluña de España, usando para ello a una ciudadanía, la catalana, a la que se la tomó el pelo haciendo creer la simpleza de que, con un referendo ilegal dirigido desde la Generalitat, ya debería haber bastado para que la depuración que era preciso hacer en las instituciones catalanas hubiera sido más radical, más precisa y, por supuesto, más integral; de modo que la remodelación hubiera sido suficiente para que España quedara libre de la amenaza separatista o, al menos, con la tranquilidad de que desde Cataluña no se volverían a reproducir desafíos como los que sus políticos no han parado de llevar a cabo en contra de España y de su Constitución. La aplicación del Artº 155 de la Constitución debió de haber sido suficiente para que, los separatistas y nacionalistas catalanes, desistieran de su vano intento. No fue así y se puede decir, sin temor a equivocarnos, que la rápida retirada del 155, tomada por el gobierno de Rajoy presionado por el resto de partidos y el convocar elecciones autonómicas para un plazo de dos meses, se puede considerar como uno de los mayores errores de la política y los gobernantes españoles en relación con el problema autonómico, motivado por los separatismos catalán y vasco.

En cualquier caso nos gustaría hablar, no precisamente de las penas que se les han impuesto a los distintos encausados por el TS que, sin llegar a las que hubieran sido mucho más duras si el delito que se les hubiera aplicado a los actores responsables de los hechos del 1.O en Cataluña, hubieran sido condenados por el delito de rebelión en lugar de serlo por el de secesión; que se pueden considerar suficientes, de las consecuencias de que estas condenas vayan a ser cumplidas por los políticos delincuentes en cárceles de la comunidad catalana donde, de todos es conocida, la forma especial, distinta a la del resto de reclusos y evidentemente saltándose las normas, en cuanto a los derechos de los presos ingresados en ella; durante el tiempo, casi dos años, en el que los inculpados han permanecido en calidad de prisión preventiva.

Hay algo que nos llama poderosamente la atención. Según se deduce de la mentada sentencia los condenados van a poder cumplir sus respectivas condenas en penitenciarías sitas en territorio catalán, en cuyas instituciones penitenciarias van a tener ocasión de presentar sus peticiones, al menos algunos, por haber cumplido ya la parte de su sentencia para tener opción a los beneficios del “tercer grado”, siempre que la Junta de Tratamiento correspondiente, que lleve su seguimiento y el Juez que deba autorizar el tercer grado, lo estimen conveniente. ¿Acaso no nos fiamos de que en Cataluña, los condenados, se encuentren en “territorio amigo” y tengan más facilidades para conseguir la libertad provisional e incluso evitar las ocho horas que deberían permanecer obligatoriamente en la cárcel, si se prestan a ser controlado por medio del sistema telemático actualmente existente? Evidentemente que no dados los antecedentes del exquisito trato del que se han beneficiado los políticos condenados durante los meses que han estado internados en penitenciarías catalanas.

Sin embargo algunos todavía nos acordamos de aquel breve momento en el que el señor Junqueras se dirigió, en sede parlamentaria, al señor Pedro Sánchez para decirle, en voz baja “Tenemos que hablar”, a lo que nuestro presidente en funciones rápidamente le contestó “No te preocupes”. Unas breves palabras pero lo suficientemente explícitas como para dejar claro que el señor Sánchez tenía un plan. El cambio que ha experimentado en los últimos meses el panorama político en España, el viraje espectacular que el PSOE, a través de su secretario general, le ha imprimido a la política del partido; el abandono en el que ha dejado a sus antiguos socios “preferentes”, los de Podemos, de pronto convertidos en sus enemigos o el cambio del tratamiento que les dispensaba a los separatistas, cuando pensaba que iba a necesitar su colaboración para su investidura, ahora transformado en alejamiento y dureza, podrían hacer pensar que iba abandonar a sus suerte al señor Junqueras y sus acólitos, condenados (no se podía esperar otro resultado) por los trascendentales acontecimientos que tuvieron lugar en la comunidad catalana durante la presidencia del señor Puigdemont en la Generalitat.

La jugada de Sánchez no se basaba tanto en el indulto (no lo ha negado pero ha hablado de cumplimiento íntegro de la sentencia) de los condenados, algo difícil de justificar después de un juicio tan meticuloso en el que han quedado perfectamente probadas las causas de que todos los imputados fueran condenados por los hechos que se les imputaron pese a que el presidente en funciones en ninguna de las ocasiones en las que fue preguntado sobre los posible indultos a los políticos catalanes, en ninguna de las ocasiones lo ha negado . Seguramente se ha valido de la oportunidad que le ha proporcionado el TS al negarse a concederles, ninguna de las veces en que se le ha solicitado por los separatistas encarcelados, la posibilidad de salir de la prisión debido al riesgo de fugas que, desde la huida del señor Puigdemont ha sido una constante en cuanto a la concesión de permisos a dicho tipo de presuntos delincuentes soberanistas.

Cuando ya ha trascurrido una parte importante de su ingreso en las penitenciarías del Estado, estos señores están próximos a tener l tiempo de internamiento necesario para solicitar el “tercer grado”, al que seguramente fácilmente podrían acceder por las circunstancias de buen comportamiento, de no estar obligados a resarcimiento civil por daños causados etc. algo que correspondería a la Junta de Tratamiento de la penitenciaría correspondiente. Pero a nuestro juicio debiera de existir un punto muy importante que debería impedir que a estos señores se les concediera con tanta facilidad el tercer grado y se les permitiese regresar con sus familias. Lo que se busca de todo delincuente es su regeneración, su redención, salvar a una persona de sus instintos del mal regresarlo transformado y rehabilitado a la sociedad, para reintegrarlo a ella. Evidentemente que no podrían actuar en política por haber sido condenados a la inhabilitación para ostentar cargos públicos. Pero en el caso del señor Juncadella y sus compañeros de prisión no parece que exista el menor arrepentimiento; todos ellos han dicho y repetido mil veces que volverán a intentarlo en cuanto tengan ocasión. ¿Cómo una Junta de Tratamiento o un Juez de vigilancia penitenciaria pueden darle un tercer grado a unos delincuentes que amenazan con repetir los delitos por los que han sido condenados? ¿Qué arrepentimiento existe en estos casos o qué garantía se tiene de que no volverán a delinquir, si ellos mismos han dicho que volverán a hacerlo? Todos sabemos que no es necesario figurar en la primera fila de la política para poder seguir “mangoneando” en los temas políticos. Veamos la inhabilitación del señor Artur Mas que, no obstante haber quedado inhabilitado, ha seguido manejando sus hilos, sus influencias y sus consejos, aunque no haya podido aspirar a cargo político alguno.

Habrá que ver si, como parece indicar la sentencia, estos señores cumplen la condena que se les ha impuesto o, vean ustedes por qué especial razón, hallan los medios para que todo se convierta en un inmenso fraude a la Justicia y acabamos encontrándoles, a los pocos meses, circulando por las calles como cualquier otra persona decente sólo que, en este caso, por ser quienes son han recibido el pago a su fidelidad a las políticas del señor Sánchez y a su apoyo incondicional a la moción de censura contra el señor Mariano Rajoy. Ya queda poco para el día de las elecciones y el señor Sánchez no las tiene todas consigo debido al estancamiento que parece que existe en cuanto a sus perspectivas de obtener un resultado favorable, como parecía que iba a suceder hace apenas un mes. Todo es posible, como también lo es que, unos posibles condenados al ostracismo político, como parecía que eran los seguidores del señor Abascal, parezca que han resurgido de sus cenizas y con su discurso claro, diáfano, sin concesiones a la demagogia y seguros de que tienen a unos votantes que se han convertido en fieles seguidores a su partido, es muy posible que consigan unos resultados que ponga nerviosos a los seguidores de un señor Rivera que parece que está pasando por unos momentos que desmienten todos aquellos otros en los que su egolatría le hacía pensar en desbancar de su segundo lugar en las encuestas al PP del señor Casado. Es difícil, en política acertar si como ha venido haciendo el señor Albert Ribera, se dedica a picar de flor en flor, intentando sacar de cada una de ellas todo el néctar sin dar nada a cambio. Hasta sus seguidores más fieles se han dado cuenta de que no se puede hacer política pretendiendo pasarse de listo.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mucho no tememos que a unos señores que, por activa o por pasiva, vienen anunciando que seguirán intentando separar a Cataluña de España por medios ilícitos, se les pueda conceder un beneficio penitenciario, sabiendo que, a la primera ocasión que se les presente, volverían a hacer aquello por lo que han sido juzgados y condenados.

Nuestra sentencia
TSEVAN RABTAN El Mundo 15 Octubre 2019

El autor valora la sentencia del TS sobre el 'procés' como un triunfo del Estado de derecho frente al independentismo, que intentó imponer en Cataluña una democracia sin procedimientos

El artículo 117 de la Constitución proclama que la justicia emana del pueblo y se administra por los jueces. Buen día hoy para recordar no confundir al dueño con los encargados. Los españoles, para proscribir el despotismo y promover la libertad -ya saben, el asunto ese de la civilización-, acordamos que, de la limpieza de la casa común, es decir, de cumplir y hacer cumplir la ley, se ocupasen unos profesionales aburridísimos llamados jueces. Los jueces hablan por medio de sentencias, razonamientos encadenados sobre hechos probados que se ajustan a principios y procedimientos que se han ido depurando a lo largo de milenios. Sin embargo, antes de conocer la que todos estamos comentando, muchos la glosaron como componenda cobarde, mientras que otros, con idéntica intensidad, la calificaban como ejemplo de persecución de la disidencia política. Y así han seguido nada más conocerse su contenido, antes de tener tiempo material, no de reflexionar sobre sus argumentos, sino siquiera de leerla. Pero dejemos a los iluminados y descendamos a lo prosaico,utilizando los anteojos de un copropietario, y preguntémonos: ¿Esta decisión refuerza el edificio institucional o lo debilita? ¿Estamos más o menos protegidos? ¿Somos más libres o hay más riesgo de arbitrariedad? Y hagámoslo intentando situarnos en la posición del acusado ideal, capaz de la máxima probidad.

El Tribunal Supremo, además del delito indiscutible -la desobediencia- y del delito "técnico" -la malversación- tenía que escoger entre tres posibilidades legales a la hora de juzgar los hechos de septiembre y octubre de 2017: la absolución, la sedición y la rebelión. Para condenar, los hechos habían de adecuarse completamente al delito aplicando los criterios normativos y axiológicos propios de un derecho penal democrático; en caso de duda, debía optarse por la respuesta menos gravosa para los acusados; y ni las razones de Estado ni las consideraciones políticas debían tener hueco, porque los jueces no aprueban las leyes, sino que las aplican.

En la sentencia, el tribunal ha optado por la sedición. Nadie duda -ni los acusados- de que su fin último, la secesión sin reforma constitucional, es un fin prohibido. Tampoco hay duda de que los acusados utilizaron medios ilegales, parlamentarios y ejecutivos. Pero sí la había sobre la presencia de un alzamiento violento. Para defender que los acusados habían instado y contemplado una violencia decisiva para la consecución del fin prohibido se hacía preciso estirar los hechos artificialmente, convirtiendo algaradas no especialmente truculentas -compárenlo con lo sucedido en Francia con los llamados chalecos amarillos, por ejemplo- en el condimento que completaba el tipo. Pero el alzamiento violento no es una especia en la rebelión; es su ingrediente fundamental, el arroz de la paella. El Tribunal Supremo lo establece con claridad: la violencia en la rebelión ha de ser instrumental y funcionalmente adecuada para producir, por sí misma, el fin prohibido. Por sí misma, no se olviden de esta locución adverbial. De hecho, el tribunal ha ido más lejos -en el único punto relevante que no comparto- y ha considerado acreditado que el falso referéndum no buscaba la secesión, sino el chantaje, por lo que faltaría también el elemento intencional. Los jueces, para ello, se han basado en los testimonios de políticos secesionistas, en el del lehendakari Urkullu sobre los últimos días de octubre de 2017 y en el comportamiento, digamos, poco heroico de los acusados y los huidos tras la aplicación del art. 155 de la Constitución.

Por el contrario, los hechos sí se adecúan de manera natural y sin forzamientos a la sedición. Los encausados utilizaron la masa como elemento disuasorio frente al Estado. Fingieron -con una mendacidad chulesca- que intentarían evitar lo que estaban instigando e instigaron lo que no querían impedir: un escenario en el que se doblaba el espinazo a los tribunales. Algo especialmente grave porque ¡ellos también eran el Estado! De hecho, la sentencia reafirma el deber especial de las autoridades públicas de garantizar la persecución de actividades ilegales, más aún si se dirigen a dinamitar las instituciones. No se ha probado que quisieran y se representaran un alzamiento violento como palanca para la secesión, pero sí se describe en la sentencia una miríada de hechos, imposibles de interpretar de otra forma en su conjunto, que acreditan el diseño de un plan sedicioso completo, anclado en la deslealtad y el deseo de impedir u obstaculizar el trabajo de los servidores del Estado, que se desplegó por todo el territorio catalán. Las creencias últimas de los acusados sobre la consecución del objetivo final, la naturaleza tragicómica de sus andanzas y la posibilidad de que pudieran ser conscientes, a partir de cierto momento, de que estaban pedaleando en una bicicleta imaginaria, son nonadas a estos efectos. Como no importa -pese a que me cueste personalmente creer que no vivieran en el delirio de la inminente secesión a la vista de tanta manifestación infatuada urbi et orbi antes del hundimiento- si pensaron que el esperpento facilitaría sus carreras personales, si se rajaron a última hora o si buscaron desde el principio crear un escenario ventajista para una "negociación" con el Estado, como declara el tribunal. Lo que importa es su contribución nuclear en la creación de un escenario tumultuario de desconocimiento masivo de la ley y de las decisiones de los tribunales.

Es esta una sentencia de enorme vuelo, clara y ordenada, que responde de forma extensa y razonada a todas las alegaciones de supuestas infracciones de derechos fundamentales. Casi media sentencia se ocupa de esta materia. De hecho, el análisis del supuesto derecho a decidir, que refuta, para quien quiera leerlo sin orejeras ideológicas, la indigerible pasta que los secesionistas llevan vendiendo desde hace años, se convertirá en un texto de referencia por su apabullante brillantez.

En Marbury contra Madison, el caso más trascendental de la historia del derecho estadounidense, el presidente de su Tribunal Supremo, John Marshall, involucrado políticamente en la controversia, logró la proeza de que un acto gubernamental declarado válido e ilegal -derecho cuántico del siglo XIX- sirviese para parir una vacuna ubérrima: al atribuir al tribunal la facultad de declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley, fijó en mármol la supremacía de la constitución democrática escrita. La sentencia contestó la pregunta retórica "¿Para qué limitamos los poderes y por qué lo hicimos por escrito, si los afectados por esos límites pueden pasarlos por alto?" instaurando la máxima de John Adams: "Una nación gobernada por leyes, no por hombres".

Este famoso episodio constituye una página más del enfrentamiento secular entre democracia y dictadura, manifestado a menudo como guerra cultural. Muchos, en tantos lugares y tiempos, han disfrazado sus húmedos sueños tribales e ideológicos, trufados de esa siniestra aritmética que enciende las antorchas de la tiranía mayoritaria, vistiéndolos como la expresión más pura de la democracia. Este travestismo insidioso se combate insistiendo mil veces en que no existe la democracia directa -ni siquiera el referéndum lo es-, no existe la democracia sin procedimientos, no existe la democracia sin límites, y no existe la democracia sin ley escrita y sin control democrático. Cuando el gobernante busca legitimarse auscultando el latido del pueblo, que solo él es capaz de interpretar, alimentando la frustración y los instintos, para desbordar su poder legítimo y atribuirse capacidades originales, expropiando derechos e ignorando los límites que embridan y racionalizan la discusión de los conflictos políticos y sociales, reproduce, una vez más, el milenario camino fácil que tanto mal ha provocado en la historia de los hombres.

Como decía al principio, este es el remedio que la civilización se dio para evitar ese mal. El remedio no es la decisión concreta, sino la autoridad moral para dictarla y hacerla cumplir. Toda sentencia puede discutirse, también esta. Lo indiscutible es que es nuestra. De todos los españoles. La dictan los operarios, pero nos pertenece.

Tsevan Rabtan es autor de Atlas del bien y del mal (GeoPlaneta, 2017).

Las organizaciones separatistas provocan el caos en Cataluña con la complicidad de la Generalidad
Bloquean el Aeropuerto de El Prat, cortan el AVE entre Barcelona y Figueras y colapsan el tráfico en toda la región.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 15 Octubre 2019

Bloquean el Aeropuerto de El Prat, cortan el AVE entre Barcelona y Figueras y colapsan el tráfico en toda la región.
Graves disturbios y altercados en el aeropuerto de El Prat

El separatismo ha logrado provocar un caos mayúsculo en toda Cataluña, en algunos casos con la participación en los cortes de carreteras y asaltos a las estaciones de trenes de pocas decenas de personas y ante la contemplación pasiva de los Mossos, igual que en anteriores actuaciones de los Comités de Defensa de la República (CDR). En esta ocasión, el separatismo se ha dotado de otra entidad coordinadora, el Tsunami Democràtic, que ha organizado el colapso del Aeropuerto con el concurso de manifestantes violentos que se han enfrentado con la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.

Nada más conocerse la sentencia, funcionarios de la Generalidad y estudiantes universitarios se han lanzado a las calles de las principales ciudades catalanas. Con escasos efectivos han logrado alterar el tráfico en Barcelona y cortar las principales calles y avenidas, incluida la Gran Vía, el camino natural al Aeropuerto. Ese corte ha sido el pistoletazo de salida para que miles de separatistas, entre ocho y diez mil según los cálculos policiales, se hayan concentrado en el Aeropuerto de El Prat.

Mientras tanto y en otras localidades cortaban carreteras a placer sin que los Mossos entraran en acción más que para aplacar y en algunos casos amenazar a los transportistas que pretendían disolver por sus propios medios los piquetes independentistas. Los principales líderes separatistas, así como los miembros del gobierno regional, el presidente de la Generalidad y el del Parlament llamaban a la movilización a pesar de los incidentes, disturbios y graves alteraciones del orden público que se produjeron durante todo el día.

A pesar de la rebaja de cargos y penas al descartarse la rebelión, el separatismo se ha movilizado y respondido como si los acusados hubieran sido condenados a los años que pedía la Fiscalía. La hiperventilación de los principales dirigentes de Junts per Catalunya (JxCat) ha arrastrado a ERC, cuyos líderes han competido con sus socios en lenguaje belicoso.
Beneficios penitenciarios inmediatos

La indignación, sin embargo, no ha sido incompatible con las especulaciones en los medios afines al separatismo sobre la concesión inmediata del tercer grado a los condenados. Según los cálculos de la Generalidad, los Jordis, Cuixart y Sànchez, condenados a nueve años, pasarán la Navidad en sus casas mientras que el resto de presos tardarán sólo unos pocos meses más en acceder al tercer grado.

Entre tanto, la presión de los separatistas colapsaba el Aeropuerto, obligaba a cancelar más de un centenar de vuelos, alteraba la circulación de trenes de cercanías, cortaba el AVE entre Barcelona y Gerona y Figueras y provocaba fuertes retenciones en las principales carreteras y autopistas de la región. Los Mossos han cargado en el Aeropuerto y han llegado a disparar proyectiles de foam, pero su actuación en líneas generales se ha caracterizado por la contemplación de las actividades de los manifestantes.

En ningún momento ningún cargo de la Generalidad ni de la consejería de Interior ha instado a los manifestantes a protestar de forma pacífica y sin coartar los derechos de la ciudadanía. Miles de personas se han visto afectadas por el despliegue separatista ante la imprevisión de la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra y con la complicidad con los manifestantes de la administración autonómica. La previsión es que los disturbios se prolonguen durante toda la semana.
 

Ussía hace trizas a Dolores Delgado por una "sandez" más propia por un "intruso"
ESdiario 15 Octubre 2019

Alfonso Ussía no se ha cortado con Dolores Delgado.

El periodista no se ha contentado con pulverizar la imagen de la ministra de Justicia apelando a sus orígenes sino que ha lanzado una dura advertencia de lo que se le viene encima ahora.

Este martes Alfonso Ussía se aleja momentáneamente de los análisis de opinión de la sentencia del procés que inundan la prensa impresa y digital para centrarse en la ministra Dolores Delgado, por haber dicho que "la exhumación del cadáver de Franco significa la "primera victoria de la España vencida".

Frase "solemne y pedante" que, a juicio de Ussía, "es una sandez" porque "vencer a unos huesos que llevan alejados de la vida 44 años, no es una victoria. Es, en el caso que nos ocupa, una derrota del sentido común".

Con esos huesos, insiste, "han demostrado su ilimitada cobardía. Una victoria jamás es cobarde. Por otra parte, ustedes con su torpeza, han resucitado a quien vivió sobre esos huesos".
La ministra Delgado intenta humillar a la familia Franco en el Supremo para tapar el caos de Calvo

Para el periodista, "hablan de la primera victoria de la España vencida" pero "sabemos que otro, y muy diferente, es el objetivo de este combate contra un muerto".

Y pide a la ministra de Justicia que le explique "la victoria" porque "en casi dos años, la única obsesión como Presidente del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido la de desenterrar unos huesos de un lugar para enterrarlos en otro".

Sin embargo, ironiza, "conozco hechos históricos infinitamente más brillantes" por eso tiene claro que "su victoria, señora ministra, es una birria. Y una buena parte de los militantes, votantes y simpatizantes socialistas consideran que esa "primera victoria de la España vencida" es una farsa, una venganza, una fruslería".

Y ya que estaba recuerda a Delgado que "cuando Franco murió, usted era una niña rica, guapa y ajena a tanta tontería. La tontería la ha ido aumentando en los años que otros ensanchan su experiencia, su inteligencia y su sentido común. Es lo que sucede cuando su cargo depende de un intruso en la política, de un rencoroso obsesivo que cree haber vencido por haber derrotado a un muerto".

Por eso lanza una dura advertencia: "Se han equivocado, señora ministra. Mingorrubio se va a convertir en el epicentro de las visitas de aquellos que nunca fueron franquistas y ustedes se han inventado. Son ustedes los creadores del franquismo renovado, de los hijos de aquellos que, a favor o en contra, vivieron durante su mandato. Los huesos de Franco estaban muy bien enterrados en el Valle de los Caídos, olvidados por sus partidarios y sus detractores".

Así, concluye Ussía, "su victoria no es pírrica, sino inexistente".

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