AGLI Recortes de Prensa   Jueves 24  Octubre  2019

Sánchez utiliza el comodín de Franco para intentar tapar sus enormes fracasos
EDITORIAL ESdiario   24 Octubre 2019

Transformar lo que debiera ser el último acto de reconciliación nacional en un acto de campaña electoral y propaganda a tres semanas del 10N lo dice todo de la altura política de Sánchez.

A tres semanas de las Elecciones Generales, hay que estar muy ciego o ser muy prosélito de Sánchez para no ver en la exhumación de Franco un impúdico acto de propaganda electoral. La fastuosidad dada al momento, con 22 cámaras de televisión grabando, señal wifi y el probable traslado de los restos en un helicóptero; termina por demostrar que el único objetivo del candidato socialista es concederse a sí mismo una de sus habituales campañas de autobombo.

Hasta Pablo Iglesias, firme partidario de la exhumación y de la reconversión del Valle de los Caídos, ha denunciado la operación publicitaria del líder del PSOE, que se sirve de un objetivo razonable, compartido y recogido en el dictamen del Comité de Sabios compuesto ya hace años por todos los partidos, para promocionarse a sí mismo rompiendo ese sano consenso.

La delicadeza que requieren este tipo de decisiones no obedece a complacencia alguna con la figura de Franco, sino al exigible cuidado que hay que poner en todo aquella que altere el fenomenal trabajo de reconciliación que hizo España en 1978 para tranformar el dolor previo en el combustible fraternal de la nueva democracia.

Alterar ese equilibrio modélico por la necesidad de desviar la atención sobre las verdaderas emergencias democráticas que sufre España, especialmente en Cataluña, es lamentable. Tanto como no cerrar las heridas pendientes que aquella etapa dejó en las generaciones subsiguientes. Los protagonistas lo entendieron; y sus sucesores tienen la obligación moral, ética e histórica de cuidar de ese legado.

El Valle de los Caídos debe ser, para coronar el salto del 78, en un espacio de concordia y memoria desde la premisa de que los muertos ya no tienen bandos y de que su martirio es un testimonio de refuerzo de la democracia vigente, no un trampolín para atentar contra esa convivencia ni una excusa para no adentrarse en los espacios oscuros que aún procedan del pasado.

Nula altura
Precisamente por eso ningún presidente hizo por las bravas lo que Sánchez ha hecho a su manera, sustentándose en una decisión del Supremo que no podía ser de otra manera: una vez se le consulta, su fallo tenía que ser necesariamente a favor de los planes del Ejecutivo, pues lo que se enjuicia son sus potestades y no en qué las emplea en concreto.

Convertir en protagonista del presente a un personaje nacido en el siglo XIX mientras la crisis económica golpea y el conflicto en Cataluña no se detiene, resulta lamentable y definitorio de la calidad político del aspirante socialista. Nadie ha hecho más por resucitar a Franco que él; y nadie ha hecho menos tampoco por culminar la conciliación entre españoles con una mínima altura.

Ussía fulmina la noticia de TVE sobre Franco que supera la crueldad más absoluta
ESdiario   24 Octubre 2019
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Todas las miradas, los oídos y sentidos puestos en la exhumación del Valle de los Caídos pero el periodista ha optado por ofrecer esa visión que con la que siempre aporta la nota diferencial

Con todas las miradas puestas en el Valle de los Caídos y en el cementerio de Mingorrubio de El Pardo, este jueves Alfonso Ussía opta por uno de sus clásicos: recurrir a la ironía y el sarcasmo para quitar hierro a un asunto que tiene a la sociedad española soliviantada.

Y lo hace a cuenta del lapsus de un corresponsal de TVE con la esposa de Francisco Franco.

Según Ussía "las fuerzas del Orden Público que Sánchez no envió a Barcelona en apoyo de los policías nacionales, guardias civiles y mozos de escuadra que tuvieron que soportar cinco días y cinco noches de agresiones, vejaciones, pedradas e insultos de los señoritos del Ensanche, hoy se multiplicarán para que un fallecido hace cuarenta años no abandone su ataúd en protesta por su traslado".

Sánchez crea su propio NO-DO y despliega 22 cámaras de TVE para sacar a Franco
Y con guasa añade que "su protesta estaría plenamente justificada si nos atenemos a la noticia que uno de los corresponsales de La Uno de TVE nos ofreció. Aunque su influencia haya perdido fuerza y millones de españoles abandonado, por falta de seriedad el seguimiento del Telediario, todavía restan muchos que por comodidad siguen los acontecimientos acaecidos en España a través del informativo de la televisión al mando de la comisaria política Mateo. Y la noticia se me antojó de una atrocidad que supera los espacios de la crueldad más absoluta. No sólo maltratan los huesos de quien no tiene capacidad de defenderse, sino que le obligan a descansar junto a seres nada deseables para el sosiego eterno. Porque el periodista Ángel Pons lo dejó claro, diáfano y transparente: "Franco estará en el Panteón al lado de su mujer, Carmen Calvo".

Eso no, clama con retranca el periodista, "ni el mayor enemigo de Franco desearía para los restos mortales de Franco semejante compañía. Obligar a Franco a descansaren Mingorrubio al lado de Carmen Calvo, sinceramente y excusen el uso del lenguaje de la calle, me parece una cabronada. A Franco le habría gustado descansar al lado de su mujer, Carmen Polo, pero no de Carmen Calvo".

No en vano, concluye, "una cosa es la injusticia y otra la obcecación alevosa en la atrocidad. El becqueriano «¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!» en el caso del General Franco es un consuelo. Mejor solo que terriblemente acompañado"

Bruselas azota a Sánchez y Cataluña no para, pero la prioridad es Franco
EDITORIAL eSdiario   24 Octubre 2019

El varapalo de Europa a las cuentas de Sánchez y la disparatada crisis en Cataluña no tienen respuestas del Gobierno, centrado en una agenda ideológica tan agitadora como ineficaz.

Que para Pedro Sánchez la mayor "emergencia democrática" sea exhumar a Franco, evitando además que esa circunstancia sea la coronación tranquila de la reconciliación nacional y procurando por todos los medios que reabra viejas heridas con fines electorales, lo dice todo del presidente en funciones y candidato del PSOE.

No se trata de discutir la oportunidad de rematar la Transición con la reconversión del Valle de los Caídos en un espacio de fraternidad e historia que no ensalce a nadie ni mantenga la terrible España de los bandos; sino de denunciar que ésa sea la mayor prioridad del presidente socialista y que, además, lo haga con un espíritu revanchista ciertamente lamentable.

Que los muertos de las cunetas y las fosas sigan siendo los mismos que cuando Zapatero primero y Sánchez después se sirvieron de su dolor para resucitar un país de trincheras, termina de definir la catadura de ambos y la bajeza intelectual que mueve sus teóricamente saludables intenciones.

Más que enterrar definitivamente la Dictadura, han pretendido por todos los medios resucitar a Franco con el objeto de disponer de un comodín ideológico con el agitar y movilizar a su electorado si lo perciben alicaído.

Sin pulso
Pero además, el espectáculo montado en torno a la exhumación de Franco, del que se ha hablado en los últimos tres meses más que en casi 50 años, coincide con otras dos auténticas emergencias democráticas y nacionales ante las cuales la pericia brilla por su ausencia y la falta de pulso resulta ya escandalosa.

Mientras Sánchez se entretiene y divide con Franco, la España real se retrata en Bruselas y Cataluña con estrépito

Empezando por Cataluña, okupada literalmente por un independentismo que cuando no agita la violencia en las calles malversa las instituciones para someterla a un arbitrio inaceptable que conculca los fundamentos de la democracia en aquella Comunidad.

Ante eso, Sánchez no tiene otro discurso que la fatua exigencia a Torra de condena -¿Y a Otegi no, como inductor de la cesión del Gobierno de Navarra al PSOE?- y los posados fotográficos destinados a calmar la sensación, muy instalada en toda España, de que él mismo ha incentivado lo que ahora dice repudiar y combatir: tiene difícil convencer a nadie de su dureza con los independentistas de los que se sirvió, hace poco más de un año, para llegar a La Moncloa.

De otro lado, Bruselas ha retratado la complicada realidad económica de España con un contundente aviso sobre los presupuestos y la fiscalidad que quita la careta al Gobierno de los "viernes sociales" y le dibuja como lo que es: un irresponsable generador de déficit, que es al Estado de Bienestar lo que la contaminación al ecosistema.

La incapacidad
Sánchez, en fin, en un político incapaz de gestionar los problemas reales pero con una formidable habilidad -y apoyo televisivo- para maquillar sus carencias con operaciones de marketing ideológico centrado siempre en lo emocional.

Trasladará a Franco, sí, pero mientras la economía empieza a derrumbarse y el separatismo no frena en su intento. Y ante ambos problemas, la respuesta es inexistente o desastrosa.

Gracias Dr Cum Fraude
Nota del Editor  24 Octubre 2019

Si, gracias por todo lo que esta haciendo y dejando de hacer para conseguir que el PSOE desaparezca de una vez. Ya era hora de que alguien le sacuda el último golpe y podamos dedicarnos a solucionar los problemas de España y del mundo.

Franco, electoralismo en el vacío
 larazon  24 Octubre 2019

No debería encresparse el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con la maniobra propagandista del PSOE, a cuenta del cadáver de Francisco Franco, por cuanto esta actúa, desde un punto de vista electoral, sobre el vacío. Incluso con la movilización de los medios de comunicación públicos, puestos sin recato al servicio del candidato socialista, la figura del anterior Jefe del Estado, fallecido en 1975, apenas opera sobre un electorado que en su inmensa mayoría, el 66,4 por ciento del censo, o no había nacido en esa fecha o tenía menos de 15 años y que, por su puesto, tiene ya formada su opinión sobre el régimen franquista. De hecho, según la última encuesta de «NC Report» para LA RAZÓN, tanto los indecisos como los que declaran que se abstendrán el próximo 10 de noviembre presentan porcentajes similares por grupos de edad.

Es decir, la exhumación de Franco no parece que vaya a movilizar a más votantes, en uno u otro sentido, mientras que la mayoría de los encuestados que dicen que irán a las urnas ya han decidido sus opciones políticas de acuerdo a otros parámetros. En definitiva, que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no debería esperar demasiado de la ayuda que pueda prestarle el cadáver del Caudillo por antonomasia. Es más, tras la expectación, con un cierto punto de morbosidad, del espectáculo fúnebre de este jueves, el común de los españoles, que asiste indiferente desde hace años a la agitprop de la memoria histórica, volverá a su desinterés por un asunto, el de la Guerra Civil y el franquismo, que estaba felizmente superado y que, cuando más, se despacha con una sonrisa irónica.

Pero, con todo, la peripecia de la exhumación deja algunos flecos de carácter político que es imposible pasar por alto. Nos referimos a la actitud prepotente del Ejecutivo, de ofensa gratuita a la orden benedictina, titular de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, si bien, se incardina en el rancio anticlericalismo del PSOE –que, dicho sea de paso, tampoco añade voto alguno–, ha podido cruzar la línea de la ley. Como ha denunciado el abad, Santiago Cantera, se ha tomado literalmente el recinto religioso por decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid, restringiendo los derechos de los monjes, bajo la delirante excusa de prevenir unos supuestos altercados de orden público que no son más que expresión inconfesable de deseos del Gabinete en funciones.

La agitación, una vez más, del espantajo de unas hordas franquistas, cuando no nazis, que, simplemente, no existen o, en cualquier caso, serían residuales. Que no tema Sánchez, porque en este caso se cumple exactamente el viejo dicho español de «a moro muerto, gran lanzada». Pero, tampoco, podemos obviar el pobre papel de la jerarquía de la Iglesia española, comenzando por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que ha dejado pasar en silencio que desde las instancias gubernamentales se despreciara la opinión del abad Cantera, caricaturizándole como si fuera un energúmeno. Actuación indigna, por sectaria, que merecería el reproche de nuestro episcopado. No en vano, estamos hablando de la exhumación de un cadáver, depositado en un recinto religioso, que se lleva a cabo contra la voluntad de la familia del finado y de los custodios de la tumba, mediante la promulgación de una ley de caso único, por más que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo haya hecho ingeniería procesal para avalarlo.

Por lo demás, Pedro Sánchez tendrá hoy su pequeño triunfo, el único de sus propósitos políticos que ha podido llevar a cabo, pero mañana, parafraseando a Monterroso, descubrirá que el dinosaurio catalán aún sigue allí, acompañado, además, por las malas perspectivas electorales.

A vueltas con el 155
Ramón Rodríguez Arribas ABC  24 Octubre 2019

Los constituyentes de 1978, sin duda porque presagiaron que las Autonomías, en la práctica, convertirían al Estado en Federal, introdujeron en nuestra Constitución un precepto, inspirado en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que creó la República Federal de Alemania, el Art. 155 CE, que prevé que si alguna comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o actuare atentando gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad y si no fuera atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, «podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

Esta previsión fue recientemente utilizada cuando las Instituciones autonómicas de Cataluña llegaron a aprobar leyes y a tomar decisiones tendentes a la separación del resto de España y a la proclamación de una república independiente. Con esta ocasión, el Tribunal Constitucional, en sus sentencias 89/2019 y 90/2019 hizo un análisis de las condiciones que debe requerir la utilización de dicho artículo de la Constitución española, y resulta oportuno hablar de ello ahora, porque de nuevo se plantea la posibilidad de la utilización del precepto y aparece una cierta confusión sobre lo declarado por el Tribunal Constitucional, en el sentido de llegar a considerar que el empleo de la medida de intervención de una autonomía es muy difícil después de lo que ha dicho el Alto Tribunal, lo que no se corresponde con la realidad de la doctrina sentada por el mismo.

El máximo intérprete de la Constitución señala que se trata de una medida de carácter «extraordinario», y un «último recurso» añadiendo que no responde a «un control de naturaleza competencial», es decir, los previstos son supuestos que por su propia naturaleza están fuera de las competencias de cualquier comunidad autónoma, y varias veces repite que se trata de una «coerción estatal». Resulta reseñable que la palabra «coerción», que utiliza el artículo 37 de la Constitución alemana, no fue incluida por los constituyentes y debe constatarse también que esa palabra, en su segunda acepción, es equiparable a «represión», con lo que, en definitiva, el Tribunal destaca, tanto que ha de preceder una grave conducta incumplidora de las instituciones autonómicas, como que ha de ser reprimida con la aplicación del artículo 155 CE.

El Alto Tribunal señala expresamente que esa actuación de control e intervención puede producirse, tanto cuando aquélla ha realizado «actos o disposiciones formales», como cuando sea «resultante de comportamientos fácticos», es decir, también aquí se dice con claridad, frente a lo que suele opinarse, que el Art. 155 puede activarse frente a una Ley aprobada por un Parlamento autonómico o frente a una disposición adoptada por el Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, pero también si se producen actuaciones puramente de hecho, como pueden ser las alteraciones de la paz social y de la tranquilidad pública, ya sean alentadas o, aun peor, organizadas y dirigidas por las autoridades que deberían evitarlas y, en su caso, reprimirlas.

Por otra parte, el TC afirma que las medidas a adoptar en la aplicación del artículo 155 CE han de ir dirigidas a obligar a la comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones o «a preservar o proteger el mencionado interés general contra el que se ha atentado» y naturalmente, ello ha de tener un «límite temporal», pero añade «bien expresamente determinado o bien determinable», y por lo tanto, la doctrina constitucional aclara que puede tratarse de un plazo fijado de manera expresa, cuya duración es conocida desde el principio, o bien pueden establecerse las condiciones para que se cumplan las obligaciones omitidas y quede restaurada la protección del interés general de España y en ese caso, la determinación del plazo dependerá del cumplimiento de esas finalidades para que se extinga la aplicación de la medida de intervención de la Autonomía. Es más, el propio Tribunal incluso prevé, que «llegado el caso» se produzcan «la prórroga o renovación» de dichas medidas, a solicitud del Gobierno y con la aprobación del Senado; conviene destacar también esto porque, como lo importante es cumplir el fin de restaurar el orden constitucional y legal, o proteger el interés general de España, o ambas cosas, la limitación temporal exigible no ha de establecerse de manera rígida y formalista, sino subordinada al cumplimiento de aquellos fines y por eso precisamente la medida puede ser determinada o determinable y prorrogable o renovable, en todo caso.

De cualquier manera, la medida es de naturaleza estrictamente política, y su aplicación viene impuesta por situaciones que ponen en riesgo valores fundamentales de la nación o de la estructura del Estado, que ha de ponderar el Gobierno, y en cuya gestión, si no puede aceptarse una imprudente precipitación, aun puede ser peor llegar tarde.

Como consecuencia de conductas precedentes, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia condenatoria de quienes intervinieron en actuaciones sediciosas, que dieron lugar a la aplicación, por primera vez, del artículo 155 CE y desgraciadamente ni los condenados ni las actuales autoridades autonómicas catalanas han cejado en su empeño inicial, antes al contrario, proclaman «lo volveremos a hacer», y lo que es más grave, hay vehementes indicios de que las alteraciones de la pública convivencia de carácter prerrevolucionario que se están produciendo en Cataluña, ponen de manifiesto una absurda esquizofrenia, porque los mismos que agradecen las violentas muestras de protesta por el fallo, tienen la responsabilidad de las fuerzas policiales legalmente obligadas a reprimirlas.

Pues bien, se ha dicho y repetido desde varios ángulos que es la hora de hacer política y esta puede exigir al Gobierno iniciar, aunque esté en funciones y a los demás partidos a secundar las medidas necesarias para la protección del interés general de España que cada vez está más agredido, mientras millones y millones de españoles presencian entre el asombro y la indignación, cómo se perturba el orden constitucional, se pone en cuestión la unidad de España, se incumplen las leyes y se desacata a los Tribunales en una situación que nadie comprende cómo es consentida.
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Ramón Rodríguez Arribas fue vicepresidente del Tribunal Constitucional

Sánchez, el profanador de tumbas (*)
Antonio Cabrera Periodista Digital 24 Octubre 2019

Hoy, lunes 21 de octubre de 2019, Pedro Sánchez ha iniciado su heroica profanación de la tumba de Franco. Su valiente gesta culminará a las 10.30 horas del próximo jueves 24 con el traslado de sus restos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Por Real Decreto, sin debate parlamentario, sin consenso político ni popular, Sánchez exhumará los restos de Franco 44 años después de su entierro en la Basílica del Valle de los Caídos y de rendirle homenaje público en el solemne funeral de Estado que tuvo lugar frente al palacio de Oriente, presidido por Juan Carlos I y al que asistieron centenares de miles de españoles, el Gobierno de Arias Navarro y Jefes de Estado, de Gobierno y altos representantes de países de todo el mundo.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente de Gobierno en funciones, desenterrará heroicamente el cadáver de Franco en contra de los deseos de su familia, de la autoridad eclesiástica de la Basílica y de millones de españoles. Arrebatará el cadáver a su familia y lo enterrará como a un perro; sin testigos, sin cámaras (salvo las suyas), en secreto, sin honores, sin la bandera nacional sobre su féretro, «prohibiendo la convocatoria pública y el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido [incluso a sus familiares]», donde ha decidido el Gobierno y no en la cripta familiar de La Almudena, como quiere su familia. Hoy, en España, el Gobierno decide dónde, cómo y cuándo se entierra a un muerto, en contra de los derechos más elementales y la voluntad de su familia. Algo inconcebible hasta en las dictaduras más brutales. Ni en la Corea de Kim Jong-un ocurre ésto. Así quiere entrar Sánchez en la Historia. Mientras, Felipe VI otorga y calla.

Sánchez, todavía presidente de Gobierno en funciones, ha buscado -y encontrado- en la prevaricación continuada del Tribunal Supremo, y del Constitucional, coartada legal para su bizarra profanación de la tumba de Franco, y su entierro donde a él le salga de los cojones. Y todo ello, con la enérgica abstención y el aguerrido silencio de la oposición: la ‘derecha’, cómplice y cobarde; tanto la del Partido Popular de Pablo Rajoy Casado como la de Ciudadanos de Albert Veleta Rivera.

Por si fuera poco, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, indigno presidente de Gobierno de España en funciones, subvirtiendo cínicamente el concepto de democracia con sus deseos e intereses, se ha permitido la enorme desvergüenza de insultar la dignidad de España, de la Jefatura del Estado, de los gobiernos anteriores y de los españoles en general, proclamando, nada menos que en la Asamblea General de la ONU, su abyecta decisión de exhumar al «dictador», autocalificándola como «gran victoria de la democracia española que cierra uno de los capítulos más oscuros de nuestra Historia». «Hoy comenzamos las labores para sacar al dictador Franco de donde ha reposado inmoralmente demasiado tiempo -añadió- porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional». ¿Se puede ser más cobarde, más indigno, más felón y más canalla? A moro muerto, gran lanzada.

Mala cosa, cuando se necesita explicar lo obvio. Así ocurre con la exhumación de Franco por Sánchez, el okupa de la Moncloa, 44 años después de su muerte en la cama y de su entierro con los correspondientes honores de Jefe de Estado. Una profanación sin precedentes en la Historia de España; un acto infame, inmoral, cobarde y repugnante. Una muestra brutal de venganza, odio y revancha canallesca de la mal llamada ‘memoria histórica’; una ley soviética, totalitaria y guerracivilista; un estúpido recurso para la imposible reescritura de la Historia, el enfrentamiento fratricida y, supuestamente, ganar votos.

Pero así son las cosas: es lo que hay en esta olvidadiza y cainita España nuestra. La que tristemente ha liquidado el espíritu de la Transición. La que permite que sujetos como Sánchez okupen la presidencia del Gobierno. La España que le dolía a Unamuno: «Soy español, español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y oficio; español sobre todo y ante todo». En aquella época de unamunos, machados, joseantonios y ortegas, España dolía. Hoy, cautiva y desarmada, España yace inerte. Olvidada. ¿Resucitará?

(*) Postscriptum

23 de octubre de 2019
Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos, ha hecho pública una nota de prensa en la que denuncia que la Delegación del Gobierno ha ‘ocupado’ la Basílica excediendo los acuerdos del Consejo de Ministros, impidiendo incluso el acceso a la Comunidad benedictina, únicos titulares y custodios del templo (colocando cadenas y candados en la puerta de acceso entre la Abadía y la Basílica), produciéndose la paradoja de que la Guardia Civil (y operarios y jerarcas socialistas) accedan y deambulen libremente por la Basílica y sus legítimos titulares y custodios no puedan acceder al templo. Por todo ello, la Abadía ha presentado la correspondiente denuncia ante el Juzgado competente. Así mismo, esta mañana la Delegación del Gobierno ha impedido una concentración frente al cementerio de Mingorrubio contra la exhumación de Franco.

Ésta es la nota íntegra:

NOTA DE PRENSA DE LA ABADÍA SANTA CRUZ
Ante los acontecimientos producidos en las últimas semanas en relación con el conjunto del Valle de los Caídos y para evitar noticias distorsionadas, esta Comunidad benedictina quiere hacer las siguientes puntualizaciones:

Las actuaciones producidas en el Valle de los Caídos desde finales de septiembre, dirigidas al parecer por la Delegación del Gobierno, se han excedido, y mucho, de los términos de los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019 que se pretenden ejecutar.

A partir del 11 de octubre, tras el acuerdo del Consejo de Ministros que decretaba el cierre del recinto del Valle de los Caídos, se permitió, exclusivamente, la estancia de los huéspedes de la Hospedería y, con muchas dificultades y algunas prohibiciones, la asistencia de fieles al culto de la Basílica.

Desde esa fecha, la Guardia Civil, sin autorización judicial que lo permitiera, accedió y deambuló por dependencias de la Abadía y, lo que es más grave, accedió y deambuló por la Basílica sin autorización eclesiástica alguna y ocupándola durante las 24 horas del día, vulnerando, de esta manera, tanto el derecho a la inviolabilidad domiciliaria como el derecho a la libertad religiosa.

Sorprendentemente, desde el domingo 20, a las 14 horas, se ordenó el cierre de la Basílica con la excusa de hacer preparativos para la exhumación de los restos de D. Francisco Franco, impidiéndose incluso el acceso a los miembros de esta Comunidad, únicos titulares y custodios del templo (colocándose cadenas y candados en la puerta de acceso entre la Abadía y la Basílica), produciéndose la paradoja de que accedían a la Basílica terceras personas, sin garantía alguna de que sus conductas no contravinieran el carácter sagrado del templo, desconociendo si se han producido actuaciones incompatibles con el culto, la piedad o la religión, ya que no se ha permitido la más mínima vigilancia por parte de esta Comunidad. Es decir, de prescindir de la autorización eclesiástica para acceder a la Basílica, se pasó a prohibir a los benedictinos de esta Comunidad el acceso a su templo. Incluso, según aparece en las noticias, se impide que los miembros de la Abadía asistan al responso religioso en el acto de exhumación -sólo se autoriza al prior.

En vista de lo anterior, esta Abadía, tras protestar por estas actuaciones ante el Tribunal Supremo y ante la Delegación de Gobierno, presentó la correspondiente denuncia ante el Juzgado competente.

Queremos dejar constancia que la actuación de las Fuerzas de Seguridad y de los operarios ha sido y es totalmente incompatible con el principio de inviolabilidad de los lugares de culto y los derechos de esta Comunidad benedictina, lo que hemos puesto, igualmente, en conocimiento de la jerarquía eclesiástica.
23 de octubre de 2019

La culpa es del Estado Español

Pedro de Hoyos Periodista Digital  24 Octubre 2019

De lo de estos días en Cataluña tienen culpa los que lo han promovido durante cuarenta años, los que han creado este mini imperio al margen de la ley. Pero también aquellos que durante esos cuarenta años han permanecido impasibles, aceptando como natural los desprecios a España, a la ley y, sobre todo, a los ciudadanos. Desde González hasta hoy todos los presidentes que han callado, consentido y mirado para otro lado. Incluido aquel que hablaba catalán en la intimidad.

Toca desmontar ese ese estado de cosas, debe tocar, algún día tocará. Si, como se prevé, tras las elecciones PP y PSOE llegarán a algún tipo de acuerdo en él se debe incluir la vuelta a la normalidad, a la ley y a la igualdad entre los españoles con independencia del lugar donde se viva. Y eso incluye algo imposible: que los vascos y navarros no tengan privilegios sobre el resto de españoles. Imposible hoy en día.

No se trata de lo lo que Pujol ha institucionalizado, lo que han normalizado Artur Mas, Puigdemont o Torra, sino lo que han consentido encogiéndose de hombros todos los presidentes del gobierno de España. Si alguno de ellos hubiera puesto pie en pared no estaríamos en éstas. Cobardes.

Desmontar esta situación implica equilibrar la Educación en Cataluña. Significa igualdad, convivencia y apoyo entre dos lenguas, significa la despolitización de los libros, despolitización de la narración de las relaciones entre el Estado y quienes lo forman, significa que los españoles no podemos pagar a quienes nos atacan, significa el cese de actitudes hostiles contra la mitad de los catalanes. Significa que algo debe cambiar en la televisión autonómica.

Ello nunca será posible si el Estado sigue encogiéndose, retirándose acomplejado. Como con González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez. Nadie hay más culpable que quien consiente el mal; la culpa, pues, es de España, del “Estado Español” que, cobarde, ha callado y consentido la supremacía, el fascismo, el racismo del nacionalismo catalanista. ¿Quiere el lector que le recuerde actitudes públicas racistas y clasistas de Pujol? ¿De su esposa? ¿Se imaginan que Ana Botella hubiera dicho que sus hijos no podían jugar en la calle porque los demás niños hablaban catalán? ¿Se imaginan dónde habrían puesto las voces los demás partidos? ¿Por qué callaron ante el supremacismo catalanista?

Y los medios… entregados por Rajoy a la izquierda, ¿esperando su beneplácito? Esos medios que se desgañitan con Vox pero que callaron, comprendieron y disculparon todas las barbaridades que durante décadas se cometieron en nombre del nacionalismo, esos medios que analizan en detalle las corrupciones de los sinvergüenzas de derechas pero que entierran en las profundidades del periódico o del informativo las mismas sinvergüencerías de los nacionalistas y de los socialistas.

Tenemos una España hecha así por todos. Con nuestro voto casi siempre.

Repercusiones del golpe nacionalista
Agapito Maestre Libertad Digital  24 Octubre 2019

Todos los aparatos ideológicos del Estado se pondrán a trabajar para que el PSOE gane la elecciones del 10-N.

Barcelona sigue ardiendo a fuego lento. El Gobierno en funciones está fuera de juego, o peor, en manos de un tal Iceta, jefe de los socialistas-secesionistas del PSC. Negar esta terrible situación, como está haciendo el PSOE, es el inicio de su descalabro electoral. Terrorismo callejero, guerrilla urbana, violencia de alta intensidad, en fin, mil formas existen para llamar a los sucesos de Barcelona, excepto decir que es un problema de orden público. El Gobierno en funciones de Sánchez, sin embargo, se obstinan en mentir. Quizá le cueste caro. El intento de golpe de Estado de los independentistas catalanes será contado de múltiples formas, pero todas tendrán un denominador común, a saber, recogerán que el actual Gobierno en funciones de España como el anterior, presidido por Rajoy, negaron que tal proceso existiera en la realidad. ¡Absurdo! Sin duda, todos sabemos que es absurda esa actitud, pero esta descarada mentira es el fundamento ideológico de los partidos políticos hegemónicos en los últimos cuarenta años.

La negación de lo evidente es la clave del discurso del PSOE de Sánchez y, por supuesto, fue el hilo directriz de las políticas del PP de Rajoy. Este último llegó a negar la existencia del referéndum catalán con parecida inteligencia a la que utiliza hoy Sánchez para reducir la guerrilla urbana de Barcelona, dirigida por los separatistas contra la unidad de España, a un problema de simple "orden público". El nacionalismo independentista catalán, más allá de los problemas de corrupción que tuviera el PP, se llevó por delante a Rajoy. ¿Veremos a Sánchez pronto fuera de la Moncloa por los mismos motivos que expulsaron a Rajoy? ¡Quién sabe! La intuición nos dice que la crisis de Cataluña, o sea de la unidad de España, le viene tan grande a Sánchez como a Rajoy. El presidente del Gobierno en funciones no controla ya ni a los de ERC, fuerza secesionista, con los que ha pactado su futuro.

Cierto es que el poderío de este Gobierno en los medios de comunicación es aplastante. Los periódicos, las televisiones y la cadenas de radio en su inmensa mayoría están al servicio de Sánchez. No menos evidente es que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia contra los golpistas que favorece los cambalaches de Sánchez con los independentistas catalanes. También las empresas encuestadoras, especialmente el instituto oficial del Estado, tenderán a decir que el PSOE será el partido más votado, etcétera, etcétera. En fin, todos los aparatos ideológicos del Estado se pondrán a trabajar para que el PSOE gane la elecciones del 10-N, pero nada de ello nos asegura que la gran mentira socialista, la negación del proceso golpista y su continuación violenta en la guerrilla urbana de Barcelona, triunfe el 10-N.

El temor, la inquietud y, a veces, el pánico están instalados entre los socialistas. Prueba de lo que digo es que, a veinte días de las elecciones, son pocos los analistas políticos que no contemplen que las mentiras socialistas sobre Cataluña pueden llevarse por delante a Sánchez. También su prensa más afín muestra las quiebras socialista; ayer, por ejemplo, al salir de la estación del metro de Moncloa una joven me pone en la mano un periódico gratuito. La portada es todo un epítome de la prensa de tendencia socialista. El gran titular de apertura deja claro por dónde va: "Sánchez dice que la crisis de orden público se puede alargar y pide paciencia". Debajo aparece una gran foto de portada que define, por si no había quedado claro en el titular de apertura, su seña de identidad ideológica y su apuesta a favor del PSOE: Sánchez y Grande-Marlaska charlan con un policía herido en una habitación de hospital. La foto, naturalmente, es de la agencia oficial EFE. Todo en la portada de 20 Minutos es un canto al Gobierno de Sánchez, sin embargo, un breve comentario de uno de sus periodistas estrella, en el faldón, destroza la visión idílica del gratuito: "El independentismo está roto y el constitucionalismo, también"… El constitucionalismo del PSOE quedó quebrado, en efecto, cuando Sánchez dijo que España era una "nación de naciones", y ahora ha saltado hecho añicos por el terrorismo callejero de los socios que lo llevaron al palacio de la Moncloa. Sí, los ochos días de violencia de los golpistas catalanes podrían expulsar a Sánchez de la Moncloa.

Mano dura
Pablo Planas Libertad Digital  24 Octubre 2019

Este Gobierno insiste en reiterar los errores del anterior Gobierno y en no poner en práctica su único conato de acierto, aquel 155 que se quedó tan corto.

Lo único que entienden los políticos y dirigentes independentistas es la mano dura. No hay otra solución ni manera porque no hay más que ver cómo se las gastan cuando los poderes del Estado les tienden la mano. Repárese si no en la sentencia del Tribunal Supremo, un desatino encaminado a facilitar que los condenados salgan de la prisión ("prisión" por llamar de alguna manera al Hotel Spa Lledoners) cuanto antes, tal como ha reconocido el dirigente socialista catalán Miquel Iceta. Se les condena a las menores penas posibles y se descarta la petición de la Fiscalía para que cumplan íntegra la pena y van sus cachorros y le pegan fuego a media Cataluña, además de amenazar con la expulsión a la media Cataluña que no piensa como ellos.

El moderado Oriol Junqueras, condenado a trece años de cárcel, de los que no cumplirá ni una cuarta parte, ha abandonado su pose beatífica para proclamar a los cuatro vientos: "El indulto se lo pueden meter por donde les quepa". Ese Junqueras transido de amor al prójimo que decía estimar tanto a España y a los españoles en sus alegatos ante el tribunal es ahora el político de colmillo retorcido que, lejos de apaciguar a sus huestes, las calienta con expresiones procaces.

Vaya, vaya, que se metan el indulto por donde les quepa. ¿A qué se referirá? Y qué raro, con lo espiritual que se mostraba Junqueras en sus epístolas de Soto del Real y lo borde que está en Lledoners, donde los funcionarios que no le hacen la pelota son inmediatamente represaliados. Natural. La cárcel depende de una consejera de Justicia que le debe el puesto al preso más famoso de Cataluña. Como para no bailarle el agua. Puede que si en vez de trece le hubieran metido treinta años no dijera eso de que se metan el indulto por donde amargan los pepinos.

Está crecido Junqueras, y no es para menos. Le quedan pocos meses de trena y el separatismo se ha revitalizado gracias a una sentencia pacata y a un Gobierno pánfilo, las condiciones ideales para que florezca la violencia y prospere el chantaje. Como el diálogo, la distensión, las cesiones y las contemplaciones ya se han probado, no estaría de más probar por una vez con el orden y la ley. No hay más que recordar lo templados que se quedaron los nacionalistas cuando se aplicó aquella especie de sucedáneo del 155. En aquel entonces, el inflamado vicepresidente regional Pere Aragonès era el secretario de Economía de la Generalidad y el enlace con la Administración del Estado. Roberto Bermúdez de Castro, el enviado de Madrid, cuenta y no para sobre lo diligente, solícito, servil y adulador que era el muchacho, igual que Elsa Artadi.

Dicen que no se dan las condiciones para aplicar el artículo constitucional ni la Ley de Seguridad Nacional, pero el Gobierno tiene manera, vaya que si tiene, para dejar a los separatistas con el trasero al aire. Solo con cortarles el grifo financiero ya se aplacarían bastante los ánimos. Pero no es probable que eso pase. Este Gobierno insiste en reiterar los errores del anterior Gobierno y en no poner en práctica su único conato de acierto, aquel 155 que se quedó tan corto.

Una moción de censura tramposa
Editorial El Mundo  24 Octubre 2019

Este periódico ya denunció en su día la insoportable levedad del soporte argumental sobre el que Pedro Sánchez edificó su moción de censura contra Mariano Rajoy. Muchos de los casos de corrupción que han afectado al PP -y en especial durante la etapa del propio Rajoy como presidente del partido- fueron conocidos por los españoles gracias a EL MUNDO. Pero esa labor de fiscalización del poder que está en la médula de nuestra concepción del periodismo no oscurece la burda instrumentalización que hizo el PSOE de unas líneas improcedentes estratégicamente introducidas en una sentencia por un juez afín al socialismo. Pues bien, ese magistrado acaba de recibir un severo varapalo de manos del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que concluye que las valoraciones que realizó José Ricardo De Prada sobre la caja B del PP en la sentencia de Gürtel "destruyen la necesaria apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un tribunal".

Según los fundamentos jurídicos del auto por el que la Audiencia ha acordado apartarle del juicio a la financiación irregular del PP, De Prada "dio por sentado el acreditamiento de varios hechos que no eran objeto estricto de enjuiciamiento". Incurrió así en un "posicionamiento explícito" que "le priva objetivamente de las condiciones de imparcialidad exigibles". De este modo los tribunales vienen a confirmar que la maniobra de Sánchez para auparse al poder se cimentó en un manejo espurio del derecho y en un burdo ejercicio de colonización política de la Justicia. Una politización, por decirlo todo, de la que el propio PP ha participado siempre en nefasto cambalache con el PSOE, y que como vemos no solo redunda en el descrédito del Poder Judicial sino que a veces hace sentir sus peores efectos sobre los propios partidos involucrados.

La recusación de De Prada resulta por tanto pertinente y legítima. Y trae de vuelta al primer plano de actualidad los bochornosos orígenes del poder de Sánchez, nacido de una moción que nunca cumplió el requisito constitucional de ser constructiva, puesto que el Gobierno resultante fue incapaz de amasar una mayoría sobre la que sostenerse más allá de un puñado de meses. Se trató en realidad de una puntual concertación de voluntades de rechazo, una moción destructiva para tumbar a Rajoy y proceder a la inmediata colonización de las instituciones una por una, al objeto de perpetuarse en Moncloa mediante una extenuante carrera de mercadotecnia electoral pagada con recursos del Estado. El penúltimo de cuyos hitos es la exhumación de los restos de Franco que hoy se servirá en directo a todas las televisiones a la pretendida gloria del antifranquismo en diferido. Política reformista real, desde aquella moción antijurídica, muy poca o ninguna.

¿Qué es el neomarxismo?
Pablo Laurta  lagaceta.eu  24 Octubre 2019

A diferencia de lo que algunos creen, el marxismo no fue derrotado completamente con la caída de la Unión Soviética a fines de los 80s. En occidente se ha reconvertido, cambiando los viejos reclamos por los derechos de los trabajadores del marxismo clásico, por los reclamos de todo un arcoiris de «minorías oprimidas»: las mujeres, los homosexuales, las minorías raciales, religiosas.

La teoría neomarxista
El neomarxismo toma la dicotomía burguesía – proletariado, la generaliza a opresor – oprimido y la aplica maniáticamente a toda una serie de relaciones sociales: Hombres – Mujeres, Heterosexuales – Homosexuales, Blancos – Negros, Cristianos – Musulmanes. Le asigna a uno de los componentes de esta dicotomía el rol de opresor y al otro el rol de oprimido.

Al igual que con el marxismo clásico, el valor de la igualdad y el de la justicia, pasan de ser la búsqueda de un equilibrio a ser la transferencia unidireccional de poder de personas agrupadas en una clase catalogada como «opresora» a quienes integran la clase considerada oprimida. Esta sustitución reduccionista empuja a la ideología hacia el extremismo.

A diferencia del marxismo clásico sin embargo, el neomarxismo no se centra en mejorar la condición de la clase trabajadora. Es más, en gran medida la desprecia por no entender la relevancia que para ellos tienen el feminismo, la ideología de género y la política de identidades.

La cultura neomarxista
El corazón demográfico de su apoyo ideológico son las masas de estudiantes universitarios desocupados, de clase media y alta, e integrantes de al menos una de estas minorías protegidas: mujeres, LGBT, o minorías étnicas. Los hombres, siendo jóvenes y solteros muchos terminan plegándose detrás de las mujeres.

En gran medida se trata de la misma demografía en que vivió, en los 60s, la cultura hippie y salvando las distancias, la cultura neomarxista (chaira, progre) es la heredera autoritaria de la cultura hippie de los años 60.

La práctica neomarxista
Sujetos revolucionarios
El neomarxismo al igual que el marxismo clásico, no es un movimiento espontáneo, sino una construcción que parte desde la teoría hacia la práctica. Por esta razón, necesita crear y organizar a sus «sujetos revolucionarios»: las personas encargadas de poner en práctica la transferencia de poder de la que hablamos más arriba.

La estructura en la que se basaba el marxismo clásico, eran los sindicatos. En estos se llegaba a los trabajadores, se los formaba, organizaba y se dependía de ellos para utilizarlos políticamente llegado el caso.

El neomarxismo, surgido en las universidades, abandonó a los trabajadores como «sujetos revolucionarios», y se centró en los estudiantes, convirtiendo a las universidades en verdaderos centros de adoctrinamiento ideológico.

Si posee espíritu crítico, usted se preguntará – y con razón – por qué los ideólogos más importantes en los que se basa la teoría neomarxista como Michel Foucault forman parte en el plan de estudios de la carrera de Arquitectura de la UdelaR, por dar un ejemplo. Bueno, aquí tiene el por qué. )

La batalla cultural
Otra componente clave de la praxis neomarxista es la desestabilización cultural de la sociedad occidental (los neomarxistas se refieren a esta como «la batalla cultural«). Quizás lo más nocivo y potencialmente catastrófico de este aspecto de la práctica neomarxista, es que plantea la destrucción de todas las inmensamente ricas tradiciones culturales de occidente como objetivo revolucionario.

Con esto, en gran medida se está emulando la «revolución cultural china», un proceso genocida tanto desde el punto de vista biológico como cultural, mediante el cual el dictador comunista chino Mao Zedong, intentó erradicar la milenaria tradición cultural china y sustituirla con construcciones ideológicas comunistas.

La ideología de la soberbia…
La hegemonía neomarxista en los centros de educación superior ha generado un efecto de expansión ideológica inusitado hacia las clases medias y altas, que adhieren practicamente por consenso a la ideología neomarxista que se les inculcó en la universidad.

Para la clase media y alta, la afiliación ideológica al neomarxismo no es tanto una cuestión de convicción, sino en gran medida un indicador de status, una marca de superioridad cultural, y una forma de mostrar que se está alineado a la élite que ostenta el poder.

Esta característica del neomarxismo es quizás la que más lo acerca al viejo establishment político de la derecha, ( en las últimas elecciones estadounidenses votaron juntos por Hillary y en contra de Trump ).

… y la decadencia
Esto explica por qué, y con buen juicio, quienes entienden por izquierda al marxismo clásico, tienden a entender como «de derecha» al neomarxismo y el nombre que le damos les rechina, pero el neomarxismo no surge de la teoría liberal ni conservadora, surge de la teoría y las tradiciones políticas de la izquierda marxista, que olvidando su identidad, acabó conquistada por aquello que pretendió conquistar.

Este es un breve resumen de un asunto complejo, si te interesa conocer más sobre la génesis del neomarxismo, te recomiendo leer «El libro negro de la nueva izquierda» de los escritores argentinos Nicolás Márquez y Agustín Laje.

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Terrorismo callejero, no desorden
Editorial ABC  24 Octubre 2019

La investigación sobre las tramas responsables de la violencia callejera desatada en Cataluña tras la sentencia del 1-O revela que se trató de algo mucho más grave que un problema de orden público. Se equivocó el ministro del Interior, Grande-Marlaska, porque ni el problema era de orden público, como dijo, ni nadie en su sano juicio lo veía así. Los investigadores policiales están sacando a la luz una auténtica organización criminal dedicada a la planificación, financiación y ejecución de puro terrorismo urbano. Como hoy informa ABC, la Policía ha constatado la integración de «agentes durmientes», la realización de labores de información sobre posibles objetivos, la instrucción de militantes de Arran y los CDR en ataques con materiales caseros, la posesión de dispositivos para establecer comunicaciones seguras y la existencia de «vigilantes» al servicio de esas entidades separatistas. También tiene datos sobre pagos y movimientos económicos y ha incautado material muy significativo, como bolas de plomo, similares a las que fueron empleadas por los manifestantes contra Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra.

El Código Penal define el delito de terrorismo como todo acto de violencia que persigue, entre otros fines, alterar la paz pública. Con los datos que tiene la Policía en su poder, la Fiscalía está en condiciones de imputar a los detenidos en Cataluña un delito de terrorismo urbano, porque emplearon una violencia desmedida para quebrar la convivencia y la paz pública y lo hicieron como miembros de una organización criminal, en el sentido exigido por el Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es imprescindible que la violencia en Cataluña sea tratada como terrorismo, por la sencilla razón de que es lo que prevé la ley. Se trata, por tanto, de aplicar el principio de legalidad, aunque contradiga el discurso inverosímil de Grande-Marlaska.

Por más que la aparición de la Audiencia Nacional en escena sea un contrapunto inesperado, pero letal, para la estrategia blanda de Sánchez en Cataluña, resulta inevitable porque ha habido terrorismo urbano en las ciudades catalanas. Y no sólo esto. Tanto la Generalitat como los partidos nacionalistas se han comportado como cómplices de esa violencia, lo que en el caso del presidente Torra llega incluso a la inducción. Ni una línea del panfleto separatista firmado por ERC, JpC y la CUP condena la violencia. Por si fuera poco, Torra reclama responsabilidades de los Mossos d’Esquadra, comportándose como un CDR infiltrado en el Gobierno autonómico. El separatismo ha pasado de quemar las calles a sublevar de nuevo el Parlamento catalán, como fases de un mismo proceso que debe encontrar en el Código Penal, el artículo 155 de la Constitución y en la ley de Partidos Políticos la respuesta urgente y contundente que precisa el Estado de Derecho para sobreponerse al ataque nacionalista.

Negociaciones asimétricas
Teresa Giménez Barbat okdiario  24 Octubre 2019

Después de más de una semana de asaltos, destrucción y pillaje en Cataluña, los independentistas vuelven a pedir “diálogo”. ¿Por qué dicen “diálogo cuando quieren decir “mucho más”? No era diálogo lo que hubo durante los meses de septiembre y octubre del 2017. Es descacharrante escuchar ahora a Carmen Forcadell decir que “quizá” no tuvieron suficiente “empatía” con los catalanes no nacionalistas. ¿Empatía? Desde luego, es puro sarcasmo calificar de falta de empatía un golpe de estado. No se le ocurrió a Tejero porque eran otros tiempos, y esas sensibilidades no estaban muy bien vistas por aquel modelo de golpista. Pero por lo menos no nos tomó el pelo.

Podemos dialogar, cómo no. Pero no, nunca, jamais, never, desde la asimetría que los nacionalistas consiguieron y que ha ido aumentando durante estos 40 años. Si algo ha resultado letal para los ciudadanos no nacionalistas de este país ha sido la asimetría de unas autonomías que acabó volviéndose, no sólo contra el resto de los españoles, sino especialmente contra ellos mismos. Habrá que empezar a hablar de este tema.

Vamos a dialogar sobre competencias. Los catalanes sabemos cómo se ha utilizado la escuela y la universidad para agrandar la brecha entre catalanes y españoles. En estos momentos, escuelas, institutos y universidades están tomadas por los independentistas. De hecho, este miércoles en que escribo, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAB ni siquiera pueden acceder a sus clases. Cierto que esta cuestión habría que enmarcarla en un debate más general sobre la toma de las universidades españolas por los grupos radicales fascistas.

Vamos a dialogar sobre medios de comunicación. Parecía una estupenda idea que Cataluña tuviera una televisión propia que hablase de temas que concernieran a sus ciudadanos y operase dentro de un proyecto de promoción de sus rasgos más particulares. Bien, ya hemos visto qué ha sucedido. El español, lengua habitual de más de la mitad de Cataluña, fue expulsado. La ideología independentista, con la que se identifica menos de la mitad de la población, permea desde los noticieros hasta los programas de cultura y entretenimiento convirtiendo en extraños a los no nacionalistas y dando ventaja a los separatistas frente a quienes querrían ver en su televisión el cultivo de la unidad. Esto es extensible a los medios catalanes que subvenciona la Generalitat en general.

Vamos a dialogar sobre elección de lengua. Los catalanes de lengua preferente española, o los catalanes que simplemente desean que sus hijos salgan igual de preparados en ambas lenguas no tienen opción. A eso se añade el ya nada disimulado adoctrinamiento por parte del profesorado y cargos administrativos sobre niños y jóvenes. Queremos 50/50. Nada de este pacato 25% que proponen los socialistas y otros rehenes del nacionalismo.

Vamos a dialogar sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad en Cataluña. Vamos a hablar de los Mossos. Cuando todo empezó pudo parecernos una muestra de proximidad y de suave folclore local. Pero deberíamos haber pensado que cuando una autonomía pide fuerzas del orden propias apelando a la historia y a los hechos diferenciales se abre un camino peligroso. El nacionalismo desemboca siempre en deslealtad, y lo que era una creciente sospecha se ha ido confirmando estos dos últimos años.

A estos puntos se pueden ir añadiendo otros, como la Sanidad y el desbarajuste de tarjetas y prestaciones. Si se dialoga hay que retroceder y reparar errores. Nada de dialogar desde la asimetría aceptada y del chantaje de la violencia desde el mismo establishment.

Y quiero cerrar el artículo instándoles a ir este domingo 27 a la manifestación que organiza SCC. Sin complejos y sin disfrazarnos de blancos corderos. Si las señales de apaciguamiento y de no “confrontación” salen de las víctimas éstas merecen que se las coman los lobos. Y esos lobos no tienen escrúpulos.

Franco y la memoria histórica
José Manuel Sánchez Fornet okdiario  24 Octubre 2019

Los restos de Franco serán exhumados el 24 de octubre. Una decisión política del Gobierno socialista, apoyada por el Congreso de los Diputados, sacará al dictador del Valle de los Caídos donde el entonces rey Juan Carlos I decidió enterrarlo. Está bien que los restos del dictador salgan de un lugar de homenaje público, aunque la medida tiene un tufo electoralista que la aleja de una decisión de Estado previamente consensuada.

Paralelamente a la exhumación y al socaire de la memoria histórica, se trata de imponer un relato parcial, el que conviene a sectores oportunistas encubiertos en banderas de izquierda y/o socialistas, pretendiendo establecer la maldad absoluta de los golpistas fascistas y la bondad absoluta de la República y sus afines. Es una manipulación de la Historia, alentada por el pensamiento único de la mayoría de medios de comunicación del ámbito “progresista” y por partidos políticos presuntamente de izquierdas, de esa nueva izquierda desnortada que no defiende el Estado-nación.

El golpe de Estado militar de Franco que desembocó en la Guerra Civil fue una reacción de la bestia fascista que no puede tener justificación en democracia. Esto no puede ocultar que la Segunda República estaba infiltrada por el comunismo ruso desde años antes del levantamiento militar. Sabemos que la izquierda amenazó a un líder de la oposición con que no volvería a hablar en el Congreso, y que fue asesinado poco después de un disparo por un escolta de quien lo amenazó. (En España se han asesinado cinco presidentes del Gobierno, el país en que más, seguido por Estados Unidos con cuatro). Fue la izquierda quien organizó un intento de golpe de Estado en 1934 provocando más de 1.000 muertos. Fueron dirigentes de la izquierda quienes robaron y trasladaron a Rusia las reservas de oro del Banco de España, las cuartas del mundo entonces, que se perdieron para siempre. Fue la República quien, ante la independencia declarada por el presidente catalán Companys, ordenó bombardear la Generalitat y detener a todos los insurrectos. Es incomprensible desde una elemental comprensión histórica, que quienes defienden aquella república pretendan hoy que la democracia contemple impasible la ruptura de la nación.

Nunca sabremos qué habría pasado si en vez de los fascistas hubiesen ganado la guerra los comunistas (con socialistas y anarquistas), pero las checas, las torturas y crímenes contra curas, monjas y quienes pensaban distinto, los fusilamientos masivos, conducen al razonamiento lógico de que habría sido una dictadura tan brutal como la fascista que se impuso tras la guerra. Basta conocer qué ocurrió en la URSS esos años y posteriores. Los millones de asesinados por el comunismo estalinista en campos de concentración son la respuesta.

El 19 de septiembre pasado el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que iguala comunismo con fascismo, fijando la necesidad de mantener la memoria histórica en Europa respecto a ambas ideologías criminales. Establece que los homenajes, estatuas y menciones a cualquiera de los líderes de ambos bandos deben desaparecer de las calles de las ciudades europeas. En España se están eliminando, con un uso revanchista de la Ley de Memoria Histórica, los bustos, cruces y nombres de quienes estuvieron en un bando, el que ganó la guerra, pero se mantienen intactos todos los del bando perdedor. Que sea necesario tratar de exhumar los restos de personas que se encuentran en fosas comunes y cunetas con la implicación del Estado, que lo es, nada tiene que ver con el uso vengativo, rencoroso y de odio de la Memoria Histórica de unos españoles contra otros. Nunca más el odio criminal.

CATALUÑA y… «La pela es la pela»
Antonio García Fuentes Periodista Digital  24 Octubre 2019

Sobre el “intrépido presidente de la actual Cataluña”, he opinado lo que sigue; puesto que entiendo que este “vividor”, no merece el cargo y es como “la langosta o el caballo de Atila; seca los pastos y tras su paso no vuelve a crecer la yerba, por ello… “Yo creo que este indeseable, junto con otros como él; lo que pretenden es que se produzcan muertos en los altercados de rebelión que provocan, para que con “la sangre ajena” (ellos jamás saldrán a puntos de riesgo) crear situaciones límite, “para ver qué pasa”; pienso que lo que desean ya, es que la legión, el ejército y la guardia civil, entren ocupando la zona y provoquen esas situaciones, con “los esbirros” con que cuentan y que como idiotas, seguro que entran al trapo”.

Ahora leo que uno de los más relevantes catalanes del momento, o sea el dueño de la denominada “Vanguardia” y que durante muchos años “fue La Vanguardia Española” (era la época de Franco y había que tener contento al jefe); se le ha puesto en frente y le pide que se vaya cuanto antes a “su masía o casa, si es que las tiene”; puesto que se publica hoy cuando escribo lo que sigue, y que copio y dejo la dirección para aquellos que quieran conocer el resto

“El independentismo radical no es un buen negocio para Casa Godó. En ‘ARV’ Enric Juliana ha llamado ‘inepto muy relevante’ a Torra, al tiempo que ha elogiado a Pedro Sánchez por no aplicar el 155, lo cual hubiese sido ruinoso para los negocios de su jefe, el conde de Godó. Preocupado por la deriva revolucionaria de la Generalitat, el conde le ha ordenado a Marius Carol un duro editorial donde le ha pedido al desquiciado Torra que se marche cuanto antes”: https://www.periodistadigital.com/periodismo/20191023/quilombo-panico-vanguardia-ve-peligrar-negocio-pide-cabeza-torra-mayor-inepto-gobernado-cataluna-video-689404168777/

Pero la realidad es la que vengo diciendo hace ya muchos años, o sea, todos practican lo que denominé, “política de panza y bolsillo”; y todo lo demás, son mentiras, que por poco inteligente que se sea, las notamos fácilmente, puesto que los que practican “este deporte”, siempre van “con el culo al aire y engañando a tontos e idiotas, pero con la aviesa intención de enriquecerse a costa del dinero público”.

El dios máximo en este mundo es “DON DINERO”; pero en Cataluña ,“la pela es la pela”, creo que va aún a más altura; por tanto si, “al conde le tocan el bolsillo, malo”; pero en lo que respecta a “la Cataluña política y monetaria”; yo estimo que todo en esta nueva época (en el pasado hay “para dar y tirar”) es debido a que en su momento, “al viejo Pujol”, en vez de haberle dado “más de lo que pidiera”; lo que había que haber hecho es juzgarlo, meterlo en la cárcel y que sirviera de escarmiento, para los “muchos pujoleros”, que siguieron a aquel “falso honorable”; y como no fue así, hoy las cosas están mucho peor y los remedios van a tener que ser “mucho más sangrantes”; cosa que desde luego, el actual inquilino de la Moncloa, no creo tenga intención de ello, puesto que “como todos los demás “que tragaron”, necesitará los votos pujoleros para seguir en tan suculento asiento”… ¿ESPAÑA? Sólo sirve para explotarla como “mina inagotable”; y lo españoles en mayoría, “sólo para que paguemos impuestos”.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

La legitimación del terrorismo de Torra
Cristina Seguí okdiario  24 Octubre 2019

Ayer volví a sentarme en una mesa de debate en la que Cataluña logró rasparle 7 minutos y 25 segundos a los 32 minutos destinados a hablar del garbeo de Franco en helicóptero desde el Valle de los Caídos a Mingorrubio, 25 minutos al tradicional cuplé de “Los ricos son cada vez más ricos mientras los pobres son cada vez más pobres” presentado en un pizarrón por un millonetis de la SER que decía que él no llegaba a fin de mes y por un trincón de la dictadura Venezolana que se metió en el bolsillo 450.000 por inventarse una especie de bolívar más falso que las tetas de Yurena… (No lo sé Ricks, parece una estafa).

Antes de todo eso fueron los 20 minutos de rigor para convertir en machista al puñetero descuartizador de Valdemoro, aunque no contaron conmigo para hablar de la truculenta escabechina, pues según el manual de estilo para estas lides, ya ha quedado suficientemente probado que “no cuento con la necesaria capacidad empática para los temas de sensibilidad social”, patología que también se me atribuye cada vez que llamo a Torra “jefe de una organización terrorista”. Afirmación que sostengo en romántica sintonía casi con el juez de la Audiencia Nacional.

No me cuadra esa sutil deshumanización mía por parte de las presentadoras que humanizan a las bolsas de basura que se lanzan “de forma pacífica”. Cuando yo bajo las mías las lanzo al contenedor lo hago con todo el asco y el odio incendiario que me provocan sus hedores, repulsión y odio parecidos, por cierto, al que siento por los putos terroristas independentistas catalanes y los presentadores de TV3 y otros nacionales que dicen que hay que ser más pacífico con la basura que con el 52% de los catalanes.

Esos son los que ha inoculado en nuestra conciencia el chantaje de que, para ser un ser humano decente, no hay que odiar absolutamente nada. ¡Nada!

Yo puedo odiar lo que me da la gana porque no soy una hurí con un puto velo al servicio de un empotrador islamista del Raval.

Yo odio a los médicos y profeso la más radical y profunda repulsión hacia el personal sanitario del Ku Klux Katalán que esta semana helaba la sangre mientras danzaba tribalmente dentro del mismo hospital en el que un guerrero de la UIP se ha debatido entre la vida y la muerte.

Odio al periodista colegiado que se planta en las tertulias con su cogorza de eufemismos para referirse a las columnas mussolianas de Torra como “manifestantes” y para hablar de represión policial con 300 policías nacionales y Mozos de Escuadra heridos y 274 coches policiales quemados. A uno de esos gilipollas contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le he visto varias veces loar el mismo “proceso de paz” auspiciado por Santos que incluía la contratación de los cuadros medios de las FARC para unirse a la Policía Nacional colombiana por 300.000 dólares al año, y llamar “policía venezolana” a los colectivos formados por los asesinos sacados de las cárceles y armados por Maduro para patrullar la capital caraqueña.

Periodistas que aprueban la metamorfosis de Cataluña en una versión post moderna de Kosovo y legitiman la equiparación moral de un Companys en fa menor con cualquier otro presidente autonómico.

Esos periodistas te repiten que la perdición del profesional del gremio es su falta de neutralidad. Esa es una falacia que nos han repetido y nos repetirán los peones de la subversión mediática separatista como tenue método de extorsión a los que nunca toleraremos que se intenten generar reacciones de solidaridad hacia los terroristas y la mafia que dirige la Generalidad de Cataluña.

La perdición de estos, reflejada ya en sus perdidas de audiencia, es la pereza, la cobardía y la renuncia a señalar a los culpables de un Estado de sitio dirigido por Torra y auspiciado por una insurgencia civil que ha sido armada y ha recibido instrucción militar por él, por el terrorista de Terra Lliure que explosionó con un botón el cuerpo del empresario catalán José María Bultó, y por Frederic Bentanachs, el “pacífico” terrorista con cuerpo escombro de licántropo al que, de vez en cuando, se amorra el tonto-tronista del folklore borroko-separata, Guardiola.

El doble tripartito
Sánchez cuenta con Esquerra para gestar un intercambio de poder con Torra fuera: Madrid por Barcelona o viceversa
Ignacio Camacho ABC  24 Octubre 2019

La clave de la lenidad de Sánchez ante los disturbios en Cataluña hay que buscarla en las cuentas postelectorales. Los cálculos optimistas de los gurús de La Moncloa se han desplomado y los sondeos apuntan a que el PSOE repetirá resultado con leves variaciones hacia arriba o incluso hacia abajo, hipótesis ésta última que les produce verdadero pánico. Nada de paseo triunfal, en todo caso; más bien la misma dificultad para forjar pactos, tal vez mayor si se consuma el retroceso de Ciudadanos. Así las cosas, las opciones probables del candidato socialista sólo pasan por Pablo Casado, que le obligaría a humillantes renuncias programáticas, o por el modelo Frankenstein al que renunció en verano cuando creía que la repetición de los comicios coronaría su liderazgo. Y aunque los círculos capitalinos de influencia sueñan -y presionan- con la coalición de Estado, el presidente se inclina hacia el flanco contrario: no ha apostado por jibarizar a Iglesias para terminar regalándole el campo. Sólo que para reeditar el bloque de la moción de censura necesitará que al menos una parte de los separatistas le franquee (con perdón) el paso. Y en esta clase de circunstancias, los Gobiernos de la nación siempre se dejan seducir por la creencia ilusoria en un nacionalismo pragmático.

De este modo se ha vuelto a poner en marcha el blanqueo de Esquerra. Al fondo, un intercambio de poder: Madrid por Barcelona o viceversa. El PSC de Iceta como relator del nuevo cuento de la lechera, facilitador de la investidura sanchista y de la entrega de la Generalitat a un hombre de Junqueras, que supervisaría el tejemaneje desde su próximo régimen de prisión abierta. Torra fuera, Puigdemont aislado en Bruselas, un nuevo Estatuto confederal, con votación referendataria, nueva financiación y más competencias. Manolo Marín lo ha llamado aquí el «neo-procés», fruto de la gestión política de la sentencia. Un doble tripartito para ir tirando bajo la promesa azarosa de posponer la independencia. Y el establishment de la burguesía catalana aplaudiendo con las orejas.

Este plan significa otorgar un premio de confianza al hombre que el Supremo considera -hechos probados- el director del golpe sedicioso, su organizador y cerebro. El impostado mansurrón que ponía la mano sobre el hombro de Soraya Sáenz de Santamaría mientras aprestaba el alzamiento. El que impidió que Puigdemont se echase atrás en último extremo. El jefe de los insurrectos, el que desprecia el indulto -ya puede, sabiendo que va a gozar de trato de privilegio- para no tener que mostrar arrepentimiento.

Vamos hacia la reiteración del autoengaño sobre la quimera posibilista, el apaño táctico o la solución falsa del armisticio a corto plazo. Hacia el enésimo error de resistencia biempensante contra la palmaria certeza histórica de que jamás ningún Estado ha frenado una revolución aliándose con los revolucionarios.

¿Podemos hablar de revolución en Cataluña?
Jorge Vilches. vozpopuli  24 Octubre 2019

El 'procés' se ha convertido en un callejón sin salida en el que ya ni siquiera un referéndum valdrá para los que han alzado barricadas y los que los han comprendido, justificado y apoyado

La sentencia del Tribunal Supremo dejó claro que una cosa es el significado jurídico y otro el filosófico y sociológico de violencia, rebelión y golpe de Estado. En realidad, es que las normas y la interpretación que les sigue van muy por detrás de la realidad de los movimientos políticos y sociales.

Ocurre lo mismo con las medidas que se ponen para contener el terrorismo callejero. Los métodos para prever los movimientos policiales, repelerlos, escabullirse y dañar lo más posible son del mismo calibre, e incluso superior, al que utilizan las fuerzas del orden. En muchas ocasiones, como en Barcelona estos días pasados, es un verdadero milagro que los violentos no sean más expeditivos y no estemos lamentando la pérdida de vidas.

Descontrolados y antisistema
Los antisistema, o antifascistas, tienen en todo el mundo especialistas en idear y organizar los ataques al orden establecido. La red internacional es impresionante. No son descontrolados o “radicales” como gusta decir la prensa, sino semiprofesionales de la violencia que dominan un territorio, tienen un metalenguaje, códigos, conceptos, organización y un objetivo. Cualquiera para ellos es un “fascista”. Lo describe muy bien Mark Bray en Antifa: Manual del antifascista (Capitán Swing, 2018).

El procés ha abierto una época de desorden en el que cabe cualquier forma de ataque al enemigo declarado. El principio es la necesidad de una Cataluña independiente, presa de un Estado opresor. Sobre ese marco cabe cualquier afirmación y acción. Por esa puerta pasan los actores clásicos que intentan aprovechar la debilidad de un Gobierno central: los políticos instigadores, las asociaciones a su servicio, las instituciones traidoras, y la masa.

El problema es cuando esa masa en cuyo nombre hablan los nacional-populistas queda frustrada porque no se cumplen con urgencia las promesas de los instigadores. La iniciativa pasa entonces a la gente, y es aquí cuando los procesos se desbordan de verdad, quedan descontrolados y dan una vuelta de tuerca.

Los acontecimientos de estos días en Barcelona, por muy duros que hayan sido, con heridos y agresiones a la Policía, incendios, saqueos y destrozos, no son una revolución. Es la nueva fase en la que se manifiesta el procés, ese callejón sin salida en el que ya ni siquiera un referéndum valdrá para los que han alzado barricadas y los que los han comprendido, justificado y apoyado.

El descrédito de Torra y Torrent, presidentes del Govern y el Parlament, les inhabilita para liderar el movimiento. Tampoco ningún otro líder “histórico”, como Puigdemont, y menos aún alguno de sus segundones. Ni siquiera Gabriel Rufián, quien se creía un “enfant terrible” adorado por sus exabruptos, y fue abucheado por los suyos en las calles de Barcelona.

La Ley de Seguridad Nacional y la aplicación del 155 son medidas legales y legítimas que Sánchez considera dañinas para sus intereses

Si los sediciosos intentaban utilizar el 1-O y las algaradas para forzar una negociación con el Gobierno central sobre un referéndum de autodeterminación, hay que decir que les ha salido mal. La “ensoñación” ni siquiera va a llevar al “pueblo catalán” a plantarse en una “revolución de las sonrisas” para, a la checoslovaca en 1989 y su terciopelo, obligar al Estado a conceder la independencia a Cataluña.

El resultado del procés ha sido la destrucción de la autonomía catalana, la desvertebración de una sociedad, el hundimiento de una economía, la huida del turismo de calidad, y la creación de una imagen negativa internacional que costará mucho limpiar. A esto se suman unos partidos rotos, unos líderes desautorizados y despreciados, unos sindicatos falsos -no olvidamos su contribución con la huelga revolucionaria-, una parte del empresariado gritando “libertad presos políticos”, la Universidad cerrada por orden de los violentos, y una TV3 goebbeliana.

No es un proceso revolucionario, sino de autodestrucción. A esto, además, se le añaden factores que ahondan la tragedia. La actitud del gobierno de Sánchez es débil y ambigua, con esa estrategia teenager de no coger el teléfono. Hablar no es dialogar. También sirve para ordenar y amenazar, que es su obligación en esta situación. La Ley de Seguridad Nacional y la aplicación del 155 son medidas legales y legítimas que Sánchez considera dañinas para sus intereses electorales.

Y hay otro factor: Iceta y el colaboracionismodel PSC, porque comprender y auxiliar, aunque solo sea retóricamente, es colaborar. Es un mal síntoma. El riesgo que corre la Españademocrática, esa misma que ha asentado el mejor periodo de convivencia y paz en nuestra Historia, es que quede infectada por el procés, esa maldita autodestrucción.

Tomás Ramón Fernández, sobre la sentencia: "No iban de broma, declararon la independencia"
El cumplimiento de las condenas, la tesis de la "ensoñación" y la posición europea centran los debates sobre el fallo del Supremo.
María Peral elespanol  24 Octubre 2019

El penalista Enrique Gimbernat, el catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón y el exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón han coincidido este miércoles en que los hechos cometidos por los condenados en la causa del 'procés' hubieran merecido una condena por rebelión y no por el tipo penal, menos severo, de sedición.

Los tres juristas y el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal han participado en un encuentro promovido por Law&Business School sobre la sentencia dictada por la Sala Penal del Supremo, que impuso penas de 9 a 13 años de cárcel por sedición a nueve de los doce acusados.

Edmundo Bal, que llevó la representación de la Abogacía del Estado en la causa del 'procés' hasta que fue cesado por disentir de la calificación de sedición, cuestionó la tesis de la "ensoñación" expresada en la sentencia, aunque también consideró que la condena es "justa" y "pasará por supuestísimo los filtros del Tribunal Constitucional y Estrasburgo".

Bal puso el énfasis de su crítica en el "mensaje" que, a su parecer, envía el Supremo al no aceptar la petición de la Fiscalía de establecer que los condenados no accedan al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de sus penas. El Supremo, "experto en hacer sentencias redondas", ha dicho, "no ha puesto esa limitación y eso da como resultado que se piense que [el régimen penitenciario de los condenados] es negociable. Eso es una aberración".

Gimbernat sostuvo que el alto tribunal ha hecho una interpretación "muy restringida" del delito de rebelión. "También los guardias civiles que el 23-F entraron en el Congreso iban engañados, pero los que organizaron el golpe de Estado sabían lo que querían", dijo.

A su parecer, incluso partiendo de los hechos declarados probados, los condenados del 'procés' "tomaron el alzamiento masivo y tumultuario del 20 de septiembre y del 1 de octubre como elemento de presión al Gobierno" para una finalidad secesionista, como instrumento indirecto para conseguir su propósito de imponer la independencia.

Tomás Ramón discrepó de la sentencia no sólo en cuanto a la calificación delictiva sino también en cuanto a los hechos. "Hicieron todo lo necesario, todo lo que estuvo en su mano para conseguir la independencia, no iban de broma", manifestó.

"Fueron hechos televisados, los vio todo el mundo", añadió. "Yo vi cómo el Parlamento catalán declaraba la independencia. Y no la votan, pero luego fueron uno a uno firmando en una mesa. Fue una vía similar a la de Kosovo, con la diferencia de que a Kosovo lo reconocieron varios Estados y aquí no lo hizo ninguno, pero ellos [los condenados] declararon la independencia, eso es indiscutible".

"No sólo firmaron: se declaró unilateralmente la independencia en sede parlamentaria y por eso se activó el artículo 155", apostilló Aragón. "Lo decisivo es que se pusieron los medios para obtener ese fin de declarar la independencia, aunque luego, por causas no imputables a los condenados, aquello fracasara".

Tomás Ramón se preguntó "por qué el tribunal optó por la sedición y por qué lo hizo por unanimidad". El jurista cree que en el ánimo de los magistrados pesó la consideración de cómo sería recibida la sentencia fuera de España "teniendo en cuenta que las euroórdenes habían fracasado porque la rebelión no se vio muy bien fuera de nuestras fronteras. Optaron por ir a un escalón más abajo, pero indiscutible, mejor que un escalón más arriba, pero difícil de vender".

Una sentencia benévola (la del 'procés')
Carlos Jiménez Villarejo cronicaglobal  24 Octubre 2019

1.- Las lagunas de un relato
En primer lugar, en relación a la “violencia” exigida por artículo 472 del Código Penal que tipifica el delito de rebelión.

El auto del Tribunal Supremo (TS) de 17 de mayo de 2018, denegatorio de la libertad provisional de varios de los ahora condenados, describe como “acciones violentas” la formación de “murallas humanas” para hacer recular los cuerpos policiales, ”apedreando” sus vehículos o “forzando” a los agentes a emplear una fuerza que de otro modo hubiera resultado innecesaria. Como veremos, parece que esas formas de violencia, entonces apreciadas por el TS, y descritas en el escrito de acusación de la Fiscalía, se han diluido.

Pero, sobre todo, es notable y estimamos muy irregular que la violencia que se hace constar en el escrito de acusación de la Fiscalía del TS haya sido omitida en los “hechos probados” de la sentencia, con el resultado, objetivamente, de eludir la apreciación del delito de rebelión.

En relación a Òmnium y ANC (apartado E), a las que atribuye “un papel tan relevante en el plan rebelde que casi desplazaron con su dominio de las movilizaciones multitudinarias la actuación de los Mossos”.

En relación a la jornada del 20 de septiembre de 2017, la Fiscalía se refiere a “16:00 horas de asedio”, debiendo entenderse por tal el acorralamiento por una gran multitud de la Comisión Judicial, que practicaba un registro de la sede de la Consejería de Economia y Hacienda.

Respecto a la jornada del 1-O, se omiten los hechos relatados en las páginas 109-115 del escrito de acusación, que describen con todo detalle los 93 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil que resultaron lesionados --identificados con nombres y apellidos-- cuando trataban de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que habían prohibido el llamado referéndum en cumplimiento, en particular, de lo ordenado por auto de la juez instructora de 27 de septiembre de 2017, que ordenaba “aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales, que deberán actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado”. La consecuencia fue un “violento y agresivo enfrentamiento propiciado frente a la actuación policial”. Sobre todo, cuando es consecuencia de “actos de agresión causantes de lesiones como lanzamientos de objetos, vallas metálicas, piedras, insultos, presencia física intimidatoria y resistencia grave” a la actuación policial.

Lo que no excluye referirnos a las cuatro personas que fueron hospitalizadas --dos de ellas, graves-- a causa de la intervención policial.

Todo esto en la sentencia se reduce a esta brevísima frase: ”El enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la autoridad derivó en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa” (página 54).

¿Cómo el TS ha omitido estas formas evidentes de “violencia"?.

2.-La mixtificación de un relato
En relación a la descripción, muy limitada, del alcance y contenido del proceso secesionista.

En los hechos probados, este proceso se da por iniciado el 30 de marzo de 2015 (página 36), haciendo referencia a una “hoja de ruta” entre CDC y ERC y las asociaciones Òmnium y ANC.

Lo que es manifiestamente inexacto, además de desconocer partes fundamentales de la acusación de la Fiscalía. Pero ante la decisión de evitar la condena por el delito de rebelión, se procedió a diluir la realidad del proceso independentista, ya que solo era, para el Tribunal, un “señuelo” para una movilización que nunca “desembocaría en la creación de un Estado soberano”. El objetivo de la independencia de Cataluña era, dice el Tribunal, una “ensoñación” o un “artificio engañoso” para “ilusionados ciudadanos”. La realidad inmediata de estas fechas, con un alto grado de violencia, está desmintiendo la argumentación judicial expuesta.

El proceso secesionista, como describe con detalle la Fiscalía, arranca del pacto del 19 de diciembre de 2012 entre Artur Mas y Oriol Junqueras, que se concreta en la resolucion del Parlament 5/X de 23 de enero de 2013, pronto hará siete años, que es una Declaración de Soberanía que afirma al pueblo catalán como “sujeto político soberano”.

Inmediatamente, es aprobado el Decreto 113/2013 que crea el Consejo Asesor para la Transición Nacional --ya al margen absoluto del Estatuto de Autonomía--. Meses después, se aprueba por el Parlament la Resolucion de 27 de septiembre de 2013 que da cuenta de la aprobación del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y anuncia el propósito de celebrar “un referéndum o consulta”. Consulta que, dicen, "no se puede eternizar”.

Posteriormente, se aprueba el Libro Blanco de la Transición Nacional, presentado el 29 de septiembre de 2014, donde ya se expone la necesidad de “forzar la negociación con el Estado”. Y que tendrá su primera expresión en la consulta del 9N de 2014. Donde se formula la pregunta: ”¿Quiere que Cataluña sea un Estado?". Creo que ya estaba claro cuál era el decidido propósito de los dirigentes ahora condenados.

Durante el curso de 2015 se crea el Comisionado para la Transición Nacional que aprueba el “Plan Ejecutivo para la preparación de las Estructuras de Estado” y el “Plan de Infraestructuras Estratégicas”, que preparan las elecciones de 27 de septiembre de ese año. Elecciones en las que los partidos soberanistas obtienen la mayoría parlamentaria --que no social-- y, a partir de ahí, aprueban la Resolución 1/XI en la que ya se acuerda la apertura de un “proceso constituyente” y que la “desconexión democrática del Estado español no se supeditará a las decisiones del Estatuto de Autonomía”. E insta a que desde ese momento, el Govern solo estará sometido a “los mandatos de esta Cámara”. Según la Fiscalía, dicha Resolución es “el punto de partida del permanente ataque a la legalidad democrática y constitucional que los acusados habían planificado y organizado”. Para el Tribunal fue irrelevante.

Más adelante, ya en 2016, se constituye la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente que profundiza los acuerdos anteriores.

3.-La autenticidad de un relato
Resulta de todo punto inaceptable que, ante unos hechos probados que consisten, en su práctica totalidad, en la descripción, aunque no siempre completa ni imparcial, del proceso secesionista, el TS, en una pirueta jurídica, los incardine y tipifique como un delito de sedición (atículo 544 del Código Penal). Es decir, como conductas consistentes en consciente y reiterado incumplimiento de las leyes democráticas y resoluciones judiciales, en especial del Tribunal Constitucional, lo que representaba la mera e inevitable consecuencia del proceso secesionista. Reconociendo, para dar cierta consistencia a esa errónea decisión, que concurrió un “alzamiento público y tumultuario”, cuando alzarse es también sinónimo de “sublevación” o “amotinamiento”. Decisión que no tiene otro fundamento que eludir indebidamente la estimación del delito de rebelión (artículo 472.5º del Código Penal).

Con un evidente error. Porque, en la apreciación de una conducta como delictiva, tan relevante como la acción u omisión, es la culpabilidad, una de cuyas formas es el dolo, es decir, la conciencia y voluntad de realizar una conducta descrita como delictiva, concurriendo en ella los elementos intelectuales y volitivos propios del dolo. Forma de culpabilidad que en otros preceptos del Código Penal se describen como “intencionadamente” o “a sabiendas”. Y, es más que evidente, que en este proceso y en relación a las conductas descritas como delictivas, la voluntad absolutamente prioritaria, formal y expresa, sobre todo de los acusados dirigentes del procés, era desafiar al Estado democrático de España. Es, pues, más que obvio, que el dolo esencial y constante de dichos acusados era “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, el propio del delito de rebelión. Basta recordar que, ya desde 2013, menospreciaban y desobedecían el orden constitucional. Por ello, nunca se dieron por aludidos cuando el TC se pronunció en estos términos, ante la Declaración de 2013: ”Sin que existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de inmunidad frente a ella”.

Resulta inconcebible e inadmisible que, ante unos hechos probados como los descritos, que reconocen como eje fundamental de la actividad delictiva enjuiciada “la proclamación unilateral de ruptura con el sistema constitucional vigente” --como proclama el TS-- eviten la estimación del delito de rebelión. Máxime cuando, además, afirma que el “derecho a decidir” no está reconocido en ningún tratado internacional y que, caso de ejercitarse, según la Convención de Derechos Humanos de 1951 y la Carta de Derechos de Lisboa de 2010 “es, por definición, un movimiento antidemocrático”. Añadiendo que “la Sala no puede aceptar, desde luego, el 'derecho a decidir' como termómetro de medición de la calidad democrática de una sociedad”.

Es de una gravísima incoherencia que el eje central de conducta descrita a lo largo de 60 páginas se reduzca, como centro de la actividad delictiva enjuiciada, a una mera desobediencia de las leyes y resoluciones judiciales, por más que el Tribunal le añada una forma muy moderada de “alzamiento”. ¿Por qué no fueron perseguidos con anterioridad por un delito de desobediencia (artículo 556 del Código Penal) cuando comenzaron a cometerlo, desde 2013?. Precisamente, cuando el dolo de los dirigentes del procés, de enfrentarse y transgredir la legalidad democrática, era ya muy explícito. Lo que, por cierto, hubiera determinado su condena e inhabilitación para cargo público, con muy positivas consecuencias frente al proceso independentista.

Por otra parte, los efectos desfavorables sobre las penas no hubieran sido tan importantes. Hubiera podido imponerse la pena mínima del delito de rebelión, de 15 años de prisión, dada la ausencia de atenuantes y agravantes. Y, dadas las facultades otorgadas a los jueces sobre el cumplimiento de penas en el artículo 90 del Código Penal, además de las previsiones contempladas en la Ley General Penitenciaria de 1979, si las penas se cumplen en Cataluña, los rebeldes secesionistas podrían ser clasificados y tratados con generosos e injustificados beneficios penitenciarios.

Carlos Jimenez Villarejo
Federalistes d’Esquerres
Texto de la intervención en un acto convocado por Alternativa Ciudadana Progresista

Por qué Torra juega al Apocalipsis
José García Domínguez Libertad Digital  24 Octubre 2019

Torra y Puigdemont, hagan lo que hagan, no pueden crecer más. Y lo saben. Junqueras tampoco.

A día de hoy, es bien sabido, el 47% de los habitantes de Cataluña se muestran firmes partidarios de crear una república independiente segregada de España. Y entre esos secesionistas hay muchos, probablemente la mayor parte, convencidos de que si lograsen llegar al 51%, esto es, si consiguieran crecer apenas cuatro puntos estadísticos, el objetivo resultaría alcanzable. Entre esos creyentes figuran tanto Torra como Puigdemont, pero no así Junqueras. Ha necesitado un par de largos años entre rejas (en la cárcel cada año es una eternidad infinita) para acabar de entenderlo, pero al final el líder de Esquerra ha comprendido, él sí, que el precio de proclamar la independencia con el apoyo de la mitad raspada de los votos no sería otro más que la guerra civil. Y una guerra no entre Cataluña y España, sino entre catalanes. La misma guerra civil que estuvo a punto de empezar en octubre del año 17. Y que, de momento, permanece aplazada, solo aplazada. Por lo demás, Junqueras no es ni mejor ni peor que los otros dos, sino que simplemente resulta ser alguien consciente de los límites demográficos infranqueables que afronta el nacionalismo indigenista heredero de la cultura política pujoliana, ese que hoy encarna Torra.

El pujolismo, fiel a la tradición histórica del catalanismo conservador desde los tiempos de Prat de la Riba, nunca consideró que la población de origen alógeno, nada menos que la mitad del censo electoral de Cataluña, mereciera en serio la consideración política asociada al principio de la ciudadanía. Para ellos, toda esa gente únicamente forma parte paisaje. Es solo el decorado en el que se desarrolla su obra. De ahí el carácter homogéneo y pétreamente monolítico de su base social. En ese sentido, Torra, a pesar de lo mucho que se ha escrito y hablado de su explícita xenofobia hispanófoba, no representa ninguna anomalía extravagante que se aparte demasiado de la línea canónica propia del pensamiento profundo del nacionalismo de derechas. Torra no es ni más ni menos supremacista que el propio Pujol o que el resto de la élite dirigente de la antigua Convergencia, ahora tan añorada en Madrid. Si acaso, es un poco menos hipócrita que todos ellos, rasgo personal que le honra. Por eso el irredentismo asilvestrado que caracteriza sus posiciones actuales, en paradójico contraste con la posibilista moderación de Esquerra.

Torra y Puigdemont juegan hoy la carta del Apocalipsis por una razón bien sencilla, a saber: porque no disponen de ninguna otra. Ya se ha apuntado ahí arriba: la expansión numérica de los nacionalismos indigenistas, y el suyo lo es de libro, chocan siempre con un límite cuantitativo que viene determinado por la demografía. Para ellos, como antes para Pujol, solo cuentan los catalanes puros, y a esos (conviene que no nos engañemos mucho al respecto) ya los tienen. Por tanto, y siempre desde su perspectiva, no hay razón alguna para seguir esperando. Que la vía insurreccional no conduzca a ninguna parte es otra historia. Torra y Puigdemont, hagan lo que hagan, no pueden crecer más. Y lo saben. Junqueras tampoco. Pero esa es la parte que el de Esquerra todavía no ha entendido.


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