AGLI Recortes de Prensa   Jueves 7   Noviembre  2019

Sánchez mete la pata y los separatistas se frotan las manos
EDITORIAL Libertad Digital 7 Noviembre 2019

Si tan interesado está Sánchez en que los golpistas acaben entre rejas, que promueva actuaciones contra Quim Torra.

Es cierto que el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico y que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, tal y como establece el artículo 124.4 de la Constitución. No menos cierto es que el Gobierno podrá interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden de la defensa del interés público, tal y como literalmente establece el artículo 8.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y que, a tal fin, el presidente del Gobierno, siempre que lo estime necesario, podrá incluso dirigirse directamente al Ministerio Público, tal y como señala el artículo 8.2. del citado Estatuto.

Ahora bien, las palabras de Pedro Sánchez, tanto en el debate electoral del pasado lunes como ante los micrófonos de RNE el miércoles, en las que el presidente del Gobierno en funciones presentaba como compromiso electoral la extradición del golpista fugado Carles Puigdemont y presentaba a la Fiscalía como un organismo rendido a sus órdenes, no pueden ser más desafortunadas, al tiempo que engañosas.

En primer lugar, porque, siendo cierto que el presidente puede y debe interesar a la Fiscalía respecto de la persecución de delitos y delincuentes, no es menos cierto que es el Ministerio Publico el que imparcialmente resuelve sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas, tal y como también establece el articulo 8.2. del Estatuto Fiscal.

En segundo lugar, las palabras de Sánchez no pueden ser más engañosas porque ni una sola de todas las actuaciones del Ministerio Fiscal contra los golpistas catalanes con ocasión del 9-N y del 1-O fueron interesadas por el entonces Gobierno de Rajoy, sino que fueron motu proprio. Tampoco ha sido a iniciativa del Gobierno de Sánchez la reciente reactivación de la euroorden de detención contra Puigdemont, pues se trató de una decisión del juez Llarena.

Lo cierto es que el funesto Gobierno de Rajoy, entonces muy interesado en impulsar lo que luego se conocería como operación Diálogo –a cargo de Soraya Sáenz de Santamaría–, no tuvo el menor interés en que la Fiscalía mantuviera los cargos de cárcel presentados por el dimitido fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce, contra Mas, Ortega y Rigau por el 9-N. Otro tanto se puede decir con ocasión de las actuaciones de la Fiscalía contra los autores del 1-O, presentadas por su propia iniciativa y sólo después de que la acusación popular, ejercida por Vox, hubiera presentado cargos contra ellos.

Lo mismo se puede decir del no menos funesto Gobierno de Pedro Sánchez, que sólo se ha mostrado interesado en que la Abogacía del Estado retirara los cargos de rebelión contra los golpistas del 1-O y que ahora presenta, tan oportunista como irresponsablemente, la ya solicitada extradición de Puigdemont como compromiso electoral del Partido Socialista. Eso, al tiempo que se niega a renunciar a pactar con el partido del golpista Junqueras, como forma de sostenerse en el Gobierno.

Así las cosas, no es de extrañar la protesta de los fiscales ante tan injustificado desprecio a su imparcialidad por parte del presidente del Gbierno, y que los golpistas –empezando por Puigdemont– se hayan frotado las manos y exhibido todo su victimismo frente al sistema de administración de justicia español.

Las palabras de Sánchez, además, no pueden ser más desafortunadas si se tiene en cuenta que coinciden con la bochornosa decisión de la Justicia británica de rechazar por "desproporcionada" la orden de detención europea por la que España reclama la entrega de la golpista y exconsejera regional Clara Ponsatí

No se trata de hacer culpable a Sánchez por esta decisión judicial de un país como el Reino Unido, más interesado en salirse de la UE que en respetar la legislación comunitaria respecto de las solicitudes de extradición y detención por parte de otro país miembro de la UE. Sin embargo, es evidente que el Gobierno de Sánchez no se ha molestado en ningún momento en contrarrestar la potente campaña internacional que los golpistas están llevando a cabo en el exterior para desacreditar a la Justicia española.

Finalmente, si tan interesado está ahora Sanchez en interesar a la Fiscalía para que los golpistas catalanes acaben entre rejas, en lugar de presentar como compromiso electoral una extradición de Puigdemont que ya ha sido cursada, lo que tiene que hacer es promover actuaciones contra un golpista en ejercicio como Quim Torra, presidente de la Generlidad y actual cabecilla del inconcluso golpe de Estado separatista.

Sánchez, el hazmerreír de Puigdemont
Pablo Planas Libertad Digital 7 Noviembre 2019

Cada vez que un miembro del Gobierno en funciones abre la boca, aumentan las posibilidades de que Bélgica rechace la extradición de Puigdemont. Acaba de suceder con el Reino Unido, que se niega a tramitar la extradición de Clara Ponsatí, exconsejera de Educación. ¿Qué dirá ahora la vicepresidenta Carmen Calvo? ¿Con qué represalias amenazará a la Gran Bretaña? Ella, que con tanta soberbia advirtió a Bélgica de "graves consecuencias" si no se avenían a extraditar al expresidente autonómico prófugo. Oh, qué miedo, mira cómo tiemblo, dijo para sí la primera ministra Sophie Wilmès.

Pedro Sánchez acaba de meter la pata hasta el corvejón a cuenta de la cada vez más complicada extradición de Puigdemont. En un alarde sin precedentes de ignorancia y fatuidad, se ha jactado de que traerá de regreso al fugado gracias a su manejo del Ministerio Público. Hay que ser incompetente y desconocer por completo la Constitución para afirmar primero que la Fiscalía depende del Gobierno y después que con la Fiscalía conseguirá el retorno del fugitivo.

Dicen que Sánchez está cansado. Puede. Él sabrá de qué y por qué. Pero estar cansado no exime de ignorar que la Fiscalía es Poder Judicial, un órgano independiente, no una herramienta del Gobierno como la Abogacía del Estado. ¿O es que no se acuerda el presidente en funciones de que el Ministerio Público se negó a rebajar su acusación de rebelión a sedición en el caso del golpe de Estado?

Además de cansado, Sánchez parece un tanto desquiciado con Cataluña, asunto en el que no da pie con bola. Parecía imposible empeorar la actuación en la materia del Ejecutivo de Rajoy y Sáenz de Santamaría, pero el actual Gobierno lo está logrando con creces.

La negativa del Reino Unido a extraditar a Ponsatí, como en su día la de Alemania a repatriar a Puigdemont, es la demostración pura y dura de que el Gobierno ha perdido la batalla de la propaganda frente a los publicistas del separatismo, que han sabido actualizar la Leyenda Negra. Y los graves disturbios en Cataluña tras la benigna sentencia del Tribunal Supremo han dejado en evidencia al Gobierno, cuya respuesta a la violencia se ha limitado a no atender las llamadas de teléfono de Torra en vez de aplicar al president pirómano todo el peso de la Constitución.

Sánchez no se aclara, es duro de palabra pero blando de obra y vive pendiente de las encuestas y del espejo, incapaz de actuar en consecuencia ante los ataques separatistas al Estado de Derecho, preso de una verborrea grandilocuente que esconde una insuficiencia mayúscula y una ignorancia abisal también en la cuestión catalana. Quiere trincar a Puigdemont y es incapaz de meter en vereda a Torra; se fía más de lo que le dicen Redondo y Tezanos que de lo que dice la Constitución y pretende sofocar la insurrección independentista con un ministro de Interior que considera que los disturbios solo son un problema de orden público, como los carteristas del metro.

En este marasmo, sólo el Rey está a la altura de las circunstancias. "Ni la violencia ni la intolerancia pueden tener cabida en Cataluña", dijo Felipe VI después de que las turbas de Torra y Puigdemont agredieran a decenas de invitados a la gala de los Premios Princesa de Gerona en Barcelona. Pero Sánchez, más canelo que Mariano, no copia el mensaje y Torra sigue tan pancho en su cargo, dando ánimos a los Comités de Defensa de la República (CDR) y recibiendo instrucciones de Puigdemont.

Una humillación que saldrá cara
Editorial El Mundo 7 Noviembre 2019

Las palabras de Sánchez sobre la Fiscalía alimentan el relato victimista del secesionismo y entregan una baza a los abogados del fugado

Resulta difícil imaginar mayor humillación que la que Sánchez infligió ayer a la Fiscalía. Tras el deslucido papel que jugó en el debate -donde no quiso rechazar el pacto con los independentistas-, llevado del afán de impostar dureza contra el mismo separatismo que le llevó a La Moncloa en la moción de censura, todo un presidente en funciones incurrió en la bravuconada de presumir de tener el Ministerio Público a sus órdenes, como si los fiscales de este país no fueran más que el brazo ejecutor de la voluntad política de Sánchez. No cabe relativizar el efecto de este escándalo institucional. Y no solo por lo que semejante fanfarronada revela de la noción del Estado que maneja Sánchez, sino por los efectos contraproducentes que puede tener una afirmación así, en boca del presidente del Gobierno, a la hora de lograr la efectiva extradición de Carles Puigdemont.

Conviene recordar que la Fiscalía, como garante de la ley, es el órgano que nos defiende a todos los españoles. El hecho de que el fiscal general sea nombrado por el Gobierno de turno no debería suponer la consolidación de una vía de injerencia política que destruya el principio de separación de poderes. Por eso, en una nota emitida en defensa propia, los fiscales del Supremo que mantuvieron la acusación de rebelión contra los golpistas -finalmente condenados por sedición- han reivindicado su "autonomía funcional" y "la sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad". Esos mismos fiscales, que con coraje y brillantez defendieron la tesis de la agresión al orden constitucional de los dirigentes independentistas, ya tuvieron que sufrir las presiones de su ex compañera Dolores Delgado, que ha ejecutado como ministra aquello que criticaba como fiscal, destituyendo a Edmundo Bal para imponer la tesis de la sedición en la Abogacía del Estado, más conveniente a la estrategia del apaciguamiento que propugnaba Moncloa hasta que la ola insurreccional incendió Barcelona en pleno periodo electoral.

En el enésimo giro sanchista respecto de Cataluña, ahora el candidato del PSOE pretende erigirse en gendarme inflexible del prófugo de Waterloo. Pero él mismo, siendo jefe de la oposición, exigió a Rajoy que negociase con Puigdemont tras las cargas policiales del 1-O, en un acto de memorable deslealtad. Y lo peor no es la incongruencia y la impostura, sino que sus palabras alimentan el relato victimista de la opresión totalitaria que propala el secesionismo y entregan una poderosa baza a los abogados del fugado para complicar aún más la extradición de Puigdemont.

Todo en el día en que Reino Unido denegó la euroorden contra Clara Ponsatí bajo pretexto de "desproporción". Llarena debe elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo: la figura de la euroorden se está revelando fallida para juzgar uno de los delitos más graves cometidos en un Estado miembro.

El Estado entendido como un cortijo
Editorial. vozpopuli  7 Noviembre 2019

La separación de poderes es uno los pilares en los que se asienta el Estado democrático. Algo que parece ignorar el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la vista de sus inaceptables declaraciones sobre el Ministerio Público. “La Fiscalía depende del Gobierno”, ha venido a concluir Sánchez, en una afirmación desbordada de arrogancia y preñada de inoportunidad.

Las asociaciones de fiscales han reaccionado con indignación y han mostrado su abierto rechazo ante estas palabras, que implican un absoluto desprecio por parte del jefe del Ejecutivo a una de las piezas clave de la Administración de Justicia. Incluso la Fiscalía General del Estado se ha visto obligada a emitir un inusual comunicado para subrayar su autonomía.

Sánchez, por su parte, ha intentado enmendar el estropicio mediante un tuit que poco aclara y a nadie convence. El problema es que llueve sobre mojado. Desde que llegó a La Moncloa, el presidente ha puesto las instituciones del Estado a su servicio: desde el CIS hasta Televisión Española. No en vano, ha sido el primer jefe del Ejecutivo en ser expedientado por la Junta Electoral Central por utilizar el palacio presidencial para conceder entrevistas con contenido partidista en vísperas de unas elecciones. Y, como contó hace unos días este periódico, tampoco tuvo escrúpulos en modificar la fecha prevista para la publicación de los datos del paro con tal de que no coincidiese con el debate electoral del 4 de noviembre.

Desde el primer momento Sánchez ha colonizado los estamentos del Estado y los ha rendido a sus intereses, los ha convertido en meras herramientas de propaganda política, en puros elementos para su permanente campaña de marketing. Pero lo inaudito es que no tenga ningún rubor en alardear de ello en una entrevista radiofónica a cuatro días de unas elecciones, poniendo de manifiesto que carece de cualquier decoro y que ha tomado al Estado por su cortijo particular.

Nuevo libro mío: Por qué el Frente Popular perdió la guerra.
Pío Moa gaceta.es 7 Noviembre 2019

–La próxima semana empezará a estar en librerías mi libro Por qué el Frente Popular perdió la guerra civil. Causas y consecuencias. Será el libro definitivo sobre la guerra.

¿Cuántas veces has dicho públicamente que dejabas la historia?
–Dos, tal vez tres.

Pero siempre reincides
–Muy a mi pesar. Cuando empecé a escribir, el dominio de las versiones izquierdistas y separatistas sobre la guerra y sobre Franco era absoluto. Historiadores de la talla de los hermanos Salas, Martínez Bande o Ricardo de la Cierva estaban prácticamente en el ostracismo, tanto en la universidad como en la opinión pública. Esto fue posible gracias a la colaboración de la derecha, en especial la monárquica de Ansón en su órgano ABC , que quería ser El País de la derecha, y a los políticos democristianos. Entonces mis obras cayeron como una pedrada en una charca un tanto fétida. Gente como Tusell, Juliá y otros querían que mis obras fueran prohibidas. Después de mi trilogía sobre la república y la guerra y de Los mitos, dediqué bastante tiempo, en artículos, conferencias e intervenciones en los medios a explicar las cosas y a rebatir a los historiadores lisenkianos y cantamañanas que produce a chorros esta universidad degradada. Por supuesto, ellos jamás pudieron rebatir nada importante de lo escrito por mí, los poquísimos debates los perdieron porque se apoyan en distorsiones de hechos conocidos. Entonces respondieron con el silenciamiento.

Dicen que es porque tienes poco nivel para ellos.
–Ja, ja, no tienen miedo al ridículo. Su nivel es mediocrísimo, pero comprendo que llevan muchos años viviendo de sus propagandas y degradando la universidad, y no van a cambiar. No merecen el menor respeto. Necesitarían una gran honradez intelectual, que nunca tuvieron. Hay excepciones, claro, pero son eso, excepciones. Y como dominan la universidad, gracias al abandono de la cultura por la derecha, y también dominan los medios, porque la derecha se los ha entregado, ya mencioné a Ansón pero ha sido mucho más amplio, pues han logrado transformar su derrota intelectual en victoria política, aplicando lo que pidieron desde el principio, la censura, en una ley de memoria histórica que amenaza los fundamentos mismos de la libertad intelectual y de la libertad sin más. Pero, en fin, me equivoqué al creer la batalla ganada, porque mientras no se gane en la opinión pública seguiremos en las mismas. Pensé entonces que el debate debía elevarse a otro nivel, el de la historia de España en general, sobre la que se han escrito no menos sandeces que sobre la guerra y la república. Y luego sobre Europa, un tema sobre el que no se ha escrito casi nada en España, pese a ser todos tan europeístas. Y volví a creer que ya la cuestión quedaba zanjada. Lo lógico es que hubiera habido un debate en profundidad, pero en un ambiente cultural tan degradado e inane como el español es pedir peras al olmo. Por lo tanto acepté el silenciamiento inevitable. La primera vez que dije que me retiraba, aproveché para escribir una novela, y la segunda, otra, que espero salga el año próximo. En historia queda otro gran tema, que es la Hispanidad, pero me parece que ya no lo abordaré yo.

¿Por qué has insistido, entonces?
–He persistido por rematar la faena, y también tengo otro en perspectiva aprovechando el 90 aniversario de la república. Pero realmente serán los últimos. Ya me cansa el asunto.

Has dicho que este este libro sobre el Frente Popular es definitivo. ¿Es que ya no se va a poder escribir más sobre la guerra? Suena a una arrogancia infantil.
–Por supuesto que se seguirá escribiendo y, lo que es más, se seguirán repitiendo las mismas falsedades. Y hay mil detalles y temas secundarios a desarrollar. Pero creo que en lo principal no tardará en imponerse una versión más veraz, porque el embuste descarado en que se ha transformado la historiografía española no puede persistir indefinidamente, y creo que está dando sus últimas boqueadas y prueba de ello es precisamente la ley de memoria histórica. Durante todos estos años se ha presentado la guerra como la lucha entre demócratas y fascistas o retrógrados y similares, entre “el pueblo” y ”la reacción”. Es un punto de vista radicalmente falso, como he expuesto en otros libros, y parte de la falsificación radical de lo que fue el Frente popular. Pero se sigue presentando así. Lo que expongo en este libro es precisamente lo que fue aquel fenómeno histórico y creo que a nadie que lo lea le quedará ya ninguna duda al respecto. Por lo tanto, el debate, o si lo prefieres el no debate, tiene que trasladarse a otro punto esencial: lo que fue el franquismo y su significación histórica. Algo a lo que me he adelantado con Los mitos del franquismo, precisamente, y que habría que desarrollar. La cuestión del franquismo es realmente la asignatura histórica pendiente, necesaria para normalizar la política en España.

Sin embargo, eso ya lo habías hecho en libros anteriores, luego este será redundante.
–No, es un enfoque muy sintético pero más en profundidad y abordado desde puntos de vista distintos. El libro tiene cuatro partes: Evolución político militar del Frente; semblanzas biográfico-políticas de sus principales representantes; las cuestiones que se debatían (a tiros, claro) en la contienda; y las ideologías involucradas. Como ve, el método expositivo es muy diferente del de los libros corrientes de historia. En una historia habitual se citan los personajes y las ideologías, pero no se explican. Se dice: “Fulano era anarquista”, pero se da por sabido que el lector sabrá lo que es el anarquismo, lo que es falso en la inmensa mayoría de los casos; o se da una referencia demasiado superficial y breve sobre quién era aquel Fulano, sobre su trayectoria vital e ideas. Incluso se tiende a prescindir de los personajes, explicando las cosas por fenómenos generales como la economía, o supuestos “intereses de clase”, o mezclando arbitrariamente elementos relevantes e irrelevantes para dar impresión de una falsa ecuanimidad…

El legado de Franco (2) en Una hora con la historia: https://www.youtube.com/watch?v=m061Xun50VU

Al borde del abismo
Que caiga sobre sus cabezas el deshonor de lo que viene. De lo que viene irremisiblemente
Gabriel Albiac ABC 7 Noviembre 2019

Un palpable hastío precede a las elecciones del domingo. Sus consecuencias serán turbias. Como turbio se ha vuelto el horizonte de la vida española. Y es que todo está dado para que el ciudadano, más que desconfiar, haya acabado por concebir un hondo asco hacia quienes están llamados a ser sus representantes. «¿Representarme a mí esa gente?», nos preguntamos todos. Y eso pone en movimiento un péndulo tétrico, que oscila entre la resignación y el odio. Iguales. Pero ceder a cualquiera de esos dos afectos es, para un hombre libre, mortífero. Nos va la supervivencia hoy en ser lúcidos, glacialmente lúcidos.

¿Qué queda en la inteligencia de cada uno de los pagadores de impuestos que todos somos, tras la experiencia árida de haber sido convocados cuatro veces a las urnas generales en cuatro años? Certeza de una impotencia, desde luego: la de no disponer de la potestad necesaria para negar, de por vida, capacidad representativa a los políticos que han sido cómplices de eso: todos. Vergüenza, más aún, de haber tenido, de nuevo, que soportar sus retóricas, cada vez más hueras, en una campaña electoral que tuvo el brillo de un encefalograma plano.

Los políticos saben -lo sabe cualquiera- que no saldrá solución alguna de estas urnas. Los políticos saben -lo sabemos todos- que se desplazarán escaños dentro de cada uno de los dos grandes bloques, pero que una mayoría estable seguirá siendo imposible. Los políticos saben también que, a fuerza de cortísimas legislaturas, van acumulando esos años imprescindibles para dotarse de una pensión suntuosa: ¿les preocupa algo más que eso?

En condiciones normales, cuatro años de gobiernos provisionales disparan un riesgo automático: el batacazo de una economía que no puede funcionar indefinidamente sin garantías de futuro. Pero es que ni siquiera estamos hablando de condiciones normales. Y ni siquiera es el riesgo económico -con ser grave- el más crítico en la España presente.

Cataluña sigue desplegando un proceso independentista que, de golpe de Estado en golpe de Estado, configura la única certeza del presente: que no hay gobierno de la nación capaz de poner freno a una secesión ya en fase terminal. El espectáculo de cómo las condenas de prisión dictadas por un Tribunal Supremo hayan de ver su cumplimiento determinado por una administración de cárceles bajo el mando de los cómplices de los delincuentes condenados, no tiene equivalente en la Europa contemporánea. Y, fuera de ella, sólo puede ser comparado a lo de las cárceles privadas de los narcotraficantes colombianos.

Ante una crisis de tales dimensiones, sólo cabe la formación de gobiernos de concentración nacional, que pongan al día los puntos frágiles de una legalidad que hace agua a borbotones. Nadie que estudie la historia de este país dentro de unas décadas podrá justificar a quienes, sin más argumento que sus personales intereses, impidieron la formación de ese gobierno unitario. Porque no hace falta dominar la alta matemática para saber que sólo un acuerdo entre PSOE y PP puede salvar al país de la catástrofe. Y nadie, rigurosamente nadie entre esos políticos, ha movido un dedo para poner en marcha esta evidencia. Que caiga sobre sus cabezas el deshonor de lo que viene. De lo que viene irremisiblemente.

Bailamos, despreocupados, al borde del abismo. Se diría que nos gusta. Pero no; les gusta a ellos, a esos que de la política sólo extraen privilegios. Al precio que pagan otros. No, no bailamos. Al borde el abismo, bailan. Ellos.

Mejor que un acuerdo PSOE y PP, votar a Vox o pegarse un tiro en el pié.
Nota del Editor 7 Noviembre 2019

Después de sufrir durante tantos años el mismo maritirio de PSOE y PP, mejor que elegir entre matapeor y matamala, votar a Vox o pegarse un tiro en el pié.

La hispanofobia es condición necesaria para que una región se considere nación

Teresa Giménez Barbat okdiario 7 Noviembre 2019

Pedro Sánchez, inspirado presuntamente por Miguel Iceta, ha vuelto a flirtear con esa idea de la España “plurinacional”. Como nadie sabe qué es (aparte de un clásico MacGuffin, una excusa argumental que motiva el flujo de una historia a pesar de su irrelevancia) y conscientes de lo muy desnudo que va el PSOE cuando esgrime propuestas que se basan en lo irracional, algunos de los momentos menos soporíferos de estos recientes debates televisivos los han protagonizado los más chinchosos adversarios políticos.

¿Cuántas naciones hay en España? Se lo preguntaron Casado, Rivera y Abascal a Pedro Sánchez. No le gustó esa pregunta y se sumergió, según mi amigo Santiago González, en un crucigrama que estaba haciendo o en alguna otra cosa que exigía concentración y no le permitía ocuparse de tonterías. Lo máximo que se atrevió a musitar fue un “las que estén en la Constitución”. Pero, por suerte, y faltaría más, en la Constitución solo se habla de regiones y nacionalidades. Es decir, como bien se regodea Arcadi Espada en reciente columna: de “regiones y…de regiones”.

Los socialistas son muy sosos y poco imaginativos. Las respuestas estupendas siempre las dan los independentistas. Interpelado Jaime Asens por Inés arrimadas en otro debate dijo que Andalucía sí era una nación, pero que Murcia no. Y hace unos días Aitor Esteban ya se atrevía a mucho más y construía un club mucho más privado y selecto (¿Andalucía? Venga, pordiós). Opinaba el hombre que sólo Cataluña y el País Vasco entrarían en tal categoría. Que lo de Galicia, por ejemplo, aún está muy verde, que no hay suficiente población deseándolo con la intensidad necesaria (palabras no textuales, pero muy parecidas).

Ahí está la fórmula mágica. Todos sabemos que cuando ambicionas algo con mucha intensidad se convierte en realidad. Por lo menos, lo mereces. Lo encontrarán en todos los libros de autoayuda. Y si una región no lo ansía hasta los tuétanos, no tiene derecho a obtenerlo. De la misma manera que si una persona no cree con bastante fervor que va a superar el cáncer se encuentra tristemente con un mal resultado por su culpa (se lo hemos oído y leído a curanderos asesinos).

Bien, volvamos a ese desear con intensidad para merecer convertirse en una nación como es debido. ¿Por qué Galicia, o Andalucía, o –pues por tradición histórica no debería verse apartada- Murcia no son “aún” naciones? Pues porque hay una emoción que no siente con bastante pasión un número suficiente de personas. ¿Qué será, será? Exacto, lo han adivinado: es el odio a España en el que no está convenientemente generalizado ni sentido ni expresado. Así -tiene razón Esteban, tiene razón Asens- no se construye una nación.

Desengáñense los socialistas abiertos de mente con la plurinacionalidad: en España la hispanofobia no está bien repartida (ni siquiera corre pareja con la renta), y sigue concentrado en ciertos grupos y regiones. Lo único que podemos decirles para darles ánimo es que, con sus políticas apaciguadoras con el nacionalismo, con su irresponsable desinterés por lo que ocurre con la educación de niños y jóvenes por toda España, por la negligencia con los símbolos comunes podríamos tener a la vuelta de la esquina que florecieran naciones a tutiplén.

Otra pregunta: ¿cuántas naciones hay en Cataluña, aparte del valle de Arán, que algunos aceptan a regañadientes? ¿Quiénes se sienten también o sólo españoles serían una nación dentro de Cataluña? ¿La “nación gitana” sería nación dentro de España y de Cataluña? ¿Y la “nación del islam”? Pero ya lo dejamos para otro artículo.

Batet: alfombra roja a la CUP y expediente a OKDIARIO
OKDIARIO  7 Noviembre 2019

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, es rápida de reflejos cuando se trata de expedientar a OKDIARIO por cumplir con su obligación de informar sobre el tamaño del despacho de Pablo Iglesias o cuando expulsa sin miramientos a la portavoz del VOX Macarena Olona por reclamar sus derechos. Pero es muy lenta para impedir que varios cargos de la CUP entren en la Cámara Baja para realizar un vídeo doméstico en el que se burlan de la Monarquía y de la Constitución española.

Digamos, por ser generosos, que Batet saca a relucir sus arrestos para coartar la libertad de un medio de comunicación crítico con el Gobierno o de una parlamentaria de la oposición, pero muestra una condescendencia pastueña con quienes aprovecharon su visita al Congreso para hacer burla y mofa de las instituciones del Estado. Les dio tiempo para localizar interiores y ponerse a grabar una pieza que han colgado en las redes sociales. Nadie, al parecer, se percató de su presencia y de sus intenciones. O, tal vez, alguien se percató pero les dejó hacer por aquello de abrir las puertas de la soberanía nacional a la facción más radical del golpismo catalán.

Batet aplica con indudable maestría la ley del embudo: a los enemigos de España, alfombra roja; a OKDIARIO, expediente al canto. Desde la Presidencia del Congreso de los Diputados la respuesta a la ocupación de la Cámara Baja de cargos de la CUP ha sido la típica que se emplea cuando no se sabe o no se quiere contestar: desconocen quién pudo invitar a los separatistas radicales y cómo pudieron llevar a cabo ese vídeo doméstico que ahora circula por las redes. Batet sólo se pronuncia cuando hay que expedientar a OKDIARIO o echar de la sala a las voces parlamentarias críticas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En la grabación se ve cómo los cargos de la CUP entran en el hemiciclo vacío en actitud chulesca. "Esto no se puede hacer. Ya empezamos a hacer cosas que no se pueden hacer", presumen. ¿Sería mucho pedir que Batet ordenara una investigación urgente para saber cómo y quiénes les dieron cobertura? Con que reaccionara la mitad de rápido que cuando abrió expediente a OKDIARIO nos daríamos por satisfechos.

Susto o muerte el 10-N
Piense cada cual en conciencia a quién quiere castigar con su voto, porque puede ser que el tiro le salga por la culata
Isabel San Sebastián ABC 7 Noviembre 2019

Salvo milagro de cordura que el domingo concentre el voto de centro-derecha allá donde puede ser útil para derrotar a Sánchez, España se enfrenta tras las elecciones a dos escenarios a cuál peor: un gobierno de frente popular, integrado por PSOE y Podemos con el respaldo de separatistas catalanes y vascos, o la perpetuación del bloqueo que nos ha traído hasta aquí. Si el vencedor de los comicios vuelve a ser el candidato socialista, esas son las alternativas.

El presidente en funciones puso su mejor empeño en disimular durante el debate, lanzando pullazos a un Pablo Iglesias desesperado por cerrar el trato, pero se cuidó muy mucho de descartar como posibles socios a Junqueras, Otegui o Torra. No se atrevió a ofender a quienes tendrán la capacidad de darle o quitarle la poltrona, por muy seguro que esté de contar con su respaldo, como ya ocurrió en la investidura fallida. Ellos son más fáciles de convencer que Iglesias, porque tienen menos prisa y más clara la elección. Su proyecto es a medio plazo y Sánchez constituye, a sus ojos, la mejor de las opciones posibles. Un rival bastante más bizcochable de lo que sería Casado e incluso de lo que fue Rajoy, quien hizo pagar a sus siglas esa tibieza cobarde con una división letal de su espacio ideológico merced a la cual hoy comparten oposición los tres partidos que se lo disputan. Si alguien está demostrando un hábil manejo de los tiempos, la coacción, la ausencia de escrúpulos, el desprecio por la Ley y la vieja táctica militar de dividir al enemigo antes de acometerlo, son los sediciosos. Frente a su implacable unidad de acción destinada a quebrar el espinazo de España, quienes presumen de defenderla honrando la Constitución no dejan de pelearse. Y en ese río revuelto ganan los pescadores de enfrentamiento y discordia.

Si la suma descrita obtiene más «síes» que «noes» en el Congreso, Sánchez tendrá que pagar el precio que pidan sus aliados o bien abocarnos a una tercera ronda que sería la risión del mundo. No es imposible que lo haga, dado su narcisismo patológico, aunque sí altamente improbable. Lo que no parece verosímil es que los demás accedan a su pretensión de alcanzar la Presidencia sin ceder ni acordar nada, tal como reiteró al ser preguntado por su receta para salir del bloqueo: «que se deje gobernar a la lista más votada», proclamó, campanudo, en una demostración palmaria de su incapacidad total para aprender de la experiencia.

No habrá gran pacto de Estado. No puede aceptarlo el PP si aspira a seguir existiendo. Ese escenario dejaría la oposición, y por ende la alternativa, en manos de Vox, Podemos y los independentistas, lo que constituiría una gravísima irresponsabilidad. A tenor de las encuestas, excepción hecha de la cocinada por el socialista Tezanos, tampoco parece viable un acuerdo PSOE-Cs suficiente para llevar a Sánchez a La Moncloa, lo que convierte el giro dado por Rivera no solo en suicida, sino en inútil.

Las urnas nos dan una segunda oportunidad de impedir lo que hoy parece inevitable. Una oportunidad pequeña, diminuta, pero oportunidad al fin y al cabo. Piense por tanto cada cual en conciencia qué quiere hacer con su papeleta, a quién desea confiar el futuro de sus hijos y a quién pretende castigar, porque algunos errores de enfoque pueden conseguir que el tiro les salga por la culata. La brocha gorda y las mentiras nunca han ganado batallas.

Voto de doble valor: voto de castigo y voto positivo a Vox
Nota del Editor 7 Noviembre 2019

Tras tantos años de sufrir las miserias que PSOE y PP nos han infligido, seguir empeñados en su apoyo es demencial. Hay que votar a Vox. Votar a Vox constituye un voto de castigo para PSOE y PP y es  para Españael único voto positivo posible.

El castillo de naipes de Sánchez
Jorge Vilches. vozpopuli 7 Noviembre 2019

Desmontado el plan para transformar los Consejos de Ministros en el comité socialista de campaña, Sánchez ha tenido que ir sin dopaje a la carrera electoral

El periodista de RNE pronunció la palabra prohibida: “Crisis”. Sánchez dio un respingo en el asiento. No se pudo contener. Agarró su mano izquierda. Torció la boca. Levantó un ceja. Aquel tipo le estaba desbaratando la táctica de comunicación: no hablar mal de la situación económica. Se podían usar eufemismos: “desaceleración” o “enfriamiento”; lo que sea menos “crisis”. Eso lo sabía bien Pedro Solbes, aquel ministro de Zapatero que mintió en 2009 al negar la crisis que ayudó a la quiebra institucional que nos ha conducido al marasmo político presente.

Entonces Sánchez se puso más borde todavía. “Pero vamos a ver…”, repetía una y otra vez con cada pregunta. Aquello era insoportable para su ego infinito. “¿No sabe este tío que esta es mi radio?”, debió pensar. Estaba muy incómodo porque tenía que contestar a preguntas tan obvias como con quién va a pactar, o que si iba a acordar algo con los independentistas. Y, claro, en la radio nadie se puede quedar ensilencio como hizo con Casado en el debate de televisión.

La tortura terminó en 25 minutos. No aguantaba ni un minuto más, ni una pregunta más; ni siquiera una sobre la hora. Y es que Sánchez está contra las cuerdas. Todo le sale mal. Pensaba que si repetía elecciones podría conseguir lo que Tezanos y Redondo le habían prometido: 150 escaños. ¿Cuál era el plan?

Los huesos de Franco
Lo primero era tirar de política sentimental y simbólica con la exhumación de Franco. Eso le valdría, o eso le dijeron, para hacerle aparecer como el Presidente que concluyó el proceso democrático abierto en 1975. Pero ha sido un fiasco. No ha movido ni un voto, salvo a favor de Vox. Al resto de españoles le ha importado una higa el despliegue de TVE y las caras teatrales de Sánchez.

Tampoco le ha funcionado lanzar a Errejón, la auténtica marca blanca del PSOE, como en su día fue para IU el Partido Democrático de la Nueva Izquierda (PDNI), de Cristina Almeida y López Garrido. Los “pedines” (miembros del PDNI), que así les llamaron, intentaron torpedear a Julio Anguita y acabaron en las filas socialistas. Eso quería Sánchez que fuera Errejón: la puñalada definitiva para desinflar a Iglesias. Otro fracaso, porque el “intelectual” no despega.

A esto se suma el portazode la Junta Electoral Central, que ha prohibido al Gobierno utilizar las instituciones para hacer propaganda electoral. Es decir; los “viernes sociales” de Celaá se han declarado ilegales, espúreos y tramposos. Desmontado el plan para transformar los Consejos de Ministros en el comité socialista de campaña, Sánchez tenía que ir sin dopaje a la carrera electoral.

Tres recursos para la salvación
Quedaban tres temas a los que se podía aferrar: la gobernabilidad, Cataluña y la economía, que resultan ser las claves de esta campaña. Tenía preparada una excusa para la primera: todos estaban contra un “gobierno de progreso” (sic.), empezando por “las derechas”, y acabando con un ambicioso Iglesia que le provocaba “pesadillas”. La historieta resultó ridículaa la gente: no servía para movilizar a la izquierda a su favor, ni para restar suficientes apoyos a Iglesias.

Era una porque no puede culpar en exceso a Iglesias, llenarle de improperios, llamarle colaborador de la derecha, porque le necesita el 11 de noviembre. Una caída de Unidas Podemos sin trasvase de votos al PSOE daría más oportunidad al PP, incluso a Vox, de hacerse con los restos en las circunscripciones pequeñas y medianas. Además, Iglesias ha puesto en marcha una pregunta que contrarresta la culpa que Sánchez le echa encima: “¿Va a pedir la abstención al PP?”. Mentada la bicha, ganada la partida.

Cataluña le ha salido muy mal a Sánchez. Quería mostrarse duro con los independentistas pero enseguida le recordaron que los votos del PSC sostienen a 40 alcaldes separatistas. Lleno de contradicciones, al final Iceta y su PSC le han torcido la mano con una declaración de plurinacionalidad y la letanía de la “nación de naciones” que chirrían. Ridiculizado, intentó ponerse campanudo en el debate televisivo anunciando meter mano a la educación, a TV3 y al Código Penal. Nadie le creyó.

Quedaba solo la economía, y eso que la Unión Europea ya le había dado un toque de atención por la falsedad de sus cuentas. Sánchez anunció más impuestos, que es la solución socialista para todo, y más gasto social; es decir, quitárselo a la gente para devolvérselo luego. Le llaman “repartir la riqueza”. Ya. Parecía colar, pero salieron las cifras del paro: las peores desde 2012, con 100.000 parados más.

Acorralados, mandaron a Ábalos y la cosa fue peor. Dijo que el paro crece “por las expectativas del mercado laboral”. Tiemble después de haber reído. Es el mismo mecanismo mental que cuando Errejón dijo que en Venezuela hay colas ante los supermercados porque los venezolanos tienen "más dinero para consumir más".

Sánchez se ha quedado sin armas, y encima le sale mal la economía, que es justo el punto fuerte de su competidor: el PP. Casado ha imprimido un tono bajo, moderado, conciliador, en plan gestor. Ese es casi todo su plan: mostrar que los populares van a defender la unidad constitucional de España -ahí tienen competidores a su derecha e izquierda-, y recordar que gestionan bien la economía.

Ese recuerdo, presente en la memoria colectiva del electorado, era justamente lo que Sánchez no quería revivir: que el PP es votado para solucionar crisis económicas. Ese recuerdo moviliza a la clase media, y no hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Y el factor de la movilizaciónserá decisivo en estas elecciones, tanto como la volatilidad y la abstención.

Aterrorizado, a Sánchez solo le queda una cosa: el miedoal gobierno del centro-derecha con Vox. Sin embargo, es difícil inocular eso cuando PP y Cs gobiernan en muchos sitios con apoyo de los de Abascal y elcielo no se ha caído sobre nuestras cabezas. Por todo esto está tan nervioso Sánchez, tan envejecido y antipático, porque ve que al final cabe la posibilidad de que sea el primer presidente de la democracia que solo estuvo en funciones, a pesar de todas sus ínfulas. Un castillo de naipes desmoronado al primer estornudo.

¿Bloqueo político o revolución stalinista?
Agapito Maestre Libertad Digital 7 Noviembre 2019

Si no se consigue el 11-N un Gobierno estable, estaremos ante el mayor fracaso político de nuestro tiempo.

Nadie confunda el conflicto, inherente y necesario a toda sociedad libre, con la situación canalla y miserable a la que está sometida España por falta de un Gobierno normal. España no tiene Gobierno. La nación está desgobernada. No utilicemos eufemismo baratos del tipo "Gobierno en funciones" y cosas así. Este proceso electoral es una repetición ridícula, un esperpento, de las elecciones celebradas el 28-A. El debate entre los candidatos fue la constatación de un proceso imparable de degradación de la vida democrática. La actitud de Sánchez sobre su idea de nación española y, sobre todo, su negativa a responder sobre si seguirá apoyándose en los golpistas catalanes y separatistas vascos revelan algo al alcance de cualquier sencillo ciudadano: España está desgobernada. El desgobierno es la primera fase de todo proceso revolucionario. Ninguno de los participantes en ese debate, salvo algunas pinceladas de Abascal, tocó los grandes principios y fundamentos de la democracia española.

Y, además, después de ver los balbuceos de Sánchez ante la idea de España, pocos pondrán en duda de que el presidente del Gobierno lo han puesto, sí, quienes solo tienen un objetivo: destrozar España. Bastaba ver a Sánchez cómo respondía o, mejor dicho, cómo no respondía a las preguntas más elementales de los otros candidatos para saber que estamos ante un títere político al que no le importa nada España. Su liderazgo es imposible sin los golpistas catalanes. Sánchez solo mostró arrestos para seguir sacando muertos de las tumbas y dar justificación a los separatistas catalanes a través de las tesis stalinistas de las nacionalidades. Ya no se trata de rebajar la conciencia nacional española para potenciar los famosos hechos diferenciales, sino de apostar por un proceso revolucionario que acabe con el Estado-nación, España. En este punto tenía razón Iglesias, cuando instaba a Sánchez a que proclamara al mundo entero, como hacía él sin pudor alguno, la revolucionaria idea de que España no es es una nación sino un conglomerado de nacionalidades, siguiendo las tesis stalinistas que siguió la izquierda española antes de la guerra civil.

Sánchez sin embargo calló, por motivos tácticos. Prefirió seguir engañándonos con el rollo del bloqueo político y los vetos antes que reconocer lo evidente: su colaboración política con los golpistas forma parte de un proceso revolucionario que pasa por destrozar el Estado-nación, España. Los vetos y los bloqueos son, naturalmente, otra fase del proceso revolucionario. ¿Por qué no se dan cuenta de este asunto los partidos genuinamente democráticos? El PSOE no es, sin embargo, el único irresponsable de lo que aquí está pasando. Ninguno de los candidatos quiere amoldarse a la realidad para resolver el principal problema de España: la conformación de un Gobierno estable para toda la nación es la única manera de parar el golpe de Estado en Cataluña y, por supuesto, el proceso revolucionario que está dando al traste con las instituciones democráticas. Éste es el problema más urgente que tienen que resolver todos los partidos políticos. Sin embargo, huyen de él como de la peste sin querer reconocer sus culpas y responsabilidades. El radicalismo político a la hora de negar este asunto empieza a ser el denominador común de todos los partidos.

Es obvio que la irresponsabilidad del presidente del Gobierno en funciones es mayor que la del resto de los partidos, porque ha preferido convocar nuevas elecciones antes que intentar un pacto serio con sus adversarios y enemigos políticos. Pero tampoco los obstáculos y vetos puestos por los otros partidos hablan demasiado bien de ellos. La vanidad de los actuales líderes políticos, unos jóvenes viejísimos en el sucio arte del encanallamiento, o sea en hacer pasar por normalidad la anormalidad, impide hacerse cargo de lo real, de la situación de desgobierno de España: elecciones generales cada año; un Poder Legislativo ausente de la vida política; un presidente del Gobierno puesto en el poder por la entente entre los separatistas, los antiguos terroristas y los comunistas; una región entera, Cataluña, en rebeldía; las mayoría de las comunidades enfrentadas al Gobierno en funciones por razones presupuestarias; un Poder Judicial, especialmente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dependiente del Ejecutivo; la chusma de Cataluña vejando al Jefe del Estado un día sí y otro también sin que el Gobierno en funciones ejerza su legítimo poder, etcétera, etcétera.

Así las cosas, es urgente denunciar la fe absurda que tienen en sus propias razones los cinco candidatos a la presidencia del Gobierno sin reparar en lo inmediato: la carencia de un Gobierno estable nos lleva al abismo. Si no se consigue el 11-N un Gobierno estable, estaremos ante el mayor fracaso político de nuestro tiempo. La democracia ha fracasado y en su lugar aparece el stalinismo de la izquierda y los separatistas. Mas, si es cierto lo que dicen las encuestas, y las cosas el 10-N, o sea los resultados electorales, siguen más o menos como ahora, tendríamos que preguntarnos: ¿Sánchez ha convocado las elecciones para ocultar su fracaso o, por el contrario, para dar un golpe definitivo a la nación española y formar un Gobierno revolucionario con los separatistas?

Cuántas naciones hay en España
Cristina Losada Libertad Digital 7 Noviembre 2019

¿En cuánto habrán contribuido décadas de terrorismo en el País Vasco a extender ese sentimiento nacionalista sobre el que el PNV levanta sus pequeños o grandes chantajes?

En el debate a siete del pasado día 1, que fue más debate que el de los cabezas de lista, voló de un lado a otro del recinto la pregunta. La del millón. No quiso contestarla Adriana Lastra, aunque se le preguntó directamente. Rufián creo que también le dio un manotazo al moscardón interrogante. Pero a las 22:28 dio un paso al frente un voluntario. Dijo Aitor Esteban, representante del nacionalismo vasco: "Yo sí voy a contestar cuántas naciones hay, vamos a ver". A punto estuvimos de decir: ¡olé! Pero nos quedamos en suspenso y en suspense. A ver, a ver si se llevaba el millón.

De Aitor Esteban Bravo sabemos que dio clases de Derecho Constitucional en Deusto, e igual se podía esperar por ello una respuesta sofisticada. Sin embargo, esto fue lo que contestó:

Aquí hay lugares en los que hay ciudadanos que no se sienten españoles, que se creen, que creen que son de otra nación. Que son vascos únicamente o catalanes únicamente. Y eso es una realidad que no ocurre en Extremadura, que no ocurre en Andalucía, que no ocurre en otros lugares. [En] Galicia, hoy por hoy, esa población es una minoría. Pero uno ve los resultados electorales y una y otra vez se reproduce que hay un número muy importante de ciudadanos, una mayoría, que piensa de esa manera.

En el País Vasco, el "número muy importante de ciudadanos" que se sentían únicamente vascos representaba, según el CIS de cuando las últimas autonómicas allí, un 23,9 por ciento. No era una mayoría. Valga esto en plan fact-checking, y poco más. Porque la cuestión es realmente otra. Una que los nacionalistas eluden siempre. La cuestión es que ese sentimiento que exponía Esteban como una realidad que no puede ignorarse es un sentimiento insuflado, inculcado o fabricado por los nacionalistas. No es, de ningún modo, una realidad previa al nacionalismo. Al contrario. Es producto del nacionalismo.

El nacionalista cree, o dice creer, que el sentimiento que le anima es pura naturaleza, tan natural como las piedras, los ríos y los bosques. Y lo ve incardinado en la conciencia o en el ADN de las gentes desde el principio de los tiempos o poco menos. Así naturaliza al nacionalista y desnaturaliza al no nacionalista. Y, viéndolo de esa manera, que es la manera del nacionalista, no quiere reconocer ni por un momento que ese sentimiento es el resultado de una obra política. No quiere reconocer que es obra suya cuando es, de hecho, su obra principal. Una obra a la que ayuda mucho estar en el poder. Eso, por descontado. Y la intimidación, velada o no, que estigmatiza al que no es nacionalista. Y la violencia que lo pone en la diana. Pues sí. ¿En cuánto habrán contribuido décadas de terrorismo en el País Vasco a extender ese sentimiento nacionalista sobre el que el PNV levanta sus pequeños o grandes chantajes?

A esa pregunta no va a responder Esteban. Los nacionalistas excluyentes ponen el problema del sentimiento nacionalista sobre la mesa para reclamar que se le dé solución. Pero de todo lo que han hecho para que crezca el sentimiento nacionalista en las autonomías que han controlado casi en régimen de monopolio, de eso no quieren ni oír hablar. Es tabú. Nunca incluyen en el problema su propia contribución a la creación del problema que exigen solucionar.

Federico Jiménez Losantos galardonado con el II Premio Escuela de Salamanca
El 8 de noviembre se entrega el premio en el Casino de Salamanca. El premiado pronunciará una lección magistral sobre Juan de Mariana.
Libertad Digital 7 Noviembre 2019

El 8 de noviembre se entrega el premio en el Casino de Salamanca. El premiado pronunciará una lección magistral sobre Juan de Mariana.

El Presidente de Libertad Digital, periodista y escritor y Federico Jiménez Losantos ha sido galardonado con el Premio Escuela de Salamanca que otorga en su segunda edición la agrupación liberal El Club de los Viernes. El premio reconoce "la labor de intelectuales y pensadores en pro de la divulgación de las ideas liberales".

El periodista fue elegido el pasado mes de abril en una votación abierta a la participación a todas las agrupaciones nacionales del Club de los Viernes. Su candidatura ganó frente a las del filósofo Antonio Escohotado y el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. En la primera edición recibió el galardón Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos.

El acto de entrega se celebrará el próximo viernes 8 de noviembre en el Casino de Salamanca (Calle Zamora 11-15) a las 19:30 horas. Jiménez Losantos pronunciará una lección magistral titulada "Libertad, propiedad y limitación del Poder Político en Juan de Mariana". El galardonado hará una lectura comentada del libro del jesuita Tratado y discurso sobre la moneda de vellón que resume las aportaciones fundamentales de la Escuela de Salamanca y que están de plena actualidad.

El Club de los viernes se presenta como una "plataforma apartidista de difusión del pensamiento y la democracia liberal y espera poder ser un referente, junto con otras instituciones, en la defensa de la libertad de las personas frente al estatalismo y el neocomunismo que amenaza la convivencia, la pluralidad, el progreso y los derechos civiles".

El PSOE pacta con el PNV el linchamiento a Policía y Guardia Civil por supuestas torturas sin dar voz a los agentes
Carlos Cuesta okdiario 7 Noviembre 2019

La Ley de Abusos Policiales impulsada por el PNV gracias a su pacto con el PSOE va a convertirse en breve en un mecanismo de linchamiento generalizado a la Policía Nacional y la Guardia Civil destinada a lo largo de años al País Vasco. Un nuevo decreto, que será aprobado por los nacionalistas en breve, recoge el funcionamiento práctico de la norma, una mecánica en la que una Comisión de Valoración –de marcado carácter nacionalista– podrá considerar torturadores a los agentes policiales y víctimas a los denunciantes sin llegar a dar voz a los agentes afectados por los expedientes.

Esta ley ya está en marcha gracias a la acción del PSOE. La formación socialista retiró el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la norma del PNV, ese que interpuesto en su momento el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Lo hizo tras pactar apoyos políticos cruzados entre el PNV y el PSOE de Pedro Sánchez. Sin embargo, ahora llega el decreto de funcionamiento que define las competencias reales de una determinada entidad clave en este proceso de acusación extrajudicial contra los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil en el País Vasco: la Comisión de Valoración.

Esta comisión será la encargada de investigar las denuncias que ya se están presentando por supuestas torturas policiales en el País Vasco y también, según el decreto al que ha tenido acceso OKDIARIO, podrá hacer básicamente lo que quiera.

Es, concretamente, el artículo 2 del citado decreto el que establece los casos denunciables y señala, además que “de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2016, de 28 de julio, ante la Comisión de Valoración podrán exponerse para su análisis los siguientes supuestos:

A. Víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el período comprendido entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999:

1.– Víctimas fallecidas como consecuencia de la vulneración de los Derechos Humanos.

2.– Víctimas con lesiones permanentes causadas por la vulneración de los Derechos Humanos que han derivado en algún grado de incapacidad permanente.

3.– Víctimas con lesiones permanentes de carácter no invalidante causadas por la vulneración de los derechos humanos.

4.– Víctimas que padecieron maltrato grave y lesiones de carácter no permanente.

B. Víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el período comprendido entre el 1 de enero de 1960 y el 28 de diciembre de 1978:

1.– Víctimas no amparadas por el Decreto 107/2012, de 12 de junio, que cumplen todos los requisitos señalados en el artículo 2.2 de la Ley 12/2016, de 28 de julio, que se sub-clasificarán de conformidad con lo determinado en el apartado a) precedente.

2.– Víctimas no reconocidas en aplicación del Decreto 107/2012, de 12 de junio, por no haber solicitado su reconocimiento y reparación o por haberlo hecho fuera de plazo, que se sub-clasificarán, asimismo, de conformidad con lo establecido en el apartado a. de este artículo.

A partir de esa amplitud de supuestos, la Comisión de Valoración si lo considera necesario, “podrá", según señala el decreto al que ha accedido este periódico, "escuchar a la persona solicitante, mediante la realización de una entrevista, para completar la información sobre los documentos y pruebas presentados".

Además, la comisión podrá "recabar los antecedentes, datos o informes que pudieran constar en los departamentos y organismos dependientes del Gobierno Vasco, así como en otros registros públicos de la misma Administración". Según se indica, además, "se se solicitará, cuando procediera, información a otras administraciones públicas, entidades u órganos privados o públicos de los antecedentes, datos o informes que puedan resultar necesarios para la tramitación de los expedientes".

Será posible también que esta citada comisión solicite "informe o testimonio de aquellas personas que, bien por su conocimiento directo o indirecto de los hechos o bien por su experiencia o pericia técnica, pudieran aportar información relevante sobre la solicitud presentada.

Sin embargo, lo que nunca se hará es dar voz a los agentes señalados como torturadores. Una profunda indefensión que choca con las garantías que recoge cualquier proceso judicial, amparado por las garantías jurídicas y de defensa recogidas en el artículo 24 de la Constitución española.
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******************* Sección "bilingüe" ***********************

Así no, señor candidato socialista
 larazon 7 Noviembre 2019

La afirmación gratuita de Pedro Sánchez sobre la inverosímil supeditación de la Fiscalía a las decisiones del Gobierno no ha podido venir en peor momento para el prestigio exterior de la Justicia española –que, ayer, volvió a sufrir un revés a cuenta de la euroorden cursada por el juez Pablo Llarena a las autoridades británica para la entrega de la ex consejera Clara Ponsatí– y, sin duda, será utilizada por el separatismo catalán y sus apoyos internacionales en su campaña de debilitación de las instituciones del Estado.

Ni hecho a posta, el candidato socialista podía haber dado una baza mejor al fugado ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuya línea de defensa viene basándose en una supuesta colusión de poderes que invalidaría el principio de seguridad jurídica aplicado en España. No en vano, las dos principales asociaciones que agrupan a los fiscales salieron rápidamente al paso de la especie, en vivo contraste con el clamoroso silencio de nuestro Ministerio de Justicia, más sorprendente por la pertenencia de su titular, Dolores Delgado, a la carrera Fiscal, lo que le supone perfectamente consciente de la gravedad del desliz de su jefe político y de la penosa imagen que se traslada a una opinión pública que se muestra proclive, pese a las evidencias en contra, a dudar de la independencia de nuestro sistema judicial.

No queremos ocultar que, más tarde, el propio Sánchez trató de rectificar el yerro, pero la banalidad de su excusa no ha hecho más que empeorar las cosas. Que el Gobierno apoya a la Fiscalía, como explica el candidato socialista en su tuit, no es más que una perogrullada que, en sensu contrario, nos deslizaría por un camino lleno de charcos dialécticos. Si bien no es la primera vez que el presidente del Gobierno en funciones parece instalarse por encima de los usos institucionales, –como ocurrió con el cambio de criterio acusatorio en la Abogacía del Estado en el caso del «procés», con el relevo forzoso del jefe de la sección penal, Edmundo Bal, o con la manipulación grosera del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), puesto en manos de un dirigente de su partido y miembro de su círculo más próximo–, en este caso confluye un factor preocupante: el uso en campaña electoral, como si de cobrarse una pieza de caza se tratara, del procedimiento judicial abierto contra Carles Puigdemont, cuestión que, como todo el mundo sabe, está sometida, falazmente, al mayor de los escrutinios legales.

Por supuesto, no creemos necesario glosar la independencia de la Fiscalía, tal y como está garantizada en la legislación española –que, entre otras disposiciones, establece que la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por conducto del ministro de Justicia a través del fiscal general del Estado y que será este último, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, quien resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas por el Gobierno–, pero sí debemos trasladar a la sociedad española la convicción de que, en nuestra experiencia, los fiscales se desenvuelven conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero sujetos la legalidad e imparcialidad que les dicta su Estatuto.

Finalmente, podemos comprender los nervios que embargan al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista ante unos sondeos preelectorales que no le auguran, ni mucho menos, una victoria suficiente y, también, la preocupación por las consecuencias que para sus perspectivas pueda tener la evolución de la crisis en Cataluña estos próximos días, pero de un político serio se espera que sepa medir sus palabras, especialmente, cuando estas se refieren a unas instituciones del Estado que, como la Fiscalía, deberían estar por encima de la pugna partidista y los cálculos electoralistas.

¿A qué espera la Fiscalía (o sea, Sánchez) para actuar contra Torra?
OKDIARIO 7 Noviembre 2019

Si como presume Pedro Sánchez la Fiscalía está a sus ordenes ("¿De quién depende, del Gobierno, pues ya está?"), ¿a qué espera el Ministerio Público (o sea, el Ejecutivo socialista) para actuar contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra?

El sumario de la "Operación Judas", al que ha accedido OKDIARIO y cuyo secreto ha sido levantado por el Juzgado Central de Instrucción número seis, cuyo titular es el juez Manuel García Castellón, revela que los cabecillas de los CDR Ferrán Jolis y Xavier Buigas, en prisión por un presunto delito de pertenencia a banda terrorista, tenían acceso a Quim Torra a través de su hijo, Guillem, implicado también en el activismo separatista. LOS CDR presumían en sus conversaciones de estar en contacto permanente con Carles Puigdemont a través de gente muy próxima a su familia y tenían previsto asaltar el Parlamento catalán el día que se hiciera pública la sentencia del Supremo para "defenderlo" posteriormente con Torra dentro.

"Solo tengo que mandarle un Signal a Puigdemont y ya está", relata el CDR Ferrán Solís a su novia. En otro pasaje revela que tiene que "juntarse" con Torra y que el CNI catalán le ha solicitado que monte las comunicaciones para ese "día D" dentro del Palacio de la Generalitat. Necesitan, confiesa, comunicaciones paras resistir una semana de asalto, dos pisos franco y 6.000 euros.

El sumario resulta tumbativo y coloca a Puigdemont y Torra en el centro mismo de una estrategia insurreccional. Con los datos conocidos, la Fiscalía tiene que actuar inmediatamente. Y dado que, según Pedro Sánchez, el Ministerio Público depende del Gobierno, a él corresponde ordenar que se activen todos los procedimientos legales contra el presidente de la Generalitat de Cataluña. Ya no son sospechas fundadas, sino que hay pruebas más que suficientes para intervenir con carácter de urgencia. Porque lo que queda demostrado es que los cabecillas de los CDR no actuaban de manera aislada, sino que todos sus movimientos y acciones eran conocidos y avalados por Puigdemont y Torra.

La Generalitat movía los hilos de los CDR
Editorial El Mundo  7 Noviembre 2019

Los comités de Defensa de la República (CDR) no eran un grupo de jóvenes radicales movidos por razones ideológicas. Estuvieron en todo momento financiados -sin límite de gastos- y tutelados por personas y organismos dependientes de la Generalitat, además de mantener contacto directo con Puigdemont (al que, en clave, llamaban Lisa) y Torra (el Gandalf que aparece en sus comunicaciones). También fueron ellos los que proporcionaron "infraestructura técnica y táctica" para asaltar el Parlamento de Cataluña por orden del propio Torra; una operación que debía llevarse a cabo el día en que se hiciera pública la sentencia del Supremo y para la que contarían con ayuda "desde dentro" de la Cámara autonómica. Esta es la principal y alarmante conclusión que puede leerse en el sumario de la operación Judas, al que ha tenido acceso EL MUNDO. La Guardia Civil ha reunido pruebas para denunciar lo que ya adelantó este periódico: que los CDR mantenían contactos con "un grupo secreto" al que se referían como el "CNI catalán".

El sumario confirma que, lejos de ser un movimiento pacífico, el secesionismo es de naturaleza violenta, lo que obliga al Gobierno a salir de su inmovilismo y a tomar decisiones para detener un golpe aún en marcha.

El Gobierno se teme la impugnación de las elecciones
Sánchez marcha con los constitucionalistas pero no rompe con los sediciosos
Torra está acabado, Sánchez probablemente también
Carlos Dávila okdiario 7 Noviembre 2019

Hace muy pocos días el presidente de la patronal catalana, Fomento del Trabajo Nacional, Josep Sánchez Llibre acudió a visitar a Quim Torra, el jefe vicario del independentismo radical. Llibre le expuso la situación terrible de la Cataluña incendiada y le pidió que cesase la violencia, que dejara de apadrinar las actuaciones agresivas de los CDR, de los terroristas entre los cuales se encuadran sus propios hijos. Llibre no obtuvo respuesta alguna y desde luego ningún compromiso.

"Se llamó andanas", en frase feliz de un dirigente empresarial. Es más; los que pudieron hablar con el empresario a comienzos de esta misma semana con ocasión de los Premios Princesa de Gerona, se quedaron con la impresión de que Torra se había negado literalmente a tomar cartas en el asunto y a ordenar -porque es él quien puede hacerlo- la retirada de los facciosos de la calle. En resumen: Sánchez Llibre, acostumbrado a negociar en mil escenarios y a lograr acuerdos a la desesperada, sabe ahora mismo que la situación, cara a las elecciones del domingo, es extremadamente grave, muy comprometida.

Será por esto o porque al fin el dúo Sánchez-Marlaska ha caído en la cuenta de que peligran las mismas elecciones, Interior ha enviado a Cataluña a diez mil agentes encargados de vigilar sobre todo los colegios electorales de la región en los que se pueda presumir mayor peligro de violencia. Marlaska ha venido diciendo en días pasados que el Gobierno español no puede exponerse a que se provoque una situación caótica, que el desarrollo electoral devenga en una caos el próximo domingo, y que terminen impugnándose las elecciones.

"No nos podemos arriesgar a esto", piensan en el Ministerio del Interior. Sin embargo, y contra el parecer de quienes han pedido al aún presidente que intervenga política e institucionalmente en Cataluña para que no se produzca esta situación, una quiebra enorme de la democracia española, ni el Gobierno en general, ni Sánchez, ni Marlaska, tienen la menor intención de adoptar estas medidas. El ministro, cuando se le pregunta al respecto suele responder que ellos, el Gobierno, no están por la labor de estar llamando a un 155 de carácter permanente.

Es su técnica: contestar policialmente (a poder ser sólo con los Mossos) a la violencia pero no tomar decisiones que puedan entorpecer un pacto posterior con ERC en quien Sánchez confía ciegamente para continuar en sus aposentos de La Moncloa. De aquí su clamoroso silencio en el Debate cuando Casado cinco veces le interpeló por sus propósitos de acordar un Gobierno con Junqueras. Con éste, por cierto sépase ahora, ya negoció cuando, con el líder separatista en la cárcel, le propuso, nada más y nada menos, que aceptara volver a su casa sencillamente adornado con una pulsera electrónica. Aquella chapuza no pudo ser porque los presos sólo admiten la amnistía, ni siquiera el indulto, la amnistía que, por si no lo saben, está terminantemente alejada de nuestra Constitución. Sánchez lo intentó, no le salió la jugada y ahora recuerda que la Fiscalía "para todo" (lo dice con énfasis) depende de él; para traerse a España al fugitivo Puigdemont pero también para no oponerse a la salida de los sediciosos de prisión, gracias a los escandalosos beneficios penitenciarios que les va a otorgar la Generalitat.

Y si ilegalizan a la ANC por sus relaciones con los violentos como hicieron en el País Vasco con ANV
Manuel Cerdán okdiario 7 Noviembre 2019

El protagonismo de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en las revueltas violentas en Cataluña, promovidas por la fantasmagórica franquicia independentista Tsunami Democràtic y ejecutadas por los también espectrales Comités de Defensa de la República (CDR), colocan a la asociación secesionista de Forcadell y Jordi Sánchez en el punto de mira de la Justicia.

Todas las investigaciones apuntan a la ANC -algunas de ellas desveladas por OKDIARIO- como la instigadora de las acciones callejeras y la invasión con una organización casi militar del aeropuerto del Prat. En todos esos movimientos la ANC tensó los hilos desde la sombra y para ello se sirvió del anonimato de un ectoplasma bautizado como Tsunami Democràtic.

Al mismo tiempo, los CDR actuaron como un brazo armado que protagonizaron las algaradas incendiarias. Tal es así que los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional están catalogando a los hooligans defensores de la República bajo la tipología legal de terrorismo.

Sospechosamente, como denunció este periódico, la página web de Tsunami Democràtic y sus tentáculos en las redes sociales fueron registrados por las misma sociedad canadiense, que se sirvió de una pantalla opaca en un paraíso fiscal del Caribe para ofrecer el mismo servicio a ANC. Se trata de la misma plataforma que la Asamblea se sirvió para el mecanismo de un recuento paralelo de los votos durante las elecciones catalanas de 21 de diciembre de 2017. En aquella ocasión la asociación independentista también se vio ayudada por la CUP y los bravucones CDR.

El antecedente de ANV en el País Vasco
Las actuaciones clandestinas de ANC la sitúan en el disparadero de la Justicia. Fuentes de la Audiencia Nacional la colocan en unos parámetros similares a los de Acción Nacionalista Vasca (ANV), que fue ilegalizada en 2008 por el Tribunal Supremo.

Si las investigaciones de la Guardia Civil logran demostrar las relaciones de ANC con los filoterroristas CDR y con Tsunami Democràtic -algunas de cuyas acciones alcanzan la categoría de "violencia organizada"- puede verse en una situación muy comprometida. Sobre todo, a raíz de las detenciones del comando independentista que fabricaba artefactos explosivos y de la actuación de las células criminales que sembraron el terror en Barcelona. Los investigadores creen que los líderes de todas esas manadas violentas están conectados con miembros de la cúpula de ANC.

ANV era un partido vasco, fundado en 1930, que también se autoproclamaba como republicano e independentista de izquierdas. Recuperó sus actividad política en 1977 en las primeras elecciones democráticas del 15 de junio. Sin embargo, en 2008, el Tribunal Supremo decretó su ilegalización al considerar que "defendía soluciones violentas como heredero de Batasuna". La formación abertzale ya había sido declarada fuera de la ley por su implicación directa con la banda terrorista ETA.

La violencia justifica la ilegalización
Un año antes, ANV se había presentado a las elecciones municipales del País Vasco y Navarra para cubrir el hueco de Batasuna. El Partido Popular pidió su ilegalización pero Baltasar Garzón, entonces magistrado en la Audiencia Nacional, dictaminó que no había motivos objetivos. Pero el PP recurrió ante la Fiscalía General que ilegalizó 133 de las candidaturas en aplicación de la Ley de Partidos.

En 2008 Garzón cambió de opinión y suspendió las actividades de ANV por tres años, impidiendo que se presentara a las elecciones de aquel año. Además imputó a tres de sus dirigentes por colaboración con ETA. Los futbolistas de la Real Sociedad, como hace ahora el Barcelona, emitieron un comunicado protestando por lo que calificaban como una decisión política. Los futbolistas apelaron al diálogo entre todas las partes "como solución al conflicto vasco". ¿Les suena tales soflamas? La historia se repite pero en Barcelona.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en una resolución del 18 de septiembre de 2008, decretó la ilegalización y la disolución de ANV, tras una dura acusación de la Fiscalía General, entonces dirigida por Cándido Conde Pumpido. Los fiscales argumentaron que ANV estaba vinculada a Batasuna, que funcionaba como un tentáculo de ETA. La sentencia fue avalada por el Tribunal Supremo, que censuraba al grupo vasco por legitimar la violencia para obtener réditos políticos. El alto tribunal también denostaba la negativa de ANV a condenar las acciones terroristas de ETA. ¿Les suena también todo esto?

ANV recurrió al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo alegando que su ilegalización vulneraba la Convención Europea de Derechos Humanos, pero el TDDH reconoció que el grupo vasco era una amenaza para la Democracia Española.

Al partido vasco proetarra le aplicaron el capítulo III sobre la disolución y suspensión judicial de la Ley Orgánica 6/2002 por “asociación ilícita” y “vulnerar principios democráticos de manera reiterada”.

Hace una semana, el Parlamento Europeo aprobó una resolución similar en la que, en su apartado 20, instaba a los gobiernos a perseguir a las asociaciones -como ANC- que “propaguen discursos de odio y violencia”.

Una presidenta incendiaria
ANC, como sucede con el inefable Quim Torra, en lugar de rechazar la violencia callejera, se ha comportado durante todo el proceso como un bombero pirómano. Y ese es quizás el reflejo más cristalino de su cohabitación con los tsunamis y los CDR. Su presidenta, Elisenda Paluzie, además no ha disimulado sus inclinaciones favorables a las algaradas callejeras. Ha llegado a declarar, vergonzosamente, ante las cámaras de TV3 que los disturbios en Cataluña han servido para "hacer visible el conflicto". Intolerable para una activista de la sociedad civil que recibe, aunque sea indirectamente, subvenciones del Estado.

La sucesora de Jordi Sánchez -otro que se presenta como pacifista pero que incitaba a la violencia a sus seguidores subido en un automóvil en octubre de 2017- manifestó: "Estos incidentes son los que hacen que estemos en la Prensa internacional de manera continuada".

La muy zoquete desconoce que esas mismas imágenes lo que consiguen es provocar la diáspora de empresas catalanas y el desprestigio internacional. Algunos ya comparan a Cataluña con las revueltas de Chile o de Bolivia. Sus palabras sólo sirven para ahuyentar a los turistas, los cruceros y las empresas multinacionales que eligen Barcelona para sus congresos. ¿Les va a compensar ANC esa fractura económica a los habitantes de la región?

Tras las manifestaciones de la Evita barcelonesa, que estudió en Londres con una beca de La Caixa -entidad bancaria que huyó de Cataluña por culpa de personas como la irredenta Paluzie- Sociedad Civil Catalana (SCC) ha presentado una denuncia contra ella ante la Fiscalía por los delitos de "odio y apología de la violencia".

Elecciones generales 2019
Las «jornadas de 18 horas» dejan sin poder votar a centenares de guardias civiles enviados a Cataluña
La Guardia Civil se queja de que la duración de las jornadas y la obligación de mantenerse en el punto de vigilancia les han impedido solicitar el voto por Correo
Luz Sela okdiario 7 Noviembre 2019

Los policías desplegados a Cataluña en los últimos días y de forma improvisada para proteger las elecciones del 10-N no son los únicos que se quedarán sin poder participar en las votaciones, como publicó OKDIARIO.

Los guardias civiles que llevan incluso semanas en la Comunidad denuncian también problemas para ejercer su derecho a voto. Fundamentalmente por dos razones, explican fuentes sindicales: por las jornadas que llegan "a las 18 horas diarias", por encadenar días sin descanso y por la obligación de estar disponibles "en un máximo de 15 minutos" en el punto de vigilancia. Esas condiciones, en las que llevan días trabajando, han provocado que muchos no hayan podido acudir a las oficinas de Correos, en el plazo establecido, para solicitar el voto. "No podemos perder tiempo haciendo una cola de 20 minutos", señalan estas fuentes.

OKDIARIO ya avanzó que la improvisación del Ministerio del Interior en el despliegue en Cataluña ha provocado que al menos 400 agentes antidisturbios de la Policía Nacional (UIP – Unidades de Intervención Policial-) y de las UPR (Unidades de Prevención y Reacción) no hayan tenido tiempo para solicitar el voto por correo. Los agentes fueron informados de que debían trasladarse a Cataluña "de manera urgente, sin previo aviso y a pocas horas de cerrarse el plazo para solicitar el voto por correo”, según informaron desde Jupol.

Desde el sindicato, mayoritario en el Consejo de Policía, presentó un escrito en la Junta Electoral Central en el que solicitaba medidas "de forma urgente" para "garantizar el derecho al sufragio activo", reconocido en la Constitución.

Los agentes desplegados en Cataluña critican también la escasa previsión del dispositivo y las condiciones laborales de los agentes. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) lamentan además la "diferencia de trato" entre los Cuerpos enviados a Cataluña. "Mientras los policías tienen relevos cada 10 o 12 días, los guardias civiles estamos trabajando de seguido desde hace semanas, sin descansar", señalan. Apuntan también a que, en el caso de la Policía, el departamento de Grande-Marlaska "se preocupó de buscarles hotel". Mientras ellos, aseguran, tienen que "pagar por adelantado el alojamiento, con dietas insuficientes". "Es incomprensible cómo dos Cuerpos estatales están en condiciones tan desiguales", añaden los agentes.

La incertidumbre en el operativo para el próximo 10 de noviembre es, hoy por hoy, total.

Los agentes de la Benemérita siguen a la espera de órdenes para poder intervenir, en su caso, en colaboración con la Policía y los Mossos. Hasta ahora, no han sido desplegados en las actuaciones contra los violentos, en Barcelona, y su actuación se ha limitado a la protección de infraestructuras estratégicas, lo que ha provocado malestar.

Según fuentes policiales, en el operativo participarán hasta 2.500 policías y 2.000 guardias civiles. En la región, según fuentes de la Guardia Civil, habría desplegados hasta 5.500 agentes de este Cuerpo. No existe, no obstante, ninguna cifra oficial.

Hasta ahora, la ola de violencia en Cataluña en respuesta a la sentencia del procés se ha saldado con 600 heridos, 28 encarcelados y alrededor de 200 detenidos. Las organizaciones radicales, como ‘Tsunami’ separatista o los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han convocado distintas acciones para la jornada de reflexión. Las Fuerzas de Seguridad están en alerta por la posible ocupación de los colegios electorales lo que, advierten, sería delito.

Tres detenidos en Bilbao por intentar reventar un acto de Vox
OKDIARIO  7 Noviembre 2019

Tres varones han sido detenidos esta tarde en la plaza de la Encarnación de Bilbao, acusados de un delito de desobediencia a la autoridad y otro contra la ley electoral, por perturbar el orden de un acto electoral de Vox, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos han ocurrido a las cinco y cuarto de la tarde en la plaza de la Encarnación, donde Vox tenía previsto llevar a cabo un acto político. Un grupo de personas ha empezado a increpar a los organizadores del mitin y la Ertzaintza ha tenido que poner un cordón policial para evitar incidentes.

Tres de los concentrados han sido arrestados, acusados de un delito de desobediencia a la autoridad y otro contra la ley electoral, y se ha abierto diligencias a otras seis personas por un delito contra la Ley Electoral por intentar sabotear el mitin.

Espinosa en Barcelona
El portavoz de Vox en el Congreso y número tres de la candidatura, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido este miércoles compromiso para que todos los españoles asuman un papel protagonista y den "una batalla diaria" en su ámbito personal.

"Es necesario que todos los españoles asuman un pequeño papel protagonista, para dar una batalla diaria en su ámbito personal", ha dicho en un mitin de campaña en Barcelona, donde ha garantizado a los votantes catalanes que no están solos, y que no los abandonarán como los han abandonado otros partidos, ha dicho textualmente.

En ese sentido, ha sostenido que el hecho de que los asistentes al acto hayan acudido al mitin "es una señal inequívoca de rebelión y resistencia", y ha asegurado que, si Vox gobierna, se restaurará el orden, la ley y los derechos constitucionales que, según él, se están negando y silenciando en Cataluña.

Ha garantizado que a partir de ahora los catalanes tendrán voz en el Congreso para recordar lo que pasa en Cataluña todos los días, y ha asegurado que hay adoctrinamiento: "Ni el franquismo se portaba así con los que osaban cuestionar el régimen que tenemos hoy en Cataluña".

Se ha mostrado esperanzado con los resultados que pueda obtener Vox este domingo en las elecciones, porque han conseguido lo imposible, según él: "Derrotar un régimen socialista después de 30 años de Gobierno en Andalucía", y ha asegurado que confrontarán a la izquierda y al nacionalismo.

Garriga y Buxadé
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha anunciado que, como miembro de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, ha pedido que el propio Parlamento Europeo solicite a su vez al Consejo de la Unión Europea "la inclusión de los CDR en la lista europea de organizaciones terroristas".

Ha asegurado que la intención de su partido es conseguir una "España libre de ataduras de lo que han denominado el consenso progre", por lo que ha animado a la gente a apretar, ha dicho textualmente, estos últimos días de campaña para conseguir votos hacia Vox.

El diputado y candidato de Vox por Barcelona al Congreso, Ignacio Garriga, ha insistido en que lo primero que deben hacer para garantizar la libertad de los catalanes es "suspender la autonomía de Cataluña y poner a disposición judicial al golpista Torra".

Ha hecho un llamamiento a aquellas personas que se han sentido desalentados por los políticos: "Es el momento de la reconstrucción nacional, de coser las heridas que algunos pretenden abrir y de defender la libertad sin complejos".

Para él, lo que pasa en Cataluña muestra la urgencia de un proyecto como Vox, por lo que quiere dar un mensaje de esperanza ya que considera que es posible construir un futuro que garantice el futuro de los hijos y nietos: "España es mucho mejor que lo que han construido los partidos políticos tradicionales"


 


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