AGLI Recortes de Prensa   Viernes 8  Noviembre  2019

Crisis y Gobierno socialista, mal asunto
 larazon  8 Noviembre 2019

La Comisión Europea ha revisado a la baja las cifras de crecimiento del PIB para 2019 y 2020 que remitió el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, al tiempo que alerta de que se reducirá el ritmo de creación de empleo y de que la deuda pública española subirá este año hasta el 96,7 por ciento del PIB. Bruselas señala que hay causas comúnes en toda la eurozona que explican el estancamiento, fundamentalmente la incertidumbre sobre la evolución del comercio mundial y de las inversiones, y aconseja a aquellos socios con altos niveles de deuda, como es el caso de España, que adopten políticas fiscales prudentes.

La reacción gubernamental, por parte de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha consistido en la reafirmación de sus estimaciones de crecimiento y en entonar un canto a la solidez de nuestros pilares económicos. Según la ministra, las previsiones de la Comisión no se corresponden con la realidad que vive nuestro país, afirmación, cuando menos, arriesgada, incluso, aunque se haya hecho en el contexto de una reñida campaña electoral.

Ciertamente, ni las previsiones de otoño de la Comisión ni los datos del mercado laboral hechos públicos el pasado martes iban a hacer mella en el discurso optimista del candidato del PSOE, que ha tratado de soslayar el debate económico a lo largo de toda la campaña, pero esto no significa que el conjunto de la sociedad, que, al parecer, vive una realidad diferente, no sea perfectamente consciente de que se avecina un nuevo cambio de ciclo y actúe en consecuencia.

Así, el propio comisario europeo, Pierre Moscovici, destacaba del análisis de la situación española que no sólo se estaba produciendo una reducción del consumo interno, sino que las tasas de ahorro de los hogares tendían al alza, enjugando la subida de los salarios. Es decir, que los ciudadanos no han perdido la memoria de cómo gestionó la pasada crisis un gobierno socialista y se preparan, al menos aquellos que pueden, para capear el temporal y aplazan la compra de bienes duraderos y las inversiones a medio y largo plazo.

Sin duda, la inestabilidad política y el convencimiento de que las inmediatas elecciones no van a resolver la situación de bloqueo parlamentario influyen en las decisiones económicas de los españoles, pero, a nuestro juicio, prima el temor en un amplio sector de las clases medias trabajadoras y de los empresarios a que un gobierno del PSOE, que, a tenor de lo que pronostican las encuestas, estaría condicionada por el populismo radical de Unidas Podemos y los nacionalistas, nos devuelva a ese bucle de mayor gasto público, mayor presión fiscal y consecuente deterioro de un mercado laboral que, como ya hemos señalado, está dando las primeras señales de decrecimiento.

El problema es que no hay soluciones mágicas de la especie de «hacer que paguen los ricos», entre otras cuestiones, porque los «ricos», en la terminología progresista, ya pagan tipos impositivos por encima de la media europea, con lo que sólo queda el recurso de operar sobre los clásicos yacimientos fiscales, bastante exhaustos, como viene señalando la Comisión Europea desde que Pedro Sánchez presentó sus primeros y fallidos Presupuestos Generales.

Nada que sea ajeno a la manera de gestionar la economía de los gobiernos socialistas, de lo que la sociedad española tiene sobrada experiencia. Tal vez, la situación en Cataluña, cuya gravedad no queremos disminuir ni un ápice, haya opacado este debate en la campaña, que, en otras circunstancias, hubiera sido fundamental. Y no es sólo por la estrategia deliberada del candidato socialista, Pedro Sánchez, que es el más afectado por las malas señales de la economía, sino por la coincidencia de intereses con otros partidos, que han visto en la crisis catalana y en la preocupación que suscita entre los electores una oportunidad de ganar terreno en las urnas.

Que Chaves hable de manipulación es una burla a la inteligencia
OKDIARIO 8 Noviembre 2019

Ni José Antonio Griñán, ni Susana Díaz, ni la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que recurrió a un informe del Consejo de Estado para excusar su presencia. Sólo el ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, que se marchó dando un portazo, acudió unos minutos a la primera sesión de la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) en el Parlamento autonómico.

El tiempo que permaneció Chaves en el Parlamento regional lo utilizó para denunciar la manipulación e instrumentalización electoral, por lo que se negó a aclarar cómo el dinero de los parados andaluces se malgastó en prostíbulos. Resulta curioso el argumento de Manuel Chaves: si ha habido un partido que ha practicado en Andalucía la manipulación e instrumentalización electoral ha sido el PSOE, que durante décadas tejió una tupida red clientelar, un gigantesco pesebre para agarrarse al poder.

Lo sorprendente nos es que el Parlamento andaluz haya convocado a tres días de unas elecciones generales una comisión de investigación sobre el saqueo de la Faffe (prostíbulos, comilonas, joyas, viajes, facturas falsas) que se ha traducido en un agujero de 55,6 millones de euros sin justificar. Lo verdaderamente sorprendente es que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo fuera un sistema paralelo de la Consejería de Empleo que se dedicaba a dar contratos a dedo a empresas afines. Todo con el dinero de los parados andaluces, un caso que en el procedimiento guarda muchas similitudes con el de los ERE, cuya sentencia, por cierto, sí que se está haciendo esperar. Eso sí que es un trato de favor al PSOE.

Que el socialismo se haya negado a acudir a la comisión de investigación revela la hipocresía de un partido que utilizó la corrupción del PP como catapulta para acceder al poder y que cuando le toca rendir cuentas de su propia corrupción responde con acusaciones manipulación de instrumentalización cuando no ha habido un partido más manipulador que el PSOE andaluz.

La España de la idea
El proyecto de nación unida, integradora y abierta, está en riesgo ante el auge del populismo de izquierda y derecha
Ignacio Camacho ABC 8 Noviembre 2019

Viendo en un debate de TV3 a Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas, brillantes y corajudas en su brega a contracorriente ante una mayoría de separatistas fanáticos y un socialista parapetado en el mantra del diálogo, era imposible no sentir melancolía de esa «España Suma» que Rivera desechó en su penúltimo (porque aún puede cometer alguno más) error de soberbia y de cálculo. Tardará mucho tiempo en abrirse otra oportunidad similar de una alianza tan prometedora del liberalismo moderado, y la víctima principal de la ocasión perdida será el propio partido que la condenó al fracaso. Ya es tarde para lamentarlo, pero si la noche del escrutinio se vuelve amarga para Ciudadanos habrá que recordar su responsabilidad histórica ante ese proyecto no nato que reivindicaba una alternativa mayoritaria de centro-derecha entre el consorcio Frankenstein y el populismo bizarro.

Sumando los porcentajes del promedio de las encuestas, la coalición entre el PP y Cs estaría hoy en condiciones de disputarle al PSOE el primer puesto: una opción de investidura en la que Vox, aunque mantuviese su previsto crecimiento, se vería relegado a un papel subalterno. Y con una buena negociación de las candidaturas, la formación naranja hubiera podido sacar el domingo bastantes más diputados de los que le vaticinan los sondeos. La operación fallida era un win-win, una apuesta ganadora desde su planteamiento, que beneficiaba a sus partícipes y articulaba una propuesta reformista y templada propia de un país moderno, un modelo constitucionalista sereno, solvente ante los retos económicos y socialmente integrador y abierto, alejado de las ruidosas tentaciones populistas que a izquierda y derecha cuestionan el pacto plural del 78 como una historia de éxito. Pero Rivera no supo o no quiso verlo, obcecado en su inviable «estrategia Macron», incapaz de admitir y/o enmendar su probado desacierto. Ahora ya no le queda otra que persistir en su empeño e invocar un cierto hueco en medio de una confrontación bipolar que augura desencuentros a cara de perro.

Son malos tiempos para la moderación. La presión separatista ha mutado en episodios de violencia ante los que muchos ciudadanos sienten la necesidad de una reacción enérgica. La debilidad del Gabinete Sánchez lo vuelve rehén de partidos rupturistas que mantienen frente al Estado una actitud insurrecta. La abusiva unilateralidad de la memoria histórica confunde la justa apertura de fosas con la de trincheras. Y ante la palpable tensión de la convivencia hay una creciente corriente de opinión que tiende a aceptar recetas de garrote y arpillera. La España de la idea, el espacio de la razón y de la sensatez, se estrecha; si Cs se desploma, le va a tocar al PP sostener de nuevo en solitario esa bandera. Quizá el mismo Casado, envuelto en el fragor cortoplacista de una campaña sin tregua, no sepa aún lo que pesa.

La España de los principios: Vox
Nota del Editor 8 Noviembre 2019

Las ideas del PP ya las hemos y seguimos sufriéndolas. El PP perdió toda su credibilidad y tiene que desaparecer. Vox defiende los principios necesarios para sacar España del pelotón de los tontos de capirote que repiten el mismo error esperando que se convierta en verdad.

Frente a la soflama, datos rigurosos
Editorial ABC 8 Noviembre 2019

España culmina una campaña en la que el populismo extremista, a izquierda y derecha, ha alzaprimado la soflama sobre el dato y la mentira sobre la verdad. No es cierto el mantra de Podemos de que «España es el segundo país del mundo con más fosas comunes tras Camboya», sencillamente porque no existen datos oficiales que lo corroboren y porque se ocultan deliberadamente millones de muertos en un sinfín de atrocidades históricas fuera de España. Tampoco es cierta la afirmación de Vox de que la demolición del Estado de las autonomías ahorraría un gasto superfluo de entre 60.000 y 90.000 millones. Ha sido una campaña polarizada, dogmática, demagógica y radical, que en sus extremos ha apelado al voto emocional y airado frente a un sistema caduco e inservible. Sin embargo, basta con rascar sobre esa superficie plagada de arengas irreflexivas para que afloren falsedades como puños.

Opinar, como hace Vox, es una cosa y faltar a la verdad, otra distinta. Por eso, ABC, como periódico comprometido con el rigor, está obligado a alertar frente a candidatos embaucadores con discursos pronunciados desde una falacia premeditada. La libertad de voto de cada elector es sagrada. Pero la verdad también lo es, y pervertirla es indigno. Es lógico sostener que el Estado autonómico debe ser corregido para evitar disfunciones, agravios y chantajes destructivos como el que plantea el separatismo en Cataluña. Pero en ningún caso es justificable su dinamitación. Los datos son fríos: la OCDE y el FMI demuestran que el coste solo en sanidad y educación es de 117.949 millones, lo que representa el 68 por ciento del gasto autonómico. Las cifras de Vox no cuadran… a no ser que pretenda mermar la sanidad y educación de los españoles hasta lo insostenible. Mentiras tan groseras no deberían premiarse en las urnas.

60.000 y 90.000 millones fuera de nuestros bolsillos que pueden no volver a salir gracias a Vox
Nota del Editor 8 Noviembre 2019

Además de la dignidad que recuperaríamos los ciudadanos de cuarta clase, nuestra riqueza y consecuentemente la de España volvería a nuestros bolsillos, porque el despilfarro y la ineficacia solo benecifia marginalmente a los chupópteros.

Únicamente con la derogación de todas las leyes de lenguas regionales el ahorro sería tremendo y los derechos al libre ejercicio del trabajo y empresa lo mismo.

La multitud de legislación con su coste de elaboración e inmenso coste de cumplimiento desaparecía y todos seríamos beneficiarios del ahorro y simplicidad.

Los ejemplos de sanidad y educación son especialmente sonrojantes: la utilización de laa lenguas regionales para cribar a los profesionales de la medicina y educación, la disparidad de criterios y sistemas para tratamientos e historiales médicos, la inmersión lingüística a los español hablantes, el lavado de cerebro por parte de los politizados funcionarios de lengua propia, son elementos suficientes para apoyar a Vox y dejarse de paños calientes.

Tierra de fascistas
Tantos años después, fascistas somos casi todos
Carlos Herrera ABC 8 Noviembre 2019

El detector de fascistas de la mayoría de los actores políticos españoles está seriamente averiado. O, quizá, no debidamente actualizado.

Ahora, metidos de cabeza y algo más en el siglo XXI, un número indeterminado de portavoces de la actualidad ha regresado a la terminología descriptiva de los años treinta del siglo pasado. No pocos politólogos e historiadores han teorizado sobre ello y de forma particularmente brillante, con lo que este humilde juntaletras no se va a meter en ese jardín, pero permítanme resaltar la fiereza con la que algunos han atisbado moradores del primer tercio del siglo anterior en los predios temporales de hogaño. A lo largo de mis nutridos años de cronista de la actualidad, jamás había constatado tanta abundancia de fascistas en la realidad social española: abundan fascistas en todos los órdenes sociales, en todas las corrientes de pensamiento, en muchas de las esferas intelectuales que animan el cotarro de la actualidad, en todos los órdenes profesionales y, no digamos, en la mayoría de núcleos periodísticos de quienes nos dedicamos a la comunicación. Diría que resulta particularmente difícil salvarse de la acusación de «fascista» si no dedicas todas tus horas a glosar los beneficios de las diferentes alternativas que luchan desaforadamente contra el «sistema» y cada una de sus terminales. Hubo un tiempo en que desde grupúsculos de una ultraizquierda tan minoritaria como conmovedora por su simpleza, éramos fascistas todos los que quedábamos a la derecha de Stalin, Trotski incluido; cosa que se comprendía a poco que te acercaras al minoritario espectro ideológico en el que se recogían hijos tontos de la extrema zurda. Pero ha llegado el siglo XXI, con todos sus progresos en todos los órdenes posibles, y los emisores de etiquetas se han desatado en una orgía de acusaciones de la que no se salva nadie. A poco que uno escuche a los vociferantes vomitivos de la izquierda menos racional o del independentismo más asilvestrado, España es un país lleno de fascistas.

En la Cataluña de hogaño, esa triste caricatura de lo que una vez fue un territorio de progreso y avance intelectual (tampoco sin exagerar y sin que parezca que el resto de España era un páramo desolado) es fascista cualquiera que no sea independentista visceral. Y en la política general española, la banalización del término ha hecho que se califique de fascista a cualquiera que no comulgue con las arcaicas propuestas ideológicas de ese comunismo siempre vivo que tan orgulloso se siente de sus hazañas tiránicas y miserables. Pero no solo eso. A los votantes de Vox -conozco a algunos y son personas de curso legal, sin exceso de ademanes vociferantes- se les considera y etiqueta como fascistas desde algunos editoriales de prensa cautiva y desde alocuciones del partido que previsiblemente va a resultar el más votado el próximo domingo. La conocida e intelectualmente poco lubricada portavoz socialista, Adriana Lastra, hablaba de «fascistas salidos de la cueva» refiriéndose a los votantes del partido de Santiago Abascal -una de sus candidatas, Nerea Alzola, era agredida ayer en tierras vascas-, y no pocas veces Pablo Iglesias y sus mariachis han decretado una «alerta antifascista» motivando una suerte de persecución violenta de sus representantes y simpatizantes. Curiosamente, ni Lastra ni Iglesias han dicho nada de los que ejercen la violencia fascistoide en las calles catalanas en días recientes, soldadesca de aquellas formaciones con las que han llegado a acuerdos y pactos a lo largo de estos meses.

Si los combatientes contra el fascismo -esparcido a lo largo del arco ideológico de derecha e izquierda- que consumieron sus energías en la primera mitad del siglo pasado, levantaran la cabeza, se llevarían la sorpresa de comprobar cómo, mediante la simplificación de los términos, se le ha quitado importancia a sus batallas. Tantos años después, fascistas somos casi todos.

Sánchez vende la dignidad de Policía y Guardia Civil por un puñado de votos
OKDIARIO 8 Noviembre 2019

El PSOE -otra más- retiró el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la Ley Vasca de Abusos policiales, un auténtico proceso de linchamiento público contra agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por supuestas torturas en esa Comunidad Autónoma durante la época de los mayores asesinatos y atrocidades de ETA, con el fin de reescribir la historia. Alrededor de 500 casos a través de los cuales se señalarán sin garantías judiciales a los policías, supuestamente torturadores, y se certificará oficial y administrativamente al supuesto torturado como un agredido por el sistema policial central.

Los sindicatos policiales Jusapol, Jupol y Jucil han pedido la inmediata paralización de la aplicación de ley, que pone en manos de una Comisión de Valoración de carácter nacionalista un proceso de acusación extrajudicial que carece de las más mínimas garantías y ni siquiera da voz a los agentes señalados como torturadores.

Según los sindicatos policiales, “las negociaciones mantenidas durante meses entre el Gobierno de Pedro Sánchez resultante de la moción de censura y el Gobierno vasco, secreto a voces, giraban especialmente en torno a levantar el veto constitucional a una iniciativa legislativa compartida en el País Vasco por el PNV y el propio PSOE".

Dicho de otro modo: que para garantizarse el apoyo de los nacionalistas vascos en la moción de censura y la posterior continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa, el socialismo retiró el recurso de inconstitucionalidad que impedía la puesta en marcha de la ley, de modo que el PSOE aceptó un trueque indigno: permitir que se estigmatizara como torturadores a miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

De nada han valido las reivindicaciones y voces críticas de las asociaciones de víctimas del terrorismo, sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Pedro Sánchez ha permitido que avance una ley que invade competencias de carácter estatal y vulnera derechos fundamentales de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un procedimiento judicial contradictorio y garantista y el derecho al honor".

Nada le ha importado con tal de asegurarse el apoyo del nacionalismo vasco. Ni la dignidad de quienes fueron vilmente asesinados por una banda terrorista. Los que dieron su vida en defensa de la democracia serán convertidos en verdugos por una ley nauseabunda que ha avalado el presidente del Gobierno de España.

La derecha sin remedio
La izquierda se mantendrá en el poder veinte años. Cada votante de Vox garantiza a Sánchez La Moncloa
Ramón Pérez-Maura ABC  8 Noviembre 2019

Supongo que éste es el artículo que habría que publicar el próximo lunes 11 de noviembre. Pero no tengo miedo de hacerlo hoy porque creo que no hay peligro de equivocación relevante. Más de dos siglos después, la derecha española sigue cometiendo los mismos errores. Ricardo de la Cierva, un historiador un tanto atrabiliario, catedrático de la Universidad de Alcalá y premio Mariano de Cavia, Luca de Tena, Víctor de la Serna y Espejo de España, además de fugaz ministro de Cultura con Adolfo Suárez, publicó en 1987 «La derecha sin remedio (1801-1987). De la prisión de Jovellanos al martirio de Fraga» (Plaza y Janés). El libro es una premonición de cómo iba a estar la derecha española tres décadas después: rota y sin ser capaz de alcanzar el poder por sus propios enfrentamientos. Vivía entonces Fraga la traición de los democristianos de Óscar Alzaga, que después de haber sido elegidos a las Cortes con los votos de Alianza Popular prefirieron marcharse y dejar a Fraga debilitado ante un Felipe González pletórico. «Me está pasando lo que a Cánovas con Silvela, lo que a Maura con Dato. Parece que la derecha no tiene remedio» decía don Manuel. En el verano de 1986 mi madre había sido elegida diputada a Cortes por Alianza Popular. Recuerdo aquel verano la conversación en la terraza de casa con un diputado por Ávila que tenía la vista perdida en la bahía de Santander: José María Aznar. Sostenía que no tenía sentido pretender mantener en el grupo parlamentario al PDP. Había que refundar la derecha. Costó diez años ganar unas elecciones, pero no había otro camino para ello. Era, efectivamente, la derecha sin remedio.

El domingo votaremos y, con la información disponible, apuesto a que la derecha (PP, Vox, Cs) obtendrá entre 3 y 4 puntos más que la izquierda. Pero el PSOE de Sánchez será el partido más votado. Vox saldrá a celebrar sus resultados con entusiasmo indescriptible: estará en torno a los 60 diputados frente a los aproximadamente 90 del PP y los 15 de Ciudadanos. ¿De verdad habrá algo que celebrar? El resultado de Vox permitirá a Sánchez ganar las elecciones con aproximadamente los mismos escaños que tiene hoy. Es decir, un inmenso fracaso de Sánchez y su rasputín Iván Redondo. Pero seguirá sentado en La Moncloa y gobernando desde la mentira y la búsqueda de la confrontación entre españoles, dejando a los independentistas campar a sus anchas.

Después de las elecciones del pasado mes de abril, cuando Vox quedó muy lejos del resultado que apuesto que logrará ahora, su dirigente Iván Espinosa de los Monteros salió en la noche electoral a decir que ése era el campamento base para llegar a la cumbre. Estupendo: el 10 de noviembre van a establecer un nuevo campamento, camino de la cumbre, desde el que contribuirán a que España permanezca bloqueada y en manos de un Gobierno de izquierda que hace un uso abusivo del poder que le otorga la ley. La situación de hoy es mucho peor que la de 1986. Entonces había un PSOE con mayoría absoluta que no necesitaba depender de los nacionalistas catalanes y vascos. Y el PDP era una ficción política que carecía de bases porque los votos se los había dado el partido al que traicionaba. La derecha hoy tiene un primer partido que sigue siendo fuerte y crece y una escisión en su seno que quiere matar al padre. Eso mantendrá a la izquierda en el poder no diez, sino veinte años. «El País» jaleaba ayer en portada el auge de Vox. No es para menos. Cada votante de Vox garantiza a Sánchez La Moncloa.

Cada voto al PP garantiza otros cuarenta años de ignominia
Nota del Editor 8 Noviembre 2019

Esto parece el camarote de los hermanos Marx, si los principios del PP te gustan, algo te falla porque no tiene.
Hay que votar a Vox para no seguir otros cuarenta años mas de disparates, traiciones, vejaciones contra los derechos humanos y constitucionales a los ciudadanos de cuarta clase, españoles sin derechos donde el español es lengua impropia.

La ingeniería social del régimen
Amando de Miguel Libertad Digital 8 Noviembre 2019

El título y el texto merecen muchas comillas para indicar la naturaleza irónica o sarcástica de estas ideas. El "régimen" español actual es el de la sedicente y confusa "Transición". Se trata de un término dinámico y voluntarista que nunca se pudo saber a dónde conducía. Al final, merece esa etiqueta de régimen porque unifica las ideologías y, sobre todo, el proceder de los distintos Gobiernos que lo han dirigido (UCD, PP, PSOE). Bien es verdad que entre ellos se reconocen ciertas diferencias, por ejemplo, esta de la ingeniería social, que corresponde más bien a los Gobiernos socialistas de Zapatero y Sánchez. No se sabe cuál de los dos resulta más indigente, intelectualmente hablando. Lo que más sorprende es que ni populares ni ciudadanos se oponen resueltamente a las pretensiones de la ingeniería social de los socialistas. Resulta difícil oponerse a lo que se presenta como un progreso.

La ingeniería social se distingue porque ofrece un carácter manipulador de la realidad social sobre la que opera. Se trata de interpretarla y amueblarla pro domo sua, esto es, para reforzar los intereses de los operarios de tales maniobras. El principio es que la realidad social no es tal, sino el reflejo de lo que quiere que sea el manipulador. (Realmente habría que decir más bien el pedipulador, pues hay veces en que parece hecha con los pies). Solo que tal voluntarismo se viste con el manto del prestigio que proporcionan los hallazgos de la ciencia o de la tecnología.

El resultado patológico para la persona que comulga con las prácticas de la ingeniería social es lo que irónicamente se ha llamado asomatognosia. Es algo así como ignorar en qué lugar del espacio social se encuentra el sujeto. Se podría llamar también alienación en el sentido de la limitación de las capacidades mentales debidas a factores externos.

La primera y más doméstica de las formas de ingeniería social en la España de hoy es la construcción del "Estado de las Autonomías" como una forma original y excelsa de organización de la vida pública. No debe confundirse con un razonable principio de descentralización de las funciones del Estado. Su caricatura es, precisamente, la consideración de las autonomías, tal como se han establecido en España. No son solo una forma de descentralización administrativa, sino latentemente una vía para justificar y potenciar el caciquismo tradicional. Ese rasgo es hoy mucho más activo y peligroso que hace poco más de un siglo, puesto que ahora maneja cuantiosos presupuestos públicos. Los cuales no han hecho más que expandirse desde la instalación de la democracia. No digamos si, a través del régimen autonómico, en ciertas regiones se precipitan las tendencias secesionistas. En cuyo caso, la ingeniería social se manifiesta en legitimar todas esas fuerzas explotadoras y disgregadoras. La operación distorsionadora consiste en convencer a los españoles de que la realidad no es la que pudiera parecer.

La ingeniería social se aprovecha de una serie de ideologías dominantes en la sociedad. Por ejemplo, la memoria histórica (extraña expresión convertida en ley), que en España se aplica para convencer a la población de que la guerra civil la ganaron los republicanos. O también la ideología de género, esta importada, por la que se convence al público de una nueva desigualdad: la de los sexos, ahora llamados géneros. Como en todas las formas de desigualdad social, en esta uno de los polos prevalece sobre el otro: la mujer sobre el varón.

Lo fundamental en todos esos procesos reseñados es la maniobra de convencer a la población de que la distorsión de la realidad es la verdadera hasta convertirse en axioma. De ahí el sustantivo de ingeniería, que es aquí una perversión del ingenio. El poder se alía con la inteligencia para doblegar y comprar voluntades a través de la formidable máquina de los medios de comunicación, la enseñanza y las redes sociales. Realmente, se trata más bien de propagada, en el sentido más vulgar del término.

La ingeniería social es tan poderosa que se incardina no solo en la izquierda (sedicentemente progresista) sino en la derecha (sedicentemente centrista). Así pues, la única fuerza que puede oponerse a la nueva forma de "oligarquía y caciquismo" es Vox, el partido que se sitúa frente a todos los demás. Es claro que Vox es el único partido que no puede aliarse con el PSOE. Se entenderá ahora por qué convergen todos los otros partidos en orillar a Vox.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Negar la realidad es la peor campaña
Editorial ABC 8 Noviembre 2019

Las previsiones de Bruselas vienen a desmontar el cuadro macroeconómico que como un castillo en el aire levantó el Ejecutivo socialista para alojar su programa electoral

España sufrió como muy pocos países de la Unión Europea las consecuencias de una crisis económica que se vio agravada por la negativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a reconocer su verdadera dimensión y a aplicar los ajustes necesarios para contenerla. El interés político primó sobre el interés general en una desastrosa secuencia de errores -y omisiones, aún más graves- que puso a España a borde del rescate, dejó sin empleo a millones de trabajadores y desequilibró las cuentas públicas hasta amenazar el sostenimiento de nuestro Estado de bienestar. Una década después, el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez se empeña en repetir la jugada al tratar de restar importancia, si no en tergiversar y ocultar, las señales que desde hace meses anuncian un cambio de ciclo económico, un enfriamiento que, al margen de los organismos internacionales y los gabinetes de análisis, muchos españoles han comenzado ya a sufrir en sus carnes. Ayer fue la Unión Europa la que, de forma drástica, empeoró su pronóstico de crecimiento de la economía española, hasta dejarlo en un 1,9 por ciento del PIB para el actual ejercicio y un 1,5 por ciento para 2020, con el consiguiente descontrol del déficit. No estamos, como hace solo unos días aseguró la ministra de Economía, en «una fase expansiva» de nuestra economía. Al contrario, la destrucción de empleo y el frenazo del consumo privado reflejan el calado de la desaceleración que trata de negar el equipo de Pedro Sánchez. La realidad es un estorbo electoral para los partidos que practican el populismo, pero el coste de ignorarla o negarla aumenta cada día que pasa, y no será el Gobierno en funciones el que tenga que pagar su factura, sino los ciudadanos.

Las previsiones publicadas ayer por la Comisión Europea vienen a desmontar el cuadro macroeconómico que, como un castillo en el aire, levantó el Ejecutivo socialista para alojar un programa electoral basado en el gasto social y ajeno a las reformas, siempre incómodas, que España necesita para fortalecerse. La situación de nuestra economía es sensiblemente mejor que la del resto de los países de nuestro entorno, pero, con un crecimiento ya inferior al 2 por ciento necesario para generar nuevos empleos y aumentar la recaudación del Estado, nuestro país es ya incapaz de asumir el despilfarro que promete en sus mítines Pedro Sánchez. Centrada casi en exclusiva en la crisis catalana, la campaña que hoy concluye no puede representar una nueva ocasión perdida para que la sociedad española reflexione sobre el horizonte económico que bajo una falsa «fase expansiva» trata de encubrir el Gobierno. Sería esa la gran victoria electoral de Sánchez y la derrota de la memoria de los millones de españoles que no hace tanto, cuando los brotes verdes no dejaban ver el bosque de la crisis, sufrieron el resultado de tanta negación.

La izquierda amenaza con una subida de impuestos brutal
EDITORIAL Libertad Digital 8 Noviembre 2019

Penalizar el progreso y la productividad es el proyecto fiscal de la izquierda, esa amenaza de primer orden para las libertades y la prosperidad de los españoles.

La izquierda ha sacado toda su artillería fiscal para la próxima legislatura. Planea exprimir al contribuyente hasta la última gota con la burda y mentirosa excusa de que lo que pretende es gravar a los ricos y a las grandes empresas. Pero resulta que en España no hay tantos ricos ni tantas grandes empresas, por mucho que Pablo Iglesias haya tenido la suerte de ingresar en el selecto club del 1% de los más acaudalados del país. Como siempre, serán las clases medias las que carguen con la mayor parte de las miserabilizadoras exacciones pergeñadas por una casta progresista que no hace más que atentar contra el bienestar y el progreso de la sociedad.

La adicción de la izquierda al dinero ajeno es tal que PSOE, Podemos y Más País parecen estar compitiendo por ver quién está más decidido a sangrar más al contribuyente. Les da igual si los impuestos que proponen representan una doble tributación, si son confiscatorios o rozan la ilegalidad. El ansia recaudatoria les ciega porque tienen desorbitadas partidas de gasto por cubrir. Si no, ¿quién va a pagar despropósitos como la compañía eléctrica pública de Podemos, el PIB biofísico de Errejón o el Ministerio del Invierno Demográfico de Sánchez? Tendrán que sufragarlos los españoles con lo mejor que tienen: sus propiedades.

Las elecciones del domingo pueden desencadenar la mayor subida de impuestos de la historia reciente. Si alguno de estos partidos consigue gobernar, los contribuyentes tendrán que soportar un bombardeo impositivo que perturbará gravemente su vida diaria... y les perseguirá literalmente hasta la muerte, pues Sánchez se ha empeñado en resucitar el infame Impuesto de Sucesiones.

Quizá azuzado por la ministra de Hacienda en funciones, la tremendamente incompetente María Jesús Montero, el líder del PSOE pretende "armonizar" los impuestos autonómicos; armonizar es el eufemismo que usan los socialistas para no decir la incómoda verdad de que van a subir la fiscalidad en las comunidades autónomas que menos sangran a la ciudadanía. Madrid será la más afectada. Sucesiones, Patrimonio y el Impuesto de Actos Jurídicos, los tributos que piensan disparar.

El PSOE ha orquestado una subida de los impuestos al diésel que va a dejar nuevamente en evidencia su pretendida defensa de los sectores más humildes de la sociedad. Tampoco hay que olvidar la tasa Google que los de Sánchez se empeñan en imponer a las malvadas tecnológicas, compañías que tienen el atrevimiento de proporcionar un correo electrónico gratuito a una pequeña empresa o un GPS a cualquier autónomo que vaya circulando por la ciudad. ¿Cómo les sentará tener que pagar por estos servicios cuando las empresas repercutan el impuesto sobre los usuarios?

Si al atraco fiscal de más de 5.000 millones de euros de Sánchez unimos los desmanes que planea Podemos, el panorama es para echarse a temblar. El odio del potentado Iglesias a sectores punteros le va a llevar a aplicar una subida discriminatoria del Impuesto de Sociedades a la banca y a las petroleras, sin olvidar la del tipo general. Además, los podemitas han recurrido a la creatividad y se han inventado el impuesto "sobre los beneficios de las grandes empresas por contaminar". Por supuesto, la voracidad de Podemos también va a afectar a las rentas altas, no en vano su programa plantea un IVA al lujo, un IRPF máximo disparado al 55% y otro incremento del Impuesto de Patrimonio para las grandes fortunas.

El Impuesto de Patrimonio también quiere recuperarlo Errejón. Con maneras de matón chavista, el cabecilla de Más País ha proclamado su intención de sablear con un 3% a "7.000 tipos". También quiere atacar a los usuarios de diésel y a los millones y millones de consumidores de refrescos porque "uno de cada tres niños en España está ya en riesgo de obesidad", dice, sin vergüenza. Por lo visto, este tipo tan haragán que odia a quienes le permiten llevar el muy opulento tren de vida que lleva se ha olvidado ya de la desnutrición infantil que azotaba el país...

Penalizar el progreso y la productividad es el proyecto fiscal de la izquierda, esa amenaza de primer orden para las libertades y la prosperidad de los españoles.

Vox: nacionalista antes que liberal
Juan Ramón Rallo elconfidencial 8 Noviembre 2019

Vox aspira a erradicar el Estado de las autonomías porque, según dicen, constituye una apoteosis de la ineficiencia y del despilfarro. Tal como exponen en el programa electoral que presentaron para la Comunidad de Madrid, “la creación de 17 autonomías regionales (...) ha resultado un experimento fallido (...) La existencia de 17 gobiernos y 17 parlamentos regionales en el seno de un único Estado ha resultado ruinosa. La multiplicación por 17 de la Administración ha aumentado exponencialmente su coste a costa de los contribuyentes azotados por un enorme incremento de la presión fiscal para mantener estructuras innecesarias por la duplicación de actividades y competencias”.

Multiplicarlo todo por 17 resulta caro y redundante, por lo que, atendiendo a los razonamientos de la formación de Abascal, convendría unificarlo todo y prescindir de tanta superfluidad. En realidad, empero, semejante razonamiento esconde una trampa muy elemental: centralizar no es lo mismo que desburocratizar. Si en lugar de presidentes autonómicos tenemos más secretarios de Estado y en lugar de consejeros regionales creamos más direcciones generales, lo único que habremos modificado son las relaciones jerárquicas dentro de la burocracia, pero no el tamaño de la burocracia.

Y no está ni mucho menos claro que los Estados centralizados necesiten burocracias más delgadas que los Estados descentralizados: a la postre, cuanto más jerárquica se vuelve la cadena de mando, más eslabones intermedios devienen necesarios para transmitir las órdenes de arriba abajo y para supervisar su cumplimiento. De hecho, el coste de la burocracia española es menor al de otros Estados centralizados como Francia o Portugal: ¿por qué una centralización competencial en España debiera arrojar resultados diferentes a los de nuestros más centralizados vecinos?

Con todo, el argumento recentralizador de Vox se da de bruces no ya contra la evidencia comparada sino contra la coherencia interna de su propio discurso. A la postre, Vox se opone simultáneamente a la descentralización autonómica y a la centralización bruselense. Mientras que en España constituye un injustificable despilfarro folclórico contar con 17 parlamentos autonómicos en lugar de con uno solo nacional, en Europa constituye una imperiosa necesidad antiglobalista contar con 27 parlamentos nacionales en lugar de con uno solo comunitario. Centralización en España y descentralización en Europa porque, al parecer, la escala óptima para la provisión de cualquier servicio público es, por algún providente azar histórico, la del Estado español.

En verdad, lo que sucede es mucho más simple: Vox subordina todos sus razonamientos sobre eficiencia económica a su visión nacional(ista) de España. No es que propugne un Estado centralizado por ser más eficiente y barato que el Estado autonómico, sino que necesita creer (y proclamar) que el Estado centralizado es más eficiente y barato que el autonómico para poder defender, también desde un punto de vista económico, sus preferencias políticas previas. ¿Y cuáles son esas preferencias políticas previas de Vox? Las de un Estado instrumental a un sujeto colectivo y atemporal de derecho que es 'España'.

La prioridad para Vox es España (“España, lo primero”); no los individuos que hoy residen dentro de la jurisdicción de un Estado denominado España sino una visión holista y monolítica de qué es España y de qué es ser español. Por eso, España se ha de defender tanto frente a las fuerzas descentralizadoras internas como frente a las fuerzas centralizadoras externas: centralizar hacia dentro y descentralizar hacia fuera. El modelo de Estado de Vox no es otro que aquel que sirva mejor a los intereses de su peculiar concepción de la nación española, no aquel que sirva mejor al bienestar de los españoles.

Por eso, Vox no es un partido liberal, aunque parte de su programa —en particular, la económica— contenga elementos marcadamente liberales: es un partido nacionalista (“patriótico” querrán llamarlo aquellos nacionalistas que se avergüenzan de tal calificativo ideológico, aun cuando se comporten más como nacionalistas que como patriotas). Los liberales no priorizan la nación sobre la persona, sino la persona —y sus derechos— sobre la nación (y sobre la clase social, y sobre la confesión religiosa, y sobre cualquier otro colectivo).

La preferencia política general del liberalismo por una mayor descentralización administrativa (y su oposición, por tanto, a una centralización catalanista, españolista o europeísta) no deriva de su querencia por imponer una determinada identidad sobre un determinado colectivo (como sucede con los nacionalistas a distinta escala), sino de su deseo de fragmentar la escala del poder estatal tanto como sea posible, para que la competencia y la diversidad jurisdiccional actúen como contrapeso a ese poder estatal (a su vez, y desde el otro lado del espectro político, la preferencia política general de la socialdemocracia por una mayor centralización administrativa tampoco se debe a su deseo de impulsar una determinada identidad entre la población, sino a su querencia por ampliar la escala del poder estatal para imponer por la fuerza la igualdad social entre un mayor número de personas sin que estas puedan refugiarse en otras jurisdicciones).

El liberalismo podrá criticar las autonomías por ser demasiado centralistas y demasiado poco respetuosas con las libertades individuales de sus ciudadanos, pero no porque socaven la unidad de la nación española: lo primero es esencial, mientras que lo segundo es accesorio e incluso irrelevante.

En suma, puede que haya liberales que terminen dando su apoyo a Vox por priorizar las libertades económicas sobre otro tipo de libertades civiles. Al igual que puede haber otros liberales que apoyen al PSOE porque prioricen ciertas libertades civiles (como el derecho a una muerte digna) sobre otras libertades económicas. Pero no caigamos en la trampa de calificar a Vox de liberal (como sería tramposo calificar al PSOE de liberal): Vox es un partido nacionalista para el que las libertades individuales —económicas o no económicas— son un elemento secundario y subordinado a la unidad de destino de la nación. Si en algún momento tales libertades económicas resultaran incómodas para su visión sobre los intereses de la nación, entonces el núcleo ideológico del partido dejaría de defenderlas.

La derogación de todas las leyes de lenguas regionales y leyes autonómicas
Nota del Editor 8 Noviembre 2019

Eso de echar humo para despistar no está bien. Si España es lo primero, está claro que los españoles también. Si conseguimos que las autonomías desaparezcan, las libertades aparecerán: ahora no hay libre establecimiento, cada autonomía legisla para fastidiar lo máximo posible y si ha declarado que el español es lengua impropia, ya es el colmo del disparate. Si la descentralización es buena, porqué no las aumentamos a 200. Lo importante es la asignación óptima de los recursos públicos que extraen de nuestros bolsillos y claramente la descentralización es un disparate. La teoría de la fragmentación está muy bien si termina y empieza en mi bolsillo, pero si empieza en mi bolsillo y termina en el de otro, pierde todo su sentido. La competencia se ejerce cuando se puede elegir y la ciudadanía no vive en una caravana buscando el sitio mejor.

La deuda pública y la inutilidad política
Antonio García Fuentes Periodista Digital 8 Noviembre 2019

La denominada “deuda pública” y que no sólo alcanza al Estado, sino a todos los estamentos estatales, incluidos ayuntamientos o municipios; yo la entiendo como un medio a emplear transitoriamente; y sólo en casos, desesperados o imprescindibles por las causas que sean; pero nunca como se viene empleando en España (y otros países) que lo viene haciendo de forma ya “descontrolada” y por tanto nociva por demás.

Un país o cualquiera de sus entidades menores y públicas, no son otra cosa que “empresas o a lo sumo familias agrupadas”; las que como tales, deben atenerse a sus propios recursos; incluso ahorrando en vez de malgastar fondos que no tienen, puesto que el resultado si esos derroches se mantienen, es la quiebra o el desastre en que muchos “entes o entidades”, ya están.

La familia o el individuo “aislados”, no se pueden permitir, “esos lujos irresponsables que sí que mantienen y sostienen los aparatos estatales u oficiales”; puesto que de hacerlo, el individuo, la familia, o empresa privada; irían a la ruina, a la quiebra total, al embargo de bienes, subasta de los mismos; y los promotores de todo ello (los antes propietarios) terminarían en la penuria, muchas veces incluso como, parias, “en la cuneta” y como mendigos, de los que ya hay abundancia “en las cunetas de las denominadas sociedades desarrolladas”, las que también producen su lumpen de mendigos y expulsados de la sociedad.

El Estado y sus organismos ya citados, no caen en esas penurias, puesto que al ser como tales; lo que ocurre es que sus deudas, pasan a los habitantes de los mismos, los que “sin comerlo ni beberlo”; tienen que cargar con los estropicios de los malos gobiernos oficiales, que han tenido que soportar; por ello y en lo relativo a mi país (España) la deuda pública que mantiene en la actualidad y la que globalmente da unas cifras atroces; ello ya está endeudando, no sólo a los habitantes que hoy vivimos, sino a los incalculables (“hijos, nietos, biznietos”) aún por nacer, incluidos niños y jóvenes que aún no se han enfrentado a la vida como adultos.

Todo ello se puede considerar como un crimen social; pero que no se considera así, ni se arbitran leyes para que esos derroches no se produzcan; puesto que como antes digo refiriéndome a las familias, empresas privadas, o al simple individuo; estos deben gastar no incluso lo que disponen; sino que sabiamente han de ahorrar lo que puedan cada día, para ir reuniendo reservas para tiempos peores, o incluso desastres que pudieran venir. O sea, ni más ni menos que lo que hace la propia Madre Naturaleza, con todas sus manifestaciones de vida; donde y no sólo los animales de sangre caliente, obran de esa forma natural, donde “gastan lo mínimo y guardan reservas para épocas más duras y donde saben, por instinto, que les van a faltar recursos en épocas posteriores”.

La deuda pública hoy se emplea para tapar la inutilidad de los políticos que no saben administrar los recursos de la nación y la emplean; puesto que tras saquear al contribuyente, necesitan más dinero, para costear sus desaciertos; y poco les importa la carga que dejan tras de ellos; por ello debieran estar en la cárcel y no donde están. La deuda pública sólo es justificable, tras unas catástrofes sufridas y que son de tal envergadura, que los recursos propios no lo pueden paliar.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

La izquierda sataniza a aquellos a quienes teme. Urge reflexionar
​Ha llegado el momento en el que se tomen las medidas por las autoridades españolas para que cualquier nuevo intento de perturbar la tranquilidad, la paz, el sosiego y el orden en cualquier parte de esta nación conocida como España, tenga la inmediata respuesta
Miguel Massanet diariosigloxxi 8 Noviembre 2019

Existe un empeño, que yo diría que está fuera de lugar, en satanizar a un partido político que lejos de incumplir la Constitución, de crear problemas de orden público o de pretender utilizar medios ilegales o propuestas anticonstitucionales ha demostrado que por los medios convencionales, las campañas electorales o las argumentaciones pacíficas ha dado muestras de ser un partido más, con tanto derecho ( muchos diríamos que mucho más) de presentarse a las próximas elecciones del día 10 de noviembre para poder optar, como cualquier otra formación política, a formar parte del nuevo arco parlamentario que pueda surgir de los mentados comicios. Se trata, como los avispados lectores ya habrán adivinado, del partido del señor Abascal, VOX; una formación política que ha sido capaz, no sólo de superar toda la campaña en contra que, desde las más furibundas izquierdas hasta la derecha, han lanzado contra ellos, pese a que muchas de sus propuestas están fundamentadas en la razón, el sentido común y la experiencia de los años que llevamos en este país bajo este sistema autonómico, que se ha demostrado ser uno de los mayores errores de aquellos denominados “padres de la patria” que fueron capaces, en la transición, de elaborar una Constitución que, en líneas generales, ha demostrado ser la piedra básica de nuestra democracia, aunque no carece de lagunas que sería urgente rellenar.

Sus enemigos que, sin embargo, no tienen inconveniente alguno de aceptar a la ultraizquierda del señor Pablo Iglesias, como uno de los partidos democráticos, con todos los derechos inherentes a esta condición, cuando, la evidencia y su comportamiento durante los años que llevan formando parte de nuestras instituciones, han demostrado lo poco que les importa la unidad de España (apoyan, sin el menor rebozo, las aspiraciones separatistas catalanas y vascas), su mismo rechazo a la actual Constitución y sus propósitos, en el caso de que consiguiera tener el poder para hacerlo, de cambiar nuestra Carta Magna para adaptarla a lo que, para ellos, sería el destino que les gustaría dar a España, un nuevo modelo de sistema de gobierno basado en los postulados comunistas, según el modelo que el señor Maduro ha implantado en la malhada Venezuela.

Algunos señalados articulistas siguen empeñados en achacar al señor Abascal como responsable de haber importado el populismo de derechas en la línea de Trump o Salvini, sin tomar en cuenta que, precisamente el empujón de VOX es lo que ha sacado a la derecha del PP de su situación de indefinición, de excesiva tolerancia, de inmovilismo y de continuas cesiones, ante unos separatistas cada vez más convencidos de que sus métodos chantajistas y en ocasiones coercitivos, les iban proporcionando pequeñas victorias en las que iban apalancando sus progresos soberanistas. Esta nueva derecha, nunca ultraderecha como, de forma peyorativa, se la viene calificando por sus detractores, sigue siendo un acicate positivo que mantiene a Casado, del PP, y a su equipo de seguidores fuera de la tentación que pudiera tener de hacer, como hizo el señor Rajoy, peligrosas concesiones a separatistas y las izquierdas.

Sin duda alguna que, para las izquierdas, la aparición de un partido que sostiene viejas teorías, hoy desgraciadamente rechazadas por la mayoría de partidos, respeto a cuestiones como el aborto, los homosexuales y lesbianas; la adopción de hijos por matrimonios gay; la enseñanza torticera y doctrinaria que ha motivado que, en las comunidades con aspiraciones soberanistas, se les haya inculcado a las juventudes aires de rechazo a la legalidad y de sublevación contra el orden establecido; la limitación de una inmigración descontrolada, sin revisiones y comprobaciones sobre las circunstancias que acompañan las personas que admitimos, ni sobre la cantidad de los que vamos recibiendo a través a través de todas las fronteras de nuestro país. Y ya que estamos tocando el tema de la inmigración conviene que, todos estos que se rasgan las vestiduras cuando se habla de poner un control sobre la inmigración en España, tomen nota de lo que, el señor Macron, está haciendo en Francia, donde ya se aplican cuotas de inmigrantes, de modo que haya una selección de las personas que entren en el país y, al mismo tiempo, que se vayan seleccionado a aquellos cuyas profesiones sean las más solicitadas por la economía de la nación ( veterinarios, ingenieros, informáticos y personal para la construcción).

Y ahondando en la misma cuestión, resulta curioso que exista una estadística sobre el número de inmigrantes que recibieron los países más importantes de la UE en el año 2017, que nos hace pensar en que, nuestros gobernantes, han hecho el primo o lo que es lo mismo, se han dejado tomar el pelo al dejar que en España, con una población de 46´5 millones de habitantes, se registrara la entrada de 314.238 inmigrantes (hablo de los contabilizados, no de los que pudieran entrar sin conocimiento de las autoridades); mientras la poderosa Alemania, aquella que la señora Merkel presentó como la gran acogedora de migrantes, sólo recibió a 391.498 con una población que prácticamente doblaba a la española, de 80´8 millones de habitantes. Pero es que, por añadidura, España se adjudicó el tercer puesto después de Alemania y el Reino Unido, con 64´3 millones de habitantes que acogió a 320.669 y por delante de Italia, con 60´8 millones de habitantes que sólo recibió a 239.498; Francia con 65´8 millones de habitantes que admitió a 167.527 y Holanda con 16´8 millones de habitantes que aceptó a 68.618. Por supuesto que el Gobierno del señor Sánchez no nos ha explicado esta circunstancia y parece que no tiene intención de parar este chorro constante de personas que vienen a España, en muchos casos sin oficio ni beneficio, que no caben en los lugares de internamiento ni tienen lugar a donde ir, lo que provoca que mucha de la delincuencia que estamos padeciendo provenga de estos sectores foráneos que, al no disponer de medios de vida, se dedican a la delincuencia para poder sobrevivir. No es lugar para hacerlo, pero sería interesante que estos que hacen estadísticas se tomaran la molestia de sacar la relación de habitantes/inmigrantes de cada nación para ver si, como parece, en España estamos haciendo de papanatas cargándonos con un peso excesivo de solidaridad, mientras otros se salen de rositas viendo como nosotros nos erigimos en la guardería de todos aquellos que no encuentran asilo en otro lugar.

Vaya por delante, por si hubiera suspicacias, de que no soy votante de VOX, pero ello no obsta a que estos señores no estén cargados de razón en muchos de sus planteamientos que, si de algo adolecen, es de estar impregnados de realidad, de sentido común y de falta de una exposición diplomática o lo que es lo mismo que, al pan lo llaman pan y al vino, vino; que es lo que verdaderamente enfurece a esta izquierda manipuladora que, por desgracia, estamos padeciendo en España, apoyada por una prensa, en un 90% adicta, a la que no le importa mentir, engañar, amenazar, distorsionar, omitir o inventar situaciones si, con ello, consiguen desacreditar a sus adversarios políticos, para lo cual no les importan los medios de que se han de valer, los secretos o intrigas que han de sacar a flote o las calumnias con las que amargar la vida a aquellos a los que les interesa desprestigiar.

Y ahora una reflexión final respecto a un artículo del señor Carlos Mundó en La Vanguardia, en el que se insiste en un tema que, ya por viejo, parece de una pesadez insoportable. Este señor se queja de que el Estado español no se deje convencer por dos millones de ciudadanos que, según él, hay en Cataluña que están empeñados en mantener sus ideas soberanistas y que, al parecer, no van a dejar de pensar que tienen razón, por mucho que se les intente convencer. Pues bien, señor Mundó, aquí no se trata de lo que estos señores puedan pensar o dejar de pensar, sino que conviene que hagamos caso a lo que, el resto de 45 millones de españoles, residentes en el resto de España o en la misma Cataluña, piensan al respeto y que, a diferencia de los dos millones a los que Vd. se refiere, piensan diametralmente lo distinto de lo que argumentan estos catalanes. Creo que le convendría empezar a darse cuenta, usted y el millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve separatistas restantes, que la grandísima mayoría de españoles que residimos en un país democrático, como el resto de los comprendidos en la UE, estamos a favor de que se siga cumpliendo la Constitución de 1978 y se siga manteniendo la unidad de la nación española, tal como también piensa más del 50% del pueblo catalán.

Ha llegado el momento en el que se tomen las medidas por las autoridades españolas para que cualquier nuevo intento de perturbar la tranquilidad, la paz, el sosiego y el orden en cualquier parte de esta nación conocida como España, tenga la inmediata respuesta que, por supuesto, no consiste en continuar con diálogos inútiles y cesiones espurias, que mantengan esta situación equívoca que los partidos gobernantes han mantenido durante los últimos años y que no ha servido para nada más que para que el separatismo se haya consolidado, reforzado y aumentado a la vista de que se les ha ido tolerando actuar con plena impunidad. Lo hemos avisado en muchas ocasiones, el actuar con paños calientes no sirve para nada si debajo de ellos existe un frigorífico que mantiene la temperatura a 0 grados. Cuanto antes nos demos cuenta de que un cáncer no se cura más que extrayéndolo y cauterizando la herida para que no se reproduzca, antes habremos dado con el remedio más eficaz contra esta tropa de cobardes, niñatos, fanáticos y sinvergüenzas de que se nutren las filas de este independentismo, que no conduce a ninguna parte más que al empobrecimiento de Cataluña y de España.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, y ante la inminencia de tener que acudir a depositar nuestro voto en las urnas, creo que todos tenemos que hacer un examen de conciencia política y pensar, no con lo que nos piden nuestros sentimientos, nuestras simpatías o nuestros agravios personales contra un determinado partido, sino que, lo que es preciso hacer, en esta trascendental ocasión, es que nos dejemos guiar por el cerebro, el sentido común y el razonamiento moderado e intentar proyectar nuestra mente hacia los efectos que, para el país y para nosotros mismos, pueden tener nuestras decisiones, plasmadas en el sentido que le demos al voto que vamos a depositar en las urnas. Que Dios reparta suerte.

El principal sindicato de Policía JUPOL exige a Moncloa bloquear la ley vasca que les acusa de torturas
Urkullu pagará 300 € por reunión más gastos a los expertos de la comisión que criminaliza a la Policía
El PNV recaba ya denuncias sin control judicial por supuestas torturas de policías gracias al pacto con el PSOE
Carlos Cuesta okdiario 8 Noviembre 2019

El principal sindicato de Policía Nacional, JUPOL, ha puesto en el grito en el cielo por el inicio en el País Vasco del proceso de linchamiento público contra agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por supuestas torturas en esta Comunidad Autónoma.

Desde la mesa de trabajo integrada por Jusapol, JUPOL y Jucil exigen la paralización inmediata de la aplicación de la Ley Vasca de Abusos Policiales y de su homóloga ley en Navarra. Piden al actual y al futuro “Gobierno de la Nación que resulte de las próximas elecciones generales, la adopción de las medidas necesarias para la paralización real y efectiva de la aplicación de ambas leyes autonómicas, permitiendo al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la corrección constitucional de las mismas, de forma que se ponga fin a una historia que nunca debió ser, y cuya razón de ser no responde a criterios exclusivamente jurídicos, sino más bien a consideraciones de oportunidad política”.

El PNV comanda esa norma y el Gobierno que la ha impulsado y, además, pretende recabar hasta 500 casos de supuestas torturas policiales, principalmente en la época de los mayores asesinatos y atrocidades de ETA, con el fin de reescribir la historia. Alrededor de 500 casos, además, a través de los cuales se señalará sin garantías judiciales a los policías, supuestamente torturadores, y se certificará oficial y administrativamente al supuesto torturado como un agredido por el sistema policial central.

El sindicato JUPOL no está dispuesto a este linchamiento porque, argumenta, carece por completo de las más mínimas garantías judiciales. De hecho, se realiza al margen de la Justicia y, además, sin dar ni siquiera voz a los agentes señalados como torturadores.

Esta ley vasca contra los supuestos abusos policiales impulsada por el PNV con el pacto del PSOE va a convertirse, de este modo y en breve, en un mecanismo de linchamiento generalizado a la Policía Nacional y la Guardia Civil destinada a lo largo de años al País Vasco.

Un nuevo decreto, además, que será aprobado por los nacionalistas en breve recoge, como ha publicado OKDIARIO, el funcionamiento práctico de la norma. Una mecánica en la que una Comisión de Valoración de marcado carácter nacionalista podrá considerar torturadores a policías y víctimas a los denunciantes sin llegar a dar voz a los agentes afectados por los expedientes.

La normativa impulsada por el PNV ya está en marcha gracias a la acción de la formación socialista, ya que ésta retiró el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de los nacionalistas vascos interpuesto en su momento por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Y lo hizo, además, tras pactar apoyos políticos cruzados entre el PNV y el PSOE de Pedro Sánchez.

La Comisión de Valoración
Sin embargo, ahora llega el decreto de funcionamiento que define las competencias reales de una determinada entidad clave en este proceso de acusación extrajudicial contra los policías y guardias en el País Vasco: la Comisión de Valoración.

“Tal y como se desprende de la documentación a la que se ha tenido acceso durante el trabajo desarrollado por la mesa de trabajo de JUPOL y Jucil, la decisión del Consejo de Ministros de instar la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Vasca de Abusos Policiales no está amparada ni fundamentada en informe jurídico alguno, no habiéndose pronunciado al respecto ni el Consejo de Estado, ni la Abogacía del Estado, ni los Ministerios ni Servicios que se pronunciaron con contundencia durante la fase de fundamentación jurídica de la decisión de presentación del recurso de inconstitucionalidad”, destaca JUPOL.

“Las negociaciones mantenidas durante meses entre el Gobierno de Pedro Sánchez resultante de la moción de censura y el Gobierno Vasco, secreto a voces, giraban especialmente en torno a la posibilidad de levantar el veto constitucional a una iniciativa legislativa compartida en el País Vasco por el PNV y el propio PSOE", explica JUPOL.

"Y todo ello", destaca además el sindicato policial, "a pesar de las reivindicaciones y voces críticas de asociaciones de víctimas del terrorismo, sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil que reivindicaban impedir la aplicación de una ley, que no sólo ahonda en la teoría del conflicto político y de los dos bandos en un relato legitimador de los cincuenta años de terrorismo de ETA, sino que, además, lo hace invadiendo competencias de carácter estatal y vulnerando derechos fundamentales de miembros de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, como el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un procedimiento judicial contradictorio y garantista, y el derecho al honor", destaca también el sindicato JUPOL.

Han advertido, además, que "desde la mesa de trabajo de JUPOL y Jucil se seguirá trabajando con constancia y seriedad por presentar aquellas iniciativas y medidas necesarias para conseguir el objetivo final de impedir la aplicación de leyes que impliquen el cuestionamiento de la dignidad y el honor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la vulneración de los derechos de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, dos de las instituciones mejor valoradas por la sociedad española”, concluye el sindicato policial mayoritario.

Cultura Congreso de la ASALE
Felipe VI reivindica la defensa de la unidad del español y su salto a una nueva era digital
David Barreira elespanol 8 Noviembre 2019

El rey Felipe VI ha celebrado este viernes en Sevilla los acuerdos adoptados por las 23 academias de la lengua española encaminados a reforzar la defensa de nuestro idioma y a reivindicar la relevancia universal de las naciones hispanoablantes. En la ceremonia de clausura del XVI Congreso de la ASALE, que se ha celebrado a lo largo de toda la semana en la capital hispalense, y ha coincidido con el último día de campaña electoral, el monarca también ha valorado la "perspicacia" de la RAE por su "apasionante" alianza con las grandes empresas tecnológicas para gobernar el lenguaje de las máquinas

"Toda la enorme riqueza de ideas que ha recorrido las diversas sedes sevillanas del Congreso tendrá consecuencias inmediatas de interés para la defensa de nuestra lengua", ha señalado Felipe VI durante su discurso en la Cartuja Center. Dirigiéndose a la totalidad de las academia, el Rey les ha agradecido "la cohesión" y "los firmes lazos de cooperación" en su trabajo conjunto en "la defensa de la unidad y la calidad del español"; unas instituciones que "tienen en cuenta tanto los elementos comunes a todas las naciones hispanohablantes como las particularidades de cada territorio".

Asimismo, Felipe VI, acompañado de la reina Letizia, ha aplaudido el principal acuerdo del Congreso: el despegue del proyecto LEIA, un acuerdo entre la RAE y los gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Telefónica, Amazon, Microsoft o Twitter para regular el uso del español por las máquinas. "Es tan grande el impacto previsible de las aplicaciones de esta tecnología que resulta imposible determinar hoy todas sus consecuencias", ha recalcado el monarca. "Pero es imprescindible crear las estructuras que puedan aprovechar en los mejores términos cuanto esté trayendo de beneficioso esta incipiente revolución. Es evidente que está afectando ya a la comunicación humana de la que la lengua es vehículo esencial".

La alianza, a la que también se suman las otras academias que integran la ASALE, ha sido calificada por Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, como un desafío de dimensiones incalculables pero que debe contar con la autoridad de las academias del español: "Tenemos el reto de que no se rompa la unidad de la lengua, que llevamos cuidando 300 años. Es un reto no solo lingüístico, sino ético: no podemos permitir que las máquinas deterioren lo mejor que tenemos en nuestra cultura, lo que nos une a 580 millones de hispanoablantes".

La aplaudida reflexión de Pérez-Reverte sobre el debate electoral : "Son los políticos que merecemos"
M. C.En La Jungla. El escritor ha deprimido a sus seguidores al afirmar que nos merecemos la "mediocridad" de nuestros políticos.

Machado ha asegurado que los avances de la inteligencia artificial les han cogido por sorpresa, pero también que la RAE ha movido ficha nada más verse obligada a ofrecer una respuesta ante las "notorias proyecciones negativas" de las máquinas y su uso casi exclusivo del idioma inglés. "Tenemos que conquistar espacios para el español. Estamos notando que desaparecen palabras de nuestro léxico, robadas de los diccionarios por los correctores de texto, con el resultado de que los usuarios dejan de emplearlas". ha reflexionado.

El director de la Academia se ha dirigido a los gigantes de la tecnología y les ha ofrecido todo lo que la RAE "tiene en casa": los diccionarios, la gramática, la ortografía, decenas de millones de textos recogidos en los Corpus, sus decenas de miles de ficheros... "Tenéis que enseñarle esa doctrina a vuestras máquinas, tenéis que entrenarlas con las doctrinas de las academias para que no cometan faltas de ortografía y utilicen un español claro", ha terminado.

Obras completas de Cervantes
Durante la ceremonia de clausura, Muñoz Machado y el académico Francisco Rico han presentado las Obras completas de Cervantes —y recordado el olvido que la figura del autor de El Quijote sufrió durante vida— en la edición de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española y con la colaboración de la Obra Social laCaixa, cuyos trabajos han durado más de dos décadas. Rico ha reclamado dejar un lado al héroe de Lepanto y demás "historietas" y centrarse en la poliédrica faceta de creador del maestro de las letras españolas. Entre las novedades, destaca la recuperación de la comedia La conquista de Jerusalén, descubierta en 1990.

"Es encomiable la perseverancia de la Docta Casa en proteger y conservar las más importantes creaciones literarias escritas en nuestro idioma. Son parte de nuestra historia, y muestran la excelencia de la cultura creada a partir de la lengua española", ha destacado el Rey, que en la próxima semana realizará un viaje oficial a Cuba. "La 'lengua de Cervantes' llamamos a la española para señalar el destacadísimo papel que don Miguel tuvo en su consolidación y perfeccionamiento como herramienta de la mejor literatura nunca escrita".

Tanto Mucñoz Machado como Felipe VI han dedicado al principio de sus discursos unas palabras de homenaje a la científica y académica de la RAE Margarita Salas, fallecida este jueves. "Su invalorable aportación al lenguaje científico y técnico ha sido justa y ampliamente reconocida. Su compromiso con nuestra sociedad, en suma, ha dejado una impronta y un legado extraordinarios por los que siempre estaremos agradecidos", ha asegurado el Rey.

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Urgencia nacional: qué hacemos con las generaciones educadas en el odio a España
Vicente Gil esdiario 8 Noviembre 2019

O se empieza a revertir esto, empezando por la educación y la Ley Electoral, o España, en dos décadas, estará rota. O peor: habrá que rescatarla, constitucionalmente, por la fuerza.

Hace unos días me castigué en directo con la "entrevista" de Arnaldo Otegi en ese monumento a la manipulación llamado Preguntes Freqüents en TV3. Otegui estaba exultante. Solo le superaba en entusiasmo la presentadora. Ardía Barcelona esa misma noche y Otegi sonreía en TV3.

El "hombre de paz" fue, en plena ola violenta, a firmar la "Declaración de la Lonja del Mar" con los partidos separatistas de Galicia, País Vasco (por extensión, para ellos, Navarra) y Cataluña (por extensión, para ellos, Valencia y Baleares).

También la firmó, cómo no, Quim Torra, que se apunta a todo, incluido asaltar el Parlament con los CDR. Torra es el nuevo Tejero del independentismo catalán. Somos tan papanatas ante esta gente, que la ausencia del PNV o de Compromís en el acto se ha valorado positivamente. Yo solo veo táctica política de ambos y un favor al PSOE.

Otegi dijo en TV3: "Hay que ser pacientes … se conseguirá" (destruir España). Observando Cataluña, ha entendido que, a la larga, la desafección emocional larvada en la escuela, subvencionada silenciosamente desde las administraciones autonómicas y locales y potenciada en los espacios públicos y en los medios de comunicación es más efectiva que el tiro en la nuca.

Por eso ha cambiado. Porque la vida de Otegi y los suyos ha mejorado mucho. Cobran subvenciones y sueldos públicos de España. Mucho más seguro para su "negocio" que recaudar el "impuesto revolucionario" o arriesgarse a la cárcel.

Entregar la educación fue un error
En esas comunidades a las que se une fraternalmente Otegui, hay ya varias generaciones de "españoles" (30-40 años, con hijos…) con rasgos crecientes de desinterés sentimental y alejamiento de España. La crisis ha hecho mucho, pero esto viene de más lejos.

Durante décadas, han sido educados en la "inmersión lingüística" y obligados ambientalmente a usar su lengua local y minoritaria con la que sienten ¡claro! más "identidad" que con el español. Hay zonas de nuestro país, y no solo en Cataluña, donde hablar o sentirte español supone ser un excluido social.

Chicos y chicas de varias generaciones han sido educados, además, de 17 formas "cantonales" diferentes, aprendiendo todas las "leyendas negras" sobre España que a la izquierda acomplejada y antigua de nuestro país le encanta comprar para desmerecer absurdamente nuestra historia, que es envidiable.

Sin el respeto al español en las escuelas, sin enseñar a nuestros hijos la enorme dimensión de nuestro idioma, sin el uso garantizado que merece el español en los espacios públicos, la administración y los medios de esas comunidades autónomas, y sin una enseñanza rigurosa de nuestra historia que nos haga (con sus claros y oscuros) sentirnos orgullosos de ella, no habrá nada que hacer.

Lo absurdo de nuestra Ley Electoral
O se empieza a revertir esto, empezando por la educación y la Ley Electoral, o España, en dos décadas, estará rota. O peor: habrá que rescatarla, constitucionalmente, por la fuerza como hace cualquier democracia.

Al censo electoral de esas comunidades se irán sumando jóvenes votantes educados en la indiferencia o el odio, como en Cataluña. Gracias a una ley electoral absurda, el peso político de estas formaciones independentistas es ya decisivo y superior al del PNV o la vieja CiU, a los que, con dinero, comprábamos su "sentido de Estado".

Por eso, la CUP se presenta al 10N. Lo explican en ese video vergonzante que Meritxell Batet les ha dejado grabar en el Congreso mientras se reían de todos nosotros. Vienen a dinamitar España desde dentro.

Las encuestas vaticinan un Grupo Mixto de no menos de 30 escaños. Una locura
Tras el 10N, el Grupo Mixto va a llegar a los 30-40 escaños, según las encuestas. Una cifra determinante para decidir quien gobierna España o, como dicen ellos, hacerla "ingobernable". ¿En qué democracia europea, occidental y avanzada cabe tal barbaridad kamikaze? ¿Sobre qué tenemos que "dialogar" con ellos si lo que quieren es acabar con nosotros?.

Enfrente, división y un PSOE cómplice del separatismo

España ha iniciado un ciclo histórico en el que solo se muestran unidos quienes quieren destruirla.

El centro derecha se tira piedras a si mismo presentándose por separado. Y, por el otro lado, el PSOE, tan "progresista", ha vuelto (con Zapatero y Sánchez) a su peor versión histórica: la guerra civil y el golpismo separatista del 34 que los socialistas apoyaron y que la República resolvió a cañonazos legítimamente … porque, parte de aquella izquierda republicana, amaba a España sin complejos. Este es el "progreso" del PSOE. Su idea de España. Volver 80 años atrás.

El PSOE gobierna en Navarra gracias a Bildu, en la Diputación de Barcelona y en 40 ayuntamientos catalanes gracias a los independentistas y en Baleares con Podemos y los independentistas de Mes.

Los socialistas de Ximo Puig gobiernan en la Comunidad Valenciana con Podemos y con Compromís, que es la sucursal en Valencia del independentismo catalán disfrazado de izquierda social y amable. Un integrista llamado Vicent Marzà, conseller de Educación, con cara de no haber roto un plato nunca, riega a diario con millones de euros en las escuelas valencianas la misma semilla del odio y la fractura social que en Cataluña.

En Asturias, el PSOE gobierna solo, pero leo en la prensa local que su gran proyecto para esta legislatura es… fomentar el uso del bable. Gran avance.

Hace 25 años, volviendo de las guerras balcánicas, advertimos del odio que se gestaba silenciosamente en Cataluña.

Todo esto también se vota el domingo, más allá del "bloqueo" y esas cosas. Mejor una España sin gobierno, que un gobierno endeudado políticamente con quienes quieren destruirnos, solo para satisfacer la ambición y el ego narcisista de un irresponsable. Quien no vea la urgencia nacional está ciego.

Elecciones 10-N Vox quizás, Podemos jamás
Miguel Ángel Belloso. vozpopuli  8 Noviembre 2019

Sólo hay una opción sensata en las elecciones que se celebran mañana, según mi parecer: votar a los partidos de derechas

Tengo 56 años. Nunca he votado a la izquierda pero he pasado momentos de flaqueza. Durante la mayor parte de mi vida profesional he vivido bajo la égida del Partido Socialista de Felipe González y trabé amistad con alguno de sus ministros como Carlos Solchaga, que es de un pueblo cercano al mío y al que debo, por irónico que parezca, mi predisposición a la vis liberal.

El caso es que, después de catorce años bajo gobiernos socialistas, llegué a pensar que no había alternativa a esta clase de política. Cuando comentaba estas cosas con mi padre, que ha sido ferroviario de profesión pero hizo las precisas incursiones en el mundo de los negocios como para ver el mundo desde los dos puntos de vista, el del trabajador y el del empresario, mi padre debía pensar: "¡¡¡Joder!!! Este hijo es tonto. Para eso le he pagado los estudios?" Y naturalmente tenía razón.

Como digo, llegué a sospechar que no había alternativa posible al socialismo en el poder, a pesar de que cuando Gonzalez abandonó La Moncloa, el déficit público era del 7%, el paro superaba el 20% y la inflación estaba disparada. Por eso la llegada de Aznar a La Moncloa resultó un bálsamo. Él demostró que había una alternativa. Que era posible bajar los impuestos al tiempo que cumplir con las estrictas condiciones que nos había impuesto Bruselas para entrar en la unión monetaria. Lo hicimos en tiempo y forma, y esto me abrió los ojos de manera clara y definitiva.

Hoy, que algunos supuestos expertos económicos, la mayoría de afiliación keynesiana -que es la contraria a la liberal- aseguran que no es posible reducir impuestos en la actual coyuntura, con un déficit disparado y una deuda pública cercana al 100% del PIB, me da la risa. Me recuerda a mis tiempos mozos. Claro que es posible. No solo por el incentivo que cualquier bajada de impuestos supone para las unidades productivas de riqueza sino porque la merma momentánea de ingresos que puede resultar del recorte de los gravámenes puede y debe hacerse recortando gastos superfluos y redundantes, que son colosales en el presupuesto del Estado.

Vox, un partido constitucional
Esto es lo que proponen los partidos de la derecha española, desgraciadamente divididos, pero esto es lo que se puede y se debe hacer. Entre ellos lo propone Vox, y quiero hablar un poco de este partido porque, contra lo que dicen los maledicentes y sectarios, se trata de un partido perfectamente constitucional con ideas económicas muy apropiadas. Y un partido con unas expectativas electorales notables por la sencilla razón de que es el único que se ha enfrentado con determinación a la dictadora de lo políticamente correcto a manos de la progresía internacional, y por supuesto de la española.

Estos días, Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, y probablemente una de las mayores indigentes intelectuales que ha dado de sí este país, gritaba en un mitin como una loca “fascistas, fascistas” a los votantes de Vox. No lo son en absoluto. Vox es el único partido que se ha atrevido a decir por primera vez en público lo que tantos callan en privado.

Que el Estado de las Autonomías es disfuncional y susceptible de reforma, para recuperar algunas competencias que se han demostrado nocivas, como las de educación o las de la justicia, o que hay que controlar con mano dura la inmigración irregular porque es una evidencia empírica que viene atraída por las dádivas indiscriminadas del Estado de Bienestar elefantiásiaco que padecemos, del que se aprovecha con ahínco, y porque además frecuentemente delinque, no como los emigrantes españoles a Europa en las épocas de Franco.

Todo esto que dice Vox es lo que piensa la gente corriente, los que observan con gran perplejidad cómo este país es un paraíso para la inmigración que llega no con la voluntad de trabajar y crear valor añadido sino con la de aprovecharse del sistema. Es una infamia tildar a Vox de ultraderecha, y más todavía decir que es un partido fascista.

Lo que en cambio debería decirse de manera rotunda es que Podemos es un partido de ultra izquierda, un partido comunista, un partido antisistema, un partido que si tuviera alguna influencia en el gobierno de la nación nos conduciría directamente a la catástrofe. Nadie en su sano juicio, ni de dentro ni de fuera del país, invertiría un solo euro o crearía un empleo con esta clase de gentuza a los mandos de la nación.

Un partido que propone el todo gratis a cambio de masacrar con impuestos a las personas más sobresalientes de la sociedad debería estar condenado al ostracismos completo. Un partido que cuestiona la Monarquía, que defiende los referéndum ilegales, que trata amigablemente con los filoetarras de Bildu, y que propone un sistema fiscal confiscatorio engañando a la opinión pública con promesas indiscriminadas de gasto imposibles de financiar es un partido al margen de la Constitución, un partido ultra, extremista y totalitario.

Ninguna de estos defectos terribles adorna a Vox, que posee en cambio virtudes alternativas como son los propósitos de detener el despilfarro del gasto, procurar una imposición moderada destinada a sostener un Estado fuerte pero mínimo y eficaz así como disuadir a las fuerzas contrarias a la unidad de la nación. Usted, querido lector, es muy libre de votar a quien quiera, faltaría más, pero modestamente pienso que así como Vox es una opción sensata, razonable y plausible, votar a Podemos es contribuir a la catástrofe económica, política y social.

También estoy absolutamente persuadido de que votar al Partido Socialista, y de manera singular a este que dirige el embustero colosal que es Pedro Sanchez, contribuirá a profundizar la dinámica perversa en la que comienza a instalarse la economía española, que recuerda tan peligrosamente la época nefanda de Zapatero.

Solo hay una opción sensata en las elecciones que se celebran mañana, según mi parecer: votar a los partidos de derechas, pues son los que postulan la clase de políticas que podría detener la carrera precipitada hacia la descomposición económica a la que nos conduce irremisiblemente Sánchez, y promover un giro de 180 grados para propiciar las reformas que nos devuelvan a la senda del dinamismo, del despertar la capacidad de generación de riqueza que anida en todas las personas, si se pone a prueba, con los incentivos adecuados, y que procure recuperar el optimismo y el orgullo de pertenencia a un país con enormes posibilidades, ya contrastadas, que son todas aquellas que cercena la izquierda cada vez que ocupa el poder.

No era una «ensoñación»: Torra confirma cada día que hubo y hay rebelión
OKDIARIO 8 Noviembre 2019

El Tribunal Supremo no vio rebelión en la subversión contra el orden constitucional cometida por los golpistas catalanes. Lo dejó en sedición con el argumento de que nunca creyeron que sus actos fueran a derivar en la independencia de Cataluña y que todo fue fruto de una "ensoñación". No hay día que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, deje en evidencia la angelical consideración del alto tribunal, porque sale a rebelión diaria. Lo último, tal como revela OKDIARIO, es que Torra busca el domingo un nuevo 1-O. El independentismo radical se ha fijado como objetivo impedir el buen desarrollo de la jornada electoral del 10-N en Cataluña. Sin embargo, las órdenes que han recibido "de arriba" los agentes de los Mossos d’Esquadra que velarán por la seguridad de los colegios electorales pasan por "vigilar, pero no detener".

"Los motivados estaos calmaditos el domingo. Si pasa cualquier cosa, avisáis y esperáis órdenes. Nada de detener". Esa es la instrucción que han recibido agentes de Seguridad Ciudadana de los Mossos destinados en Barcelona. La orden es la misma para toda Cataluña: vigilancia pasiva, no intervención. Muy similar a las que recibieron para el referéndum ilegal del 1-O en 2017. De modo que el separatismo vuelve a poner en práctica la misma estrategia que hace dos años, incluido el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que pese a haber sido advertido tres veces por el Tribunal Constitucional ha convocado para el próximo martes un pleno para debatir sobre el derecho de autodeterminación. En definitiva, un calco de lo ocurrido entonces.

El Tribunal Supremo no vio rebelión en el juicio del procés y el independentismo catalán se empeña a diario en demostrarle que de "ensoñación" nada, que siguen con su estrategia insurreccional. Nunca un Estado ha sido tan considerado con quienes perseveran en su empeño de romper el marco constitucional y desafían el ordenamiento jurídico con total impunidad. Son golpistas y lo demuestran en cada uno de sus actos.

Una campaña sin certezas
Editorial El Mundo 8 Noviembre 2019

Concluye hoy una campaña electoral que jamás debió producirse, porque es el fruto de la incapacidad política para el acuerdo. Por eso mismo, el principal argumento de estas elecciones ha sido -con razón- el bloqueo. En buena lógica electoral, aquella fuerza que mejor garantice el desbloqueo debería ser premiada en las urnas y aquella que más culpa acumule en la parálisis española debiera ser castigada.

Pero no queremos diluir responsabilidades en una perezosa enmienda a la totalidad: el primer culpable de que hayamos llegado hasta aquí no es otro que Pedro Sánchez, candidato propuesto por el Rey para formar gobierno. Y lo peor es que a lo largo de esta campaña se ha resistido hasta el final a aclarar de qué manera o mediante qué alianzas nos asegura que no nos llevará a terceras elecciones. Sánchez es el introductor entre nosotros de la cultura del no es no, hasta el punto de que en 2016 hubo de ser desalojado de la secretaría general del PSOE por sus propios compañeros para permitir la formación de gobierno de Rajoy, que sí ofreció una coalición al PSOE. Y Sánchez ha forzado esta repetición electoral en 2019 porque no quiso compartir el poder con Pablo Iglesias -al que nombró "socio preferente"- ni tampoco explorar una vía de acuerdo con Cs. El hecho es que se ha convertido en el único candidato de la democracia que ha fracasado cuatro veces en otras tantas votaciones de investidura. En el debate televisivo eludió responder a Pablo Casado cuando le preguntó si descartaba pactar con un líder condenado por sedición como Junqueras, porque no quiere cerrarse la puerta a un nuevo experimento frankensteiniano; pero al mismo tiempo exige, si gana, la abstención sin condiciones a PP y Cs con esta pregunta demencial: "¿Qué problema hay?" El problema se llama democracia parlamentaria. Las investiduras no son gratis ni tienen sentido sin un horizonte de estabilidad. España entera se beneficiaría de grandes pactos constitucionalistas que Rivera y Casado ya han ofrecido, pero la personalidad de Sánchez no parece contemplar la negociación con el otro.

Junto con la contumacia cesarista, Sánchez ha rescatado la estrategia de la polarización de abril que presenta un antagonismo disparatado: o él o el franquismo, que a su juicio representaría Vox. Con este falso dilema busca tapar la cruda realidad de sus pactos autonómicos con Bildu en Navarra o con Torra en Barcelona, siguiendo con las alianzas social-nacionalistas de Euskadi, Baleares o Valencia.

Llegamos pues al 10-N sin garantía de desbloqueo. Con la economía en preocupante desaceleración y el paro en su peor dato desde 2012. Y con la insurrección viva en Cataluña, capitaneada aún por Torra, que espera el momento para relanzar el desafío unilateral. Confiamos en que los españoles tomen conciencia del grave momento que atraviesa el país a la hora de votar.

Violencia y resultado
Emilio Campmany Libertad Digital 8 Noviembre 2019

A nadie se le escapa que en algunas partes de Cataluña hoy hace falta tener madera de héroe para votar a PP, Cs o Vox.

El PSOE suele vanagloriarse de ser el único partido con presencia en toda España. Sin embargo, este resultado es fruto de haber aplaudido y respaldado las reaccionarias políticas de los partidos nacionalistas allí donde los hay, no sólo en el País Vasco y en Navarra, también en Baleares y en Valencia. Todo eso le permite desde luego al PSOE estar presente en todas partes, pero a la vez lo llena de contradicciones que, aunque el electorado que le queda todavía le perdona, no se sabe por cuánto tiempo durará tanta indulgencia. ¿Cómo pueden los socialistas de Castilla-La Mancha respaldar al partido que pacta con Bildu? ¿Cómo pueden los de Andalucía ser compadres de quienes vedan el acceso a la función pública a los españoles que no hablen la otra lengua oficial en algunos territorios? ¿Cómo pueden los de Extremadura seguir votando a quienes compadrean con quienes declararon la independencia de Cataluña?

Las incoherencias son cada vez más graves y difíciles de ocultar. Esta campaña electoral es buena prueba de ello. El PSOE, que disolvió las Cortes un minuto después de haber aceptado una intermediación en el supuesto conflicto entre España y Cataluña, se presenta como el más sensato defensor de la nación, pretende reinventar el delito de convocatoria ilegal de referéndum y marca distancias con Podemos por su disposición a negociar con los independentistas. La verdad, sin embargo, es que el PSOE está tanto o más dispuesto a negociar y de forma mucho más rastrera y genuflexa por imposición del PSC, un partido tan nacionalista como pueda serlo la Esquerra, de la que sólo se diferencia en que donde ésta se impacienta, aquél sabe esperar. Todo el mundo sabe que, cuando se cierren las urnas, si Sánchez consigue ser investido, la negociación con ERC se retomará. Y el proceso, debidamente reconducido a un modo que permita a los españoles mirar hacia otro lado, se reiniciará, salvo que Torra y Puigdemont se nieguen a quedarse fuera y con sus acciones violentas fuercen un 155 o similar.

La falta de libertad que padece Cataluña desde hace tiempo está hoy aderezada con la violencia de los CDR. Este conjunto de circunstancias hará que los abultados resultados que obtengan los partidos mayoritarios allí, ERC y PSC, sean ilegítimos. A nadie se le escapa que en algunas partes de Cataluña hoy hace falta tener madera de héroe para votar a cualquiera de los tres partidos que, juntos, podrían aguarles la fiesta a republicanos y socialistas. Los resultados del PSC podrían además llegar a ser decisivos para que el PSOE logre ser el partido más votado en las elecciones del 10-N, haciendo en consecuencia que esa victoria sea en conjunto igualmente ilegítima. Esto hará que Sánchez dependa todavía más del PSC, mientras engaña a sus correligionarios del resto de España vendiendo lo muy español que el PSOE sigue siendo. El futuro no puede presentarse más incierto e inseguro.

¿Cómo conseguir una TV3 neutral para el 10-N? Cerrándola
Sergio Fidalgo okdiario 8 Noviembre 2019

La mejor imagen que muestra lo que es TV3 en la actualidad no es la millonada que cobra Toni Soler cada año para que en los programas que vende a la cadena de la Generalitat se diga que los policías son “perros”. O la barra libre que tiene Pilar Rahola para difundir su propaganda excluyente. O cómo sus informativos se han convertido en el nuevo NO-DO, sólo que en vez de aparecer Francisco Franco inaugurando pantanos sale Carles Puigdemont vendiendo que España es como Turquía.

No. El mejor ejemplo se vio en la noche del martes, cuando en el debate electoral de los cabezas de lista por Barcelona para el 10-N Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas arrancaron lazos amarillos de plástico de las instalaciones de TV3, y denunciaron públicamente este hecho. Que una televisión pública, que debería ser neutral porque la pagamos todos, esté llena de propaganda secesionista es muy preocupante.

Que no hayan retirado dichos símbolos durante la campaña electoral es demencial. Y que encima ni siquiera los hayan quitado por un ratito, durante la celebración de dicho debate, demuestra que a los dirigentes de TV3, y a una amplia mayoría de sus trabajadores, les importa un pimiento los sentimientos de millones de catalanes que les pagan el sueldo y que consideran que España es su país.

Esos lazos amarillos simbolizan para los secesionistas que en España hay “presos políticos”, y que por lo tanto no es un país democrático, porque se encarcela a personas por sus ideas, no por cometer delitos. Tal insulto es gravísimo, y cualquier democracia avanzada no permitiría estas muestras de propaganda en una televisión pública. Pero en campaña electoral no solo es inadmisible, es delictivo. Demuestra que en TV3 han perdido cualquier pudor a la hora de considerar que este medio de comunicación es sólo “suyo”, del secesionismo más radical, y no de todos los ciudadanos.

El gesto de Álvarez de Toledo y Arrimadas arrancando dichos lazos amarillos demuestra la degradación de lo público en Cataluña. Que la Junta Electoral haya prohibido a los periodistas de TV3 utilizar términos como “presos políticos”, “presidente en el exilio” o “exiliados” es lo mínimo que podían hacer. Por mucho que se quejen los redactores de los informativos, no tienen ninguna razón. Han demostrado su sectarismo en tantas ocasiones que si no fuera por la Junta Electoral los noticiarios serían un inmenso spot electoral al servicio de los partidos secesionistas.

Seguro que a ustedes ya les comienza a aburrir el tema de TV3, y su manipulación constante. No lo hagan, no normalicen con su cansancio el que es uno de los peores escándalos que ha sufrido nuestra democracia. No es un caso más de intervencionismo gubernamental en un medio público. Por mucho que les venga a la mente los casos de TVE, Canal Sur, Telemadrid, ETB, TVG o Canal 9, por poner algunos ejemplos, no tiene nada que ver. En estas cadenas simplemente el Ejecutivo de turno, fuera central o autonómico, sólo buscaba conseguir propaganda gratis, o tapar sus miserias. Por supuestos, estos comportamientos son reprobables, porque la radio o la TV pública sólo tienen sentido si son independientes y al servicio de todos los ciudadanos.

Pero lo de TV3 es algo mucho más siniestro, es una herramienta de ingeniería social, que tiene como fin conseguir que millones de catalanes sientan a España y todo lo español como algo ajeno. Y están haciendo su labor con eficacia. Por eso no hay que cejar en denunciar sus excesos, tanto en España como a nivel internacional.

Porque, por desgracia, los actuales rectores de TV3, espoleados por centenares de trabajadores de la cadena que son cómplices por acción u omisión, no van a cambiar su línea de actuación. En las horas que quedan hasta que este domingo abran las urnas seguiremos sufriendo su sectarismo. Porque la única manera, por desgracia, de garantizar la neutralidad de la cadena de la Generalitat durante un proceso electoral es cerrándola.

Igual esa ha de ser la solución: que durante los días previos a las elecciones en la pantalla de TV3 solo haya un fundido a negro. De lo contrario, seguirán manipulando al electorado catalán, y cada vez que haya un debate en sus estudios los candidatos constitucionalistas tendrán que arrancar la propaganda secesionista que habrá en sus instalaciones.

El PSOE no se aclara en Navarra: vota contra sus socios sobre el impulso del euskera
El Gobierno de María Chivite se alía con Navarra Suma contra una propuesta de Geroa Bai, Bildu y Podemos para promocionar el vascuence en todo el territorio de la comunidad foral
Alberto Lardiés vozpopuli.es 8 Noviembre 2019

El PSOE de Navarra tiene un problema con sus socios. Empieza a ser costumbre que la legislación sobre el euskeraen la comunidad foral enfrente al Gobierno de María Chivite con sus propios aliados en el Ejecutivo. Este viernes, los socialistas navarros votaban junto a Navarra Suma para tumbar una propuesta respaldada por Geroa Bai, Podemos y Bildu acerca del impulso de la Ley del Euskera en todo el territorio de la comunidad.

Chivite está obligada a gobernar Navarra con fuertes contradicciones. Tiene un pacto de gobierno con Geroa Bai, Podemos e IU, además de que necesita los votos de Bildu para sacar adelante sus iniciativas, pero existen algunas cuestiones sensibles en las que los socialistas navarros están más cerca de Navarra Suma, la coalición que engloba a UPN, PP y Ciudadanos. Una de esas cuestiones candentes parece ser la política sobre el euskera.

El euskera y las zonas
Semanas atrás, las diferencias entre el PSN y sus socios se vislumbraban por una sentencia que anulaba un decreto sobre el euskera del anterior ejecutivo foral. Mientras los socialistas celebraban la resolución judicial, sus aliados abogaban por recurrirla en los tribunales y mostraban su enorme decepción. Finalmente, el Gobierno de Navarra no recurrió dicha sentencia.

Este viernes volvían a evidenciarse las discrepancias entre los socios del Ejecutivo navarro. La Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento de Navarra rechazaba, con los votos en contra de Navarra Suma y PSN y los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, una moción para instar al Gobierno de Navarra a "desarrollar todas las posibilidades recogidas en la Ley del Euskera". Dicha moción también pedía comprometerse a "trabajar en una nueva Ley Foral del Euskera que supere la zonificación y sea capaz de atender los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía navarra".

Una alianza... solo a medias
En otras palabras, los socios de gobierno de Chivite abogaban por impulsar el euskera en toda la comunidad foral. Pero el Ejecutivo del PSOE prefería por una vez sumar fuerzas con la coalición Navarra Suma. Algo que, por supuesto, caía como una losa entre los aliados de Chivite. En todo caso, los socialistas navarros también se abstenían en varias partes del debate, de manera que su alianza con el centro derecha era solo parcial.

Porque en el mismo marco del Parlamento foral, sí salían adelante varios puntos de esa moción. Uno de ellos era el punto tercero, que exhortaba al Gobierno de Navarra a "determinar todos los puestos con requisito de euskera que sean necesarios". Este epígrafe prosperaba con el voto en contra de Navarra Suma y la abstención de PSN. Y lo mismo ocurría con el punto siguiente, el cuarto, donde se pedía al Ejecutivo foral garantizar que la valoración de los méritos del euskera en oposiciones sea igual a la de "otros idiomas comunitarios" como el inglés.

Esta misma semana, en una entrevista con Vozpópuli, el líder de Navarra Suma y UPN, Javier Esparza, aseguraba que el Gobierno de Chivite demuestra su "debilidad" por las "contradicciones" entre los partidos miembros.

Nuevo modelo policial
Chivite acelera el plan para quitar competencias a la Guardia Civil en Navarra
El Gobierno de Navarra trabaja en un nuevo modelo policial que complete las competencias a la Policía Foral en detrimento de la Guardia Civil
Luz Sela okdiario 8 Noviembre 2019

El Gobierno de María Chivite, en Navarra, ya ha activado el plan para quitar progresivamente sus funciones a la Guardia Civil. El Ejecutivo de la socialista -que fue apoyada en su investidura por Bildu- prepara ya el borrador de su plan estratégico para la Policía Foral, que presentará el próximo diciembre, y con el que pretende completar la transferencia de las competencias en materia de Tráfico y Seguridad Vial, comprometidas por Pedro Sánchez.

La intención del PSN es que la Policía Foral sea el Cuerpo "de referencia", en detrimento de la Benemérita, que ahora asumía de forma compartida esas funciones. Los socialistas asumen así las tesis nacionalistas, y se muestran dispuestos a completar la hoja de ruta iniciada por el gobierno de Geroa Bai, de forma paulatina. En la pasada legislatura, el ahora presidente en funciones, Pedro Sánchez, se comprometió ya con Uxue Barkos a un traspaso, que aún sigue pendiente. Entonces, el líder del PSOE aseguró que esa transferencia se ejecutaría en el corto plazo y consideró que las competencias forman parte de los derechos históricos de Navarra.

El Gobierno navarro asumirá ahora ese traspaso, para convertir a la Foral en la Policía "de referencia". La propuesta ya figuraba en el acuerdo de investidura suscrito con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, donde se concretaba el plan para reducir progresivamente las competencias a la Benemérita.

En el acuerdo, las formaciones pactaron una "revisión y crecimiento del estado de despliegue de la Policía Foral", dotándolo de efectivos suficientes "para su óptimo funcionamiento como policía de referencia en Navarra". Asimismo, Chivite se comprometía a "culminar los acuerdos sobre la transferencia a Navarra de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial y a seguir trabajando para que la Policía Foral sea la policía de referencia en Navarra en materia de seguridad ciudadana y medio ambiente". El documento del acuerdo prometía también desarrollar una nueva Ley Foral de Policías, en la que ahora se trabaja, para establecer un nuevo modelo policial.

En el último Pleno en el Parlamento de Navarra, el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, afirmó que la Policía Foral "debe ser en Navarra la policía de referencia" desde "una perspectiva de coordinación y colaboración" con el resto de fuerzas policiales "y sin exclusividad".


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