AGLI Recortes de Prensa   Martes 19  Noviembre  2019

Sentencia del Caso ERE: José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel y Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación
Miguel Ángel Pérez Libertad Digital 19 Noviembre 2019

La Fiscalía acusaba a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía del PSOE de defraudar más de 855 millones de euros en la causa de los ERE.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación al expresidente andaluz socialista, José Antonio Griñán, por delitos de malversación y prevaricación en la llamada pieza política de los ERE. El también expresidente andaluz del PSOE, Manuel Chaves, ha sido inhabilitado por un periodo de 9 años por prevaricación.

El tribunal ha condenado a 19 de los 21 ex altos cargos por el delito de prevaricación a distintas penas y ha absuelto a cuatro acusados por el delito de malversación. El fallo impone al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, una condena de 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día. Al exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, se le imponen 7 años y 1 día de prisión por un delito de malversación e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.

La exconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha sido condenada a 6 años y 2 días de prisión, mientras que el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, ha sido condenado a seis años y dos días de prisión.

La exconsejera de Economía y Hacienda y exministra, Magdalena Álvarez, ha sido condenada a 9 años de inhabilitación, al igual que el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, el ex viceconsejero de Economía, José Salgueiro Carmona, y el ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano.

El ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, mientras que su sucesor en el cargo Juan Márquez Contreras ha sido condenado a 7 años y un día de prisión. El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión.

El ex secretario general técnico de Empleo, Juan Francisco Sánchez García, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación, mientras que el ex secretario general técnico, Javier Aguado Hinojal, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación y absuelto de malversación. Lourdes Medina Varo, también ex secretaria general técnica de Empleo ha sido condenada a 8 años, seis meses y un día de inhabilitación y absuelta por el delito de malversación, por el que se le habían pedido seis años de prisión.

El ex director general de Idea, Miguel Ángel Serrano Aguila, ha sido condenado a seis años, seis meses y un día de prisión, mientras que el ex director general de IDEA, Jacinto Cañete, ha sido condenado a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación, quedando absuelto del delito de malversación, por el que se enfrentaba a seis años de cárcel.
Sólo dos absueltos

Los dos únicos absueltos de todos los cargos han sido el ex interventor de la Junta, Manuel Gómez Martínez, y el exjefe del gabinete jurídico de la Junta, Francisco del Río Muñoz.

Los acusados podrán recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en casación ante el Tribunal Supremo.

Primera de las 187 piezas de la macrocausa
Los expresidentes de la Junta y los otros ex altos cargos imputados han conocido este mediodía la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que ha sido dictada por el juez Juan Antonio Calle Peña, que ha redactado la voluminosa sentencia, y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez.

El juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE, se celebró en 152 sesiones a lo largo de un año y cuatro días. Comenzó el 13 de diciembre de 2017 y finalizó el 17 de diciembre de 2018. Desde ese momento, los tres magistrados han estado 11 meses deliberando y redactando la sentencia que se ha conocido este martes.

Más de 855 millones de euros defraudados
La Fiscalía acusaba en el juicio a 21 ex altos cargos del PSOE de defraudar más de 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.

Los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, no han estado presentes en la notificación de la sentencia, que ha sido entregada este martes a las partes por una funcionaria en un pendrive. El fallo ha sido entregado en papel.

El macrojuicio de los ERE quedaba visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras más de un año y 152 sesiones. La causa estaba compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y 7 tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.

La sentencia de la pieza política de la causa se produce casi nueve años después de que la juez Mercedes Alaya, a raíz de su investigación sobre el ERE de Mercasevilla, abriese diligencias sobre un presunto fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis.

¿Qué pasará con el dinero de los ERE?
Pedro de Tena Libertad Digital 19 Noviembre 2019

Sólo caben esperanzas de recuperar parte del dinero irregularmente utilizado en el caso de los ERE en caso de condena.

El dinero utilizado presuntamente de manera ilegal en el caso ERE desde 2000 a 2010 se ha cuantificado inicialmente en unos 741 millones de euros, convertidos por los intereses corrientes en 854 millones y luego comprimidos a 680 millones por la Fiscalía por renunciarse a considerar el año 2000 como parte del proceso judicial.

En 2018, y aunque la Junta de Andalucía había reconocido su irregularidad en 135 millones utilizados -en otras fuentes se habló de casi 290 millones de euros-, sólo se había conseguido recuperar entre 6,5 y 17 millones de euros, según las distintas fuentes consultadas. Es decir, apenas hay esperanza alguna de conseguir la devolución a las arcas públicas de los dineros irregularmente utilizados por los gobiernos de Manuel Chaves (2001-2008) y José Antonio Griñán (2008-2010).

Es más, en febrero de 2017, la juez Núñez Bolaños archivó las piezas relativas a fianzas civiles impuestas a los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados.

Por poner algunos ejemplos, la juez Mercedes Alaya impuso 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández; 686 millones al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero; 490 millones al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y 29 millones a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez.

Recuérdese que al expresidente José Antonio Griñán el instructor final del caso, el juez Álvaro Martín, juez de apoyo de María Núñez Bolaños, le impuso una fianza de 4,2 millones de euros.

Textualmente, tras referirse a las demás responsabilidades civiles de otros acusados, Martin escribió en su auto de apertura del juicio oral de fecha 3 de noviembre de 2016 lo siguiente:

Créese pieza separada de responsabilidad civil respecto de José Antonio Griñán Martínez, José Antonio Viera Chacón, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo Serrano, y requiriérase a los acusados para que, en el plazo de treinta días, presten fianza en cuantía suficiente para responder de las siguientes sumas: de 6.229 .108 euros José Antonio Viera Chacón; de 3.763.332 euros Francisco Vallejo Serrano; de 4.214.702 euros José Antonio Griñán Martínez; y de 4.214.702 euros Carmen Martínez Aguayo, apercibiéndole que caso de no hacerlo se procederá a decretar el embargo de bienes en cuantía suficiente para cubrir dicha fianza.

El Partido Popular de Andalucía, que ejerce la acusación popular, interesó asimismo el pronunciamiento condenatorio correspondiente por responsabilidad civil, de modo que los autores del delito respondieran solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2011 del programa 31L y 22E.

La otra acusación particular, Manos Limpias, que ha sufrido un deterioro notable a lo largo de la instrucción y la celebración del juicio a causa de la situación procesal de sus dirigentes, se adhirió entonces a la petición de la Fiscalía si bien posteriormente decidió no acusar por el delito de malversación de caudales público.

La Fiscalía Anticorrupción, que da por descontado la existencia de un delito de malversación de caudales públicos en la mayoría de los procesados, dividía las fianzas civiles a pagar por cada uno de los procesados por años, desde el año 2000 a 2010.

Por ejemplo, en el año 2001, asignaba las fianzas de este modo:
Los encausados José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez y Juan Francisco Sánchez García deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 86.022.863 euros.

Y para el año 2010, expresaba lo que sigue:
Año 2010, los encausados Antonio Fernández García , Agustín Barberá Salvador , Justo Mañas Alcón, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez ,Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez Martínez, Jesús Mª Rodríguez Román, Juan Francisco Sánchez García , Antonio Valverde Ramos, José Antonio Griñán Martínez y Carmen Martínez Aguayo deberán restituir a la Hacienda andaluza un total de 54.164.366 euros.

Esta era la situación en 2016, una vez emitido el auto de apertura del juicio oral. Pero, como hemos adelantado, en 2017, la juez Núñez Bolaños, teniendo conocimiento de que la Junta de Andalucía, en decisión insólita por ser la perjudicada por los hechos denunciados y la instrucción seguida, renunció a la acusación particular y defendió la absolución de los encausados, decidió archivar las piezas de responsabilidad civil donde se habían impuesto las fianzas a todos los ex altos cargos de la Junta procesados.

Por tanto, a partir de ahora, sólo caben esperanzas de recuperar parte del dinero irregularmente utilizado en el caso de los ERE en caso de condena con fijación de responsabilidades civiles a cada uno de los condenados, que es lo que procede siempre en caso de condena.

También hay una leve esperanza de recuperación de parte del dinero perdido si la nueva Junta de Andalucía derivada de la salida del PSOE del gobierno andaluz tras las elecciones andaluzas de 2018, se afana con mayor celo y contundencia en la recuperación de los caudales públicos empleados sin legalidad.

Y finalmente, cabe la posibilidad de que la nueva Junta ejercite la acción civil que se reservó expresamente la Junta de Andalucía cuando decidió retirarse como acusación particular del caso a pesar de los intereses generales perjudicados. En aquel escrito, la Junta que dirigía Susana Díaz dejó constancia de que se reservaba "expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar".

El juez Martín no dudó de la prevaricación ni de la malversación
Como el Tribunal Supremo, la juez Alaya y la propia Fiscalía, el juez que terminó la instrucción en tiempos de la nueva titular María Núñez Bolaños, Álvaro Martín, defendió contundemente la existencia de un delito de prevaricación continuada en todos los procesados. Pero se esmeró en explicar que, al menos desde 2005, hubo, además, un delito de malversación en muchos de ellos.

Lo explicó así:
Ese delito continuado de prevaricación se imputa a todos los investigados que se han relacionado anteriormente, a diferencia del delito de malversación al que nos referiremos a continuación, respecto al cual es preciso marcar un hito cronológico en el año 2005, del que va a derivar una distinta responsabilidad para cada uno de ellos.

En efecto, con fecha 25 de julio de 2005 se emitió por la Intervención General de la Junta de Andalucía un "Informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003" en el que se concluía, entre otras cosas, que se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido en el Art. 107 de la Ley 5/83 General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la concesión de subvenciones.

Además, este informe de 2005 venía precedido de un examen, por el Servicio de Fiscalización de la Intervención, de una pequeña muestra de los "expedientes" que soportaban la concesión de las ayudas o subvenciones, con el resultado de entender que no se cumplían los presupuestos para la concesión de éstas, hecho que se ponía de manifiesto en ese informe adicional.

Por ello, el juez dice que hasta ese momento podría haberse dudado de la existencia del delito de malversación y alegarse ignorancia de las nefastas consecuencias del "procedimiento específico" puesto en marcha. Pero desde 2005, los acusados tenían que saber lo que estaba pasando:

Sin embargo, a partir de ese informe esa posibilidad (la ignorancia o desconocimiento) queda descartada de modo absoluto. No era posible desconocer los graves hechos que ponía de relieve el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera arbitraria y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía.

Y añade:
Ante tales evidencias, como ya se ha dicho, no cabe asumir ni el desconocimiento de la perversión del "procedimiento específico", ni su alcance malversador.

Aunque el PSOE y los procesados no han dejado de airear que no se han enriquecido con el procedimiento, el delito de malversación no exige ánimo de lucro personal sino que es suficiente que el autor haya querido tener los objetos ajenos bajo su personal dominio (sentencia del Tribunal Supremo1514/03), bien entendido que el tipo no exige como elemento del mismo el lucro personal del sustractor, sino su actuación con ánimo de cualquier beneficio, incluso no patrimonial, que existe aunque la intención de lucrar se refiera al beneficio de un tercero.

Por ejemplo, un beneficio político.

Dicho de otro modo, todas aquellas personas que, a partir del año 2005, vinieron a tener conocimiento de que aquellas resoluciones prevaricadoras por contrarias a derecho, que estaban tomando en el marco de ese "procedimiento específico" eran, además, el instrumento a través del cual eran objeto de apropiación los fondos públicos inicialmente destinados a ayudas a empresas y personas afectadas por las crisis empresariales.

Es por ello por lo que se acusaba expresamente del delito continuado de prevaricación a José Antonio Griñán Martínez, José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Justo Mañas Alcón, Jesús Mª. Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez Martínez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos, por ser éstas las personas destinatarias y receptoras de los informes que se van sucediendo desde el año 2005, de lo que se deriva ese conocimiento que los convierte en corresponsables de la malversación de los fondos públicos vinculados al "procedimiento específico".

Tras la celebración del juicio, dentro de unas horas se comunicará la sentencia donde están en juego, además de los delitos percibidos por las acusaciones, el destino del dinero que se desvió de sus fines legales.

Los ERES de Andalucía, el mayor escándalo de corrupción de la historia

EDITORIAL ESdiario 19 Noviembre 2019

Diga lo que diga penalmente la sentencia, el escándalo de los ERES no es discutible. Se organizó una trama para perpetuar al PSOE en el poder. Por menos echaron a Rajoy.

A punto de conocerse la sentencia de la pieza principal de los ERES de Andalucía, que se prevé será muy dura en términos políticos para Griñán, Chaves y el conjunto del PSOE y algo menos en consecuencias penales, conviene recalcar que es el mayor escándalo de corrupción de la historia de España por varias y poderosas razones.

La principal, porque es el único, tal vez junto al pujolismo catalán, que organizó la trama desde las propias instituciones, tutelando, impulsando y sosteniendo un atraco sistemático a las arcas públicas.

Corrupción sistémica
En otros casos, desde luego muy graves, no se llegó nunca a convertir al propio Gobierno en inductor de bochornos tan sonoros como la Gürtel o la Púnica, y en ningún caso se desarrolló con una estructura institucional transversal que convirtiera en sistémico el modus operandi.

Hemos visto corromperse a ministros, presidentes autonómicos, gerentes de partidos y una pléyade de cargos públicos de todos los colores; pero nunca transformar la corrupción en la principal herramienta clientelar de un régimen para perpetuarse en el poder.

Eso son los ERES, y eso los hace distintos. Y más graves, desde luego, que el enriquecimiento personal de nadie, alegado por Chaves, Griñán y su partido como atenuante cuando, en realidad, es agravante: llenarse los bolsillos indigna con razón a la ciudadanía; pero es mucho más repugnante aún adulterar sistemáticamente el paisaje electoral perpetuando desde las dádivas públicas la lealtad forzada de una parte nada desdeñable de la sociedad.

Taquicardias en el PSOE ante la sentencia de los EREs: pinta mal para Griñán
Que la región con algunos de los peores índices de renta per cápita, empleo, fracaso escolar o renta de España -y en algunos epígrafes de Europa- haya tenido, paradójicamente, los mismos gobernantes durante casi cuatro décadas; se explica por ese clientelismo paternalista destinado a secuestrar voluntades.

Sea cual sea el resultado judicial de este asunto, la foto no variará: no es discutible que casi 700 millones de euros se repartieron sin control, a sabiendas de la ilegalidad y con un fin político. Y eso es lo que afecta a Sánchez, que se sirvió de una sentencia que no afectaba judicialmente a Rajoy para derribarle: a ver qué dice, y qué le exigen, cuando se constante que su partido acudió dopado a las urnas durante una década en el mayor granero de votos de España.

La juez Mercedes Alaya llevaba razón
Pedro de Tena Libertad Digital 19 Noviembre 2019

Fue la estructura jerárquica y socialista de la Junta la que se confabuló para prevaricar y malversar el dinero de los andaluces.

Es lo primero que se viene a la cabeza cuando se observa lo poco que se va conociendo de la sentencia del caso ERE, uno de los más importantes de la historia reciente de España y que pasa ya a la gran historia de la España democrática como la condena a un modo de gobernar durante muchos años en Andalucía, al margen de la ley y de un modo sectario e irregular al servicio del PSOE y sus amigos o aliados sindicales.

La juez Mercedes Alaya ya vio cómo, a pesar de los ataques perpetrados desde el PSOE e incluso desde el propio Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía – de la Junta de Andalucía ya ni hablamos porque fue escarnecedora sistemática -, el Tribunal Supremo admitía su tesis de la organización jerárquica de la trama, que nosotros hemos llamado en general "tela de araña".

Ahora, la sentencia, no sólo comparte su tesis de la organización jerárquica y consciente de la ilegalidad cometida, sino que completa su acusación general de prevaricación continuada con la de malversación continuada de caudales público sobre la que el Tribunal Supremo dudó debido a que sólo tenía datos indiciarios muy preliminares.

Tras la sentencia, la juez Alaya e igualmente la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla pueden estar satisfechos de haber prestado un gran servicio a la comunidad andaluza y a la nación española. También ha resultado de valor extraordinario el gran nivel técnico de los peritos de la Intervención General del Estado solicitados por la juez Alaya. Tanto es así todo que en la sentencia apenas se han rebajado las penas solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular.

Sólo se ha permitido el Tribunal de la sección primera de la Audiencia absolver a Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta, que quien fue quien denunció repetidamente los hechos y emitió asta 15 informes de advertencia, pero que la juez Alaya consideró no había sido suficientemente contundente en su actuación para frenar las irregularidades. Igualmente, cabe resaltar la absolución de Francisco del Río.

Con esta sentencia, y a la espera del resultado de los recursos que puedan interponerse en el Tribunal Supremo, queda descartada la teoría de los "cuatro golfos" esbozada por Chaves y Griñán. Para el primero, que fue quien la destacó, ha quedado claro que fueron ilegales los procedimientos confeccionados ad hoc durante su mandato. Para el segundo, aquello de que fueron "algunos reptiles usando de un fondo legal "y no un "fondo de reptiles, ha resultado ser un cuento sin recorrido.

Del resto de 19 encausados, todos ellos han sido condenados por cuanto se ha demostrado la eficacia de la instrucción de la juez Alaya y del juez Álvaro Martín, así como la precisión de sus consideraciones jurídicas.

Las consecuencias de esta sentencia van a ser muchas. El hecho esclarecedor para muchos españoles es que el PSOE ha adelantado con creces al PP, al que hizo capitán de la corrupción, porque las cantidades manejadas en uno y otro caso son extraordinariamente distintas y distantes. De unas decenas de millones de euros a casi 700 millones de euros, importe defraudado en el caso ERE, va todo un capital público de todos los andaluces.

El que Manuel Chaves y José Antonio Griñán no hayan sido sólo ex presidentes de la Junta de Andalucía, sino que hayan sido ex presidentes nacionales del PSOE, confiere una extraordinaria gravedad al caso porque, que se recuerde, nunca en la historia se dio antes tal caso. Incluso Francisco Largo Caballero fue absuelto de su participación, confesa y certificada, en el golpe de estado contra la República en 1934.

Igualmente, todos los condenados no eran sólo el "engranaje" de la Junta sino el engranaje del PSOE en Andalucía. Por poner sólo un ejemplo, José Antonio Viera fue durante años secretario provincial del PSOE de Sevilla y pieza clave de Alfredo Pérez Rubalcaba en su batalla contra Carme Chacón y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no se olvide que José Antonio Griñán se alineó con Zapatero y Carme Chacón contra Pérez Rubalcaba.

Por ello, el resultado de esta sentencia afecta por igual a ambos sectores del PSOE. Susana Díaz, heredera del sector de Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán, que fue quien la encumbró a la secretaría general y a la Junta de Andalucía, tiene cada vez más contados los días de vida política oficial.

Pedro Sánchez, a pesar de sus preguntas a la militancia sobre su pacto con Podemos, le pone muy bajo el listón a los comunistas bolivarianos en cuanto que el desgaste de las acusaciones de corrupción llegará inevitablemente a toda la coalición. ¿Qué hará si el jefe de la oposición Pablo Casado le invita a marcharse de la presidencia como consecuencia de una corrupción de mucho mayor calado que la de Mariano Rajoy y el PP?

Pero Manuel Chaves y otros condenados, son piezas del sector del PSOE de siempre, del de Felipe González y el clan de la tortilla, que fue quien lo mandó al Sur en 1991 para sustituir a Alfonso Guerra al mando del socialismo andaluz, y del del clan de Alcalá de los Gazules. Pedro Sánchez, amigo de Zapatero, pero aliado objetivo del clan chavista en Andalucía, tampoco lo tiene fácil.

Tampoco salen airosos, y menos saldrán de ahora en adelante, los sindicatos "de clase", como se llaman a sí mismos, que están implicados de arriba abajo en el caso ERE, a lo que hay que añadir el caso UGT, desvelado en exclusiva por Libertad Digital.

Naturalmente, el nuevo gobierno andaluz recibe un espaldarazo judicial relevante y cercena de raíz toda tentación de Ciudadanos de volver a reincidir en su apoyo a un régimen que ha demostrado con esta sentencia su auténtico rostro.

Dos palabras finales para la juez María Núñez Bolaños, que, si ya se encontraba en un lugar tenebroso antes de la sentencia, ahora se encuentra personalmente desacreditada por sus evidencias de plagio en la tesis doctoral que le dirigió un delincuente y por su comportamiento, pendiente de enjuiciamiento profesional por parte del Consejo General del Poder Judicial.

En fin, aunque apresuradamente, esta es ya una sentencia para la historia judicial de España y para la historia de la democracia. Igualmente es una sentencia que constituye una oportunidad para un PSOE que nunca hizo su particular transición a la democracia y a la socialdemocracia y que ahora tiene la oportunidad de hacerlo.

¿Qué hubiera pasado si se hubiera conocido este fallo días antes de las elecciones generales?

Caso ERE, la soberbia condenada
Javier Caraballo elconfidencial 19 Noviembre 2019

En el ocaso de sus vidas, los gobernantes se pudren en un charco enfangado de soberbia. La cara se les pone de color ceniza y los asesores les dibujan una sonrisa roja y cínica con la que atraviesan los pasillos alfombrados del palacio de gobierno que habitaban, que pensaron que era suyo, que usaron como una propiedad. El declive como gobernante de Manuel Chaves González comenzó el día en que pensó que su poder era tan grande en Andalucía que no tenía que rendirle cuentas a nadie. Esa es la enfermedad que acaba con ellos, que los destruye, porque, al sentirse inmunes, comienzan a cometer errores, a enredarse en torpezas, a rodearse de mugre putrefacta. Hasta que llega un día, como este frío martes de noviembre, en el que una sentencia judicial deja escritas para la historia las consecuencias nefastas de una gestión así, desahogada, sectaria y despilfarradora.

La sentencia de los ERE delimita las responsabilidades penales, pero no hace falta descender al detalle para saber que una condena global recorrerá los 1.700 folios del texto como un hilo de tripa. Es la soberbia condenada; la soberbia, que empieza en Chaves y baja hasta el último de los aprovechados de los expedientes de regulación de empleo, de los casi 1.000 millones de euros concedidos con un sistema creado expresamente para ser opaco.

Todos los escándalos en los que se ha visto envuelto Manuel Chaves durante los 19 años que estuvo al frente de la Junta de Andalucía se produjeron por la misma pulsión arrolladora, como aquel día en que se negó a abandonar el Consejo de Gobierno que presidía cuando se iba a tramitar una subvención millonaria para la empresa en la que trabajaba su hija. La Ley de Incompatibilidades que él mismo promovió y aprobó como presidente de la Junta de Andalucía señalaba —y señala— que un cargo público no puede decidir sobre una subvención que afecte a algún familiar. Lo único que tenía que haber hecho Chaves era ausentarse del Consejo de Gobierno cuando se votó la subvención.

Pero no lo hizo. Estaba acostumbrado —como ocurrió en ese caso— a que en los días sucesivos, cuando se conociera el escándalo, tendría fuerza suficiente para doblegar la verdad y para imponer su versión. Un informe de letrados gubernamentales encontró la excepcionalidad, burlando la literalidad de la ley, y los medios de comunicación afines, que eran muchos y que le aplaudían, que siempre le aplaudían, resaltaron sus palabras de siempre, todo lo ocurrido era una ofensa a su familia, una infamia miserable, un montaje contra su persona. Punto final. Al cabo del tiempo, la Justicia declaró ilegal la subvención y obligó a devolverla, pero Chaves ya no estaba allí y su expediente seguía limpio como la patena.

Sobre el escándalo de los ERE, incluso ahora que ha estado sentado en el banquillo junto a sus antiguos subordinados, no ha hecho otra cosa que negar cualquier responsabilidad o conocimiento de lo que ocurría bajo su presidencia. “Para mí, era muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento ilegal o para burlar la ley de manera consciente”, como dijo en el juicio, entre displicente y acobardado.

Cuando se destapó el caso, siempre mostraba su sorpresa, decía, como Felipe González en sus tiempos de filesas y roldanes, que él se había enterado “por la prensa” y se mostraba seguro de que el caso se estaba inflando, que aquello no afectaría a más de “tres o cuatro chorizos”. Hasta José Antonio Griñán, que fue su amigo y que le sucedió en la presidencia de la Junta de Andalucía, acabó reconociendo en el Parlamento la importancia de lo ocurrido: “El fraude que se ha podido perpetrar es de una enorme gravedad y no admite paliativos, pero a partir de él, lo que se puede hacer es reconocer errores, tratar de reparar el daño, y mejorar día a día los procedimientos”. Estas debilidades irritan especialmente a Chaves, por eso ha mantenido hasta el último segundo, hasta hoy mismo que lo repetirá, con la sentencia en la mano, que jamás supo nada de lo que ocurría en el fraude de los ERE. Aunque él estuviera en la cúspide de toda aquella organización.

Eso es, precisamente, lo que imaginó la jueza principal del caso, Mercedes Alaya, cuando se puso a dibujar la trama de los ERE: una pirámide de responsabilidades distintas, pero vinculadas todas ellas por un mismo interés. En la cúpula de esa pirámide, de esta trama estamental, estaba la ‘cabeza política’, la compuesta por el presidente de la Junta de Andalucía y los consejeros que diseñaron, aprobaron y ejecutaron durante un decenio el sistema de ayudas que, con el tiempo, ellos mismos denominarían ‘fondo de reptiles’.

La responsabilidad política, en un fraude así, cae como el agua de una cascada, y la boca de la que manaba era la del máximo responsable de la Junta

Con conocimiento o sin él, lo que nadie puede discutir es que si el Gobierno que presidía Manuel Chaves no llega a diseñar un sistema opaco para conceder las subvenciones de los expedientes de regulación de empleo, no podría haber existido un tipo que, desde su mesa de despacho de director general de Empleo, concedía las subvenciones con cargo al fondo ‘pormisco’, “por mis cojones”. La responsabilidad política, en un fraude así, cae como el agua de una cascada, y la boca de la que manaba era la del máximo responsable de la Junta de Andalucía. Con la lógica elemental que puede deducir cualquiera, una de las testigos del juicio, una ex asesora técnica de la Dirección General de Trabajo, dijo en el juicio que las órdenes descendían “de arriba abajo”. O como dijo Quevedo, “la soberbia nunca baja de donde sube, porque siempre cae de donde subió”.

Al final de la escapada
Antonio Jiménez-Blanco ABC 19 Noviembre 2019

El título de este artículo proviene, como todo el mundo sabe, de la traducción en la lengua de Cervantes de «À bout de souffle», la conocida película dirigida en 1960 (hace casi sesenta años, que se dice pronto) por Jean-Luc Godard dentro de algo tan francés como la «nouvelle vague», aunque el galardón que mereció -de plata, por desgracia- acabó siendo el de Berlín. El argumento resulta conocido: una batalla contra todo, una fuga. El protagonista, encarnado por Jean Paul Belmondo, roba un coche en Marsella y, con ánimo de cobrar un dinero, se dirige a París, pero por el camino mata a un agente y la policía se pone a buscarlo. Ella, cuyo papel hace nada menos que Jean Seberg, acaba por darse cuenta del peligro y lo denuncia. Y ahí se acaba tan enloquecida carrera.

Ese tipo de huidas hacia adelante no resultan infrecuentes y siempre o casi siempre terminan mal y, ay, pronto. Pero ya se sabe que hay gente a la que le gusta vivir «sur le fil du rasoir», para decirlo también en la lengua de Moliére: en el mismísimo filo de la navaja. Que a veces, y por pura inercia, da de sí mucho más de lo que pudiera uno pensar.

La política española ofrece para ese tipo de gente un campo que diríase abonado y además con el mejor de los fertilizantes: las agonías se alargan hasta el infinito y eso provoca el atornillamiento y luego la bofetada. Los ejemplos pueden acumularse:

Podemos, con el inefable Pablo Iglesias a la cabeza, irrumpió en las elecciones europeas de 2015 y desde entonces su apoyo no ha hecho sino bajar en votos: lo del 10 de noviembre fue sólo el último eslabón. Cualquier otro hubiese tomado nota (entre tanto, la organización se cuartea por momentos) y se habría ido a su casa -en Galapagar o donde correspondiera-, pero ahí sigue él. Impasible el ademán.

El Partido Popular de Rajoy fue el más votado en los comicios de junio de 2016 (ganar es otra cosa) y mal que bien consiguió verse investido por el Congreso de los Diputados. Pero su debilidad era tal que un año más tarde, el 1 de octubre de 2017, en Cataluña se le organizó un referéndum de autodeterminación y no encontró modo de impedirlo. Pero aún así se obstinó en seguir y lo consiguió hasta junio de 2018. Más meses incluso que Antonio Maura después de la Semana Trágica de los últimos días de julio del remoto 1909. La historia es así de obstinada.

Albert Rivera presidió Ciudadanos desde 2006 y en Cataluña desempeñó un papel de primer orden en la batalla contra los independentistas. En 2015, y atendiendo a la demanda social contra el bipartidismo agónico, se extendió al resto de España, hasta el extremo de obtener 57 diputados el pasado mes de abril. Pero para entonces el grupo ya había perdido su primer activo, las mejores cabezas intelectuales de España -la política siente aversión por el talento- y la bofetada estaba el llegar a la primera ocasión. Los resultados son conocidos y las consecuencias también. La pregunta es elemental: ¿quién albergó la ocurrencia de volverlo a presentar como líder? ¿qué sentido tenía la prolongación artificial de la vida o, dicho con palabras de la película que estamos glosando, demorar el final de una escapada que se antojaba inevitable y que sería tanto más estruendoso cuanto más tardío?

El caso de Sánchez merece capítulo aparte, porque sucede que hay varios millones de españoles que votan al PSOE sean cuales fueren las circunstancias climatológicas: el anticiclón de las Azores, la depresión aislada en niveles altos o lo que encarte. El celofán PSOE se muestra inoxidable como el más resistente de los aceros, aunque eso no impide ver que el 10 de noviembre la erosión le hizo mella y grave. Pero lo cierto es que ahí sigue: en apenas 48 horas desde el sufragio, y con ánimo de prolongar la huida, se tira en brazos del enemigo (el que hasta entonces lo era) y además confía en que haya terceros que secunden la iniciativa y se adhieran, conociendo que los grupos independentistas, aunque teóricamente ideologizados, se muestran pragmáticos y saben perfectamente en cada caso lo que a corto plazo les interesa o al menos lo que menos les perjudica. Y eso ofrece al tal Sánchez un aliento que le permite -a costa de España, eso sí- prolongar la escapada hacia ninguna parte. Es un grupo de tullidos, pero la experiencia enseña que pueden tener cuerda durante un cierto tiempo.

Jean-Luc Godard vive todavía. Va a cumplir noventa años, pero en 2018 aún encontró energía para hacer su última película, «Le libre d’image». Es una lástima que no se desplace al sur de los Pirineos porque aquí encontraría material de sobra para una nueva versión de la película de 1960: los fugitivos se prodigan -la temeridad abunda como en la Borgoña de Carlos, el último de los Duques: un país de supervivientes- y, lo que resulta más curioso, acaban durando más de lo que a primera vista pudiera pensarse (y sería sano). Diríase como el mismo Saint Denis: decapitado por los romanos, se mostró capaz de recoger los trozos de su propia testa y andar hasta recorrer nada menos que seis kilómetros. Atravesando Montmartre, para mérito adicional.

Claro que, puestos a echar en falta a directores de cine, no resulta necesario ir tan al norte. Pienso, por supuesto, en Luís García Berlanga, grande entre los grandes como heredero del barroco -la vida es pura apariencia y disimulo- y de los esperpentos de Valle Inclán. ¿Alguien se imagina una «Escopeta nacional» de este tiempo (1978 queda muy lejos) y con los citados en los papeles protagonistas? La mera hipótesis resulta ilusionante para los amantes del buen espectáculo. Lástima que entre tanto ya no estemos en condiciones de contar con nuestro entrañable Saza. Ni, peor aún, si cabe, con Jean Seberg. Nos queda, eso sí, Mónica Randall como consuelo.

El PSOE y la banda de los cuatro
Ignacio Varela elconfidencial 19 Noviembre 2019

“Hola, mintió él”. Es ya una pérdida de tiempo escandalizarse de la turbia relación de Pedro Sánchez con la verdad. Está asumido que sus mensajes valen para el instante en que se emiten y comienzan a caducar un minuto después. Pasado el tiempo del disimulo (para él) y del asombro (para los demás), lo práctico es incorporar al análisis, como un dato objetivo, que estamos ante un trapacero compulsivo cuya palabra vale tanto como un penique de latón.

Encelarse en sus infinitas contradicciones verbales puede, además, hacernos perder de vista que su comportamiento es mucho más lineal que sus palabras. Si se prescinde de la cacofonía discursiva del personaje y se atiende únicamente a su movimiento, se comprueba que hay en él una línea de continuidad que se ajusta a tres pautas sostenidas: como norte y guía, la afirmación de su poder personal. Como método, el sometimiento antes que el entendimiento. Como estrategia política, la confrontación bipolar izquierda-derecha y la alianza de la izquierda con todas las versiones del nacionalismo.

Sánchez pide el respaldo a su militancia mientras busca más apoyos

Así ha sido desde que apareció en el primer plano de la política, hace cinco años. Tras la derrota electoral de 2015, ya fantaseó con una amalgama de todas las izquierdas con todos los nacionalismos a la que la perspicacia de Rubalcaba bautizó como “la fórmula Frankenstein”, y su partido le interpuso una restricción preventiva: nada de pactos de gobierno con populistas y/o independentistas. Solo por esa limitación intentó testimonialmente, tras el renuncio de Rajoy, un acuerdo con Ciudadanos, sabiendo que no podía salir adelante sin el consentimiento de Iglesias.

Volvió a la carga tras las elecciones de 2016, provocando un cisma en el PSOE y poniendo el país al borde del precipicio de las terceras elecciones. Tras su segundo asalto a Ferraz, se juramentó para que nunca más su partido se interpusiera en sus propósitos, y fue neutralizándolo con la determinación con la que Bowman desconecta el HAL-9000 en la escena legendaria de Kubrick.

A la tercera, fue la vencida: en 2018 alcanzó el poder con un golpe de audacia y sus compañías favoritas. Tras las primeras elecciones de 2019, esa fue también la única alianza que contempló, frustrada por la negativa de Iglesias a concederle un Gobierno monocolor. Y al día siguiente del 10-N se abalanzó a cerrar fulminantemente el acuerdo con Podemos para cortar de raíz cualquier insinuación de un Gobierno transversal.

Los argumentos han cambiado mil veces y las combinaciones también, pero el designio de fondo siempre ha sido el mismo. Quien ha girado por completo no ha sido Pedro Sánchez sino el Partido Socialista, ahora dispuesto a deglutir mansamente lo que hace tres años le resultaba indigerible. Hay mucha más distancia entre la Susana Díaz de 2016 y la de 2019 que en Pedro Sánchez en las dos fechas. 'Vae victis'.

Lo que ahora viene es el triunfo de la banda de los cuatro: Sánchez, Iglesias, Junqueras y Urkullu. PSOE, Podemos, ERC y PNV. Ellos forman el núcleo duro del bloque de poder que se instalará tras la investidura de Sánchez. Los dos partidos de la izquierda española, aliados entre sí y maridados con las dos fuerzas hegemónicas del nacionalismo vasco y del secesionismo catalán. El hecho de que tres de los cuatro componentes de esa sociedad mantengan una relación conflictiva con la Constitución —y al menos uno de ellos la desafíe abiertamente— no es la menor de las preocupaciones que despierta ese contrato.

No es un pacto circunstancial, sino una opción estratégica de largo alcance. En España hay dos bloques políticos de ámbito nacional, la derecha y la izquierda, que están empatados desde que cayó el bipartidismo. El tercer bloque lo forma la constelación de partidos de vocación territorial, nacionalistas y regionalistas (incluso provincialistas) de derechas y de izquierdas. Ese es el escenario del bloqueo.

Hay dos vías posibles para un partido como el PSOE: la primera consistiría en abrir cauces de concertación con el centro-derecha constitucional para abordar las reformas aplazadas y afrontar la crisis económica que viene con amplias mayorías parlamentarias (amplias por el número y por la extensión del espacio político que cubrirían). Esa es la vía que hunde sus raíces en el pacto del 78 y que se acomoda más a la naturaleza central, institucional y reformista del partido que más tiempo ha gobernado España en esta democracia.

La otra vía consiste en romper el empate entre los dos grandes bloques mediante una convergencia duradera de la izquierda con los nacionalismos. Con todos ellos, sin distinciones ideológicas ni barreras de lealtad constitucional. Es la que Sánchez eligió desde el primer momento, la que impuso a su partido previamente domesticado y la que se propone culminar en las próximas semanas de la mano de su enemigo más íntimo, Pablo Iglesias.

No es cierto, como dice el secretario general del PSOE en la carta a sus militantes, que este pacto sea “el único camino para evitar el bloqueo”. El Parlamento del 28-A contenía al menos tres soluciones posibles. Liquidado Ciudadanos el 10-N, quedan dos. Pero esta es la única que él admite. La única que realmente ha admitido desde que se hizo con la jefatura de su partido. El fruto destilado del noesnoísmo.

En algún momento tendrá que plantearse la reflexión sobre lo que implica, en términos ideológicos, el matrimonio político de la izquierda clásica con el populismo radical y con la galaxia nacionalista. Para el Partido Socialista, supone una mutación genética aceptada sin rechistar en una organización histórica privada de su organicidad y sometida a taxidermia. Para Podemos, significa que su momento de decadencia electoral coincide con el de mayor poderío político: desde que se siente en el Consejo de Ministros, Iglesias tendrá en su mano la estabilidad del Gobierno y la duración de la legislatura. Para ERC, la increíble oportunidad de pilotar la secesión desde Cataluña y, a la vez, tener al Gobierno de España dependiendo de su apoyo para nacer y para subsistir. Para el PNV, más de lo de siempre: ese partido es como la curia vaticana, el juego del poder en estado puro.

Con todo, la objeción inmediata a esta alquimia tóxica es que creará infinitos problemas y no solucionará ninguno importante (salvo el del colchón de Sánchez). Ni siquiera el del bloqueo. Porque una cosa es desbloquear la investidura y otra desbloquear el país. Y con este Gobierno polarizador, este Parlamento partido en dos trincheras y la oposición de barricada que nos espera, la parálisis de España está garantizada para una larga temporada.

Boye, Torra y los socios de SánchezP
Pablo Planas Libertad Digital 19 Noviembre 2019

Un sentenciado por terrorismo y un racista por escrito han protagonizado este lunes uno de los episodios más lamentables de la reciente historia judicial española. El abogado Gonzalo Boye, condenado en 1996 a catorce años –de los que solo cumplió seis– por participar en el secuestro de Emiliano Revilla, y Quim Torra, el individuo que preside la Generalidad catalana, han dejado claro que se consideran por encima de la Justicia y que los jueces no les merecen la más mínima consideración. De hecho, para Torra deben de formar parte del grupo de "bestias taradas" de las que escribía en un artículo para referirse a los que viven en Cataluña y no hablan catalán.

Boye, a la sazón letrado de Torra, ha consumido parte de su tiempo en exigir que a ese presidente por accidente de una institución degradada hasta límites inauditos se le tratase de "muy honorable" en lugar de "señor", calificativo este último que desde luego no cuadra con un sujeto como Torra, empeñado en provocar por todos los medios a su alcance un enfrentamiento entre españoles.

Para llevar a cabo tal espectáculo, Boye ha contado con la incapacidad del presidente de la sala y del TSJC, Jesús María Barrientos, para ejercer su autoridad y evitar las impertinencias, estupideces y maniobras de macarra de la toga del antiguo colaborador de ETA. Tampoco ha sabido Barrientos frenar las invectivas de Torra contra la acusación popular ejercida por Vox, contra la Fiscalía y contra él mismo. Un desastre.

A Torra la broma le va a salir gratis. Se le ha juzgado por desobediencia a la Junta Electoral Central por no retirar en tiempo las pancartas, churros amarillos y banderas separatistas en la penúltima campaña electoral. Al tribunal no le va a quedar más remedio que declararle culpable en gran parte porque él mismo se ha jactado de que desobedeció. Ocurre que, en esta dictadura figurada que según los separatistas es España, tal delito sólo comporta una inhabilitación de 20 meses y una multa de 30.000 euros.

De ahí que Torra se haya puesto tan chulo. Porque, eso sí, Torra de boquilla es el más pincho de cuantos presidentes ha tenido la Generalidad (131 dice el nota), pero a la hora de la verdad carece de lo que hay que tener para hacer efectiva ya esa república que dice que votaron los catalanes el 1 de octubre de hace dos años. Es decir, que Torra va a salir de la política por la puerta grande de los separatistas, pero sin sufrir las consecuencias de sus antecesores Mas y Puigdemont ni mucho menos las de Junqueras.

Tal vez por eso haya dejado su defensa en manos de un sujeto con los antecedentes de Boye, quien, por otra parte, representa como nadie el espíritu de la que se avecina. Boye fue el abogado de Rodrigo Lanza, el asesino de Víctor Laínez, en el juicio por haber dejado tetrapléjico al guardia urbano de Barcelona Juan José Salas. Y Boye es uno de los socios del Observatorio Desc (Desc por "derechos económicos, sociales y culturales"), laboratorio de donde salió la facción catalana de Podemos, con Colau, Pisarello y Asens al frente, los personajes con quienes ha pactado Pedro Sánchez.

La guerra civil SÍ fue de buenos y malos
Pío Moa gaceta.es 19 Noviembre 2019

Los textos de este blog y otros pueden leerse también en «Más España y más democracia», www.piomoa.es

VOX ha presentado una propuesta en Castilla-León contra la ley de memoria histórica diciendo que no hay que mantener una historia de buenos y malos.
–Creo que ha cometido un grave error. Si va en plan neutral de “ni buenos ni malos” cae enseguida en la trampa. La cuestión no debe plantearse en esos términos sentimentales y seudomoralistas, sino como una ley totalitaria, inadmisible en democracia, que dice a los españoles lo que deben pensar sobre su historia. Obviamente quienes defienden esa ley no son demócratas, y ese es el segundo punto a denunciar. Si no quieren ir más allá, pueden señalar que hay mucha gente que tiene una visión de la guerra civil muy diferente de la que señala dicha ley y sus antidemócratas defensores. Y que harían bien en leer a un tal Pío Moa, en vez de evitar citarme porque la izquierda y los separatistas quieren declarar mi muerte civil y la derecha les obedece. Por lo demás, sí fue una historia de buenos y malos. Muy malos, precisamente.

Pero reconocerá la dificultad de cambiar de pronto una visión que se ha impuesto, que la han impuesto todos los partidos.
–Precisamente porque es difícil, el esfuerzo debe ser mayor. No tiene VOX por qué decir ahora mismo que los malos y principales asesinos fueron los perdedores, pero debe ir preparando la idea. Y el primer paso es señalar que se trata de una ley antidemocrática hecha por enemigos de la democracia.

Pero saldrán con lo de las cunetas y los represaliados por pensar de otra forma…
–Hay que decir dos cosas: que el Frente Popular asesinó y torturó a mansalva, incluso entre ellos mismos, y que lo de las cunetas exagera enormemente el asunto. Incluso decir que se ha convertido en un negocio sucio. Precisamente mi libro sobre el Frente Popular debería ser promocionado masivamente por VOX y por cualquier persona preocupada por las derivas actuales. Hay que combatir la ignorancia y la falsificación de la historia por todos los medios, puesde ello depende el rumbo que sigan las políticas actuales. En cuanto a que pensaban de otra forma es cierto: pensaban y actuaban para disgregar España e implantar regímenes totalitarios. Es lógico que los antidemócratas autores de la ley se identifiquen con ellos.

He leído algunas reseñas de su novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, y coinciden en que no es un relato de buenos y malos.
–Una novela trata de destinos personales. Indudablemente hubo personas buenas, malas y regulares en los dos campos, y una novela debe tenerlo en cuenta para no convertirse en un panfletillo de propaganda. Pero la historia tiene otro carácter, es un hecho colectivo en el que se dilucidan objetivos políticos e ideológicos generales. El Frente Popular se componía, como ahora mismo, de separatistas y totalitarios, más algunos liberales que les servían de disfraz. Por consiguiente, un bando libró la guerra para disgregar España e imponer uno o varios estados totalitarios, erradicar la cultura cristiana, la propiedad privada y la familia tradicional. Y el bando contrario luchó para impedir tales cosas. Claro está, para quienes prefieren una España disgregada y totalitaria, los buenos solo pueden ser los del Frente Popular, pero como no lo pueden decir abiertamente, aseguran que ellos era simplemente demócratas. Cómo puede tener algún crédito una patraña tan gigantesca es algo que asombraría si no tuviéramos en cuenta el ínfimo nivel intelectual de las élites españolas actuales. A ver si mi libro contribuye un poco a cambiar las cosas.

Pero los franquistas tampoco eran demócratas.
Al analizar la guerra debemos olvidar la falsa cuestión de si eran demócratas unos u otros y menos aún la de si unos y otros cometieron atrocidades. En las guerras muere mucha gente, de un bando y de otro. y, si se quiere ir por ahí, las atrocidades peores, más sádicas, las cometió el Frente Popular. No estaba en cuestión la democracia porque precisamente el Frente Popular la arruinó, la hizo imposible y la desacreditó para muchos años. Estaban en cuestión los asuntos mencionados, mucho más básicos. No puede haber convivencia en paz y en libertad, que eso es lo que significa la democracia, si se intenta disolver la nación, que es el suelo en que se asientan los regímenes, y por supuesto la democracia. Se luchó por cuestiones más básicas, como digo: la unidad nacional, la cultura cristiana y la libertad personal, aunque se restringieran las libertades políticas. Y ahora vuelven a plantearse las mismas cosas con el régimen zapaterista, un nuevo frente popular informal pero real, impuesto como por descuido. Descuido culpable, delictivo, del PP, si se quiere ver así. No podemos andarnos con paños calientes, porque ni la izquierda ni los separatistas ni el PP han aprendido nada de la historia, con lo que vuelven a plantearse problemas que debían estar completamente superados. Hay que defender la verdad, con habilidad pero sin miramientos. Y para eso hay que empezar por enterarse un poco y valorar de lo que pasó realmente.

VOX defiende que nuestros abuelos de los dos bandos se abrazaron y reconciliaron, y que esa ley vuelve a crear divisiones.
–Los sentimentalismos en estas cuestiones son muy perjudiciales. Los abuelos no se abrazaron, simplemente hubo una reconciliación de hecho, sin necesidad de abrazos y lágrimas, ya en los años 40, como he demostrado. Y esa reconciliación se demostró radicalmente en el inmediato posfranquismo, cuando los partidos de la ruptura querían impedir esa reconciliación y volver a las andadas. Según ellos, el pueblo español sufría lo indecible bajo el franquismo y añoraba la república. El pueblo español les demostró radicalmente lo contrario y eligió evolucionar a la democracia pero desde la legitimidad franquista, de la ley a la ley. Esa gente ha tenido que volver a levantar, empecinada y estúpidamente, el Himalaya de mentiras sobre la guerra y el franquismo para llegar a la situación actual, con leyes totalitarias golpe de estado permanente y amenazas muy serias de disgregación, como hace 83 años.

¿Debería VOX, entonces, apoyar abiertamente al franquismo?
–Mire, eso es una cuestión de estrategia y de táctica. Tácticamente debe evitar ese debate, porque hoy por hoy la ignorancia y el fanatismo están demasiado extendidos. Lo que debe hacer es denunciar el carácter totalitario de la ley y defender el derecho de los españoles a pensar sobre su pasado de modo distinto a como pretenden los antidemócratas. Al mismo tiempo debe facilitar que la gente se vaya enterando de la realidad histórica, tal como el PSOE y los separatistas han estado bregando durante decenios para implantar su falsedad histórica. Derogar la ley es posible a corto plazo denunciando su carácter totalitario: es política de ocasión. Combatir la ignorancia y falsificación entre la gente va a requerir más tiempo, es política estratégica, de fondo. Un partido que olvide la política de fondo cae inevitablemente en el oportunismo y se condena a medio, incluso a corto plazo. Solo hay que ver el caso de Ciudadanos.

Pero no puede negarse que el franquismo fue una dictadura.
—Lo fue, pero ha historia demuestra que las dictaduras son a veces necesarias. Y que quienes las hacen necesarias son los demagogos y fanáticos, que fue lo que pasó con el Frente Popular. Una dictadura puede ser estéril o fructífera, y la de Franco fue fructífera en grado sumo. Y una democracia no garantiza ni siquiera la estabilidad si está gobernada por “la estupidez y la canallería”, que decía el liberal Gregorio Marañón. El Frente Popular destruyó lo que tenía de demócrata la república, y el nuevo frente popular actual está haciendo lo mismo con la democracia decidida de la ley a la ley en 1976. Un análisis político que carezca de perspectiva histórica puede ser muy inteligente pero termina reduciéndose a mero chismorreo político. Es lo que hoy predomina entre lo analistas y en los medios. Mi libro sobre el Frente popular no es «de ocasión». Va directamente a clarificar estas cuestiones, porque la democracia no puede construirse sobre el fraude historiográfico que tanto predomina hoy.

Juicios pro y contra Franco, en Una hora con la historia:
https://www.youtube.com/watch?v=4vTedAZOkFg
Conocer lo que fue el franquismo es esencial para mantener la democracia y la unidad de España:

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Diez razones para no dormir con Pablo Iglesias en el Gobierno
Manuel Llamas Libertad Digital 19 Noviembre 2019

Podemos no es un partido al uso, sino un movimiento antisistema cuyos líderes profesan una ideología totalitaria.

Y, finalmente, lo consiguió. Casi seis años han pasado desde que Podemos nació como partido político, aprovechándose del enorme descontento social que dejó tras de sí la crisis económica, y su máximo líder, Pablo Iglesias, está a un paso de cumplir su gran sueño de entrar en el Gobierno.

Lo que más sorprende en este caso no es tanto el hecho de que uno de los populismos más radicales y peligrosos de Europa haya logrado irrumpir en las instituciones españolas, dado que son numerosos los países que han corrido la misma suerte a lo largo de la historia, sino que su llegada al poder sea alentada por buena parte de las fuerzas que componen el hemiciclo, junto con el inestimable apoyo de importantes medios de comunicación, y, especialmente, que sea el PSOE quien le abra la puerta de la Moncloa, pues el principal objetivo de los podemitas no es otro que el de liquidar y enterrar al socialismo patrio.

Que una proporción significativa de la sociedad española aplauda el principio de acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para conformar un Gobierno de coalición ya es alarmante per se, pero que el artífice de meter al enemigo en casa haya sido el propio secretario socialista, ahora que Podemos se aproximaba a su techo político natural, resulta incomprensible, salvo que el presidente en funciones, tal y como ha demostrado una y otra vez, esté dispuesto a todo con tal de mantenerse en el cargo, hasta el punto de jugarse tanto la estabilidad institucional del país como la supervivencia de su partido a medio plazo.

Los primeros se equivocan de plano al pensar que Podemos es un partido al uso, asimilable a lo que se conoce comúnmente como socialdemocracia, cuando, en realidad, se trata de un movimiento antisistema de marcado perfil totalitario; mientras que los segundos confían en domesticar a la bestia, pese a que la mera concesión de un espacio en el Gobierno refuerza electoralmente a Podemos, consolidando así el liderazgo de Iglesias.

El problema, en definitiva, es que se trata de una pésima noticia para el conjunto de la población. Efectivamente, tal y como advirtió Sánchez en una de las escasísimas verdades que ha pronunciado como político, es que con Iglesias en el Gobierno son muchos los que no podrán dormir por la noche. Y razones no les faltan, pues, al menos, son diez los argumentos que deberían preocupar a la inmensa mayoría de españoles.

1. Comunista
No, por mucho que lo niegue o intente maquillar, Iglesias no es socialista ni socialdemócrata, sino un comunista convencido y, sobre todo, pragmático, lo que resulta aún más peligroso. Es la primera vez que el comunismo toca poder en España desde los aciagos tiempos de la Segunda República, y casi lo mismo se podría decir a nivel europeo, exceptuando el desastroso primer mandato de François Mitterrand en Francia, a principios de los años 80, y el no menos traumático de Syriza en Grecia desde 2015, con corralito incluido. El comunismo no sólo no tiene en su haber ni una sola historia de éxito, sino que es, de lejos, la ideología más asesina de la historia de la humanidad, con más de 100 millones de muertos a sus espaldas y otros tantos esclavos.

2. Chavista
Tal ha sido el fracaso de esta ideología, que sus defensores han tenido que reinventarla bajos eufemismos de toda índole para tratar de engañar a la opinión pública, como el "Socialismo del siglo XXI" que se sacó de la chistera el golpista Hugo Chávez, cuyo legado se ha traducido en la mayor crisis económica, política, social y humanitaria de la historia de Venezuela. No es de extrañar, por tanto, que el nuevo vicepresidente rojo que ostentará España se declare un fervoroso admirador del chavismo.

"Hugo Chávez era la democracia" o "lo que ha ocurrido en Venezuela es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa" son tan sólo algunas de las numerosas loas que ha proferido Podemos en favor del desastroso régimen bolivariano durante los últimos años.

3. Contra la Constitución
Pero como, por suerte, España cuenta con una Constitución que garantiza derechos y libertades individuales frente a la amenaza totalitaria del comunismo, lo que, en última instancia, pretende Iglesias es derogar la Carta Magna, a la que llegó a tildar de "papelito" para imponer su particular modelo colectivista. ¿Qué quién lo dice? Él mismo… "Un proceso constituyente para abrir el candado del 78 y podamos discutir de todo, de democratizar [colectivizar] la economía, de la cuestión territorial, de todas y cada una de las cosas...".

4. Expropiar, confiscar…
Y es que Pablo Iglesias, por mucho que se diga lo contrario, no cree en la propiedad privada -al menos, en la de los demás-. "Un Gobierno no puede salir un día y abolir la economía de mercado, no se puede, ya me gustaría a mí", según señaló en Salvados, pero, para empezar, aboga abiertamente por nacionalizar empresas y "sectores estratégicos" tales como la banca o la energía, entre otros. "Ser demócrata es expropiar", según el líder de Podemos, en clara alusión al ya célebre "exprópiese" chavista. Y, si hace falta, se confisca (sin pagar justiprecio) y punto, lo cual supone un robo a mano armada.

5. Quiebra soberana
Y por si todavía no queda clara la naturaleza colectivista de Iglesias, he aquí sus palabras: "Yo pienso en Francia, últimamente, mucho. Y recuerdo una frase que me entusiasmó de Jean-Luc Mélenchon: Si gano las elecciones, lo primero que haré es hacer que el Ejército desfile por los Campos Elíseos para mandar un mensaje a los mercados financieros. Ya me gustaría a mí poder hacer lo mismo", en alusión a un posible impago de la deuda pública.

6. Salir del euro
A nivel europeo, son muy escasos los políticos que abogan abiertamente por abandonar la moneda única para volver a imprimir pesetas, pero Iglesias es uno de ellos. España debería "recuperar el control de la política monetaria, saliendo del euro, e inmediatamente devaluar para favorecer las exportaciones. Debería también decretar la suspensión del pago de la deuda y nacionalizar la banca…".

7. Contra la prensa libre
La radicalidad de Iglesias se extiende igualmente al ámbito de los derechos civiles más básicos, como la libertad de prensa. "Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayoría de los medios sean privados, e incluso que existan medios privados", afirmó con rotundidad en su día. Negar la libertad de prensa es negar la democracia misma, pero poco parece importar al gremio periodístico semejante amenaza.

8. Contra la libertad de expresión
Que apoye los escraches como una forma de "jarabe democrático", siendo, como son, un arma de intimidación política, también constituye una enorme preocupación a tener en cuenta. Y si no que se lo pregunten a Rosa Díez, que no pudo ejercer su derecho a la libertad de expresión por culpa de un boicot en el que participó el hoy aspirante a vicepresidente.

9. Disturbios
Y lo mismo se podría decir de las marchas y disturbios callejeros que tan habitualmente protagonizan los antisistema, donde la violencia, lejos de ser excepción, es norma. "Tengo que reconocer que me ha emocionado", decía Iglesias en alusión a unas imágenes en las que la turba rodeaba y agredía a un policía tras una marcha celebrada en 2012 cuyo objetivo consistía en rodear el Congreso de los Diputados… Todo muy democrático, sin duda.

10. "Explicación política" de ETA
Asimismo, su alusión a la "guerra" de ETA contra el Estado, la "explicación política" del terrorismo o su posición en torno a la puesta de libertad de los etarras también deberían generar un hondo alarmismo en el seno de la sociedad.

El próximo vicepresidente del Gobierno, en definitiva, profesa una ideología totalitaria, admira a un régimen ruinoso como el chavista, sueña con derogar el marco constitucional del 78, aspira a derribar la economía de mercado, impagar la deuda y salir del euro, además de nacionalizar empresas o acabar con la libertad de prensa, entre otros terribles postulados… Sí, Sánchez, por una vez, tenía razón: sobran los motivos para no dormir tranquilo con Iglesias en el Gobierno. Ahora, empieza la pesadilla.

Los sediciosos se sentarán en la Mesa del Congreso
Que nadie se engañe: ERC ya ha pactado con Sánchez a cambio de nada
Carlos Dávila okdiario 19 Noviembre 2019

En la última Ejecutiva del PSOE Pedro Sánchez apenas habló unos minutos pero su mensaje fue claro, claro a pesar de que muchos de los asistentes, aún en babia, no lo entendieron. El mensaje era: "Ahora es más fácil el Gobierno que en abril". Pasados estos días ya nadie lo duda: vistas las últimas encuestas preelectorales, el aún presidente tenía pactado de antemano un acuerdo con Pablo Iglesias. También con ERC. También con el PNV. Los nacionalistas vascos se enfadaron artificialmente cuando en el debate Sánchez anunció el restablecimiento penal de los referendos ilegales, pero sabían que era simplemente un brindis al sol porque, como suele decir el presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortúzar: "Sánchez tiene una alta consideración de sí mismo, pero para él las palabras no son más que instrumentos". Como para el PNV el gurucillo Redondo, al que el PNV conoce muy bien porque le ofreció sus servicios, "No es más que un Rasputín de tercera". Lo será, pero, al fin, es el que pone negro sobre blanco todo lo que perpetra su jefe en La Moncloa.

Los miembros de la Ejecutiva mayormente no se enteraron de nada y los socialistas históricos de toda la vida se sorprendieron con la urgente maniobra del secretario general. Tanto es así que se quedaron, en versión de uno de ellos, diputado que parecía eterno: "Anonadados, estupefactos más bien". Ahora lo que dicen es que todas las intentonas que se están realizando para que Sánchez vuelva a la razón y abjure de su pacto con los leninistas de Podemos están condenadas al fracaso. "Sánchez -dicen al cronista- ha hecho lo que quiere hacer, lo que cree que es lo más conveniente para él, que es lo único que le importa". Es más -añaden- tan calculado lo tiene que ya ha perpetrado la respuesta a la sentencia de los ERES: en todo caso -es lo que ha previsto- lo tendrán que lidiar en el Sur, más concretamente Susana Díaz a la que preparan una OPA hostil para echarla del poder regional socialista.

Los mencionados históricos alertan sobre lo que ellos definen como una "constancia apocalíptica": "Sánchez se va a cargar el PSOE", cosa que al infrascrito le trae exactamente por una higa. Cuando le preguntan qué le parecen las reacciones de sus antecesores, él les desprecia con un: "¡Bah, su tiempo ha pasado", algo que encocora a prebostes varios y sobre todo a Felipe González al que Sánchez pone literalmente de los nervios. Antes de morir Rubalcaba tampoco era muy piadoso con él y, con aquella sorna que le caracterizaba, se expresaba así: "No nos llama, no debe tener el teléfono del asilo de ancianos". Los socialistas de la siguiente generación, tipo Page, sí parecen dispuestos a dar la batalla en el partido pero, según informaciones muy solventes, creen que este no es el mejor momento. Y es que la verdad no es más que ésta: tanto Page como los demás barones están encantados con la división de la derecha que les ha convertido en ganadores. González también: ¿o es que nadie se acuerda ya de aquel libro de conversaciones con Cebrián en el que el ex-presidente abogaba por la ruptura del PP como indispensable para que el PSOE volviera al poder?

Ahora éstos, los históricos, los bienintencionados que se alarman ante el Gobierno socialcomunista tienen en realidad poco que hacer. O van a conseguir nada. Los dirigentes del PP más proclives a forzar una solución parlamentaria que no sea la propuesta por el dúo Sánchez-Iglesias coinciden en que todos sus esfuerzos son vanos, que todo esta atado y bien atado. Fíjense, los más proclives a una coalición PP-PSOE advierten sin embargo: "¿Alguien cree que ERC, la indispensable, va a dejar que pase una oportunidad de un Gobierno que no les va a molestar en absoluto?". Pues naturalmente que no. El día 3 se constituyen las nuevas Cortes Generales, pues bien, un adelanto: ERC tendrá un representante en la Mesa del Congreso, quizá también el PNV. Desde luego Podemos con una vicepresidencia. Ahí se visualizará el acuerdo para un Gobierno, con vocación de aguantar cuatro años, que cumple con la única aspiración de Sánchez: seguir en el poder al precio que sea.

Dos 'bazukazos' contra el tándem Sánchez-Iglesias
La épica del banquillo de Torra aleja a ERC de Sánchez, y la sentencia de los ERE, a Iglesias del socialista. Ambos han caído en la trampa del tiempo, que es la prisa
José Antonio Zarzalejos elconfidencial 19 Noviembre 2019

Hoy hace una semana del ortopédico abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa a modo de rúbrica de un preacuerdo de Gobierno de coalición precipitado por el fracaso de ambos en las elecciones del 10-N. La entente entre los dos líderes se sobrepuso al recíproco desaprecio personal y político, porque ambos necesitaban cortar de raíz los análisis inmediatamente posteriores a la jornada electoral (-760.000 votos el PSOE y -640.000 UP) y que hubieran propiciado nuevos reproches entre los dos partidos. Y, al mismo tiempo, satisfacer fulminantemente ese pacto 'progresista', cuyo naufragio tras el 28-A podría explicar el fiasco de la repetición electoral.

El preacuerdo de Moncloa respondía, por lo tanto, a tres tácticas: 1) cortocircuitar una valoración mediática de los resultados que dejaba a ambos en mal lugar, 2) evitar discusiones internas en sus dos partido ejerciendo así un caudillismo que en Sánchez e Iglesias se ha convertido en pauta normal de conducta y 3) satisfacer con la coalición la pretensión de un Iglesias que, aunque mermado, de nuevo era inevitable para la investidura —en la opción 'progresista'— de Sánchez.

El preacuerdo del pasado martes, además, perseguía imprimir un ritmo distinto a las negociaciones para nombrar presidente al secretario general del PSOE en el Congreso y formar rápidamente un Gobierno de coalición, pero ya sin demoras, sin vueltas ni revueltas. Pero como le ocurriera al líder socialista en septiembre, el calendario no les era favorable. Si Moncloa no calibró el impacto electoral de las protestas violentas en Cataluña en plena campaña y erró en términos de oportunidad temporal con la exhumación de Franco, tampoco ahora ha tenido en cuenta los dos 'bazukazos' que Sánchez e Iglesias iban a recibir sobre el preacuerdo de gobierno suscrito hace siete días.

Ese texto de 10 puntos es papel mojado si ERC no colabora en la investidura de Sánchez, y ayer esa posibilidad se vislumbró más improbable que hace una semana. Quim Torra interpretó con elocuencia la épica del banquillo, que tan efectiva ha sido en el proceso soberanista. El vicario de Puigdemont pasó a engrosar —con una autoinculpación victimizada de desobediencia a la Junta Electoral Central— el martirologio separatista, exasperando la emotividad del 'procesismo' y, al tiempo, restando margen a los republicanos para evitar que hagan rancho aparte de los posconvergentes y la CUP en el reto crucial de investir, o no, a Pedro Sánchez.

Torra, que dispone de un instinto activista sofisticado y que se cree sinceramente su papel resistente, estuvo acompañado del 'pragmático' Pere Aragonès y otros dirigentes de ERC que compatibilizan (¿hasta cuándo?) una supuesta 'moderación' con la radicalidad propia del entero movimiento secesionista. El vicepresidente de la Generalitat, que tendría línea directa con Carmen Calvo, no se priva de comportarse como un radical ni de manifestarse como un realista. Pero ¿cuál de las dos versiones de este republicano es la cierta? Sea cual fuere, si ERC (13 escaños en el Congreso) decide colaborar con el PSOE y UP, tendría que obtener unas garantías del PSOE de tal envergadura que enervasen la previsible acusación de 'botiflers' a los republicanos lanzada por el resto de los partidos de la secesión.

Torra ha jugado sus cartas en el banquillo, sin importarle no repetir al frente de la Generalitat (no parece ser esa su aspiración, sino obedecer a Waterloo y fomentar el principio de 'independencia o caos'), y ha bombardeado el preacuerdo de Moncloa. Que recibirá hoy otro 'bazukazo', aunque se dude sobre su calibre. La sentencia sobre una posible desviación (mediando prevaricación y malversación) de más de 751 millones de euros —en la que se juzga a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a seis exconsejeros más y a 13 ex altos cargos de la Administración autonómica— mediatizará el discurso de Sánchez sobre la corrupción 'gurteliana' del PP en la que fundamentó su exitosa moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018.

El juicio de los ERE ha consumido 152 sesiones y quedó visto para sentencia el 18 de diciembre del año pasado. La redacción de la sentencia ha llevado 11 meses. Han comparecido 120 testigos y nueve peritos. La instrucción fue trabajosa y lenta, y los hechos juzgados abarcan casi 10 años a lo largo de los cuales centenares de millones de euros destinados a financiar empresas en crisis con necesidad de sanearse mediante expedientes de regulación de empleo se desviaron a sociedades y organismos más o menos próximos al PSOE en lo que la Fiscalía ha considerado una “red clientelar”. Las penas solicitadas son de inhabilitación, pero también de prisión. De seis años para José Antonio Griñán, al que se le imputa malversación continuada.

La sentencia (salvo improbable absolución general) será un grave problema para Sánchez, pero más embarazosa resultará para Iglesias y su regeneracionismo y planteará, por si fuera poco, una adición de legitimación del primer pacto de las derechas consumado en Sevilla en diciembre del pasado año (PP, Cs y Vox) para desalojar al PSOE de la Junta y que ha sido ampliamente cuestionado por la presencia de la extrema derecha de Abascal. Manejar una sentencia condenatoria en este caso no será fácil para el líder socialista. En definitiva, es muy posible que Sánchez e Iglesias hayan caído en la prisa, que es la trampa del tiempo. O en la venta de la piel del oso antes de cazarlo.

ERC quiere que Sánchez se arrodille
OKDIARIO 19 Noviembre 2019

Fuentes de ERC consultadas por OKDIARIO se muestran inflexibles: "Si Pedro Sánchez no se sienta a hablar con nosotros, no habrá investidura". Y añaden: "Únicamente nos sirve Sánchez". De modo que si el presidente en funciones quiere seguir en La Moncloa, tendrá que ser él persona quien negocie. La formación que lidera el preso por sedición Oriol Junqueras tiene claro que, además de exigir, debe ganar al jefe del Ejecutivo la batalla de la imagen. Esto es, trasladar a la opinión pública que quien aspira a ser presidente del Gobierno de España tiene que pasar por el aro de una negociación pública.

Luego vendrán las condiciones: que Oriol Junqueras pueda hacer campaña en un régimen penitenciario que le permita expresarse sin cortapisas, más, claro está, el compromiso del Ejecutivo socialista de allanar el campo para la celebración de un referéndum de carácter no vinculante que permita al independentismo sacar pecho. Eso, sin olvidar la autodeterminación. En definitiva, ERC va a poner el precio más alto a su eventual abstención, conocedora de que la debilidad parlamentaria de Sánchez es una oportunidad que no puede desaprovechar, más aún cuando su particular duelo con JxCat le obliga a aparentar la máxima dureza.

Sánchez, que tras su acuerdo con Podemos ha dejado clara cuáles son sus intenciones, no podrá permanecer de canto ni perfil, sino que tendrá que bajar a la arena y reunirse con ERC en las condiciones impuestas por los separatistas republicanos, que van a rentabilizar el hecho de que el jefe del Ejecutivo se pliegue a sus exigencias formales antes de entrar en materia. En las actuales circunstancias, ERC no puede bajo ningún concepto abstenerse sin antes exprimir convenientemente al candidato socialista que aspira a ser investido presidente. Serán implacables, advierten. En suma, quieren someter a Sánchez a una cura de humildad después de que durante la campaña electoral éste prometiera mano dura contra el independentismo.

En ERC están dispuestos a hablar, sin líneas rojas, pero con el documento de Pedralbes aprobado por los Gobiernos de España y la Generalitat el pasado diciembre en Barcelona encima la mesa. Los de Junqueras, que desde prisión dirige las negociaciones, quieren volver a aquel acuerdo de mínimos para restablecer el diálogo con el Ejecutivo. Una mesa de partidos de ámbito nacional, con la figura de un mediador, es una de las propuestas que Sánchez y Torra acordaron en ese documento de dos páginas y que ERC quiere recuperar. En resumen, lo que hace un año empezó a romper los puentes entre el Gobierno y el independentismo, es ahora la condición indispensable que pone el independentismo a Sánchez. España en jaque.

Catalanes radicales contra Cataluña
José María Juncadella Salisachs ABC 19 Noviembre 2019

El empobrecimiento de Cataluña va en aumento diariamente. Lo que en principio pudo tener un argumento ideológico hoy se ha convertido en una necesidad. Una necesidad perentoria para los personajes que están al frente de la Generalitat, que actúan desesperadamente por asegurarse oficio y beneficio a la vez.

El turismo, que en Barcelona alcanzó su máximo esplendor coincidiendo con el mejor alcalde que la ciudad ha tenido en muchas décadas, Pascual Maragall, está desapareciendo. Los hoteles, desocupados; los comercios, sufriendo sus cuentas de resultados; y los estudiantes, sin poder asistir a las Universidades. En definitiva, gracias a los disturbios y actos terroristas están dejando una ciudad sin ley.

Personas de muy corto recorrido intelectual, satisfechos porque creen que las consecuencias de los salvajes disturbios callejeros en Barcelona puedan eventualmente favorecer la opinión pública internacional, no cesan con sus actos terroristas de practicar la desobediencia a la Constitución, desprestigiando diariamente la segunda ciudad española.

Una buena parte de la burguesía actual catalana permanece en silencio, como si tuviera el síndrome de Estocolmo, e industriales y empresarios que forjaron la economía de Cataluña no se atreven a ser leales ni a ellos mismos. El activista Torra, amparándose en su cargo de president, ha asumido el cargo de director de este continuo golpe de Estado a través de actos terroristas de claro corte fascista, con estos constantes actos callejeros ignorando por supuesto la Constitución española y los más elementales principios democráticos.

Hoy estos dictadores demuestran una total falta de respeto y reconocimiento a lo que el Rey Don Juan Carlos I consiguió hace 44 años, instaurando una democracia admirada mundialmente y consensuada por todos los partidos políticos que representaron a todos los españoles y que significó la culminación de una paz y concordia entre todos los españoles sin excepción. Ellos insisten en separar a Cataluña del resto de los españoles.

A los que tan salvajemente y con recursos tan callejeros persiguen la independencia no les importa que las grandes empresas se vayan de Cataluña. Piensan que las que queden las manejarán con más facilidad. A todo ello se añade al preocupante futuro de España. El hecho de que el presidente del Gobierno en funciones, en uno de sus continuos bandazos, haya acordado con Pablo Iglesias un gobierno de coalición augura el peor de los futuros para nuestra nación. Los votantes del PSOE han votado creyendo que votaban al Partido Socialista, sin darse cuenta de que el PSOE actual no tiene nada que ver con el partido que ha contribuido a mantener España en lo más alto desde la instauración de la democracia protagonizada por nuestro Rey Don Juan Carlos I. Hoy, sin ser conscientes del todo, han votado a Pedro Sánchez, persona sin criterio, sin principios y sin escrúpulos, como viene demostrando desde hace ya tiempo. Este hecho ha sido denunciado por hombres de Estado, como son Felipe González, Alfonso Guerra, así como otros presidentes de comunidades. Muchos socialistas echan de menos ese otro PSOE.
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José María Juncadella Salisachs es empresario

La Generalitat pierde la honorabilidad
 larazon 19 Noviembre 2019

La escena de Joaquim Torra sentado ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acusado de desobedecer a la Junta Electoral por negarse a retirar lazos amarillos y otra propaganda independentista de la institución que preside refleja el deterioro irremisible de la Generalitat. En las pasadas elecciones del 28 de abril, fue requerido en reiteradas ocasiones por la autoridad electoral española a retirar pancartas y símbolos partidistas de los edificios de la administración catalana –que no son sólo de los nacionalistas–, a lo que se negó y, cuando acató la orden, fuera de los plazos y ante la amenaza de su procesamiento, fue con una burla inadmisible: permitió que un par de activistas sin derecho alguno –o no más que otros ciudadanos– a entrar en las dependencias oficiales colgara un pancarta del mismísimo balcón del Palacio de la Generalitat. A eso se reduce ahora el autogobierno de Cataluña: un grupo de activistas que juegan con el futuro de todos los catalanes –especialmente con los que no son sus fieles acólitos–, utilizan sus recursos, fondos económicos y medios de comunicación para diseminar uno de los mensajes más destructivos que se hayan oído en nuestra democracia. Torra pidió ayer ante el TSJC que se le tratase como «molt honorable», algo que el presidente de la sala no hizo, no porque pusiese en duda no ser merecedor de ese protocolo, faltaría más, si no por igualarle con cualquier otro ciudadano que debe responder ante un delito: su único privilegio es ser aforado y, por tanto, juzgado en el TSJC. Y es ante la acusación de haber cometido el delito de desobediencia a lo que se enfrenta Torra, precisamente quien debe ser un ejemplo de cumplimiento de la ley.

Hablamos del cargo electo con el sueldo más alto de España, por encima del presidente del Gobierno. Esta es la situación que vive Cataluña: desde la presidencia de la Generalitat se ha justificado la violencia de estos días en Barcelona, él mismo cortó una autopista durante una marcha, forma parte del grupo que está dirigiendo una verdadera insurrección «pacífica» contra un estado democrático y, encima, ayer nos dio un ejemplo de no ser merecedor de esa honorabilidad del cargo que reclama por sus comentarios escatológicos –y ciertas flatulencias...– para denigrar el tribunal que le juzga. Muy probablemente, Torra será inhabilitado, su lamentable carrera política se habrá terminado –aunque el aparato nacionalista siempre provee–, incluso antes de que se convoquen elecciones con el ingenuo convencimiento de que ERC viene ahora a arreglar el destrozo que ellos mismos causaron empujando hasta el final a la declaración de independencia. La parálisis absoluta del gobierno de Cataluña, dedicado exclusivamente al bloqueo institucional y la agitación de la calle, plantea una situación que no será fácil de solucionar si no se acepta el marco constitucional, sea por parte de ERC o por JxCat. Dudamos que Torra y Puigdemont participen de este juego, pero lo que de manera más cercana está encima de la mesa es el futuro gobierno de España y su posible dependencia de los independentistas catalanes –más la indecente colaboración de los diputados de Otegi–, especialmente de ERC. Los planes de Sánchez para asegurar su investidura no son ajenos a los del futuro gobierno de la Generalitat y la reedición de un nuevo tripartito patrocinado por Miquel Iceta, Ada Colau y Oriol Junqueras. Es evidente que el histórico socialismo español entra en un camino en el que se están forzando al límite los pactos constitucionales. La degradación política en Cataluña, el daño causado a sus instituciones, la crisis de convivencia y la quiebra de la unidad civil en dos comunidades se está expandido al resto de la política española. Sólo así puede entenderse que los responsables del desastre catalán puedan decidir el futuro gobierno de España.

Torra no puede caer más bajo
Editorial El Mundo 19 Noviembre 2019

Sus groserías antes de declarar por desobediencia en sede judicial abundan en su irresponsabilidad institucional

Siguiendo los parámetros de todos los movimientos populistas y ultranacionalistas, el independentismo tiene como objetivo prioritario socavar el prestigio social de las instituciones con el objeto de forzar la secesión por la vía de los hechos. Sus pretensiones pasan por hundir el sistema de representación en el descrédito, en aras de socavar el autogobierno constitucional y erosionar el Estado de derecho. En este contexto se inserta la indigna conducta de Quim Torra. Durante el juicio por desobedecer de la Junta Electoral Central (JEC) para retirar los lazos durante la campaña del 28-A, Torra no tuvo empacho en admitir, desafiante, que incumplió las resoluciones de este órgano. Su declaración llega al día siguiente de burlarse del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haciendo mofa sobre los efectos que un almuerzo de judías iba a tener durante su comparecencia en sede judicial. Esta broma de mal gusto revela la baja estofa de un personaje de trayectoria infame, incapaz de preservar la dignidad del cargo público que ostenta.

Resulta inaudito que el representante ordinario del Estado en Cataluña califique de ilegal el órgano encargado de velar por la neutralidad de los procesos electorales. La realidad es que los lazos amarillos, símbolo inequívoco de adhesión al separatismo, no podían lucir en los edificios públicos dependientes de la Generalitat durante los comicios de abril. El presidente catalán tenía el deber de retirarlos y, fruto de su pertinaz desobediencia, se enfrenta ahora a 20 meses de inhabilitación. Su condena no acarrearía el abandono del cargo que ejerce, pero no podría ser de nuevo candidato al Parlament.

Al margen de ello, políticamente, Torra puede considerarse ya un personaje amortizado. Preside un Govern zombi incapaz de aprobar unos presupuestos y sacar adelante ninguna ley. Siempre se ha prestado a ser el títere de Puigdemont y su fanatismo -plasmado en los insultantes escritos publicados antes de ser presidente- le ha llevado a justificar el uso de la violencia como método para la consecución de fines políticos. Su crédito terminó de agotarse cuando, tras la sentencia del procés, decidió jalear la violencia callejera mientras ordenaba a la policía autonómica reprimir en parte las acciones de los comandos filoterroristas. Torra no solo no ha frenado la ruptura social y la incertidumbre económica que golpean a Cataluña, sino que ha agudizado sus perniciosos efectos. Luca de Meo, presidente de Seat, alertó ayer del posible traslado de uno de los principales pulmones económicos de Cataluña a consecuencia de la inestabilidad. Cualquier gobierno responsable detendría la huida hacia adelante y aceptaría la ley como marco de convivencia. Torra, en cambio, prefiere atizar el choque. Y lo que resulta verdaderamente preocupante no es que el separatismo incurra en tan grave comportamiento, sino que Sánchez busque su complicidad para seguir reteniendo el poder.

Urkullu mantiene a etarras y líderes de Batasuna en el programa escolar sobre la historia de ETA
El programa 'Herenegun!' (Anteayer) sobre la historia de ETA se empezará a implantar en las aulas vascas a partir de los primeros meses del año que viene
Urkullu mantiene okdiario 19 Noviembre 2019

"Ninguna convicción está por encima del valor de la persona y su dignidad humana. Los derechos humanos son inviolables. Después de décadas de terrorismo y violencia, el final de ETA abre el tiempo de la convivencia". Así comienza cada uno de los vídeos del programa ‘Herenegun!’ (Anteayer), el material didáctico sobre la historia de la banda terrorista que el Gobierno vasco pretende implantar en las aulas a partir del año que viene.

Las críticas de asociaciones de víctimas y partidos políticos llevaron al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a modificar la unidad didáctica, que se impartirá en el temario de asignaturas de Historia, Ética o Filosofía. Se incorporaron más testimonios de víctimas de ETA, y también se modificó una parte del contenido. Sin embargo, esos cambios son parciales. Se mantiene la equidistancia ante la violencia terrorista y se habla también de las víctimas de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre sus protagonistas, figuran líderes de Herri Batasuna o miembros de ETA condenados.

Es el caso de Carmen Guisasola, integrante de varios comandos de ETA entre 1982 y 1989 y condenada por su participación en varios asesinatos. Guisasola salió de prisión en 2o14, tras pasar 24 años en la cárcel, y es considerada hoy como una de las principales voces disidentes de la banda, de la que fue expulsada por criticar la actividad terrorista. En su historial figuran, sin embargo, crímenes como el de Eduardo Vadillo, un civil que fue alcanzado por un artefacto activado al paso del vehículo del teniente coronel de la Guardia Civil de Bilbao, Llul Catalá, que era su verdadero objetivo. Vadillo, casado y padre de dos hijos, jefe de ventas de Land Rover de Bilbao, fue alcanzado por la bomba preparada por la banda, de 10 kilos de metralla y cuatro de Goma 2.

En los vídeos se recoge también el testimonio de dos acusados en el proceso de Burgos, Izko De la Iglesia y Xabier Larena; de Hasier Arraiz, ex presidente de Sortu condenado a dos años de prisión e inhabilitación por delito de integración en grupo terrorista o de Martin Auzmendi, miembro de ETA político-militar desde 1974 hasta 1976. Los escolares también escucharán a Patxi Zabaleta, uno de los líderes de Batasuna o a Julen Madariaga, fundador de la banda criminal y condenado por colaboración con la organización terrorista.

En otro momento, se presenta a Axun Lasa, hermana de José Antonio Lasa, víctima de los GAL, en conversación con Mari Carmen Hernández, viuda de José María Pedrosa, concejal del PP asesinado de ETA. "Las dos son víctimas de la violencia", dice la narración.

Las alegaciones presentadas por asociaciones y partidos de la oposición llevaron al Ejecutivo vasco a revisar el contenido que, en primavera, empezará a implantarse de manera experimental en varios centros educativos.

La principal crítica era que la violencia etarra quedaba "diluida". Ahora, según el Gobierno de Urkullu, se han excluido expresiones que pudieran ser interpretadas como "legitimación del terrorismo". Entre la treintena de cambios se han incorporado testimonios de policías y guardias civiles y se ha incluido a más familiares de asesinados por la banda, como Sara Buesa, hijo del político socialista Fernando Buesa, aunque también de los GAL y de la violencia policial.

Urkullu mantiene a etarras y líderes de Batasuna en el programa escolar sobre la historia de ETA

En total, en los 5 vídeos del programa se podrán escuchar 25 testimonios. 16 de víctimas de la banda terrorista y 9 de grupos parapoliciales y de las Fuerzas de Seguridad.

 


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