AGLI Recortes de Prensa   Mariércoles 20  Noviembre  2019

El corrupto socialismo andaluz merecía una sentencia mucho más dura
EDITORIAL Libertad Digital 20 Noviembre 2019

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a casi todos los altos cargos imputados en el caso de los ERE, 19 de 21, haciendo suya la tesis de la Fiscalía respecto de la organización jerárquica de la trama, que algunos representantes del PSOE –incluidos algunos de los ahora condenados– tuvieron la desfachatez de presentar como obra de un puñado de golfos descontrolados. Pero las penas de entre 6 y 7 años de prisión que han recibido varios de los encausados, como el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y los exconsejeros regionales Antonio Fernández y FranciscoVallejo, no son precisamente severas, si se tienen en cuenta la prevaricación y la descomunal malversación de caudales públicos reveladas en este caso de corrupción –el más grave de cuantos se han juzgado en Europa– y las penas impuestas a ciudadanos de a pie por delitos mucho menos dañinos, como la elusión de impuestos.

La lenidad es aún más notoria cuando se repara en que otros acusados con no menos responsabilidades de gestión y de control de los fondos malversados han sido sólo condenados por prevaricación y sólo a penas de inhabilitación, como los para más inri ya jubilados Manuel Chaves, expresidente de la Junta y del PSOE; Magdalena Álvarez, exministra y exconsejera regional de Economía y Hacienda, y Gaspar Zarrías, exconsejero regional de la Presidencia. En la práctica, estos capos del corrupto socialismo andaluz se van de rositas.

Por otro lado, llaman poderosa y negativamente la atención las escasas reacciones políticas a esta sentencia. En el PSOE nadie quiere asumir la responsabilidad de este escándalo que debería ser demoledor para sus siglas. Sería injusto fijarse sólo en la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, y no recordar las innumerables veces que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ensalzado la "honestidad" y la "inocencia" de los ahora condenados Chaves y Griñán. Pero ni Sánchez ni Díaz se dan por aludidos; ellos, precisamente, que han cargado contra dirigentes del PP mucho menos vinculados a casos de corrupción mucho menos graves. Igualmente bochornosa está siendo la actitud de Pablo Iglesias, que parece no querer abrir los ojos desde que los cerró para fundirse en un abrazo con Sánchez tras la rúbrica de su infausto preacuerdo de Gobierno.

Tampoco tiene un pase el perfil bajo adoptado por PP y Ciudadanos. Habida cuenta de la dimisión de Albert Rivera, se entiende que haya sido Inés Arrimadas quien haya demandado "coherencia" a Sánchez y pedido veladamente su dimisión. Pero sin duda es bastante menos explicable que Pablo Casado no haya encabezado la reacción del PP: el supuesto líder de la oposición sigue en el mutismo en el que está instalado desde que tuvo conocimiento del pacto PSOE-Podemos.

Censura penal a la corrupción socialista
Editorial El Mundo 20 Noviembre 2019

Durante una década el socialismo andaluz malversó cientos de millones de euros para armar una gigantesca red clientelar con la que acudir dopado a las urnas y asegurarse la perpetuación en el poder autonómico. Desvió el dinero destinado a los parados para articular un procedimiento paralelo de pagos a empresas, sindicatos, colectivos y personas físicas sin sujeción a la ley, generando un déficit que comprometía el crédito presupuestario y perjudicaba las necesidades asistenciales de los parados. Y lo hizo desde la estructura misma de la Junta de Andalucía. Esto ha acreditado la Audiencia de Sevilla en su sentencia.

El pueril recurso a la presunta ignorancia de los máximos dirigentes políticos queda completamente desarticulado por el juez, quien afirma que la monumental estafa de los ERE no pudo armarse sin su conocimiento, antes bien exigió "la decisión del superior jerárquico". Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran, dice la sentencia, "plenamente conscientes de las palmarias irregularidades" en las que participaban. Eran conscientes de que sus subalternos habían eliminado los mecanismos de control legalmente establecidos para sustituirlos por un sistema discrecional de reparto fraudulento de dinero público. Se trataba de comprar voluntades a dedo con cargo al bolsillo de los ciudadanos a través de conseguidores conectados con el PSOE-A, que copó la Junta durante 40 años. Se trataba, en suma, de robar 680 millones de euros del erario para engrasar la maquinaria de un régimen corrupto levantado y sostenido por el socialismo andaluz.

Esta es la conclusión ya acreditada por la histórica sentencia de la Audiencia de Sevilla en la pieza política de los ERE. El juez atiende en buena medida la petición de la Fiscalía Anticorrupción para condenar a una veintena de altos cargos socialistas por delitos de prevaricación y malversación. Dos ex presidentes de la Junta y del PSOE: Chaves y Griñán, quienes asimismo fueron respectivamente vicepresidente del Gobierno de Zapatero y ministro con Felipe González; siete consejeros autonómicos, entre ellos la también ex ministra Magdalena Álvarez; dos ex viceconsejeros, tres ex directores generales -entre ellos uno de los ejecutores de la trama: Francisco Javier Guerrero-, dos ex directores generales y tres ex secretarios generales. Es decir, la cúpula de la propia Junta de Andalucía durante años.

Por la dureza de la sentencia, la dimensión de las condenas -61 años de cárcel y 252 de inhabilitación en total- y la entidad política de los condenados, habríamos esperado una reacción menos bochornosa del actual secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Que se afanó sin éxito -con la ayuda tuitera de su futuro compañero de Gabinete, Pablo Iglesias, antaño azote de la casta corrompida- en la imposible tarea de levantar un muro de contención entre el partido y los "responsables de la Junta de Andalucía". Como si no fuera a entrar en prisión un ex presidente del PSOE, o como si Chaves no hubiera sido la encarnación caciquil del socialismo andaluz durante dos décadas.

Parece muy probable que la publicación de esta sentencia cuando estaba prevista, en plena campaña, habría podido provocar un vuelco electoral, agravando la merma de 760.000 votos sufrida por el PSOE el 10-N. En todo caso, Sánchez justificó la moción de censura que lo aupó al poder invocando una frase introducida por un juez recusado en una sentencia de Gürtel. Ahora que sobre su partido ha caído la condena de corrupción más dura de la democracia, él ha perdido la credibilidad -también- como exponente de regeneración. Contra quien se hartó de repetir que el PP es un partido corrupto cabe hoy esgrimir, usando su propia retórica, que el PSOE, en la figura de sus principales referentes andaluces, también lo es. No solo eso: es que la cuantía de dinero malversada por el socialismo andaluz no tiene parangón con ningún otro caso de corrupción conocido hasta la fecha. EL MUNDO destapó el escándalo en diciembre de 2010, y un año más tarde la juez Alaya abrió las primeras investigaciones. Ha tenido que transcurrir casi una década para que los responsables políticos de aquel gigantesco latrocinio conozcan el veredicto de culpabilidad que hace justicia a toda una época de corrupción socialista.

Esto me dijeron
Mikel Buesa Libertad Digital 20 Noviembre 2019

Esto me dijeron: nosotros no somos como ellos; nosotros llevamos ciento cuarenta años de honrada trayectoria política al servicio de la clase obrera; nosotros nunca hemos cejado ante los embates de la derecha, nunca hemos colaborado con dictaduras ni hemos alentado revoluciones; nosotros siempre hemos condenado la violencia y nuestra política ha sido siempre pacífica, buscando más convencer que vencer; nosotros hemos sido siempre escrupulosos con los dineros públicos y no hay tacha de corrupción entre los nuestros.

Esto me dijeron: ellos, los de la derecha, han sido siempre corruptos; ellos han acumulado riquezas y prebendas esquilmando al pueblo; ellos nunca han mirado por los humildes, los trabajadores, y los han sangrado hasta dejarlos exhaustos; ellos son los culpables de la pobreza, del desempleo, de las angustias de las clases populares; pero sobre todo ellos han entrado a saco en el tesoro del Estado y su podredumbre es sistémica.

Esto me dijeron: no hagas caso a la prensa de derechas porque se lo inventan todo; nos achacaron lo de Filesa, dijeron que nos financiaba la socialdemocracia alemana, nos acusaron de llevarnos la caja de los huérfanos de la Guardia Civil, de cobrar comisiones por la construcción de nuevos acuartelamientos; hasta se inventaron que nuestro líder minero se quedó con la pasta de una residencia de ancianos. Todo es mentira, y ahora vienen con la patraña esa de los expedientes de regulación de empleo. No les creas, resiste aunque sean poderosos porque la verdad está con nosotros, la honestidad, la rectitud y la decencia es sólo nuestra.

Esto me dijeron: nosotros siempre hemos dicho la verdad, incluso cuando era incómoda, cuando podía hacernos perder votos, cuando todo estaba en nuestra contra; nosotros nunca te hemos mentido y puedes ver nuestra trayectoria reflejada en nuestra defensa incorruptible de las mismas ideas; no somos como ellos, que se acomodan a conveniencia, que no tienen principios, que hoy dicen una cosa y mañana su contraria con tal de usurpar el poder.

Esto me dijeron: ahora que estamos en el momento decisivo no te dejes embaucar por sus críticas, no te tragues eso de que vamos a ceder ante los que quieren destruir el Estado, no atiendas a sus embustes porque podemos perderlo todo; escucha a nuestro secretario general, él tiene la inspiración, él tiene la certeza, él se sacrifica por todos nosotros.

Esto me dijeron.

El PSOE es lo peor
Carmelo Jordá Libertad Digital 20 Noviembre 2019

La sentencia de los ERE que por fin se ha conocido este martes –justo cuando ya no podía influir en el resultado electoral, qué casualidad– certifica que este caso es con toda probabilidad la peor trama de corrupción que se ha visto nunca en España, con el permiso del 3%, claro.

Y lo es por varias razones: en primer lugar, por el descomunal monto de lo robado, nada más y nada menos que 855 millones de euros –repito: 885 millones de euros–, una cantidad incomparable con ninguno de los casos que hasta ahora se han juzgado de cualquier otro partido, y por supuesto del PP.

Pero es que además ese dinero se robaba de los cursos de formación para los parados, ¡en la comunidad autónoma con más paro! El partido que presume de la justicia social y de apoyar a los desfavorecidos y a los más débiles estaba robando a los que no tenían trabajo allí donde más difícil era encontrarlo. Como siempre, la izquierda no es más que una gran mentira.

Además, ninguna causa de corrupción ha supuesto la condena de tantos responsables políticos de tanto nivel: dos expresidentes de Andalucía, ambos exministros y uno de ellos ex vicepresidente del Gobierno de España; nueve exconsejeros, uno de los cuales fue una ministra estelar de Zapatero; seis exdirectores generales… Y esto es sólo el primer juicio de un rosario de causas que está por llegar y en el que ya nos podemos hacer una idea de por dónde irán las sentencias.

El PSOE y sus terminales mediáticas –por cierto, enternecedor ver el contorsionismo de tantos azotes de la corrupción que ahora están haciendo verdaderas filigranas para que esta enorme corrupción parezca una minucia– están empeñados en quitarle importancia porque ninguno de los condenados se ha enriquecido. Amén de que no es cierto que no haya habido casos de enriquecimiento personal –ahí están las vacas que podía asar Juan Lanzas para que nadie lo olvide–, el hecho de que la principal motivación de la trama no fuese el lucro personal no la hace mejor, sino peor: no se trataba de la actuación de unos chorizos que se lo llevaban a espaldas de los responsables de las instituciones, sino de una trama orquestada desde lo más alto de Junta de Andalucía para establecer una red clientelar que facilitase que el PSOE se eternizase en el poder.

En resumen: pura "corrupción estructural", como ha dicho este martes el socialista Ábalos… refiriéndose al PP.

Aunque Sánchez y los suyos y todo el coro periodístico que ve esto como una pequeña incomodidad no quieran reconocerlo, la sentencia que se ha conocido este martes certifica que, dentro de la variada gama de corrupciones que por desgracia nos ha ofrecido España en los últimos años, el PSOE es, literalmente, lo peor.

El partido más corrupto del mundo
José García Domínguez Libertad Digital 20 Noviembre 2019

Hoy toca escribir, lo sé, que el PSOE es el partido más corrupto del mundo. Igual que cuando lo de la Gürtel había que decir lo propio del Partido Popular. Del mismo modo que tras la inopinada confesión de Ubú procedió reiterar idéntica sentencia a cuenta de los convergentes que usufructuaban el oasis petit. Pero prefiero que lo hagan otros. En los último cuarenta años, la corrupción más o menos institucionalizada ha arraigado en las zonas más pobres y subsidiadas del país, así Andalucía, y en los territorios más prósperos y desarrollados de la Península, verbigracia Cataluña o Madrid. Ha arraigado en el norte cantábrico, en las islas mediterráneas, en la España profunda, en la España menos profunda, en la España llena, en la España vacía, en las zonas agrícolas, en las industriales, en las turísticas, en las muy nacionalistas y en las muy antinacionalistas. La corrupción más o menos sistémica ha arraigado en todos los rincones del país. Y sí, ya sé, ya sé que lo de los ERE constituye el mayor desfalco de recursos públicos en términos numéricos de la historia contemporánea de España. Pero yo no quiero componer hoy un artículo que verse sobre contabilidad delictiva comparada. No quiero saber hoy si son más ladrones los ladrones del PSOE que los ladrones del PP o viceversa.

Lo que me gustaría saber hoy es la causa de que el grueso de la corrupción política en nuestro país se concentre de forma sistemática y crónica en las comunidades autónomas. Porque tiene que haber una explicación racional a esa asimetría tan chocante, la que contrapone una Administración central del Estado en la que resultan en extremo infrecuentes los casos de corrupción, y con independencia además del nombre del partido que en cada momento controle el Ejecutivo, con la retahíla interminable de escándalos que, hoy sí y mañana también, vemos asociados de modo sistemático a los Gobiernos regionales, asimismo con independencia de cuál sea su sesgo ideológico. Por lo demás, la explicación a ese fenómeno existe, si bien resulta algo desoladora para los que defendemos el principio democrático. Y es que la tensión entre el principio rector de toda gestión eficaz, que no es otro que la meritocracia en la selección de los cargos rectores, está siempre en tensión con el principio de la democracia representativa, que es la participación popular. Una tensión permanente en la medida en que la meritocracia solo se puede asentar en criterios de selección elitistas, algo que de modo inevitable tiende a chocar con el igualitarismo que encuentra su base de legitimación en el voto popular.

¿Y qué tienen que ver esas especulaciones filosóficas abstractas con que los socialistas trincaran a calzón quitado en Sevilla, coca y puterío mediante? Pues tiene mucho más que ver de lo que semeja a primera vista. Ocurre que los países que crearon la columna vertebral del Estado, con todo su aparato administrativo asociado, cuando todavía eran regímenes autoritarios (por ejemplo, Austria, Alemania o la propia España), alumbraron cuerpos funcionariales autónomos e independientes del poder político por su proceso objetivo de selección. Y esa tradición decimonónica de autonomía e independencia, mal que bien, sigue existiendo hoy en los altos cuerpos de la Administración del Estado en España. Algo que no ocurre, por ejemplo, en Italia, un país que, a diferencia del nuestro, se democratizó bastante antes de contar con un Estado fuerte, lo que generó el surgimiento paralelo de redes clientelares prestas a repartirse el botín estatal, redes que luego ya fue imposible desmontar. Y de ahí la corrupción crónica del aparato estatal italiano en los últimos 150 años. A diferencia de la Administración central, que hunde sus raíces en la Restauración, las Autonomías españolas son hijas de la democracia y nacieron con ella. Por eso mismo, al igual que en Italia, sus vicios compartidos más arraigados: la corrupción y el nepotismo. Porque solo hay una manera, una sola, de acabar con la corrupción política, a saber: separar de modo radical administración y política. Desengañémonos, no hay otra. Dicho lo cual, hoy toca decir que el PSOE es el partido más corrupto del mundo.

El PSOE pidió a la juez en 2016 archivar el caso de los ERE por “no existir pruebas” contra los condenados Chaves y Griñán
El PSOE condenado: 6 años de cárcel a Griñán y 9 de inhabilitación a Chaves por los ERE
Carlos Cuesta okdiario 20 Noviembre 2019

El PSOE usó su personación en la trama de los ERE para intentar frenar el caso y librar de condena a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y todo el resto de cargos socialistas ahora condenados. Lo hizo el 17 de octubre de 2016, tal y como prueba el documento que hoy publica OKDIARIO, y que revela como, en aquel momento “los letrados de la Junta de Andalucía” que comandaba Susana Díaz, solicitaron el “sobreseimiento” del caso por “no existir pruebas” contra los ahora condenados Chaves y Griñán, ex presidentes de la Junta andaluza y del PSOE nacional.

La instrucción de la pieza del caso de los ERE en la que han estado involucrados los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros 24 ex altos cargos de la Administración autonómica, transcurría con la Junta de Andalucía y el PP personados como acusaciones particulares. Por aquel octubre de 2016, ambas acusaciones habían agotado el plazo para la presentación de sus conclusiones. Y el Gobierno andaluz no perdió la ocasión de demostrar que su personación como acusación realmente lo que trataba era de defender a sus cargos: sus letrados pidieron el archivo al entender que ni había trama organizada de corrupción, ni procedimientos ilegales, ni implicación de los cargos políticos, y que, además, los fraudes se circunscribían a casos particulares.

El PP mantuvo sus tesis y se sumó al planteamiento de la Fiscalía Anticorrupción, señalando como responsables a los ex presidentes y sus exc onsejeros.

La Fiscalía no compartía en absoluto las tesis socialistas: en su escrito de acusación pidió 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. Para Manuel Chaves solicitó 10 años de inhabilitación por prevaricación. Además, reclamó entre seis y ocho años de prisión para los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

Es más, Anticorrupción mantuvo que 26 cargos de la Junta de Susana Díaz albergaron un sistema de ayudas que permitió la concesión de subvenciones a personas o entidades que no tenían derecho a ellas y que se financió toda una red de comisiones de las que se beneficiaron otras empresas y responsables políticos.

Hay que recordar que este modelo de fraude perpetuado a lo largo de una década se mantuvo pese a que la Intervención General alertó del descontrol de las ayudas del fondo para empresas en crisis, dotado con 855 millones entre 2000 y 2010.

La Junta negó que hubiera pruebas
La Junta de Andalucía negó tajante la existencia, durante una década, de una trama criminal. "No existen pruebas que avalen el presunto conocimiento que los encausados pudieran tener de las irregularidades que se venían cometiendo en la concesión de las ayudas, y aun en la hipótesis de que hubiesen tenido ese conocimiento, este elemento por sí solo no ampara una calificación propia del delito de prevaricación, pues debería ir acompañado del dictado de resoluciones administrativas injustas, aún en su modalidad omisiva", señalaron los abogados de la Junta supuestamente acusadores convertidos en plenos defensores.

Además, el Ejecutivo autonómico rechazó que en esta pieza se pudiera juzgar a los responsables políticos de malversación porque, de nuevo según ellos, existía una plena ausencia de pruebas.

El escrito de acusación llegó a cuestionar incluso la prueba pericial en la que se fundamentó el auto de procesamiento al considerar que "ha caído en clamorosas fallas jurídicas que cuestionan severamente su validez”.

Hoy, además del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel, han recibido penas de prisión en la sentencia de los ERE cuatro ex consejeros y una decena de altos cargos. Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial.

El ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación. Y otros cuatro ex consejeros de la Junta también han recibido penas de cárcel: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex consejero de Empleo José Antonio Viera; el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, y la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.

La sentencia de los ERES condena a todo el PSOE y marca a Sánchez como a nadie
EDITORIAL ESdiario 20 Noviembre 2019

El mayor caso de corrupción de la historia afecta de lleno a los socialistas, que llevan años beneficiándose en toda España de una maquinaria dopada con latrocinio institucionalizado.

La sentencia de los ERES refleja el mayor escándalo de corrupción de la historia de España, sin la menor duda y por razones simplemente incontestables: por su dimensión económica, por el origen público del dinero, por su evidente impacto en la adulteración de las elecciones en favor de un partido y por la naturaleza institucional y sistémica de una trama destinada a perpetuar un auténtico Régimen socialista en Andalucía.

Por mucho que escandalicen otros casos, no existe ninguno que nazca del propio Gobierno, utilice las instituciones, se sirva del dinero de todos y lo haga durante décadas para garantizar la apropiación del poder autonómico y, esto es importante, el nacional.

Esto, entre otras cosas, es precisamente lo que hace responsable político a Pedro Sánchez: el PSOE andaluz ha venido aportando una media del 20% del voto socialista total en todas las Elecciones Generales; y si su vigor en la Comunidad más poblada de España se explicaba por el dopaje clientelar de los ERES, los resultados globales del partido también se beneficiaron de esa corrupción.

Todo el PSOE se benefició
Por eso, sin duda, los dos principales condenados de ahora, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, fueron a la vez presidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE: su peso en el conjunto de la organización era un reconocimiento a su influencia decisiva en los éxitos socialistas, que simplemente no se hubieran dado sin la decisiva aportación andaluza.

¿Cómo no va a ser responsable Sánchez si encabeza un partido dependiente como ningún otro de su filial andaluza y ésta, ahora es una verdad judicial, hacía funcionar su maquinaria todopoderosa gracias a la corrupción y el clientelismo sistémicos?

Peor hay más. Porque si Sánchez llegó a la secretaría general del PSOE fue, aunque ahora parezca mentira, gracias a Susana Díaz, que puso a su servicio toda la maquinaria socialista andaluza para darle un puesto que, con sus propias fuerzas y avales, jamás hubiese logrado en las Primarias iniciales contra Eduardo Madina.

Sánchez es deudor de Susana
Díaz lo hizo para que alguien de poco peso ocupara la secretaría general mientras ella intentaba conquistar en las urnas la presidencia de Andalucía que le dejó Griñán, su padrino junto a Chaves: son cuatro nombres, pues, íntimamente relacionados que convierten a todos en responsables políticos -y algunos además jurídicos- de una vergüenza sin precedentes: dedicaban el dinero de los más desfavorecidos a fortalecer a su propio partido para retener el poder.

Una última razón señala a Sánchez. Él llegó al asalto La Moncloa, con Podemos y todo el independentismo, apelando a la corrupción de Rajoy por una sentencia que no afectaba al presidente del PP, apuntaba a unos hechos de 2003 y se limitaban a dos municipios madrileños. ¿Cómo puede, con esos precedentes, tener ahora la desfachatez de aspirar a que ahora este mayúsculo bochorno le pase de largo?

El mayor fraude de la democracia
Editorial ABC 20 Noviembre 2019

La sentencia de los ERE obliga al PSOE y a Unidas Podemos a replantear los pactos de coalición que suscribieron la pasada semana

ABC no se equivocaba cuando al desvelar en exclusiva el fraude masivo de los ERE lo calificó como el caso de corrupción más grave de la democracia. Nunca dos dirigentes políticos que llegaron a ser presidentes de un partido, en este caso el PSOE, habían sido condenados, y nunca se había documentado con la crudeza con que lo hace la Audiencia de Sevilla un caso tan grosero de amiguismo, cuyo último fin era crear una red clientelar al servicio del PSOE. El cortijo en que el socialismo convirtió a Andalucía durante 34 años queda retratado en una sentencia que vuelve a demostrar la doble moral con que la izquierda mide la gravedad de las conductas, incluso del saqueo sistemático de dinero público.

Todo el peso de la ley. La condena de diecinueve antiguos altos cargos del socialismo andaluz, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el desfalco sistematizado de 680 millones de euros, demuestra que su partido siempre mintió respecto a los ERE. Está probado que el PSOE los diseñó como coartada de una red clientelar ideada para perpetuar a los gobiernos socialistas en Andalucía. Por cuantía económica, por contumacia en el diseño de una estructura delictiva y por la consciente permisividad de la Junta andaluza, es el caso más serio de desfalco de las arcas públicas vivido en España. Las penas de prisión superiores a cinco años para Griñán y otros nueve antiguos altos cargos apuntan a que previsiblemente serán encarcelados en breve, lo que representa un durísimo golpe emocional para el PSOE. La evidencia es que durante quince años se cebó un sistema organizado de corrupción, privilegios y abusos con el dinero público que el PSOE deberá llevar siempre en su conciencia, por más que trate de sacudirse cualquier responsabilidad. La trama de Filesa era, en comparación, un juego infantil.

El PSOE incurrió ayer en un ejercicio de cinismo. Pero su reacción no fue una sorpresa: silencio descriptible de Pedro Sánchez y derivación de responsabilidades al socialismo andaluz. El PSOE podrá alegar cuanto quiera, porque ni se condena al partido por financiación ilegal ni se juzgaba un enriquecimiento ilícito de sus dos expresidentes. Pero en nada se compadece esta reacción con el falaz discurso que Sánchez siempre mantuvo. Si otro partido, como el PP, incurre en conductas corruptas, bien merece una moción de censura, aunque su presidente fuese ajeno a esas prácticas. En cambio, si es el PSOE, lo hace por la causa del progresismo, comprometido con los derechos de los desempleados. Todo era una farsa, una burda mentira que el propio PSOE se encargó de normalizar en el Parlamento con partidas presupuestarias ad hoc para dar patente de legitimidad a un robo. El PSOE creó una red inmoral de nepotismo, sus dos presidentes y varios consejeros han sido condenados, se pervirtió el control de las subvenciones, se eludieron los más básicos sistemas de supervisión, se silenció a la Intervención del Estado, se repartieron millones a capricho -incluso para drogas y burdeles- y la Junta de Susana Díaz se confabuló para obstaculizar la labor judicial. Al menos, el PSOE no debería citar la palabra «honestidad» para proteger a los suyos.

Pedro Sánchez no puede escurrir el bulto. Tampoco Pablo Iglesias y el resto de una izquierda política que ayer no sabía dónde esconderse con tal de no poner en jaque la gobernabilidad. Si Unidas Podemos tuviese un mínimo criterio de ética pública no podría apoyar la investidura de Sánchez, obligado, por su parte, a repensar la estrategia que presentó a la sociedad como presunto abanderado de la ética y la regeneración. Pero es mucho pedir. Una vicepresidencia y varios ministerios bien valen un escorzo de hipocresía. Contra Rajoy, Iglesias sostenía en mayo de 2018, en referencia a la sentencia de la trama Gürtel, que no podía haber «delincuentes a los mandos del Gobierno». Si Rajoy -estigmatizado por una simple frase por un juez afín al PSOE- era entonces un «delincuente», también hoy lo es Sánchez.

El doble rasero de la izquierda y su pretendida superioridad moral son flagrantes. Da igual el importe defraudado y que un socialista delinca, porque siempre lo hace guiado por la buena fe. Pero los delitos de otros partidos son intrínsecamente más graves porque se miden por criterios ideológicos y de dogmatismo excluyente. Algo enfermizo empieza a anidar en la izquierda si ese es el listón con el que medir un latrocinio como el de los ERE. La democracia no puede deglutir todas sus miserias bajo el prisma del «pensamiento único» que impone la izquierda. Cuando los tribunales cumplen su misión es porque la democracia responde. Pero el PSOE, que llegó a impulsar escraches contra la juez instructora, es responsable de una merma de la higiene democrática. Acorde con el rasero del PSOE, la sentencia debería inhabilitar a Sánchez para gobernar.

El régimen corrupto del socialismo
Editorial Libertad Digital 20 Noviembre 2019

La contundente sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, exacta radiografía de cómo un partido político puede llegar a cooptar el sistema democrático mediante la creación de una red tentacular, imbricada en la sociedad, con el dinero de todos los ciudadanos, debería avergonzar a quienes, en su momento, cuando el escalpelo de la instrucción judicial se abría paso a través del blindaje institucional de la trama, insinuaban intenciones espúreas y, desde el victimismo, defendían la trayectoria política de quienes eran sus máximos responsables. Que, además, ese comportamiento viniera de un partido, como el PSOE, que se ha demostrado virtuoso en el empleo del doble rasero, implacable con el adversario y para el que los tiempos y las circunstancias sólo cuentan si juegan a su favor, sólo agrava los hechos. Pero, nosotros, que hemos investigado e informado puntualmente a lo largo del proceloso procedimiento de los ERE, no queremos caer en lo mismo que criticamos.

El caso andaluz pertenece a una época e, incluso, a un lugar que ya no son los mismos. Personalmente, tanto quienes estuvieron al frente de la Junta de Andalucía cuando se produjeron los hechos juzgados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, notablemente, como quienes ocuparon consejerías y direcciones generales directamente vinculadas a la trama de corrupción, ya se habían visto obligados a renunciar a todos sus cargos públicos y fueron expulsados del partido. Tal vez, otros dirigentes del socialismo andaluz, que no estuvieron incursos en la causa, pero cuya cercanía a los largo de décadas con los condenados era notoria, hubieran debido seguir los mismos pasos, pero no es cuestión que ahora tenga que preocuparnos. Políticamente, el PSOE sufrió el reproche de la mayoría de la sociedad andaluza y perdió el poder que había mantenido, y del que había abusado, durante cuarenta años. Quizás, si la publicación de la sentencia no hubiera sufrido los inexplicables aplazamientos, hasta cuatro, el último para que no coincidiera con la repetición de las elecciones del 10-N, el conjunto de la sociedad española hubiera tenido en su mano otros elementos de juicio a la hora de decidir su voto. Pero ya sólo corresponde a la nueva Junta andaluza corregir la anomalía social que supuso esa etapa y reactivar, sobre nuevas bases, el pacto no escrito, pero ineludible, de confianza y neutralidad entre la Administración que gestiona los asuntos públicos y los ciudadanos, que son, con independencia de su ideología y sus circunstancias personales, los legítimos titulares del poder ejecutivo.

Porque lo que nos dice la sentencia es que ese pacto, consustancial a la democracia, había sido despreciado por los dirigentes socialistas, hasta el punto de identificar los propios intereses del PSOE con los de todos los andaluces. Asusta la extensión de la red tentacular, pero más la sensación de normalidad, de impostada legitimidad de quienes, simplemente, repartían el dinero público con criterios de utilidad partidista y en clave de amigo/enemigo. Hay, también, en el relato de los hechos probados por el Tribunal la descripción de una manera de entender la política que, mucho nos tememos, trasciende al tiempo y al espacio. Prácticas populistas que conducen a elevar el gasto público sin contar con el correspondiente respaldo presupuestario y que, como es el caso, obligan a maquillar las cuentas o a hacerlas opacas, mediante la creación de organismos que escapan a la normal inspección y al control de los interventores. De eso hay en la sentencia de los ERE nutridos ejemplos, que sin constituir el núcleo de lo juzgado, deberían de servir de aviso de navegantes a otras administraciones sobre los riesgos de institucionalizar la barra libre presupuestaria, sobre todo cuando ésta opera en el terreno que se supone clientelar. Pero, con todo, lo peor de este caso de corrupción, que ha supuesto la malversación de 680 millones de euros de dinero público, lo que le convierte, al menos judicialmente, en el más grave de la reciente historia de España, es que esos fondos se utilizaron para facilitar el cierre de empresas y el despido de sus trabajadores. Desde la propia Junta, gratuitamente, se fomentaba la pérdida del tejido industrial de Andalucía, en lugar de apoyar el desarrollo del sector empresarial. Desde la propia Junta se favorecía la cultura de la subvención improductiva, la que no crea puestos de trabajo ni abre espacios al progreso. Y, hay que insistir, se hacía de manera arbitraria y dolosamente. No en vano, los jueces han absuelto a los dos interventores que trataron con insistencia, pero, inútilmente, de poner orden en el desafuero.

Por ello y aunque se nos dice desde el PSOE, como justificación moral, que la mayoría de los implicados no se llevaron ni un euro a sus bolsillos, que será cierto, pero no era el objeto de la sentencia y, además, todos tenemos en la memoria aquel símil desgraciado del asado de vacas con dinero, no es posible restar ni un ápice la gravedad de las conductas que han sido enjuiciadas. Mucho menos, cuando los jueces han dictaminado que Manuel Chaves y José Antonio Griñán conocían y amparaban estas prácticas dañinas para el bien común. Y cuando desde ese mismo PSOE se mantiene que lo sucedido nada tiene que ver con el partido, hay que insistir en que bajo esas siglas se construyó y se mantuvo durante cuarenta años un régimen hegemónico y acaparador, que sirvió de principal granero de votos de las victorias socialistas, de las que ningún inquilino de Ferraz renegó nunca. Pero, como ya hemos advertido, no vamos a caer en la bajeza de tildar de corrupto a todo un partido, sea cual sea su ideología, porque no sería cierto. Ni tampoco en la demagogia populista al uso de decir que todos los políticos son iguales. Ni todo el PSOE es corrupto ni todos los políticos son iguales.

El PSOE y los golpes de Estado
Liberal Enfurruñada okdiario 20 Noviembre 2019

En 1934 hubo un golpe de Estado en Cataluña y 2 años después el PSOE pactó con los golpistas en el Frente Popular, formaron Gobierno y los amnistió. En 2017 hubo un golpe de Estado en Cataluña y 2 años después el PSOE está negociando de nuevo con los golpistas para que le permitan formar Gobierno. Igual esta vez no hace falta que los amnistíe, porque ya se encargó el PSOE de trasladar a los golpistas a instituciones penitenciarias controladas por ellos, de las que van a tardar muy poco en salir. Pero esta relación del PSOE con los golpistas no es nueva sino que es algo congénito al partido fundado por Pablo Iglesias Posse, quien en 1910 dijo en el Parlamento aquello de: «Mi partido está en la legalidad mientras ésta le permita adquirir lo que necesita; fuera cuando ella no le permita alcanzar sus aspiraciones».

Y lo demostró muy poco después cuando en 1923 el PSOE colaboró con la dictadura del General Primo de Rivera, padre del fundador de Falange, siguiendo el criterio tanto de Julián Besteiro, presidente del PSOE desde la muerte de Pablo Iglesias, como del secretario general de la UGT, Largo Caballero, miembro de la ejecutiva del PSOE. Durante dicha dictadura Largo Caballero formó parte de la Consejería de Estado, los socialistas entraron en el Consejo de Trabajo, en el Consejo Interventor de Cuentas, y en diversos órganos de la dictadura militar. De hecho el PSOE fue el único partido legal y la UGT el único sindicato permitido durante la dictadura del General Miguel Primo de Rivera, lo que permitió a los socialistas una libertad de la que no gozaban ni comunistas ni anarquistas, que sí se opusieron. Sólo al final, cuando el régimen dictatorial empezaba a declinar, los socialistas decidieron pasar a la oposición.

Apenas 4 años más tarde en octubre de 1934, con Largo Caballero como presidente del PSOE, ese partido promovió una huelga general que desembocó en un nuevo intento de golpe de Estado contra el Gobierno de la II República, que consiguió arraigar en Asturias. El PSOE publicó 73 puntos de instrucciones donde planificaba al detalle los pasos a seguir y en las que, entre otras barbaridades, decían que “las casas cuarteles de la Guardia Civil deben incendiarse si previamente no se entregan” y que se debían “lanzar botellas de líquidos inflamables a los centros o domicilios de las gentes enemigas”; promoviendo el asesinato de mujeres y niños que las habitaban. En este golpe de Estado hubo unos 2.000 muertos, se asesinó a unos 250 miembros de la Guardia Civil y de Asalto, así como a 34 sacerdotes y religiosos. Siguiendo las instrucciones del PSOE se incendió la Universidad, el Teatro Campoamor, la Catedral de Oviedo así como numerosos edificios religiosos.

Más recientemente, no se puede definir estrictamente como golpe de Estado el de la victoria electoral de Zapatero en 2004, tres días después de los terribles atentados del 11-M cuyo autor intelectual aún se desconoce, pero no podemos obviar la dudosa legalidad del discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba durante la jornada de reflexión, en el que no dijo ni una palabra de que las sedes del PP estaban siendo asediadas por grupos de extrema izquierda, entre los que ya destacaba el nuevo Pablo Iglesias. Rubalcaba aprovechó su discurso para acusar directamente al Gobierno del PP de mentir, no siendo la de Zapatero en 2004 el mejor ejemplo de una victoria de la democracia. Tampoco fue exactamente un golpe de Estado la moción de censura ganada por Pedro Sánchez, fundamentada sobre unas frases contra Mariano Rajoy introducidas en la sentencia sobre la Gürtel por el juez José Ricardo de Prada, frases que la Audiencia Nacional ha considerado “innecesarias”, aunque bien útiles para el PSOE, añado yo. Y es que sin duda el PSOE tiene 140 años de una historia muy cercana a los golpes de Estado.

En el PSOE solo hay corruptos buenos y otras nueve excusas ridículas de Ábalos
Ana Isabel Martín esdiario 20 Noviembre 2019

Los socialistas tratan a duras penas de librar a Pedro Sánchez de las consecuencias políticas de la sentencia de los EREs y limitar los daños al PSOE andaluz de Susana Díaz.

El PSOE ha puesto en marcha el operativo de control de daños tras la durísima sentencia de los ERES, con el objetivo de que salpique lo menos posible a Pedro Sánchez. Objetivo harto difícil teniendo en cuenta que él llegó a La Moncloa por una moción de censura contra la corrupción.

En Ferraz consideran que, si acaso, debe pagar las consecuencias políticas Susana Díaz, la líder de la que un día fue "La PSOE", cuyos dirigentes tratan de digerir a esta hora el amargo fallo del tribunal.

El secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, compareció este martes por la tarde para dar las líneas maestras de un argumentario que en las próximas horas y días todos los cargos del PSOE recitarán como un padrenuestro.

Primero, siempre según Ábalos: "No es un caso del PSOE", sino de "antiguos dirigentes" de la Junta de Andalucía. En concreto 19, de los que dos, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, fueron nada menos que presidentes.

Segundo: tampoco es un caso del Gobierno. "Son hechos muy ajenos al Gobierno actual que ocurrieron entre 2000, 2001 y 2009. Este Gobierno no estaba", sostuvo el también ministro de Fomento en funciones.

Tercero: aunque la sentencia sostiene que los sucesivos gobiernos del PSOE repartieron casi 800 millones en ayudas públicas de forma irregular, según Ábalos no hubo blanqueo ni "enriquecimiento personal". Se lo gastaron en cocaína y prostitutas, no en confeti para el cumpleaños de su hijo como Ana Mato. Hay que concluir que en el PSOE solo hay corruptos buenos.

Cuarto: Pedro Sánchez por aquel entonces era un pipiolo político, "solo un concejal del PSOE en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid", según Ábalos.

Quinto: "Ninguno de los condenados ocupan ningún puesto en el PSOE, y ni siquiera están afiliados". No obstante cabe recordar que, sobre todo Chaves, se resistió a dejar su escaño en el Congreso hasta que el Tribunal Supremo le hubo atribuido delitos concretos.

Sexto.: esto no tiene por qué afectar a las negociaciones de Sánchez para la investidura y el Gobierno de coalición con Unidas Podemos porque, palabra de Ábalos, "el PSOE no ha sido condenado".

Séptimo: pobre del que se atreva a comparar este caso con Gürtel, que motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Lo importante es no banalizar la corrupción, no contrastarla comparando una con otra", según el secretario de Organización de los socialistas.

Octavo: Sánchez nunca envió un mensaje del tipo "sé fuerte" a Chaves ni a Griñán, recordó Ábalos. Que se sepa, claro. Aunque el ahora presidente en funciones sí mostró públicamente su confianza en la "honestidad y honorabilidad" de ambos.Ahí están las hemerotecas.

Noveno: han pasado diez años, una década entera, y eso según el secretario de Organización del PSOE es un mundo.

Y décimo: la sentencia es casi un alivio para el PSOE, o eso pretendió aparentar su número tres al proclamar desde Ferraz: "A partir de ahora ponemos punto final a este serial que ha durado nueve años de explotación por parte del PP, como elemento compensatorio de sus tramas de corrupción", zanjó.

«Cien años de honradez»
Roberto L. Blanco Valdés La voz 20 Noviembre 2019

«Cien años de honradez»: no es en absoluto casual que ese fuera el lema de presentación del Partido Socialista ante la sociedad cuando España recuperó la democracia. Y no lo es porque el PSOE ha fantaseado siempre con su supuesta superioridad moral sobre todos los demás. Para los socialistas el suyo es el partido de la honestidad por definición, mientras sus competidores, por la derecha o por la izquierda, deben demostrar la suya a cada paso.

«Ni Flick, ni flock» dijo González en el Congreso para eludir toda responsabilidad en el primer caso de corrupción que afectó al PSOE después de 1977. Aunque absuelto políticamente por la mayoría de la cámara en 1985, aquella victoria iba a acabar, andando el tiempo, en un auténtico desastre. Y es que una formidable ola de desatada corrupción envolvió el final de la larga etapa de gobierno socialista (1982-1996), demostrando una verdad tan vieja como el ejercicio del poder: que cuando los frenos y contrapesos que lo limitan se relajan, la aparición de la corrupción es prácticamente inevitable.

La comprensión del caso de los ERE, cuya primera sentencia por fin se ha conocido, solo puede situarse en ese contexto político preciso: el de un partido que controló el poder regional entre 1982 y 2018, es decir, a lo largo de casi cuatro décadas, durante parte de las cuales tuvo también en sus manos el gobierno central y gran porción del poder local en Andalucía. Es difícil encontrar en Europa un caso comparable de ejercicio del poder, en duración y en extensión.

Una y otra explican la enorme envergadura del escándalo de corrupción que se conoce bajo la sigla de los ERE, en el que se juzgan las ayudas públicas otorgadas de forma ilegal por la Junta de Andalucía durante un década por la descomunal cifra ¡680 millones de euros! y el que están implicados, además de los dos ex presidentes de la Junta ayer condenados, seis ex consejeros -entre ellos la ex ministra Magdalena Álvarez- y 13 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre los que figuran ni más ni menos que el entonces jefe de los servicios jurídicos de la Junta.

Lo sentenciado es demoledor, dada la trayectoria política de los principales condenados: Griñán, además de presidente de la Junta de Andalucía (2009-2013), fue presidente del PSOE, dos veces ministro del Gobierno de España y diputado y senador en las Cortes Generales; Chaves, presidente de la Junta andaluza entre 1990 y 2009, ha sido también presidente del PSOE, diputado, dos veces vicepresidente y tres ministro del Gobierno de España.

Si Pedro Sánchez censuró a Rajoy por una condena menor, en un asunto en el que nada tenía que ver y del que el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional eliminó después los aspectos que afectaban a la supuesta financiación del PP, debería ahora explicarnos por qué el presidente en funciones cree que una sentencia tan devastadora para el PSOE lo deja a él libre de cualquier responsabilidad.

La desfachatez infinita de Ábalos
Chaves, Griñán y otros 17 condenados han robado a beneficio personal aunque no hayan sido condenados por ello
Ramón Pérez-Maura ABC 20 Noviembre 2019

Resulta inverosímil el grado de hipocresía que rige el que muy bien ha sido bautizado en estas páginas por Álvaro Martínez como Partido Sanchista. Ahora resulta, según José Luis Ábalos, secretario de Organización del partido gobernante y segundo en el escalafón del mismo, que los ERE no tienen nada que ver con el PSOE porque los condenados no son militantes. O sea, que el PSOE no tiene nada que ver con que ocuparan la Presidencia de la Junta de Andalucía ni con todos los cargos que ostentaron los 19 condenados. Eran cargos públicos por casualidad. Y usted, querido lector, y yo somos para el ministro Ábalos completamente imbéciles. Resulta que sólo los cuatro condenados más relevantes han ocupado cargos de mando ejecutivo 75 años. Chaves como presidente de la Junta de Andalucía y como ministro y vicepresidente del Gobierno de la nación (25 años). Griñán, como presidente de la Junta de la que antes fue consejero de Salud y como ministro de Trabajo y Sanidad (15); Gaspar Zarrías que fue vicepresidente de la Junta, consejero de Presidencia y de Industria y secretario de Estado (16). Y Magdalena Álvarez que fue ministra de Fomento, consejera de Economía y vicepresidenta del Banco Europeo de Invasiones (19). Setenta y cinco años de gobernantes corruptos puestos por el PSOE, pero el PSOE no es culpable. Que venga Dios y lo vea.

Ábalos sostuvo que «ninguno [de los condenados] ocupa cargo público» como si eso fuese una eximente. Pero sucede que fueron condenados por los cargos públicos en los que los colocó el PSOE. Por más que Ábalos tenga la desfachatez infinita de decir que no es un caso del PSOE. Y, si no es del PSOE, ¿de quién es?

El discurso de todos los medios afines al socialismo -la práctica totalidad de las televisiones de nuestro país- minimizaba la gravedad del caso aduciendo que los condenados no se habían llevado un céntimo. Supongamos que sea cierto que el dinero de los ERE no se fue directamente a sus cuentas corrientes. Ciertamente no han sido condenados por ello. Pero han cobrado un sueldo público durante casi toda su vida laboral por malversar esos fondos en favor de su partido. Unos fondos que les permitieron ganar elecciones con trampas y cobrar sus sueldos. Es decir: Chaves, Griñán y otros 17 condenados han robado a beneficio personal aunque no hayan sido condenados por ello. Porque la relación causa-efecto es indiscutible.

Una vez más, la reacción de las antenas de la propaganda de la izquierda española fueron el antiperiodismo. En La Sexta el asunto no monopolizaba la atención de «Al Rojo Vivo» y era conveniente compartir el tiempo con las perspectivas económicas de España. No había otro momento más adecuado para abordarlas. Y en el «Telediario 1» se justificaba el latrocinio hablando del «descontrol de las ayudas» y el «uso inadecuado» de las mismas. Hombre, si yo mañana me llevara la caja de la sucursal bancaria donde me atienden supongo que podría aducir que le estoy dando al dinero un «uso inadecuado». Pero no creo que ningún juez me mitigara la condena que me habría ganado con toda justicia. Pero el objetivo de la tele de Rosa María Mateo era dejar claro que esto no era para tanto. Y cuando se habla de «descontrol de las ayudas» se está evitando decir que se robó. Es como si se dice de un atracador que mata a una persona involuntariamente porque le apuntó con un arma y se le disparó. Y eso se describe como un «descontrol de los medios disponibles». El acabose.

TRAS CINCO AÑOS Y MEDIO DE INSTRUCCIÓN
El caso ERE del PSOE andaluz, en cifras
Redacción gaceta.es 20 Noviembre 2019

La pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía es un caso mastodóntico que va de los 21 acusados a los ocho años de cárcel que la Fiscalía pide para once de ellos, pasando por un lustro y medio de instrucción, un macrojuicio de 152 sesiones o la propia sentencia, cuya extensión rondará los 1.700 folios.

Estas son las cifras más significativas del caso:

21 Acusados
Menos de la mitad de los 51 que llegó a encausar la jueza Mercedes Alaya durante la instrucción.

2 Expresidentes de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

7 Exconsejeros
Gaspar Zarrías (Presidencia), José Antonio Viera (Empleo), Antonio Fernández (Empleo), Magdalena Álvarez (Economía y Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación), Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) y José Salgueiro (Hacienda).

10 Ex altos cargos de la Junta
Dos exviceconsejeros (Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez), tres ex directores generales (Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Antonio Vicente Lozano), dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) (Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete) y tres ex secretarios generales técnicos (Lourdes Medina, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado).

2 Ex altos funcionarios
Un ex-jefe del gabinete jurídico (Francisco del Río) y un ex interventor general (Manuel Gómez).

3 Jueces
Juan Antonio Calle Peña, que ha sido el ponente y redactor de la sentencia, Pilar Llorente y Encarnación Gómez. Pertenecen a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

2 Delitos
Todos los acusados lo son por prevaricación y quince de ellos, por malversación.

10 Años de inhabilitación
Es la petición de condena de la Fiscalía para el expresidente Chaves, así como para Zarrías, Álvarez, Salgueiro, Lozano y Del Río.

8 Años de cárcel
Es la petición de la Fiscalía para Viera, Fernández, Vallejo, Guerrero, Márquez, Barberá, Rodríguez, Medina, Sánchez, Aguado y Serrano.

6 Años de cárcel
Es la petición de la Fiscalía para Griñán, Martínez Aguayo, Gómez y Cañete.

5 Años y nueve meses de instrucción
Desde que la jueza Alaya abrió diligencias previas en enero del 2011 hasta que el juez Álvaro Martín dictó auto de apertura de juicio oral el 3 de noviembre del 2016.

680 Millones de euros
Es lo que la Fiscalía calcula que salió de las arcas públicas «sin ningún control» para ayudar a empresas en crisis, aunque el instructor habló de 854,8 millones cuando procesó a todos los ex altos cargos.

6.096 Trabajadores
Recibieron ayudas procedentes de la partida presupuestaria 31-L creada por la Junta de Andalucía para empresas en crisis o planes de prejubilaciones en el periodo investigado (2000-2010), aunque hubo más de 120.000 empleados afectados por ERE en toda la comunidad en esa década. Casi 200 se prejubilaron en empresas donde jamás habían trabajado.

15 Informes
Elaborados por la Intervención General de la Junta, cuyo antiguo responsable es uno de los acusados, para avisar al Gobierno andaluz de las irregularidades en el sistema de concesión de ayudas.

152 Sesiones tuvo el juicio
Comenzó el 13 de diciembre de 2017 y acabó el 17 de diciembre de 2018.

120 Testigos
Los que pasaron por delante del tribunal de la Sección Primera durante la vista oral.

337 Días de espera
Hoy veremos el fallo de una sentencia histórica tras casi un año de espera.

14.276 Folios de la instrucción
Repartidos en 38 tomos y siete de anexos.

1.700 Folios tendrá la sentencia
La del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’, por ejemplo, tuvo 493.

187 Piezas separadas tiene el caso ERE
Al margen de esta pieza política, después de que la jueza María Núñez, sucesora de Alaya, trocease la causa principal y la dividiese ayuda a ayuda.

Castigo ejemplar a la corrupción socialista
Editorial vozpopuli.es 20 Noviembre 2019

Estamos ante la condena a todo un régimen, erigido y sostenido mediante dosis mayúsculas de corrupción, que rigió los destinos de una Andalucía subsidiada y escasamente competitiva durante casi cuatro décadas

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una sentencia demoledora sobre el mayor caso de corrupción política de la reciente historia de España. Diecinueve altos cargos de la Junta andaluza han sido condenados a 61 años de prisión y 252 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos destinados a ayudas contra el desempleo.

El fallo judicial del llamado ‘caso de los Eres’ resulta particularmente duro para el socialismo español y sumamente ejemplar para tirios y troyanos. Dos expresidentes de la Junta y del PSOE, además de exministros del Gobierno de la Nación, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, reciben penas de 9 años de inhabilitación y seis de cárcel, respectivamente. Asimismo, otros nueve altos cargos de la Administración, cuatro de ellos exconsejeros de la Junta, son castigados con penas de reclusión.

No se escapan tampoco al castigo del tribunal la exministra Magdalena Álvarez, ‘Maleni’ para los amigos, en su momento protagonista destacada del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, así como Gaspar Zarrías, prototipo de virrey andaluz, muñidor de intrigas sin cuento y financiador en la sombra de todo tipo de maquiavélicas operaciones.

Estamos ante la condena a todo un régimen, erigido y sostenido mediante dosis mayúsculas de corrupción, que rigió los destinos de una Andalucía subsidiada y escasamente competitiva durante casi cuatro décadas. Es también la constatación, por la vía judicial, de la existencia de una engrasada maquinaria depredadora y sin escrúpulos, que no dudaba en rapiñar los dineros públicos destinados a combatir los efectos de la crisis económica para alimentar las enormes bolsas de clientelismo que han permitido al PSOE eternizarse en el poder.

Una corrupción que ha salpicado al poder regional a todos los niveles. Chaves conocía los procedimientos y no hizo nada para impedirlo. Griñán incluso colaboró en afinar las herramientas del latrocinio, de acuerdo con el texto de la sentencia. El primer episodio de la cadena delictiva, detectado hace 19 años, terminó en un obsceno cóctel de drogas, burdeles, cochazos y dinero ‘como para asar una vaca’… Durante casi 20 años, el PSOE andaluz puso todo su empeño en desvalijar las arcas públicas con la desfachatez propia de quien se cree investido por un apoteósico sentimiento de impunidad.

Un procedimiento kafkiano
Madrid miraba hacia otro lado. En Ferraz se sabía. ¡Cómo no! La corrupción del régimen clientelar andaluz era un clamor universalmente conocido al que nadie quería meter mano. La determinación de la juez Mercedes Alaya, instructora de la causa, se ha visto al fin recompensada. Hostigada y perseguida en su labor por los alguaciles del régimen, Alaya es uno de los héroes de un proceso que, con ribetes kafkianos, se ha eternizado por culpa de las incontables zancadillas puestas a la labor instructora por los caciques del socialismo andaluz, eficazmente ayudados por una parte de la judicatura regional.

El fallo judicial ha golpeado con seco a la dirección nacional del PSOE, donde se esperaban una sentencia menos severa. En su atribulada comparecencia, horas después de conocerse la decisión de la Audiencia, José Luis Ábalos remitió las responsabilidades al pasado y abundó en menciones a la Gürtel y a Bárcenas. Nada que afecte a su partido ni al Gobierno. Desde el Partido Popular, sin mayor esperanza se le recordó a Pedro Sánchez que es presidente del Gobierno después de una sentencia por un caso de corrupción.

Abrumados por el incierto horizonte político que se aventura, cabe celebrar la sentencia emanada de un tribunal andaluz como una gran noticia en tanto en cuanto representa el triunfo de la separación de poderes y de la propia democracia

¿Qué habría pasado si el fallo se hubiera conocido dos días antes de las elecciones del 10-N? Posiblemente algún perjuicio se habría originado para el PSOE. Daños colaterales, como poco. Pero no es razonable incurrir en la política-ficción. Sólo desde la más absoluta ingenuidad puede pensarse que este episodio vaya a afectar a las negociaciones que Sánchez mantiene para su investidura. Ninguno de los partidos a los que recaba en estos días su apoyo tienen problema alguno con la corrupción, salvo si el sujeto de la misma es el PP.

Abrumados por el incierto horizonte político que se aventura, cabe celebrar la sentencia emanada de un tribunal andaluz como una gran noticia en tanto en cuanto representa el triunfo de la separación de poderes y de la propia democracia. La sentencia pone venturoso punto final a la etapa más negra de la corrupción política en nuestro país. Una veintena de políticos indignos pagarán sus excesos en prisión o lejos de la vida pública. Andalucía ya ha mudado felizmente de color político en la Junta. Sánchez, eso sí, el virtuoso del win-win, sale indemne del lance, o a lo sumo con meros rasguños. Castigo mucho más serio, definitivo incluso, el que recibe su menguante rival, la expresidenta Susana Díaz, cuyo futuro político se puede dar por acabado.

La sentencia de los ERE desvela cómo se perpetuó el PSOE-A en el poder
Guadalupe Sánchez. vozpopuli  20 Noviembre 2019

La sentencia de los ERE describe, en forma palmaria, el diseño y creación por parte del PSOE andaluz de una trama financiera para mantenerse en el poder

La sentencia de los ERE sí que ha supuesto un auténtico tsunami democrático, por mucho que el PSOE y sus pretendientes a gobernar en coalición nuestro país se empeñen en que miremos a otro lado. No han dudado ni en intentar establecer agravios comparativos con otros casos ni en minimizar la gravedad de los delitos y la trascendencia social que su comisión tuvo para el pueblo andaluz, auténtica víctima de los tejemanejes del socialismo para perpetuarse en el poder.

Precisamente lo que relatan los hechos probados de la sentencia es la trama financiera creada por el PSOE-A desde la consejería de Empleo para aferrarse al gobierno. Se trata de una sentencia larga, farragosa y compleja, que yo no me podía permitir comentarles sin leerla primero y cuyo contenido voy a intentar explicarles más allá del dato de los años de condena, en un lenguaje apto para personas legas en Derecho. Para ello, me he permitido resumir el contenido de la sentencia en torno a las conocidas como seis “W” del periodismo.

Quién, qué y dónde
Todo el caso gira en torno a las ayudas que la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía creó con la finalidad, al menos sobre el papel, de garantizar un nivel mínimo de ingresos a los trabajadores andaluces afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), hasta que alcanzasen la jubilación.

Cómo y cuándo
Durante toda la década de los noventa, la ausencia de una norma específica sobre la forma en la que debían tramitarse y aprobarse estas ayudas, llevó a la Junta a acudir al sistema previsto para las subvenciones extraordinarias. La tramitación de estas subvenciones se fiscalizaba por la intervención de la consejería (una suerte de auditores internos).

Como consecuencia de esta fiscalización, se reveló que muchos de los expedientes presentaban graves deficiencias que hacían sospechar sobre el objetivo verdaderamente perseguido con la subvención: en lugar de ayudar a los trabajadores cuyos contratos se habían extinguido como consecuencia del ERE, se estaría ayudando a la empresa, algo que no sólo resultaba contrario a la propia finalidad de la subvención, sino a la normativa europea, que prohíbe las ayudas otorgadas por el Estado a empresas en la medida en que falsean la competencia.

Para la consejería de la Junta, este sistema de fiscalización y control sobre el destino de las ayudas dificultaba una resolución rápida de una situación que “alteraba la paz social de la Comunidad Autónoma”, por lo que decidió idear un sistema alternativo más “ágil”, que fue evolucionando en el tiempo hacia una mayor opacidad y ausencia alguna de control sobre los fondos, y que a la postre causó una merma millonaria en las arcas públicas de esa comunidad autónoma que no redundó ni mucho menos en un aumento de los ingresos de los trabajadores a los que supuestamente se debía ayudar.

A partir del año 2000 se aprobaron por parte de los condenados una serie de modificaciones en los presupuestos de la Junta que, bajo el pretexto de lograr una mayor rapidez en la concesión y pago de las ayudas, pretendían eludir los controles previos. Lo que se hizo, explicado de una manera entendible para el común de los mortales, fue sustituir al destinatario de los fondos: mientras que hasta el año 2000 los fondos se destinaban a empresas privadas con el objeto de crear empleo, a partir de ese año quien aparecía como destinatario era un organismo público, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego denominado IDEA).

La diferencia no es baladí, porque mientras que las transferencias a empresas privadas exigen que se confeccione un expediente en el que se acredite en qué se ha gastado concretamente ese dinero, las transferencias de financiación a entes dependientes de la Junta, como el IFA, no. Pero como para utilizar la transferencia de financiación es necesario acreditar primero que hay una pérdida que necesita ser financiada, introdujeron gastos ficticios en los presupuestos anuales de esta entidad a sabiendas de que no se iban a producir.

Así, por ejemplo, la sentencia relata cómo en la contabilidad del IFA aparece como concedida una ayuda de 257 millones de pesetas a una empresa a la que anteriormente, con el sistema de subvenciones extraordinarias, no se le había concedido por observar la intervención graves deficiencias en el expediente.

Esta empresa no era cualquiera: hablamos de la compañía Hijos de Andrés Molina SA, que fue adquirida por el Instituto de Fomento de Andalucía para posteriormente venderla a Campofrío (que también la vendió). Empresa que llegó a contar con más de 1.000 trabajadores y de la que hoy, a pesar de la ayuda recibida (sin que conste que ésta llegase a los trabajadores) apenas quedan hoy unos edificios ruinosos.

Pero la consejería fue un paso más allá, y utilizaron expedientes antiguos relativos a ayudas ya concedidas para otorgar nuevas ayudas, aún cuando se tratase de una empresa distinta, incluso cuando el crédito destinado a la transferencia de financiación ya se hubiese agotado. Los abonos de estas “ayudas” se realizaron sin ningún tipo de control. De hecho, ni tan siquiera tenían reflejo contable.

Para qué
Con este sistema, se enmascararon como transferencias destinadas a financiar las pérdidas de un ente público lo que en realidad era la conformación de una auténtica red clientelar a costa del erario público, al margen de cualquier tipo de procedimiento y eludiendo la fiscalización de ese dinero por parte de los distintos niveles de la Intervención, que denunció en reiteradas ocasiones la imposibilidad de conocer si las personas beneficiarias de las ayudas subvencionadas con los fondos públicos pertenecían a las plantillas de las empresas subvencionadas.

Por lo tanto, sí que hubo un enriquecimiento, pero no por medios directos, sino enrevesados y sibilinos, del que se beneficiaron no tanto los condenados directamente como del partido en el poder, el PSOE. Ese sistema de ayudas totalmente opaco, que redundó durante quince años en beneficio de personas del entorno del partido, colaboró sin duda alguna a que el partido socialista se perpetuarse en el poder. Algo que, qué duda cabe, no hizo daño a los bolsillos de los condenados.

Jefes del Frente Popular / Poder y oligarquía
Pío Moa gaceta.es 20 Noviembre 2019

**Nada podría ser más nefasto para VOX que pactar o identificarse en algún modo con un PP cuya política ha sido el seguidismo del PSOE y de los separatistas, y la disolución de la soberanía española. Es de esperar que no caigan en esa tentación a la que le empujan tantos «analistas», y que resultaría letal no solo para VOX, sino para el país.

**No debe olvidarse que la situación actual es la herencia directa del PP.

**Dado el laberinto a que ha conducido la segunda transición al régimen zapaterista, unas nuevas elecciones resultarían una oportunidad para salir de él.

**La inanidad, por no decir estupidez, del noventa por ciento del análisis político en España se debe a su falta de perspectiva histórica en unos casos (los que pretenden «olvidar y mirar al futuro») y la falsificación de la historia en otros.

Conocer lo que fue el franquismo es esencial para mantener la democracia y la unidad de España:
Los Mitos Del Franquismo (Historia)

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Como he dicho, el libro Por qué el Frente Popular perdió la guerra se divide en cuatro partes, y puede ser empezado por cualquiera de ellas. Uno de los temas es el de sus personajes. En una ocasión, cuando Besteiro se oponía a la deriva sovietizante del PSOE, señalaba el bajo nivel intelectual y el simplismo político de los bolcheviques españoles, comparados con los rusos. Lenin, o Stalin y otros, desde luego, combinaban al intelectual y al revolucionario de acción, no solo organizaron y dirigieron, sino que escribieron y teorizaron incesantemente, enfrentándose a mil problemas. Su obra escrita ocupa muchos volúmenes, y su cultura y capacidad teorizadora son también excepcionales. Por comparación, los dirigentes y «teóricos» españoles apenas superan el nivel del militante de filas (tal como, podríamos decir, el nivel del análisis político de los expertos en los medios supera poco el del paisano en la barra de un bar),. Eran incapaces de plantearse en serio ningún problema y solo querían aplicar cuatro esquemas teóricos mal digeridos.

Naturalmente, los principios y concepciones generales de que partían Lenin, Trotski o Stalin, eran falsos, y de ahí que por mucha inteligencia y esfuerzo que dedicasen a su ejecución y análisis resultaran en pesadillas. Pero comparados con ellos, sus seguidores españoles eran unos simplones brutales.

Esta deficiencia no se aplica solo a los líderes socialistas y comunistas. Los intelectuales regeneracionistas tipo Azaña u Ortega, convencidos de que «Europa» era la solución a no se sabe bien qué, jamás se plantearon ningún problema sobre Europa, a pesar de sus convulsiones, que tenían ante los ojos. Era la postura del iluminado.

En Una hora con la Historia: Franco, reflejado en sus palabras: https://www.youtube.com/watch?v=Ev1joWze594

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Poder y oligarquía

1. En todas las sociedades humanas encontramos siempre el fenómeno del poder. Este hecho proviene de la diversidad y a menudo oposición de intereses, sentimientos, gustos e ideas que existen en toda sociedad humana. Esta diversidad tiende por si misma a la disgregación social y a la lucha permanente de unos grupos contra otros y dentro de cada grupo. Esta fuerte tendencia a la disgregación se manifiesta siempre, desde las asociaciones culturales a los imperios, y exige una fuerza o poder que evite la disgregación y permita una convivencia tolerablemente pacífica y productiva.

2. La anarquía o ausencia de poder solo sería posible en una sociedad homogénea, de intereses, gustos e ideas iguales y no chocantes entre sí, regida por algo parecido al instinto. La anarquía sería un retroceso al nivel puramente animal, y su intento, en la práctica humana, no elimina el poder, sino que crea gran número de poderes que generan más despotismo y confusión. El funcionamiento interno de los grupos ácratas y la experiencia española en la guerra civil son suficientemente ilustrativos.

3. La necesidad del poder genera grupos pequeños que lo ejerzan, lo que a veces se llama «clase política» o más propiamente oligarquías. Un gran país, un imperio, puede ser gobernado y de hecho lo es, por un número proporcionalmente escasísimo de personas. Por contra, la inmensa mayoría tiene interés muy limitado por el ejercicio del poder, del que espera más bien que le permita vivir y trabajar sin caer en una lucha generalizada

4. Por tanto, el poder consiste en el gobierno de la gran mayoría por una pequeña minoría: es siempre y forzosamente oligárquico, como por lo demás atestigua la historia, incluso en el caso de poderes que afirman negar el poder. No es posible que la mayoría gobierne a una oligarquía o que el pueblo, donde se rozan o chocan intereses tan diversos, gobierne o ejerza el poder sobre algo por lo demás inexistente fuera de él.

5. Las formas del poder pueden ser muy variadas, pero siempre e inevitablemente son oligárquicas. La división tradicional entre monarquía, oligarquía (o aristocracia) y democracia, es falsa. De hecho, todo régimen estable resulta de una combinación de monarquía (casi siempre hay una sola persona a la cabeza de la oligarquía) y democracia considerada como consentimiento de la mayoría; pero su base es forzosamente oligárquica. Incluso en la monarquía absolutista o en un régimen totalitario, un solo hombre no puede gobernar sin un grupo que haga cumplir sus órdenes y que le asesore. Ni mantenerse largo tiempo sin algún grado de consentimiento y apoyo de una parte suficiente del pueblo. De ahí que todo poder estable combine en diversas proporciones las tres formas clásicas, que tomadas aisladamente con una ficción.

6. A su vez, las oligarquías nunca son homogéneas en ideas e intereses, por lo que los choques dentro de ellas se forman partidos y camarillas, cuyos choques pueden ser violentos. La historia política es en gran medida la de la lucha entre facciones oligárquicas

7. Dada la diversidad y oposición de intereses sociales, el poder se basa necesariamente en la violencia: solo hay que prestar atención a los enormes aparatos armados (policía y militares) o de arbitraje forzoso. El control de los medios de violencia permite la imposición de unos intereses sociales (o de facción oligárquica) sobre otros. Según la llamada ley de hierro de las oligarquías, de Michels, estas acceden al poder sirviendo en principio a intereses sociales más generales, pero una vez en el poder su mayor interés es permanecer en él, utilizándolo en su propio interés. Según Pareto, ello daría lugar a ciclos de auge y decadencia oligárquicos, hasta ser sustituida una oligarquía por otra.

8. La violencia, siendo connatural al poder, no garantiza por sí sola la estabilidad y duración de este. Aunque ella permita imponer unos intereses particulares (tiranía, despotismo), la justificación del poder consiste en su capacidad de establecer un equilibrio (justicia) entre los diversos intereses sociales, y sobre ese equilibrio se legitima. Así pues, sin legitimidad, la mera violencia (tiranía, despotismo) no puede sostenerse largo tiempo. El principio espiritual de la legitimidad es tan necesario que incluso las mayores tiranías se lo fabrican y despliegan una intensa propaganda que convenza a suficientes personas.

9. Así, las críticas supuestamente democráticas al franquismo, afirman que este se sostenía meramente por la violencia, careciendo por ello de legitimidad. De ahí la importancia de clarificar esta cuestión, a la que doy especial importancia en el libro Por qué el Frente Popular perdió la guerra.

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680 millones de razones para decirle a Sánchez que no tiene vergüenza
OKDIARIO 20 Noviembre 2019

La sentencia del caso de los ERE no deja lugar a dudas: fue el Gobierno socialista de Andalucía el que diseñó el plan de financiación, al margen de la intervención y sin la existencia de controles, de las "ayudas sociolaborales" de la Junta, una catarata de millones de euros -680- que no fueron a mitigar las necesidades de los parados andaluces, sino que terminaron en manos de empresas que tejían una tupida red clientelar al servicio del PSOE. El mayor caso de corrupción política de la historia de España se ha saldado con la pena de seis años de cárcel y quince de inhabilitación por un delito de malversación y prevaricación continuadas para el ex presidente andaluz Jose Antonio Griñán y nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. También han sido inhabilitados durante nueve años la ex ministra y consejera Magdalena Álvarez y el ex consejero Gaspar Zarrías. Además de Griñán, otros cuatro ex consejeros han sido condenados a prisión: Antonio Fernández y José Antonio Viera (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez-Aguayo (Economía).

Durante años, el argumento de defensa del PSOE fue que ni Griñán ni Chaves estuvieron al tanto de lo ocurrido. La sentencia demuestra que no solo estaban al corriente de los hechos, sino que idearon el plan con el fin expreso de saltarse los controles administrativos que permitieron enriquecerse a una legión de afines. Los 680 millones de euros adjudicados de manera fraudulenta dejan en mantillas a otros casos de corrupción política como la Gürtel, alrededor de 30 millones de euros, pero las consecuencias políticas de uno y otro vienen marcadas por la más absoluta desigualdad.

El caso Gürtel acabó con el Gobierno y la carrera política de Mariano Rajoy, que no estaba imputado en un caso que fue utilizado por el PSOE para urdir una moción de censura que le condujo a La Moncloa con el apoyo de la izquierda radical y el independentismo. Una frase en la sentencia del magistrado "progresista" José Ricardo de Prada sobre la presunta caja B del PP, considerada posteriormente "innecesaria" por la Audiencia Nacional, precipitó la caída del Gobierno de Rajoy. Ahora, la pregunta es obvia: ¿Qué habría ocurrido si la sentencia de los ERE se hubiera conocido cuando tocaba, esto es en la campaña electoral? ¿Habría obtenido el PSOE 26 de los 61 escaños que se asignan en Andalucía? Muy probablemente, no. Y Sánchez hubiera visto reducidas considerablemente sus opciones de Gobierno, dependiendo, en el mejor de los casos, del apoyo de los proeatarras de Bildu.

Las consecuencias políticas para el PSOE de la sentencia de los ERE serán presumiblemente ninguna, porque Pablo Iglesias ya ha manifestado que no romperá el acuerdo de Gobierno con el PSOE "porque España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción". No cabe más cinismo, más hipocresía, mayor doble moral y menos catadura ética que la de esta izquierda que utilizó la corrupción del PP para pedir incluso su ilegalización y ahora muestra su verdadero rostro. No le mueve un sentimiento de justicia, sino que se alimenta de la carroña ajena con un grado de indignidad insoportable.

La izquierda cierra filas porque no le interesa limpiar el sistema, sino emponzoñarlo hasta la náusea. Su objetivo no era otro que el de echar a Rajoy y lo logró con el apoyo de los enemigos de España. Hoy, cuando la corrupción llama a su puerta con la sentencia de la Audiencia de Sevilla, el PSOE echa balones fuera, la izquierda radical silba y los independentistas siguen a lo suyo. Hay 680 millones de razones para decirle a Sánchez que no tiene vergüenza, pero las 680 millones de razones Sánchez se las pasa por el arco del triunfo.

Por qué me gusta la ultraderecha
Miguel Ángel Belloso. vozpopuli  20 Noviembre 2019

Vox es el producto más redondo y acabado de los complejos del Partido Popular, casi siempre renuente a desembarazarse del consenso socialdemócrata

El señor Sánchez ha enviado una carta a los militantes socialistas para pedirles que el próximo fin de semana, en la consulta a las bases convocada al efecto, apoyen el acuerdo de Gobierno alcanzado con Podemos. Lo harán sin duda alguna, porque el odio cerval que los militantes socialistas -que no todos los votantes del PSOE- albergan sobre la derecha supera netamente a su eventual preocupación por la integridad territorial del país, el incendio de Cataluña o la sostenibilidad de la Monarquíaparlamentaria y de cualquiera de las instituciones que han dado sentido a nuestra convivencia hasta ahora.

El señor Sánchez pide el voto de sus conmilitones porque “somos la esperanza progresista frente a la ultraderecha, y porque ésta ha contaminado a buena parte de las fuerzas conservadoras con sus postulados extremistas y sus métodos de falsedad, insultos e intimidación”. El inefable Sánchez también dice en esa carta panfleto que “somos la esperanza progresista para millones de personas que contemplan con preocupación el auge de la ultraderecha fortalecida por unas derechas que se abrazaron a ella en gobiernos autonómicos y municipales cada vez más retrógrados”. O sea que viene el lobo, y que Sánchez es el personaje ungido para derrotarlo.

Progresismo totalitario
Cada vez que oigo la palabra progresista, primero tengo un ataque de ansiedad y luego acabo físicamente vomitando. El progresista es en esencia un totalitario que quiere una sociedad más regulada, más controlada y menos libre. Es un personaje idiotizado por la persecución de la igualdad y de la equidad que tiene como meta la mediocridad general y la devastación de cualquier brote de excelencia. Ya el insigne Karl Popper escribió hace muchos años que la libertad es más importante que la igualdad, que el intento de realizar la igualdad pone en peligro la libertad y que ni siquiera puede haber igualdad entre los que no son libres.

Para los progresistas, lo bueno y lo malo son conceptos irrisorios y caducos, pues lo importante es lo que consideran irremisiblemente correcto, ya que están siempre persuadidos de estar en posesión de la verdad sobre lo que es mejor para todos. Para ellos el lenguaje no es un instrumento de comunicación sino un arma, a ser posible letal, contra los que apuestan por el libre intercambio de ideas, que indefectiblemente ven como una amenaza a la cohesión de la comunidad ideal que ellos han preconfigurado en su mente obscena y vil.

Los progresistas han instalado en la sociedad el derecho a callarte, a fin de no ser ofensivo. Pero Popper, según ha recordado recientemente Alicia Delibes, era un convencido de que la discusión intelectual y de que la diversidad de opiniones libremente expresada es la base del progreso individual y social. Por eso el presidente en funciones Sánchez carga contra la presunta ultraderecha: porque el propósito de Vox, y los innumerables hechos que lo avalan, es justamente el contrario: liberar el pensamiento y las opiniones durante tanto tiempo proscritas bajo la tiranía de la corrección política.

El resultado de las últimas elecciones ha sido, no por previsible, dada la fragmentación de la derecha, menos dramático. Alumbrará el primer Gobierno de coalición social-comunista en la historia de la Transición y sus consecuencias serán muy dolorosas para el conjunto de la población, sobre todo del grupo en situación más precaria y desprotegida.

Según se ha acordado, el señor Iglesias, que alberga pensamientos genuinamente criminales sobre cómo se debe dirigir un Estado, será vicepresidente y tendrá al menos tres ministerios, de carácter falazmente social, que controlará a placer, de manera completamente autónoma e independiente. Dada la generosa literatura con la que se ha explayado, más sus múltiples intervenciones en la televisión y las redes diversas, no cabe esperar de él, como así ha sido la trayectoria legendaria de los comunistas, ninguna salida extemporánea en los inicios de su mandato. Rellenará, eso sí, la administración que gobierne de cientos de lugartenientes y de acólitos a fin de horadar los cimientos de las instituciones, al principio con guante blanco para luego asaltar, si puede, en cuanto tenga la mínima oportunidad, el poder.

Sabemos, porque se ha encargado de señalarlo públicamente, con motivo del treinta aniversario, que la Caída del Muro de Berlín le pareció una desgracia porque la estrategia política de Iglesias consiste en infundir miedo, y desde ese punto de vista el derrumbamiento del telón de acero supuso la desaparición del terror. Según Iglesias, todas las conquistas históricas de la clase trabajadora se han logrado sobre la base de extender la inquietud y la zozobra al establishment, a los ricos, y que este es el objetivo que debe perseguirse a toda costa.
Escraches e insultos

Por eso no tiene reparos en los escraches públicos contra la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ni contra el enorme empresario y gran filántropo Amancio Ortega, ni contra los dueños del fondo de inversión Blackstone, ni contra cualquiera que sea susceptible de adaptar su conducta en función del miedo que inspiren aquellos a los que se ha abrazado el personaje más siniestro de la historia de España después de Fernando VII y del expresidente Zapatero, es decir, el señor Sánchez Pérez-Castejón.

Las consecuencias del eventual Gobierno cuasi terrorista que se avecina ya han empezado a florecer. El clima económico es desolador: se está larvando un incremento exponencial del desempleo, la inversión extranjera busca destinos alternativos a la hostilidad esperable de un ejecutivo poco amigo de los negocios, la bolsa no deja de caer… y todo así.

Las salvajes propuestas de Podemos, como la de revitalizar una banca pública, un propósito que ha fracasado allí donde se ha ensayado, han hundido la cotización de Bankia; su plan de crear una empresa pública de electricidad es pavoroso; su idea de controlar el precio de los alquileres representa una condena anticipada a los jóvenes en busca de sede, y el presupuesto avanzado ya antes de la convocatoria de las elecciones -y que ahora se quiere revitalizar-, con el aumento del salario mínimo y de las pensiones, así como con la elevación de toda clase de impuestos para castigar a las unidades productivas de riqueza conforman un escenario bélico, aderezado con la estimulación de todas las fuerzas desintegradoras del mercado único y de la nación política española a que dará lugar la obligada alianza con los independentistas de Esquerra más la compra del resto de los partidos pérfidos: del PNV, de los canarios, de los cántabros, de los delincuentes de Bildu e incluso de la peregrina asociación de Teruel.

Vox, un partido liberador
Este es el Gobierno progresista, más bien terrorista, que está configurando Sánchez a fin de parar los pies a la “ultraderecha” y seguir aferrado a La Moncloa como a un clavo ardiendo. A mí, en cambio, me gusta muchoVox, precisamente porque es algo completamente diferente al partido radical, extremista, antisistema y contrario a la Constitución que son Podemos y el PSOE del Sánchez encamado con el señor Iglesias.

Si la obcecación de Albert Rivera no hubiera impedido la agrupación de Ciudadanos con el PP de Pablo Casado, ahora el llamado proyecto ‘España Suma’ contaría con los mismos diputados que el PSOE, que junto a los de Vox darían de largo la mayoría absoluta. Mi opinión es que Vox es un partido esencialmente liberador. Ha dado presencia pública a todos los que están hartos de la dictadura de lo políticamente correcto, a quienes abominan del monopolio cultural de la progresía española y planetaria y a los que hasta hace poco no se atrevían a decir con libertad lo que piensan.

Vox es el producto más redondo y acabado de los complejos del Partido Popular, casi siempre renuente a desembarazarse del consenso socialdemócrata en asuntos clave como la infame memoria histórica, la sectaria ley de violencia de género o las normas educativas monopolizadas y secuestradas históricamente por la izquierda. Vox no es la ultraderecha. Es la derecha sin complejos ni hipotecas y, todo hay que decirlo, con el programa político, económico y social más liberal del arco parlamentario.

Hasta ahora le ha sido muy difícil explicarlo porque el asedio al que le ha sometido la izquierda totalitaria y corrosiva del país, así como las televisiones mendaces que hegemonizan la nación han logrado impedirlo. Ha bastado un debate a tumba abierta en el que el señor Abascal ha logrado expresarse sin ser manipulado para que la gente corriente percibiera que Vox es un partido con el venerable y esquivo sentido común del que adolecen los señores Sánchez e Iglesias. Sólo resta que el mismo sentido común anime al Partido Popular a no romper los puentes enormemente benéficos que pueden construirse entre las dos formaciones políticas.

Sánchez no cambia de planes: investidura con los mismos el día 16-D
Carlos Dávila okdiario 20 Noviembre 2019

Los penados de los ERE, singularmente Chaves y Griñán, están muy dolidos con el actual PSOE. El abogado del primero, José María Mohedano, ya tenía anteriormente una pésima opinión de Sánchez y sus corifeos, pero la primera reacción que este PSOE, por boca de Ábalos, ha tenido recién alumbrada la sentencia, no ha hecho más que confirmar esta constancia: Sánchez no sólo se ha desmarcado de los que un día como Chaves fue el presidente de su partido, sino que incluso ha iniciado la estrategia de volcar sobre el partido en Andalucía toda la responsabilidad de la hecatombe.

Las fuentes de este cronista homologan la reacción primera del sanchismo con la que en su día articuló Zapatero con Barrionevo y Vera a los que incluso les negó la defensa legal del partido. “Ayer como hoy -me dice un socialista de toda la vida- ¡ay de los caídos!”.

Son los mismos que piensan que ahora quien lo tiene todo que temer no son los pobres penados (así les llaman) sino la todavía secretaria general del PSOE andaluza, Susana Díaz. El acoso y derribo de la antigua presidenta de la región ya había comenzado realmente, pero ahora va a cumplimentar un varapalo más. “Se trata -aseguran- de hacer imposible la continuidad de Susana en el cargo y, en consecuencia, de buscar un candidato para sustituírle”. Incluso ya tienen el nombre y los apellidos del presunto sucesor; se trata de Alfonso Fernández Gómez de Celis, que ha sido en este tiempo vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados y que estuvo un tiempo como delegado del Gobierno en Andalucía, puesto en el que le situó Sánchez precisamente para hacerle la vida imposible a Susana Díaz.

Los abogados, también la propia dirección del PSOE, están, tras el conocimiento de la sentencia “absolutamente anonadados”. Este cronista puede asegurar que a finales de la semana pasada no se esperaba “cosa -literalmente como ésta”. Es más, respecto a Griñán, el principal perjudicado por la resolución del Tribunal, sus abogados tenían la creencia de que sí tendrá algún castigo pero en todo caso muy inferior al que a la postre ha sufrido. Ahora no solo acarrea la pena que, eso sí, puede ser revisada en el Supremo, sino la incomprensión y el abandono de sus propios compañeros de partido.

Porque el PSOE (y cuando se habla del PSOE se habla realmente de Sánchez, el único que manda en la organización), aparte de derivar en Andalucía la culpabilidad del robo generalizado de los ERES, ha tomado la decisión de no variar un ápice sus planes de investidura que comenzará el día 16 del próximo diciembre o, a más tardar, dos días después, el 18. Eso es lo que han pactado con su socio Iglesias que en este trance, ha tenido todavía mayor desparpajo que el que puede ser su jefe.

Tampoco otro de los posibles aliados Esquerra Republicana de Cataluña, se han expresado radicalmente contra el PSOE de Sánchez. Han hecho lo mismo que Iglesias: remontarse al pasado. Y ¿qué decir de la tercera pata para el banco de la investidura? El PNV, callado como un difunto, no vaya a ser que dentro de unos días cuando sea conozca la sentencia condenatoria del “Caso De Miguel”, el antiguo diputado foral de Alava para el que se piden en la Audiencia Provincial más de una cincuentena de años por todas las corrupciones posibles, Ábalos salte a la carótida de Ortúzar y Urkullu.

ERE: Por menos echaron a Rajoy
Son tan habilidosos que parece que Griñán y Chaves son de otro partido que Pedro Sánchez
Antonio Burgos ABC 20 Noviembre 2019

Nada tan socorrido como un cordón sanitario. Ayer lo volvió a utilizar habilísimamente el PSOE tras la sentencia condenatoria de sus altos cargos en el vergonzoso caso de los ERE. Son tan cucos, que se las han ingeniado para que pareciera que el partido al que pertenecían los condenados por prevaricación y malversación en los ERE eran de otro partido distinto al que se ha sacado Sánchez de la manga, como Felipe González creó al PSOE renovado en Suresnes. Con la diferencia de que González reclamaba la continuidad para sí, con los famosos «100 años de honradez», del partido de Pablo Iglesias el de la gorra, mientras que Sánchez se las ha ingeniado con todo su aparato de poder para hacernos creer que lo de Griñán y Chaves, Guerrero y compañeros de mangoleta, condena y futura trena eran de un partido distinto.

Escuchen estas palabras de ayer tras una sentencia que nos ha hecho volver a confiar en la independencia de la Justicia y en la separación de poderes, tras tantas sospechosas unanimidades en el Supremo en catalanas separatistas materias y exhumación de dictadores: «Es un hecho que nos avergüenza. Es un día triste para Andalucía, aunque por fortuna los tiempos son otros y también las maneras, las prioridades y las personas». ¿Quién hablaba así? ¿Sánchez? Eso es lo que ha dicho Sánchez y todo el aparato de su partido, con sus hechos, con su ponerse de perfil a lo Rajoy. Pero quien hablaba así era Moreno Bonilla, el actual presidente de la Junta de Andalucía que sufrió la mayor mangoleta que vieron los siglos y que la Fiscalía calcula entre los 855 y los 680 millones de euros, de los que no han devuelto ni uno. Son tan habilidosos que parece que Griñán y Chaves son de otro partido que Pedro Sánchez. Porque han repetido que fueron presidentes de la Junta en esta década ominosa de meter la mano en el cajón del dinero de los parados para mandar al chófer por cocaína y beneficiar con las regulaciones de empleo a señores apuntados al clientelismo del partido sin haber trabajado en su vida en esas empresas favorecidas por el espurreo de millones a pelón entre los amiguetes. Pero no debe olvidarse que los tan repetidos presidentes de la Junta, los dos, Chaves y Griñán, fueron también presidentes del PSOE, del partido con el que Sánchez nos quiere hacer creer que no tiene nada que ver con los ERE, que esos fueron «cuatro golfos», incrementados luego por lo menos a veintiuno. Ah, y no lo olviden. Si Sánchez no estaba allí ni tiene nada que ver con el partido condenado por los ERE, Susana Díaz es que nunca sucedió a Chaves gracias al dedo de Griñán. Son falsos testimonios. Susana tampoco tiene nada que ver con esos años de cárcel y de inhabilitación a sus antiguos compañeros. Inhabilitación que me hace muchísima gracia. Inhabilitan nueve años por prevaricación a un jubilado como Chaves. ¿De qué cargo publico lo van a inhabilitar? Como no sea de ir a juzgar al dominó al hogar del pensionista... Y eso que para escuchar la sentencia se puso el antiguo uniforme oficial de aquel PSOE de las mayorías absolutas; una chaqueta de pana, como la que usaban en aquellos entonces Guerra y González, para que se viera que lo que ahora pasa por PSOE es el mismo que él presidió en la era de la Junta de los ERE.

Por menos, por muchísimo menos que esta vergüenza de hechos probados y condenados le hicieron una moción de censura y echaron a Rajoy. No hay color. Sí, bueno, sí hay color; azul o rojo. Y lo que esos dos colores traen: las dos varas de medir, en la superioridad moral que se otorga la izquierda. ¿Sánchez dimi... qué, dice usted? ¡Si eso de los ERE era en otro partido, hombre, no en este que va a romper a España entregándose en manos de los comunistas bolivarianos, los separatistas catalanes y los proetarras vascongados!

El Gobierno vasco da cobertura legal a los municipios para relacionarse solo en euskera
La nueva normativa refuerza la plena autonomía de los ayuntamientos para decidir la lengua a utilizar a nivel interno y en sus comunicaciones con la ciudadanía y otras administraciones vascas
Jose Mari Alonso. Vitoria EC 20 Noviembre 2019

El Gobierno vasco ha dado "plena cobertura jurídica" a los ayuntamientos para que puedan utilizar únicamente el euskera en sus comunicaciones internas y externas, si bien en el caso de las relaciones con la población deben continuar garantizando el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en castellano “de forma inexorable” y “sin ninguna discriminación”. No obstante, los consistorios no tendrán la obligación de dirigirse en lengua española a otras administraciones vascas a pesar de que estas así se lo requieran.

Comunicarse en exclusiva en euskera con otras administraciones públicas vascas es una de las facultades que otorga con garantías legales a los ayuntamientos el nuevo decreto sobre normalización del uso de las lenguas oficiales en las instituciones locales del País Vasco, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, y que “reconoce y refuerza la plena autonomía municipal para decidir cómo ordenar la utilización del idioma vasco interna y externamente para atender a la realidad sociolingüística de su ámbito geográfico”.

El decreto ofrece "cobertura jurídica efectiva" a los ayuntamientos de cara a poder cerrar la vía judicial por no utilizar el castellano en sus comunicaciones

El uso en exclusiva del euskera en las comunicaciones externas es una práctica habitual en muchos ayuntamientos euskaldunes, que actúan amparados en la ley básica de normalización del uso de la lengua vasca de 1982, si bien en los últimos años diversas actuaciones lingüísticas a nivel municipal han conocido la vía judicial por excluir el castellano de sus comunicaciones, con pronunciamientos de los tribunales que han obligado a la utilización del idioma español.

Ante esta judicialización de determinadas actuaciones lingüísticas municipales, que hasta hace unos años ha sido una práctica habitual por parte del Gobierno central del PP, el decreto aprobado por el Gobierno vasco da ahora "cobertura legal" a los ayuntamientos que decidan utilizar solo el euskera en sus comunicaciones internas y/o externas. “Esto ocurre hoy en día sin toda la cobertura jurídica efectiva que sí les empieza a dar la ley, y ahora con más claridad con el decreto”, resalta el portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka.

Con el decreto, cada municipio tendrá que decidir el régimen lingüístico a aplicar en la contratación pública, que podría ser únicamente en euskera

Hasta ahora, todas las administraciones locales tenían una regla “básica, única y común” de normalización del uso del euskera que “no distinguía espacios geográficos ni realidades sociolingüísticas diferentes” y que presentaba un contenido “muy exiguo” en su regulación, lo que ha generado en los últimos años “problemas y conflictos, algunos de ellos judicializados”. Se refiere Erkoreka, en esencia, al elevado listado de recursos que interpuso ante los tribunales contra la política lingüística de numerosos ayuntamientos vascos el que fuera delegado del Gobierno en el País Vasco entre los años 2012 y 2016, Carlos Urquijo, quien con su actuación se convirtió en el enemigo público número uno del nacionalismo —el PNV llegó a pedir su cese en el Congreso de los Diputados por “pirómano” y el Gobierno de Mariano Rajoy le cesó el 31 de diciembre de 2016 para facilitar el acuerdo presupuestario de 2017 con los 'jeltzales'—.

El nuevo decreto “resuelve las disfunciones” que generaba la norma de 1982, de modo que a partir de ahora cada ayuntamiento tendrá autonomía plena y deberá fijar, ya sea mediante ordenanza, reglamento o plan de gestión, las directrices y criterios de uso oral y escrito de ambas lenguas en su funcionamiento interno, en su relación con la ciudadanía y las demás instituciones —notificaciones y comunicaciones individuales o generales—, en el formato lingüístico de los documentos estandarizados o en los actos públicos y comunicaciones. Asimismo, deberán establecer las reglas lingüísticas en la rotulación interior y exterior de los edificios e instalaciones municipales, en el uso de la traducción y la interpretación, en los anuncios, publicidad y campañas de comunicación, y en la contratación administrativa —los pliegos de condiciones u otras cuestiones—, que podría ser únicamente en euskera. "Cada ayuntamiento tendrá que decidir el régimen lingüístico a aplicar en la contratación pública", afirma, al respecto, Erkoreka.

"No hay necesidad de que la comunicación sea bilingüe necesariamente", aunque se deberá garantizar el derecho que se tiene a elegir la lengua

El nuevo decreto, en la práctica, como evidencia el portavoz del Gobierno vasco, equivale a que “no hay necesidad de que la comunicación que reciba el ciudadano sea bilingüe necesariamente”. En todo caso, la regulación aprobada, según remarca Erkoreka, no implica ningún cambio en el derecho “innegable” que tiene todo ciudadano a elegir en cuál de las dos lenguas oficiales quiere relacionarse con la Administración, y que sigue siendo la “regla inexorable” que atraviesa toda la normativa.

El derecho de los ciudadanos a ser atendidos en castellano “sin ninguna discriminación”, y que obliga a los ayuntamientos a “adoptar todas las medidas necesarias” para ello, no les asiste, por contra, a las administración públicas en sus relaciones entre ellas. “La Administración pública no tiene derechos lingüísticos”, asevera Erkoreka, que argumenta que los entes públicos “tienen que estar habilitados y capacitados” para conocer las dos lenguas oficiales del País Vasco porque “están obligados a responder al derecho de los ciudadanos a ser atendidos tanto en castellano como en euskera”.

De este modo, si un ayuntamiento remite a otra Administración pública una comunicación exclusiva en euskera, esta “se la tiene que aceptar”, ya que “ahora hay un marco jurídico” que ampara al emisor. Con ello, sostiene el Gobierno vasco, se pretende cerrar la puerta a la vía judicial ante estas actuaciones, que con anterioridad habían dado lugar a pronunciamientos de los tribunales que obligaban a consistorios a relacionarse en modo bilingüe con otras instituciones vascas que se negaban a recibir y atender escritos formulados únicamente en euskera. A día de hoy, estos conflictos “se habían corregido en parte por la jurisprudencia, pero ahora la ley los resuelve”, según recalca Erkoreka. “Los documentos y copias enviadas a alguna Administración por un ayuntamiento que haya elegido relacionarse en euskera se deberán cursar en dicha lengua”, subraya.

Si un municipio remite a otra Administración una comunicación solo en euskera, esta "se lo tiene que aceptar" y no podrá exigir que sea en castellano

En esta línea, el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, destaca que el objetivo principal del nuevo decreto es impulsar el uso del euskera para que se convierta en lengua de trabajo interna y de servicio al ciudadano en el ámbito local. Con su aprobación, se impulsa la lengua vasca “en ámbitos hasta ahora poco frecuentes”. La regulación del uso oral y escrito del euskera afectará igualmente a todas las entidades locales, organismos y sociedades que dependan de los ayuntamientos y a las empresas contratadas o adjudicatarias que presten un servicio municipal. "Las entidades locales pueden y deben jugar un papel fundamental en la promoción del euskera", señala.

A nivel interno, la nueva regulación obliga a los ayuntamientos a “tomar decisiones tendentes hacia una progresiva y creciente” utilización de la lengua vasca. Así, el consistorio “podrá establecer el uso del euskera como lengua de trabajo en los puestos que tengan un perfil lingüístico obligatorio”. Además, tendrá facultad para exigir la lengua vasca en el tratamiento de los expedientes, en la puesta en marcha de procedimientos o en el inicio de las relaciones con el ciudadano. “Hay administraciones en las que el personal que acredita un perfil lingüístico elige la lengua en la que quiere trabajar, y ahora la Administración determinará qué idioma se debe utilizar. El trabajador está hablando en nombre de la Administración, y la Administración decide en qué lengua debe expresarse quien habla en su nombre”, defiende Erkoreka.

El ayuntamiento "podrá establecer el uso del euskera como lengua de trabajo en los puestos que tengan un perfil lingüístico obligatorio"

El decreto también impulsa la adaptación digital progresiva. La adaptación lingüística de cada ayuntamiento será "paulatina", si bien todos los consistorios vascos deberán adoptar las medidas que garanticen que su material de ofimática esté disponible en euskera. En concreto, tanto el 'sofware' como el 'hardware' que utilice el sector público local deberán estar disponibles en lengua vasca, al igual que las aplicaciones, las redes de internet e intranet, y la página web, que deberá estar redireccionada a la versión en euskera por “defecto”. Lo mismo pasa con los mensajes grabados en dispositivos automáticos, servicios de información telefónica, altavoces o megafonía, que “realizarán, en primer lugar, el mensaje en euskera”.

Este “nuevo tiempo” en el que cada entidad local decidirá “libre e individualmente” el idioma en el que trabajar internamente y relacionarse de forma pública hará que “no haya dos ayuntamientos iguales” en sus políticas lingüísticas, expone el portavoz del Gobierno vasco, que celebra que “se ha puesto fin a la etapa en la que todas las administraciones tenían una norma única y común para el uso de las lenguas oficiales con independencia del marco sociolingüístico en el que se movieran”.

En Navarra
El PSOE vota una moción en Navarra a favor de equipar a policías con etarras
El PSN-PSOE apoya una declaración de sus socios de Gobierno en la que insta a "avanzar en la reparación de todas las víctimas de motivación política"
Luz Sela okdiario 20 Noviembre 2019

El PSN-PSOE apoyó una propuesta de declaración institucional -presentada por sus socios en el Gobierno navarro: Geroa-Bai, Podemos, Izquierda-Ezkerra, además de Bildu– que insta a "avanzar en el derecho a la verdad, la justicia, el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas de motivación política". Una referencia velada que equipara a los etarras con las presuntas víctimas de abusos policiales. El PSOE ya respaldó en su día la conocida como Ley contra la Policía, que tiene por objeto promover el reconocimiento y reparación de las víctimas provocadas por funcionarios públicos, equiparándolos a las del terrorismo. En la propuesta en cuestión, los socialistas rechazaron sin embargo el punto en el que se manifiesta la "necesidad de desarrollar y aplicar con celeridad" dicha Ley.

El objeto principal de la propuesta de resolución era condenar los ataques al monolito en memoria de Mikel Arregi, concejal de Batasuna que murió hace 40 años por disparos de la Guardia Civil. "El Parlamento de Navarra considera necesario mantener vivo el recuerdo y la memoria de Mikel Arregi", se decía en otro de los puntos.

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó la propuesta con el voto a favor del PSN. Navarra Suma votó en contra del primer punto -sobre el recuerdo de Arregi- y del tercero, la reparación de todas las víctimas, aunque sí rechazó los ataques al monolito. El cuarto punto, relativo a la aplicación de la Ley foral contra la Policía fue rechazado por PP y PSN.

En el texto, Geroa-Bai, Podemos y Bildu rechazan la versión de la Guardia Civil, que alegó que Arregi, que viajaba en un vehículo con otros ocupantes, "se había saltado un control de tráfico". "Los ocupantes del coche no vieron ningún control, ni señalización, ni recibieron señal de alto alguno por parte de los autores de los disparos", defienden los socios de los socialistas.

Se añade que "a los pocos días del suceso, se formó una Comisión investigadora en la que familiares, compañeros de Mikel y varios testigos presenciales manifestaron que no existía ningún control en ese momento ni se estaban utilizando manguitos refractarios".

"Tras todo el proceso, llegó el juicio y se dio credibilidad a la versión de que no había ningún control cuando el vehículo en el que circulaba Mikel Arregi pasaba por el lugar de los hechos", se defiende. Pese a ello, el agente fue condenado, reprochan, por delito de "imprudencia simple", a dos meses de arresto. "Una sentencia que a los ojos de la mayoría social no se correspondió con la magnitud de los hechos", destacan en su propuesta.

La versión aportada por la Guardia Civil sobre aquellos hechos defendía que "los miembros del control observaron cómo se acercaba un turismo a apreciable velocidad que iba rebasando la señal, haciendo caso omiso de la misma. Al llegar a la quinta señal, un guardia civil sobre la calzada repitió la señal de detenerse con la mano, teniendo que retirarse precipitadamente para no ser arrollado, y, al percatarse de que dicho vehículo continuaba su marcha, efectuó dos ráfagas cortas de metralleta hacia las ruedas, disparando nuevamente sobre el repetido vehículo dos guardias civiles que se hallaban treinta metros más adelante, al observar, que aquél continuaba circulando". En el tiroteo falleció Arregi. El monolito en recuerdo del edil ha sufrido varios ataques, uno de ellos incluso con Goma 2.

Unidad didáctica sobre el terrorismo 'Herenegun!'
Urkullu blanquea al etarra Otegi en los institutos: «Apostó por las vías claramente democráticas»
La unidad escolar sobre la historia de ETA presenta a etarras como testimonios de autoridad. Una dirigente de Batasuna justifica que no se condenen los atentados
Luz Sela okdiario 20 Noviembre 2019

El renovado programa ‘Herenegun!’ (Anteayer), diseñado por el Gobierno de Iñigo Urkullu y que llevará a las aulas vascas la historia de ETA, mantiene las ambigüedades del material original, ampliamente criticado por asociaciones de víctimas y partidos de la oposición. En uno de los vídeos, por ejemplo, la narración blanquea a Arnaldo Otegi, de quien se dice: "Apostó por las vías claramente democráticas".

La unidad escolar se impartirá en varios centros a partir de la próxima primavera, de forma experimental, y está dirigida a alumnos de 4º de ESO y Bachillerato. El Ejecutivo vasco modificó parte del material tras las críticas, pero, como informó OKDIARIO, otorga de nuevo autoridad a etarras condenados o líderes de Batasuna, recogiendo sus testimonios sin cuestionarlos.

Entre esos testimonios está, por ejemplo, el de Carmen Guisasola, integrante de varios comandos de ETA y que salió de prisión en 2o14, tras pasar 24 años en la cárcel por varios asesinatos; el de dos acusados en el proceso de Burgos, Izko De la Iglesia y Xabier Larena; el de Hasier Arraiz, ex presidente de Sortu condenado a dos años de prisión e inhabilitación por delito de integración en grupo terrorista o el de Martin Auzmendi, miembro de ETA político-militar desde 1974 hasta 1976. Los escolares también escucharán a Patxi Zabaleta, uno de los líderes de Batasuna o a Julen Madariaga, fundador de la banda criminal y condenado por colaboración con la organización terrorista.

Al comienzo de cada uno de los cinco vídeos que componen el material audiovisual, la narración afirma que "nada justifica la violación de los derechos humanos" y que "nada legitima el recurso al asesinato", un relato que equipara a las víctimas de la banda terrorista y de presuntos abusos policiales. Idea que el Gobierno vasco plasmó también en una ley de "reparación" que prevé implantar en los próximos meses.

El Partido Popular del País Vasco criticó este martes que los etarras "son presentados como testimonios de autoridad al mismo nivel que las víctimas del terrorismo que aparecen en los videos, así como de dirigentes y ex dirigentes de la izquierda abertzale que no sólo no condenan el terrorismo, sino que defienden en los materiales didácticos del Gobierno vasco la conveniencia de no condenarlo".

Se justifica el origen de ETA
Así, en los vídeos aparece Patxi Zabaleta, fundador de Herri Batasuna, y a quien el Ejecutivo autonómico, denuncian los ‘populares’, presenta "como un referente social sensible de ser tenido en cuenta por las nuevas generaciones del País Vasco". En 2014, Zabaleta reclamó que ETA "tiene que seguir existiendo, aunque como un agente político y social más”. Y añadió: “Es más positivo que negativo que ETA siga existiendo”.

Julen Madariaga, fundador de la banda, justifica el nacimiento de la organización durante el franquismo porque "el PNV, en 1951, estaba sumido en el inmovilismo total".

En el material se hace también mención al mitin que Herri Batasuna, brazo político de ETA, celebró en Anoeta en febrero de 1996, destacando que se "apostaba por acumular fuerzas e intensificar la lucha en todos los frentes". La ponencia en cuestión, señalan los ‘populares’, defendía que el País Vasco estaba "policial-militarmente ocupado" y que era "legítimo que Euskal Herria defienda su soberanía" a través de la "socialización del sufrimiento".

Sin condenar atentados
Uno de los testimonios más reprochables es el de Jone Goirizelaia, dirigente de Batasuna, y que, preguntada sobre la ausencia de condena a los asesinatos de ETA, responde: "La izquierda abertzale lo que no ha hecho nunca es lo que el otro quiere que haga porque sí". La afirmación en ningún momento se cuestiona.

También se incluye el testimonio del ex miembro de ETA condenado, Hasier Arraiz, de quien se dice: le tocó "vivir la época de las ilegalizaciones de la izquierda abertzale".

"Es imprescindible que el programa Herenegun deslegitime no sólo las acciones violentas de ETA, sino también a quienes habiendo anunciado ETA su disolución no condenan el terrorismo o encuadran la actividad de ETA en una respuesta legítima contra la supuesta opresión del Estado", señalan desde el PP.

El partido ha reclamado que se excluyan los testimonios que no condenen el terrorismo y que se incluyan aquellos que "expongan la importancia de condenarlo "para prevenir la radicalización violenta, proceso por el cual un individuo llega a justificar la utilización de la violencia para lograr objetivos políticos".

Por parte del Gobierno vasco ha rechazado retirar la unidad escolar. El portavoz, Josu Erkoreka, considera que "deslegitima inequívocamente" el relato del terrorismo y alega que se han incorporado las peticiones de partidos y asociaciones.
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