AGLI Recortes de Prensa   Domingo 1  Diciembre  2019

Si lo de Cataluña es un "conflicto político", tenemos un conflicto con los políticos
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 1 Diciembre 2019

Lo que anuncian es algo peor que un acuerdo, que bien podría incumplirse; es un plan para actuar conjuntamente a fin de alcanzar los objetivos del fallido Golpe de 2017.

En vísperas de que el mayor embustero de la Historia de España se arrastre hasta Waterloo para mendigar el apoyo del forajido Puigdemont y su valido Torra, el mismo al que en otra de sus piruetas llamó "el Le Pen catalán", el PSC (PSOE) y ERC, las dos "izquierdas históricas", como acertadamente, aunque por error, claro, las ha hermanado Calvo, han dicho por escrito que lo de Cataluña es un "conflicto político". Si a un Golpe de Estado, a la rebelión del Parlamento catalán contra el Constitucional, a la persecución de los catalanes no separatistas y a la toma violenta de calles, autopistas y hasta del Prat, se le llama, como los terroristas urbanos, "un conflicto político", el conflicto lo tenemos los españoles con un Gobierno y unos partidos que asumen el discurso golpista. Y, en menor medida, con los que esperan en la Oposición que la situación empeore y heredar lo que vaya a quedar tras esta peste: una nación semimuerta y un Estado agusanado.

Pero cuando Barcelona y casi todas las ciudades y pueblos catalanes ardían impunemente, porque el Gobierno Fráudez ordenaba replegarse a la Guardia Civil y no ayudar a la Policía, el ministro del Interior, Faisando Marlaska dijo que lo de Cataluña era sólo "un problema de orden público". Vamos, que no hacía falta activar, como hubiera hecho un Gobierno digno de ese nombre, la Ley de Seguridad Nacional y todos los mecanismos que la Constitución prevé para que millones de ciudadanos no queden inermes ante los terroristas callejeros e institucionales, ante esos CDR de la famiglia Torra, el de la Generalidad y los matones que cortaban la autopista A-47.

Sánchez, a la cabeza del Golpe
¿Qué ha pasado para que "un mero problema de orden público", o "de convivencia entre catalanes", se convierta en "un conflicto político"? Que un presidente en funciones de enterrador nacional necesita el voto del partido que intentó en 2017 un golpe de Estado, que siendo legal y que dice que volverá a intentarlo, vote su investidura. Cuando el PSC y el PSOE, que no fueron juntos a las elecciones pero donde manda el PSC, dice que hay que "encauzar el conflicto político en Cataluña desde el diálogo y el entendimiento institucional", y responde ERC, que "ambas partes han establecido un punto de partida común al constatar la necesidad de abordar políticamente un conflicto que es, esencialmente, de naturaleza política", está claro que PSC-PSOE y ERC asumen juntos el golpe del 1-O que ha condenado el Supremo. Es decir, que se sitúan fuera de la legalidad. Y esto plantea un grave problema a la ciudadanía: ¿Puede considerar sus legítimos representantes a quienes niegan la legitimidad del Estado, del régimen legal, y de la unidad nacional, que es la base de la Constitución?

No se trata de creer sus promesas de mantenerse dentro del orden constitucional (todo lo que diga Pedro Sánchez será indudablemente falso) sino de la acción conjunta de un partido liberticida, ERC, y otro, PSOE, que pretende comprar el Gobierno renunciando a su legitimidad nacional. Lo que anuncian es algo peor que un acuerdo, que bien podría incumplirse; es un plan para actuar conjuntamente a fin de alcanzar los objetivos del fallido Golpe de 2017. Y siendo uno de los firmantes de esos comunicados paralelos el que piensa asumir la Presidencia del Gobierno de España, eso significa que el presidente del Gobierno de España se pone a la cabeza del Golpe de Estado, a medias fallido, para rematar el régimen constitucional.

Nace el FGJ: Frente Golpista Judicial
Dado que ni el Ejército, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional son proclives a respaldar con las armas la liquidación del Estado Español para convertirlo en un batiburrillo vagamente confederal de 17 repúblicas, los partidos golpistas, que son todos menos PP, Cs y Vox, los tres mudos, el poder fáctico para cumplir el pacto que investirá a Sánchez y desvestirá a España son los jueces, para ser precisos, los politijueces del Constitucional, el Supremo y el CGPJ, nacidos del asesinato de Montesquieu: la LOPJ/85. No es casualidad que Xiol, mano derecha de Ledesma, el ministro que la alumbró, sea el que ha liquidado la sagrada unanimidad de los jueces de derechas, y, además, en defensa del golpista Junqueras, socio de Sánchez.

Y no es casualidad, que una secta progre disfrazada de asociación de jueces, la izquierdista Jueces para la Democracia, haya saludado el Abrazo de la Vergüenza de Sánchez e Iglesias. Es decir, que, renegando de la Ley, se haya puesto a las órdenes del Gobierno del Frente Popular Separatista antes de darlas. Los movimientos de Pumpido y Xiol, disfrazados de afán de ascender o percibidos así en las togas y puñetas, desacreditadísimas tras las sentencias del Supremo contra la familia Franco y en favor del Golpe, adelantan lo que se nos viene encima, sin que, en el PP, que ha sido y sigue siendo el único componedor posible de mayorías con el PSOE para proveer los puestos en los altos tribunales, parezcan enterarse de lo que se pretende.

Y no puede estar más claro: deshacer el camino de la Transición. En vez de ir "de la Ley a la Ley", como diseñó Torcuato Fernández Miranda para traer la democracia y que los españoles vivieran dentro de un régimen constitucional que enterrara los restos de la Guerra Civil, el Frente Popular Separatista, con el Frente Judicial Golpista como mamporrero del Golpe, irá "de la Ley contra la Ley", liquidando la democracia, la Constitución del 78 y abriendo el camino a la balcanización del Estado y la ruina de España.

Los diputados de las Cortes Constituyentes contra el Golpe
Si estará claro que lo que busca esta mayoría escuálida de partidos y bandas, cuya fuerza radica en los medios audiovisuales, es liquidar el régimen constitucional, que más de cincuenta diputados, de todos los partidos que formaron parte en 1977 de las Cortes Constituyentes, han publicado un manifiesto que, más que voz de alarma, es un grito de dolor. Desde AP y UCD al PSOE y el PCE han pedido encarecidamente al PSOE que no pacte con ERC un Gobierno que sería rehén de los enemigos de lo que tan milagrosamente consiguió España en 1977 y refrendó en 1978: pasar de una dictadura a una democracia sin tiros, venganzas ni rencores.

Si viendo a Guerra, Múgica, Redondo o Virgilio Zapatero, entre otros socialistas históricos, firmar junto a los diputados de la derecha de entonces, muchos venidos del franquismo, que no se le ocurra vender a la nación y al Estado a cambio del Poder, Sánchez, sus barones y la baronesa de los ERE no son capaces de avergonzarse de la infamia que pretenden es porque no tienen vergüenza. Ni perdón de Dios, diría, si la Iglesia no fuera parte de esta demolición nacional que ha contado con su total y miserable beneplácito.

Escrache a VOX: Pedro Sánchez quiere gobernar ahora contra media España
Antonio Martín Beaumont esdiario 1 Diciembre 2019

El líder del PSOE busca un veto total a un partido constitucional mientras pacta con Rufián o con Otegi: el símbolo de cómo piensa gobernar si logra la investidura.

“Dos que duermen en el mismo colchón se hacen de la misma condición”. Los escraches y la “alerta antifascista”, marca de la casa de Pablo Iglesias, parecen ahora asumibles para Pedro Sánchez. Tanto, que el socialismo está dispuesto a llevar tan antidemocrática práctica al Congreso.

Las víctimas, lo presente como lo presente la coalición en ciernes, son los millones de españoles votantes de Vox.

Pocas horas faltan para que la XIV Legislatura abra con una escena que vaticina lo que quiere ser el nuevo mandato de Sánchez: un Gobierno contra media España. La constitución de las Cortes Generales quedará marcada por el “cordón sanitario” que la izquierda intentará imponer contra el partido de Santiago Abascal.

Borrar a 3.5 millones
PSOE y Podemos, con la complicidad de ERC y PNV, pretenden expulsar de la Mesa del Congreso a la tercera fuerza política. Borrarla del mapa sin contemplaciones: 3,5 millones de españoles no importan.

Tampoco importa el hecho de que Unidas Podemos obtuviese poco más de 3 y el partido de Gabriel Rufián 870.000: no todos los votantes merecen el mismo respeto. La “alarma democrática” en la que vivimos exige medidas draconianas. El credo sanchista, de obligado cumplimiento, reza: “Renuncio a Vox, a sus seducciones, a sus pompas y a sus obras”.
Pedro Sánchez traga y calla: así será la capitulación del PSOE ante ERC

En el laboratorio esquizofrénico por el que se mueve Sánchez, todo muta hasta parecer lo contrario. Nuestro gran riesgo es el partido verde... y, sin embargo, es legítimo que un expresidente como Zapatero blanquee a un terrorista como Otegi.

O que la presidenta socialista de Navarra pacte sus presupuestos con los herederos de los asesinos de muchos de sus antiguos compañeros de partido. Por no hablar, claro, de lo edificante que resulta ver al líder del PSOE negociar su investidura con Junqueras, que está en la cárcel por intentar acabar con España.

Independentismo en Cataluña
El PSOE violó la ley para no reclamar los 680 millones de euros robados en los ERE
Carlos Cuesta okdiario 1 Diciembre 2019

Un informe jurídico remitido por los abogados del Partido Popular a la "Ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla" alertó de un punto mas que delicado en el caso más grave de corrupción política de la historia de la democracia española: los ERE.

Concretamente, alertó de que la no reclamación a tiempo por la Junta de Andalucía del dinero robado en la trama de los ERE era una absoluta ilegalidad por ser contrario a los intereses de los andaluces. En aquel momento, era pronto para juzgar el ejercicio de esas acciones civiles porque aún había tiempo hasta el cierre del juicio.

Ahora ya no porque está claro, y así lo ha dictado la justicia, que una veintena de cargos socialistas liderados por dos presidentes andaluces y de todo el PSOE fueron culpables. Y no sólo eso, además, alertó de que los equipos jurídicos del PSOE eludieron su obligación de reclamar el dinero para blindar a su gente.

Hoy, por lo tanto, el informe jurídico al que ha tenido acceso OKDIARIO cobra más importancia que nunca porque la no reclamación del dinero robado violó la ley y la orden de no reclamarlo, además, provino de los mandos socialistas. El documento del equipo jurídico del PP tiene fecha de 6 de febrero de 2018 y señala por parte de “Don José Tristán Jiménez, Procurador de los Tribunales, en nombre del Partido Popular de Andalucía” que en esa fecha no han podido tener “acceso a las Piezas de Responsabilidad civil incoadas por el Juzgado de Instrucción Número 6, a pesar de haberlo solicitado mediante escrito de 25 de febrero de 2017 (…) y ante la imposibilidad, al no haberse admitido por la Sala la testifical propuesta, de interrogar a Doña Susana Díaz Pacheco, ex consejera de Presidencia y actual presidenta de la Junta de Andalucía, sobre la actuación de los Letrados de la Junta de Andalucía en el presente procedimiento, especialmente sobre la supuesta reserva de acciones civiles es delito, por medio del presente escrito, no habiéndose resuelto aún las cuestiones previas planteadas al inicio del Juicio Oral”.

Y que, por todo ello, señalan, además, que el “derecho de esta parte interesa se nos tenga por desistido de nuestra solicitud de tener por no puesta la exigencia de Responsabilidad civil para los acusados ejercitada en nuestro escrito de acusación a fin de ejercer con todas sus consecuencias la acción civil derivada de los delitos que son objeto de la acusación en defensa de los derechos de la Hacienda Pública andaluza y de los andaluces en general”.

La indicación subraya el hecho de que los equipos jurídicos del PSOE, personados igualmente como supuesta acusación, no están reclamando civilmente el dinero robado en los ERE. Un importe que ahora se conoce y alcanza, al menos por el momento, los 680 millones de euros.

Acto seguido recalca que la actitud de “los Letrados de la Junta de Andalucía reservándose expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente”, en todo caso, “es contrario a la doctrina del Tribunal Supremo que precisa que la renuncia de derechos tiene que ser personal, clara, inequívoca, sin condición alguna con expresión concluyente de su voluntad terminante, lo que en el caso de la Administración Pública se ha de verificar mediante un acto administrativo expreso y motivado dictado por el órgano competente en la materia, que no consta en las actuaciones”.

Los equipos jurídicos del PP, además, alertaron en ese informe de que “no nos consta ningún acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, como órgano competente para acordar el ejercicio de acciones judiciales (art. 42 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía), ordenando al Gabinete Jurídico la reserva de acciones civiles en el presente procedimiento al respecto”.

Alerta también de que tampoco “consta al respecto ningún Decreto de Presidencia de la Junta de Andalucía, como representante suprema de la Junta de Andalucía (art. 117 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y art. 2 de la Ley 6/2006 del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía)”. Y que “tampoco consta que se haya acordado por delegación por algún Consejero, en virtud de la Disposición Adicional Primera del Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía y, menos aún de la Consejera de Hacienda que sería la competente para la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad, de conformidad con el art. 44 del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía”.

Hay que recordar, además, que la entonces consejera de Hacienda es la hoy ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, y por todo ello, la decisión de no reclamar el dinero robado de los ERE –680 millones– no sólo pasaba a ser inmoral, sino directamente ilegal.

Éste es el terrorífico panorama que le espera a Sánchez por "ocultar" los EREs
Javier Rodríguez ESdiario 1 Diciembre 2019

El líder socialista ha tratado de esconder el bulto tras la brutal condena por los EREs. Pero no lo va a lograr. Una batería de medidas le aguardan a la vuelta de la esquina.

Dos semanasde silencio de Pedro Sánchez, con el espinoso acuerdo con ERC sobre la mesa y el reparto con Podemos de cargos en el Gobierno sin una mera mención pública por su parte. Y un tercer asunto, al que el PSOE intenta adormecer por todos los medios consciente del daño que le puede hacer en cualquier momento.

Y es que huele a gato encerrado con los EREs. O al menos eso cree el PP en varios puntos, pero especialmente en uno muy concreto: ¿Por qué se retrasó la difusión de la escandalosa sentencia a después del 10N si el fallo estaba redactado antes?

La pregunta es un runrún constante desde hace días, cuando se dio a conocer el monumental mandoble al PSOE, pero la reacción llega ahora en dos frentes: uno en Madrid judicial y político y otro institucional en Andalucía, donde el Gobierno sigue empeñado en poner toda la luz a este caso de corrupción, tal y como confirman fuentes de San Telmo a ESdiario.

"Han sido muchos años peleando contra los elementos, muy solos y con toda la Junta entorpeciendo todo, pero hemos lanzado decenas de causas judiciales para intentar saberlo todo y ahora los ciudadanos se merecen la verdad completa", explican.

La ofensiva, desde Génova, va a ser notable: en cuanto se constituyan las Cámaras, dentro de unos días, se hará comparecer a Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre un escándalo que pone en cuarentena a todo el PSOE desde hace lustros: desde Andalucía ha llegado el 20% del total del voto socialista en toda España, y si allí hubo dopaje, benefició al conjunto del partido.

Lo amplían a este periódico fuentes del PP andaluz, absolutamente convencidas de que lo que ha hecho durante años el PSOE en su tierra roza el "fraude electoral": no deja de ser una "financiación" ilegal de los socialistas andaluces, de la que Susana Díaz también se ha beneficiado. "Tiene que dimitir", recalcan.

Pero hay algo más. Esa pregunta sobre el retraso en la que subyace otra: ¿Qué hubiera pasado en las Elecciones Generales si Sánchez se hubiese presentado con la condena a Chaves y Griñán entre tantos otros cargos socialistas? En las filas populares no creen que fuera una casualidad y, para aclararlo, harán algo con pocos precedentes, por no decir ninguno.

Preguntar de manera formal al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de dirección de los jueces, clave para incluir en algunas de sus decisiones matices como, por ejemplo, el calendario de emisión de algunas sentencias importantes.

El anuncio ya lo sugirió este fin de semana el secretario general del PP, Teodoro García Egea, pero es Pablo Casado en persona quien ha dado instrucciones a todo el partido de que apriete sin descanso en este asunto. La sentencia le pilló a él en Zagreb, en una reunión de los populares europeos, lo que pudo contribuir a una respuesta inicial menos dura de lo esperado.

Mera sensación. Por dentro, el PP está encorajinado y ve en los EREs la oportunidad de hacer "justicia poética": "Al Gobierno de Rajoy le desalojaron por una sentencia de un caso local de 2003. Los EREs afectan a todo el PSOE", explican fuentes populares a este periódico.

Un centenar de pruebas
Y lo mismo en Andalucía, donde los populares acumulan más de un centenar de pruebas, indicios y certezas de hasta qué punto el régimen clientelar del PSOE andaluz se sustentó en los EREs: "Es una trama que excede de ahí y lo ha empapado todo", explican, hasta el punto de sospechar que de ahí salió dinero incluso para "alimentar" a formaciones ultraderechistas que minaran el voto a los populares.

"Económicamente los EREs son dos veces el caso Malaya y quince el Pretoria", resumen fuentes del Gobierno andaluz. "Pero políticamente es mucho más. Es un gran fraude sí, pero también y ante todo un gran trama", concluyen.

De momento a Sánchez le ha librado la extraña demora judicial y el respaldo mediático que le acompaña. Pero la historia no ha terminado. Con el Congreso a pleno rendimiento y la Junta de Andalucía volcada en la transparencia, pensar que ha logrado su objetivo de difuminar el escándalo es un exceso. Y en fechas venideras, tal vez, comenzará él mismo a comprobarlo.

Un grupo de jueces destroza al PSOE por sus presiones a la jueza de los EREs
ESdiario 25 Noviembre 2019

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial destaca el "éxito" de Mercedes Alaya y critican el "inaceptable" trato que recibió durante el proceso de instrucción del caso de corrupción

La labor de la jueza Mercedes Alaya, la primera que se atrevió a investigar los casos de corrupción del PSOE andaluz y que se colocó al frente de la instrucción del caso de los EREs, fue torpedeada desde todos los frentes. Le supuso difamaciones, escraches, insultos y presiones, algo que ha vuelto a poner de manifiesto la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, destacando el "éxito de la magistrada" y destrozando al socialismo.

De hecho, la plataforma ha emitido un comunicado en el que considera "inaceptables las presiones a las que fue sometida la magistrada Mercedes Alaya, instructora del caso". Además, ha destacado que "más allá de la legítima discrepancia jurídica, fue víctima de una campaña de difamación pública en la que se puso en duda su honradez profesional, capacidad intelectual e incluso la respetabilidad de su vida privada. Hasta su aspecto físico fue objeto de comentarios improcedentes, no solo por su impertinencia, sino por su descarado sesgo machista".

Sin embargo, y a pesar de tener todo en su contra, "perseveró. Y su dedicación ha sido culminada con el reconocimiento jurídico que merecía, al ser condenados la mayoría de los procesados; y verse refrendada por el tribunal superior la pulcritud técnico-legal de su labor investigadora".

Además, han reconocido la gran labor de Alaya, puesto que "no deja de sorprender ante la complejidad de las actuaciones: autos de miles de folios y cientos de declaraciones instruidas con unos medios claramente insuficientes. Tan ingente tarea, susceptible de abrumar al más preparado de los profesionales por su elefantiásica magnitud, fue completada con "esfuerzo y diligencia", según resalta el órgano sentenciador".

Presiones y "hostigamiento sistemático"
Por ello, una vez se ha pronunciado la sentencia la plataforma ha analizado todo lo ocurrido durante este tiempo y considera que " nuestra justicia carece de recursos materiales suficientes para acometer una lucha eficaz contra la corrupción política. Y que son los propios jueces los que, comprometiendo su vida profesional y personal así como su salud laboral, deben suplir tales deficiencias merced a un esfuerzo sobrehumano".

Además, insisten en que "cada vez que resultan judicialmente encausadas las altas oligarquías políticas y económicas se desata un hostigamiento sistemático para presionar a los jueces instructores que se atreven a llevar las indagaciones hasta sus últimas consecuencias". Por ello, concluyen que "la investigación criminal, según viene defendiendo la Plataforma, debe ser irrenunciablemente independiente, imparcial e inamovible".

La bilateralidad dinamita España
Editorial larazon 1 Diciembre 2019

La pretensión de los nacionalistas catalanes de que se admita una relación bilateral, es decir, en plano de igualdad, entre las instituciones del Estado y Cataluña, que es una de las exigencias que ha planteado ERC para facilitar la investidura del candidato socialista, no sólo supone un agravio a la soberanía nacional y a la igualdad de todos los españoles, sino que puede dinamitar nuestro modelo autonómico, puesto que es dudoso que el resto de las comunidades acepte de buen grado un trato de privilegio que, como demuestra la experiencia, siempre conlleva un peor reparto fiscal para quienes residen en aquellas regiones que no ponen en duda el marco constitucional.

Y si queremos resaltar, al referirnos a la discriminación, que hablamos de «residentes» y no de territorios, es porque son los ciudadanos, en función de sus ingresos y no del lugar donde viven, quienes pagan los impuestos, por más que la estrategia nacionalista haya conseguido imponer la falsa figura de las balanzas fiscales. Una idea por demás nefasta, por cuanto al avalar esas supuestas transferencias de renta territoriales favorece la extensión del cantonalismo, a caballo de un sistema electoral que premia la agrupación del voto en las circunscripciones provinciales.

Si Teruel ya existe en el Parlamento, con un diputado que puede ser determinante a la hora de conformar un Gobierno, a nadie le puede extrañar que se replique el fenómeno en otras provincias que se consideran marginadas por los poderes públicos. En una Cámara menos fraccionada que la española, el cantonalismo no pasaría de ser una anécdota o el destello efímero de un determinado personalismo, como ha sido la norma en las primeras décadas de una democracia marcada por el bipartidismo. Pero en el Parlamento actual, se antoja irresistible el señuelo de unos partidos de implantación meramente local, pero capaces de negociar sus apoyos a cambio de un mejor trato en los Presupuestos.

A nadie se le escapa que, a medio plazo, la consecuencia de la diabólica combinación de los nacionalismos centrífugos y el cantonalismo, cuando se dan en un Parlamento sin mayorías nacionales claras, puede ser la dinamitación del Estado de la autonomías, tal y como lo establece la norma constitucional. Porque, además, la estrategia nacionalista opera sobre un cuerpo electoral que viene conformándose desde hace ya demasiados años en la interiorización del agravio comparativo, labor en la que también tiene su parte de responsabilidad el Partido Socialista y sus apelaciones a supuestas «deudas históricas» del Estado con las comunidades en las que ha gobernado, como Andalucía.

De ahí que no preocupen tanto las demandas «imposibles» que pueda poner ERC sobre la mesa de negociación con el PSOE, como la amnistía para los golpistas catalanes o el reconocimiento, siquiera parcial, del derecho de autodeterminación, como la profundización en el concepto de la bilateralidad, inherente a la concesión de un nuevo estatus diferenciador para el Principado. Como hoy publica LA RAZÓN, el trato de favor en el reparto competencial o de financiación sería muy mal recibido por el resto de las comunidades, ya estén gobernadas por el PSOE o por el PP, que actuarían en consecuencia, hasta el punto de que es dudoso que los barones regionales socialistas antepusieran su lealtad al secretario general del Partido, Pedro Sánchez, por encima de los intereses de sus electores. Son muchas las voces que se alzan desde las viejas filas socialistas advirtiendo contra los riesgos de fractura institucional que conlleva un acuerdo de investidura con los separatista de ERC y que piden un cambio de estrategia al presidente del Gobierno en funciones. Ahora, hace falta que el candidato modere sus prisas y reflexione.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

España no es país para estafermos
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli 1 Diciembre 2019

Más de media España contempla entre sobrecogida e indignada cómo se fragua lenta, pero inexorablemente, un pacto nefando que pone en peligro todo lo trabajosamente construido a lo largo de los últimos cuarenta años, una sociedad moderna, un país plenamente integrado en Occidente, una economía dinámica y fuertemente exportadora, una amplia clase media amortiguadora de desigualdades, una magnífica red de infraestructuras, una democracia constitucional que, con sus indudables defectos, garantiza igualdad de derechos y libertades a todos los ciudadanos y, en definitiva, un marco institucional y legal que proporciona seguridad, previsibilidad, orden y paz civil.

Una terrible conjunción de sucesivas desgracias ha ido deteriorando la obra de la Transición a lo largo de décadas en manos de políticos venales, cortoplacistas, soberbios, fanáticos, ignorantes, partidistas y revanchistas hasta culminar en el desastre actual, con la Nación en trance de ser arruinada y despedazada por una coyunda siniestra de comunistas dogmáticos, separatistas golpistas y socialistas desnortados. Aunque sin duda es esencial preguntarse cómo hemos caído tan bajo -algunos llevamos tiempo haciendo el diagnóstico sobre las grietas del sistema del 78 sin ser escuchados y las consecuencias están a la vista-, en estos momentos, más que análisis retrospectivos, es urgente actuar con medidas de emergencia.

Es posible que Pedro Sánchez alcance un acuerdo con Esquerra para asegurar su abstención en la segunda votación de investidura o que dicho enjuague no cuaje. Si las exigencias de los republicanos, embriagados de su poder, rebasan lo razonable, incluso un desaprensivo del calibre del Presidente en funciones, se verá impedido de ceder. Si, en cambio, sucede lo que apunta como probable y es que vistan el muñeco diabólico con hábiles encajes de disimulo, padeceremos un Gobierno comunista-socialista bajo el control remoto de los secesionistas, la peor pesadilla imaginable, tan espantosa que hasta hace muy poco quitaba el sueño al que pugna ahora por ser su principal beneficiario.

En este contexto sombrío, ¿qué deben hacer las fuerzas constitucionalistas, los tres partidos de ámbito nacional inequívocamente comprometidos con la monarquía parlamentaria, la preservación de la integridad territorial de la Nación, la sociedad abierta y la vigente Ley Fundamental? De entrada, lo que no deben hacer es permanecer impasibles a la espera fatalista de lo que el hado cruel nos depare. Y, por supuesto, el protagonismo de esta etapa convulsa recae sobre la más votada entre ellas, el Partido Popular.

En su cúpula existen opiniones encontradas, unos aconsejan al líder no precipitarse y aguardar al desenlace de las conversaciones de Sánchez con las huestes del Mal y a las próximas elecciones que, según su visión, no tardarán, dada la obvia inviabilidad del monstruo en gestación y otros le animan a salir a la palestra y anunciar a los españoles que el PP está dispuesto a considerar un Gobierno de salvación constitucionalista ante la gravísima amenaza existencial que gravita sobre su solar común.

Teniendo en cuenta que entre los primeros se encuentra la figura clarividente que afirmó en televisión en programa de multitudinaria audiencia que “el Estado de las Autonomías es lo mejor que nos ha pasado” y entre los segundos destaca la aguerrida e inteligente Portavoz que ha salvado con su coraje y contundencia argumental al PP de desaparecer en Cataluña, no parece que Casado deba abrigar demasiadas dudas sobre a quién escuchar.

Opacidad y chalaneo
La Historia es maestra de la vida y el joven y voluntarioso cabeza de filas del PP debería repasar la larga lista de errores garrafales de sus predecesores, desde el cambio estratégico nefasto de estrategia en Cataluña en 1996 hasta la tarde alcohólica que entregó La Moncloa a un saltatapias, pasando por la irreflexiva atribución a ETA del atentado del 11-M, el desperdicio lamentable de la mayoría absoluta de 2011, la invitación a liberales y conservadores a marcharse de una organización liberal-conservadora y la pasividad dolosa trufada de patéticas “operaciones diálogo” mientras se fraguaba el golpe pagado por la Hacienda del Estado, por citar sólo unas cuantas pifias monumentales. Si algo queda claro de este itinerario nada glorioso es que la adhesión a la verdad, la valentía, la defensa de los principios y la capacidad de tomar la iniciativa sin caer en la irreflexión, son preferibles a la opacidad, la pusilanimidad, el chalaneo y la parálisis.

Ha quedado sobradamente demostrado que España no es país para estafermos y si Pablo Casado atiende a las voces adormecedoras que le invitan a la inacción en lugar de ser receptivo a las que le estimulan a arrancar con el balón en los pies, no estaría de más que se mirara en el espejo del derrumbado Albert Rivera que, por permanecer sordo a los que le instaban a mover pieza, se halla definitivamente fuera del tablero. Ese es el destino de los que le aguardan sentados, ser reducidos a pavesas por su ardiente e implacable viento.

Éxitos de Sánchez
Pensándolo un poco, a lo mejor va y resulta que no ha hecho nada
Luis Ventoso ABC 1 Diciembre 2019

Todos tendemos a considerarnos mejores de lo que somos. Y si tienes el ego pasado de revoluciones, el fenómeno se exacerba y puedes creerte Bob Dylan con el talento del DJ Paquirrín Rivera. A la hora de evaluar la gestión de Sánchez existen dos visiones. Una es la que tienen él, Bego y Adriana Lastra. La otra, la del resto del planeta. Sánchez se contempla en el espejo y ve a un providencial presidente progresista, que ha traído por fin la democracia a España desenterrando y volviendo a enterrar los huesos de Franco. Un mandatario que ha «recuperado derechos», ha subido las pensiones y el salario mínimo, ha atracado al Aquarius en Valencia y ha reabierto el «imprescindible diálogo» en Cataluña. Además es súper verde, súper feminista y súper apolíneo y gana todas las elecciones con victorias «históricas» (que lo hacen histórico rehén de comunistas y separatistas). Es el bastión que frena a «la ultraderecha» -que nunca ha tenido tantos votos como con él- y que sale a trotar con glamur atlético (mientras que el apolillado Mariano no pasaba de una marcheta tipo Imserso activo en Marina d’Or). Por último, ha regenerado la vida pública, acabando con la corrupción endémica del facineroso PP.

La otra forma de ver sus 18 meses es un pelín más pesimista. Sánchez, que desalojó a Rajoy por los chanchullos de dos alcaldes, ha perdido el habla desde la sentencia de los ERE y no ha dado acuse de recibo ante el hecho probado de que el PSOE guindó casi 700 millones de los parados. El regenerador incurrió en plagio en su tesis, y una vez destapado por ABC, trucó un test para intentar exculparse, según denunció la empresa alemana dueña del programa informático. Ha asaltado con descaro TVE y el CIS y mantiene a ministros con deslices que antaño consideraba de dimisión incendiaria.

En Cataluña, el diálogo va viento en popa: en octubre de 2017 hubo un levantamiento sedicioso y ahora estamos a las puertas de otro, con un Parlament que ya se toma a chufla las decisiones del TC y un presidente de la Generalitat que corta personalmente autopistas. Con Sánchez se han alcanzado niveles desconocidos de violencia callejera. Ha logrado aumentar el desorden en Cataluña y que suba el envite separatista en el País Vasco.

En economía, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos e iniciaremos 2020 con los de Montoro, El Cid de la contabilidad pública, que sigue ganando batallas después de muerto. Con la subida del salario mínimo y su desdén hacia bancos y empresas, Sánchez ya está aumentando el paro. Con su populismo con las pensiones va camino de arruinar el sistema si no acomete reformas, según le advierten la OCDE, el Banco de España y la UE. En inmigración, se puso estupendo al llegar, provocó un efecto llamada... y ha acabado plagiando la política posibilista del viejo Mariano. En política exterior, manda al Rey a Cuba a cumplimentar a la dictadura y encabrona a Estados Unidos con desaires chuletas, provocando que nos suban los aranceles. Por último, el valor de su palabra es calderilla, o menos (véase el pacto con Podemos y la negociación con ERC). Pronóstico: va a hacer bueno a Zapatero.

Las 12 ocasiones en las que ERC ha humillado al PSOE
La difícil relación de PSOE y ERC parece seguir una pauta inquietante: ninguna de las traiciones de los republicanos parece haber roto la confianza de los socialistas en ellos.
Cristian Campos elespanol 1 Diciembre 2019

1. El salivazo a Josep Borrell
Pocas cosas cuestan más que perdonar a quien humillaste en el pasado. Y quizá sea por ello por lo que el pasado 21 de noviembre Gabriel Rufián llamó a Josep Borrell "el ministro más indigno de la historia de la democracia española". Rufián, en fin, sigue sin perdonarle a Borrell haber recibido un salivazo del diputado republicano Josep Salvador el 21 de noviembre de 2018 en el Congreso de los Diputados.

ERC negó aquel día el escupitajo, Borrell se reafirmó en su acusación, y para la historia quedó el primer salivazo a un ministro de la historia del Parlamento español. Algunos habríamos apostado a que ese hito sería protagonizado por algún diputado de Podemos o de Bildu y que la víctima sería más bien algún ministro del PP o de Ciudadanos. Pero los protagonistas fueron PSOE y ERC, ahora negociadores de un pacto "de progreso" para la investidura de Pedro Sánchez. ¿Por qué no llamarlo el pacto de los chubasqueros, en honor al llamativo incidente?

2. ¿Prisa? ¿Quién tiene prisa?
Nada le corre más prisa ahora mismo a Pedro Sánchez que cerrar un pacto con ERC y ser investido presidente antes de las fiestas de Navidad. Una urgencia que ERC no comparte y que se sacude de los hombros con nada disimulado desdén. "Durante la reunión nos explicaron que ellos trabajan con un calendario más acelerado y nosotros les dijimos que no tenemos ninguna prisa, que esto no va de días" respondió la republicana Marta Vilalta cuando fue preguntada el pasado viernes por las urgencias del PSOE. "No nos importa el calendario" añadió luego.

Las prisas del PSOE tienen una explicación obvia. Cuanto más tarde Oriol Junqueras en concederle a Sánchez su aprobación, más arreciarán las dudas y las presiones internas y externas en contra del pacto del PSOE con la extrema izquierda y el nacionalismo. Y la parsimonia de ERC obedece a esa evidencia. Cuanto más tarden los republicanos en darle su 'sí' al PSOE, más concesiones esperan obtener a cambio.

3. ERC veta al PSC en el Ayuntamiento barcelonés
Tras la primera victoria electoral de Ada Colau en las elecciones municipales de 2016, el PSC arrancó de inmediato a fantasear con su fórmula de Gobierno preferida tanto para Barcelona y Cataluña como para España: un tripartito de PSC/PSOE, Podemos y ERC. Pero ERC se encargó de aguar cualquier expectativa que los socialistas catalanes pudieran albergar al respecto vetando al PSC y obligando a Colau a un difícil gobierno en solitario y con apoyos variables que destrozó la ciudad y elevó las tasas de criminalidad hasta niveles difícilmente vistos en cualquier otra ciudad europea.

4. ¿Iceta presidente del Senado? Por encima de ERC
Era costumbre habitual en el escenario político español que los partidos no pusieran excesivos problemas a las propuestas de designación de los senadores de otros partidos. Hasta que ERC decidió romper esa costumbre no escrita y vetar la designación de Miquel Iceta como senador sustituto de José Montilla, paso previo a su nombramiento como presidente del Senado. ERC votó 'no' con la excusa de que el PSOE había vendido la piel del oso antes de cazarlo –anunciando el nombramiento de Iceta antes siquiera de consultarlo con el resto de los grupos– y el líder del partido socialista catalán se quedó sin su deseada presidencia del Senado.

La humillación no ha impedido, sin embargo, que el PSC defienda con entusiasmo un pacto del PSOE con ERC. Pacto que, a su vez, tendría su contrapartida en el apoyo del PSOE a un futuro gobierno autonómico tripartito de ERC, PSC y Podemos en Cataluña.

5. ¿Quieres nuestros votos? Háblalo con el arquitecto del golpe
Que a nadie le quepa la más mínima duda de que, de haber podido, ERC habría obligado al PSOE a aceptar la presencia de Oriol Junqueras en el equipo republicano que negocia con los socialistas la investidura de Pedro Sánchez. Y que a nadie le quepa la más mínima duda de que, si eso hubiera ocurrido, el PSOE habría aceptado la imposición de ERC.

A falta de Junqueras, bueno ha sido Josep Maria Jové, exnúmero dos de Junqueras imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su responsabilidad en la organización del referéndum ilegal del 1-O y considerado como el arquitecto de ese procés por el que el líder del partido republicano ha sido condenado a trece años de prisión por el Tribunal Supremo. La simple presencia de Jové en la mesa de negociación es demoledora para el PSOE, que ahora está obligado a negociar con uno de los principales responsables de lo que, sentencia del procés en mano, no ha sido otra cosa que un golpe contra la democracia española.

6. La Moleskine no se negocia
Que Josep Maria Jové apareciera en la reunión con el PSOE del pasado jueves con una agenda Moleskine similar a aquella en la que él mismo anotó todos los detalles relativos a la organización del referéndum del 1-O y la posterior declaración de independencia –es decir la hoja de ruta del procés– no fue una simple burla de ERC, sino un detalle bastante más significativo de lo que parece a simple vista. Porque lo que los republicanos estaban diciendo con ese gesto es que lo que se debate en esa mesa de negociación no es en realidad la investidura de Pedro Sánchez, sino la recuperación de la hoja de ruta del procés. Pero esta vez con la complicidad y la participación del PSOE.

7. El segundo golpe en menos de cien años
Cuando Carmen Calvo llamó a ERC "uno de los grandes partidos históricos" de España estaba siendo tan generosa como para obviar la evidencia de que en el currículo de los republicanos figuran dos golpes de Estado –algunos historiadores suman un tercero a la lista– y 8.000 asesinados en la Cataluña de 1936 bajo la presidencia de uno de los personajes más siniestros de la historia de España: Lluís Companys.

Fue ERC, además, la que más presionó en octubre de 2017 para que Carles Puigdemont declarara la independencia de Cataluña –y sólo hay que recordar los lloros de Marta Rovira o las 155 monedas de plata de Gabriel Rufián– y la que condujo al nacionalismo catalán hacia una senda de desobediencia, crispación y confrontación que ahora les resulta imposible abandonar.

8. ¿Moderados, nosotros? Ahí llevas una moción contra la Corona
Dice el relato socialista que ERC es, a día de hoy, el nacionalismo moderado. A pesar del procés. A pesar de la declaración de independencia. A pesar del golpe contra el orden constitucional. A pesar de la condena de trece años de cárcel a su líder Oriol Junqueras. Según el PSOE, ERC ha aprendido la lección y desea volver al redil de la legalidad y la gobernabilidad a cambio de algunas concesiones mínimas relativas al Título VIII de la Constitución y la igualdad de todos los ciudadanos españoles. Es decir, a cambio de una república federal de naciones hermanas diseñada por aquellos que se han mostrado incapaces de vivir junto a sus propios vecinos castellanohablantes.

Eso dice el relato socialista mientras Roger Torrent se alza en contra del ordenamiento jurídico y permite votar en el Parlamento catalán una moción prohibida por el Tribunal Constitucional y en la que se reprueba a la Corona y se defiende la autodeterminación. "Son gestos meramente declarativos" dicen en el PSOE, deseosos de que sus fantasías acerca de la moderación republicana sean ciertos. No lo son, pero en esa fantasía se desangra el partido socialista día a día.

9. La reunión de Carod-Rovira con ETA
Dice Josep Lluís Carod-Rovira que su entrevista con ETA en un pueblo del sur de Francia "valió la pena". Carod-Rovira era por aquel entonces –principios de 2004– vicepresidente del primer tripartito catalán. Un tripartito que encabezaba el socialista Pasqual Maragall. José Luís Rodríguez Zapatero era secretario general del PSOE. Cargos y militantes del PSOE eran objetivo prioritario de ETA.

Y aún así, el republicano se reunió con la banda terrorista en calidad de presidente autonómico en funciones –Pasqual Maragall se encontraba fuera de la comunidad– y pactó un cese de los atentados, sólo para Cataluña, a cambio de apoyo explícito a las demandas de los terroristas. Carod-Rovira dimitió en cuanto se destapó el escándalo, pero el PSOE no sólo no perdió la confianza en ERC, sino que pactó un segundo tripartito, esta vez encabezado por José Montilla. De ese segundo tripartiro, Carod-Rovira fue primero consejero de la Vicepresidencia y, luego, vicepresidente.

Como si no hubiera pasado nada.

10. ERC, de la mano de Bildu
La actual alianza entre ERC y Bildu –que obliga a los dos partidos a una cierta "unidad de acción" en el Congreso de los Diputados– es sólo uno más de los sapos que el PSOE se ha visto obligado a tragar en aras de un supuesto bien mayor: la investidura de Pedro Sánchez. Las constantes estampas de Rufián y del resto de diputados y altos cargos republicanos junto a Arnaldo Otegi, Mertxe Aizpurua y el resto de miembros de Bildu suelen pasar desapercibidas gracias a la connivencia de una brunete mediática socialista siempre dispuesta a ocultar las fotografías más incómodas para el PSOE. Pero, de puertas para adentro, el desagrado es evidente en el partido socialista dado que lo que esas imágenes contribuyen a consolidar en el imaginario popular es la idea de que lo que está gestando Pedro Sánchez no es tanto un gobierno al uso como un frente popular contra la mayoría de los ciudadanos.

11. Nosotros te coronamos, nosotros te derrocamos
No debe de resultar fácil para Pedro Sánchez aceptar la evidencia de que jamás habría llegado a la presidencia de no haber sido por ERC, de que aún continuaría en ella si los republicanos no hubieran tumbado sus Presupuestos Generales en febrero de 2019, y de que su futura investidura depende de nuevo de un partido que más que negociar con el PSOE, lo ha usucapido. "ERC ha puesto y ha quitado Gobiernos" dijo Gabriel Rufián el pasado 26 de noviembre, antes de la reunión con Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa, y el mensaje llegó alto y claro a un PSOE que, lejos de buscar una alternativa a esa dependencia humillante de ERC, parece sentirse cómodo en ella.

12. Que se metan el indulto donde les quepa
Eso respondió Oriol Junqueras tras su condena por parte del Tribunal Supremo a trece años de prisión por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos. "Es un orgullo estar aquí [en la cárcel] por poner las urnas" añadió. No cabe duda de que el arrepentimiento ha inundado el alma de este pacifista y que ERC, el partido que lidera, está ahora, por fin, en la senda de la concordia y del respeto al Estado de derecho.

Que la investidura de Pedro Sánchez dependa a día de hoy de la voluntad de un presidiario condenado por uno de los más graves delitos posibles contra la democracia es sólo una más de las paradojas de ese futuro gobierno "de progreso" que promete el PSOE a todas horas mientras unos pocos en el partido osan decir que el rey no sólo va desnudo, sino que lleva a Junqueras subido a los hombros.

Pedro & Pablo y la ocupación de las instituciones
Jesús Cacho. vozpopuli 1 Diciembre 2019

"Me preocupa, desde luego, la entrada de Podemos en el Gobierno; me preocupa que Iglesias sea vicepresidente, que vayan a tener tres o cuatro ministerios, que se carguen la reforma laboral, que nos frían a impuestos… claro que me preocupa, pero lo que de verdad me quita el sueño es la ocupación de las instituciones por parte de la extrema izquierda, el riesgo de que, algo que por definición debería ser neutral, se convierta en una máquina de captación de fieles con dinero público, que las pongan al servicio del partido para, en una gran operación de ingeniería social, subvencionar a quien no quiere trabajar, dar obra al constructor amigo, convertir en cátedro al enseñante adepto, ir, en definitiva, a la entronización de un sistema clientelar similar al que en Cataluña viene funcionando con el nacionalismo, un modelo mucho más cerrado que el ensayado durante décadas por el PSOE en Andalucía. Poner las instituciones a trabajar para el partido, sea Podemos o sea este PSOE podemizado, supondría acabar con la democracia en tanto en cuanto equivaldría colocar a media España extramuros del sistema". La frase pertenece a un español de bien, un testigo vivo del franquismo y la Transición, un hombre de gran cultura que no quiere pertenecer a esa "gente intelectualmente formada e iniciada que ha desaparecido como poder dominante en toda Europa", según la descripción de Franz Werfel.

La salud de una democracia se mide por la calidad de sus instituciones, por su independencia frente al Ejecutivo de turno y por su capacidad para defender los intereses generales por encima de los de particulares. También por su resistencia a ser capturados por los grupos de poder. Los distintos Gobiernos del PSOE y del PP se han resistido como gato panza arriba a la hora de garantizar la independencia de las económicas (supervisores, reguladores, agencias de evaluación) en tanto en cuanto ello suponía perder importantes cuotas de poder para torcer el brazo de la Ley y maniobrar en favor de conmilitones o simples lobbies. Sin un Gobierno digno de tal nombre desde finales de 2015, nuestras instituciones han seguido funcionando mal que bien hasta la fecha: los bomberos siguen apagando fuegos, la policía sigue persiguiendo criminales, la Justicia continúa condenando a delincuentes, la Sanidad pública se obstina en curar enfermos, la Escuela pública insiste en seguir enseñando, la Administración prosigue publicando concursos públicos, la CNMC prolonga su racha de multas… Haya o no Gobierno, la maquinaria estatal, en suma, sigue en activo porque miles de funcionarios continúan haciendo bien su trabajo al margen, más o menos, de la política partidista. Bien cierto es que su funcionamiento ha empeorado recientemente a ojos vista, hasta el punto de que estos días todo parece manga por hombro, todo cogido con alfileres, pero todo podría empeorar fatalmente si el populismo neocomunista tuviera la oportunidad de infiltrar esas instituciones y ponerlas a su servicio.

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), por ejemplo. El actual presidente, José María Marín Quemada, uno de esos españoles dispuesto a honrar el cargo y asumir sus responsabilidades, ha finalizado su mandato, aunque no será efectivo hasta que no haya Parlamento y exista un Gobierno y un ministro que proponga un sucesor que deberá pasar el filtro de la Comisión de Economía. Como órgano colegiado que es, la libertad de actuación del presidente viene determinada por la composición de un Consejo en el que están representados los partidos (las malditas cuotas en el reparto de cargos) que, a menudo capturados por los grupos de interés, tiende a eludir responsabilidades y a no hacer nada, a menos que el presidente opte por echarle valor. Muchas de las multas que ha impuesto en fecha reciente la CNMC por prácticas contrarias a la libre competencia quedan después desbaratadas por unos tribunales de Justicia infiltrados por esos grupos de presión y su poderosa cohorte de grandes bufetes. Los intentos de dividir la CNMC para volver al viejo esquema de organismos reguladores sectoriales no han tenido éxito por el momento. Pretender una Comisión de Telecomunicaciones independiente capaz de fiscalizar a Telefónica (60% del mercado) es una burla al consumidor, lo mismo que intentar que una Comisión de la Energía haga lo propio con Naturgy (95% del gas) o Iberdrola (dominante en el de la electricidad). La triste realidad es que los ex presidentes de los antiguos organismos reguladores se han colocado todos, y todos muy bien, en empresas reguladas tras dejar el cargo.

Tocar las criadillas al Poder
La CNMC (que debe renovar también la mitad del Consejo) necesita con urgencia un auténtico "meneo" de independencia que asegure su labor como institución encargada de velar por la libre competencia en defensa del bolsillo del consumidor. Y como la CNMC, el resto de organismos reguladores, tal que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), también pendiente de renovación, o la CNMV que preside Sebastián Albella (otro buen presidente, a quien restan dos años de mandato), o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un organismo de reciente creación (impuesto por la UE para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del país), que está llamado a desempeñar un papel esencial como fiscalizador de las políticas de gasto del Ejecutivo. Cumplido ya su mandato, su presidente, José Luis Escrivá, intentó este verano un cambio legislativo que le hubiera permitido seguir en el cargo, pero el presidente en funciones dijo que ni hablar, que ese puesto es demasiado importante como para colocar en él a un independiente dispuesto a tocar las criadillas al Poder. Como aquí señalaba días atrás Alejandra Olcese, Escrivá va a promover la creación de una Ley de Evaluación para que el examen de la eficacia de las políticas públicas se haga de forma recurrente por ley y no por capricho del Gobierno de turno. Demasiado para Sánchez.

Capítulo aparte merece la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cuatro magistrados del primero, dos progres y dos conservadores (entre ellos el hasta ahora presidente, el cuitado González Rivas), deben ser renovados, y está por ver si el PP se muestra dispuesto a entrar ahora mismo en el inevitable regateo con los socialistas. Lo "normal" es que la actual mayoría conservadora (7 a 5) se invierta, de modo que el sanchismo nombraría a tres magistrados por uno el PP, que podría ser el presidente (¿Pedro González-Trevijano?). Parece lógico pensar que Pedro & Pablo preferirán controlar la mayoría a costa de sacrificar la pieza del presidente (con voto de calidad). En caso contrario, el candidato de la alianza socialcomunista podría ser Juan Antonio Xiol, uno de los tres magistrados que esta misma semana suscribieron un voto discrepante en relación con el amparo planteado por Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC, en prisión tras la condena del procés. Imaginar a Xiol al frente del tribunal intérprete supremo de la Constitución pone los pelos de punta. Tal es el riesgo que enfrentamos, uno más entre muchos. Las fuentes consultadas descartan a Cándido Conde-Pumpido, socialista pata negra, que lleva tiempo persiguiendo el cargo como la obstinación de galgo tras liebre, pero que no figura en el cuarteto de presidenciables (Xiol, Trevijano, Narváez y Martínez-Vares) presentes en el último mandato, entre los que, por tradición, se elige al presidente.

Particularmente importante es la renovación de los 21 jueces que componen el CGPJ, cuyo mandato lleva más de un año vencido, entre otras cosas porque el nuevo Consejo será el encargado de renovar al 45% de la plantilla del Supremo en los próximos 5 años. También aquí parece que PSOE y PP se repartirán el pastel. Teniendo en cuenta que la renovación del órgano de gobierno de los jueces precisa el respaldo de 3/5 del Congreso (210 diputados), los dos partidos mayoritarios no deberían tener problema (208 entre ambos), aunque hay que contar con la entrada de representante/s de Podemos en el organismo (Iglesias ha manifestado su disposición a olvidarse del TC para dar la batalla en el CGPJ), y desde luego del PNV. La incógnita reside en ERC. Es cierto que peneuvistas y convergentes han contado siempre con vocalía en el Consejo, pero el caso de ERC traspasa los límites de lo que una democracia dispuesta a defenderse de sus enemigos debería tolerar. Tanto el Constitucional como el CGPJ, por no hablar del Supremo y su "unánime" sentencia del procés, están hechos unos zorros, con su prestigio cuarteado y su credibilidad seriamente dañada por culpa de esa politización extrema. Una democracia que se precie no debería consentir la existencia de unos jueces convertidos en meros comisarios políticos del partido que los nombra. Más que una mera idea, recuperar el prestigio de estas instituciones es una urgente necesidad.
La amenaza del populismo

Mención especial merece el CNI. Tras el cese por fin de mandato del general Félix Sanz Roldán, la que fue su número dos a partir de 2017, Paz Esteban López (1958) ocupa la dirección en funciones de nuestros servicios secretos. "Aquí hay más de 3.000 hombres y mujeres que trabajan en temas de muchísima importancia para la seguridad de España", aseguró el 9 de julio la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, al presentar el relevo a los medios. Se desconoce si el nuevo Gobierno ratificará en su cargo a Esteban, aunque parece probable. "Somos conscientes de que existen las amenazas, pero el trabajo callado de estas personas tan preparadas en todos los lugares del mundo, poniendo a veces en riesgo su propia vida, permite al Gobierno disponer de la inteligencia necesaria para realizar sus planes". Las palabras de la titular del ministerio de quien depende el CNI hablan por sí solas del contrasentido, también del riesgo, que supone sentar en la mesa del Consejo de Ministros a los representantes de un partido que apoya el derecho de autodeterminación en Cataluña y que financia la teocracia iraní y la dictadura venezolana. ¿Seguirán a partir de ahora los servicios secretos extranjeros compartiendo información con un CNI hiperconectado con centros de inteligencia del mundo entero?

La llegada al Gobierno de un partido de extrema izquierda como Podemos supone una seria amenaza para la existencia de instituciones de control, políticas y económicas, independientes. Los populismos suelen ver en ellas a organismos al servicio de una elite a la que hay que expulsar del poder y, a ser posible, del país. A poco que puedan, su estrategia estará orientada a socavar su legitimidad y limitar su autonomía e independencia y, si les resultara posible, acabar con ellas. Los comunismos, los viejos y los nuevos, no consienten más poder que el del partido, y todo lo demás debe ser barrido del mapa. En esta línea, la combinación de Podemos y separatismo en el Ejecutivo podría resultar devastadora. "Avanzar hacia la ruptura social y nacional es la herramienta imprescindible", dejó escrito Josep Maria Jové en su cuaderno moleskine en mayo de 2016. Y un paso imprescindible para lograr esa ruptura de la unidad de España pasa por la ocupación de las instituciones. El PSOE se ha sentado a negociar la investidura de Sánchez con este presunto delincuente y, apenas en el primer lance, ha aceptado la existencia de un "conflicto político" en Cataluña allí donde no hay más que un problema de vulneración de la Ley y el orden público. El Gobierno en funciones no es capaz de reaccionar ante esta grave amenaza a la paz y la convivencia, porque necesita a los rebeldes para ser investido y consolidarse en el poder. De alguna manera, el PSOE de Sánchez forma ya parte del banco rebelde. ¿Cabe imaginar situación más grave para España?

La última barrera

El papel del Tribunal Constitucional va a resultar estratégico ante un mandato en el que el Gobierno planea aliarse con todos los adversarios posibles del modelo de Estado. De la autonomía de los magistrados dependerá que sus togas se manchen no ya de polvo sino de barro
Ignacio Camacho ABC 1 Diciembre 2019

Cataluña no tiene una justicia propia e independiente porque en su momento un magistrado del Tribunal Constitucional ejerció su función con plena autonomía de criterio y tumbó con su voto una reforma estatutaria que con el tiempo habría impedido juzgar el procés en una sala del Supremo. Manuel Aragón Reyes había sido elegido a propuesta del Gabinete de Zapatero, pero su firmeza en la defensa de la soberanía nacional y de la separación de poderes alteró la correlación de fuerzas que había previsto el Gobierno. Eran los tiempos del llamado Proceso de Paz con ETA y de la doctrina del fiscal general Pumpido sobre la necesidad de que los jueces manchasen sus togas con el «polvo del camino», pero el catedrático cordobés no quiso empañar el prestigio de su trayectoria aviniéndose a doblegar sus principios. Una falaz campaña de los nacionalistas señaló a aquella sentencia como el origen del posterior conflicto que agitaron ellos mismos. Pero lo cierto es que la integridad del sistema judicial se salvó gracias al veredicto en el que Aragón desempeñó un papel tan decisivo como poco agradecido.

El Alto Tribunal -un organismo jurídico al margen de la estructura del poder judicial- y el CGPJ, determinante en los nombramientos de jueces y en la composición del Supremo, vuelven a perfilarse como elementos medulares en la salvaguarda de unas bases constitucionales que cuestionan sin excepción todos los posibles aliados de Pedro Sánchez. Con un anclaje constitucionalista tan débil como este PSOE tan poco fiable, la legislatura en ciernes amenaza, si no un claro proceso destituyente, sí una ofensiva contra el «régimen del 78» encubierta en reformas colaterales y leyes habilitantes que en la práctica supongan, como en la época zapaterista, una deconstrucción de apariencia suave. El programa rupturista de los socios elegidos por el presidente necesitará encontrar un marco legislativo que satisfaga al menos en parte sus aspiraciones y ofrezca al independentismo insurrecto una pista de aterrizaje. Sin esas contrapartidas, explícitas o tácitas, el aspirante a la investidura no logrará reunir apoyos suficientes ni aunar tantas y tan heterogéneas voluntades.

Ante este panorama, el órgano de gobierno judicial y sobre todo el TC se convierten en instancias estratégicas. De ellos dependerá en último término que Sánchez pueda cumplir sus promesas, tanto para ensanchar los límites de la legislación territorial como para procurar a los líderes separatistas condenados un alivio de penas. En ese sentido, la ruptura de la unanimidad en el recurso contra la prisión preventiva de Junqueras ofrece una primera pista sobre la dirección previsible de los futuros problemas. Ya resultó sorprendente que un jurista de la autoridad de Manuel Marchena aceptara incluir el intelectualmente inaceptable concepto de la «ensoñación» del procés en su sentencia. Ahora, el voto particular de tres magistrados «progresistas» prefigura un aval doctrinal para la apelación del recluso ante la Corte europea, tal vez innecesario cuando la simple foto de la negociación del Gobierno con ERC constituye el mejor argumento posible de la defensa en la medida que supone una verdadera absolución política de la revuelta.

Existe un precedente inquietante en la revocación de la «doctrina Parot» que permitió excarcelar a muchos presos de ETA: la participación en la resolución de Estrasburgo de un antiguo alto cargo socialista español da pábulo a la sospecha de que pudo tratarse de una cláusula no expresa, una suerte de detonación retardada de una oculta componenda, un ajuste fino para satisfacer sin mancharse las manos la más espinosa de las condiciones del fin de la violencia. Empiezan a atisbarse indicios de otra estratagema en la que aquellas palabras del presidente al líder de Esquerra -«no te preocupes»- podrían adquirir mayor relevancia que la del contexto de un simple diálogo sin trascendencia.

A mediados de 2021, aproximadamente en el ecuador de la nueva legislatura, caduca en el TC el mandato de cuatro magistrados, entre ellos el actual presidente, elegidos a propuesta del Congreso. La renovación de ese tercio será la clave que podría facilitar o impedir a Sánchez el desarrollo de una agenda en la que el sesgo revisionista de sus aliados tratará de tomar cuerpo. La posición del PP resulta crítica al respecto, dado que su concurso es imprescindible en la mayoría cualificada que exigen los nombramientos. Recae sobre los populares la responsabilidad histórica de una alteración crucial del statu quo interno, que puede peligrar si los dos partidos dinásticos se reparten las designaciones mediante el habitual método de chalaneo. Ese delicadísimo proceso requerirá más que nunca un auténtico consenso en el que ningún candidato reciba de forma mecánica el visto bueno; se necesitarán cuatro aragones, constitucionalistas intachables, de probada independencia de pensamiento y sin más hipotecas ni lealtades que la pura observancia del Derecho. Y si no hay acuerdo, el PP debe hacer valer el bloqueo que permite la continuidad automática de los actuales miembros. Es la arquitectura misma del sistema lo que se pondrá en juego.

Porque en caso contrario, las togas no se mancharán de polvo, sino de barro. Y porque es altamente probable que esos doce hombres y mujeres acaben formando la última barrera de protección del vigente modelo de Estado.
Bildu

Otegui manda en Bildu porque Bildu se inventó para queOtegui siguiese mandando donde mandaba
Jon Juaristi ABC 1 Diciembre 2019

Instado un diputado de Bildu, en una tertulia televisiva del pasado martes, a que explicara por qué Arnaldo Otegui sigue mandando en su partido, coalición o lo que sea, respondió que también Aznar había puesto a un antiguo etarra al frente del Instituto Cervantes. Como es obvio que se refería a mi persona, creo tener derecho a hacer algún comentario al respecto.

Es verdad. Estuve en ETA y salí de ETA hace más de medio siglo. Tenía dieciocho años cuando me fui, y toda mi actividad clandestina hasta ese momento consistió en poner en contacto a la por entonces exigua organización abertzale (que se acababa de estrenar como grupúsculo terrorista de un modo bastante chapucero) con las juventudes carlistas del País Vasco, muy soliviantadas por la expulsión a Francia de Carlos Hugo de Borbón Parma, y que apostaban por la vuelta al pistolerismo (tenían muchas más pistolas que nosotros). La ETA que conocí por dentro no era muy diferente de otros grupúsculos de la extrema izquierda de la época. Predominaba en todos ellos un sentimiento de general estupidez. Siniestro, sin duda, pero no más siniestro que la dictadura a la que nos enfrentábamos de distintas maneras (todas ellas ineficaces, como no tardaría en demostrarse).

En mi fuero interno puedo estar arrepentido o simplemente decepcionado de haber participado en la poco heroica resistencia antifranquista desde las filas de ETA, pero nunca me avergonzaré de haber participado en la poco heroica resistencia antifranquista, aunque lo hiciera desde las filas de ETA, donde traté a algunas de las personas más generosas y valientes y a algunas de las más turbias y cobardes que he conocido en mi vida, pero a ningún asesino. Éramos propicios y favorables a la violencia, sin duda, pero la generación de la que formábamos parte, una parte muy minoritaria, no era una generación de enamorados de la violencia como la de los años treinta del pasado siglo, la generación de nuestros padres. Y eso nos salvó, porque, tras la desaparición de la dictadura, nos asimilamos a nuestra generación, que fue la protagonista de la Transición. La mayoría de los que pasamos por ETA en los años sesenta asumimos la democracia y, lo que es más, la defensa cívica de la democracia frente a ETA, en la que, también es cierto, permanecieron algunos de los etarras de nuestro tiempo.

La situación que describo no fue igual, pero sí comparable, a la de los disidentes del comunismo soviético, buena parte de los cuales había militado en el PCUS (entre ellos, el propio Solzhenitsyn). No diré, como André Glucksmann, que sea necesario haber ardido en las llamas de la estupidez y del fanatismo para combatirlos con eficacia, pero no viene mal haberlo hecho. Te ahorra una gran cantidad de vacilaciones y tonterías buenistas. Por ejemplo, sabes distinguir a primera vista un demócrata de un Arnaldo Otegui o de un Oskar Matute. El olfato ya nunca te fallará. Percibes el tufo a distancia. Te has hecho con lo que Hemingway llamaba un infalible y perpetuo detector de mierda.

Yo no me escandalizo por el hecho de que Otegui mande en Bildu. Estoy seguro de que no todos los militantes, simpatizantes o votantes de Bildu son como Otegui, pero es evidente que en Bildu sólo pueden mandar tipos como Otegui. La ideología lo exige. Y me parece una melonada preguntar a Matute por qué manda Otegui en su partido, coalición o lo que sea. Manda porque Bildu está hecho a imagen y semejanza de Otegui, aunque no todos en Bildu sean como Otegui ni como Matute. No dudo que los habrá mejores y también peores como personas, pero no más demócratas y ni siquiera demócratas. Por eso están muy contentos de que los mande Otegui.

Cómo acabar de una vez por todas con el voto energúmeno
Miguel Ángel González. vozpopuli  1 Diciembre 2019

El electorado español ha compuesto un escenario político que responde a todo tipo de impulsos atávicos e irracionales

Los votantes españoles no habrían podido entender que se aliaran los partidos constitucionalistas moderados ―si es que esta etiqueta aún quiere decir algo― para formar un gobierno estable. Los votantes españoles no lo habrían podido entender porque el voto no es aquí un préstamo de confianza gestora, sino un grito de militancia tribal. Ellos han votado, como suelen, con el odio en ristre, y solo faltaba que esta vez hubieran hecho esa componenda y terminaran queriéndose.

Los votantes españoles han ofrecido un panorama político que responde a impulsos atávicos e irracionales, jaleados servilmente por una politiquería que da carne ya a la degeneración demagógica de una democracia. La gente digna que quede, la que de verdad considere que este sistema merece mantenerse porque es garantía aproximada de libertad y bienestar, ha de tomar partido hasta mancharse. Ha de hacer lo posible para que el propio sistema se libre de políticos que, activamente o de forma acomodaticia, propician su extinción, así como de votantes sin mayor criterio que la entraña, la ignorancia y la juerga de la catástrofe.

La irresponsabilidad de tantos votantes, acomodados y antojadizos, es uno de los graves peligros que debe afrontar la democracia española. Pero atajar a los energúmenos votantes se hace cada vez más difícil, porque son prácticamente intercambiables con una clase política energúmena ya en su mayor parte. Lo bordó aquel Zapatero cuando dijo que, si él había llegado a presidente, podría entonces hacerlo cualquiera. Esa retroalimentación votante/político es la esencia de esta demagogia, en la que gente sin sustento intelectual agiganta los problemas para aprestarse de inmediato a resolverlos con consignas facilonas y vacuas.

El cuerpo se pone jotero cuando se ve que por fin las cosas van a cambiar, aunque sea para hundirse

A nadie en campaña se le ha oído decir que España es un país rico, con una población que en un porcentaje muy alto vive con comodidad y sosiego. Nadie ha dicho que las cosas, tras cuarenta años de democracia, funcionan bien y que, como todo, merecen solo ajustes y reformas que las hagan mejorar. Eso es aburrido y soso. Los políticos, que están a la altura del votante, solo ven desgracia y desastre, lo que justifica sus gritos, sus arengas y sus consignas para arreglarlo todo en cuatro días, como hace un cualquiera en la barra de un bar. El cuerpo se pone jotero cuando se ve que por fin las cosas van a cambiar, aunque sea para hundirse. Un catedrático de Universidad señalaba en un pasillo la foto de la buena nueva, la foto del abrazo, y añadía sonriendo que por fin llegaba la esperanza. Se ve que sentido común y academia van camino de terminar en oxímoron. Pero es solo un ejemplo de votante fetén, que ilustra bien esa igualación de energúmenos con libros y energúmenos con votos.

Se duda ya de si queda alguien cuerdo en los partidos para frenar la imposición definitiva de la demagogia, que los antiguos consideraban antesala inmediata de la dictadura. Esa es la esperanza única: una reacción que afiance la democracia con medidas constitucionales firmes y justas. La primera y más inmediata es, como los políticos constitucionales saben pero callan, la reforma de la ley electoral. Toda esa concurrencia en un Parlamento nacional de partidillos antisistema, supremacistas, terroristas, identitarios, regionalistas, independentistas y nacionalistas es una anomalía democrática que un Estado serio no puede permitirse. Y todos ellos, a lo sumo, deberían solo tener representación en otra Cámara, el Senado o la que fuese.
Distrito único

De ahí la necesidad perentoria de cambiar la forma de elección, para que el voto de 1.662.063 catalanes irresponsables y xenófobos (por no alargar la cuenta a otras excrecencias) no se reproduzca en 23 escaños, o para que los votos del 1,57% del censo electoral no puedan dar siete asientos al PNV o cinco a Bildu el 1,15%. Bastaría con algunos ajustes: que solo pueda tener representación parlamentaria quien obtenga al menos un 5% del voto nacional; que los diputados no representen provincias, sino el Estado en su conjunto, de forma que haya un distrito único en que todos los elegidos lo sean por idéntico número de votos; que se establezca un sistema de segunda vuelta, como en Francia, por ejemplo, en la que solo compitan los dos partidos más votados. Se acabó la ingobernabilidad.

El problema es que los políticos que representan a los partidos que se dicen constitucionalistas quieren seguir como están porque cuando proponen medidas racionales consideran que se alejan del pueblo y sus votantes, instalados en un perpetuo vaivén sentimental. Si esto no termina bien, los políticos que han podido frenar el desastre, es decir, los políticos de los partidos mayoritarios, serán los máximos responsables. Del pueblo ya mejor no hablar.

Clima del desguace
Sánchez guarda silencio
Juan Pablo Colmenarejo ABC 1 Diciembre 2019

Sánchez guarda silencio desde la noche de las elecciones. Casi no le dejaron pronunciar dos palabras seguidas. Se enfadó mucho, mostrando un carácter poco partidario de que le lleven la contraria. «¿Me vais a dejar hablar?». Se dio media vuelta y se calló. Como los niños, ahora voy y no respiro. Desde entonces, ni en plasma. Y si te he visto en el juicio de los ERE, Chaves y Griñán, pues no me acuerdo.

Sánchez cerró el paso muy deprisa a una solución a la europea, con liberales y conservadores, pactando con su enemigo. Podemos está contra el sistema desde su versión por la extrema izquierda del nacional populismo. Sánchez va a darle a Iglesias un Gobierno dentro de otro, lo que le negó antes de las últimas elecciones. Iglesias acepta encantado lo que hace unos meses era una ofensa, «una vergüenza».

La democracia del 78 va camino del desguace. Por mucho que los padres fundadores en la legislatura constituyente y los mayores del PSOE se harten de escribir manifiestos a favor del consenso con el PP, Sánchez va a completar la obra de Rodríguez Zapatero. El expresidente negacionista de la crisis en 2008 bendice a Otegui, el terrorista en paro que primero secuestró a Rupérez y después mandó en ETA, tal y como dicen los tribunales. En su día hubo escándalo cuando Rajoy acusó a Rodríguez Zapatero de «haber traicionado a las víctimas». El tiempo es el juez que da razones. Otegui con los muertos a la espalda anda poniendo precio por sus nuevos servicios.

La pena de Navarra es la de toda España viendo cómo los que en su día «socializaron el dolor» -ordenando el tiro en la nuca a discreción- ahora se sientan con el PSOE para aprobar unos presupuestos. Cuando queramos darnos cuenta nos dirán que nada de aquel terror fue como realmente lo vivimos. Otegui secundará a Esquerra Republicana, que, como cualquier partido nacionalista, sea catalán, vasco o español, es reaccionario por naturaleza. Sánchez lo llamará progreso pero en realidad es la involución que niega los derechos individuales de todos los ciudadanos para sustituirlos por los colectivos de la tierra y la frontera. No es la primera vez que con las cadenas sustituyen a las luces en España. Tras la rejas de Lledoners, la sedición diseña el desguace del 78.

Financiación autonómica
Cataluña sigue ‘chupando del bote’ y ya ha pedido casi 90.000 millones de euros al Estado
Borja Jiménez okdiario 1 Diciembre 2019

Prácticamente un tercio de las ayudas que el Estado da a las Comunidades Autónomas a través de los diferentes mecanismos de financiación van a parar, precisamente, a una Cataluña gobernada por quienes rechazan la solidaridad fiscal y que apenas pesa un 20% sobre el PIB del conjunto de España.

Los del ya cansino ‘Espanya ens roba’ (España nos roba) suelen olvidar la realidad de la financiación autonómica. Cataluña, recuerden, no puede financiarse en los mercados porque las agencias calificadoras catalogan a la deuda catalana con el temido ‘bono basura’, lo que reduce y mucho el atractivo de unas hipotéticas emisiones de deuda por parte de la Generalitat.

Mecanismos de Financiación de las Comunidades Autónomas 2021-2019. Fuente: Ministerio de Hacienda.

En 2019, a falta de un mes para cerrar el año, Cataluña ha pedido a través de las distintas vías de financiación autonómica (FLA -Fondo de Liquidez Autonómica- y FFF -Fondo de Finalidad Financiera-) 8.044 millones de euros, algo más de un 30% del total del dinero prestado por el Estado a las diecisiete comunidades autónomas, que asciende a 26.228 millones.

Desde que en 2012 se crearon estas ayudas públicas autonómicas, Cataluña ha pedido 88.296 millones de euros

Desde que en 2012 se crearon estas ayudas públicas autonómicas, Cataluña ha pedido 88.296 millones de euros, de nuevo un 30% del total de las ayudas comunitarias, que en este tiempo han exigido un desembolso por parte del Estado de 287.978 millones de euros.

Detrás de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía -por este orden- son las regiones que más se han financiado por esta vía, con 6.789 millones y 3.453 millones en 2019, respectivamente. Desde 2012, la Comunidad andaluza ha solicitado casi 42.500 millones, mientras que la valenciana ha requerido de 66.783 millones de euros.

País Vasco y Navarra no han solicitado ni un solo euro a los diferentes mecanismos de liquidez autonómica

Cabe destacar que País Vasco y Navarra no han solicitado ni un solo euro a los diferentes mecanismos de liquidez autonómica desde la creación de esta suerte de hucha pública, nacida precisamente para ayudar a las Comunidades Autónomas con dificultades para emitir deuda para financiarse.

Los fiscales se hartan de Cataluña: están solicitando otros destinos pero no hay plazas
Los fiscales de Cataluña reclaman un plus que les recompense por la imposibilidad material de ser trasladados a otros lugares de España
Sólo se convocan 15 plazas de fiscales al año en toda España
Teresa Gómez y Luz Sela okdiario 1 Diciembre 2019

"No queremos vivir en un ambiente crispado ni que nuestros hijos sean víctimas del enfrentamiento". Son los argumentos de algunos fiscales que han solicitado, sin éxito, marcharse de Cataluña.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha confesado a OKDIARIO que existe un deseo generalizado de abandonar la comunidad catalana. Sin embargo, el número de fiscales que ha solicitado el traslado a otras ciudades de España no ha sido contabilizado porque "el número de plazas que se convocan en la carrera fiscal es muy reducido y, por tanto, no da lugar a grandes oleadas de movimientos a nivel nacional". Por esta razón, explica que la situación de los fiscales es aún –si cabe– más complicada que la de los magistrados.

La presidenta de la Asociación de Fiscales asegura que "se convocan un promedio de quince plazas al año para toda España" y explica "que las plazas libres son cubiertas por los alumnos de la escuela judicial". Sin embargo, "las vacantes que quedan sin cubrir siempre son en el mismo sitio: Cataluña". De hecho, algunos fiscales destinados en Barcelona vieron este punto como algo positivo que "dota de prestigio a la ciudad considerada como una escuela de fiscales". Pero con el aumento de la violencia "los aspectos positivos" se han ido diluyendo.

La escasez de plazas en el resto de comunidades españolas ha llevado a que "obtener una plaza fuera de Cataluña sea casi una fortuna" ha recalcado la presidenta Cristina Dexeus.

Un plus para los fiscales
La asociación ha reclamado un plus para aquellos fiscales que ejercen en Cataluña con el fin de frenar la masiva emigración de los profesionales allí destinados, una situación que se ha visto agravada con el procés y los fines independentistas ejecutados por los terroristas CDR.

La presidenta de la Asociación de fiscales tilda esta situación como "una circunstancia de notoria penosidad" motivo por el cual solicitan un plus económico que "valore la responsabilidad (de los fiscales) y la recompense". Reconoce que el aliciente económico no recompensa todo pero, al menos, los profesionales allí destinado podrán matricular "a sus hijos en un colegio que no les den una dosis de independentismo diario".

Finalmente, aclara que la mayoría de los fiscales que ejercen en Cataluña provienen de otras ciudades y la actual situación "no hace que se sientan acogidos", porque ni siquiera lo están "los que son de allí".

El presidente del TSJC
Tal y como publicó OKDIARIO, hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús Barrientos, ha solicitado marcharse de allí y busca ocupar una plaza en la Sala que preside Manuel Marchena en el Tribunal Supremo.

Barrientos fue recusado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como miembro del tribunal que le juzgará por desobediencia por negarse a retirar el lazo amarillo en las últimas elecciones, a pesar de los insistentes requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC). Finalmente, la recusación fue desestimada por la Sala 77 del TSJC.

Lo mismo ocurre con el presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Javier Hernández, que ha presentado su candidatura para ocupar una de esas codiciadas plazas que ha convocado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Oficina de Derechos Lingüísticos
El ‘decretazo’ de la ‘Stasi’ de Armengol: «Hay obstáculos disuasorios al uso del catalán»
Luz Sela okdiario 1 Diciembre 2019

El Gobierno balear de la socialista Francina Armengol considera que en las Islas existen "obstáculos disuasorios" para el uso del catalán y justifica así la creación de una Oficina de Derechos Lingüísticos, un organismo que podrá solicitar de oficio a las Administraciones -también las del Estado- o a propietarios de establecimientos que usen el idioma.

El decreto de creación de esta Oficina, que este sábado se publica en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), revela que la intención prioritaria del Ejecutivo, que preside el PSOE apoyado por sus socios de Podemos y Mès, es extender y proteger el uso del catalán.

"Un rico marco legal ampara el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas oficiales en las Islas Baleares, según su elección. Sin embargo, esta oficialidad formal no siempre se corresponde con la realidad, especialmente en cuanto a la lengua catalana", se puede leer en el texto.

El Gobierno de Armengol considera, a continuación, que "muy a menudo los ciudadanos de las Islas Baleares, al margen de cual sea su lengua de origen, ven mermadas las posibilidades de utilizar el catalán, tanto en el ámbito público como en el privado, y no tienen la oportunidad de elegir hacer cualquier actividad social en esta lengua, como usuarios activos y pasivos".

"Estos obstáculos disuasorios son múltiples y están vinculados al proceso de minorización lingüística que sufre la lengua propia de las Islas Baleares", añade. Se destaca, además, que se trata de un "instrumento similar" al que existe también en Cataluña o País Vasco.

El decreto recuerda que el Estatuto de Autonomía contempla que "nadie puede ser discriminado or razón del idioma" y que se "debe garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas y crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas ".

Entre sus funciones, esta Oficina podrá recoger y tramitar las reclamaciones sobre la presunta "vulneración de derechos lingüísticos", atender consultas o fomentar la garantía de estos derechos, además de hacer propuestas normativas.

El organismo forma parte de la política con la que se trata de potenciar el uso del catalán en las islas. La previsión del Gobierno balear es que esa oficina se ponga en marcha a partir de febrero del próximo año.

Estará adscrita a la Consejería de Educación, Universidad e Investigación, a través de la Dirección General de Política Lingüística y dispondrá de tres empleados. Su presupuesto no ha trascendido.

Precisamente, hace unos días, OKDIARIO informaba de que el Gobierno socialista de Francina Armengol inyectó en los últimos cuatro años más de 380.000 euros públicos al sindicato independentista STEI, mayoritario entre los profesores de las Islas. Este sindicato respalda abiertamente la secesión de Cataluña y la creación de los llamados "Països Catalans".

De esta cantidad, 62.292 euros en subvenciones han ido directamente destinados a desarrollar su actividad sindical y poner en marcha un plan de fomento del uso de la lengua catalana entre los inmigrantes en Baleares.

El sindicato mostró su apoyo a los políticos condenados por el referéndum ilegal en Cataluña. Tras conocerse la sentencia del Supremo, emitió un comunicado en el que declaraba: "Hoy es un día triste para la democracia, porque lo que piensa una mayoría política y una gran masa social de Cataluña no se reconducirá metiendo en prisión a sus portavoces y representantes".


 


Recortes de Prensa   Página Inicial