AGLI Recortes de Prensa   Martes 3  Diciembre  2019

ERE: corrupción pura y dura... y consciente
Editorial ABC 3 Diciembre 2019

Pese a los intentos del PSOE de blanquear la gravedad de la trama de los ERE sentenciada por la Justicia, como si apenas fuera una serie de errores administrativos sin mala fe, la realidad siempre termina imponiéndose. Y lo hace de manera tozuda, pues no dejan de aparecer evidencias de que se trataba de un entramado diseñado específicamente para el fraude y en provecho del régimen que los socialistas tenían montado. La sentencia de hace quince días puede que sea solo la punta del iceberg. La Fiscalía Anticorrupción pide ahora la imputación de Manuel Chaves, expresidente del PSOE y de la Junta, y de Gaspar Zarrías por un préstamo de casi seis millones a una empresa por observar «indicios racionales de criminalidad» en la operación. Más aún, ABC informa hoy de la existencia de un documento, ahora hallado, que demostraría que el «modus operandi» de los ERE se remonta a 1999 y que en él tuvo una intervención directa el propio Chaves. Quizá tras estas nuevas revelaciones, Pedro Sánchez abandone el inconcebible silencio que mantiene ante el probado saqueo de las arcas andaluzas que supuso la trama de los ERE. De la misma manera, sería deseable que otros dirigentes y exdirigentes socialistas -como José Bono, ayer mismo- dejasen de arropar a quienes malversaron cerca de 700 millones de los parados. Hablamos de la creación de un sistema corrupto del que son responsables (por acción directa) los dirigentes del PSOE. Hablamos de todo un tinglado que trató de ocultar a la Justicia las pruebas que podían incriminar a sus actores. Han tenido que salir los socialistas del Gobierno andaluz para que afloren esos documentos. Los ERE fueron corrupción pura y dura... y consciente, como indica la sospecha de que algunos de esos políticos corruptos trataron de enterrar las pruebas de sus fechorías.

Sánchez, ciego, sordo y mudo
OKDIARIO 3 Diciembre 2019

Una periodista chilena ha puesto el dedo en la llaga: tras 18 días escondido, el presidente del Gobierno en funciones ha comparecido en rueda de prensa para, parapetado tras la cumbre del Clima, dignarse a contestar sólo dos preguntas de los periodistas, acordadas previamente por los informadores españoles. Ningún periodista internacional pudo preguntar al jefe del Ejecutivo, lo que provocó la lógica indignación de la profesional chilena.

En realidad, lo que ha hecho Pedro Sánchez tras el 10-N está marcado por el más absoluto oscurantismo. Llegó un acuerdo de Gobierno con Podemos que quedó recogido en medio folio inflado de vaguedades y desapareció después a los ojos de los españoles en un momento crítico para los intereses nacionales. Las negociaciones con los separatistas catalanes vienen definidas por el mismo patrón: el destino de España se decide en reuniones sin luz ni taquígrafos, como si lo que estuviera en juego fuera materia reservada y a los ciudadanos que acudieron a las urnas se les tratara como convidados de piedra, súbditos de un político que les trata como mera mercancía.

La democracia ha sido silenciada por orden de un presidente del Gobierno que ha ordenado un apagón informativo para poder maniobrar en la sombra. ¿Es normal que España afronte sus horas más críticas sin que Pedro Sánchez, que durante la campaña electoral no había día que no estuviera en un plató de televisión, haya decidido quitarse del medio? ¿Es normal que en estos momentos decisivos para el futuro de España, Pedro Sánchez haya impuesto a los españoles tan férreo cerrojo informativo? ¿Pero quién se cree que es el presidente en funciones para privar a la opinión pública de su derecho a conocer cuál es el futuro que le espera en virtud de las negociaciones que está manteniendo con los populistas radicales y los separatistas de ERC?

Pedro Sánchez llevaba 18 días sin comparecer ante la Prensa. Entre medias, la sentencia de los ERE que condenó a dos presidentes del PSOE, y las negociaciones con los separatistas para intentar salvar su investidura. No es de extrañar que una periodista chilena le haya dicho a la cara que España es diferente, porque en ningún sitio se ha encontrado con un presidente de Gobierno que haya decidido cerrar a cal y canto los cauces de comunicación para dejar la democracia a oscuras.

La utilidad de votar a Vox en Andalucía
Alejandro Hernández okdiario 3 Diciembre 2019

“Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. Eduardo Galeano

Resulta llamativo, y he de decir que personalmente muy gratificante, dada mi condición de portavoz del Grupo Parlamentario VOX ANDALUCÍA, el extraordinario resultado obtenido en esta región en las recientes elecciones generales, habiendo obtenido 800.000 votos y 12 escaños, alcanzando un porcentaje de más del 20% sobre el total de votos emitidos, 5 puntos por encima de la media nacional. Tan solo un puñado de sufragios nos separa de ser la segunda fuerza política de Andalucía. Y cuando va a hacer un año de la celebración de las elecciones autonómicas de Andalucía, creemos que la particularidad que sustenta éste éxito es la contribución de VOX a la estabilidad y la gobernabilidad de nuestra región, que ha sido percibida con claridad por los andaluces, quienes ya no albergan dudas acerca de la utilidad de sus votos.

Echando la vista atrás, vemos cómo el 2 de diciembre de 2.018, tras casi 37 años de ininterrumpido reinado socialista, las urnas arrojaron unos resultados que permitieron un cambio tan necesario como inesperado, ya que prácticamente ninguna encuesta o sondeo auguraba la entrada de nuestra formación en el Parlamento de Andalucía nada más y nada menos que con doce diputados. Pese a la contundencia de la aritmética, en unos primeros momentos el entendimiento con los dos partidos que pretendían formar gobierno no fue fácil. Sufrimos entonces el desdén de Ciudadanos, que se negó a sentarse en una mesa de negociaciones con nosotros. Sin embargo, y como anunciara el propio Santiago Abascal nada más conocerse el escrutinio definitivo, VOX estuvo a la altura de las circunstancias. Por ello, pese a nuestra bisoñez e inexperiencia en las instituciones, no dudamos en ningún momento en anteponer a cualquier cálculo partidista el interés general y servir al deseo de cambio mayoritariamente votado y manifestado por los andaluces en dichos comicios.

Con ese espíritu, para la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla nuestro Secretario General Javier Ortega-Smith suscribió con el Partido Popular un documento con 37 puntos, un texto que, en rigor, era más una declaración de intenciones que un acuerdo programático. Y no tanto por la inevitable inconcreción de las materias contenidas como por lo ambicioso del espíritu que se pretendía reflejar. Así las cosas, y formado el que se autodenominó como “gobierno del cambio” entre el Partido Popular y Ciudadanos, un gabinete en el que se repartieron consejerías descontada la vicepresidencia de Juan Marín, quien además se reservó importantes y dispares contenidos, los primeros meses de su andadura resultaron bastantes decepcionantes para las expectativas que nos habíamos creado. Ya fuera por la permanente situación de campaña electoral a la que nos vimos sometidos hasta finales de Mayo o por el recelo o la desconfianza que pudieran albergar desde ambos partidos por ser el nuestro un grupo sin un historial político que les permitiera manejarse con la comodidad que da el conocimiento previo, lo cierto y verdad es que hubo más momentos de tensión que de colaboración y trabajo compartido. Fueron constantes las declaraciones de los consejeros matizando y distanciándose del espíritu recogido en los 37 puntos de la investidura al que aludíamos más arriba. Esta situación llegó hasta el extremo de que nos vimos obligados a plantear una enmienda a la totalidad de los presupuestos del 2.019, acción que por mucho que algunos digan lo contrario tuvo poco de teatral.

Sin embargo, fue precisamente a partir de ese momento cuando de la necesidad se hizo virtud, y en un tiempo record pudimos negociar un primer acuerdo presupuestario de 34 puntos que se cerró “in extremis”, puesto que el redactado final no nos llegó hasta apenas unos minutos antes de nuestra intervención en el correspondiente Pleno. Y llegados aquí hay que decir que desde ese momento se produjo un cambio sustancial en nuestras relaciones con el gobierno de la Junta de Andalucía y con los dos partidos que la sustentan. Es de justicia resaltar el ingente trabajo realizado por los técnicos de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía a la búsqueda del encaje técnico, a veces difícil, de algunas de nuestras propuestas. La presión de VOX resultó determinante en el documento de Junio para alumbrar algunas medidas que, pese a su escasa incidencia en términos cuantitativos, van a tener una importancia capital en el nuevo, diríamos que ineludiblemente nuevo, diseño de la administración autonómica. Ésta habrá de soltar el enorme lastre que suponen unos entes instrumentales costosísimos, ineficaces y redundantes, y que además fundamentalmente han venido sirviendo de terminal de esa red clientelar tejida por el partido socialista durante todos estos lustros en los que ha venido gobernando. Es penoso llegar a la conclusión de que pese a los ingentes recursos consumidos, casi cuatro décadas después los socialistas no hayan conseguido sacar a Andalucía de las lamentables posiciones en los rankings relativos al desarrollo económico y cultural de las regiones de nuestro entorno. Pero también, y de modo no menos importante, por primera vez llevamos a los textos presupuestarios programas y actuaciones que estaban siendo excluidas sistemáticamente de todo debate político. Así, en las cuentas se habla de violencia intrafamiliar, lucha contra la inmigración irregular, la protección y ayuda a las mujeres embarazadas o la limitación de los nocivos efectos de la mal llamada memoria histórica.

Casi sin tiempo para comprobar cuáles y hasta qué punto se estaban cumpliendo los diferentes puntos del pacto, a la vuelta del verano tuvimos que empezar a trabajar en los presupuestos 2.020, debiendo decir que el ambiente de colaboración leal se ha mantenido pese a las discrepancias que inevitablemente iban surgiendo en las negociaciones. Es importante reseñar que la convocatoria de elecciones generales, que desde primeros de Septiembre se empezó a vislumbrar como algo inevitable, no ha alcanzando a enturbiar o enmarañar un proceso ya de por sí sensible y complejo como el que nos ocupaba, consiguiendo que el ya mencionado interés general fuera el objetivo perseguido de manera prioritaria sin quedar mediatizado por intereses de partido. Y así, se continúa avanzando en el desmantelamiento de la administración paralela con la realización de unas auditorías independientes generalizadas que se van a llevar a cabo por empresas privadas (dando cumplimiento así a una exigencia que llevábamos trazada con lápiz rojo), la fiscalización de las subvenciones y un mayor control para evitar prescripciones de derechos de cobro y devolución. Además se profundiza en asuntos como la apuesta por la vida, la batalla frente a la violencia intrafamiliar, la seguridad en los centros MENA y la colaboración con Interior para facilitar datos de inmigrantes ilegales, mientras que por primera vez una administración pública se posiciona en defensa de la caza, la tauromaquia, y la libertad de los padres para elegir las actividades educativas complementarias a las que quieren que acudan sus hijos (el “pin parental”), incluyéndose programas “antiokupas” en defensa de la propiedad privada.

En definitiva, resulta indiscutible que la impronta y la influencia de VOX se han hecho bien presentes en estos meses de legislatura. Primero, porque nuestra presencia e insistencia van a permitir alumbrar reformas de gran calado que sin nosotros no se habrían acometido, quedando asentadas las bases para ese cambio cultural profundo que desde nuestro partido juzgamos imprescindible para el progreso de Andalucía. Y segundo, porque la voz de VOX ha servido para romper el ominoso pacto de silencio y la dictadura de lo políticamente correcto impuestas por la retroprogresía, permitiendo que por primera vez se pueda hablar y discutir libre y democráticamente sobre muchas materias a las que se había sacado indebidamente del debate público.

Los españoles en general y los andaluces en particular así lo han sabido ver y nos lo han agradecido. Les aseguro que haremos lo posible e imposible para no defraudarles.

Alejandro Hernández es portavoz de Vox en el Parlamento andaluz.

¡Viva la Constitución!
Rosa Díez okdiario 3 Diciembre 2019

En España no hay costumbre de salir a la calle a reivindicar y defender las cosas buenas de las que disfrutamos ni siquiera cuando estamos en riesgo de perderlo. Pero a veces se dan circunstancias extraordinarias que consiguen movilizarnos; no han pasado tantos años desde que un grupo heterogéneo de hombres y mujeres del País Vasco decidieron unirse para salir a la calle a reivindicarse como ciudadanos con plenos derechos, a defender la Constitución y la democracia. Decidimos salir a reencontrarnos, a sentirnos mayoría y a gritar en contra de quienes querían arrebatarnos ese estatus de ciudadanos libres e iguales. Ese grupo se llamó Basta Ya! y tuvo tanto éxito que de inmediato nos convertimos en el enemigo a batir por el nacionalismo y por ETA.

No es posible defender la Constitución sin recordar lo que supuso el espíritu de la Transición. Nuestros padres, que sufrieron las consecuencias de la guerra fratricida, forjaron aquel gran pacto para que su historia no se repitiera en sus hijos o en sus nietos. Su valor y su generosidad nos enseñó a reconocernos como hermanos y buscar el acuerdo sin señalar vencedores o vencidos. Y entendimos que todos los proyectos políticos son respetables y discutibles, con dos únicas condiciones: son ilegítimos todos aquellos proyectos que para triunfar requieran eliminar al adversario o aquellos que sólo puedan tener éxito situándose fuera de la ley.

Quienes desprecian la Transición y lo que ella supuso quisieran borrar de nuestra memoria a todos sus protagonistas porque no soportan la comparación con los políticos de aquella época, con su sentido de Estado, con su preparación, con su amor a España con su compromiso para construir y mantener la democracia a la democracia.

Recordar cóo se alumbró la Constitución que hoy celebramos ha de servir también para poner ante el espejo a todos estos políticos mediocres y acomplejados que lo mismo desentierran a Franco que prometen indultos a los golpistas. ¿Se imaginan qué hubiera ocurrido si un ministro de UCD hubiera declarado que era “partidario” de indultar a los golpistas del 23F? ¿Se imaginan qué hubiera ocurrido si el Presidente Calvo Sotelo hubiera recetado como solución “empatía” con Tejero y los suyos? Me dirán que no es lo mismo. Efectivamente: lo que está ocurriendo ahora en España es peor; Sánchez y el PSOE han hecho las dos mayores cesiones democráticas que están en su mano: han reconocido como interlocutores a los sediciosos y a los terroristas y han sellado un gobierno de coalición con un partido político que defiende la demolición de la Constitución, empezando por la figura del Jefe del Estado y continuando por el reconocimiento de la autodeterminación, un “derecho tribal” que niega al conjunto de los españoles el derecho, este si, de decidir conjuntamente el futuro de nuestro país.

El objetivo de la política democrática no es hacer que unos se sientan más cómodos que otros a base de imponernos a todos sus sentimientos, haciéndolos obligatorios; el objetivo de la democracia no es restañar heridas imaginarias ni ganar retroactivamente guerras del pasado. El objetivo de la Constitución no es dar satisfacción a mitos y emociones que, por muy comprensibles y humanas que sean, van contra los principios de solidaridad, libertad e igualdad sin los cuales no hay democracia ni ciudadanía, sólo tribus enfrentadas y encadenadas a emociones primarias.

Viene esto a cuento porque mañana celebramos el día de la Constitución. Yo lo celebro, si, y no porque la voté sino porque es la Ley que me reconoció como ciudadana tras haber vivido 26 años como súbdita. La celebro y la reivindico porque sé que cuando el orden constitucional está en peligro, también lo está la libertad de todos y cada uno de nosotros. Libertad e igualdad son los valores supremos que debe preservar y cultivar el orden constitucional de la democracia, y estos son precisamente los valores que están poniendo en grave peligro los ataques contra el orden constitucional de la España democrática que vengo señalando.

Es el momento de que los ciudadanos conscientes digamos de nuevo basta ya, como muchos miles dijeron no hace tanto tiempo frente al terrorismo y al nacionalismo obligatorio en el País Vasco. Es el momento de exigir el cese de todo ataque contra la Constitución, y el fin del desacato de los gobiernos a las leyes y sentencias que no les gustan. Es el momento de defender la Constitución señalando claramente a quienes quieren demolerla, a los culpables y a sus cómplices que son igualmente culpables.

Hay momentos en los que nuestra obligación como ciudadanos es salir a la calle para defender las leyes que nos hemos dado, los derechos que hemos conquistado. Las calles son de todos aunque a veces pudiera parecer que solo las ocupan aquellos convocados por quienes más hicieron para destruir la democracia, como Otegi sin ir más lejos que mientras pacta con el PSOE en Madrid y en Navarra convoca una manifestación en Bilbao en contra de la Constitución. Por cierto que cuando un terrorista te convoca en contra o a favor de algo, si tenías alguna duda al respecto, ya sabes cual es el sitio de la gente decente: siempre en frente

Nuestra libertad está amenazada por quienes creen que pueden dividirnos para acabar con la igualdad y la solidaridad entre nosotros, levantando fronteras artificiosas en nombre de mitos y prejuicios que encubren turbios intereses e impiden la regeneración de la política democrática. La única identidad que importa, la única que merece la pena defender, es la identidad democrática.

Hoy más que nunca es la hora de decir ¡Basta ya de ataques a la democracia!
Hoy más que nunca es la hora de salir a la calle y gritar: Ciudadanos, ¡Viva la Constitución!

Del chiste del mexicano: que viva, pero que no viva tan lejos
Nota del Editor 3 Diciembre 2019

La constitución española es un conjunto de normas contrapuestas sin lógica alguna. Su gestación fue una burla a la ciudadanía, a los españoles. Su interpretación, si fúe aprobada por la ciudadanía, debería basarse en ella y no en un grupo de "constitucionalistas" capaces de interpretar lo que a ningún ser racional le parece razonable, en resúmen, es una tomadura de pelo descomunal, pero es lo único que tenemos hasta que consiguamos enderezarla votando a Vox.

El comunismo en España, anomalía en Europa
Diego Vigil de Quiñones okdiario 3 Diciembre 2019

La semana pasada tuvo lugar en las Cortes valencianas un episodio que da que pensar: David García, el diputado obrero de Vox, exhibió tachadas una esvástica y una hoz con un martillo como muestra de rechazo a los regímenes totalitarios. Hay que recordar que una resolución reciente del Parlamento europeo (resolución 2019/2819) condena el comunismo (equiparándolo con el nazismo como ideología igualmente abominable), exige memoria histórica con las víctimas, y pide que no se haga homenaje alguno a los verdugos. Ante el gesto del diputado de Vox, algunos diputados de izquierdas se levantaron y se fueron, otros dieron la espalda y el Presidente de la asamblea exigió retirar el símbolo. Toda la polémica se centró en la aparición de la esvástica. Apenas se reparó en que estaba tachada y que llevaba al lado la hoz y el martillo. De estos últimos ni se habló, descartando naturalmente toda posible equiparación.

La anécdota es bien expresiva de nuestro sistema político: en la España del régimen del 78 el comunismo está siendo blanqueado (como se dice ahora). El hecho de que el comunismo fuese la principal fuerza de oposición al régimen anterior, unido al patriotismo del PCE en la transición, hacen que aquí nadie se plantee condenar al comunismo como en otros países. En España, durante Franco y después de Franco, ha habido una legitimación blanqueadora del comunismo debido a su condición de victima de la dictadura.

Con todo, no ha sido este blanqueamiento reparador de la víctima lo único que ha permitido pervivir al comunismo en España indemne de condenas. Junto a la victimización, ha habido una utilización consciente y malintencionada del comunismo por establishment: al igual que durante el franquismo el régimen supo aprovechar que la única alternativa (la comunista) era peor que lo que había para perpetuarse, la casta del régimen actual ha sabido dejar al comunismo como casi única alternativa al régimen, evitando siempre el cambio con la excusa de que la alternativa es muy peligrosa. El último gran episodio ha sido el tiempo político reciente marcado por Podemos. En unos tiempos caracterizados por una fuerte demanda de regeneración democrática, el poder político y mediático favoreció que Podemos/IU patrimonializasen la alternativa. Y con la excusa del peligro comunista, ni se dio paso a listas abiertas, ni se potenciaron consultas directas, ni se cambio de la ley electoral, ni se acabó con el nombramiento político de los Jueces, ni se abordaron las cesiones a los nacionalistas, ni hubo pacto educativo. Paralelamente, a quien tenía un programa más consistente para la regeneración de nuestra democracia como fue UPyD, se le hizo el vacío mediático propiciando a cambio el surgimiento de una fuerza, Ciudadanos, que de momento no sabemos para que ha servido.

El viernes se cumplen 41 años de la Constitución. Sigue habiendo quien piensa que nuestra democracia tiene no pocas anomalías derivadas de ser en realidad una post-dictadura. Creo que a esas anomalías habría que añadir sin duda el anómalo estatus que el comunismo tiene en nuestro país. Un estatus impropio de una democracia europea normal. Un estatus que, con todo, no es sólo mérito de los comunistas, sino que en buena medida procede del establishment bipartidista post-dictatorial, que ha sabido blanquear al comunismo en su propio provecho para evitar los cambios democráticos que una alternativa liberal si que hubiese conquistado.

El minuto catastrófico de Mariano
Pablo Planas  Libertad Digital 3 Diciembre 2019

Ese pedazo de estajanovista del arte del disimulo que es don Mariano Rajoy ha escrito unas memorias en las que asegura que habría aplicado el artículo 155 de la Constitución en Cataluña aunque Carles Puigdemont hubiera convocado elecciones autonómicas en vez de proclamar la república como le dijeron Marta Rovira, Oriol Junqueras y Gabriel Rufián, por ese orden. Un titán, Rajoy. Que no le iba a temblar el pulso, dicta en el libro titulado Una España mejor.

La cuestión queda despachada de manera harto sucinta en el siguiente párrafo:
No veía ninguna razón para dejar en suspenso una decisión que no era fruto de ningún arrebato, sino consecuencia de semanas de estudio y de muy sólidos argumentos jurídicos y políticos. Antes de llegar a aplicar aquel precepto constitucional nos habíamos cargado de razones y estas no desaparecían por el hecho de que Puigdemont convocara elecciones; la independencia seguía declarada.

Lo que no se aclara es si la decisión se adoptó antes o después de no encontrar las urnas del referéndum que no se iba a celebrar. O cuando el PSOE se avino a apoyar la medida con el requisito de no tocar TV3 porque el apoyo de los socialistas y en menor medida de Ciudadanos era para don Mariano condición sine qua non, ya que no estaba dispuesto a asumir en solitario esa responsabilidad a pesar de que disponía de la mayoría suficiente en el Senado.

Nada se dice tampoco en los extractos publicitarios de sus ralas memorias sobre la inmediata convocatoria de elecciones autonómicas que llevó a cabo Rajoy en el mismo anuncio de la aplicación del 155, un error de tal envergadura que se arrastrará durante décadas, puesto que, en vez de utilizar el artículo para desmantelar las estructuras del golpe de Estado, lo que hizo el gran Mariano fue reforzar el golpe, al permitir que quienes lo habían perpetrado pudieran presentarse a unos comicios regionales limpios de polvo y paja, en un estado de máxima excitación separatista, con ingentes dosis de victimismo y propaganda vertidas en los centros educativos y en los medios públicos y subvencionados de Cataluña.

Así es que utilizó el 155 para convocar él las elecciones y no Puigdemont. ¿Alguien lo entiende? Y aún saca pecho Rajoy y va y se jacta de lo que fue un churro, una birria, un auténtico mojón a la altura de su patrocinador, la mayor oportunidad perdida de la historia de la democracia en España, un desastre sin paliativos, un episodio trágico, triste y funesto coronado por unas elecciones catastróficas para el futuro y los intereses de los ciudadanos no separatistas. Todo gracias a ese señor registrador que ahora se sacude el peso de la conciencia con un libro a mayor gloria de las avestruces y pagado a precio de oro. Delirante.

Prueba de la enorme envergadura de nuestro Mariano es una de las preguntas de la entrevista publicada este domingo en el suplemento del grupo Vocento, cuando se le inquiere si iba "algo achispado" o "más alegre de la cuenta" al salir del restaurante en el que se parapetó durante la moción de censura. La impresión es definitoria. Ningún presidente de Gobierno en España ha tenido que responder a una cuestión semejante. Ni siquiera Zapatero.

Le viene al pelo a este personaje un pasaje del Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig, el relativo a la batalla de Waterloo y la torpeza catastrófica para Napoleón de su mariscal Grouchy. Dice así:

A veces, y estos son los momentos más asombrosos de la historia universal, el hilo de la fatalidad cae durante una fracción de segundo en unas manos por completo incompetentes. Ante el embate de la responsabilidad, que les introduce de lleno en el heroico juego de las fuerzas cósmicas, tales hombres, más que afortunados se sienten estremecidos, y casi siempre dejan que el destino que les ha caído encima se les escape entre las manos temblorosas. Solo muy rara vez alguno de ellos, enérgico, enaltece la ocasión y con ella a sí mismo. Pues tan solo por un segundo se entrega lo grande al insignificante. Y al que desaprovecha ese momento, jamás le concede una segunda oportunidad.

El PSC y la inmersión
Alejandro Tercero Cronica Global 3 Diciembre 2019

La propuesta de la dirección del PSC para “flexibilizar” la inmersión lingüística en las escuelas catalanas ha generado una importante polémica en las últimas semanas que merece algunas puntualizaciones.

En primer lugar, hay que dejar claro que la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán --el modelo que se aplica en Cataluña desde hace décadas-- es un sistema que implica que todas las asignaturas no lingüísticas se impartan únicamente en catalán. Si se flexibiliza, aunque sea con una sola materia en español, ya no se puede denominar inmersión, sino que pasaría a ser un modelo de conjunción lingüística con el catalán como lengua prioritaria --o con el catalán como centro de gravedad, tal y como recogen algunas sentencias de los tribunales--.

Es decir, la inmersión no se puede flexibilizar. O, dicho de otra forma, la flexibilización de la inmersión supone su supresión, su erradicación, su abolición. Se trata de una contradictio in terminis, un oxímoron: o se mantiene o se elimina.

¿Por qué habla entonces el PSC de flexibilizar la inmersión? Hay dos posibilidades: o no tiene ni idea de lo que está hablando --cosa que, pese a parecer increíble, no se puede descartar--, o es víctima de sus tradicionales complejos.

Yo me quedo con la segunda opción. Durante décadas, el PSC ha presumido de haber sido el promotor e impulsor de la inmersión. ¿Cómo va a abogar ahora por la derogación de un modelo del que siempre ha sido su más ferviente defensor? Sería una autoenmienda a su propia historia. ¿Cómo va a asumir como un proyecto propio la eliminación de la inmersión, cuando ha sido un tabú para el nacionalismo y el catalanismo durante tanto tiempo?

Hay quienes, además, no se fían del giro del PSC. Es el caso de las principales entidades catalanas en defensa del bilingüismo (AEB, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, Impulso Ciudadano, Cervantina...). Consideran que este movimiento del PSC no nace de la convicción sino que únicamente tiene por objetivo hacerse con la bolsa de votantes huérfanos de Ciudadanos --recordemos que la formación naranja, ahora en horas bajas, nació entre otros motivos para luchar contra la inmersión... y ganó las pasadas elecciones autonómicas--, pero que en realidad se quedará en agua de borrajas.

Ciertamente, el texto incluido en el borrador de la ponencia del PSC genera ciertas dudas: “Haremos de la diversidad lingüística en Cataluña un activo, defendiendo el catalán y el castellano a través de un modelo plurilingüe en la escuela con la flexibilidad que la realidad sociolingüística presente en nuestra país exige”. De esta frase se podría deducir que solo se incluiría/n alguna/s asignatura/s en español en las zonas de mayoría catalanohablante --y por motivos pedagógicos--, cuando en realidad se trata de una cuestión fundamentalmente de derechos. En concreto, del derecho a recibir una buena parte de la educación en la lengua materna, en tanto en cuanto esta es oficial (además de la mayoritaria) en Cataluña.

En todo caso, hay dos conclusiones claras. Por una parte, tal vez este cambio de enfoque del PSC --si finalmente se confirma en el congreso del 12, 13 y 14 de este mes-- sea el legado póstumo de Ciudadanos. Si así fuera, la existencia de Ciudadanos ya habría valido la pena sobradamente.

Por otra, no importa que el PSC plantee flexibilizar la inflexibilizable inmersión, ni que lo haga más por oportunismo político que por convencimiento. Si la nueva posición de los socialistas catalanes supone, de facto, demoler la mayor aberración cultural que se ha perpetrado en las democracias occidentales en el último medio siglo, bienvenida sea.

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El PNV aprovecha la debilidad de Pedro Sánchez
Editorial El Mundo 3 Diciembre 2019

No hay mejor escenario para las aspiraciones rupturistas del nacionalismo que el de un Gobierno débil dispuesto a ceder en todo para conservar el poder. Por eso, a las presiones del independentismo catalán a través de ERC para que Sánchez acepte sus condiciones, se han unido las del PNV. Y esa es la razón por la que la comisión de expertos encargados de redactar una propuesta de Estatuto ha acelerado sus trabajos. Como ya adelantó este periódico, el nuevo articulado es abiertamente inconstitucional, ya que pone en cuestión el principio básico de la soberanía nacional, fragmentándola, e introduce en la disposición adicional segunda el derecho de autodeterminación. Utiliza para ello la edulcorada e imposible figura del «derecho a decidir» para la concreción de "la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno". El hecho de que el proceso deba estar siempre "pactado con el Estado" ha provocado que Bildu haya optado por presentar un borrador alternativo.

Sin embargo, en el texto consensuado entre PNV y Podemos, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se incluye un voto particular del PSE que rechaza tajantemente la inclusión del derecho a decidir en el nuevo Estatuto. De la misma forma, los socialistas tampoco admiten que se incluya en el texto la consulta habilitante que permitiría, contradiciendo el procedimiento previsto por la Constitución, que el Parlamento vasco sometiese el nuevo Estatuto a referéndum -"sin carácter vinculante", especifica- antes de remitirlo a las Cortes para su aprobación. Es decir, una consulta que sirviese de presión al poder legislativo, condicionando su decisión.

Pero más allá de los votos particulares que deberán aprobarse o rechazarse en posteriores sesiones, el lehendakari Iñigo Urkullu ha aprovechado la precaria situación del presidente Pedro Sánchez para proponer "una mesa política en el Estado sobre la cuestión territorial", similar a la que propone ERC para Cataluña. Urkullu, cuyo partido ya ha iniciado las negociaciones con el PSOE de cara a una posible investidura del líder socialista, pretende avanzar hacia un nuevo estatus de bilateralidad abriendo, además, el debate sobre un modelo territorial alternativo, lo que supondría un cambio efectivo de la Constitución por la puerta de atrás; esto es, a través de la reforma estatutaria.

Sánchez no puede bajo ningún concepto aceptar este chantaje de los soberanistas vascos y debe buscar acuerdos y alianzas con las fuerzas constitucionalistas. Como dijo en su campaña electoral, no se puede llegar al poder a cualquier precio. Menos aún si este conlleva el fin del actual modelo de convivencia.

La desvergüenza del PSOE de Sánchez: hay que excluir a Bildu y a ERC, no a VOX
EDITORIAL ESdiario  3 Diciembre 2019

El líder socialista va a deberle la presidencia, tal vez, a partidos a los que sí debería aplicar un cordón sanitario. Mientras, estigmatiza al resto con desvergüenza.

El PSOE lleva desde las Elecciones Andaluzas, que acabaron con 35 años de corrupción y clientelismo y elevaron a la presidencia al popular Juanma Moreno, intentando generar la falsa idea de que VOX es un partido anticonstitucional y ultraderechista, digno de un cordón sanitario que le haga inhábil a la hora de computarlo como socio directo o indirecto para cualquier alianza política.

Se trata, resulta ocioso decirlo, de restarle posibilidades a cualquier acuerdo entre el PP y Cs para evitar lo que precisamente sucedió en Andalucía, donde Susana Díaz y el régimen de los EREs acabaron gracias al respaldo de VOX al pacto entre populares y naranjas.

Que, por cierto, funciona a la perfección, ha cambiado para bien los índices andaluces y ha demostrado, de paso, que el partido de Abascal no es un ningún peligro para nadie: ni para la existencia de la Comunidad Autónoma ni para los desfavorecidos ni, desde luego, para las mujeres. Ninguna ley ha cambiado y, sin embargo, la economía andaluza ha mejorado notablemente.

El mantra contra VOX no es, además, privativo: también se extiende contra el PP o Cs, que pasan a ser "de extrema derecha" o "trifachito" con la misma frivolidad, sin que importe ese desprecio a la hora de pedirle a continuación su respaldo a una investidura que de repente diluye su supuesto radicalismo si con ello auxilia a Sánchez.

Es indecente, desde un punto de vista intelectual, la estigmatización constante que este PSOE hace de sus rivales, un mero truco retórico que se cae por su propio peso: si de verdad VOX es anticonstitucional por defender por ejemplo la reforma a fondo de las Comunidades, ¿por qué Sánchez no inicia los procedimientos legales previstos en la Ley de Partidos? Porque fracasaría, sin más.

Pero todavía indigna más que el nuevo PSOE pida cordones sanitarios mientras, a la vez, defiende conceptos inconstitucionales de verdad, como la "plurinacionalidad" de España; y confía su futuro a partidos que sí merecerían aislamiento, casos de Bildu o ERC.

Que Sánchez esté dispuesto a deberle la presidencia a un delincuente como Junqueras y gobierne Navarra por la abstención de un terrorista condenado como Otegi es un bochorno. Que además intente impartir lecciones de ética política y reparta carnés de demócrata roza ya el esperpento.

El “gesto” de Sánchez: así está de "pillado" por Junqueras y Torra a la vez
Antonio Martín Beaumont esdiario 3 Diciembre 2019

El líder socialista se las prometía felices con el independentismo, pero ha constatado lo que el resto ya sabía: o pasa por su aro, o sufrirá para ser investido. Ésta es la historia.

La Moncloa y Ferraz viajan por una montaña rusa de convicciones. En las últimas dos semanas, el entorno de Pedro Sánchez ha venido contando con la reelección gracias a la abstención de ERC. Creyeron que bastaba con engatusar a los separatistas con guiños por boca del presidente, como aparcar el compromiso de penalizar los referendos ilegales o cambiar la expresión “crisis de convivencia” por “conflicto político”. Así de fácil lo veían.

Más recientemente, Carmen Calvo buscó incluso blanquear el independentismo bajo la denominación de “la otra izquierda histórica”. Sin embargo, a estas horas nadie da nada por hecho. El voto de ERC tanto puede posarse en el “no” como en la abstención.

El círculo presidencial ya ni siquiera cuenta con la discreción en las negociaciones. El inicio de las conversaciones entre los equipos de PSOE y ERC ha sido un secreto a voces. La difusión de la primera cita el pasado jueves dejó cariacontecidos a los monclovitas.

La nueva vuelta de tuerca del coordinador de Esquerra, Pere Aragonés, con sus exigencias difundidas a bombo y platillo (“gesto” de Sánchez, negociación de “Govern a Gobierno” y fijar un calendario antes de la investidura con garantías de cumplimiento) acabó por romperles la cintura. “Como no tenga guardado Sánchez un as en la manga, difícilmente va a convertir a ERC en su costalero”, me reconocía un diputado socialista que ve el vaso medio vacío.

Pedro Sánchez traga y calla: así será la capitulación del PSOE ante ERC

Lo cierto es que la pasada semana personajes muy cercanos al presidente volvieron a contemplar a “las derechas” -así, en plural– como la vía alternativa para formar gabinete. Sí, sí, la abstención del PP además del sí de Cs. Fue algo momentáneo, es verdad.

Enseguida el socialismo oficial volvió a remontar el vuelo tras emplazarse con los republicanos este próximo martes: “Si hay nuevas citas, hay nuevas oportunidades”. Comienza una semana donde los socialistas con cargo pueden creer que están tocando la cima, aunque tengan muchas opciones de terminar en el abismo. Se verá.

La falta de sincronía entre republicanos catalanes y socialistas es importante. Sánchez tiene prisa. Demasiada, seguramente. Los secesionistas trasladan que necesitan tiempo para ir del “no” a la “abstención”. Un ministro advertía en privado: “Moverán ficha en función de su conveniencia en Cataluña”.

Quizá por ello, los más precavidos dentro del equipo del líder socialista marcan en su calendario el mes de enero como el escenario más propio para celebrar la sesión de investidura. Aunque desde el Gobierno no se dé nada por perdido.

La desesperación del sanchismo llega al extremo de no descartar que Sánchez mantenga una conversación telefónica con Quim Torra. Pese al riesgo, lógico, de que parte de la opinión pública española la entienda como una claudicación. Recordemos aquí la “condición imprescindible” fijada por Aragonés para que Esquerra Republicana replantease el voto: “un gesto” del presidente para visualizar su voluntad de acuerdo con Cataluña.

"Esto va a salir"
Pero, cualquier cosa sirve si ablanda al independentismo y desbloquea la investidura. Incluso que el mandatario del PSOE, con todo lo que ha dicho durante la pasada campaña electoral sobre el presidente de la Generalitat y tras haber rechazado dos llamadas suyas, tome la iniciativa y marque su número.

Mientras tanto, el jefe del gabinete del presidente, Iván Redondo, intenta tranquilizar al mundo del dinero en cenas que incluyen a fondos de inversión extranjeros. “Esto va a salir” es uno de sus mensajes-fuerza en esos encuentros. Como no es un ingenuo, hay que suponer que dice lo que le toca. Porque, seguramente, lo más inquietante para sus acompañantes de mesa sea que “esto” pueda salir.

ERC deja en evidencia a Sánchez
Editorial La Razon 3 Diciembre 2019

Mantener una negociación condenada al fracaso, pero que, a la postre, siempre beneficiaría a un partido nacionalista que no sólo tiene en su mano la investidura, sino la aprobación de los Presupuestos Generales, es un error político»

ERC reúne a los grupos de Congreso y Senado en vísperas de la constitución de las nuevas Cortes

Como era de esperar, ERC no sólo ha enfriado las expectativas socialistas de un acuerdo rápido para la investidura de Pedro Sánchez, que se pretendía para antes de Navidad, sino que ha puesto sobre la mesa ese elefante que algunos parecen no querer ver: la inasumible demanda de la autodeterminación de Cataluña. Lo dijo ayer sin ambages el vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de la Esquerra, Pere Aragonés, al señalar que el denominado «conflicto político» trata, evidentemente, de la supuesta soberanía de Cataluña, del derecho a decidir su propio futuro, cuestión que no puede abordarse por los cauces constitucionales establecidos ni admite soluciones de compromiso como las transferencias competenciales o la mejora de la financiación.

A partir de ahí, ERC no tiene ninguna prisa en concluir unas negociaciones que, a priori, no pueden traer ningún cambio fundamental para las aspiraciones de los separatistas catalanes, de lo que deberían ser plenamente conscientes. En realidad, Pere Aragonés sólo reformulaba, más alambicadamente, el precio ofrecido por el portavoz de ERC en la Cámara autonómica, Sergi Sabriá, a cambio de mantener en La Moncloa a Pedro Sánchez: «amnistía y autodeterminación». Y todo ello, mediante el compromiso de una mesa negociadora bilateral, que acabaría con las firmas en pie de igualdad del presidente del Gobierno de España y el de la Generalitat.

Ni qué decir tiene que la proposición de ERC es inaceptable desde cualquier punto de vista, pero, esencialmente, desde el ordenamiento constitucional de la democracia española. En estas condiciones, mantener una negociación condenada al fracaso, pero que, a la postre, siempre beneficiaría a un partido nacionalista que no sólo tiene en su mano la investidura, sino la aprobación de los Presupuestos Generales, es un grave error político, más aún, cuando los dirigentes de la Esquerra ya han admitido paladinamente que entre sus funciones no se encuentra procurar la gobernabilidad de España, sino avanzar en el proceso soberanista.

La respuesta que dio ayer el presidente del Gobierno en funciones a la evidencia de que los separatistas catalanes tienen su propia agenda fue una de los más clásicas de su repertorio: que el desbloqueo político es responsabilidad de todos los partidos, verdad de perogrullo, que, sin embargo, obvia la esencial responsabilidad de quien aspira a conformar un Gobierno. Lo planteó, también ayer, Inés Arrimadas, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos y, con toda probabilidad, la futura líder de la formación naranja, al solicitar epistolarmente a Pedro Sánchez una reunión a tres –PSOE, PP y Ciudadanos– que abra la vía a un Gobierno constitucionalista de concentración o, al menos, un acuerdo de legislatura que permita la abstención del Partido Popular. La solución, como venimos sosteniendo, no es sencilla, pero es perfectamente factible si se cumple la condición ineludible de que el candidato socialista se avenga a un compromiso formal con el líder popular, Pablo Casado, que pueda ser comprendido y aceptado por sus votantes. Entre las ventajas, que se elimina de la ecuación a los nacionalistas y la extrema izquierda de Unidas Podemos, y entre las desventajas, el coste electoral que asumiría cada uno de los partidos comprometidos, cuya cuantificación es compleja.

Lo que no puede pretender Sánchez es la abstención gratuita del PP, aunque sólo sea porque en el programa del previsto Gobierno social-comunista figuran una batería de medidas populistas de izquierdas que ni Pablo Casado ni Inés Arrimadas ni siquiera la derecha conservadora vasca –en la definición que ha dado el propio Pedro Sánchez del PNV– pueden dar por válidas. El desbloqueo, sí, es responsabilidad de todos, pero mucho más del candidato.

El PNV impone su precio a Sánchez
Editorial ABC 3 Diciembre 2019

La deriva del separatismo en Cataluña ha empujado al PNV, de la mano del Partido Socialista de Euskadi y de la marca vasca de Podemos, a presentar un borrador de reforma del Estatuto de autonomía en el que directamente apela a una regulación del «derecho a decidir» y a la anexión de Navarra. Es cierto que el documento está aún en una fase muy preliminar y que hay serias discrepancias entre los socialistas y el PNV a la hora de pactar un texto común que permita superar el Estatuto de Guernica. Pero la línea emprendida por el PNV no deja de ser alarmante, en la medida en que supone otra embestida del nacionalismo secesionista contra el constitucionalismo y la soberanía nacional. La tramitación de esta reforma estatutaria es el precio que impone el PNV a Pedro Sánchez para avalar su investidura y blindar la legislatura. El borrador no deja de ser una mala copia del antiguo «plan Ibarretxe», cuya tramitación fue frustrada por el Congreso en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, con las constantes apelaciones de Sánchez a la «España plurinacional» y dado su estado de necesidad, el PNV ha desempolvado su eterno catálogo de exigencias para elevar el tono de su chantaje. Según el borrador del PNV, las tres provincias vascas forman «parte integrante de Euskal Herria», que es una entidad jurídica, administrativa y territorial inexistente. También pretenden que se atribuya al País Vasco una «identidad nacional» -término que en su día el PSOE aceptó para Cataluña-, y se comprometen a realizar un «reconocimiento mutuo» a España, como si fueran naciones en idéntica jerarquía y estatus institucional.

Lo más grave no es que el nacionalismo vasco, o el separatismo catalán, lo planteen y lo intenten, sino que Pedro Sánchez acepte negociar con esos partidos desde la base de una extorsión política con riesgos palpables para la demolición del modelo constitucional. El PSOE nunca debería sentar las bases, ni siquiera como mera hipótesis, para asumir que en nuestro territorio hay «realidades nacionales» distintas a la de España, o que Navarra pudiese formar parte de la pretendida «Euskal Herria». Sin embargo, Sánchez claudica y su partido negocia en secreto con Bildu los presupuestos de la misma Navarra que los batasunos y el resto de nacionalistas pretenden someter al País Vasco. Frente al independentismo catalán, el nacionalismo vasco aparece ante la opinión pública como un movimiento de moderación política, pragmático y posibilista, y generador de consensos para la gobernabilidad a izquierda y derecha. Sin embargo, de modo recurrente, sobre todo cuando asoman elecciones en el País Vasco, revela su auténtico rostro para exigir lo de siempre una vez más: «Derecho a decidir», «nación» vasca y absorción de Navarra mientras Sánchez calla.

La deslealtad del PNV
Cayetano González  Libertad Digital 3 Diciembre 2019

El PNV, que ha estado estos últimos años un tanto agazapado, a la espera de cómo acababa el desafío secesionista lanzado al Estado desde Cataluña, vuelve a asomar la patita.

El próximo viernes se celebrará el 41º aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución. Una Constitución que todas las fuerzas de la izquierda, con el PSOE de Sánchez a la cabeza, los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos –PNV y Bildu– y los gallegos del BNG quieren cargarse por la vía de los hechos y dar paso a una segunda transición, en la que seguramente sobraría también la Monarquía.

En el caso del partido fundado por Sabino Arana y presidido en la actualidad por Andoni Ortuzar, la deslealtad hacia la Constitución viene de lejos, concretamente desde antes de su aprobación. El PNV pidió la abstención en el referéndum de 1978 a pesar de que en la elaboración del texto constitucional se introdujo, a través de la Disposición Adicional Primera, algo sagrado para los nacionalistas vascos: el respeto y la actualización de los denominados derechos históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

El PNV, que ha estado estos últimos años un tanto agazapado, a la espera de cómo acababa el desafío secesionista lanzado al Estado desde Cataluña, vuelve a asomar la patita y ha presentado este lunes en el Parlamento vasco un texto para un nuevo estatuto en el que se solicita explícitamente el derecho a decidir y se considera –faltaría más– a Euskadi como una nación.

En esta aventura, de momento, le acompañan –quién se lo iba a decir a los primeros próceres del PNV, personas "de orden" de toda la vida– los de Podemos, aunque la compañía que en el fondo más desean sus bases es la de EH-Bildu, porque ya se sabe que lo que más anhelan es que el hijo pródigo vuelva a la casa del padre de la que un día se fue no sólo para derrochar la herencia recibida, sino para apoyar la violencia terrorista de ETA, que causó 857 víctimas, miles de heridos y el abandono del País Vasco de decenas de miles de personas, por mor del clima irrespirable que produjo el terrorismo de ETA y el nacionalismo obligatorio del PNV.

El PNV ha sido un partido profundamente desleal con la democracia española. En la Transición, la UCD de Suárez le facilitó todo el poder posible en el País Vasco, a cambio de dos cosas: que se implicara en la lucha contra ETA y que fuera un partido leal al marco jurídico y constitucional. Ya han transcurrido los suficientes años para poder decir que no cumplieron ni una cosa ni la otra. En la lucha contra ETA, el PNV no apoyó ninguna de las medidas –legales, políticas– que desde los diversos Gobiernos se fueron tomando para combatir a la banda terrorista. Muy al contrario, su actitud fue siempre, como mínimo, la de poner palos en las ruedas.

En la actualidad, observando la debilidad que transmite el Estado ante la situación en Cataluña, y olfateando también debilidad en el Gobierno que pretende formar Sánchez para, entre otros objetivos, cargarse la Constitución, el PNV quiere sacar tajada y cree que ha llegado el momento de volver a subir su apuesta soberanista. En las formas, lo hará de una manera diferente, no tan burda como hace quince años con el denominado Plan Ibarretxe, pero el fondo no cambiará: relación bilateral con el Estado, derecho a decidir y reconocimiento de Euskadi como nación.

En cuanto a Navarra –otra vieja aspiración del nacionalismo vasco y de ETA–, el PNV piensa que, como el PSOE le está haciendo el trabajo sucio al frente del Gobierno regional, gracias al apoyo de Bildu, es solo cuestión de tiempo, de mucho adoctrinamiento educativo, cultural, pilotado desde las instituciones, que la Comunidad Foral caiga como fruta madura y pase a formar parte de esa Arcadia feliz que soñó el fundador del partido, Sabino Arana Goiri.

Estatuto País Vasco
PSOE, PNV y Podemos garantizan el control de los medios en el nuevo Estatuto vasco
El PSOE blinda en el nuevo Estatuto vasco la equiparación entre las víctimas de ETA y sus asesinos
Luz Sela okdiario 3 Diciembre 2019

El texto conjunto de PNV, PSOE y Podemos para la reforma del Estatuto del País Vasco avala, en uno de sus artículos, la vigilancia a los medios para "detectar noticias generadoras de brechas sociales".

Así se recoge, en concreto, en el artículo relativo a la ‘Libertad de información y derechos en la sociedad de la información’, en uno de cuyos puntos los partidos firman que "los poderes públicos vascos fomentarán el acceso a la sociedad de la información y garantizarán su seguridad, velando, asimismo, por la detección de noticias generadoras de brechas sociales".

Se añade, además, que "los medios de comunicación de titularidad pública garantizarán la pluralidad lingüística" y que "los poderes públicos fomentarán el derecho de la ciudadanía a acceder en euskera a publicaciones periódicas, programaciones de radio y televisión y de cualquier otro medio de comunicación social".

La redacción, que sugiere la vigilancia de las autoridades públicas a los medios de comunicación, sin explicitar su titularidad, con el objetivo de fiscalizar sus contenidos, no es rebatida por ninguno de los expertos de estos grupos.

La propuesta de Estatuto vasco pactada por PNV, PSOE y Podemos desarrolla por primera vez una ambiciosa protección de derechos de los ciudadanos, dedicando, entre otros, un artículo específico a las minorías, discapacitados o las mujeres.

En el capítulo segundo, relativo a ‘Derechos sociales’, se incluyen, por ejemplo, el derecho a la vivienda, a la educación, la salud, la vida familiar, a un medioambiente saludable o a la cultura.
Víctimas

El PSOE sí discrepa con PNV y Podemos en lo relativo a los derechos de las personas privadas de libertad. En este punto, los nacionalistas y el partido de Pablo Iglesias obligan a los poderes públicos a "garantizar que las personas privadas de libertad disfruten del ejercicio de todos los derechos que no hayan sido expresamente limitados por resolución judicial".

Esa "garantía", se explica, "incluirá su arraigo social, familiar y cultural y el cumplimiento de las condenas en el centro penitenciario más próximo a su lugar de residencia". "Se promoverán los acuerdos necesarios para que las personas privadas de libertad que cumplan condena en centros ubicados fuera del territorio de Euskadi lo hagan en éste, en los centros más cercanos a su domicilio", añade el texto. El experto designado por el PSE, Antonio López Basaguren, propone la supresión del artículo, no porque discrepe del contenido, sino por considerar que "no tiene relevancia" para incorporarse al Estatuto.

El borrador conjunto de PNV, PSOE y Podemos para la actualización del Estatuto vasco recoge también, como publicó OKDIARIO, un trato equitativo a "todas las víctimas", igualando así a asesinados por ETA y a los proetarras que denuncien haber sufrido maltrato por parte de las Fuerzas de Seguridad y a quienes el Gobierno vasco ya amparó con la polémica ‘Ley de abusos policiales’.

El texto establece el compromiso de "reconocer a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación" y añade que "los poderes públicos vascos garantizarán el reconocimiento y la atención integral de todas las víctimas velando por la salvaguarda de la memoria de aquellas que hayan sufrido vulneración de derechos humanos".

El artículo da continuidad al ambiguo discurso que sirve al Gobierno vasco para avalar el reconocimiento de las presuntas víctimas de actuaciones de Policía y Guardia Civil, en un intento por blanquear el terrorismo. Algo que ha sido muy criticado por asociaciones y partidos de la oposición.
 


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