AGLI Recortes de Prensa   Domingo 8  Diciembre  2019

El documento que prueba el fraude de los ERE avalado por Carmen Calvo desapareció del archivo de la Junta
Carlos Cuesta okdiario 8 Diciembre 2019

La Junta socialista de Andalucía ha puesto un especial énfasis en evitar que determinados documentos de los ERE no lleguen a la Justicia. Con ese fin, ha negado la existencia de los documentos acreditativos del convenio firmado por Gaspar Zarrías en 1999 por el que se permitió devolver un crédito -concedido por la propia Junta- por medio de subvenciones también concedidas por la misma Junta: es decir, impagar el crédito. OKDIARIO ha mostrado ya los documentos con los que los abogados de la Junta negaron la existencia de esas pruebas ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Pero con uno de esos documentos la pericia y dedicación de los equipos de la Junta socialista andaluza fue a más: directamente el archivo ha desaparecido pese a haberse cumplido sus exigencias y pese a figurar su referencia en un documento de la Agencia pública IDEA.

Todo ello afecta, casualmente, al caso en el que el préstamo inicial fue aprobado por el Consejo de Gobierno en el que estaba la actual vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo. Porque en aquel 1999 ella era consejera de Cultura y la decisión se pasó por el Gobierno andaluz al completo.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno andaluz del que formaba parte la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aprobó en 1999 un plan de ayudas que la Justicia investiga ya por su dinámica similar a la de los ERE. El caso ha supuesto que el juez vuelva a imputar a Manuel Chaves y a otros cuatro ex consejeros, entre ellos Gaspar Zarrías. Las decisiones del Consejo de Gobierno son discutidas por todos los miembros y en esas fechas, Carmen Calvo se sentaba en el Consejo en condición de consejera de Cultura. Y, como consta ya en la acusación del caso y ha desvelado este diario, todos ellos aprobaron las ayudas sin informe del interventor, ni del gabinete jurídico, ni de consignación presupuestaria.

Pruebas documentales
OKDIARIO ha publicado ya algunos de los documentos que demuestran la ocultación de pruebas llevada a cabo por los socialistas negando ante la Audiencia Provincial de Sevilla la existencia de acuerdos del Gobierno andaluz de aquel año 1999 en los que se aprobaba el pago de partidas concretas de los ERE.

Pero el asunto va a más. Porque, pese a la evidencia del rastro del acuerdo y de su materialización, el convenio por el que se permitió devolver el préstamo público con subvenciones públicas efectivamente no figura ya en los archivos oficiales de la Junta.

El empeño en negar la existencia de ese acuerdo de 1999 tiene su explicación. Y es que ese es uno de los expedientes en los que se destinó dinero público de los ERE antes del año 2001: la fecha en la que empezaron oficialmente las ayudas ilegales. Pero lo cierto es que la Justicia investiga ya concesiones previas. Porque lo que cambió ese 2001 fue únicamente la dinámica pública de ocultación. Ese año se genera el mecanismo de no pasar por el Consejo de Gobierno regional la aprobación de las ayudas precisamente para no dejar pruebas. Lo que quiere decir que hasta ese año, el dinero que se entregó sí dejó rastro público en las actas de Gobierno. Y esas actas son un documento público que debe ser guardado y custodiado. Por eso los socialistas querían que ese rastro no llegase a la Justicia.

La Transición: excelente intención, pobres resultados
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli  8 Diciembre 2019

Cada 6 de Diciembre desde hace cuatro décadas con motivo de los festejos constitucionales se repite una reflexión colectiva sobre los logros de la Transición y su encarnación normativa, la Ley de leyes de 1978. Aunque los discursos oficiales son invariablemente laudatorios de nuestro ordenamiento básico y sus fundamentos conceptuales, políticos y morales, es imposible no advertir el lento, pero ininterrumpido, deterioro de nuestras instituciones y de la cohesión entre españoles, así como de la presencia y capacidad de acción del Estado en demasiadas partes del territorio nacional. En este cuadragésimo primer aniversario de la aprobación ampliamente mayoritaria en referéndum de la aún vigente Norma Suprema, una sensación descorazonadora, mezcla de desazón y de posibilidad real de fracaso, impregna el ánimo de nuestra sociedad, desde las elites más encumbradas hasta el más sencillo hombre de la calle, un desánimo profundamente arraigado fruto de una larga cadena de decepciones que han ido debilitando la fe en un proyecto que nació pleno de esperanza y de energía renovadora.

Los signos de que podría avecinarse un desastre de grandes proporciones se multiplican sin que la necesaria y deseable reacción tanto de la ciudadanía como de los dos principales partidos supuestamente constitucionalistas se atisbe por ningún lado. Al contrario, el actualmente más votado cava con afán para hacer más hondo el hoyo embarrado en el que estamos atrapados y el siguiente en apoyo electoral no sale de sus complejos, acogotado por el miedo a zafarse del pensamiento único autodenominado progresista, más atento a las encuestas que a las que teóricamente son sus convicciones. Las cuadernas de nuestro sistema político, institucional, económico y jurídico crujen bajo los embates de la demagogia, el populismo, la corrupción, el revanchismo, el partidismo y el oportunismo, de tal forma que el interés general aparece como la última de las preocupaciones de los líderes de los distintos grupos parlamentarios. No hay nación capaz de sobrevivir a la entrega de su Gobierno a aquellos que tienen como obsesión hacerla desaparecer.

Y si en este primer cuarto del siglo XXI España se encuentra en manos de sus peores y más encarnizados enemigos interiores, cabe preguntarse quién es el responsable de esta desgracia y cuáles han sido los factores que nos la han traído. Por duro y decepcionante que suene, la causa remota de la presente descomposición está en el tan celebrado pacto civil de la Transición, recibido en su día dentro y fuera de nuestro país como un admirable ejemplo de sensatez, reconciliación, responsabilidad y generosidad. Sus inventores y sus muñidores estuvieron inspirados por la mejor de las intenciones y su destreza táctica y su voluntad de diálogo fueron sin duda encomiables. Ahora bien, a la luz de la experiencia de los últimos cuarenta años hemos de concluir, aunque nos pese en el alma, que pusieron unos cimientos agrietados que el tiempo ha ido corroyendo hasta poner todo el edificio entonces tan trabajosamente construido al borde del derrumbe.

La ofensiva separatista de carácter golpista, las fisuras en la independencia del poder judicial, los antiguos terroristas en puestos de representación institucional, la práctica inoperancia del Estado y del imperio de la ley en Cataluña, la colonización de la sociedad civil y de los medios de comunicación por los partidos, el reparto inmisericorde por cuotas de siglas de los órganos constitucionales y reguladores, la venalidad desatada -en ocasiones convertida en casi sistémica-, la entrega a los secesionistas de los instrumentos ejecutivos, financieros, educativos, culturales y de creación de opinión para que fueran preparando ante la pasividad dolosa de los Gobiernos de la Nación la liquidación de la unidad nacional, la implantación irracional de barreras al mercado único dentro de nuestras propias fronteras mientras participábamos en el establecimiento del europeo, el endeudamiento público desaforado, la suicida aceptación de la inmigración irregular masiva, una estructura territorial disfuncional, ineficiente y fomentadora de particularismos aldeanos, una educación pública de nivel claramente insatisfactorio, son las consecuencias de un diseño defectuoso de la arquitectura constitucional.

Si bien es verdad que, aplicada por políticos honrados, preparados, patriotas y competentes, la Constitución de 1978 nos hubiera conducido a una situación incomparablemente más favorable para la estabilidad, la prosperidad, el orden y la paz civil, no se puede olvidar que la base de una democracia saludable es la desconfianza en los gobernantes y para nuestra desgracia la Transición no tuvo en cuenta esta verdad innegable, preparando así el terreno a los que nunca han renunciado a pulverizarla.

La Filesa de Podemos o el dinero negro de los rojos
Federico Jiménez Losantos  Libertad Digital 8 Diciembre 2019

El escándalo de la financiación ilegal del PSOE felipista comenzó cuando un contable chileno llamado Van Schouwen, harto de no cobrar, se acercó a la redacción de El Periódico con un grueso paquete documental que demostraba la captación de dinero negro para financiar las campañas electorales socialistas, como la del referéndum de la OTAN, para que los votantes, no el infalible González, dijeran "sí" a lo que habían dicho "no".

Ahí empezó el escándalo, pero no estalló, porque el diario dirigido por Antonio Franco guardó en un cajón el minucioso catálogo delictivo y no publicó una palabra. Hasta que un día, Van Schouwen, que seguía sin cobrar lo debido, fue a la redacción de Diario 16 con una copia del alijo documental. Y a las 24 horas estaba en la portada e ilustraba los kioskos. Filesa, Malesa y Time Export eran las tres empresas pantallas donde se ocultaban los millones atracados por el Gobierno a bancos y empresarios para pagar la democracia del tocomocho impuesta por el césar sevillano. Y los sobresueldos de sus líderes, para pagar su insomne servicio al Pueblo.

El servicio contable de los Galapagarescu
Algo muy parecido ha sucedido esta semana con los sobresueldos y otros desmanes económicos de Podemos, un partido comunista camino de convertirse en el marquesado ministerial de Pablo e Irene Galapagarescu.

José Manuel Calvente y Mónica Carmona, abogados a cuyo cargo corría la supervisión de las cuentas internas del tinglado morado, fueron despedidos a raíz de otro despido: el de una escolta de Irene Montero que pagaba el partido para su seguridad, pero que en realidad servía para traer la comida del perro, calentarle el coche por la mañana y tareas semejantes.

Y como la represión comunista nunca se queda a medias, cuando se filtró el malestar de los abogados Pablemos artilló un contraataque típico del estilo podemita: tapar la ignorancia o el delito bajo el disfraz del sexo. A los dos días de empezar a publicarse datos de lo hallado por Calvente y ratificado por Carmona, se dijo que él -no ella, claro- había sido despedido por "acoso sexual y laboral" a una empleada. La mezcla prueba su torpeza, porque o el atropello es sexual, en cuyo caso debían haberlo denunciado, o laboral, en cuyo caso tenían fácil remediarlo, denunciándolo también ante la instancia correspondiente. Pero, ay, nunca hicieron ni una cosa ni la otra.

Las acusaciones de abuso sexual
Hay jueces en España capaces de multar como insulto "machista" el decir que Irene Montero, cuyas obras completas caben en medio folio y cuya oratoria apenas alcanza el nivel de asamblea bachillera, es "analfabeta funcional". Y fiando a esa justicia el remedio de su indigencia intelectual, económica o moral, pretenden asesinar civilmente a Calvente acusándolo de ese "abuso sexual laboral" que no han sabido concretar, que antes no han sabido denunciar y que, hasta ahora no habían querido delatar. Vamos, que tras delinquir ocultando pruebas de dos delitos de abuso, ahora pueden haber delinquido acusando falsamente de dos delitos a un inocente para tapar su responsabilidad en los gravísimos delitos cometidos por ellos.

Pero no todos los jueces aceptan cambiar el Código Penal por el Sexual. Y quedan muchos a los que repele el argumento de género como eximente de un delito, véase el caso Juana Rivas. Además de delatarse, el efecto del ataque en Calvente ha sido el previsible: defenderse. Lo hizo este viernes, entrevistado por Esteban Urreiztieta en El Mundo, con un titular de aúpa: El abogado de Podemos conserva los apuntes de los sobresueldos.

Y ahí revela una infinidad de actividades ilegales, del sector pablista y del errejonista: manipulación de las encuestas internas (¿acaso la de Villa Tinaja?), la venta a Facebook de datos personales; y lo que tanto denunció Podemos ayer: destruir discos duros que revelarían actividades económicas delictivas…, y el rastro de relaciones íntimas entre capitostes y capitostas. Lo que Iglesias llamaría "cabalgar contradicciones inapropiadas" y Errejón "implementar el núcleo irradiador de lo que el lumpen denomina cuernos".

Los despedidos acusan a Irene Montero, a su protegido, el Rasta Rodríguez y el pequeño grupo bunquerizado , de la campaña de calumnias y difamaciones contra ellos. Si es así, cometen un grave error, porque uno de los "sobresueldos en negro" que revela Calvente tendría como beneficiario al tesorero del partido, el que les acompañó, en un alarde de corrupción público-privada, en la compra de Villa Tinaja por la mitad de su precio, más de un millón de euros. Y con una hipoteca favorabilísima que ningún banco les habría dado, salvo la Caja de Ingenieros. Están entre los mejores clientes del cofre del Golpe catalán porque guardan allí el dinero del parti

El peligroso camino del juzgado
Lo malo de haber despedido a la escolta que no era escolta legal y difamarla, y lo malo de haber despedido a los dos abogados que llevaban años metidos en la cueva financiera del partido más sospechoso de España y adjudicarles gravísimos delitos. Por ejemplo, si a Calvente le hubieran aplicado la Ley de Violencia de Género, debería haber dormido ya en el calabozo antes de pasar a disposición judicial. Pero, metidos en tribunales, no es fácil salir. Por ejemplo, Marta Flor, nombre de la supuesta agredida y que Calvente denuncia como parte del montaje contra él, bien podría ser condenada por denuncia falsa. Y con ella, todos aquellos que la hubieran ayudado a orquestarla, en el estilo de su dilecta asociación Infancia Libre.

La soberbia de los Galapagarescu puede haberles jugado una mala pasada. Si denuncian, todo el material incriminatorio y relacionado con el caso quedará a disposición del juez, y todo, según Calvente, es muchísimo. Si ahora no denuncian, quedarán como mentirosos y serán denunciados por los abogados a los que han difamado y calumniado tan estruendosamente.

Ahora bien, volviendo al principio y al caso Filesa, madre de todas las financiaciones ilegales de todos los partidos políticos en la Democracia: si Calvente y Carmona quieren que se haga justicia y limpiar su nombre no sólo en los juzgados sino en el resbaladizo terreno del prestigio profesional deben acudir ya a los medios dispuestos a publicar los papeles del Kremlin, que así llaman en el partido comunista morado (y morado de sobresueldos) al Hogar y Sede del Partido, que puede ser pronto complementado con los edificios de la Vicepresidencia y cuatro ministerios del Gobierno Sánchez, en los que pretenden disfrutar del poder, destruir España y arruinarnos.

Las derechas pierden otra gran ocasión  que más me asombra -porque me empeño en asombrarme en vez de reputarla crónica y sin remedio- es la estupidez de las derechas que no aprovechan este episodio para atacar dos puntos esenciales en la pretendida supremacía moral de la Izquierda: la corrupción y la ideología de género. Lo económico está a la vista: sobresueldos en negro, pago del chaletón, dudoso origen de los fondos, venta de datos, etcétera. Lo político, aún más: qué ocasión para devolver todo lo que Podemos y el PSOE han dicho sobre los discos duros del PP, rotos a martillazos para tapar fechorías financieras.

Y aún es más relevante lo moral: la ideología de género parte de la imputación a todos los hombres la condición criminal, previa a cualquier delito, y la de inocencia en todas las mujeres que denuncian a un hombre. Ese es el meollo, rabiosamente anticonstitucional, de la Ley de Violencia de Género, que sólo Vox ataca -aunque no acierte en algunas ocasiones- y que PP y C´s combatirían sino vivieran tan aterrorizados por la Sextapo.

Además de vulnerar el derecho a la presunción de inocencia y el de la igualdad de todos ante la Ley, sin discriminación por razón de género, la Viogen y sus defensores han creado desde el Caso de la Manada un clima de intimidación -el mismo que imponen a cuantos critican la ridiculez de Greta y sus Climáticos- que silencia al que discuta la ideología hembrista y le achaca una siniestra insensibilidad ante el sufrimiento de las mujeres maltratadas o acosadas laboralmente -nunca hay hombres chantajeados-, un rasgo ideológico que sería exclusivo de la Derecha, ayer, hoy y siempre.

Hay machismo conservador y comunista, como hay denuncias falsas y verdaderas. Lo que impide cualquier debate civilizado es partir de algo que no se somete a la Ley, a la presunción de inocencia y a la necesidad de pruebas para condenar a alguien por una conducta personal, no de género. Y como lo que hace la izquierda es ruido, qué mejor ocasión para alterarle los tímpanos que denunciar la hipocresía del Macho Alfa Rojo y su Tribu.

Más fácil no lo pueden poner: primero les pillan sobresueldos en negro, luego destrucción de pruebas, después despidos ilegales y como remate, injurias a los abogados, utilizando el resorte habitual en Villa Tinaja, que es arrogarse el sufrimiento femenino desde la Edad de Piedra.

Las contradicciones de Podemos
Y ahí es donde les han pillado, o les debería pillar la Derecha si no estuviera en Babia, porque la defensa podemita no ha podido ser más torpe, frenéticamente contradictoria e intelectualmente zarrapastrosa. Primero, dijeron que lo de Calvente es un mero problema laboral; después dice el Macho Alfa Iglesias que es "un caso muy grave de acoso sexual"; y luego van se inventan un delito nuevo, el "acoso laboral de género". Pero ante la pregunta de por qué no denunciaron el gravísimo acoso en su propia casa, la manada morada dice que "estas cosas" las han tratado "con discreción". ¡La discreción a que nos tienen acostumbrados en materia de acusaciones sexuales, desde la Manada a la secuestradora Juana Rivas o Infancia Libre!

Si el PP, Cs y Vox no estuvieran ensimismados con la Investidura, aprovecharían para denunciar a Iglesias, Montero y la cúpula de Podemos; bien por no denunciar ante la justicia el supuesto abuso sexual del abogado que, estudiando sus cuentas, les acusa de "gravísimos delitos financieros", bien por denuncia falsa contra ese abogado, precisamente para ocultarlos. La torpeza podemita poniéndose en evidencia en un asunto tan importante sólo está siendo superada por la torpeza de la Derecha en no aprovecharlo.

Los Bárcenas de alpargatas
Cristina Seguí okdiario 8 Diciembre 2019

Hace 5 años, el periodista especializado en el movimiento del 15M y fundador de la televisión local Canal 33 de Madrid, Enrique Riobóo ya desgranaba minuciosamente la financiación en B de Podemos. Al menos la que tuvo lugar poco antes de las elecciones Europeas de 2014, pero Iglesias iba a ya a todo tren hacia los 5.189.000 votos de las generales de 2015 y el simple intento de instalar la idea de que El Coletas fuera un Bárcenas barato en alpargatas sólo redoblaba el apoyo de sus forofos y hooligans exaltados de partido que acudían al aullido victimista del converso de Vallecas. El 14 de noviembre de 2017, dos años después de los espectaculares resultados electorales, Riobóo lo contaba así en el Senado:

“Un día Monedero llegó frustrado de su último viaje a Venezuela diciendo que Maduro no era Chávez. Que sólo era un conductor de autobús y la financiación no iba a ser tan generosa. Iglesias no se quedó quieto y abrió HispanTV con financiación del régimen iraní gracias a la entrada de muchos millones de euros. Pagaban de múltiples maneras. De las más inimaginables, porque, a veces era cash directamente en billetes de 500. Su mano derecha, una chica productora de La Tuerka, Sarah Bienzobas, llegaba con un sobrecito de dinero e iba llamando a los operadores voluntarios, y allí les iba dando pues 30 euros, 40 o 50 euros en función dE como iba yendo el mes. Y aquello iba a los bolsillos de Iglesias y Monedero”.

Le funcionaba a Iglesias y a Monedero el revulsivo argumental de que aquellos que les acusaban eran hacedores del fango al servicio de las cloacas, pero hoy, con 2 millones de votos menos, la acusación de su jefa de auditoría y de su abogado delegado de Protección de Datos haciendo públicas las irregularidades en materia laboral y los fraudes de sus procesos de primarias y consultas a lo Evo Morales les han dejado tan tocados que, ahora, cuando les sacas en la tele los recibos de los ingresos chavistas en el banco de Granadinas, los de los ayatolás de Teherán, o los sobresueldos que esgrime José Manuel Calvente, intentan noquearte con la forma física de un boxeador sonado a punto de caer a la lona acusándote de ser una “negacionista del cambio climático”. Personalmente me parecía más exótico y más de serie B lo de la “fascista transmitiendo la palabra de Villarejo”.

Como buen brazo político del entramado criminal de Infancia Libre, a Calvente sus ex patronos desesperados le han montado ahora una de “acosador sexual”, que es la versión posmoderna y feminista de dejarte un paquete de heroína en la guantera del coche para joderte la vida, pero esta vez si la necesidad de presentar a “la chiquilla” ni su versión ni su acusación en juzgado porque “a la mujer hay que creerla sí o sí”. Aunque no la conozca su padre. Cómo es la vida…Un día eres un pez gordo de partido y al día siguiente te levantas siendo la mula de la cosa de género.

Me temo que, con resultado mucho más satisfactorio para los Iglesias-Montero, lo mismo le prepararon a Pablo Soto, aquel concejal de Más Madrid cuando llegó la hora de cepillárselo, pero Soto no era abogado ni guardaba pruebas como el listo de Calvente.

Entonces bastó un “protocolo anti acoso” escrito por la misma tinta que saca la propaganda electoral de Podemos, un Consejo Ciudadano que decidía el Código Penal desde una sede de partido apta para ser sala judicial, y “expertas externas” captada en la cantera okupa de Maravillas o alguna activista mexicana contra el proxenetismo precolombino recién llegada de Miochacán.

Al mismo tiempo que Podemos parece alcanzar su sueño de entrar en el Gobierno nacional, su invento chavista, tiende a desaparecer a nivel social como desapareció el muro de Berlín y como se está derribando, por fin, la superioridad moral de éste partido-filial de sátrapas…Tic tac tic tac.

Por qué se equivocan los que creen que el gobierno PSOE-Podemos se estrellará en un año
La táctica del cuanto peor, mejor –"dejemos que PSOE y Podemos gobiernen"– es irresponsable y errónea, y surtirá el efecto contrario al deseado.
Cristian Campos elespanol 8 Diciembre 2019

1. Es el mantra del momento en algunos sectores del PP. "No hagamos nada y dejemos que gobiernen PSOE, Podemos, PNV y ERC. La desaceleración económica, las contradicciones internas y las presiones del separatismo harán que el gobierno se estrelle en menos de un año. El PSOE se verá obligado a convocar elecciones anticipadas y las perderá porque los ciudadanos habrán aprendido la lección".

2. Hay tantos elementos incontrolables en esa frase mariana, tantos imponderables, tantos detalles que no dependen del PP en este análisis como en el que hizo Albert Rivera en abril de este año.

3. Este fue el análisis de Rivera: 1) Si Ciudadanos se niega a pactar con el PSOE, evitaremos la fuga de votantes a Vox y al PP. 2) El PSOE se verá obligado a pactar con Podemos y los nacionalistas. 3) El caos provocado por el gobierno de PSOE y Podemos será tal que habrá elecciones anticipadas en un año. 4) Esas elecciones me servirán para convertirme en el primer partido de la derecha por delante de un PP carcomido por Vox. 5) Cuando Vox empiece a ejercer de Vox en las instituciones, sus votantes menos radicalizados se irán a Ciudadanos, convertido en el voto útil de la derecha.

4. El problema del plan de Rivera fue el mismo que padece el plan actual del PP. Cuando falló una sola de las columnas, el edificio se vino abajo con estrépito.

5. La columna que falló en el edificio de Rivera fue Pedro Sánchez, que se negó a pactar con Podemos.

6. Es cierto que el propio cálculo de Sánchez fue erróneo y que las segundas elecciones no le dieron el resultado previsto, que era el de alcanzar los 140 diputados y erradicar del tablero político a Podemos y Ciudadanos, sus partidos limítrofes a izquierda y derecha.

7. Pero es que el plan de Sánchez sí se cumplió por lo que respecta a Ciudadanos, por desgracia para Rivera. Y el resultado fue el conocido: pérdida de 47 diputados de los 57 conseguidos en abril y dimisión del líder del partido naranja.

8. Es fácil acertar la quiniela el lunes, pero ahora es fácil ver que el error de Rivera fue pensar que el electorado de Ciudadanos es ideológico. Y el electorado de Ciudadanos no es ideológico: es pragmático.

9. Dicho de otra manera. El electorado de Ciudadanos no abandonó al partido porque pactara o no pactara con el PSOE. El electorado de Ciudadanos ve al partido como un instrumento para conseguir "cosas". Esas "cosas" son liberalismo y racionalismo.

10. Y si Ciudadanos falla, por las razones que sea, a la hora de reducir la presión impositiva, legalizar los vientres de alquiler, acabar con la okupación, disminuir la burocracia y potenciar la actividad económica, frenar la delincuencia, ordenar la inmigración ilegal, dar la batalla cultural frente a las mentiras de la izquierda, arrinconar al separatismo o permitir que el país sea gobernado en base a criterios racionales y no ideológicos, ¿de qué sirve Ciudadanos?

11. El PSOE, Vox y Podemos son partidos ideológicos. Ciudadanos es un partido instrumental. El PP es un híbrido de ambos. Los partidos nacionalistas juegan con reglas propias porque su motor es el odio y su ambición, hacer el máximo daño posible al país llevándoselo crudo por el camino.

12. Y por eso las estrategias que quizá funcionen en el PSOE no funcionarán jamás en Ciudadanos. Y viceversa.

13. Pero volvamos a las fantasías descritas en el punto 1 de esta lista. No es sólo que sobrevalore la racionalidad de los votantes. O que esas fantasías sean frágiles y dependan de imponderables. Es que aún en el caso de que la especulación fuera acertada, permitir un gobierno de PSOE, Podemos, PNV y ERC es inmoral.

14. Llevar a cabo ese plan supone considerar a 46,6 millones de ciudadanos como víctimas colaterales "aceptables" de un plan que, te conduzca o no a Moncloa, dejará víctimas: familias en paro, empresas arruinadas, crispación, conflicto civil, pérdida de confianza en las instituciones.

15. Suponiendo que el plan funcione, la victoria sería pírrica para el PP. ¿Qué sentido tiene permitir al PSOE arrasar el país para gobernar luego sobre sus cenizas?

16. Si el PP cree que las puertas del populismo pueden abrirse y cerrarse a placer, que se vaya desengañando. El populismo es como los impuestos, sólo fluye en una dirección, hacia arriba, y una vez alcanzada determinada cota, jamás baja de ella.

17. Es más. Si aparenta disminuir en alguno de sus frentes, es porque se ha incrementado en mucha mayor medida en otro de ellos.

18. Un hipotético gobierno de PSOE, Podemos, PNV y ERC no tendrá una vida corta. El periodista Luca Costantini, que acaba de publicar el –muy recomendable– libro Aquí mando yo. Historia íntima de Podemos, decía el pasado miércoles que el error de la derecha es creer que la gestión decanta elecciones, cuando lo que las decanta en realidad es la propaganda.

19. ¿Recuerdan la frase de Donald Trump "podría disparar a gente en mitad de la Quinta Avenida y no perdería votantes"? Nuestro Donald Trump nacional es el PSOE. La crisis económica, la crisis territorial y los pactos con simpatizantes del terrorismo y la ultraderecha nacionalista apenas provocarán un leve sobresalto en el PSOE que será enmascarado de inmediato por el ejército de televisiones que hoy operan en manos del partido socialista y contra las que ninguna promesa de "buena gestión" hará la más mínima mella.

20. La derecha apenas cuenta hoy con tres o cuatro diarios y dos radios. Y que esos diarios y esas radios sean relativamente impermeables al relato socialdemócrata de la realidad no implica que sean parciales en favor de los partidos de la derecha.

21. Uno de los graves problemas propagandísticos de la derecha es que el periodismo de izquierdas es militantemente propagandista mientras que el de derechas apenas ha resultado ser escéptico de la izquierda, pero no prosélito de la derecha. El problema de la derecha, en fin, es que en España la deontología periodística va por barrios. Y a ella le ha tocado el barrio exquisito.

22. Deontología y gestión contra militancia y propaganda. ¿De verdad cree el PP que podrá ganarle esa batalla al PSOE?

23. Desengañémonos de las fantasías digitales de los tofulitarios californianos de Silicon Valley. Internet y las redes sociales no han moldeado una sociedad más informada, más racional y más democrática, sino más sectaria, más fanatizada y más polarizada. Una sociedad mucho menos informada, de hecho, por su incapacidad para jerarquizar una información que le llega a toneladas. Por su incapacidad para distinguir no ya lo cierto de lo falso, sino lo verosímil de lo tendencioso.

24. Y en ese panorama de caos informativo, de manipulación burda de la realidad, la televisión sigue siendo el medio dominante. El único que, a día de hoy, pone y quita presidentes.

25. Haría bien la derecha en empezar a aproximarse a la izquierda como lo que es, un fenómeno religioso, y no como lo que dice ser, una ideología. Un fenómeno religioso capaz de poner periódicamente al día su software con actualizaciones como el feminismo interseccional, las políticas de la identidad o el cambio climático. Todos los análisis que no entiendan esa dimensión espiritual de la izquierda están condenados al fracaso de antemano.

26. Si el PP permite, por activa y por pasiva, que Pedro Sánchez gobierne junto a Podemos, ERC y el PNV, que se prepare para vegetar en la oposición durante ocho años. Quizá doce.

27. Durante los próximos cuatro años, el debate en este país será la organización territorial del Estado. Pero durante los siguientes cuatro lo será la forma del Estado y la Corona. Durante los cuatro restantes, la propia existencia de partidos a la derecha del PSOE capaces de convertirse en alternativa de poder. Para la izquierda la democracia no es un fin, sino un medio para llegar a un punto en concreto, a esa sociedad ideal cuyas características están determinadas de antemano. Haría bien el PP en comprender esto lo más rápidamente posible y prepararse para esa batalla.

28. Dicen que allí donde llega el comunismo al poder no se vuelve a votar. Pero eso no ocurrirá en España. Al menos mientras exista una UE que actúe de freno para las tentaciones liberticidas de la izquierda. Pero lo que es obvio es que en España, con Podemos y los nacionalistas en el poder, no se volverá a votar "igual". Porque la soberanía se fragmentará. No legalmente, sino por la vía de los hechos consumados. Al tiempo.

29. Más a corto plazo, la táctica del "cuanto mejor peor" ni siquiera beneficiará al PP, sino a Vox. Porque la crispación, la degeneración de la convivencia y el terremoto económico que provocarán PSOE y Podemos no serán suficientes para hacer caer el Gobierno, pero sí para provocar un profundo malestar en el centro y la derecha que conducirá a muchos de sus votantes hacia la radicalidad. Y ahí Vox tiene todas las de ganar frente al PP. El "cuanto peor mejor" beneficiará a Santiago Abascal, no a Pablo Casado.

30. Si a un español no ya de 1978, sino de 2010, le hubiéramos dicho que en 2019 la investidura del presidente del Gobierno dependería del permiso de un presidiario nacionalista -o sea, de extrema derecha- condenado a trece años de cárcel por un golpe de Estado contra la democracia, nos habría llamado locos. Haría bien el PP en imaginar dónde podríamos estar en ocho años más y actuar en consecuencia. Inés Arrimadas ha señalado el camino. Sólo hay que seguirlo.

¿Qué es y para que sirve el Tribunal de Cuentas?
Miguel Ángel Pérez Libertad Digital 8 Diciembre 2019

Es un órgano de control reconocido en la Constitución Española encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del sector público

El Tribunal de Cuentas es un órgano de vital importancia para controlar y fiscalizar las cuentas públicas. Es reconocido en los artículos 136 y 153.d. de la Constitución Española de 1978 como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público. Depende de las Cortes Generales y examina y comprueba la Cuenta General del Estado.

El tribunal disfruta de plena independencia, al igual que los miembros que lo componen. Su función fiscalizadora consiste en someter la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión financiera. Los resultados de la fiscalización se exponen mediante informes, memorias, mociones y notas, que se aprueban por el Pleno del Tribunal y se elevan a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los Plenos de las Corporaciones locales.

Este organismo también se ocupa de enjuiciar la responsabilidad contable en qué incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos, siempre que se haya producido un menoscabo o perjuicio en los mismos. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de que las sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal sean susceptibles de impugnación mediante el recurso de casación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital destacan la "evolución y el esfuerzo" de este organismo por ponerse al día y terminar con el Sambenito de que es un tribunal que "siempre llega tarde", incluso con muchos años de retraso, para fiscalizar y denunciar las irregularidades en las cuentas públicas.

En este sentido, estas mismas fuentes aseguran que hoy en día, "el Tribunal de Cuentas es capaz de estudiar denuncias actuales de inmediato". Respecto a las cuentas públicas que analizan, siempre existe un intervalo de un año, ya que es el periodo de tiempo que tarda la respectiva institución en cerrar el ejercicio y remitírselo al tribunal. Es decir, en el año 2019, el Tribunal de Cuentas analiza el ejercicio 2018.

Al margen del Tribunal de Cuentas, se han constituido diversos Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, bajo distintas denominaciones, que ejercen una función fiscalizadora sobre las Administraciones autonómicas y locales de sus respectivos ámbitos territoriales, sin que ello excluya la competencia del Tribunal para fiscalizar la totalidad del sector público español. No obstante, el enjuiciamiento contable es una jurisdicción exclusiva del Tribunal de Cuentas.
Composición del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas está compuesto por diversos órganos que responden a la naturaleza de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional : el presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General. El Interventor y el Servicio Jurídico del Estado tienen el carácter de órganos de apoyo y de otros órganos que actúan en el Tribunal.

El Pleno del Tribunal de Cuentas está integrado por los 12 consejeros de Cuentas –uno de los cuales será el Presidente - y el Fiscal del Tribunal de Cuentas. El secretario general ejerce las funciones de secretario del Pleno, con voz pero sin voto, y redacta las actas, que recogen el resultado de las deliberaciones y los acuerdos que se adopten.

El Pleno se reunirá, al menos, una vez dentro de cada mes, excepto en agosto, así como en las convocatorias extraordinarias que efectúe el presidente, con causa justificada, o cuando lo soliciten tres miembros del Pleno. El quórum para su válida constitución será de dos tercios de sus componentes y sus acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes, salvo en los casos en que la Ley exija una mayoría cualificada.

La presidenta del Tribunal de Cuentas es María José de la Fuente y de la Calle y los consejeros del tribunal son Javier Medina Guijarro; José Manuel Suárez Robledano; María Antonia Lozano Álvarez; Manuel Aznar López; Enriqueta Chicano Jávega; Felipe García Ortiz; Margarita Mariscal de Gante y Mirón; Ramón Álvarez de Miranda García; Ángel Antonio Algarra Paredes; María Dolores Genaro Moya. Por su parte, Miguel Ángel Torres Morato es el fiscal y Esther Riquelme Mas la secretaria del Pleno.

El Tribunal de Cuentas y el 1-O
El Tribunal de Cuentas juega un papel fundamental para recuperar el dinero público malversado durante el golpe del 1-O en Cataluña. Por ello, ha citado el próximo 28 de enero al expresidente de la Generalidad fugado, Carles Puigdemont, y al exvicepresidente condenado por el referéndum ilegal, Oriol Junqueras.

La decisión es consecuencia de las denuncias presentadas por la Fiscalía y por las asociaciones Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, en las que se apunta a "la existencia de diversas salidas de fondos de la Generalidad de Cataluña, destinados a afrontar los gastos para la realización del referéndum ilegal".

El tribunal requerirá ahora a los demandados que paguen o avalen la cantidad total de lo gastado para el 1-O y, en caso de no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes. La denuncia de la Fiscalía no fija una cantidad concreta, aunque sí recoge diversas facturas y partidas que suman en total más de ocho millones de euros.

Junto a Puigdemont y Junqueras, también han sido citados los exconsejeros, Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn, entre otros. El Tribunal de Cuentas activa de esta forma el procedimiento para establecer la responsabilidad contable del 1-O y reclamar la desviación de fondos públicos, probada después de que el Supremo condenara por malversación a los líderes golpistas.

Recordamos que en noviembre de 2018, el Tribunal de Cuentas ya condenó a Artur Mas y a otros nueve miembros del Gobierno catalán a pagar 4,9 millones de euros por la consulta ilegal del 9-N.

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Expulsados por el nacionalismo
ABC 8 Diciembre 2019

Desde que en 2017 el separatismo catalán sometiera a Cataluña al proceso separatista, casi 6.000 empresas han abandonado esta comunidad para instalarse en otras partes de España. El ambiente asfixiante que impuso el nacionalismo, unido a los riesgos para la economía catalana, explican esta fuga, que se ha hecho irreversible porque el proceso independentista sigue en marcha y en peores condiciones, ya que sus responsables van a decidir si Sánchez preside el Gobierno. Pero además hay otro exilio, más grave aún, el de las personas, que se está materializando con una salida constante de ciudadanos catalanes con sus familias. También se está produciendo un exilio interior, el de ciudadanos no nacionalistas, sin opciones de abandonar Cataluña, pero condenados al silencio porque se sienten abandonados por el Gobierno central. Cuando el PSOE ofrece «diálogo» a Cataluña, ofrece diálogo sólo a los nacionalistas. Cuando el PSOE se plantea una reforma constitucional para encajar Cataluña, piensa en contentar a los nacionalistas. Y si el PSOE forma Gobierno con Unidas Podemos y el apoyo de Esquerra, será el preludio de un gobierno autonómico catalán de los republicanos independentistas con el PSC de Iceta. Ningún motivo tienen los catalanes no independentistas de creer que su situación va a mejorar con Sánchez en La Moncloa.

Por esta razón, hay ciudadanos que se van de Cataluña, como los que hoy dan la cara en ABC para explicar las razones de su marcha. No se refieren a un país balcánico, ni a la sociedad de un país tribal, sino a la Cataluña del siglo XXI, que sigue en esto los pasos del País Vasco. El talento y el conocimiento, la ciencia y la investigación, se van de Cataluña o la evitan, infligiendo un grave daño a su desarrollo futuro. El proceso separatista en Cataluña ha roto familias, amistades y ambientes de trabajo. Ha convertido la escuela en un campo de reeducación independentista; y el idioma catalán, en el vehículo del adoctrinamiento. Ha condenado a la invisibilidad a los que se tienen que quedar, convertidos en parias en su tierra, señalados y acosados. Lo más grave es que este régimen de intimidación, en vez de recibir la respuesta merecida con la Constitución, el Código Penal y la ley de Partidos, tiene premio. El obsequio pasa por convertir a la mafia nacionalista en la directora de orquesta del nuevo gobierno que quiere presidir Sánchez. Esquerra ya tiene mesa de partidos y «conflicto político». Llegarán más cesiones, incluso al mundo proetarra, que para eso está Zapatero terminando su trabajo de adecentar a Otegui como futuro socio de referencia del PSOE. Que los exiliados por la presión del nacionalismo -los que se han ido y los que se han quedado en Cataluña- pierdan toda esperanza en esta próxima legislatura, porque son el precio que el PSOE está dispuesto a pagar.

El pobre Sánchez, el rico Urkullu y el embrujo del monte
Jesús Cacho. vozpopuli  8 Diciembre 2019

Una persona que hubiera conocido el Bilbao de los años sesenta y setenta, aquel Bilbao triste y cetrino de antaño, con su cielo gris y sus edificios lastrados por la costra de lluvia y humo de los Altos Hornos, y que de repente apareciera en medio de la ciudad resplandeciente que es ahora, con esa fastuosa Gran Vía, ese icónico Guggenheim, esa ría limpia, y tantas otras cosas como hoy la distinguen, creería, en fin, hallarse en un lugar distinto, una moderna urbe de servicios que nada tiene que ver con su oscuro pasado fabril e industrial. Urbanismo al detalle, mobiliario de lujo, farolas de diseño, parques por doquier. Renovaciones urbanas con fuertes inversiones de dinero público. Bilbao, o esa señorial San Sebastián asomada a la playa de la Concha. O la desconocida Vitoria, auténtica capital verde, con unos servicios públicos que para sí quisiera Copenhague. Con 250.000 habitantes, en la capital alavesa funcionan diariamente 15 piscinas públicas cubiertas. Una por barrio. Noventa euros de cuota por persona y año para acceder a su uso. Deportistas en ciudades españolas hay que gastan más al trimestre solo en transporte para llegar a su centro de entrenamiento.

Con una renta per cápita de 34.079 euros (apenas 837 menos que la comunidad de Madrid) frente a los 25.854 de media española, los pensionistas vascos, curiosamente los que más protestan, disfrutan de complementos a sus pensiones, con una paga específica para aquellos mayores emancipados que no disponen de recursos. Lo llaman Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la abona el Gobierno vasco, y acaba ahora mismo de subir de 667 a 694 euros mensuales. Por si fuera poco, hay ayudas municipales y de las diputaciones forales que las complementan. A los sintecho se les habilita cada noche espacio en albergues, puesto que tienen prohibido dormir en la calle para no estropear el paisaje. La sanidad pública vasca es, en no pocas ocasiones, mejor que la sanidad privada madrileña. No es casualidad. Gracias a esa peculiaridad fiscal que permite a su Gobierno negociar con la Agencia Tributaria lo que deben abonar a las arcas del Estado, Euskadi es la comunidad que más dinero vuelca en su sistema médico. Pruebas o especialidades que en el resto de España solo se hacen previo pago, allí figuran en el catálogo sanitario público y con unas listas de espera más que razonables.

Podríamos seguir citando ejemplos de esa singularidad, como la armonización de políticas existente entre la Administración y la empresa a la hora de planificar la educación y poner en marcha una formación profesional dual capaz de dotar a las factorías locales de la mano de obra cualificada que necesitan en cada momento. Una ristra de servicios públicos, en suma, que contribuyen a configurar la alta calidad de vida de los ciudadanos vascos gracias, todo sea dicho, a una aportación a la caja común de los españoles menor que la que realizan otras Autonomías ricas. Hoy es una comunidad próspera crecida a la sombra de esa Constitución -que garantiza vida, libertad y hacienda- de la que el nacionalismo vasco abomina. Una Carta Magna cuya disposición adicional primera, que ampara los derechos históricos de los territorios forales, ha propiciado que, por ejemplo, el País Vasco disfrute de un nivel de vida significativamente superior al de la malograda Asturias (23.087 euros de renta per cápita, 11.000 menos que la vascongada). Gracias a una economía en cierta forma “dopada” por el famoso cupo, y a una gestión, justo es decirlo, más o menos razonable dentro del régimen clientelar instaurado por el PNV desde hace décadas, transitar hoy por las calles de algunas ciudades vascas es como hacerlo por la fría Noruega o la estirada Holanda.

Sorprende por todo ello que ese mismo PNV, en quien se suponía aprendida la lección de aquel baldío viaje a los infiernos iniciado en su día por el ex lehendakari Ibarretxe, en quien cabía imaginar la razonable dosis de espanto a cuenta de los dislates provocados por el separatismo en la economía y la sociedad catalanas, vuelva a las andadas del “derecho a decidir”, de la “autodeterminación” y de la “relación bilateral” con el Estado en el proyecto de nuevo Estatuto Vasco en el que el Parlamento de Vitoria lleva meses trabajando. ¿Está de nuevo el PNV, esa gente tan “centrada”, que en “nada se parece” no digamos ya al mentado Ibarretxe, sino a los líderes del separatismo catalán prófugos de la Justicia o en prisión, dispuesto de nuevo a echarse al monte? ¿Lista para entrar otra vez en un conflicto con el Estado por culpa del aventurerismo de unos pocos o, como en el chiste de la rana y el alacrán cruzando el arroyo, se trata de la puñetera condición del nacionalismo? ¿Tiene algún sentido poner en peligro el grado de progreso y bienestar del que disfruta el País Vasco, gracias, entre otras cosas, al extraordinario nivel de autonomía, nunca antes alcanzado, que ha venido garantizando el Estatuto de 1979?

Un nuevo “Sujeto Jurídico-Político soberano”
La Comisión de expertos designada en su día para articular un texto conjunto sobre la actualización del autogobierno ha terminado sus trabajos sin acuerdo. El bloque mayoritario formado por los comisionados de PNV (Mikel Legarda), Bildu (Íñigo Urrutia), Podemos (Arantxa Elizondo) y PSE (Alberto López) defiende un proyecto basado en la concepción maximalista del nacionalismo que persigue dar por finiquitado el Estatuto de Guernica y convertir a Euskadi en un “Sujeto Jurídico-Político soberano” sobre la base de privar a los territorios forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya de sus derechos históricos para atribuírselos a ese nuevo “ente”, en un proceso de centralización interna contrario a la tradición foral vasca. Ese nuevo “ente”, residenciado en el Parlamento y el Gobierno de Vitoria, reclama “el derecho de autodeterminación de la nación vasca”, algo que en modo alguno cabe en el marco de la Constitución salvo que se proceda previamente a su reforma con el concurso del entero pueblo español. Todo ello frente a las tesis del comisionado del PPE, Jaime Ignacio del Burgo, partidario de reformar el actual Estatuto como la vía más adecuada para fortalecer el autogobierno y el de sus territorios forales, abordando los cambios precisos en el mismo para hacer frente a los retos que plantea la aldea global en que vivimos.

¿Qué está pasando aquí? ¿Vuelve la burra al trigo? Hábil jugador de cartas (vale recordar cómo hizo de pareja de mus con Rajoy para casi de inmediato sumarse al órdago de Pedro Sánchez), el PNV aprovecha no ya la situación de extrema necesidad de un Sánchez dispuesto a casi todo con tal de ser presidente, sino la debilidad estructural de un Estado con unas instituciones quebrantadas por la ausencia de un proyecto de futuro, por la crisis galopante de un bipartidismo empequeñecido y por la ausencia de algo parecido a “hombres de Estado”, para subirse en marcha a la ola catalana. Gente de buena voluntad quiere suponer que las pretensiones del lendakari Íñigo Urkullu y los suyos en nada se parecen a las del dúo calavera que componen Puigdemont-Torra y demás compañeros mártires. Según ello, la estrategia del PNV estaría centrada en arañar nuevas competencias y, sobre todo, en mostrarse ante sus votantes como el único interlocutor y garante del progreso vascongado.

Una circunstancia a tener en cuenta es la celebración durante 2020, previsiblemente en mayo, de elecciones autonómicas vascas. El PNV, que ya cuenta con el voto cautivo de la grey nacionalista y de no pocos de los votantes moderados que en generales oscilan entre PP y PSOE pero en las vascas enarbolan la ikurriña, necesita crecer casi de forma obligada en el caladero electoral de los ex etarras de Bildu y en el que todavía conserva, un tanto sorprendentemente, Podemos. Esa sería la razón de este nuevo viaje al monte de la “autodeterminación” y el inexistente “derecho a decidir” del que en su día bajó trasquilado monseñor Ibarretxe. Peligroso juego, en todo caso, el de pretender engatusar a esos jóvenes nacionalistas a quienes la palabra España, que sustituyen por ese neutro y paleto “Estado”, produce urticaria. Por mucho que algún dirigente del PNV guipuzcoano o alavés quiera, las bases jeltzales, las que habitan esos ricos caseríos vizcaínos con vistas al mar y la tabla de surf del nieto apoyada en la pared de la cuadra, están muy cómodas con el gobierno de coalición con el PSE. Cualquier atisbo de ruptura con España les dejaría sin otro socio de Gobierno que la vieja Batasuna, pues cabe pensar que el socialismo vasco, acostumbrado a enterrar cadáveres en el pasado reciente, no les acompañaría en semejante aventura. Cabe pensar.

El talón de Aquiles de las pensiones
Hay, en todo caso, un argumento de tanto o más peso en contra de las veleidades rupturistas de los chicos de la txapela, un rumor que cada lunes se escucha junto a la ría del Nervión y frente al Ayuntamiento del bocho. Es el grito de los cientos de jubilados que cada semana salen, llueva o nieve, a exigir la mejora de sus pensiones. Los capos de Sabin Etxea, sede del PNV, saben que si el País Vasco rompiera con España su sistema de protección social quebraría al día siguiente. Esta es la verdadera razón que enarbolan quienes recelan de la berrea nacionalista. La población vasca es de las más envejecidas de Europa, con una alta esperanza de vida, y una tasa de natalidad muy baja. Además, las pensiones de sus trabajadores son de las más altas por la sencilla razón de que los sueldos han sido mucho más elevados que los de otros lugares de España. La ecuación convierte en insostenible cualquier caja de pensiones que pretendiera montarse en el territorio foral. Que lo sabe el PNV lo demuestra el hecho de haber pasado de exigir las “competencias” de la Seguridad Social a pedir únicamente la “gestión” de las pensiones, truco dialéctico que significa mutar de recaudar y redistribuir su dinero, a “solo” encargarse del reparto entre sus jubilados del bote que el resto de España apoquina para ellos.

Cualquier cosa, y casi ninguna buena, cabe esperar del PNV dentro de la situación comatosa por la que atraviesa ahora mismo la democracia española, con un PSOE al servicio de un aventurero que ha abandonado las filas del constitucionalismo para incorporarse a las de quienes, como los peneuvistas con su Estatuto, quieren acabar con el régimen del 78 para embarcarse en una aventura de ignoto destino, y un PP débil que, con sus 89 diputados a bordo, sigue prisionero de las arenas movedizas del marianismo. Hacer volver al separatismo catalán al redil de ese 15%-20% de adeptos que siempre tuvo, e impedir al PNV volver al monte en el que se perdió Ibarretxe, seguramente pasa por la existencia un Estado fuerte, al servicio de un proyecto de futuro colectivo, impulsado por unas instituciones prestigiadas y dispuestas, mediante la oportuna legislación electoral, a poner fin a esa leyenda que con sorna se repite en el País Vasco cada vez que Madrid convoca elecciones: “Las generales sólo sirven para elegir el partido que durante los próximos 4 años gobernará con el PNV”.

De la anomalía como rutina
Ignacio Camacho ABC 8 Diciembre 2019

El debate sobre la reforma de la Constitución, un clásico del 6 de diciembre, quedó esta vez muy en segundo plano en la celebración del 41º aniversario. Y ello por tres motivos muy claros. El primero, que la clase política y la opinión pública están sobre todo pendientes de las negociaciones de investidura y la posibilidad de resolverlas antes de fin de año. El segundo, que el imprescindible consenso que exigiría cualquier proyecto reformista está descartado por la inusual fragmentación (19 partidos) del arco parlamentario. Y el tercero y más relevante, que la discusión se ha desplazado de la simple actualización de los aspectos más desgastados del texto constituyente a la perturbadora posibilidad de que sus principios básicos queden desguazados de facto por la previsible formación de una mayoría integrada por partidos rupturistas cuyo objetivo declarado es la desintegración de la soberanía nacional, del modelo de Estado y del régimen monárquico. Una situación excepcional a la que el Gobierno y su aparato propagandístico y mediático pretenden dotar de un impostado aire de normalidad que de ningún modo encaja en el funcionamiento ordinario de un sistema democrático.

Porque no puede ser normal, al menos en un país que se respete a sí mismo, que un partido de teórica vocación constitucionalista como el PSOE busque con ahínco el apoyo de una fuerza cuyos dirigentes acaban de ser condenados por dirigir un golpe subversivo. No puede ser normal que unos líderes sindicales sin ningún mandato representativo vayan a mediar -¡¡a una prisión!!- con un líder secesionista convertido en árbitro del desbloqueo político. No puede ser normal que los diputados prometan acatar la ley con estrambotes que en la práctica suponen un desafío. No puede ser normal que Esquerra Republicana se siente con miembros del Ejecutivo mientras sus militantes «celebran» la efeméride de la Carta Magna quemando ejemplares entre arengas y llamamientos a acabar con el orden constituido. No puede ser normal que quienes tienen -porque el Gobierno en funciones se la ha entregado- la llave de la investidura se nieguen a presentarse ante el Rey en la preceptiva ronda de consultas como señal de desprecio o de rechazo a su jerarquía simbólica y a su figura. No puede ser normal que la estabilidad de la nación descanse sobre una organización que repudia sus bases de convivencia y las combate de forma abrupta. No hay normalidad posible, ni podrá haberla nunca, en este intento de perseverar en una alianza que sólo puede cuajar mediante el pago de una factura de concesiones espurias.

Tal vez los españoles hayamos aceptado como un hecho normal, por desgracia, que Pedro Sánchez no conceda el más mínimo valor a su propia palabra. Que sea capaz de revocar en pocas horas todos los argumentos en que basaba la repetición de las elecciones y su discurso de campaña. Que acceda a formar una coalición con un partido sobre el que declaraba carecer de la mínima confianza. Esta normalización de la mentira constituye de por sí un síntoma de la descomposición de la democracia, del contrato moral entre los ciudadanos y sus representantes que rige en cualquier sociedad civilizada. Aun así, lo que no resulta pasadero es que un gobernante de cualquier tendencia o sesgo permita que el presente y el futuro de su país dependan de partidos que aspiran a deshacerlo, que cuestionan sus fundamentos y muestran hacia sus instituciones una absoluta falta de respeto. Eso no es un error, ni cabe entenderlo como un mal menor o un compromiso imperfecto forzado por las circunstancias para salir de un atolladero: es una decisión autodestructiva, letal, un suicidio colectivo manifiesto. Un disparate sin remedio. Y es exactamente lo que está sucediendo.

En esas condiciones, la tradicional liturgia del 6-D ha sonado más que nunca a fanfarria hueca ante la amenaza de un proceso destituyente que de forma más o menos encubierta deje sin efecto los principios esenciales del sistema. Ya es significativo que Sánchez se viera obligado a aclarar que sus tratos con Esquerra tendrán lugar dentro de la ley y sus reglas, como si pudiese ser de otra manera. Pero lo ha tenido que subrayar -aunque sea bien conocida la firmeza de sus promesas- porque es consciente de que esas conversaciones están bajo sospecha, no sólo para la oposición y sus simpatizantes sino para una significativa porción de socialistas tan emblemáticos como Borbolla o Guerra, escandalizados y alarmados ante la vía de agua que inunda las bodegas del buque constitucional mientras el presidente dirige tan ufano la orquesta.

Para ellos, como para tantos otros ciudadanos de mentalidad responsable, nada tiene de normal, y si mucho de situación de emergencia, esta inquietante evolución de los acontecimientos. Porque no es posible esperar nada bueno de un Gobierno respaldado por adanistas refundadores como los de Podemos y por un separatismo acantonado en su abierto designio insurrecto. Más pronto que tarde, y por muchos paños calientes que traten de aplicar los círculos de opinión gubernamentales y afectos, el empeño de ruptura de estos grupos insurgentes acabará apareciendo. Se verá con el tiempo. Y este desarticulado PSOE sanchista, cuyo única aspiración consiste en sostenerse en el poder a cualquier precio, no ofrece fiabilidad alguna para contenerlo. En la dudosa hipótesis de que esté dispuesto.


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