AGLI Recortes de Prensa   Martes 10  Diciembre  2019

Un independentismo pedigüeño
José María Rotellar okdiario 10 Diciembre 2019

El Gobierno autonómico catalán que dirige Torra es claramente independentista, como todos sabemos. ERC, PDeCAT, la CUP y todo ese entorno que rodea a los condenados por el intento de golpe de Estado, que el Supremo ha dejado en delito de sedición pese a que la fiscalía pedía que se considerase como delito de rebelión, no deja de pedir la independencia de Cataluña a través de todos los medios de los que dispone.

Adicionalmente, se quejan desde diversas plataformas mediáticas, junto con los líderes de alguna otra región como Valencia, de que Madrid realiza “dumping” fiscal -algo que es falso, ya que ellos podrían también rebajar impuestos- y claman para que el Gobierno de la nación imponga un mínimo tipo de gravamen común en muchos impuestos, como el de Patrimonio o el de Sucesiones.

Por último, mientras consumen el tiempo de cada día pidiendo la independencia, alargan la mano, desde hace ya casi ocho años, para que la Administración General del Estado, vía ministerio de Hacienda y el Tesoro, cubran con deuda sus continuos desfases en el saldo presupuestario, pues la ortodoxia en las cuentas públicas no ha sido el punto fuerte del gobierno catalán, sino más bien todo lo contrario, ya que acumula un déficit tras otro en cada ejercicio. Si hubiesen puesto una milésima parte del empeño que tienen en el secesionismo en cumplir con el déficit, a lo mejor no estaban ahora tan agobiados por las deudas que tienen.

Es decir, el independentismo es pedigüeño. Es verdad que cuando los nacionalistas catalanes nos hacían creer que sus manifestaciones y demandas siempre iban a estar dentro de la Constitución no dejaban de pedir mejoras para su autonomía. Y es verdad que pedían las competencias, pero también lo es que no querían tener la responsabilidad de recaudar los impuestos, sino que simplemente querían que Madrid, como dicen ellos al referirse al gobierno central, les proveyera de fondos. Pues bien, ahora todavía es peor: no tienen pudor en pedir, año tras año, más dinero a la nación de la que quieren separarse. Ese hecho no es, desde luego, una ensoñación, sino la pulcra contabilidad que nos dice que algo más de las tres cuartas partes de los recursos de los mecanismos adicionales de financiación puestos en marcha desde 2012 por el Gobierno de la nación van destinados a financiar los gastos de Cataluña, porque la región catalana no cuenta con credibilidad en los mercados para colocar ella su propia deuda.

Y no cuenta con credibilidad en los mercados porque no ha hecho otra cosa, desde hace más de quince años, que aumentar mucho el gasto público, acumular deuda de manera exponencial por el montante desorbitado del déficit de cada año y, ahora, por su quimera independentista, que de fructificar dejaría a Cataluña arruinada. Esa gestión y ese riesgo se pagan, y el precio es que la deuda catalana tenga la calificación de bono basura y nadie la quiera comprar.

Por eso, los independentistas, pese a que son los más beneficiados por un Sistema de Financiación Autonómica que se diseñó desde el gobierno catalán en 2009, tienen que acudir a los instrumentos financieros del Gobierno del Estado al que tanto parecen odiar. No se dan cuenta -o se lo ocultan a sus seguidores- de que si consiguiesen, como dicen ellos, desconectarse de España, todo el peso de su inmensa losa de deuda caería sobre ellos, su PIB se reduciría cerca de un 25%, sus exportaciones se hundirían y el paro aumentaría hasta cifras que nunca tuvo Cataluña. Mucho independentismo y muy mala gestión, que deriva en la práctica pedigüeña a la que nos tienen tan acostumbrados.

Ni hay varias naciones ni Sánchez tiene derecho a vender España por un sillón
EDITORIAL ESdiario_com 10 Diciembre 2019

Es inaceptable que Sánchez juegue con la propia idea de España para adaptarla al gusto del soberanismo con el único fin de quedarse en Moncloa. Mintió a los españoles antes de votar.

Todos los coqueteos del sanchismo, desde hace años, con la idea de conceder al independentismo lo que busca sin que lo parezca, están cerca de concretarse esta semana a cambio de la investidura del líder del PSOE.

Que el mismo personaje que posaba con una gran bandera de España, pedía el endurecimiento del delito de rebelión y advertía con el 155 antes del 10N acepte ahora la chusca idea de la "Nación de Naciones" le retrata como un irresponsable capaz de decir una cosa y hacer la contraria, por dañina que sea, con tal de obtener lo que le interesa.

Pero no hay que engañarse: Sánchez es en estos momentos presidente, siquiera en funciones, gracias al voto de ERC y del conjunto del independentismo, el mismo que total o parcialmente va a mantenerle en La Moncloa tras acudir a las urnas, de nuevo, negando toda posibilidad de acuerdo con los dos previsibles socios que compartirán con él todo el poder o le cobrarán una factura por concedérselo.

Es en esa clave en la que hay que leer el mensaje de Sánchez, traducido por un teledirigido Miquel Iceta, al respecto de la existencia de "ocho y hasta nueve" naciones en España. Una frivolidad histórica y un peligro político que se orean con infinita irresponsabilidad y sin calibrar las consecuencias de empeñar la propia existencia de la España constitucional a las necesidades de un gobernante sin principios.

España nunca ha sido una nación de naciones: no existe la plurinacionalidad
España es una Nación, la primera de Europa, desde finales del siglo XV. Y la convivencia en ella de lenguas, tradiciones y culturas de gran acervo no son indicio de la existencia de otras naciones, sino prueba del abolengo de la única existente: sólo las muy antiguas tienen tras de sí esa variada paleta sociocultural, que aquí se presentan como justificación para la separación cuando en realidad son prueba de lo contrario.

Más allá de que ni Sánchez ni ningún presidente pueda reconocer algo que no esté en su mano ni reformar la Constitución unilateralmente ni, desde luego, permitir referendos autonómicos que afecten al conjunto; que se busquen sucedáneos de esas perversas ideas y se ofrezcan compesnaciones de toda laya es en sí mismo una victoria del soberanismo. Ése al que Sánchez, mintiendo sin pudor a los españoles, se comprometió a frenar.

! Convivencia de lenguas ¡
Nota del Editor 10 Diciembre 2019

Vaya despiste. Tras tantos años con nuestros derechos humanos y constitucionales machacados por ser español hablantes, y siguen con el cuento de la convivencia de lenguas. Hay que ser rematadamente retorcido o estar en la mas absoluta inopia.

Palabra de Pujol
Cristina Losada Libertad Digital 10 Diciembre 2019

No nos cuente Pujol ahora que en la Transición hubo una suerte de compromiso para que los Gobiernos catalanes impusieran el catalán.

La posibilidad de una mínima modificación de la posición del PSC sobre la inmersión lingüística en Cataluña ha levantado una ola de rugiente indignación. En el separatismo y en el propio PSC, donde hay agrupaciones que están en contra de cualquier flexibilización de un modelo monolingüe cuyo propósito nada oculto es desterrar el idioma español. La dirección del partido se ve así ahora frente a las consecuencias de su larga defensa cerrada del sistema. Más aún, de haberlo sacralizado. Cuando Eva Granados, la portavoz parlamentaria del PSC, lamenta que el debate sobre la lengua en la enseñanza sea "tabú", olvida oportunamente que su partido ha forjado ese tabú tanto como los nacionalistas propiamente dichos.

Ante la eventualidad de que el PSC consume el sacrilegio y propugne que la lengua común de los españoles profane aquí y allá ciertas aulas catalanas –ya sabemos que profana los patios, pese a vigilancias y espionajes–, ha terciado en la discusión, desde su retiro y su penitencia, el mismísimo Jordi Pujol. Lo ha hecho a través de una nota en un blog de la asociación Serviol, creada por el propio expresidente de la Generalidad hace unos años. Tercia Pujol para decir que el tema de la lengua, y en concreto en la enseñanza, es central en la reivindicación de la personalidad colectiva de Cataluña, tanto políticamente como socialmente y en el sentido más profundo de identidad. Es un tema nuclear. Irrenunciable.

Nada nuevo bajo el sol nacionalista. Lo novedoso es que Pujol apela a una suerte de pacto inter pares entre Adolfo Suárez y él mismo, en la época constituyente, por el cual el País Vasco iba a tener como rasgo "distintivo" el concierto económico y Cataluña, la lengua. Según dice, el entonces presidente del Gobierno de España y el ministro Joaquín Garrigues se lo plantearon así en 1978, diciendo: "Entendemos que el hecho más irrenunciable para el País Vasco es el concierto, y para Cataluña la lengua". Interesante, curiosísimo, que utilizaran el mismo término que Pujol ahora: irrenunciable.

Ese reparto de hechos diferenciales que se habría ofrecido y aceptado lo presenta Pujol prácticamente como un consenso fundacional de la democracia española. Allí quedó sellado, viene a decir, que la lengua era lo nuestro, lo distintivo e irrenunciable, y que a cambio de disponer de carta blanca en ese asunto no iba a tener Cataluña un concierto como el vasco. Cualquier modificación del estatus de la lengua sería, según Pujol, una violación de aquel acuerdo entre caballeros. Ciertamente, ninguno de los otros presentes en la charla puede ya confirmar la veracidad de aquellas palabras. Pero es cautela obligada ponerla en duda, a la vista de las numerosas falsedades con las que Pujol ha construido su personaje público, como muestran en su biografía no autorizada Manuel Trallero y Josep Guixà, Pujol: todo era mentira (1930-1962). Y no sólo por eso.

Vayamos a la época de la que habla Pujol. Otero Novas, que fue ministro con Suárez, cuenta en sus memorias que en junio de 1977 se reunió con aquél porque Suárez no podía recibirle, y que Pujol le entregó un folio con los puntos o reclamaciones que planteaba para que se lo entregara al presidente. No recuerda Otero Novas el contenido de aquella primera hoja de ruta, salvo por un detalle. Pujol quería que la segunda cadena de Televisión Española, en su centro en Cataluña, emitiera una hora diaria en catalán. Una hora diaria. No parece que el asunto de la lengua fuera para él, entonces, algo nuclear, nodal, central e irrenunciable. Lo sería después, pero a finales de los setenta, todavía no.

Ni siquiera fue una idea original de Pujol la inmersión. Al contrario, el modelo inicial de CiU era una imitación del vasco, con diferentes opciones lingüísticas. Fue la izquierda catalana, fueron partidos como el PSUC y el PSC, los que impulsaron un modelo único de inmersión en nombre de la cohesión social. El nacionalismo auténtico se subió al carro, y descubrió que le venía de maravilla. Pero no nos cuente Pujol ahora que en la Transición hubo una suerte de compromiso para que los Gobiernos catalanes impusieran el catalán como lengua única en la enseñanza en Cataluña. Ni informal ni formal. Cómo se llegó hasta ahí es otra historia de malos pactos y peores deslealtades. Las de Pujol y el nacionalismo catalán. Y el PSC.

«¿Dónde estabas tú, Cayetana, cuando ETA nos mataba?»
Andrés Bartolomé larazon 10 Diciembre 2019

Unas declaraciones de la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, en las que afirma que el momento político actual es «más difícil» que la situación que se vivía «cuando ETA mataba» han desatado la polémica. La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, se pronunció ayer sobre las palabras de la popular recogidas en una entrevista en el periódico El Correo. «¿Dónde estabas tú @cayetanaAT cuando ETA nos mataba?», preguntaba la presidenta de Covite desde su perfil de Twitter.

Álvarez de Toledo había dicho en concreto que «cuando ETA mataba era un momento terrible desde el punto de vista humano», pero «el momento político actual es más difícil» que el que se vivía entonces. La líder popular alega que «antes estábamos juntos PP y PSOE en el mismo bloque» pero ahora no, «y eso nos debilita».

La indignación de Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, recibió apoyos de varios miles de seguidores de la red social en la que añadió, en respuesta a alguno de los comentarios que suscitó la noticia, que le da igual que Álvarez de Toledo hiciese esas declaraciones «en términos políticos». «En términos políticos aquí se mataba a la gente precisamente por hacer política, así que no me digáis que está sacada de contexto. Es la portavoz en el Congreso por el PP», zanjó la hermana del edil asesinado a tiros por ETA el 23 de enero de 1995.

Posteriormente, Ordóñez declaraba en laSexta que «no se puede banalizar con algo tan serio que hemos sufrido en España hasta ayer mismo». Y añadía: «No se puede comparar lo incomparable ni se puede hacer justificar de ninguna de las maneras».

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Parlamento vasco, Laura Garrido, expresó su «respeto» por las afirmaciones de su homóloga en la Cámara Baja. Garrido recordó que el PP vasco participó el pasado fin de semana «con absoluta normalidad» en un acto en Bilbao en el que estuvo presente la propia Álvarez de Toledo, y enmarcó la reflexión de la dirigente popular en sus impresiones personales sobre la situación actual. «Me ciño a las palabras y explicaciones que ella ha proporcionado», afirmó Garrido, quien expresó su «respeto» hacia las opiniones de Cayetana Álvarez de Toledo, aunque, pese a las preguntas de los periodistas, no aclaró si las comparte o no, informa Ep.

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ERC ordena y el PSOE obedece
Editorial ABC 10 Diciembre 2019

Un partido que se dice nacional no debe, bajo ningún concepto, reunirse ni negociar con una formación responsable de un golpe sedicioso contra el Estado

Hubo un tiempo en que los dirigentes socialistas decían que «con los independentistas, ni una moción de censura». También hubo un tiempo en que a Pedro Sánchez le quitaba el sueño que un vicepresidente de su Gobierno hablara de «presos políticos» y defendiera el derecho a la autodeterminación. Pues bien, las tragaderas de los socialistas van a ser amplias porque les tienen que caber todas estas y otras proclamas. Al final, con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) no sólo hubo moción de censura en 2018, sino que Pedro Sánchez será investido presidente, salvo sorpresas de última hora, y, además, tendrá un vicepresidente declaradamente anticonstitucionalista.

Por otro lado, al margen de que este escenario es realmente peligroso para el interés general de España, al PSOE le esperan unas duras semanas de humillación ante Esquerra Republicana. Hoy se reúnen los equipos negociadores de ambas formaciones, lo que por sí solo ya es una ofensa a los valores constitucionales más esenciales. Un partido que se dice nacional no debe, bajo ningún concepto, reunirse ni negociar con una formación responsable de un golpe sedicioso contra el Estado. Pero el PSOE lo está haciendo y, al hacerlo, está reforzando a Esquerra Republicana no sólo como líder del frente separatista, sino como interlocutor válido al que se le perdona haber planificado, dirigido y ejecutado una trama independentista delictiva. Los dirigentes de ERC han preparado la reunión de hoy con unos pronunciamientos que demuestran que son ellos los que marcan la agenda de la investidura y de la vida política española. Los mismos que están encarcelados y que amenazan a diario a los españoles con volver a otro 1-O. Por lo pronto, ERC reconoció ayer que la situación de lo que ellos llaman «presos políticos» está en la negociación. Además, avisó de que puede no haber investidura hasta 2020, enfriando así el ánimo de los socialistas, a quienes el paso del tiempo perjudica porque hace más visible la deslealtad de sus pactos con los separatistas catalanes. A ERC, en cambio, cada día que pasa lo confirma en su condición de director de orquesta y le permita dibujar estrategias a la medida de sus intereses partidistas, que son los únicos que le preocupan. Ni la estabilidad de Pedro Sánchez, ni la gobernación de España son inquietudes que muevan a los nacionalistas catalanes a apoyar la investidura del candidato del PSOE, sino el beneficio que obtendrán de las ansias de poder del presidente en funciones. El separatismo catalán ha demostrado que su máxima prioridad es hacer a España el mayor daño posible y si, en esta ocasión, tiene al PSOE como caballo de Troya en el Estado, mejor aún.

El fraude del cupo: el País Vasco no sólo no aporta sino que todos los españoles le pagan 344 millones
Carlos Cuesta okdiario 10 Diciembre 2019

El PNV no ha dejado de reclamar en cada negociación que ha podido una mejora del conocido como cupo vasco a cambio de su apoyo político al partido de turno. El resultado de este chantaje permanente acaba de quedar a la vista en un estudio de Jesús Félix García de Pablos, profesor de Derecho Financiero de la UNED y miembro del Ministerio de Hacienda. Y es que el cupo -el pago que debe realizar el País Vasco por los servicios que le presta el Estado- lejos de convertirse en un mecanismo de cobro al País Vasco y de financiación de toda España se ha convertido en todo lo contrario: un sistema por el que todo el resto de españoles pagan más dinero al Gobierno Vasco. Un pago que en el último año analizado con cifras cerradas se eleva a la importante cifra de 344 millones de euros.

El estudio desvela una realidad que explica el empeño de los nacionalistas catalanes a lo largo de mucho tiempo por conseguir un sistema similar al de los vascos. Y es que, en el fondo, las reglas definidas para el cálculo del cupo son simplemente un mecanismo encubierto de pagar aún más a una comunidad autónoma con recursos superiores a la media nacional y que ha logrado cambiar cromos políticos hasta el punto de no aporta nada al sistema de solidaridad. Unos cromos políticos que han provocado, además, que la gobernabilidad nacional quede a expensas de las exigencias nacionalistas durante décadas.

La evolución acaba en derrama
El estudio de García de Pablos muestra la evolución de varios parámetros clave para entender la forma de no pagar del Gobierno Vasco comandado por PNV. Así, si el cupo teórico del País Vasco en 2007 era de 1.595 millones de euros, su pago real tras los ajustes y compensaciones financieras practicados quedó en un pago real positivo de menos de una tercera parte: 405 millones.

Pero los años fueron avanzando en la política española. Y con ellos la presión nacionalista fue tornando en separatista. Y la pleitesía de los Gobiernos nacionales se convirtió en una cesión que llevó a que en 2011 el pago teórico fuera de sólo 887 millones, y el real ya no fuera pago, sino ingreso para los vascos y derrama para todo el resto de españoles: una derrama anual de 269 millones. Esa cifra, con leves altibajos, ha llegado hasta los días más próximos a nuestras fechas convertida en un abono al Gobierno vasco del PNV de nada menos que 344 millones de euros en 2016.

El caso navarro no es muy distinto salvo por las cifras y las fechas. Y es que el cobro se dispara justo cuando los separatistas llegan al poder en la Comunidad Foral, un momento en el que el Gobierno de Geroa Bai (con PNV dentro) no sólo no pagó sino que ingresó de todo el resto de españoles 261 millones de euros. Al año siguiente la mejora siguió para los separatistas y su cobro llegó hasta los 384 millones.

Con estas cifras en la mano no es de extrañar que, como ha publicado OKDIARIO, Pedro Sánchez quiera convencer cuanto antes a ERC para que se sume al acuerdo de investidura y haya pensado en un nuevo estatuto catalán que regule un ‘cupo vasco’ a la catalana para reducir la aportación de esta comunidad al sistema de solidaridad que destina recursos económicos a las autonomías más necesitadas.

Esperando a ERC: por esto reniega Sánchez de un necesario pacto constitucional
Antonio Martín Beaumont esdiario 10 Diciembre 2019

Sánchez está a punto de culminar sus pactos sin ningún sentido de Estado y con la mirada puesta, únicamente, en su seguridad personal. Aunque sea con Podemos, ERC y hasta la CUP.

La legislatura trae aires de inestabilidad. Muy pocos lo dudan. Lo demuestra la misma negociación para consumar la investidura de Pedro Sánchez. Luego, claro, llegará la gobernabilidad, es decir, que ese insólito “copia y pega” de fuerzas diversas que pueden hacer posible el nacimiento de un presidente le deje desarrollarse antes de matarlo.

El escenario está tan atomizado que a estas horas nadie puede certificar nada. En realidad, desde 2015 llevamos instalados políticamente en la falda de la montaña del volcán en erupción que hizo volar el bipartidismo. Y no hay visos de cambio.

Ciertamente, el momento que vivimos obligaría a los principales líderes a olvidarse de la confrontación para propiciar pactos responsables que garanticen la estabilidad del país. Pero esta actitud difícilmente va a ser posible.

La tapadera de Sánchez, el socialista que vive sumergido en cortinas de humo
Las cuentas se hacen más pendientes del “qué hay de lo mío” que de lo que España necesita. Con todo, sorprende la incapacidad de Sánchez para superar la división en bloques ideológicos. El líder socialista está imbuido de un espíritu que le obliga, con excusas mal traídas, a renegar a toda hora de Pablo Casado.

Esto explica que, para esa “mayoría progresista” que busca coser el PSOE, no se trate de sumar fuerzas con un espíritu de defensa de la Constitución firmemente asentado, sino formaciones dispuestas a signar un pacto que inhabilite al centro-derecha.

De hecho, casi lo más relevante del paseo del presidente por el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso en la recepción del 41º aniversario de la Carta Magna fue comprobar su estado de ánimo, declarándose una y otra vez “ilusionado” con un futuro Gobierno de coalición.

El "enamoramiento"
Llama la atención el grado de enamoramiento que ha alcanzado con Pablo Iglesias. Ha dejado de quitarle el sueño. A tanto ha llegado la cosa, que el equipo presidencial puso especial interés en subrayar la complicidad entre su “jefe” y el secretario general de Podemos, sumergido en un lodazal interno de supuestos sobresueldos, manipulación de consultas informáticas o adjudicaciones a dedo a los afines.

Miel sobre hojuelas. Sánchez ha hallado en Iglesias un pararrayos capaz de alejar las miradas indiscretas de su apuesta por tirar de la mayoría “Frankenstein” de la moción de censura para mantenerse en La Moncloa.

¿El sentido de Estado? Ni una brizna se atisba cuando está en juego el decisivo apoyo de ERC en la cita de hoy martes en Barcelona. La variedad de ofertas del PSOE a los secesionistas es la constante. “Se avanza, pero no está hecho”, gusta señalar el jefe de Gabinete, Iván Redondo, volcado en conseguir una legislatura duradera.

“Una vez subidos al coche oficial, será difícil echarlos”, me avisaba días atrás un asustado dirigente del PP. Algunos mandatarios populares no ven con claridad el espíritu instalado en Génova que asegura una legislatura fallida que colapsará pronto.

Es natural la incertidumbre, vista la capacidad negociadora de la coalición “rojo-morada” para fijar a sus costaleros (desde Bildu a la CUP) y arrinconar a “las derechas” sumando 6 de los 9 miembros en la Mesa del Congreso.

¿Y en el PP?
En las filas del Partido Popular todavía hay quienes siguen dándole vueltas a cómo gestionó sus movimientos Teodoro García Egea, más preocupado por dar el abrazo de oso a Cs, al tiempo que fustigaba a Vox, que de la “Realpolitik”.

Reveladora al respecto la petición en la trastienda del secretario general popular a la socialista Adriana Lastra para, en la batalla del reparto de escaños, mantener a Inés Arrimadas en un lugar preeminente del hemiciclo y, como consecuencia directa, confinar al gallinero a parte de los de Santiago Abascal.

Presión desesperada de Sánchez sobre Esquerra
Rafa Gallego okdiario 10 Diciembre 2019

Sánchez pretendía su investidura para el día 19. O para el 27; no más lejos. Pero la certeza ya muy firme es que se va a quedar con las ganas. Sus monaguillos en la negociación reunidos con Rufián y demás cuadrilla, exhiben, de entrada, sus proclamadas cesiones: el hecho significativo de trasladar a Barcelona el escenario de los trueques, el reconocimiento previo de la “Nación Catalana”, y la afirmación de la propia realidad regional como un “conflicto político”, muy lejano al “problema de convivencia” que fue la muletilla de Sánchez durante toda la pasada campaña electoral. Sánchez necesita más que nadie -desde luego mucho más que Esquerra- un acuerdo cuanto antes, todo lo vago y ambiguo que se quiera, pero un acuerdo, porque si fracasa en su apuesta por el pacto con comunistas y separatistas sólo le quedará la posibilidad de una rectificación copernicana para intentar el entendimiento con el Partido Popular. Eso le produce erisipela, una suerte de alergia política que, es consciente, le llevaría rápidamente fuera de La Moncloa.

Salvo sorpresas de última hora, que tratándose del aún presidente no son imposibles, aparte de las cesiones citadas pocos más ofrecimientos pueden presentar Abalos y sus dos viajeros a una Esquerra que tiene por delante unas semanas muy complicadas. Si se repasan los medios independentistas catalanes que son casi todos (y los que no lo sin casi siempre lo parecen) la conclusión que se extrae es que el partido de Junqueras está preocupado sobre todo por tres acontecimientos: la salida de la cárcel de los presos políticos que sí han negociado, como adelantamos en otra crónica, con el Gobierno; el destino del mismo Junqueras en el Tribunal de Luxemburgo que se conocerá -¡fíjense por dónde la casualidad!- el citado día 19; y el Congreso partidista del 21. Es decir: de investidura a toda prisa ahora nada de nada. Porque en esta tesitura, y como se pregunta un político socialista de la Transición como Leguina: “¿A alguien se le ocurre que Esquerra le va a dar el sí incondicional a Sánchez?”.

La verdad es que nadie especula con esta posibilidad. Ahora bien: es tan desesperada la situación de Sánchez que cualquier alboroto es posible. Supongamos, esto nadie lo descarta que los enviados especiales del aún presidente se descuelgan en Barcelona con la promesa de un referéndum: ¿descartaría Esquerra este regalo? Pues no. Los taciturnos chicos de Sánchez están dispuestos a otorgar este encargo, aunque, claro está, dudan ya de que la dádiva sea suficiente para enternecer, doblar el codo, de sus interlocutores. Estos precisan de una sinecura política así para no quedar como “traidores” frente a los puristas sectarios y sediciosos de Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont. Aceptarán, ¡cómo no! la consulta, pero no se plegarán a las urgencias desmesuradas de Sánchez. En Waterloo, el fugitivo espera ansioso el cariz de la euroorden prevista para dentro de siete días, pero no tiene la menor intención de participar en lo que el preso Turull denomina gráficamente el “enjuague español”. Puigdemont, sus huidos, sus presos y los que pueden caer también en el trullo, sólo miran a Cataluña y a las elecciones anticipadas del próximo mes de marzo. Sánchez les trae por una higa. Y a propósito de la euroorden una mínima digresión: los fiscales del Supremo, sobre todo Javier Zaragoza, afirman sin ambages, que tras la condena únicamente por sedición y malversación de Junqueras y los demás complotados, la posibilidad de que Puigdemont sea extraditado a España es muy pequeña; tiene, aseguran, escasas posibilidades de éxito.

Sánchez, mientras se desvelan todos estos acontecimientos que engordan la expectación política de los próximos diez días, ha redoblado, ya se ve que con un sonoro fracaso, su presión sobre una Esquerra que, a su vez, utiliza sus trece escaños del Parlamento español para extenuar al Partido Socialista en cuyo seno nadie, absolutamente nadie (los deseos de Abalos solo son eso, deseos) se mostraba optimista antes de este martes pensando en que los independentistas furiosos de Rufián y su pandilla, le fueran a proporcionar a Sánchez su gran obsequio de Navidad: la investidura. Tampoco, hoy por hoy, en Reyes. Hace semanas pactaron más que la investidura la proclamación conjunta de que ésta era posible. Ya se ve en qué ha quedado. Sánchez, erre que erre, sigue mendigando el gol imposible. Presiona, pero los presuntos socios le hacen pedorretas. Una tras otra, aunque, eso sí, es más que probable que sus presos vuelvan a casa por Navidad.

Sánchez rueda hacia el precipicio
Editorial El Mundo 10 Diciembre 2019

En el juego de presión psicológica en el que están enredados PSOE y ERC, los independentistas han tomado la delantera ante su reunión en Barcelona de hoy al advertirle a Pedro Sánchez que se olvide de un acuerdo de gobierno antes de Navidad. Los de Junqueras quieren controlar los tiempos mientras ven cómo el presidente en funciones se cuece en su propia salsa, conscientes de que lograrán así mayor tajada de los socialistas. A Sánchez parecen estarle fallando todos sus cálculos. Provocó repetición de elecciones creyendo que incrementaría sus escaños para haber acabado perdiendo casi un millón de votos, y ahora lo fiaba todo a una investidura exprés para poder escamotear durante el debate de investidura las concesiones concretas que va a rendir a ERC.

Qué duda cabe de que cuanto más tiempo transcurra en la negociación, más complicadas se le van a poner las cosas al PSOE. Y no solo porque Esquerra marque el calendario con sus particulares intereses, sino también porque podrá afinar mucho más sus exigencias. Muy cara venden la piel del oso ya antes de cazarlo. Y vamos a asistir a un proceso de rendición socialista que, además de una indignidad política, supone una humillación para el conjunto de los españoles. Así, como hoy publicamos, en el partido del sedicioso Junqueras no se conforman con otra cosa que no sea la puesta en marcha de un mecanismo "institucional" entre dos Gobiernos, el de España y el de Cataluña, como si de los Ejecutivos de dos estados se tratara, para abordar el "conflicto catalán". A ERC no le vale con la activación de la comisión bilateral que contempla el Estatut como intentó Sánchez tras llegar a La Moncloa en volandas de la moción de censura que descabalgó a Rajoy. Y, como los independentistas quieren garantías para su hoja de ruta, el PSOE está dispuesto a que ese mecanismo negociador se apruebe y legitime nada menos que en el Congreso. Se cruzaría así una raya roja más que peligrosa porque abriría la puerta a que la exigua mayoría actual de la izquierda y los independentistas diera luz verde a cuantas iniciativas reclaman los defensores de la autodeterminación. El desguace del Estado por la puerta de atrás.

El encuentro coincide con el inicio de la ronda con los grupos políticos del Rey, al que va a dar portazo ERC a pesar de que Sánchez ha dejado en sus manos la llave de la gobernabilidad. Una anomalía que daña gravemente el normal funcionamiento de las instituciones por el que debiera velar quien pretende ser presidente. Si Sánchez llega mañana a Zarzuela sin ninguna garantía de que el independentismo va a respaldarle, debiera pedir tiempo para dialogar de una vez con los partidos constitucionalistas antes de que Don Felipe designe candidato. De lo contrario, estaríamos ante una gravísima irresponsabilidad que pondría en un brete a la Corona, porque no sería sensato activar una formación de Gobierno sin sustento.

Así se odia a España en Cataluña
Pablo Planas Libertad Digital 10 Diciembre 2019

Uno de los rasgos más agudos del nacionalismo catalán es su odio a España y a los españoles. No es nada nuevo, pero sí cada vez más intenso. Antes del proceso se intentaba disimular más o menos, por lo que más que de odio se podía hablar de menosprecio. Se creía que tal vez era fruto de la ignorancia y de la inmersión en lo que el corrupto y corruptor Pujol llama "identidad colectiva", del programa de nacionalización de la sociedad, en el que desempeñaron un papel determinante las escuelas, los institutos y los medios sostenidos por la Generalidad.

Tal era la obsesión por catalanizar cualquier aspecto de la vida cotidiana que resultaba necesario erradicar todo rasgo de españolidad, ya fuera el idioma, la cultura o los sentimientos y vínculos, arrancar de cuajo la compleja identidad española, convertirla en una caricatura de barraca y copla, de inmigración y analfabetismo, pura miseria y atraso.

La operación ideada por Pujol fue un éxito. En menos de dos décadas, España se convirtió en una anécdota en Cataluña, una especie de mal menor consistente en bolsas de población no asimilada en el extrarradio de las capitales, el Cinturón Rojo de Barcelona o el singular barrio de Vila-roja, en Gerona, donde los vecinos colocaron a la entrada una gran bandera rojigualda con la leyenda "Bienvenidos a España" en octubre de 2017. Ni que decir tiene que las buenas gentes de Girona ni se acercan por la zona, considerada un reducto de marginalidad.

Con el denominado Procés, se cayeron las caretas. Ya no hacía falta disimular y apareció el verdadero rostro del catalanismo, ese supremacismo aldeano mediante el que todo lo catalán no sólo es mejor sino que todo lo español, cualquier cosa, es directamente un mojón. El desahogo con el que opera ese sentimiento de superioridad es patente en la escuela, en anuncios, en declaraciones públicas y hasta en recomendaciones sobre prácticas sexuales en la televisión autonómica.

Ejemplos de menor a mayor. Una joven diserta sobre la masturbación femenina en TV3 y el problema es la "invasión del castellano" porque "todo es en castellano" hasta en eso, según la vocacional comisaria lingüística. Un grupo de muchachos habla sobre los derechos de las mujeres. Quienes lo hacen en español exponen las tesis machistas y casposas; el que habla en catalán defiende a las mujeres. El Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, habla de las listas de espera y culpa a los pacientes de otras comunidades que acuden a operarse a centros sanitarios de Cataluña porque, como todo el mundo sabe según él, la sanidad catalana es mejor que la del resto de España.

Más los hijos de guardias civiles señalados por sus profesores el día después del 1-O en el instituto aledaño a la casa cuartel de San Andrés de la Barca. O lo que ocurrió en el final del pasado curso escolar, cuando una profesora agredió a una niña de diez años en el colegio Font de l'Alba de Tarrasa por dibujar una bandera de España y escribir "Viva España" en el álbum de fin de curso. La niña tuvo que cambiar de colegio. La profesora, no. Hay y habrá más odio. Son años de siembra que empezaron con Pujol, se han agudizado con el proceso separatista y afectan hasta al defensor del pueblo, quien en vez de denunciar esos casos justifica e incurre en tales conductas.

El pacto tóxico: conseguir un Gobierno, desarmar al Estado
Ignacio Varela EC

Se vislumbran con más claridad los verdaderos términos de la negociación entre el presidente y el presidiario, entre el partido de Sánchez y el de Junqueras. El primero solo quiere ser investido, cueste lo que cueste y nos cueste lo que nos cueste. El segundo quiere mandar en Cataluña con manos libres para avanzar sin obstáculos hacia la segunda intentona secesionista. Lo que buscan es la forma de que cada uno entregue al otro lo que desea.

Los dirigentes de ERC ya han traducido la oscura expresión “activar la vía política” que hicieron tragar al PSOE en su segunda sesión extorsionadora. “Activar la vía política” significa desactivar todas la demás, dejando inerme al Estado de derecho. Ese es el auténtico precio de la abstención de ERC: un Gobierno para Sánchez a cambio de que Sánchez consienta en desarmar el Estado en lo que se refiere a Cataluña.

“Activar la vía política” significa sacar las conversaciones de los ámbitos institucionales regulares (Congreso y Senado, Parlamento de Cataluña, órganos de coordinación entre el Gobierno central y el autonómico) para crear un espacio negociador propio del trato bilateral entre naciones soberanas.

Significa también que el Estado renuncie a lo que ellos llaman “vía represiva”, que no es otra cosa que la aplicación de la ley. Marta Vilalta dijo este lunes con toda claridad que “la solución política pasa por abandonar la judicialización y la represión”. Pasa por asegurarse, entre otras cosas, de que en ninguna circunstancia se recurrirá al 155 o a cualquier otra medida excepcional (esa función de tapón se atribuye al vicepresidente Iglesias).

Todo pasa también por neutralizar el poder judicial en lo que se refiere al llamado “conflicto político”. Singularmente, al Tribunal Constitucional. Se reclama de un Gobierno de Sánchez e Iglesias que se abstenga de impugnar las decisiones ilegales que se tomen en Cataluña. Que se las arregle para mantener embridados a los fiscales; por ejemplo, para que no se opongan a la inminente puesta en semilibertad de los políticos condenados por el Tribunal Supremo. Que desaparezca todo rastro de presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña (no es casualidad que se inicie la retirada en plena negociación).

La “solución política” pasa, en fin, por debilitar al máximo al jefe del Estado, para que jamás se repita lo del 3 de octubre de 2017. Rubén Amón ha explicado la posición extremadamente peligrosa en que se está colocando al Rey. Por una parte, la presencia en el Consejo de Ministros de un partido beligerante contra la institución que representa. Por otra, el suceso insólito de que tres de los cinco partidos que sabotearán las consultas para designar al candidato (ERC, BNG y Bildu) se disponen a contribuir con sus votos a la investidura y a integrarse de hecho en la mayoría parlamentaria del oficialismo.

En nuestro sistema constitucional, el Rey no puede defenderse de los ataques que recibe: se supone que para eso está el Gobierno. Por pura higiene institucional, un presidente consciente de su responsabilidad no tendría nada que hablar con quienes se niegan a hablar con el jefe del Estado.

Los independentistas saben bien que al primer 'procés' no lo derrotó el Gobierno sino la acción combinada de los poderes del Estado. Cuando el ejecutivo, los partidos constitucionalistas, el Parlamento, la Corona, el poder judicial y las fuerzas policiales se alinearon en la misma dirección, la sublevación se desmoronó. Eso es precisamente lo que se quiere impedir en el futuro. De eso, aunque no se admita, trata el fondo de esta negociación.

En la trastienda se desarrolla una lucha feroz por el poder en Cataluña y por el liderazgo del segundo 'procés', que para los separatistas debería ser el definitivo. Al margen de su sórdida revancha personal, Puigdemont y Junqueras comparten lo esencial, el espíritu del 'ho tornarem a fer'. Dos cosas los separan: quién manda y cómo se hace.

Puigdemont, sus cortesanos de Waterloo y sus delegados en Cataluña pretenden repetir la asonada cuanto antes, con el 47% de los votos. Y creen que el mejor escenario para sus planes es el bloqueo indefinido de la política española. Un Gobierno siempre en precario y los partidos españoles enredados en una campaña electoral eterna.

Junqueras prefiere fortalecer el independentismo hasta alcanzar la mayoría del 60% que Iceta señaló como objetivo. Para ello necesita tiempo; y en ese tiempo, ejercer el poder a discreción, eliminando los obstáculos que en la sociedad catalana se oponen al designio final. Para ello no solo tiene que hacerse con el control de la Generalitat; también debe contar con un Gobierno central dispuesto a enervar la acción en defensa propia del Estado a cambio del oxígeno que necesita para nacer y sobrevivir. Junqueras posee esa botella de oxígeno, y sabe que el único Gobierno español capaz de prestarse al trueque es el resultante de la coyunda entre Iglesias y Sánchez.

Quien albergue alguna ilusión sobre el proyecto político de ERC y sus objetivos en esta negociación debe leer la ponencia política que ese partido aprobará el 21 de diciembre en su congreso. El texto no permite el menor engaño. Tras la lectura, la perspectiva de que el Gobierno de España dependa de semejante tropa resulta aún más estremecedora.

La investidura de Sánchez se ha convertido, pues, en la pieza central de la batalla por el poder en Cataluña. Los dirigentes catalanes se han quejado mucho, con razón, del uso de la política catalana como instrumento de competición partidaria en el resto de España. Ahora sucede lo contrario: la política española y su Gobierno son el utensilio con el que las facciones del nacionalismo se disputan el poder doméstico en Cataluña.

Puigdemont baraja un adelanto electoral para impedir el pacto de ERC con Sánchez
Marcos Lamelas. Barcelona
La previsión entre los fieles a Puigdemont de JxCAT consultados es que ERC no aguantará esta presión y se plegará a sus designios. La convocatoria sería después del 19 de diciembre

De la misma forma que el PSOE ha aceptado 'sucursalizar' su estrategia respecto a la del PSC, la política española en su conjunto se ha hecho subalterna de la catalana. ¿Culpa de los nacionalistas? Más bien, su mayor triunfo. La culpa es del Fausto que se presta —y nos expone a todos— al juego mefistofélico.

La peor de las falacias de la propaganda oficial es pretender que todo esto es normal. Será lo que se quiera, menos normal. Sánchez mintió al afirmar que no sería presidente a cualquier precio. Ignacio Rodríguez Burgos, de Onda Cero, observa atinadamente que no será a cualquier precio: será al más caro.

(Posdata: por justicia retributiva, ese Barça-Madrid en el que nadie garantizará el orden público ni la seguridad de las personas debería jugarse el día 18… en Buenos Aires).

Conflicto político
La traición a España se va consumando mientras los partidos de centro derecha se enfrentan, cainitamente, entre ellos
Miguel Massanetdiariosigloxxi 10 Diciembre 2019

Sí señores, estamos ante lo que se pueden convertir en las dos palabras más derrotistas para la defensa de la indivisibilidad de la nación española. Lo de Cataluña ha dejado de ser un problema penal, un conato de rebelión contra la autoridad del Estado, un intento de insubordinación en contra el Estado de derecho o la transformación de una serie de instituciones regionales y locales en focos de insumisión conjuntados, para intentar forzar a la nación española para que incline la cerviz y ceda a las pretensiones espurias de separar a una parte de España del conjunto de la patria española.

Se podía esperar cualquier cosa de esos señores que forman la cúpula del actual PSOE, incluso que pactaran con los comunistas de Podemos, después de que el mismo señor Sánchez había declarado que “sólo pensar en tener ministros de Podemos ya le impedía dormir”; pero lo que era difícil esperar de un partido de una clara trayectoria de defensa de la Constitución española era que, llegado el momento de pactar para la formación de un nuevo gobierno y la elección, mediante la correspondiente investidura, de un nuevo Presidente; dejara aparte sus convicciones democráticas, se olvidara de la defensa de la unidad de España, se posicionara en contra de la doctrina del TS en cuanto a la actuación de aquellos directivos de la Generalitat catalana y del resto de instituciones, que no tuvieron inconveniente en cometer delitos de una gravedad suma, guiados por la sola intención de intentar levantar a parte de los ciudadanos catalanes, la mayor cantidad de ellos posible, para intentar doblegar la voluntad del Gobierno y de las dos Cámaras, para que cedieran al chantaje que, desde Cataluña, se intentaba ejercer sobre el resto de la nación española; proporcionándoles la coartada más perfecta para exhibir ante el Tribunal de Derechos Humanos de la UE, al admitir que lo de Cataluña no es más que un “conflicto político” y no un juicio penal contra delincuentes que han intentado atentar en contra de la unidad nacional.

Dos simples vocablos, “conflicto político”, señores, han dejado constancia de la rendición del señor Pedro Sánchez y todos los que lo acompañan, en este cúmulo de insensateces que han decidido cometer para asegurarse el poder que, al fin y al cabo, no es más que lo que intentan conseguir por encima de los intereses de los españoles, de los de España y, nos atreveríamos a decir que de la propia Europa, creando en su frontera sur un peligroso precedente para la misma estabilidad de la UE, hasta ahora solamente puesta en cuestión, por un corto espacio de tiempo, por el gobierno comunista griego del señor Psipras, que intentó dejar de pagar sus deudas con Europa y recibió uno de los correctivos más severos que se le pueden aplicar a un estado soberano; del que los griegos vapuleados y perjudicados en sus propias pensiones, han tardado varios años en poder recuperarse. ¿Conflicto político? Como se puede permitir, sin que a todos se nos caiga la cara de vergüenza, que un ministro español, por muy incompetente y falto de los requisitos intelectuales necesarios que fuere, el ministro de Fomento José Luis Ábalos, a la sazón negociador socialista en las reuniones con ERC; se permita decir cosas como las siguientes: "Tenemos que buscar un cauce de expresión para que no sea necesario que nadie tenga que recurrir a vulnerar el ordenamiento jurídico". Es decir, avanzar en una solución política que no obligue a los independentistas a dar golpes de Estado ni vulnerar la Ley.

Vamos a ver si somos capaces de entender lo que, en unas pocas palabras, parece que ha tratado trasmitir a los españoles este sujeto que, por muy ministro en funciones que sea, ya debería haber sido objeto de la apertura de un expediente por incitar a buscar una forma aparente para que, los de ERC, puedan decir, acordar y reclamar que se cometa una infracción constitucional y, sin embargo, no se vean expuestos a que la Justicia española intervenga para obligarles a respetar la Ley y si ya la han infringido, a pagar por ello. Y, el caradura, lo dice sin que se le quite la expresión de “enterado” que intenta, al parecer, que muchos de los que han votado a su partido, el PSOE, se sigan tragando lo que dice como si se tratara de una persona capaz de tener una sola idea aprovechable no contaminada de la carga de adoctrinamiento y falacia, propia de este PSOE actual.

Y aquí estamos, como si no hubiera pasado nada y sin que las derechas se le hayan tirado a la nuez a este señor que anuncia que, lo importante, es darles una salida a los de ERC para que no se note que lo que buscan es conseguir sacar a Cataluña de España. Son tantos y tan seguidos los hechos, las escaramuzas, las intentonas y los conatos de infracción del ordenamiento jurídico español, lo mismo que los destinados a suplantar de sus funciones como defensores de la Justica, representada por la acción independiente de sus tribunales, jueces, fiscales y demás ,miembros adscritos al poder judicial; que parece que los ciudadanos españoles se hayan acostumbrado a ello, no se sientan intimidados por que haya de subversivo en estas interferencias en las respectivas funciones del sistema judicial y ni siquiera se escandalicen cuando, como en el caso que nos ocupa, una autoridad, un ministro habla de camuflar una negociaciones para que una de las partes que participan en ellas pueda cometer delitos o intentar que se produzcan, con el asentimiento, bendición y compinchamiento de la otra parte, en este caso, los representantes del Gobierno en funciones; con el objetivo de que, a cambio de las cesiones que se pretenden ocultar, a los independentistas, con la intención de que no puedan ser recurridas ante el tribunal Constitucional, se cometa uno de los delitos más penados, repugnantes y cobardes que se puedan cometer en contra de una nación y de sus ciudadanos: el delito de traición.

Evidentemente se trata de buscar una supuesta vía política, que esquive palabras que se pudieran interpretar como delitos, para intentar darle carpetazo al tema catalán, buscar recovecos lingüísticos, palabras de doble sentido o martingalas legales, para intentar despenalizar acuerdos, cesiones, promesas o prevaricaciones, blanqueando unos hechos que claramente puedan tener connotaciones delictivas y contrarias a nuestra Constitución. Pero, ni siquiera este bocazas de Ávalos, demostrando su falta de inteligencia y sentido común, intenta disimular la chapuza y lo expresa públicamente, demostrando una amoralidad que incluso puede resultar más preocupante que su descaro. No es extraño que todos los negociadores se las prometan muy felices si ya se han repartido las cartas y resulta que a todos les han tocado los triunfos, menos a los españoles que sólo parece que les han correspondido los bastos, con los que van a ser golpeados en sus patrimonios ante la avalancha de aumentos fiscales que nos esperan y que van a caer como losas sobre la siempre sufridora clase media española.

Y aquí una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Quién de todos los implicados en la política nacional parece ser que ha salido más beneficiado en este campo de Agramante en que se ha convertido la política española? Pues nos tememos que este maestro del caos, este señor que hoy dice negro y mañana blanco y que lo mismo abraza a uno que, al día siguiente, le clava un cuchillo en la espalda (metafóricamente, se entiende), nuestro falso doctor, el señor Pedro Sánchez, este Frégoli de la política, experto en cambios de opinión de la noche a la mañana. Verán, es evidente que, por mucho que nos pese, este señor va siempre unos metros por delante de lo que piensan las derechas, que no hacen más que intentar ponerse a su altura algo que parece ser que, hasta ahora, no han conseguido en ninguna ocasión. Su descaro es tan inmenso que no duda en favorecer, aunque parezca que no directamente sino indirectamente, preparando el panorama para que los señores de VOX consigan una vicepresidencia, con lo cual dejan al PP descolocado y a Ciudadanos bufando (por cierto, los intentos de acaparar protagonismo de la señora Arrimadas, con sólo diez escaños resultan patéticos y hasta cierto punto, cómicos.)

Tampoco los de VOX, en esta ocasión, han actuado con inteligencia porque han contribuido a demostrar que, con estos enfrentamientos a cara de perro entre los partidos de la derecha, es muy difícil que se llegue a producir la unidad precisa para poder desbancar el futuro gobierno del PSOE y Podemos, con apoyo de los de ERC que, seguramente, si no se produce un milagro se va a constituir en un periodo corto de tiempo. Tenemos la impresión, amarga por supuesto, de que por lo que hace a la próxima legislatura y al posible destino de nuestra pobre nación, quedan pocas esperanzas de que impere la sensatez, el sentido común y lo que debería ser el sentido de responsabilidad de los gobernantes, en cuanto a su deber de poner, por encima de cualquier otro interés personal o de partido, todo lo referente al bienestar de los españoles y la defensa de los intereses de nuestra nación, España.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no podemos menos que demostrar nuestra profunda inquietud por la deriva que están tomando los acontecimientos que, cada día que pasa, parece que están más encaminados a lo que, sin temor, podríamos calificar como un retorno al Frente Popular que siguió a las elecciones legislativas del febrero de 1936 y que fue, con su incapacidad para gobernar y para detener el caos subsiguiente a dichas elecciones, lo que dio motivo a la insurrección nacional del 18 de julio de aquel mismo año.

Una Fiscalía a la medida de Sánchez

Editorial larazon 10 Diciembre 2019

Cuando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, afirmaba que la Fiscalía General del Estado estaba para obedecer sus órdenes, puesto que el nombramiento de su máximo responsable correspondía al Ejecutivo –«¿La Fiscalía de quién depende?», fue la pregunta retórica que se hizo el líder socialista–, sin duda, estábamos ante algo más que un lapsus linguae. Ciertamente, estábamos ante un propósito claramente expresado, al menos, a tenor de las informaciones de diversas fuentes que coinciden en la inmediata destitución de la actual fiscal general, María José Segarra, en cuanto tome posesión el próximo Gabinete y pese a que la máxima responsable del Ministerio Público accedió al cargo hace menos de dos años.

Desde un punto de vista normativo, el relevo de Segarra puede producirse sin violentar el Estatuto Fiscal, puesto que la reforma del mismo establece que el fiscal general cesa con el Gobierno que le nombró, pero es imposible no sucumbir a la sospecha de que si el presidente Sánchez no procede a la reelección de Segarra, –lo que sería perfectamente posible ya que no ha estado más de dos años en el cargo– es porque busca un perfil «más dócil» en la Fiscalía, que acompañe las, de momento, hipotéticas decisiones políticas en el ámbito de la resolución del conflicto separatista en Cataluña. Es decir, la salida de prisión de los condenados por el procés, asunto en el que el Ministerio Público puede tener una participación determinante, puesto que puede instar a los tribunales a que anulen una concesión de grado penitenciario o, incluso, acusar de prevaricación a aquellos funcionarios y responsables políticos que retuerzan la Ley General Penitenciaria para favorecer situaciones de privilegio entre los reclusos.

Como ya hemos señalado desde LA RAZÓN, es potestad del Servicio Penitenciario de la Generalitat, que tiene transferida la competencia de prisiones, clasificar de grado a los políticos golpistas sentenciados por el Tribunal Supremo e, incluso, aplicarles los beneficios extraordinarios previstos en el artículo 100.2 de la citada ley, favoreciendo un régimen de semi libertad. Esta medida no sólo se encuentra entre las condiciones que previsiblemente pondrá ERC sobre la mesa negociadora de la investidura, sino que elude la problemática gestación de un indulto para unos reos que no se han arrepentido de sus delitos y que, además, proclaman que los volverían a cometer. El hecho de que los fiscales del Supremo pidieran al Tribunal sentenciador, sin éxito, que estableciera un tiempo mínimo de cumplimento de las condenas para Oriol Junqueras y compañía demuestra la preocupación que suscitaba la posible intervención del departamento de prisiones de la Generalitat. El anuncio, ayer, por parte de ERC de que pretende alargar la negociación de la investidura de Sánchez hasta después de Navidades, cuando la clasificación de los presos sea un hecho, abunda en lo que decimos.

Sin que pretendamos presuponer la posición que tomará la Fiscalía, los cierto es que María José Segarra se ha desempeñado en el cargo con independencia y, lo que es más significativo, respetando los criterios profesionales de sus subordinados, incluso cuando estos chocaban con los intereses del Gobierno. Así, la Fiscalía mantuvo la acusación de rebelión en el juicio del procés, obligando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a imponer el cambio de criterio a la Abogacía del Estado –lo que llevó a la destitución del jefe de la sección penal, Edmundo Bal–, además de avalar el expediente sancionador contra la juez Núñez Bolaños por su inacción ante los procedimientos de corrupción que salpicaban a los socialistas andaluces. Dos hechos que, en María José Segarra, demuestran que la independencia de la Fiscalía es posible y no sólo retórica.

Un terrorista en las aulas
Cayetano González Libertad Digital 10 Diciembre 2019

La charla de este martes del etarra López de Abetxuko supondrá sobre todo una afrenta a sus víctimas directas y por extensión a todo el colectivo.

Que una parte de la sociedad vasca sufre una profunda enfermedad moral, consecuencia directa de haber convivido durante tantos años con un terrorismo nacido en sus entrañas, lo pone de manifiesto lo que va a pasar este martes en las aulas de la Universidad del País Vasco, en su campus de Álava. Un miembro de ETA, José Ramón López de Abetxuko, condenado a 30 años de cárcel por su participación en dos atentados mortales cometidos por la banda terrorista en Vitoria en 1980, hablará a un grupo de alumnos sobre la situación de los presos de ETA.

Que el etarra haya cumplido ya íntegramente su pena no le habilita para ser referente de nada ni de nadie. Y el simple hecho de que alguien piense que un terrorista pueda aportar algo positivo a unos jóvenes universitarios es una completa locura. Que una institución pública como la UPV ceda sus locales para semejante dislate, justificándolo en que los solicitantes cumplen los requisitos legales, y permita que sus alumnos reciban ese tipo de testimonios ahonda en esa grave crisis moral a la que antes me refería.

En estas últimas horas han sido varias voces las que se han alzado para pedir que se impida esta barbaridad. En primer lugar, la de los familiares de las víctimas directas de este terrorista, que en 1980 participó en el asesinato del jefe del Cuerpo de Miñones de la Diputación Foral de Álava, Jesús Velasco Zuazola, y en el del Jefe de la Policía Municipal de Vitoria, Eugenio Lázaro Valle. También lo han hecho el Delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, y el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso. La Asociación Cívica Esteban de Garibay, que preside Carlos Urquijo, ha convocado una concentración delante de la sede de la UPV en Vitoria para mostrar su total rechazo a este acto.

Se da la macabra circunstancia de que, a escasos 300 metros de donde se celebrará la charla, ETA asesinó el 22 de febrero del 2000 al portavoz del PSE en el Parlamento Vasco, Fernando Buesa, y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza.

Cuando muchas víctimas del terrorismo comentan en privado –algunas lo hacen en público– que han perdido la batalla del relato sobre lo que supuso la acción terrorista de ETA, tienen toda la razón. El problema es que en los últimos años han sido muchos agentes sociales los que han renunciado a ganar esa batalla, empezando por la propia sociedad vasca, que vive muy cómoda por el hecho de que ETA ya no mata y cree que no compensa remover el pasado.

Pero también tienen su cuota de culpa los poderes públicos, muchos responsables políticos y la mayor parte de los medios de comunicación, al aceptar como normal lo que es una absoluta anormalidad. Porque anormal es que el expresidente Zapatero, en unas declaraciones recientes, blanqueara absolutamente y sin ningún tipo de pudor al líder de Bildu, Arnaldo Otegui. O anormal es que la presidenta socialista del Gobierno de Navarra, María Chivite, llegara a ese puesto gracias al apoyo de Bildu, con quien se acaba de sentar para negociar los Presupuestos de la Comunidad Foral. Para Sánchez, Zapatero, Chivite y el PSOE, se puede hablar con Otegui y con Bildu, pero no con Vox, que tiene entre sus fundadores a José Antonio Ortega Lara.

La hija de una víctima del etarra conferenciante en la UPV: «Se está legitimando a los terroristas»
Ana, hija de Jesús Velasco, jefe del Cuerpo de Miñones de Álava asesinado por el etarra López de Abetxuko, afirma en OKDIARIO que es "obligación moral" de "todas las instituciones" impedirlo
Luz Sela okdiario 10 Diciembre 2019

Ana tenía 17 años cuando el etarra José Ramón López de Abetxuko acabó con la vida de su padre, Jesús Velasco, jefe del Cuerpo de Miñones de Álava. Por ese asesinato y el de Eugenio Lázaro Valle –comandante del Ejército y jefe de la Policía Municipal de Vitoria– fue condenado a 30 años de cárcel. Este martes, el etarra protagonizará una conferencia en la Universidad del País Vasco. Pese a las críticas de partidos y asociaciones de víctimas, los organizadores, la red de apoyo a los presos etarras, Sare, mantiene el acto previsto.

"Me parece algo inconcebible, incomprensible, que en un país democrático que se supone que es un Estado de Derecho pueda pasar algo así", lamenta Ana Velasco en declaraciones a OKDIARIO. Considera que "se está legitimando la figura de los terroristas" y no entiende que "algo así se tolere y los demás miren para otro lado". "Si no hay unas leyes que lo puedan impedir, pues que se elaboren esas leyes. Esto ya va más allá de una cuestión legal. Es una cuestión moral", denuncia.

"Para las víctimas es vejatorio, humillante, demoledor. Nos damos cuenta de que hemos perdido en todos los sentidos y que el final del terrorismo es un final indigno, que no es una derrota, sino haberles dado un camino para que sigan estando y enorgulleciéndose de todo el mal que han hecho", añade.

La conferencia está programada para las 12.30 horas en el Aulario de Las Nieves del campus de Vitoria, con el título ‘Los presos gravemente enfermos a casa’. En ella intervendrán, además del etarra, el abogado Txema Matanzas, condenado también en su día por integración en organización terrorista.

"Obligación moral"
Velasco considera que "todas las instituciones están en la obligación moral de que estas cosas no ocurran", aunque denuncia también que "llevan ocurriendo muchos años".

"Creo que, en el fondo, lo que ocurre es que cuando se negoció con ETA se pactaron cosas como éstas, porque si no, no lo comprendo, pero son pactos vergonzosos, que están saliendo a la luz y que a todos los españoles nos dejan en una posición bochornosa", añade.

Sobre el hecho de que el futuro Gobierno de Pedro Sánchez pueda recibir el apoyo de Bildu, considera "indecente" que se "negocie con partidos que no sólo no condenan el terrorismo, sino que lo justifican". "No comparto que esos partidos sean legales", zanja. Y critica también a quienes "no son capaces de arrinconarlos y se prestan a negociar con ellos con condiciones".

¿Nos hemos olvidado de las víctimas? "Hay una especie de pacto de ‘pasamos página'", responde. "De vamos a dejarlo estar… Lo que pasa es que, de vez en cuando, ocurren cosas tan bochornosas como ésta. Y se producen escándalos que duran muy poco tiempo y no resuelven nada. Esto está pasando constantemente, no es algo puntual. Se han archivado decenas de demandas de asociaciones de víctimas por los homenajes a etarras, la Audiencia siempre las archiva, y el delegado del Gobierno prácticamente nunca pide que se prohíban". "Estamos desolados, nos sentimos totalmente desprotegidos", añade.

El año pasado, Velasco abandonó el homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados por considerarlo una "farsa". Entonces, arremetió contra aquellos que "están a la vez homenajeando a las víctimas y legitimando socialmente a sus verdugos". La víspera, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, había sido el invitado a una polémica entrevista en el canal 24 horas de RTVE, en la que no condenó el terrorismo de ETA.

Críticas
La asociación Esteban de Garibay, del ex delegado del Gobierno Carlos Urquijo, ha convocado una concentración para este martes, en protesta por la conferencia.

Desde el Gobierno vasco, su portavoz, Josu Erkoreka, ha manifestado que la charla es "legal" aunque ha matizado que "se debería ponderar si es humillante o puede herir" a las víctimas.

Desde el PSE, la secretaria general de los socialistas de Álava, Cristina González, ha destacado que "legalmente" el etarra "ha salido de la cárcel y puede dar una charla", aunque ha añadido que "éticamente cuesta mucho sobre todo para las víctimas y todas las personas que hemos luchado para acabar con el terrorismo en este país escuchar el día de los derechos humanos a una persona que ha asesinado hablar de las penalidades de los presos en las cárceles".

El PP de Álava ha considerado que la conferencia es una "aberración". Su presidente, Iñaki Oyarzabal, ha calificado la charla de "vergüenza y una indignidad que ofende a las víctimas. Basta ya de que la UPV se dedique a blanquear el pasado de esos criminales", ha denunciado.

El delegado del Gobierno, Jesús Loza, habló este domingo de "sarcasmo" y aseguró sentirse "indignado".

"Es un sarcasmo que el asesino de Txutxi Velasco y Eugenio Lázaro dé una charla en la universidad pública, que es el templo de la tolerancia, que la dé a cien metros del lugar donde fueron asesinados Fernando Buesa y Jorge Díez, y en el día de los derechos humanos, cuando el primer derecho es el derecho a la vida", afirmó Loza.

Vox pide a la Fiscalía que suspenda la charla del etarra López de Abetxuco en la UPV
OKDIARIO  10 Diciembre 2019

La charla del etarra Ramón López de Abetxuko este martes en la Universidad del País Vasco (UPV) en Vitoria ha provocado las lógicas reacciones de rechazo entre los partidos constitucionalistas. Vox ha pedido este lunes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que suspenda la conferencia del terrorista que fue condenado a 30 años de cárcel por dos asesinatos.

La conferencia del etarra, organizada por la asociación Sare, no debe celebrarse, según argumenta Vox, porque un espacio público "no puede ser utilizado para dar voz a asesinos".

El partido presidido por Santiago Abascal explica en un comunicado que la celebración de la charla supondría sendos delitos de enaltecimiento del terrorismo y odio, la "humillación a las víctimas", que contempla el artículo 578 Y 570 del Código Penal, así como de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

La conferencia, que la Delegación de Gobierno en el País Vasco ha solicitado que se cancele, se celebrará este martes a las 12.30h organizada por Sare, una asociación de apoyo a los presos de ETA.

"Un espacio público -continúa el comunicado de Vox- no puede ser utilizado para dar voz a asesinos, especialmente si el público es joven. La celebración de dicha charla tiene como objetivo intoxicar a los jóvenes de nuestra sociedad con un ideario radical y violento".

Además, también "exigen" que en un Estado de derecho "se muestre respeto y se honre a todas las víctimas del terrorismo".

Y por ello, la formación rechaza la posibilidad de que dos etarras sean mostrados a la población universitaria "como un ejemplo a seguir".

Por otra parte, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha instado a la rectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Nekane Balluerka, a "impedir" la charla del etarra porque es una "ofensa" a las víctimas y una "indignidad" para una institución que "ha decidido en el mejor de los casos mirar hacia otro lado".

CATALUÑA
Generalitat, ayuntamientos y universidades sólo consumen productos etiquetados en catalán
VÍCTOR MONDELO El Mundo 10 Diciembre 2019

La imposición afecta también a escuelas, hospitales y a la policía local. La ONG que espió en los recreos diseñó el plan y distingue a quien lo acata

Hemeroteca. Quim Torra permite espías en los recreos para comprobar si los niños hablan catalán

La inmersión lingüística no sólo afecta al mundo educativo. La administración pública también favorece al catalán en otros muchos ámbitos, como el del consumo. Así se explica que la Generalitat, más de 200 ayuntamientos o las principales universidades de Cataluña únicamente consuman productos alimenticios etiquetados al menos en catalán.

La Plataforma per la Llengua -la ONG que espió en los recreos de las escuelas para comprobar si los alumnos usaban el catalán- lanzó una campaña en 1999 para empujar a las administraciones públicas catalanas a «comprometerse a consumir productos etiquetados en catalán, empezando por las aguas, bebidas refrescantes, cervezas vinos y cavas». A día de hoy, han adquirido ese compromiso todos los Departamentos de la Generalitat, el Parlament, los Consistorios de Barcelona, Tarragona, Girona o Lleida-y otros muchos de importante peso demográfico como Badalona-, las diputaciones de Barcelona, Girona y Lleida, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, la de Lleida, la de Vic o la de Girona.

La adhesiones se llevan a cabo aprobando una moción por la que los entes públicos garantizan que «a partir del día de su aprobación» sólo adquirirán productos etiquetados al menos en catalán para su «consumo interno», para ser servidos en «actos públicos» o para venderlos en «las máquinas expendedoras o bares que actúen en régimen de concesión» en el interior de sus instalaciones; como por ejemplo los repartidos por los campus universitarios.

En el caso de los ayuntamientos, la moción diseñada por la Plataforma per la Llengua también aclara que deberán hacer extensivo su compromiso a todos los organismos dependientes del Consistorio, esto es, «policía local, escuelas, oficinas de turismo, hospitales o instalaciones deportivas».

«Es una campaña para normalizar la lengua catalana en el etiquetado de productos comerciales que se venden en el territorio donde es lengua propia», defiende la autodenominada «ONG del catalán», que no esconde que otro de sus objetivos es señalar a las firmas que se resisten a etiquetar en ese idioma. «La campaña busca evidenciar el agravio de algunas empresas que no ajustan su oferta a las necesidades actuales de los consumidores y que no tienen en cuenta ni la atención respetuosa hacia ellos, ni a su entorno social y cultural. Así como promocionar a las empresas que aportan este criterio de calidad en el trato hacia los consumidores», admite la organización, que también se dedica a delatar a los comerciantes que no rotulan sus negocios en catalán.

La Plataforma per la Llengua identifica a las administraciones adheridas a su campaña con un «sello de calidad por la compra de productos etiquetados en catalán». Además de distinguir a entidades públicas, la ONG también invita a instituciones privadas a sumarse. Entre las que han tenido a bien adquirir el compromiso destacan el FC Barcelona y Òmnium Cultural.


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