AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 11  Diciembre  2019

Romper España para salvar al PSOE
Emilio Campmany Libertad Digital 11 Diciembre 2019

El PSOE se cuartea desde los tiempos de Zapatero. El solemne pagó a Maragall su ascenso con las llaves de Ferraz y, desde entonces, el PSC impone su independentismo fláccido disfrazado de federalismo más o menos asimétrico. Cuando Rubalcaba heredó el desastre, en vez de volver a la lealtad constitucional perdida, impuso a todo el PSOE la Declaración de Granada, que no es otra cosa que la visión que el PSC tiene de España y de Cataluña. Sánchez se encaramó a la Secretaría General apoyándose en los socialistas catalanes. El PSOE logró descabalgarlo por librarse de la tutela, pero Iceta lo levantó de nuevo. De modo que Sánchez no es más que el testaferro que el PSC ha puesto al frente del PSOE para asegurarse de que éste secunda su política federal de nombre, confederal de hecho, y disolvente en la práctica. Para que no hubiera duda, en 2017 el PSOE ratificó la Declaración de Granada mediante otra hecha en Barcelona. ¿Dónde si no?

La dictadura del PSC no incomoda en el partido porque, en los territorios que padecen nacionalismo, los socialistas se han convertido al soberanismo para compartir el poder con los independentistas locales. Y en los territorios que no padecen semejante lacra venden su sumisión a cambio de cargos. El PSOE conserva a sus votantes constitucionalistas con la ficción de que el suyo es el único partido capaz de reconducir la crisis institucional mediante diálogo y más autogobierno. Sin embargo, ocultan cuidadosamente lo que quieren hacer. Todo son vaguedades. Seis años después de la Declaración de Granada, no han concretado ninguna propuesta. Tampoco reconocen lo que todos los españoles sabemos, que los independentistas no se van a conformar con nada que no sea la independencia.

En definitiva, estamos los españoles, bajo la dirección de los socialistas, jugándonos la unidad de España para que el PSOE salve la suya. Es una situación que no puede durar indefinidamente. Al final, se quebrará por algún lado. Parafraseando a Churchill, podría decírsele al fallecido Rubalcaba, que tan injustamente fue alabado con ocasión de su entierro, que por salvar la unidad del PSOE vendiste la de España y ahora tendrás la ruptura de España y la del PSOE.

El 'Gobierno del insomnio' quiere taparnos los ojos
EDITORIAL Libertad Digital 11 Diciembre 2019

El hecho de que España acumule desde 2015 uno de cada tres días con el Ejecutivo en funciones justificaría, hasta cierto punto, que las negociaciones encaminadas a lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente centrasen la atención de los medios de comunicación; más aún cuando dicho Gobierno estaría integrado por un partido de extrema izquierda partidario del mal llamado derecho de secesión de las comunidades autónomas como Podemos y cuando las negociaciones se extienden a una formación golpista como ERC, que ha reiterado su compromiso con el ilegal proceso separatista iniciado en Cataluña en 2012.

Con todo, resulta bochornoso el tratamiento aséptico y poco comprometido con el ordenamiento constitucional que la mayoría de medios está dando a estas negociaciones bochornosas entre el PSOE y ERC, destinadas no ya al traspaso de puertos y aeropuertos a una Administración autonómica en rebeldía como la catalana, sino a excarcelar cuanto antes a los golpistas presos y a encauzar lo que también los socialistas llaman ahora "el conflicto político de Cataluña".

Lo más grave de todo es que el tratamiento editorial e informativo que estos medios –especialmente las televisiones a cargo del contribuyente– otorgan a estas negociaciones sirve, a pesar de su escaso relieve, para dejar en un segundo plano monumentales escándalos de corrupción que afectan al PSOE y a Podemos.

Buen ejemplo de ello lo constituye la noticia sobre la documentación relacionada con el caso ERE que la actual Junta de Andalucía ha localizado en "sobres lacrados" y escondidos en tres cajas fuertes en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y que ya ha sido entregada al Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla. ¿Se imaginan la cobertura que habría tenido este hallazgo si fuera el PP, y no el PSOE, el partido que hubiera ocultado a la Justicia esa documentación y hubiera protagonizado esta operación fraudulenta, por la que la Junta entregó miles de millones de las antiguas pesetas a una empresa de Jaén a sabiendas de que dichas ayudas ya se habían declarado ilegales por la Unión Europea?

Otro tanto se puede decir del silenciado escándalo de los sobresueldos que afecta a Podemos: lejos de asumir la más minima responsabilidad por las "graves irregularidades financieras" detectadas por los abogados que trabajaban para el partido –uno como delegado de Protección de Datos y el otro como responsable de Cumplimiento Normativo–, el partido de Pablo Iglesias los ha destituido. Habría que oír a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez si fuera el PP el partido protagonista de este bochorno.

Ni que decir tiene que Pablo Iglesias no ha dado la menor explicación –ni el PSOE se la ha pedido– sobre los supuestos sobresueldos en la dirección, los contratos a dedo en beneficio de personas afines o las manipulaciones en votaciones electrónicas en primarias y otras consultas internas. Lo más que ha hecho oficiosamente la cúpula de Podemos es relacionar el escándalo con la marcha del jefe de Gabinete de Pablo Iglesias, Pablo Gentili, a Argentina, donde será secretario de Estado de Educación del nuevo Gobierno.

Así las cosas, está claro que el PSOE y Podemos se tapan mutuamente las vergüenzas para blanquear su corrupción política y económica con el mismo descaro con el que blanquean a sus aliados secesionistas. Lo más lamentable es que el tan bien llamado Gobierno del insomnio cuente con la ayuda de tanto medio de comunicación a la hora de desinformar a los españoles.

Sánchez se cruza de acera
Antonio Burgos ABC 11 Diciembre 2019

Esta es la contradicción mayor del mundo. Cuando hoy acaben las consultas del Rey con los líderes de los partidos que obtuvieron representación parlamentaria el 10-N, Don Felipe VI no tendrá más remedio que encargar formar Gobierno al que lo está deseandito (y ninguneando al Monarca), a Sánchez, como la lista más votada. Y se dará el caso más curioso que en mi vida he visto. La investidura del señalado por Don Felipe dependerá de unos señores que no han aparecido en estas consultas por La Moncloa, aun debiendo haberlo hecho, y le han hecho ese indigno desplante al Rey, como suelen. Me refiero a ERC, claro. ¿Cómo es posible que el futuro del Gobierno del Reino de España dependa de unos señores que no se dignan acudir a la consulta del Rey por autoproclamarse republicanos? Pues es posible.

Es posible, aparte de «que se fastidie el coronel, que yo no como rancho», por lo que afirma el verso de un bolero de Machín: «Lo que pudo haber sido y no fue». Ay, lo tranquilos que estaríamos en este sobresaltado Adviento de la Navidad si Sánchez hubiera renunciado a aferrarse al poder pactando con la ultraizquierda y con los independentistas de toda laña, y le hubiera descolgado el teléfono a Casado, que nunca se le puso al aparato, y hablado con Ciudadanos, y hubiese conseguido, en lugar del apoyo de la ultraizquierda más radical y del separatismo más peligroso, la «abstención patriótica» de PP y Cs.

Lo que digo es lo que hubiera deseado y sigue queriendo una inmensa mayoría de españoles: dejarnos de la aventura de sabe Dios dónde nos va a llevar toda esta locura del egocentrismo de Sánchez y aferrarnos a cuanto comenzó a destruir Zapatero, cual fue la concordia nacional y la estabilidad política basadas en la Constitución de 1978. Aquí no sólo se ha desenterrado a las dos Españas, sino que, si Dios no lo remedia, vamos a padecer a un presidente que se ha cambiado de bando y cruzado de acera. Aparte de las dos resucitadas Españas de siempre, tenemos ahora otras dos: la que defiende la Constitución de 1978, y la que quiere subvertir los pilares del Estado que sustenta. Son como dos orillas: en la una, los constitucionalistas; en la otra, los que buscan cualquier fórmula que vaya contra lo que hasta ahora entendíamos por España, su unidad y su Monarquía Parlamentaria. No sé si a nado o en catamarán como Greta, Sánchez se ha cruzado de orilla y se ha cambiado de acera y de bando, y se ha puesto del lado de los que están contra la Constitución. Con el falso pretexto de la estabilidad y del progreso. ¿Qué mayor estabilidad tendríamos que un Gobierno de Sánchez, sí, pero apoyado en los asuntos fundamentales del Estado, entre otros la unidad de España y la oposición frontal y tenaz al independentismo, por los otros partidos constitucionalistas? Y aquí me entra la duda: ¿están Sánchez y su nuevo PSOE con la Constitución o contra ella, como sus parece que futuros socios ultraizquierdistas e independentistas? En este punto es como gallego: no sabemos si sube o si baja. Es más: no sabemos si este Sánchez es el mismo de antes de elecciones o es otro señor distinto que lo suplanta, como un especialista de los que sustituyen a los actores en las escenas de riesgo de las películas. Aquel Sánchez que decía que perdería el sueño si tenía que gobernar con Podemos, ¿dónde está? ¿Existió realmente antes? ¿O fue, como tantas cosas de estos días, como tantos paripés de las negociaciones en curso, un puro teatro?

Sé que Fernando VII tiene mala prensa y nunca estuvo de moda. Pero qué tranquilidad nos daría a todos si Sánchez, en vez de ir con tan malas compañías, hubiera llamado al PP y a Cs y les hubiera dicho la frase del Deseado: «Marchemos todos juntos y yo el primero por la senda de la Constitución».

La balcanización socialista de España
Cristian Campos elespanol 11 Diciembre 2019

No hay reunión del PSOE con ERC de la que los socialistas no salgan con las dos soberanías hechas jirones. La de la Nación y la del propio partido socialista. Hace una semana, José Luis Ábalos reconocía como si fuera la cosa más evidente del mundo la existencia de un "conflicto" en Cataluña. Es decir, la de una deuda política, histórica y moral de España respecto a la extrema derecha nacionalista catalana, pues eso quiere decir en lenguaje separatista ese caballo de Troya lingüístico que tan alegremente ha metido el PSOE en la ciudadela de la Constitución.

Ayer, los negociadores del PSOE aceptaban ya que el conflicto "que hay que encauzar" es "sobre el futuro de Cataluña". A la vista de la velocidad con la que el PSOE incrementa día a día el ángulo de sus reverencias frente a ERC, uno llega a desear que las reuniones acaben aquí y ahora con un pacto súbito. Porque en dos reuniones más, el PSOE anda regalándole a los nacionalistas catalanes la Giralda. En cuatro más, al primer hijo varón de todos los ciudadanos españoles. En seis más, el ingreso en la UE.

La incapacidad del PSOE para reconocer a la extrema derecha allí donde esta realmente existe empieza a ser sospechosa. Si algo hay que reconocerle al PSOE, desde luego, es flexibilidad. Desde que iniciaron las conversaciones con ERC en Cataluña se ha dicho, por boca de acreditados líderes políticos y sociales catalanes, que los padres que maltratan a sus hijos hablan español, que a España le son indiferentes "uno, dos, tres o cien muertos" en Cataluña y que el colapso de las listas de espera catalanas se debe a los ciudadanos de otras comunidades que vienen a operarse a Cataluña.

Que en Cataluña resulte difícil distinguir ya las declaraciones de algunos de sus líderes políticos, empresariales y culturales de las que haría un simpatizante de los Tigres de Arkan contribuye a dibujar una Cataluña fracasada, terreno yermo para la democracia y para la convivencia entre iguales. Que el modelo del PSC para España sean las ocho naciones que "le salen" a Miquel Iceta, como quien cuenta almejas a la marinera, ya ha dejado de ser una frivolidad para convertirse en una irresponsabilidad que entra de lleno en lo inmoral.

Si con algo no debería jugarse en Europa es con el nacionalismo. Dos Guerras Mundiales debería ser suficiente prueba de ello. Que el PSOE ande sacándose naciones de la chistera en la creencia de que el genio del identitarismo supremacista, los resentimientos territoriales y el odio entre vecinos podrá ser devuelto a su lámpara en cuanto el socialismo considere que este ya ha cumplido su función –acabar con la derecha y con la monarquía– promete una España henchida de odio para la próxima década.

Es ya un argumento arquetípico del socialismo el de que el hecho de que Ciudadanos y PP sufran un nivel tan alto de rechazo entre el nacionalismo catalán y el vasco es la prueba de que la derecha "no entiende" España. Mucho me temo que lo que ocurre es más bien que Ciudadanos y el PP entienden España, y su historia, mucho mejor de lo que jamás la ha entendido el PSOE. Pero, sobre todo, lo que Ciudadanos y el PP entienden mucho mejor que el PSOE es el nacionalismo.

Que el PSOE ande haciendo malabares con las naciones y las nacionalidades en un país donde todo intento de demoler la forma de Gobierno o la estructura territorial –sin asegurar antes un amplio consenso político y social– ha acabado con sangre en las calles debería ser motivo suficiente para que aquellos con influencia sobre los actuales líderes socialistas presionaran con fuerza para detener lo que se está gestando entre PSOE y ERC. Los Balcanes no nos caen tan lejos.

Historia criminal del PSOE (V) El PSOE y los «fascistas» / Negrín y Largo Caballero
Pío Moa GCT  11 Diciembre 2019

Como siempre, se trata de que esos comentarios del blog no se queden en él, sino que sus lectores los enlacen y difundan lo más ampliamente posible. Conocer la historia criminal del PSOE es indispensable para acabar con la ley de memoria histórica y frenar la marcha hacia un régimen tipo Maduro, con disgregación nacional, que es el rumbo impuesto a España por unas castas dirigentes infames.
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Como vamos viendo, el PSOE justificaba su plan de imponer su propia dictadura, de tipo soviético, en razones históricas presuntamente científicas: el mundo, y por supuesto España, entraba en una nueva etapa histórica en la que el llamado socialismo se impondría, acabando con la democracia, con el liberalismo y, desde luego, con la cultura cristiana. Sin embargo, por razones tácticas y como había señalado Wenceslao Carrillo, necesitaba aliados, por lo que no le convenía insistir demasiado en el sovietismo, y al mismo tiempo no debía hablar de democracia para no desorientar a su propia gente, por lo que el asunto debía vestirse como simple “antifascismo”. Ese lema serviría para disimular sus intenciones y atraerse a posibles aliados.

Por lo tanto, el grueso de su artillería propagandística se dirigió contra el fascismo, que, como hemos visto, podía abarcar hasta a sus recientes socios republicanos de izquierda. La CEDA era fascista, la Falange era fascista, los monárquicos eran fascistas, lo mismo los católicos en general, desde luego el centro derecha moderado de Lerroux y , en fin todo aquel que disintiera de los designios del PSOE. Lo cual se explicaba de modo presuntamente científico porque, al agravarse la lucha de clases, los enemigos del marxismo se fascistizaban inevitablemente. El peligro fascista, pintado con los más negros colores, servía entonces como eje para agrupar a otros partidos, sindicatos y sectores sociales, incluidos anarquistas, comunistas y “liberales progresistas”.

Los historiadores tipo Preston, Juliá, Viñas, Tuñón y muchos más, recuerdan constantemente alguna frase suelta como la de “los puños y las pistolas”, ocultando que fueron los socialistas quienes empezaron con los puños y las pistolas y los emplearon a fondo, mientras que los falangistas solo replicaron al verse desasistidos por el poder público. O insisten en algunas amenazas y gestos crispados de Gil-Robles y sus juventudes para sostener la tesis de un fascismo violento en la derecha. Preston incluso mutila las frases, método que emplea muy a menudo para crear impresiones falsas. Pero esas frases no marcaban una línea coherente, como las de los jefes del PSOE, y en ningún momento fueron acompañadas de asesinatos y violencias, como sí lo fueron los socialistas.

Pero a pesar de todas estas distorsiones, son muy pocos los historiadores que hoy sostienen un imaginario fascismo en la CEDA. Por lo cual, los falsarios recurren a otros trucos. Por ejemplo, Marta Bizcarrondo descubre de pronto que “El problema no es si Gil Robles era fascista o no , sino si, en la coyuntura de 1933, la desconfianza de la izquierda era o no justificada”. Naturalmente, Bizcarrondo cree que sí lo era, sin pensar ni un momento en lo que podía pensarse de un PSOE metido abiertamente en la senda de la guerra civil. Santos Juliá abunda en lo mismo: “No importa ahora que la CEDA fuera o no fascista. Todo el mundo (sic), incluso Martínez Barrio, así lo creyeron, y la CEDA hizo todo lo posible por alentar esa creencia”. ¿En qué consistiría ese “todo lo posible”? ¿En series de asesinatos, huelgas salvajes y manifestaciones violentas, como el PSOE? ¿Y cómo que no era importante saber si la CEDA era o no fascista, cuando el PSOE hacía de ello el eje de su agitación? Al parecer, los crímenes socialistas se debían a una ilusión, a una ensoñación o cosa así. Este es el nivel habitual de la mayoría de los “historiadores” de la memoria histórica.

Pero la verdad es que no solo la CEDA no era fascista, epíteto con el que se pretende justificar cualquier cosa, sino que los jefes socialistas lo sabían perfectamente. En junio de 1933, Largo Caballero señalaba a los representantes hispanoamericanos ante la Organización Internacional del Trabajo, que era prácticamente imposible el fascismo en España porque “No hay peligro de que se produzca un nacionalismo exasperado. No hay un ejército desmovilizado. No hay millones de parados que oscilen entre la revolución socialista y el ultranacionalismo. No hay nacionalismo expansivo ni militarismo. No hay líderes”. Y el principal inspirador intelectual de la cúpula socialista, el periodista Luis Araquistáin escribía en la revista useña Foreign Affairs en abril de 1934: “En España, al revés que en Alemania o Italia no existe un ejército desmovilizado, no existen cientos de miles de universitarios sin futuro, no existen millones de parados. No existe un Mussolini, ni siquiera un Hitler, no existen las ambiciones imperialistas ni los sentimientos revanchistas. ¿A partir de qué ingredientes podría obtenerse el fascismo español? No puedo imaginar la receta”.

Como vemos, eran los jefes socialistas los primeros convencidos de la inexistencia de aquel supuesto peligro. Pero lo utilizaban machaconamente para soliviantar a las masas y crear el ambiente necesario para implantar su propio totalitarismo, en imitación, insistamos, del régimen de Stalin.

Hasta tal punto conocían la ausencia de ese peligro y la debilidad anímica de la CEDA y del gobierno, que cuando decidieron lanzarse finalmente a la guerra civil, en octubre, acordaron negar su responsabilidad en caso de fracasar, a fin de proteger de la represión a sus dirigentes y organismos. Y habría sido muy lógico que, aun sin ser fascista, un gobierno democrático ilegalizase a su partido, así como a los separatistas de la Esquerra. Pero estaban convencidos de que en ese aspecto no correrían peligro. Y tuvieron razón: ni ambos partidos ni sus órganos de expresión serían eficazmente reprimidos, lo que contribuiría a los desencadenamientos posteriores.

El diciembre de 1933, Largo Caballero, peroraba en el restaurante Biarritz de Madrid ante un nutrido grupo de dirigentes: “El mito de la República” había retrasado la revolución , pero “sabíamos que la república era exactamente lo mismo o peor que la monarquía”. Hizo un llamamiento al “armamento general del pueblo” aunque esto “llenase de horror a algunos, incluso a algunos socialistas”. E hizo un llamamiento asimismo a comunistas y anarquistas a participar en la tarea común. Este discurso fue difundido entre los socialistas como material de formación política.
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En tres años, Adolfo Suárez llevó al país al borde del desastre, que intentó salvarse mediante el golpe chapucero del 23-f: https://www.youtube.com/watch?v=S00s8621NeE

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–Sí, Negrín era personalmente muy diferente de Azaña, al menos en el sentido de que no parece haber tenido excesivas ambiciones políticas. No había tenido ese “proyecto de vida”. En su disputa con Prieto por el tesoro del Vita, se jactaba de que él no había buscado sus cargos en la guerra, sino que había sido llamado por otros.

Cosas de esas suelen decirlas los políticos: que ellos no tienen ambiciones, pero que por servir al país se sacrifican.

–Sí, quizá él aspiraba a ser un médico importante, aunque quedó en un nivel mediocre, y en cambio resultó el político más decisivo del Frente Popular, ya antes de ser nombrado jefe del gobierno. Me figuro que, como muchas personas muy burguesas, se sintió atraído por el marxismo, o más propiamente por la versión garbancera del marxismo que predominaba en el PSOE, pero como elemento secundario. Y las circunstancias le llevaron a puestos en los que quizá no había pensado, pero que desempeñó mejor que los demás. Eso aparte, su espíritu no tenía mucho que ver con el del propio PSOE, Largo Caballero sí lo representaba.

En Por qué el Frente Popular perdió la guerra señalas ese contraste entre los dos personajes, pero yo creo que la corrupción ha sido siempre una constante en el PSOE.
–Sí, ha sido una constante, entonces y ahora. Pero eso no quiere decir que todos fueran igual. Largo Caballero era casi ascético, y eso le hacía popular en el partido. No creo que nadie le acusara de robar nada ni de dedicarse a grandes placeres. Prieto era mucho más corrupto, pero Negrín fue sin duda el mayor ladrón del siglo XX en España. No es de extrañar que disfrute de tanto predicamento por autores como Viñas, Preston y tantos más, ellos mismos unos perfectos falsarios. Y lo chocante es que él mismo admite sus inmensos latrocinios en su correspondencia con Prieto. Y los admite como una virtud que permitiría a los huidos de España, al menos a algunos, vivir a cuerpo de rey. Como sabéis, Prieto le birló el tesoro a Negrín en sus propias narices. Eran tal para cual. De todas formas, Prieto era culturalmente mucho más burdo que Negrín, menos culto, más politiquero. Negrín era un hedonista enfermizo, pero también un político realista, pragmático y resuelto.

Eso de que desempeñó sus cargos mejor que los demás, lo dirás con ironía.
–No. Desde el punto de vista de los intereses del Frente Popular y de la necesidad de ganar la guerra, Negrín fue mucho más coherente e inteligente que los demás. Como he recordado en el libro, y contra discusiones secundarias, el envío del oro a Moscú fue la medida estratégica decisiva tomada por el Frente Popular. La tomaron debido a la simpatía que sentían por el stalinismo, y no porque “no tuvieran otro remedio”, como intentan justificarse a posteriori. Tuvieran otro remedio o no, lo esencial fue entonces la gran cercanía ideológica del PSOE a la URSS. El envío del oro fue acordado por Negrín, Largo y Prieto, pero Largo pronto se cansó de la tutela soviética, empezó a mostrarse rebelde, y fue descabalgado del gobierno. A su vez, Prieto fue cambiando de postura y llegó a buscar desesperadamente la intervención de Inglaterra, prometiéndole unos cuantos gibraltares más. Y también terminó descabalgado. Ni Prieto ni Largo entendieron todas las consecuencias del envío del oro, y sus rebeldías resultaban harto pueriles, pues llevarían a la derrota en un corto plazo. Negrín sí entendió perfectamente que el oro era una cadena que había que aceptar hasta el final, porque de ella dependía su supervivencia.

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El precio de la investidura
Editorial ABC 11 Diciembre 2019

La negociación de apoyos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez se ha convertido en una constante falta de respeto al papel esencial que la Constitución asigna al Jefe del Estado para proponer un candidato a la Presidencia del Congreso de los Diputados. El artículo 99 de la Constitución prevé que el Rey proponga un candidato «previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria». La finalidad de esta ronda de audiencias es permitir al titular de la Corona saber qué líder cuenta con los apoyos suficientes para lograr la investidura en primera o segunda votación. Si la investidura de Pedro Sánchez precisa los apoyos de Esquerra Republicana de Cataluña y esta formación se niega a acudir al Palacio de la Zarzuela para transmitir su posición al Jefe del Estado, el Rey no tendrá ese conocimiento institucional y personal de los apoyos al candidato socialista.

Esta indeseable situación se debe única y exclusivamente al procedimiento paralelo de investidura que apadrina el PSOE con los partidos separatistas de Cataluña, con el que subsana el desplante de estas formaciones al Jefe del Estado y reduce su intervención institucional a un relleno burocrático ignorado en la mesa de negociaciones de los socialistas con los golpistas. La consecuencia de esta forma de actuar es la implantación de una política fuera de la Constitución de 1978, de la mano del PSOE, ya instalado definitivamente en la deslealtad contra la norma constitucional. La dirección socialista ha puesto un punto final a la convergencia de izquierda y derecha en las convenciones constitucionales que desde 1978 han garantizado la vigencia de la Constitución. La legitimación de golpistas y separatistas que rehúyen del Rey porque este representa el Estado es una deuda que el PSOE contrae con los españoles.

Por si fuera poca cosa desvirtuar el papel de Su Majestad el Rey en el procedimiento de proposición de candidato a la Presidencia del Gobierno, el PSOE admitió ayer que en la mesa de negociación con los separatistas de ERC había avances «en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña». Esta frase resume toda la deslealtad imaginable del PSOE hacia el interés nacional de España, porque admite la existencia de un «conflicto político» en Cataluña y porque acepta «instrumentos» que, obviamente, no son el respeto a la Constitución, la aplicación de la ley, el cumplimiento de las sentencias judiciales ni la convivencia entre catalanes. No, esos «instrumentos» serán los necesarios para que los separatistas se muestren satisfechos con el pacto con el PSOE. Y nunca lo que satisface a un separatista es bueno para España.

Las 9 naciones (+ Castilla ¿no?)
Diego Vigil de Quiñones Otero okdiario 11 Diciembre 2019

Hace apenas quince días, les comentaba en estas mismas páginas las lagunas que, en mi opinión, tenía la propuesta de Estado plurinacional del PSC. La principal tacha que yo ponía era que se define Cataluña como nación, pero no se aclaran las naciones que componen el resto del territorio del Estado español. Parece que el Señor Iceta nos lee, pues en estos días se ha apresurado a rebuscar por los Estatutos de autonomía las palabras nación y nacionalidad. De su investigación ha concluido que, con la legislación vigente en la mano, en España hay nueve naciones, a saber: Cataluña, Euskadi, Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Andalucía, Canarias y Navarra.

La aportación me parece realmente interesante, toda vez que la Declaración de Granada del PSOE simplemente hablaba de incluir en la Constitución la actual lista de autonomías, pero sin aclarar cuántas naciones componen el Estado plurinacional. Pregunta a la que, por cierto, ni Pedro Sánchez ni Adriana Lastra fueron capaces de responder en los debates electorales de la campaña del pasado Noviembre.

Siguen en cambio el PSC y el PSOE sin afrontar el otro gran defecto que les señalé: si admitimos que el Estado español es plurinacional (lo cual requiere por cierto un cambio constitucional) será necesario que se aclare que las Comunidades Autónomas dejan de ser un artilugio político para las regiones, y pasan a serlo para las naciones. Si no se hiciese así, tendríamos la España de las naciones en los nueve territorios enumerados por Iceta, y la de la regiones en el resto. La pregunta entonces sería: ¿a qué nación pertenece ese resto? La respuesta es fácil, aunque sean incapaces de formularla: se llama Castilla, y es la novena nación, o más bien la primera, la más grande, la troncal, la que cimenta la unidad, la criticada por colonialista sobre las demás…Pero en la que la generación del 98, queriendo responder a un desastre, vio como el alma del conjunto de España. Por algo sería…

Si esto no se aclara, y se mantiene el invento de las CCAA-región, y Castilla permanece dividida en las CCAA de La Rioja, Cantabria, el Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla- la Mancha, Madrid, Extremadura y Murcia, entonces surgiría otra pregunta: ¿por qué no se habría de admitir que Euskadi estuviese dividido en tres comunidades forales o Cataluña en una región urbana (Tabarnia) y otra rural?

La cuestión de Castilla es el gran escollo inexplicado, y afrontarlo sería como despertar a un gigante. No se atreven a mentarlo ni los que quieren mantener la unidad (en su mayoría, sobre la base de fundamentos débiles como la entelequia del patriotismo constitucional). Pese al pasotismo de unos y otros, Castilla es la clave. Bien estará que se la reivindique, pues será el mejor tronco para asentar cualquier intento de solución al conflicto territorial. Y además, cuidando bien Castilla se afrontaría mejor el otro gran problema territorial que rompe la España actual: la brecha cada vez más insalvable entre la España llena y la España vacía.

Vergüenza nacional
María Claver okdiario  11 Diciembre 2019

Si ETA hubiese abjurado de su pasado, arrepentido de sus atroces crímenes y hubiese tenido intención de reparar en algo el dolor causado, ningún etarra osaría protagonizar una conferencia en la universidad pública del País Vasco sobre derechos humanos; si el gobierno del Partido Nacionalista Vasco hubiese renegado de su pasada equidistancia como recolectores de nueces, nadie que tuviese las manos manchadas de sangre se atrevería a dar clases de moral; si el gobierno de la nación no fuese a depender de aquellos que se conjuraron para quebrar nuestra convivencia, el Estado actuaria de oficio para proteger a la victimas del terrorismo. Desgraciadamente, nada de lo anterior sucede y, por eso, José Ramón López de Abetxuko puede pisotear, desde una tribuna pública y con todos los honores, la memoria de aquellos a los debemos nuestra libertad.

El derecho fundamental a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, está acotado para evitar la vulneración de otros derechos. Es fácil imaginar el dolor de una hija obligada a escuchar, tras casi 40 años, la insoportable verborrea de aquel que asesinó a sangre fría a su padre en presencia de dos de sus hermanas frente a su colegio. Una de ellas, Inés, describió entonces “la cara de rabia” de aquel hombre. Han pasado casi cuatro décadas de aquella terrible mañana que lo cambió todo y Ana, otra de las hijas, se lamenta de “que se esté legitimando a los terroristas”, de que se les esté dando un camino “para que sigan estando y enorgulleciéndose de todo el mal que han hecho".

No hace tanto tiempo que las victimas del terrorismo enterraban a sus familiares clandestinamente, que lloraban su muerte en silencio, el silencio que, sin embargo, no se exigía a sus asesinos. Como reconocía Olvido Valle, viuda de Antonio Pastor Martín, “no podías decir que eras viuda de un guardia civil, porque el guardia civil se lo merecía”. Para los partidarios del ´borrón y cuenta nueva´, las víctimas son un incordio por negarse a claudicar de una responsabilidad que les fue impuesta contra su voluntad, por seguir luchando para evitar que la voz y la dignidad de los suyos muera ahogada por los gritos de sus verdugos, para evitar que se falsee la Historia y se ponga en riesgo el futuro. Algo estamos haciendo rematadamente mal en España cuando pasan estas cosas.

Sánchez va a Zarzuela a engañar al Rey

El rey Felipe VI recibe en audiencia al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Carlos Dávila okdiario 11 Diciembre 2019

Si el Rey encarga la investidura a Pedro Sánchez es porque no tiene otro remedio, no porque se fíe de él, que no tiene razón alguna para fiarse. Sánchez ha avanzado que si no “tiene números” no aceptará el endoso, pero la afirmación guarda -como todo en Sánchez- trampa porque puede no “tener números”, pero sí promesa de ellos, aviso de que sigue negociando con quien puede otorgárselos. Una añagaza, no vaya a ser que el Rey pueda tener la tentación, que no va a tener, de contar con otro candidato. En el Palacio de la Zarzuela rige el mutismo más absoluto sobre las probables decisiones del Rey. A eso le obligan las muy escasas competencias que le atribuye la Constitución. No obstante, se puede adivinar (no se debe utilizar otro verbo más comprometido) que el jefe del Estado, el protagonista de la Corona, está pasándolo francamente mal. Muy mal. Lo que sucede es que ni siquiera puede expresar -tampoco en privado- su incomodidad. Con eso cuenta desde luego el personaje que le ha colocado en esta desgraciada situación; cuenta con que el Rey no va a decir ni pío.

El Rey -permítaseme el coloquialismo- no es tonto y sabe que su interlocutor principal quiere utilizar la figura del Monarca para asentar su aspirantazgo, o sea, que intentará engañarle si eso es lo que conviene. Sánchez va a por la investidura al precio que sea y, en consecuencia, usa todas sus bazas, por muy espurias que éstas sean, para lograr su propósito. Ahora o más tarde, que eso para él, diga lo que diga, es lo de menos. Su estrategia es entenderse fácilmente -¡cómo pensar en otra cosa!- con su mujer de confianza, Batet, para convocar al Congreso en el momento que mejor le aproveche. Sánchez va a cumplir con el enojoso trámite de entrevistarse con el Rey y, una vez cumplido el tostón institucional, ya verá él cómo se las arregla para seguir vendiendo el país a cambio de un colchón en La Moncloa.

En puridad, el Rey, casi indefenso constitucionalmente, tampoco puede mostrar al presunto candidato su profundo desagrado por una brutal, sorprendente, anomalía. A saber: que Esquerra, uno de los socios con los que cuenta Sánchez gracias a la felonía de sus cesiones, no haya acudido a Palacio a comunicar al jefe del Estado su postura política, su decisión de apoyar o no la investidura del presunto candidato. Naturalmente que este cronista no es quién para interpretar cómo se siente el Rey ante tamaño desaire, uno más de los que han contribuido a acuñar la sensación de toreo, ninguneo y hasta pitorreo con que Sánchez le ha obsequiado en múltiples ocasiones, pero sí puede indicarse que a medida que transcurre el trayecto de Sánchez como presidente, disminuye ostensiblemente el protagonismo de la Monarquía. Ya escribimos en una ocasión que un usual visitante de La Zarzuela suele decir que “al Rey se le está poniendo tan bajo, tan bajo que un día no se le va a ver”.

El Rey está atrapado entre las clamorosas falacias de Sánchez y el cumplimiento de una Constitución que en su artículo 99 reza así en una frase muy explícita: “El Rey propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”. O sea, que lo tiene que hacer, algo que estos días está recordando, con singular inteligencia, la Casa del Rey. A esto se tiene que ajustar Don Felipe en la seguridad de dos constancias: la primera, que Sánchez no va a ser más auténtico con el Monarca de lo que es con el resto de los españoles; en roman paladino, que las palabras del aún presidente no resisten el más cutre polígrafo. La segunda, que su interlocutor está dándose el morro con un partido que quiere el abatimiento de la Corona y desde luego, la ruptura de España. Desde luego que el Rey y quienes le asisten no son ajenos a esta certeza. En todo caso, la Monarquía, en la dramática encrucijada en que se encuentra, no se mueve un ápice de lo que le marcan las reglas del juego, aunque éstas den pábulo a su jefe de Gobierno en funciones para seguir metiéndole trolas de todo tipo. Incluso así tiene que proponerle para la investidura; ahora o cuando se agote el turrón.

Una Justicia poco eficiente para la crisis

Juan Ángel Soto, director de Civismo okdiario 11 Diciembre 2019

La OCDE confirmó hace unos días su expectativa de que empeore el crecimiento de la economía española, con una bajada en octubre de 18 centésimas en el indicador compuesto avanzado, hasta los 98,58 puntos; por debajo, por tanto, de los 100 que marca la media de largo plazo. Se trata del mayor descenso mensual de todo el año que lleva deteriorándose este indicador, así como del tercer mayor retroceso de los países de la OCDE.

En situaciones de incertidumbre y miedo frente una desaceleración que puede derivar en recesión, a menudo se aboga por la fiscalidad como incentivo a la inversión y el empleo, por la eliminación de trabas administrativas y burocráticas para dinamizar la creación de empresas, etc. Sin embargo, no se suele remarcar la importancia que reviste un buen funcionamiento de la Administración de Justicia para la actividad económica. Esto resulta especialmente preocupante, dado que, en nuestro país, esta es tremendamente ineficiente. Así lo señalamos en el reciente informe de Civismo Esclerosis Judicial en España, que mide la eficiencia de los juzgados y tribunales a la hora de impartir justicia a través de múltiples indicadores. A saber, las tasas de resolución, pendencia y congestión.

El estudio, centrado especialmente en la jurisdicción civil, muestra que el porcentaje de casos resueltos por la Justicia española fue del 69,05% en 2018, aunque con amplias diferencias entre los órdenes jurisdiccionales, desde el 53,17% del contencioso-administrativo hasta el 82,11% del penal. Esta baja proporción, si se la compara con la mayoría de países de nuestro entorno, además de poner de manifiesto un deficiente rendimiento de uno de los pilares del Estado de derecho, sitúa a España en una posición de mayor vulnerabilidad ante panoramas económicos negativos. Este es sobre todo el caso de la jurisdicción mercantil, donde uno de cada dos casos quedó sin resolver en 2018 (45,78%). En cuanto a la evolución de estos indicadores, se aprecia que, en los últimos doce años, aquellos en los que las tasas de pendencia y congestión fueron mayores, y la de resolución alcanzó mínimos, coincidieron precisamente con los más agudos de la crisis económica, entre 2008 y 2013. A partir de ese ejercicio, se observa una tendencia positiva, que se trunca de nuevo en 2017. Viraje muy alarmante, ya que la dotación presupuestaria de la Administración de Justicia ha crecido de forma ininterrumpida desde 2014, mientras que la ligitiosidad se ha reducido notablemente en los últimos años. Así, si esta era de 222,2 casos por 1.000 habitantes en 2014, en 2016 se cifraba en 145,5; y en 2018, en 128,2.

La cuestión de la eficiencia en el gasto público tiene una vertiente normativa y otra instrumental. La primera radica en que este gasto, que no resulta posible sin detraer riqueza de los ciudadanos (presente a través de impuestos, o futura por medio de deuda pública), siempre ha de ser eficiente, si bien los incentivos para ello por parte del Estado se antojan ínfimos. Pero, además, atendiendo a la segunda de las vertientes, la Administración de Justicia precisa de una mayor eficiencia en su funcionamiento por la situación actual de nuestro país, tanto por el cariz que está adquiriendo en un contexto mediático a raíz de sentencias de relieve como la del Procés, los ERE, Franco, etc., como por la coyuntura económica internacional en que nos encontramos.

En esta línea, una serie de reformas del sistema judicial resultarían del todo pertinentes. Entre otras, la de una Ley de Enjuiciamiento Civil a la sazón demasiado garantista, que se recurra más a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, o la delegación de competencias de los juzgados y tribunales relativas a la jurisdicción voluntaria. Todo ello contribuiría a dotar de mayor eficiencia a una Administración de Justicia muy necesitada de ella. Máxime a la vista de las curvas que vienen en el panorama económico. Una Justicia esclerótica difícilmente podrá sortear los obstáculos que se vislumbran en el horizonte.

La normalización del mal
Francisco José Alcaraz Libertad Digital 11 Diciembre 2019

11 de diciembre de 1987: pasadas las 6 de la mañana, en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza dormían mi hermano Ángel, 17 años, mi hermana Rosi y mi cuñado Juan junto a mis sobrinas gemelas, Miriam y Esther, de poco más de 3 años. Un coche bomba de ETA explosiona bajo las ventanas donde dormía mi familia, asesinando a 11 personas e hiriendo a más de 80. Entre los asesinados estaban mi hermano y mis sobrinas.

Inicio este artículo recordando lo que pasó aquel día, han pasado 32 años y muchos de los jóvenes y menos jóvenes desconocen este atentado y sus consecuencias. Sé que para una gran parte de la sociedad española han pasado muchos años, no así para los que vivimos las décadas de asesinatos de ETA, y mucho menos para mi familia, para nosotros siempre fue ayer. La pérdida de mi hermano y mis sobrinas marcó un antes y después, nos dejó un vacío que se incrementa con cada episodio de humillación y ofensa a las víctimas del terrorismo.

Fruto de esa corta memoria y pérdida de valores hemos llegado al indigno punto de normalización de los terroristas de ETA y sus defensores. En estos últimos meses hemos tenido que ver al terrorista Otegi en la TVE que pagamos todos. La traición ha continuado con la inaplicación de la Ley de Partidos, con lo que se permite que los proetarras tengan hasta 5 diputados en el Congreso.

Sigue habiendo acercamientos y excarcelaciones de etarras, acercamientos y excarcelaciones que todos los Gobiernos han facilitado para cumplir con lo negociado con ETA, mientras casi 400 asesinatos siguen sin ser juzgados por desconocerse los autores.

Se invita a etarras asesinos a dar conferencias en universidades para facilitar y justificar el blanqueamiento de ETA. Josu Ternera, detenido recientemente, sigue en Francia sorteando toda posibilidad de ser extraditado a España, y el tiempo sigue jugando a su favor para que no sea juzgado por ordenar el atentado en el que se asesinó a mi familia.

El terror de ETA y su herencia se han normalizado tanto que cualquier iniciativa para pedir justicia y conocer la verdad es vista con extrañeza por la clase política, y gran parte de la sociedad española comenta: "Pero si ETA ya no existe". Como si el cese de sus asesinatos conllevara la renuncia a la justicia que merecemos las víctimas y España.

La normalización del terror ha hecho mella y generado una creciente falta de empatía. Si por un momento pensaran que sus hijos o nietos pudieran perder la vida en un asesinato, y los que lo cometieron, justificaron o permitieron llegaran a ser sus gobernantes, o a ser conferenciantes o tertulianos de televisión, estoy seguro de que sentirían la misma indignación y decepción de vivir en un país donde se ha normalizado el mal.

Normalizar el mal y aprender a convivir con el terror conlleva la autodestrucción de España, una vez traspasadas tales líneas de inmoralidad e indignidad.

Se negoció con ETA, normalizando la traición a España, y de aquella negociación se sigue ocultando lo pactado; pero sí conocemos los compromisos por los hechos.

Ahora se sigue negociando en secreto con los enemigos de España y los amigos de los etarras, con lo que se contribuye a la consecución del proyecto político de ETA, que es la destrucción de lo que queda de la unidad de España.

España, un país de paradojas
Rosa Díez okdiario 11 Diciembre 2019

El pasado viernes, día en el que celebrábamos el cuadragésimo primer aniversario de nuestra Constitución, un grupo plural de ciudadanos nos reencontramos en Bilbao convocados por la Plataforma Cívica Libres e Iguales.

Entre nosotros había afiliados y votantes tradicionales del PSOE, militantes del PP, antiguos miembros del PCE, periodistas en su día libre, sindicalistas, profesores, escritores, madres y padre de familia… Había personas religiosas, agnósticas, ateas… Había personas mayores, jóvenes, hombres, mujeres… Había parejas, grupos de amigos…. Éramos un grupo heterogéneo desde todo punto de vista, buen exponente de una sociedad mestiza como la nuestra, que acudimos a la convocatoria unidos por una causa común: la defensa de los valores de la convivencia, la libertad y la igualdad. Un grupo de ciudadanos que podríamos definir como constitucionalistas

Lo singular del acto fue la transversalidad del colectivo que se dio cita en la Plaza del Arriaga; fue como si quisiéramos explicar con nuestra presencia que la España que nos dibuja Sánchez, la de los frentes y las trincheras, no es la real; que hay otra España, la que suma, que es consciente de la necesidad imperiosa de salir a la calle, allá donde más falta hace (Cataluña y País Vasco principalmente) para defender la Constitución que nos dimos hace 41 años y cuya pervivencia pone en peligro la actuación irresponsable de quien gobierna España. Lo paradójico fue el desarrollo de esa concentración.

Porque no deja de ser una paradoja que los ciudadanos que respetamos la ley nos veamos obligados a exigir al Gobierno que cumpla con su obligación de cumplir y hacer cumplir todas las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución.

No deja de ser paradójico que sean personas que ocupan altas responsabilidades públicas gracias a la Constitución quienes la están poniendo en riesgo, la denuestan, la incumplen y/o la quieren derogar.

No deja de ser paradójico que los defensores de la ley y el orden celebráramos un acto en el centro de Bilbao rodeados por furgones de la Ertzaintza, con el perímetro de la plaza señalado por una cinta roja y blanca, como las que vemos en las escenas de un crimen.

No deja de ser paradójica (y hasta esperpéntica) la imagen de un grupo de ciudadanos pacíficos circundados por policías con trajes de asalto que dejaron abierto un estrecho pasillo por el que habían de pasar las personas que quisieran sumarse al acto.

No deja de ser paradójico que en pleno siglo XXI, en el corazón de la Europa de las libertades, los ciudadanos de a pie hayamos de salir a la calle y señalar la amenaza que supone para la democracia el gobierno que Sánchez quiere formar.

No deja de ser paradójico que en pleno corazón de Bilbao -una villa gobernada en coalición entre el PNV y el PSOE- sea preciso denunciar que los derechos fundamentales de la democracia – la libertad y la igualdad- están amenazados por la reedición del Plan Ibarrexte, porque eso y no otra cosa es el llamado nuevo estatuto vasco, una iniciativa que pretende institucionalizar la desigualdad entre los ciudadanos que vivimos en el País Vasco para lo que plantea dividirnos en categorías con diferentes derechos y que distingue nacionalidad y ciudadanía. Una iniciativa que está en el Parlamento Vasco – Gobierno de coalición PNV-PSOE- y que es anticonstitucional por antidemocrática, que divide porque discrimina, que no ofrece más autonomía sino menos y peor democracia.

No deja de ser paradójico que en la Universidad Vasca -esa de la que decenas de magníficos profesores tuvieron que irse para que la presencia de sus escoltas (ETA les había amenazado de muerte) no “perjudicara” el paisaje del Campus- hoy pronuncien conferencias los terroristas, los asesinos que nunca se desmarcaron de la banda criminal, quienes nunca pidieron perdón, quienes siguen justificando los crímenes. No deja de ser paradójico que esos criminales que sientan cátedra en la UPV militen en el partido político con el que Sánchez trama su futuro gobierno, con quien acuerda sostener el Gobierno de Navarra.

No deja de ser paradójico que quince años después de que Basta Ya! organizara un viaje desde San Sebastián hasta Cádiz que llamamos El Autobús de la Libertad, algunos de aquellos viajeros nos hayamos encontrado en la Plaza del Arriaga y a mí me haya venido a la cabeza la última parada en la iglesias de San Pablo Neri, el lugar en el que en 1812 se reunieron las Cortes y se proclamó la Constitución contra el absolutismo representado por carlistas y trabucaires.

Allí en la plaza del Arriaga no pude por menos que pensar que nosotros, los constitucionalistas, éramos los nietos políticos de quienes proclamaron la Constitución de Cádiz, reunidos en Bilbao para reivindicar que se cumpla, también en nuestra tierra vasca, la Constitución del 78.

Viendo en ese acto del Arriaga a uno de los escoltas de Mario Onaindía recordé un artículo suyo titulado “La Constitución es sagrada”. Mario explicaba cómo Numa, el segundo rey de los romanos, diferenciaba las leyes entre aquellas que consagran los derechos del pueblo, a las que él consideraba santas, y las que regulaban otro aspectos puntuales de la vida de los ciudadanos, a las que no concedía tal categoría.

No se me ocurre una manera más precisa de explicar lo que para mí representa en esencia la Constitución del 78 que copiando el último párrafo del mencionado artículo de Mario:

“No conozco ninguna idea de Dios imaginada por ninguna religión que merezca más adoración y veneración que los derechos cívicos que protegen mi derecho a la vida, a opinar, reunirme, a manifestarme o a elegir a unos representantes políticos que tengan como primer compromiso la defensa de estos derechos, amparados en la Constitución; ni ningún cielo que merezca nuestro sacrificio mejor que la sociedad plural y abierta que diseña la Constitución, ¿por qué entonces no habríamos de considerarla sagrada?”.

No deja de ser una paradoja que transcurridos doscientos siete años desde que fuera aprobada la Constitución de Cádiz, una Constitución que proclamó la ciudadanía frente a las castas, la nobleza y el clero, hayamos de salir a la calle para reivindicar la igualdad de los ciudadanos frente a quienes defienden la prevalencia de la tribu frente a los derechos individuales de los ciudadanos. Y no deja de ser una tristeza que el disfrute efectivo de los derechos fundamentales esté en riesgo porque el Partido Socialista Obrero Español liderado por Pedro Sánchez se haya pasado al lado de los carlistas y trabucaires de siempre… y tengan además la poca vergüenza de auto proclamarse progresistas.

Si, España es un país de paradojas. Tengo para mí que señalarlas es el primer paso para dejar de aceptar como normal lo que es pura perversión democrática.

“Trama del 3%”: del «conseguidor- político» al «constructor- corruptor»
Ricardo Coarasa larazon 11 Diciembre 2019

Los últimos informes remitidos por la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la supuesta financiación irregular de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a través de la «trama del 3%», han permitido apuntalar «fehacientemente», según los investigadores, las prácticas supuestamente corruptas que habrían permitido a diversos constructores conseguir adjudicaciones millonarias a cambio de inyectar fondos a la antigua formación nacionalista a través de donaciones a fundaciones afines a CDC.

La Guardia Civil da por acreditado que existía un «concierto de citas» entre «el conseguidor-político y el constructor-corruptor» cuyo objetivo era «la compra de voluntad del primero» mediante «cohechos implícitos», ya fuese a través de donaciones a la fundación Catdem o por medio de «dádivas, presentes, regalos» o «entregas de dinero en metálico o efectivo fuera de fiscalización».

En uno de esos informes se enumeran hasta 19 supuestos casos de corrupción, a los que se añaden otros nueves contratos bajo sospecha de Infraestructures.cat –la empresa señera de la Generalitat en la promoción de obra pública en Cataluña–, en los que según los agentes de Policía Judicial del Instituto Armado se habrían perpetrado «varios ilícitos contra la Administración Pública», entre ellos el de malversación de caudales públicos.

En una de esas adjudicaciones en el punto de mira de la instrucción judicial –el proyecto de construcción, a finales de 2014, de un subterráneo en la plaza de les Glóries (Barcelona) entre las calles Badajoz y Castillejos–, la Guardia Civil reseña en sus informes que el entonces consejero delegado de Copisa (dejó la empresa en 2015), Xavier Tauler –vinculado estrechamente a Jordi Pujol Ferrusola–, «habría obtenido información privilegiada referente a esta licitación en cuestión del senador Josep Sánchez Llibre».

Asimismo, en el informe se apunta que la «cúpula de Córcega» (en referencia a la antigua sede de Convergència) era «conocedora de dicho direccionamiento irregular». Hasta el punto de que se señala a la dirección del partido fundado por el ex president Jordi Pujol como «el superior poder fáctico de donde emanó la orden de alterar este concurso y adjudicárselo a las empresas que conformaron dicha UTE». Durante esa licitación sospechosa, continúa el relato de los investigadores, «Tauler habría concretado citas con el tesorero de Convergencia Andreu Viloca», en las que se habrían acordado una serie de pagos a fundaciones vinculadas a CDC «como contraprestación a la adjudicación de las obras». Esas donaciones se materializaron durante el proceso de licitación, sumando en total 115.000 euros. El presupuesto del proyecto era de 65,6 millones.

Documento en una caja fuerte
En otro de esos informes entregados ya al juez De la Mata, la Guardia Civil analiza la documentación intervenida a otra de las empresas investigadas por Anticorrupción, Teyco –propiedad de la familia Sumarroca, históricamente muy próxima al clan Pujol–. A partir de un documento hallado en la caja fuerte de Jordi Sumarroca, presidente de la constructora, con anotaciones de cinco localidades catalanas y diversas cantidades, los agentes han rastreado las adjudicaciones a Teyco en esos municipios y en tres de ellas han constatado, en fechas próximas a las adjudicaciones supuestamente irregulares, la existencia de donaciones a la Fundación Catdem que rondan el 3 por ciento.

Así, identifican la anotación «Lloret» con la adjudicación del proyecto de ordenación del parque urbano Can Xardó (ver imagen adjunta) de Lloret de Mar (Barcelona), adjudicado en mayo de 2009 por 1,7 millones de euros. Dos días antes, la Guardia Civil reseña una donación de 50.000 euros a Catdem por parte de Teyco que en una chequera intervenida quedó anotada en el apartado de saldo como «P. Anticips».

Otra de esas anotaciones, «Figueres» se relaciona con unos trabajos de mejoras en una piscina cubierta (1,4 millones y 43.800 euros de donación a Fórum Barcelona, también vinculada a CDC) en 2009. Del mismo modo, se sospecha de la adjudicación en abril de 2009 del proyecto de construcción del centro de formación Baix Montseny de Sant Celoni (Barcelona), con un coste de 1,9 millones de euros. En este caso, la donación de 50.000 euros a Catdem se consumó veinte días después de la adjudicación. En total, 5,1 millones en adjudicaciones y 143.800 euros en donaciones.

Todo vale por un sillón
Javier Esparza ABC 11 Diciembre 2019

Todos los nacionalismos persiguen un mismo fin: crear una nación propia, independizarse y romper por tanto la nación de la que forman parte. Por eso, sorprende el carácter de normalidad con la que algunos quieren revestir las negociaciones y los acuerdos con el nacionalismo-independentista catalán o vasco en cuestiones tan esenciales como determinar quién debe ser el presidente de nuestro país o si se aprueban o no los presupuestos generales.

Siempre es necesario llegar a acuerdos, nadie lo cuestiona, pero hasta este momento había un cierto consenso que garantizaba que cuando menos, el independentismo catalán o vasco no iban a tener la llave de la gobernabilidad del país del que quieren separarse a cualquier precio. Ese cierto consenso saltó por los aires con la moción de censura que lideró Sánchez y necesitó el apoyo de los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Siendo eso relevante, es más inaudito que después de unas segundas elecciones, sea quien aspira a presidir el Gobierno de España quien esté fiando el futuro de todos los españoles y la estabilidad de nuestro país a los que quieren romperlo. Todo ello teniendo como tiene otras opciones para conformar Gobierno.

Para quienes creemos en la unidad de España es sintomático y muy preocupante que en todos los lugares donde el socialismo ha podido elegir entre un gobierno con partidos constitucionalistas o con partidos de extrema izquierda, nacionalistas e independentistas, ha elegido lo segundo.

Así lo hicieron en Navarra. Pudiendo haber pactado un gobierno estable con Navarra Suma, coalición que integramos UPN, Cs y PP y que ganó ampliamente las elecciones con un 36,5 por ciento de los votos, el Partido Socialista ni siquiera quiso sentarse a hablar con nosotros y optó por un pacto con Geroa Bai (marca blanca del PNV en Navarra), Podemos e Izquierda Ezkerra. Aun así, los números no le daban para tener la mayoría necesaria para gobernar y Chivite no dudó en aceptar la abstención de Bildu para ser presidenta de Navarra. Una abstención que, como los propios líderes de Bildu advirtieron, empezando por Otegui, no era gratis y, de hecho, ya han empezado a cobrar la factura.

Insisto: pudiendo haber elegido formar gobierno con una amplia mayoría (31 de 50) conformada por quienes siempre hemos defendido el estatus de Navarra como Comunidad Foral, diferencia y dentro de España, el Partido Socialista de Navarra eligió pactar con los nacionalistas vascos y los populistas de extrema izquierda y echarse en manos de un partido que sigue sin condenar la barbarie terrorista.

De esta forma el socialismo navarro consiguió alcanzar la presidencia del gobierno, haciéndose cómplice al mismo tiempo de quienes tienen como objetivo la anexión de Navarra por el País Vasco y la ruptura de España.

Pactar siempre supone ceder en cuestiones que para la otra parte son esenciales. El nacionalismo lo sabe, y por ello está aprovechando con habilidad esos acuerdos para fortalecer su proyecto rupturista. Los nacionalistas nunca renunciarán a su único y primer objetivo, que en el caso del nacionalismo vasco no es otro que la creación de esa entelequia de nación vasca con Navarra dentro, llamada Euskalherria y separada del resto de España.

En Navarra ya estamos viendo cómo, por un sillón presidencial, el socialismo ha renunciado a su propia ideología y está haciendo suya la política nacionalista y de extrema izquierda. Así, por poner un ejemplo, el Gobierno de Chivite ha dejado en manos del nacionalismo vasco la política lingüística que es fundamental para la construcción nacional según el ideario y la hoja de ruta independentista. De hecho ha revalidado a la misma consejera nacionalista que lideró esta política la pasada legislatura y que fue declarada en parte ilegal por los tribunales .

Querer enmascarar en discursos vacíos esta realidad es una enorme irresponsabilidad, mayor si cabe cuando es cometida por formaciones políticas que están llamadas a liderar España, como es el caso del PSOE. Sánchez parece no querer ver que el nacionalismo vasco no tardará mucho en plantear un desafío secesionista desde el norte de España similar al catalán, para lo que ineludiblemente necesitan a Navarra. Parece mentira que quien aspira a presidir España no sea consciente de la relevancia estratégica que tiene Navarra.

Navarra es la perla que le falta al nacionalismo vasco para alzarse en un proceso como el que estamos padeciendo en Cataluña. De hecho, estamos viendo ya, cómo en la Comunidad Autónoma Vasca se ha presentado un borrador de reforma de estatuto vasco que pisotea los derechos de los navarros y plantea la ruptura con todos los españoles.

Tras haber ido de la mano de los constitucionalistas en muchas cuestiones, es una pena ver ahora a un PSOE renunciando a sus políticas solo por el sillón de La Moncloa al tiempo que se hace cómplice de los que van a seguir trabajando para destrozar España, ese proyecto común que el PSOE debiera defender por encima de cualquier cosa.

También por encima del sillón de La Moncloa.
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Javier Esparza es Presidente de UPN

Ribó, un 'defensor' con 138.000 € de sueldo, 22 asesores y 6,3 millones en gastos
A. Fernández. Barcelona elconfidencial 11 Diciembre 2019

“La sanidad de Cataluña es una sanidad excelente, se lo puedo asegurar. La prueba es que vienen de otras comunidades autónomas a operarse a Cataluña. Yo no sé si esta es la lista de espera más larga, depende de cómo la enfoquemos. Pero lo que sí le puedo garantizar es que uno de los déficits de la sanidad pública de Cataluña es que tiene un sobrecoste con la gente que viene a Cataluña a operarse”. Estas fueron las palabras de Rafael Ribó, el 'síndic de greuges' (defensor del pueblo catalán) en un programa de radio de la SER. Y las que han provocado un terremoto político.

El polémico Ribó tiene un salario anual bruto de casi 130.000 euros (o sea, el 55% más que el presidente del Gobierno español), además de los gastos de representación, lo que lo sitúa como uno de los cargos públicos mejor pagados no solo de Cataluña sino de toda España. Su adjunto tiene una retribución de 110.000 euros, más que un consejero de la Generalitat. Pero, además, llama la atención su impresionante equipo: tiene 22 asesores, 22 personas más como personal técnico, 14 personas que son personal administrativo y nueve empleados más como 'personal de apoyo'. En total, le cuesta al erario público casi 6,3 millones de euros, de los que 5,4 millones se van en salarios. De ellos, 367.000 euros pertenecen a altos cargos y más de dos millones de euros son para pagar a los eventuales, es decir, a los asesores. Los salarios de su equipo directivo no bajan en ningún caso de los 92.000 euros.

A Ribó se le ha criticado mucho su ritmo de ‘bon vivant’ de la política. Fue máximo dirigente del PSUC, antes de que este se reconvirtiese en ICV. De hecho, durante su etapa, se finiquitó el veterano partido comunista para dar paso a la coalición con los Verdes. De esa época, mantuvo muchos de sus apoyos. Su hombre de confianza en la sindicatura fue Jordi Sànchez, también cercano ICV, que llegó a ser director adjunto de la fundación Jaume Bofill, vinculada a esta formación. Sànchez fue nombrado adjunto a Ribó en la sindicatura en 2010, cargo que ocupó hasta que pasó a presidir la ANC en 2015.

Un currículo con claroscuros
Una de sus polémicas decisiones fue contratar como asesor al popular Francesc Vendrell, con quien negoció el alargamiento del mandato del 'síndic' de cinco a nueve años. De hecho, en marzo pasado expiró su periodo al frente de la sindicatura, pero la situación política de Cataluña no ha permitido abordar su relevo, por lo que en estos momentos está ocupando su puesto interinamente. Más recientemente, ha encargado diversos informes y trabajos a Jaume Bosch, uno de los exdiputados de ICV (integrante de la plataforma con los comunes y Podemos) y exponente del sector más independentista (junto con el propio Ribó) de los ecosocialistas.

También se le ha echado en cara a Ribó la gran cantidad de viajes que realiza a diversos destinos internacionales. De hecho, desde fuentes cercanas a la sindicatura, justifican estos desplazamientos por sus responsabilidades, ya que forma parte de la junta directiva del Instituto Internacional de Ombudsman (IOI). Pero no pasa desapercibido que la gran mayoría de esos viajes los hace con su pareja sentimental, una de las personas que ejercen de alto cargo en la propia oficina del 'síndic'.

Ribó es el fiel exponente de la ‘gauche divine’ barcelonesa, esa izquierda rica a la que muchos se empeñaron en llamar la ‘izquierda caviar’. Su conciencia parece estar limpia; su currículo, no. En 2015, el empresario Jordi Soler, uno de los implicados en el 3%, le puso un 'jet' privado para viajar gratis a Berlín con el fin de acudir a la final de la Champions, que aquel año ganó el Barça a la Juventus. Posteriormente, Ribó reconoció que fue un error, pero matizó que se trataba de “un tema que tiene una dimensión básicamente personal”. Ninguno de los partidos independentistas (ni siquiera la CUP) se escandalizó por ese viaje ni por otros regalos provenientes de la trama corrupta del 3%. Y eso que, según un informe de la Guardia Civil, el empresario se gastó 36.500 euros en ese vuelo con altos cargos para obtener capacidad de influencia sobre las autoridades.

Pero si por algo se distingue a Ribó es por su posicionamiento a favor del ‘procés’ y, sobre todo, de las tesis independentistas. Llama la atención el ‘Informe del derecho de manifestación y papel de los cuerpos policiales en las movilizaciones posteriores a la sentencia 459/2019’, con fecha de noviembre de este año. De hecho, es un informe ‘a la carta’ que le pidió el presidente de la Generalitat, Quim Torra (así lo reconoce el propio Ribó), para cargar contra los Mossos y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Un informe a la carta
En su informe, el 'síndic' incluye solo testimonios de manifestantes que habían sido detenidos y se cebó con la Policía Nacional, cuya labor fue exclusivamente de apoyo a los Mossos. Para ello, requirió información al Ministerio del Interior sobre “cuál había sido la intervención de los agentes del CNP”, así como “información relativa al número de agentes que habían sido desplazados a Cataluña, el armamento utilizado y el nivel de cooperación con los Mossos”. El informe recoge la “posible vulneración de derechos en el contexto de las movilizaciones ciudadanas”, a pesar de reconocer que las entrevistas realizadas “pueden considerarse un testimonio sesgado por su situación personal”. Y reconoce que pudo ejercerse el derecho de reunión y manifestación, pero destaca que solo “un número minoritario, pero suficientemente significativo, de personas tuvieron una actitud hostil y, en algunos casos, extremadamente violenta contra los cuerpos policiales”. Así, para apuntalar las tesis de Torra, incluye que “en algunos casos, podría tratarse de ‘profesionales’ del disturbio”. De esta manera, disculpaba al independentismo de los violentos episodios del mes de octubre y noviembre para cargarlos sobre las espaldas de desconocidos alborotadores.

Pero cuando se trata de defender derechos de las personas y no de colectivos, el tema cambia. Las plataformas constitucionalistas ya no se fían de Ribó. “Cuando hay algún conflicto con independentistas, enseguida abre investigación de oficio. Nosotros nos hemos entrevistado con él en alguna ocasión, pero ahora ya hace años que vamos directamente al defensor del pueblo. Nuestras peticiones son presentadas en Madrid, porque si van al 'síndic', están condenadas al fracaso. Aquí, tenemos dos problemas: primero, saber si tramita nuestras quejas, y segundo, a ver en qué condiciones lo hace. De hecho, hemos visto por activa y por pasiva que no tiene interés en nuestros temas, por lo que ha perdido nuestra confianza”, señalan a El Confidencial fuentes de plataformas constitucionalistas.

Subrayan, además, que “en los últimos informes se ve claramente cómo en la oficina del defensor del pueblo aumentan exponencialmente las denuncias de la zona de Cataluña porque son entidades o ciudadanos que no confían en el 'síndic”. Además, aseguran que la relación entre las dos oficinas de ‘ombudsman’ son tan malas que la del Estado no le remite a Barcelona las quejas que allí se interponen.

Le llueven las críticas
Las críticas por su última acusación contra los pacientes de fuera de Cataluña comenzaron a lloverle a este excomunista proveniente de una de las familias de la alta burguesía catalana. Especialmente ácido ha sido José Zaragoza, diputado del PSC en el Congreso. “Abascal y Ribó. Xenófobos con fronteras. El síndico catalán achaca a los españoles lo mismo que Vox a los inmigrantes: el colapso de la sanidad”, tuiteó Zaragoza.

Joan Coscubiela también fue crítico. “Supongo que Rafael Ribó sabe que existe un sistema de facturación entre comunidades autónomas para compensar estos costes. Acaso otra explicación sea que Cataluña gasta el 4,6% de su PIB en sanidad, mientras la media de las comunidades autónomas es del 5,5% (informe 2017 de gasto sanitario público MSCBS)”. El Club Cortum de debates salió al paso de la percepción del 'síndic': “Cuando el agravio es el defensor del pueblo”, tuiteó esta plataforma, jugando con las palabras (en catalán sería: "Quan el greuge és el síndic de greuges"). Y pone cifras: “1.000 millones menos en sanidad pública que en 2010; 860 médicos menos en la atención primaria; 1.094 camas menos de agudos y 786 de otros en los hospitales; Cataluña solo invierte un 3,7% de su PIB en sanidad. La media española es el 6,2%”. Una lección de números que a Ribó se le había escapado. Esta plataforma rescató un artículo de hace tres años en el que se anunciaba que tanto el Govern como Turisme de Barcelona apostaban por impulsar el turismo médico en Cataluña porque “deja cuatro veces más dinero que el convencional”.

“Quieren que les atiendan en castellano”
Pero eso al independentismo esencialista no le importa. Uno de los foros independentistas más veteranos de la galaxia soberanista ya sacó rendimiento de las palabras de Ribó. “Lo terrible es que nadie paga a la Generalitat por estos pacientes, que quieren que les atiendan en castellano. Sale de los presupuestos de la Generalitat, dinero de los impuestos de los catalanes, repito, exclusivamente de los catalanes. Y claro, eso destroza el sistema, sin olvidar que esos enfermos emigrantes son unos desagradecidos”. También se congratula de que Cataluña no sea ya destino preferido para los viajes del Imserso. “Cuando se publicó que los viejos españoles que disfrutaban del Imserso (que pagamos también los catalanes) no quieren visitar Cataluña, debemos alegrarnos. Esa gente aprovechaba para ir de urgencias a los centros de la Generalitat”.

El foro califica los asertos del 'síndic' de “verdad como un templo” y añade que “los que gritaban ‘¡A por ellos!’ vienen a operarse a Cataluña y luego sus comunidades no pagan”. Añade que, “anteriormente, había un fondo de cohesión para estos casos, pero Rajoy, con la crisis y los recortes, decidió eliminarlo, es decir, ‘que se maten entre las comunidades para cobrar’. El actual Gobierno pretende reactivarlo con el dinero de los residentes extranjeros en España y el del turismo sanitario que se factura a los extranjeros o a sus países de origen. O sea, cuando un guiri se rompe un brazo en Barcelona, es el Gobierno español el que cobra y el que se queda con el dinero”. En otras palabras, echan mano de la otra variante del expolio fiscal para justificar un posicionamiento que raya la xenofobia.

Por último, señalan que “no es lo mismo los pacientes desplazados que los que necesitan un hospital de referencia. Aquí es el Gobierno español el que obliga al traslado y, normalmente, paga la factura al hospital, pero solo el 80%. ¿Y por qué no el 100%?”.

Cuando la elite política piensa que cuanto peor, mejor
Guillermo Gortázar elespanol 11 Diciembre 2019

“Cuanto peor, mejor” era la consigna de la ETA-Batasuna. En el norte teníamos claro que había que hacer siempre lo contrario de lo que beneficiaba a la propaganda de la ETA y los nacionalistas. Sorprendentemente parece que “cuanto peor, mejor” se ha instalado en la vida política española.

No hace falta ser un político experimentado para percibir que en España hay un estado de opinión más favorable a una solución de centro izquierda moderado o una gran coalición, PSOE-PP, antes que a un gobierno socialista con la extrema izquierda, dependiente de los separatistas. Esta última solución supone una polarización contraria al espíritu de la Transición, opuesta a cuarenta años de gobiernos de centro y una dependencia del gobierno de la Nación a los nacionalistas periféricos superior a cuantas hemos padecido desde 1978.

Existe la posibilidad de una gran coalición (siempre que lo tenga claro el PP) o bien de un gobierno PSOE-Cs, con la abstención del PP. Un gobierno de 130 diputados (PSOE más Cs.) es posible pues tenemos la experiencia de otro del PP con 137. Pero si finalmente se confirma el gobierno previsto de Sánchez con los comunistas de Podemos y Esquerra de Cataluña estaremos en el camino de cuanto peor mejor, que parece satisface a todos los partidos políticos, pues todos salen ganando, con la salvedad de Ciudadanos y la mayoría de la opinión pública.

De nuevo estamos en los cálculos de posibilidades en las que las elites políticas partidarias van a lo suyo, a su propio beneficio, (“lo nuestro, uno de los nuestros” que decía Cospedal) en contra de la conveniencia de la Nación. Me explico.

Para los partidos separatistas cuanto peor y más débil sea el gobierno de Madrid más se descompone el régimen y es el camino en el que creen pueden prosperar sus propuestas disolventes de la nación española.

Para Podemos este bodrio de gobierno es la salvación de su proyecto político ya que confirma que han podido… participar, usufructuar, la administración del presupuesto nacional. Si el buque se hunde, tanto mejor. La experiencia histórica enseña que la situación de crisis y polarización es el ámbito en el que se desatan las pasiones (sobre todo la envidia) y crece el socialismo radical y el comunismo.

Para el PP, un gobierno del desastre es bueno por cuanto creen que, sin hacer ni exponer nada, caerá la fruta madura y dará, por sí solo, en las próximas elecciones una nueva mayoría liderada por Casado.

Para Vox es conveniente un gobierno de Sánchez polarizado y calamitoso porque puestos a la claridad de un mensaje y defensa de la Nación, Vox emerge como la oposición más clara y combativa. Ya se sabe que en situaciones de crisis nacional la derecha sin ambigüedades tiene todas las de ganar. Siempre ha sido así.

Para el PSOE un gobierno de estas características es altamente incómodo, pero lo prefieren a nuevas elecciones: tienen a su favor que han vendido en todo el mundo y, sobre todo, en la Unión Europea que no hay otra solución y que si tienen que pactar con los comunistas de Podemos (con su efecto en la OTAN y en las instituciones de la UE) es por la negativa del PP a la gran coalición. Para Sánchez el asunto es conseguir la investidura al precio que sea.

Por distintos motivos, pero coincidentes, todos ellos son partidarios de cuanto peor, mejor. La política son vasos comunicantes: si una mala solución sirve para que todos ganen, ¿Quiénes perdemos?: los ciudadanos españoles, la estabilidad institucional incluida la Corona y sólo un partido, Cs, dispuesto al riesgo político de gobernar con Sánchez.

No está en la mano del PP ni de Vox imponer una solución de estabilidad política nacional. Sí está posibilitar, ofrecer la continuidad de un sistema de centro de modo que, si Sánchez no lo acepta, recaiga la responsabilidad en exclusiva sobre el PSOE. El ensayo de un camino de perdición del primer gobierno extremista en nuestra reciente historia constitucional no merece una responsabilidad compartida y, además, en contra de la opinión mayoritaria. Si vamos a peor, que sea por la decisión de unos, no de todos por acción u omisión.

Norte y sur
Prescripción moral o compromiso con la memoria. El relato del posterrorismo es clave en la cohesión nacional española
Ignacio Camacho ABC 11 Diciembre 2019

Mediodía de ayer, en Vitoria. El etarra López de Abetxuko, autor del asesinato de dos jefes de Policía, imparte una conferencia sobre el sufrimiento de los presos de la banda en un aula de la Universidad del País Vasco. Le acompaña el abogado Txema Matanzas -hay nombres parlantes, como en la Ilíada-, también condenado por pertenencia al entorno de ETA. Víctimas del terrorismo protestando entre lágrimas en la calle, entre ellas una nieta de uno de los oficiales asesinados. Dentro, el orador profiere un alegato por la libertad de los reclusos enfermos y un centenar de alumnos y profesores despiden la charla con un cerrado aplauso.

Misma hora. El director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, recibe en el Ayuntamiento el premio Alberto Jiménez Becerril de manos del alcalde socialista, Juan Espadas. Salón Colón, el mismo que hace veintiún años sirvió de capilla ardiente en la multitudinaria ofrenda de miles de ciudadanos sobrecogidos de miedo y de rabia. Asisten autoridades locales y regionales, representantes de partidos e instituciones, amigos y familiares del matrimonio cuyo crimen inscribió a la ciudad en la cartografía contemporánea de la infamia. «Que no cuenten conmigo para blanquear el pasado ni de los que agitaban el árbol ni de los que recogían las nueces», proclama con voz firme y gesto serio el galardonado ante la mirada de las dos Teresas, la madre de Alberto y su hermana, simbólicas vestales de la memoria incólume de la sociedad democrática.

Norte y Sur. Entre esos dos puntos cardinales, unidos como hace dos décadas por el hilo invisible de un siniestro designio, se libra con suerte diversa la batalla contra el olvido. En el País Vasco vencen los testaferros del crimen, los administradores de la posviolencia que se abren paso entre la cobardía y el silencio acomodaticio del nuevo orden político. En Andalucía triunfa el compromiso con la dignidad y la justicia, con un relato que dé sentido al sacrificio y rechace el letal relativismo de una falsa paz sin vencedores ni vencidos. Con la resistencia a diluir el dolor en la claudicación vergonzante del pragmatismo.

Gran parte de la cohesión moral de la sociedad española, y del propio Estado, depende de que ese pulso lo ganen los buenos o los malos, los deudos de quienes murieron en nuestro nombre o los herederos de sus victimarios. De que prevalezca la verdad sobre el holocausto o de que prescriba en medio de un pancismo resignado. De que el recuerdo de la agresión terrorista se mantenga vivo en nuestra conciencia colectiva o de que se diluya en la complaciente equidistancia de una reescritura ficticia. De que la democracia se crea su victoria o de que prefiera cambiarla por una suerte de armisticio, de componenda consentida.

Se trata de un dilema primordial, medular, y urge resolverlo. Porque no existe ninguna nación que sobreviva a la pérdida de sus principios éticos.

Entre Abascal y Otegui
Vicente Torres Periodista Digital 11 Diciembre 2019

Es normal que a un podemita Otegui le parezca mejor que Abascal. Tengo escrito que para votar a Podemos hay que sentir odio. No se puede pensar otra cosa a la vista de la querencia de estos por la guillotina, de sus simpatías hacia el régimen de Maduro, o el del iraní, que no se cansa de ahorcar homosexuales, pero sobre todo hacia ETA y, especialmente, hacia Otegui.

Decir que Otegui es mejor que alguien, que Lucifer por ejemplo, es no tener ni idea de lo que se habla. Otegui no puede ser mejor que nadie, es tan malo como el peor de todos. Es tan malo como Bolinaga, De Juana Chaos, Chapote (he advertido varias veces que mi teclado no tiene tx), Azpiazu, etcétera.

Otegui ha estado en la cárcel a causa de sus fechorías como etarra. Nunca se ha arrepentido del daño causado; es más, cínicamente dijo que habían causado (los etarras) más daño del que tenían derecho a hacer. O sea, se atribuye el derecho a hacer daño. Luego, con su habitual doblez, él y los suyos acusan a la policía de torturar a los detenidos. Pero si la policía los torturase sería para impedir sus atentados; por supuesto que no lo hace, porque lo prohíbe expresamente la ley y si algún policía incurre en esas prácticas recibe su castigo.

Cada vez que Otegui habla es para demostrar lo dicho, que nadie puede ser peor que él, que es infame entre los infames, y que quienes se fotografían con él, se abrazan a él, lo alaban o defienden, se ponen a su altura, o sea, la más baja que puede tener un ser humano.

Rupérez lo acusa de haberlo secuestrado, sin que el etarra lo haya negado nunca, y hay más de 300 atentados etarras por resolver. A nadie le podría extrañar que alguno o algunos de ellos hubieran sido perpetrados por ese ser infame.

Esta afrenta debió evitarse
Editorial El Mundo  11 Diciembre 2019

Recibido como un héroe en Vitoria tras salir en 2018 de la cárcel, adonde fue sentenciado a 29 años por los asesinatos de Jesús Velasco y Eugenio Lázaro, el etarra no arrepentido José Ramón López de Abetxuko dio ayer una charla en la Universidad del País Vasco ante un centenar de jóvenes que aplaudieron las palabras del terrorista. La sola descripción de tan ignominiosa escena, una humillación de grandes dimensiones no solo para cualquier víctima de ETA, sino para cualquier demócrata, debiera ser suficiente para que ésta no se hubiera producido nunca. Pero lo ha hecho y, lo que es peor, con la connivencia de la comunidad universitaria y del Gobierno vasco, que bajo el peregrino pretexto de la legalidad de la charla han permitido que un asesino aleccione en un ámbito educativo sobre derechos humanos.

Tras posibilitar dicha afrenta, y por el escándalo suscitado, la Universidad solicitó bajo una imposible apariencia de normalidad que se actuara con "sensibilidad" para evitar gestos que pudieran "herir" a las víctimas de ETA. ¿Es que hay herida mayor que la cesión de un auditorio público a un etarra no arrepentido de sus crímenes, que sigue blanqueando la historia de terror de la banda, para adoctrinar a estudiantes en el odio?

Dos hechos deben invitar a la reflexión sobre el daño que el terrorismo etarra sigue infligiendo a una sociedad incapaz de desvincularse en su totalidad del horror padecido. La entrega de los universitarios ante el asesino y que solo una cincuentena de personas protestaran a las puertas del aulario. Una sociedad sana necesita discernir sin ambages dónde ha estado, y sigue estando, el mal.

«Han llenado España de viudas, de padres sin hijos, de hijos sin padres»
El ex jefe de ETA «Patxuco» interviene en el campus de Álava entre la indignación de las víctimas y el PP vasco
Andrés Bartolomé | J.M. Zuloaga larazon 11 Diciembre 2019

El ex preso de ETA José Ramón López de Abetxuko dio ayer finalmente su charla en el campus de Álava de la Universidad del País Vasco, mientras en el exterior se producía una protesta de víctimas para censurar que se le cediera ese espacio para manifestarse.

López de Abetxuko Likiniano, alias «Patxuko», huyó a Francia en 1986 al ser desarticulado el «comando» en el que militaba y con el que colaboró, al menos, en dos asesinatos. En territorio galo se convirtió en el jefe del «aparato de acogida», que se dedicaba a facilitar «pisos francos» a los pistoleros que se fugaban a Francia. Su tarea era, por lo tanto, fundamental para mantener la operatividad de la banda criminal.

Fue detenido en abril de 1989 por la Policía de Aire y Fronteras (PAF). Su labor terrorista la escondía detrás de un supuesto «comité de refugiados», del que también formaban parte José Manuel Pagoaga, «Peixoto», y Estanislao Villanueva, «Txapu».

Los reclusos enfermos deben ser puestos en libertad porque así lo establece la ley. Si estás solo en el chabolo, ¿a quién acudes?»
José Ramón López de Abetxuko

La conferencia de López de Abetxuko, que salió de la cárcel en 2018 tras cumplir 30 años de prisión, fue organizada por la red Sare de apoyo a los presos de ETA, que denunció lo que calificó como intento de «boicot» contra la charla del ex recluso condenado por la Audiencia Nacional por los asesinatos del policía foral Jesús Velasco y Eugenio Lázaro Valle, jefe de la policía municipal de Vitoria y comandante de Infantería.

También participó Txema Matanzas, ex preso de ETA por ser miembro de Ekin y conocido abogado defensor de los terroristas.

El acto se celebró después de que las peticiones de suspensión y prohibición no prosperaran en la Universidad ni en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Fernando Buesa murió asesinado en el mismo campus en el año 2000
La conferencia se celebró en un edificio de la universidad vasca que recuerda otro atentado. Desde allí, en febrero de 2000, el etarra y estudiante de la UPV Asier Karreras activó el mando a distancia que provocó la explosión del coche bomba que acabó con la vida del político socialista Fernando Buesa y del ertzaina que le protegía, Jorge Díez. A pocos metros se encuentra el monumento que les recuerda.

No faltaron las críticas de las víctimas del terrorismo y del PSE-EE y el PP, que calificaron de «indignidad» una cita que coincidía con el Día de los Derechos Humanos. Mientras, Ana Velasco Vidal-Abarca, hija de Velasco, aseguraba en Madrid que «un terrorista que ha participado en el asesinato de mi padre está siendo el protagonista de una charla que jamás se debió celebrar».

La hija del agente asesinado en 1980 cuando era el jefe de los Miñones (policía foral) de Álava, consideró que la charla supone «la legitimación de ETA», en lugar de su derrota. «Por eso pido que hagan todo lo necesario para que las víctimas no tengamos que soportar nunca más algo tan terrible».

Según confesó, su hermana se encontraba a las puertas de la universidad para «protestar» y «suplicar» contra el evento. Desde Vitoria, la propia Begoña Velasco recordaba que tenía 16 años cuando mataron a su padre. Desde entonces lucha «por la Justicia y la dignidad». Y tiene intención de seguir haciéndolo «hasta el día en que me muera, aquí y donde quiera que haga falta».

Allí estaba también su hija, Casilda Chico Velasco, nieta de Jesús Velasco, que lamentó no haber conocido a su abuelo «por culpa del terrorismo de ETA». «Han llenado España de viudas, de padres sin hijos, de hijos sin padres», denunció visiblemente emocionado, para afirmar que esta es una historia «de buenos y malos, de víctimas y asesinos, y así hay que contarla, porque en una sociedad libre y sana un terrorista no puede ser ejemplo de nada ni referente de nadie». María Mercedes Salazar, sobrina de Eugenio Lázaro, aseguró por su parte que los damnificados por ETA siguen «muy presionados», informa Ep.

Durante la protesta, el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, reiteró su «repulsa y condena» por un acto que calificó de «vergüenza». A lo largo del día se sucedieron las críticas por parte de la AVT y de la Fundación Víctimas del Terrorismo. También el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, instó a la izquierda abertzale a «desmarcarse» de una charla «deleznable». Desde el PNV se volvió a opinar que el acto es «éticamente cuestionable» pero también «legal».
 


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