AGLI Recortes de Prensa   Viernes 13  Diciembre  2019

La historia interminable del robo socialista en Andalucía
OKDIARIO 13 Diciembre 2019

Las cifras provisionales del saqueo de los ERE de Andalucía alcanzan los 680 millones de euros, pero esa cantidad puede verse incrementada de manera considerable después de que, como informa OKDIARIO, se haya descubierto una red de "ayudas" inferiores a 450.000 euros. Para escapar al umbral exigido por la Fiscalía para admitir el caso penalmente como malversación, las ayudas se "pitufeaban", es decir los contratos se realizaban por debajo de ese importe para saltarse los radares de la Justicia. El retraso del Tribunal de Cuentas contribuía a que el robo quedase sin castigo -y es que a efectos de control contable, el plazo de prescripción es de cinco años-. Las "ayudas" pitufeadas alcanzan el centenar, toda una maraña de contratos jibarizados a conveniencia para esquivar los controles.

OKDIARIO ha accedido a alguno de los convenios detectados. El documento se firmó por un importe de 90.151,81 euros, una cifra que permitía eludir la acción penal. El objetivo no era otro que el robo prescribiera.

Entre las millonarias subvenciones que contenían una cláusula que permitía no devolver los préstamos y el "pitufeo"citado, los 680 millones de euros se van a quedar muy cortos, porque no hay día que no se descubra un fraude nuevo.

Lo del PSOE en Andalucía va a a pasar a los anales de la corrupción política mundial, porque fueron muchos años urdiendo tramas, convencidos como estaban de que gobernarían toda la vida. Para que luego digan que Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran "honrados" porque no se llevaron un euro. Pero entregaron millones de euros a empresas afines con el objetivo de crear una red clientelar de proporciones gigantescas para perpetuarse en el poder. La izquierda, cuando roba, lo hace por el bien del pueblo, aunque hayan esquilmado al pueblo andaluz. Ese es el mantra que repite el socialismo: Griñán y Chaves no se llevaron un euro, una burda maniobra de ocultación que es una excusa indecente, un insulto a la inteligencia y una forma rastrera de amparar a delincuentes.

Si esto es un candidato
Sánchez sólo es leal a sí mismo, a una ambición en cuyo servicio somete a las instituciones a un estrés continuo
Ignacio Camacho ABC 13 Diciembre 2019

Con la ley en la mano, Pedro Sánchez podría jubilarse como presidente en funciones porque el artículo 99 de la Carta Magna dejó abierta una grieta de plazos. Los constituyentes no previeron -por ser bien pensados- que el aspirante a la investidura pudiese recibir el encargo sin tener amarrados previamente los apoyos necesarios. Ocurrió por primera vez en 1996, cuando el Rey Juan Carlos encomendó formar Gobierno a Aznar y éste cerró en dos semanas el pacto con Pujol que le permitió arrancar el mandato. Pero desde 2016, el derrumbe del bipartidismo obliga a Felipe VI a moverse en un incómodo limbo que deja al postulante la responsabilidad de activar el llamado «reloj de la democracia»: la votación que abre la cuenta atrás para obtener una mayoría, absoluta o relativa, en la Cámara. Esa decisión del Monarca implica un depósito de confianza que en último término depende de que el designado cumpla su palabra. Pero por absurdo que parezca, el candidato puede en teoría demorar a su antojo la tarea sin que el jefe del Estado disponga de posibilidad alguna de fijarle fecha o de retirarle la encomienda. Ésa es la situación actual: el bloqueo elevado a la enésima potencia.

Tras las elecciones de abril, Sánchez tardó tres meses en presentarse ante el Parlamento. Se comprende que tras fallar dos intentos sienta recelos de volver a naufragar en un tercero, pero más allá de un plazo razonable incurriría en abuso fraudulento, en un manejo doloso de la Constitución del que sería cómplice la presidenta del Congreso. El problema es que lo ha fiado todo a un apaño con el nacionalismo insurrecto, que no sólo no le va a poner fácil el acuerdo sino que trata de llevarlo a una guerra de nervios administrando a su conveniencia los tiempos. Con otras alternativas a su alcance, ha elegido los socios menos leales y más inciertos, y si se estrella en el empeño no tendrá derecho moral a pedir que los partidos liberales lo saquen del aprieto, por más que haya metido en él al país entero.

Porque el presidente sólo es leal a sí mismo, a una ambición personal en cuyo servicio supedita la estabilidad de las instituciones y somete el orden político y hasta el jurídico a la tensión de un conflicto continuo, en el que ha llegado a repetir unas elecciones por capricho y a legitimar una sedición sentándose a negociar con el independentismo. Su carencia de principios ha hecho de la fullería un patrón de conducta, un método y un estilo. Se ha llevado por delante el prestigio de la universidad, el consenso parlamentario, el crédito de su propia palabra, la dignidad de la nación y la del Estado; y ahora, salvo que le haya dicho al Rey algo que él sepa y los demás ignoramos, ha arrastrado a la Corona al límite de su papel de árbitro en un proceso de investidura opaco. Tal vez salga elegido, pero con esos trazos el futuro sólo puede pintar el retrato de un fracaso.

España, de rebajas
El país no se merece que lo salden, como hará hoy el PSOE en Barcelona
Luis Ventoso ABC 13 Diciembre 2019

Cola del control de la T4 con un buen mogollón. Pasado el arco, un hombre en el final de la veintena aguarda junto a la guardia de seguridad que radiografía los equipajes. «Abra la maleta», le ordena ella cuando aparece en la cinta. El chaval obedece y sale a la luz un ultramarinos: tres barras de lomo y una de chorizo, tres quesos redondos de oveja, latas de pescado variadas y un par de cartuchos de jamón. El tono cambia. A la vigilante se le pinta una sonrisa coñona: «¡Pero a dónde vas hijo!». «A Oslo», responde él con careto de resignación. Ante el festival de los quesos se suma otra agente con ganas de cháchara: «¡A Ojlo! -le suelta con la “s” aspirada mostoleña- ¿Y llevas mucho tiempo allá? Porque parece que extrañas la comida española...». «La echo mucho de menos, sí. Lo de allá no me va...». Las dos se ríen: «Pues seguro que lo que llevas se lo van comer todo tus amigos. Anda, pasa, pasa...».

La escena anterior sería improbable en cualquier aeropuerto del norte de Europa, donde impera el frío emocional. España no ha sido bendecida con petróleo, gas o tesoros mineros. Sin embargo cuenta con una inagotable reserva de cordialidad. He entrevistado a muchos hispanistas foráneos, y cuando les preguntaba qué les había atraído de España, la respuesta no fallaba: «Su gente». Hay defectos: envidiosetes, un poco anárquicos, y ahora además se ha expandido el virus del resentimiento social, un populismo zurdo que solo propone una frustrante igualación a la baja. Pero en general, somos un pueblo abierto y jovial, solidario, familiar y acogedor.

De los españoles cabría decir que son «buena gente», que valen la pena. Por eso duele que el país esté siendo traicionado por el oportunismo de un superviviente experto en «manuales de resistencia». El pueblo español no ha votado, como se quiere hacer creer, por un Gobierno de socialistas y populistas de ultraizquierda sostenido por los separatistas que lidera un preso sedicioso. La suma de PSOE, PP y Ciudadanos, las opciones más templadas, es abrumadoramente mayoritaria. Pero la elasticidad moral del aspirante socialista, que en menos de un mes ha traicionado todas sus palabras y promesas del debate electoral, nos tiene a las puertas de una aberración que burla toda lógica: un partido constitucionalista asociado con uno que quiere romper el orden constitucional y destrozar España. La degradación de nuestro periodismo, y el silencio bochornoso de dirigentes socialistas a los que esta maniobra les parece aberrante, hace que avance sin mayor escándalo el intento de vender a España en el mostrador de los independentistas. El PSOE promete no salirse de marco constitucional en las negociaciones, cuando sus interlocutores de ERC plantean como condición irrenunciable la «autodeterminación», léase la independencia (y ojo: si Sánchez diese pasos hacia ahí, delinquiría en su condición de presidente). El PSOE promete luz y taquígrafos. Pero hoy se sentará con los separatistas de ERC ocultándonos qué oferta lleva. Engaños que suceden ante los ojos de un país adormilado en su prosperidad, que podría no durar si se emprende la ruta prevista.

Así engañaban a la intervención
Carlos Cuesta okdiario 13 Diciembre 2019

Hasta ahora se ha cuantificado en 680 millones de euros el dinero robado por los socialistas en el caso de los ERE. Pero esa cifra va camino de convertirse en una caricatura frente a la realidad. El último hallazgo de los equipos jurídicos del PP en el que ya es el mayor caso de fraude y corrupción de la democracia española, implica el descubrimiento de toda una red de ayudas inferiores a 450.000 euros cada una de ellas concedidas por los socialistas con el propósito de amamantar su esquema de control clientelar en Andalucía.

Esas ayudas, cuyos convenios detectados se acercan por ahora a los cien, se ‘pitufeaban’ con un sólo propósito, el de escapar al umbral exigido por la Fiscalía para admitir el caso penalmente como malversación. De ese modo, las ayudas esquivaban el examen judicial. El retraso del Tribunal de Cuentas hacía el resto para que el robo quedase sin castigo -y es que a efectos de control contable, el plazo de prescripción es de cinco años-.

Una lluvia de contratos adicionales a los ya condenados por la Justicia. Eso es lo que están encontrándose los equipos jurídicos del PP. Toda una maraña de contratos perfectamente diseñados para volar por debajo del radar; para escapar a los controles y responsabilidades penales más graves porque no alcanzaban el umbral que hace saltar todas las alertas en la Fiscalía: los 450.000 euros.

OKDIARIO ha accedido a alguno de los convenios detectados. El documento que hoy muestra este diario se firmó por un importe de 90.151,81 euros, una cifra que permitía eludir la acción penal.

Eliminado ese control, el plazo de preocupación para los políticos defraudadores pasaba a ser el de cinco años: el que afecta al control del Tribunal de Cuentas en materia de análisis contable. Ahí, las barreras continuas de la Junta de Andalucía socialista y los plazos habituales de demora de este organismo, hacían el resto: generar las barreras suficientes como para que el Tribunal de Cuentas llegará tarde y el robo hubiera prescrito ya.

Fuentes de la investigación señalan a OKDIARIO que, por el momento “esa práctica se ha detectado en decenas de contratos, cerca de cien”. Pero no se descarta en absoluto que la entrada de los ‘populares’ de Juanma Moreno en la Junta sirva para desempolvar muchos más convenios similares. Muchos más, que componen ya toda una lluvia de contratos que conforman, a su vez, una red de pitufeo a sumar al fraude de 680 millones de euros ya sentenciado.

Porque, pese a lo elevado de esta cifra, lo cierto es que no será ni de lejos la cuantía definitiva. Porque las causas aún abiertas con casos particulares en los que se utilizó la mecánica de los ERE, y el ‘pitufeo’ harán que esta cuantía se eleve hasta los 1.000 millones de euros, según fuentes del equipo jurídico del PP.

El abogado del PP en esta causa, Luis García Navarro, advierte de que los 680 millones de euros estimados hasta el momento sólo se han centrado en el periodo 2000 al 2009. Eso significa que falta por cuantificar el año 1999 y los ejercicios 2010 y 2011. Por si eso fuera poco relevante, aún faltan por sumar a esa cifra las cuantías robadas en las piezas donde se deben enjuiciar aún las comisiones a intermediarios y demás. Y, por todo ello, el importe final robado no bajará de 900 millones y se acercará a los 1.000 millones.

Los impuestos y la riqueza se repelen
EDITORIAL Libertad Digital 13 Diciembre 2019

La mendaz teoría de que a mayores impuestos, mejores servicios públicos y mayor bienestar social es repetida por la izquierda hasta la saciedad. Y PSOE y Podemos pretenden aferrarse a ella para asestar un sablazo fiscal formidable al contribuyente, a quien con total desfachatez mienten que es 'por su bien'.

Ya lo avanzaba, sin siquiera disimular, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, el pasado verano: para la socialista, lo de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos es "un mantra". "Parece que la fiscalidad a la baja es lo que está de moda", decía Montero sin vergüenza. Ahora, se va a encargar de que la moda cambie radicalmente.

"Nunca se ha demostrado que una bajada de la contribución se traduzca en un estímulo económico o en una mayor capacidad recaudatoria", decía verdaderamente sin vergüenza la sonrojante Montero, que por lo visto también ignora la Curva de Laffer, que prueba que, llegando a unos determinados límites, a menos impuestos se puede conseguir una mayor recaudación, y viceversa. Cuando eres el titular de Hacienda y profieres insensateces así, pecas de ignorancia imperdonable o eres un mentiroso de la peor especie. Menudo panorama.

Más que de Laffer, Montero será fan de Thomas Piketty, el último gurú de la izquierda, que anda abogando por imponer tributos del 90% a las rentas más altas, atraco infame e injustificable que tendría un efecto devastador sobre la economía que lo padeciera.

La Paradoja Simpson desmonta la interpretación que se hace desde la izquierda más liberticida sobre la relación entre presión fiscal y desarrollo económico. Así, una mayor presión fiscal no implica mayores niveles de renta ni de desarrollo económico, por lo que subir impuestos y expandir el Estado no sólo una inmoralidad sino un inmenso y contraproducente error.

Vamos a contar naciones
Manuel Toscano. vozpopuli  13 Diciembre 2019

Hay ocho naciones en España, quizás nueve si incluimos a Navarra. "Las he contado", aseguraba Miquel Iceta en una entrevista del pasado domingo. De hacerle caso, las ocho naciones de marras serían Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y, por supuesto, Cataluña. Donde tantos veían un problema insoluble, el primer secretario de los socialistas catalanes hace una cuenta bien sencilla: miramos los estatutos de autonomía y donde ponga que son nacionalidades, ahí tenemos una nación. Contamos las nacionalidades y asunto resuelto.

El cálculo depende naturalmente de que tomemos "nación" y "nacionalidad" como sinónimos. Pero si lo hacemos así, según propone el socialista catalán, hemos de revisar la relación que existe entre nación y Estado. En la entrevista tiene que deshacer la idea de que nación y Estado vienen a ser lo mismo. Eso da idea tanto de los equívocos que rodean al término nación como de los equilibrios que hace Iceta:

"Para algunos, nación y Estado son lo mismo y la nación es homogénea. Para nosotros no. Por eso, España es una nación de naciones, y las naciones que viven (sic) en España son plurales. En Cataluña hay quien piensa que la nación es para los que hablan catalán. La nación es para todos los catalanes, hablen catalán o castellano, es un sentimiento de comunidad. Se puede ser nación sin aspirar a Estado".

El lío es notable, por decir lo menos. La tesis de que nación y Estado no son lo mismo corta por ambas caras: tendríamos naciones que no son Estado, como Cataluña o Canarias, y un Estado como España que no sería una nación, sino que contendría ocho o nueve. Etiquetarla como nación de naciones no resuelve el desconcierto, sino que lo aumenta. Está muy bien que el pluralismo se predique no sólo del Estado (¡o nación!) contenedor, sino de las naciones contenidas, pero resulta difícil de conjugar con el fundamento sentimental que se atribuye a éstas. El sentimiento de comunidad hace relación por fuerza a una comunidad de afectos. Al gusto de los tiempos, la expresión es cálidamente engañosa.

No se ve tampoco cómo encaja la cosa del sentimiento con el criterio inicial utilizado para contarlas, que no es otro que el reconocimiento legal como unidad política en un texto estatutario que pertenece al llamado ‘bloque de constitucionalidad’. Y la última frase no deja de revelar una ingenuidad asombrosa viniendo de quien tiene tantos nacionalistas cerca. Parece ignorar que los nacionalistas se servirán de la idea de nación, cualquiera que sea su fundamento, para perseguir un Estado propio, o lo más cercano a éste que les alcance en las circunstancias dadas.

Las palabras de Iceta sorprenden poco en realidad. Los dirigentes socialistas llevan años flirteando con la plurinacionalidad y dando vueltas con la idea de nación. Siendo presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero afirmó en sede parlamentaria, no en un seminario académico, que la nación era un concepto discutido y discutible. O recordemos la pregunta con que Patxi López interpeló a Pedro Sánchez durante el debate de las primarias: "Vamos a ver, Pedro, ¿sabes lo que es una nación?". La respuesta de Sánchez estuvo a la altura de Iceta: "Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña, por ejemplo en País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas". De nuevo, la nación como sentimiento.

La cuenta de Iceta se puede convertir en el siguiente argumento: puesto que la Constitución habla de nacionalidades, además de regiones, eso significaría que ya reconoce el carácter plurinacional del Estado español. Es una forma de restar trascendencia al reconocimiento de la condición plurinacional del país, presentándola a la opinión publica como algo aceptado en el texto constitucional y en los estatutos de autonomía de algunas comunidades. Algo paradójica, pues en tal caso no se ve la necesidad de armar tanto revuelo para reconocer lo que ya está reconocido.

El artículo 2 de la Constitución distingue con claridad la nación en singular, que se refiere exclusivamente a España como "patria común e indivisible de todos los españoles", de las nacionalidades (y regiones)

Lo cierto es que el supuesto carácter plurinacional no está reconocido, como puede apreciar cualquier que lea rectamente el artículo 2 de la Constitución, clave para entender la organización territorial del Estado. El argumento anterior falla por la misma razón por la que se equivoca Iceta en sus cuentas. Sencillamente, a la luz del texto constitucional, no podemos tomar nación y nacionalidades como sinónimos; de hecho, el mencionado artículo distingue con claridad la nación en singular, que se refiere exclusivamente a España como "patria común e indivisible de todos los españoles", de las nacionalidades (y regiones) que la integran, a las que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía. Si en otros contextos se pueden tomar ambos términos como equivalentes, desde luego no cabe hacerlo en términos constitucionales.

La redacción del artículo se inspira en la clásica distinción deFriedrichMeinecke entre nación política (Staatsnation) y nación cultural (Kulturnation), que Kohn y otros estudiosos del nacionalismo popularizaron. De acuerdo con el texto constitucional, España es una nación política, pues se refiere al conjunto de los ciudadanos españoles. En este sentido político, la nación implica dos cosas fundamentales: representa una sociedad de iguales, donde los ciudadanos tienen sus derechos y libertades garantizados bajo la misma ley común; además, la totalidad de los ciudadanos constituyen el cuerpo político en el que reside la soberanía, pues a todos incumbe "el derecho a establecer sus leyes fundamentales", según rezaba la Constitución de Cádiz. Que es tanto como decir que el orden constitucional nos pertenece a todos y nadie tiene derecho a cambiarlo sin contar con el conjunto de los ciudadanos españoles.

El término nacionalidades en plural sirve, en cambio, para reconocer los hechos diferenciales, culturales e históricos, que singularizan a ciertas comunidades autónomas, entre los que destaca la existencia de una lengua distinta del castellano. Se puede entrever detrás de este uso la concepción cultural de nación que se abre paso con el Romanticismo. Para sus partidarios, las naciones son comunidades humanas primordiales diferenciadas por la cultura o la lengua, cuando no por la sangre o el origen étnico. Sin duda, el término fue una concesión a los grupos nacionalistas con el fin de integrarlos en el régimen democrático, pero también una forma de reconocer el pluralismo cultural y lingüístico de la sociedad española.

Una trampa saducea
En la compleja arquitectura de una democracia constitucional el pluralismo social en sus diferentes manifestaciones depende de la existencia de un orden de libertades y derechos iguales para todos los ciudadanos y eso es lo que viene a representar la idea de nación política. Entendida como comunidad de ciudadanos libres e iguales y sede de la soberanía, no puede haber más que una; lo contrario sería romper la igualdad entre los ciudadanos y fragmentar la soberanía, como pretenden las propuestas confederales de Unidas Podemos o las formaciones nacionalistas. Pero una confederación de naciones no sería una democracia constitucional reconocible, eso convendría tenerlo claro.

De ahí que confundir nación y nacionalidades, jugando con los dos sentidos de nación, sea lo más parecido a una trampa saducea. Rebajamos primero la idea de nación a nacionalidad, ignorando su sentido constitucional, y le ponemos si hace falta el lacito sentimental. Una vez equiparadas, poco tardaríamos en ver a las nacionalidades reconvertidas en naciones políticas, como siempre han reclamado los nacionalistas, pero ahormadas ahora sobre el molde de la comunidad cultural homogénea y a expensas del pluralismo. Pensar otra cosa sería tan ingenuo como tomar por cándido a un tipo listo y maniobrero como Iceta.

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España = pesimismo + tiempo
Cristian Campos elespanol 13 Diciembre 2019

Los que piden que la Constitución no se convierta en un "corsé" están pidiendo en realidad que la convirtamos en una asignatura optativa en una nación de naciones de libre elección. Pero no era ese el trato al que llegamos los ciudadanos españoles en 1978.

Una cosa es comulgar con esa rueda de molino impuesta por el Tribunal Constitucional con el nombre de "democracia no militante" –un caballo de Troya contra la democracia que ha acabado siendo utilizado por el nacionalismo– y otra muy diferente que la Constitución sea toreada día sí día también por PSOE, ERC, JxCAT, CUP, BNG, Bildu, PNV y Podemos a base de naturales, derechazos, trincherazos y hasta pases con desdén.

No apetece demasiado vivir en esa España que está dibujando el PSOE de Pedro Sánchez y en la que mitad de los ciudadanos españoles van a ser tomados como rehenes por la otra mitad. Que era, precisamente, lo que con tanto mimo se intentó evitar en 1978 con el meticuloso diseño de una Constitución para todos. ¿Se acuerda hoy alguien de que la UE se creó para evitar una tercera guerra mundial provocada por los nacionalismos europeos? ¿Y de que la Constitución nació para evitar una nueva fractura de España en dos bandos enfrentados por motivos ideológicos?

En España hemos olvidado ambas lecciones y sólo la derecha ha cumplido su parte del trato. El franquismo es hoy residual en España y el populismo conservador –pues eso y no otra cosa es Vox– no habría llegado adonde ha llegado de no ser por el procés. Pero el nacionalismo y el Frente Popular siguen tan vivos hoy como lo estaban en 1936. Si acaso más, puesto que ahora se fingen revestidos de valores democráticos y cuentan en su poder con tantas administraciones como televisiones.

Convertida la democracia en un mero instrumento, y no en un fin, por las mismas instituciones del Estado que recibieron en 1978 el encargo de defenderla, era cuestión de tiempo que una clase política propulsada por rencores ideológicos de vuelo gallináceo decidiera echarse una vez más al monte, como tantas otras veces ha ocurrido en la historia de este país, y juguetear con la idea de un enfrentamiento entre españoles.

Que la ocurrencia churrigueresca de las "nacionalidades" y las "naciones culturales" y los "idiomas propios" iba a generar con el tiempo el mismo tipo de divisiones que se intentaban evitar con la promulgación de la Constitución ya fue vaticinado por algunos pesimistas –en realidad, optimistas bien informados– en 1978. La desgracia de España es que siempre han sido los pesimistas los que han acabado acertando. España = pesimismo + tiempo.

El PSOE y el PSC, hoy liderados por dos aprendices de bombero pirómano llamados Pedro Sánchez y Miquel Iceta, llevan cuarenta años generando un problema donde antes había una solución llamada Constitución. Allí donde no existían antes "naciones", ni "culturales" ni de ningún otro tipo, el PSOE y el PSC se las han inventado dibujando lindes imaginarias que los más burros de cada pueblo, los nacionalistas, han aprovechado como excusa para abrirle la cabeza al vecino del pueblo al otro lado del río, también nacionalista.

Sí, el Estado de las autonomías fue un error. Grave. A tiempo estamos de que no acabe siendo irremediable. Siéntense PSOE, PP y Ciudadanos a la mayor brevedad posible para acabar de una vez con el problema generado por el agrocarlismo de los retrógrados periféricos.

Populismo conservador
Nota del Editor 13 Diciembre 2019

Cuarenta años sufriendo las traiciones del PSOE y PP y aún pretenden que sigamos en la inopia. Vox es la única alternativa para que el español sea la lengua oficial de toda España, para que los votos de los españoles valgan lo mismo en cualquier parte de España, para que los españoles podamos atar corto a los profesionales de la política que pretenden seguir pastoreándonos otros cuarenta años más.

Sánchez, licencia para mentir
Editorial ABC 13 Diciembre 2019

Torra replicó ayer que el de Sánchez es un «gesto vacío», exigió una relación bilateral exclusiva y a idéntico nivel institucional, y planteó un calendario para la autodeterminación

La opacidad con la que Pedro Sánchez está negociando su investidura con ERC no es de recibo. Dada la volatilidad de su palabra, y su afición constante a mentir a los españoles al decir una cosa y su contraria sin sonrojo, no basta con que el presidente del Gobierno explique a los ciudadanos que todo acuerdo quedará dentro de la Constitución. Sobre todo, si como viene defendiendo, España es un Estado «plurinacional» y Cataluña, una nación. Ese criterio, no defendido precisamente en muchos ámbitos del PSOE, no es constitucional. Pero no es el único ejemplo, y por eso Sánchez se resiste a dar una sola explicación a la opinión pública negando a los periodistas la posibilidad de interpelarle. Su decisión de limitar a solo dos preguntas de la Prensa sus contadas apariciones es indigna de un presidente del Gobierno. No es solo una conducta prepotente, arbitraria y caprichosa, sino que hurta a la ciudadanía la posibilidad de estar informada, o de interpretar sus respuestas a preguntas basadas en criterios democráticos de transparencia y de puro sentido común. Ese hurto se convierte en algo aún más grave si lo que está en juego es la gobernabilidad de un país de la mano del separatismo.

Además, su estrategia política tiene mucho de fraude al electorado. En campaña sostuvo que no negociaría con el independentismo. Por supuesto no ha cumplido, y ha condenado a su partido a aceptar un chantaje en el que el «derecho de autodeterminación» o la celebración de un referéndum, sea vinculante o no, están encima de la mesa. Por eso ha disfrazado de «ronda» con partidos políticos y presidentes autonómicos lo que no es sino otra cesión al secesionismo catalán: la aceptación de un cara a cara con Joaquim Torra después de que La Moncloa se ufanase semanas atrás de no atender ni siquiera sus llamadas telefónicas. Y todo, con el resto de presidentes autonómicos citados como comparsa para simular que dispensa a todos un trato idéntico, que escucha sus reivindicaciones y que nadie debe poner en solfa sus negociaciones con un partido que pretende la fractura de España.

Para colmo, la oferta de Sánchez a Torra para que ERC trate de sumar a Junts per Catalunya a la hipotética abstención en su investidura ha sido contestada con desprecio por el presidente de la Generalitat. Torra replicó ayer que el de Sánchez es un «gesto vacío», exigió una relación bilateral exclusiva y a idéntico nivel institucional -lo cual es imposible-, y planteó un calendario para la autodeterminación. En este proceso alguien está mintiendo. O el separatismo con sus exigencias para terminar cediendo, o Sánchez disfrazando como constitucional lo que es ilegal. De momento, el separatismo va ganando la mano.

¿Referéndum no vinculante?
Cristina Losada Libertad Digital 13 Diciembre 2019

Los separatistas sólo quieren un referéndum: el que sale como ellos quieren. Nunca reconocerán otro y siempre pedirán ese.

El equipo de Sánchez ha puesto en circulación el rumor de que, para conseguir la abstención de la Esquerra, el candidato socialista podría aceptar, como si tal cosa, someter la demanda separatista a un referéndum no vinculante en Cataluña. Yo, por supuesto, no doy crédito ninguno a este susurro originado en el borboteo de fuentes socialistas. Para empezar, porque es perfectamente increíble que un referéndum de esas características no sea vinculante. Naturalmente que se puede intentar hacer creer al público que no lo sería, y que se convoca sólo en plan encuesta, a ver qué opinan los votantes. Igual que cuando preguntan a los consumidores de refrescos si los prefieren con burbujas o sin burbujas. La diferencia es que si llamas a los electores a votar sobre un asunto político, el resultado nunca jamás se puede tratar –ni se trata– como el resultado de un sondeo. En las urnas no se hacen estudios de opinión. Ni pueden ni deben utilizarse para hacerlos.

No engañen las fuentes rumorosas. Es verdad que el referéndum no vinculante existe sobre el papel, pero, en el plano político, esa criatura sin atributos, esa consulta que una vez realizada puede meterse en un cajón y a otra cosa mariposa, no existe en absoluto. Cómo va a existir si al convocar a las urnas a los votantes lo que sale automáticamente es un mandato político. Un mandato que, en teoría, los poderes políticos pueden desoír, pero sólo en teoría. En la práctica, ningún Gobierno democrático, ninguno que no quiera inmolarse, va a ignorarlo. Ninguno va a refugiarse en el papel, en el texto legal, para decir que, puesto que el referéndum no tenía efectos jurídicos y era únicamente vinculante, allá películas. No podrá hacerlo, salvo que esté dispuesto a bregar con una crisis de magnitudes sísmicas.

Bien. Hay, no obstante, como en todo, una excepción. El resultado de un referéndum no vinculante sobre la independencia en Cataluña –sólo allí, que de eso va el rumor– sí que lo ignoraría cierto poder político. Lo ignorarían sin contemplaciones los separatistas en el poder si el resultado no les fuera favorable. Tendrían mil pretextos para desecharlo. Vamos, que se los inventarían. Es lo que hacen todos los separatistas y nacionalistas que piden y piden referéndums de independencia. Los reclaman diciendo que es la forma de solucionar el conflicto, de acabar con la crisis que ellos mismos han provocado, de poner punto final a la polarización, la división y la fractura –provocadas también por ellos–, y a ver si pica algún iluminado o le conviene a algún oportunista. Pero los separatistas sólo quieren un referéndum: el que sale como ellos quieren. Nunca reconocerán otro y siempre pedirán ese.

Por eso es increíble el rumor. También por eso. Hay que ser verdaderamente un zote, en términos políticos, para no darse cuenta de que un referéndum no vinculante nunca zanja el problema, nunca pone punto final a la presión separatista. Si ganan los separatistas, no hay carácter consultivo que valga. Al menos, si se trata de los separatistas catalanes, cuya falta de respeto por la legalidad ha quedado suficientemente clara. No les vayas con la música legal de que era consultivo y que ahora tiene que pronunciarse el conjunto del pueblo español. No querrán saber nada, especialmente nada de lo que diga el pueblo español. Pero si pierden los separatistas, lo que no vale es el referéndum. No les vale. Y pedirán otro. Y luego otro. Y lo harán fundándose en que ya se hizo el primero. Es el cuento de nunca acabar. Es el cuento del neverendum. Todo por la idiotez de empezarlo.

Qué absurdo rumor, ése que difunden fuentes socialistas. Es un rumor que deja al equipo presidencial al nivel no ya de los más irresponsables políticos que ha tenido la democracia española, sino de los más estultos. Más aún al tener en cuenta que un paso así, que concentra tanta necedad y tanto desconocimiento, se daría a cambio de una mera abstención de la Esquerra. No a cambio de un voto afirmativo, de un apoyo permanente e incondicional, de un compromiso eterno con el Gobierno progresista. Sólo por una abstención miserable. Amos, anda. No doy crédito.

La nación, a merced de un agente patógeno
Antonio Robles Libertad Digital 13 Diciembre 2019

Cualquier institución humana se ha de fundamentar en valores y normas. Sin normas, la subjetividad y la arbitrariedad harían imposible la convivencia; sin valores, la aplicación de las normas no estaría asegurada. El aceite es a las piezas del motor como los valores a las normas democráticas. Si las piezas del motor no estuviesen bien engrasadas, el rozamiento y su desgaste impedirían su rodamiento, y el motor entero colapsaría.

Pedro Sánchez está poniendo en riesgo el Estado Social y Democrático de Derecho y la existencia misma de la nación, porque desprecia la relación entre el aceite y las piezas, entre los valores y las normas; es decir, no está respetando las reglas que la Constitución garantiza, porque carece de los valores éticos para distinguir sus intereses personales de los intereses generales por los que tiene sentido la existencia del Estado. Y como le importan un carajo los delicados equilibrios ensamblados a lo largo del tiempo mediante el esfuerzo y la inteligencia de nuestros predecesores, tira por el camino de en medio sin reparar en nada ni en nadie.

Inútil enumerar los desvaríos en su empeño por lograr la investidura. Hasta él, todos sus predecesores respetaban ciertas líneas rojas, guiados por valores compartidos. La moral de la vergüenza actuaba como una barrera. Él se ha permitido saltárselas todas.

Mientras tanto, a su imagen y semejanza, el secretario general de la UGT, Josep Maria Álvarez, y su socio populista Pablo Iglesias acuden a la cárcel de Lledoners a pedir apoyo para investirle, el Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, emula el racismo del presidente Torra declarando que la sanidad pública catalana tiene listas de espera por culpa de los enfermos del resto de España (Toni Barbarà pide su dimisión en la UE), un asesino etarra no arrepentido da una conferencia sobre los derechos humanos en la Universidad del País Vasco sin que nadie se lo impida y en la UAB estudiantes constitucionalistas de S’ha Acabat son apaleados un día después por catalanistas de la revolución de las sonrisas. Al mismo tiempo que Pedro Sánchez llama a consultas a Otegui, el PSC exige echar a la Policía Nacional de Barcelona e impide que se revise la inmersión lingüística para que los niños hispanohablantes puedan estudiar en su lengua… Iceta asegura haber contado ocho naciones en España, pero no ve más que una en Cataluña… Y lo que es peor, las cesiones en ciernes a los golpistas podrían implicar entregarles aeropuertos, puertos, estaciones ferroviarias, y traspasarles las competencias en de Justicia. Sólo queda que retire a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y darles barra libre para que los Mozos de Escuadra compren material de guerra sin restricciones.

Ya no son las cesiones, es el desprecio a los valores sin los cuales las normas no valen nada. Es el paisaje desolado que nos deja. Si nada es sagrado, todo está justificado. Este tipo es peor que las termitas.

Un organismo vivo se debilita cuando parte de sus defensas inmunológicas pierden su eficacia. Si tal debilidad se generaliza ante la multiplicación o la eficacia de los agentes patógenos, o el propio sistema inmunológico falla, el sistema que ha sido diseñado para protegerle puede volverse en su contra y acabar con el organismo entero.

Un Estado de Derecho no es muy distinto. Como sistema político destinado a garantizar la seguridad y la libertad de las sociedades democráticas, lo hemos dotado de leyes y valores, y de unas reglas que impidan destruirlos al modo y manera como las defensas inmunológicas impiden que los virus, las bacterias o cualquier otra infección ataquen a los seres vivos.

Siguiendo con el símil, el presidente de España, como parte ejecutiva del sistema inmunológico del Estado de Derecho, está diseñado para defenderlo, no para permitir la entrada de fuerzas políticas patógenas empeñadas en destruirlo. O dicho de otro modo, Pedro Sánchez se ha convertido en una enfermedad autoinmune para el sistema democrático español, en un colaborador necesario de los enemigos de España como nación. Y en un disolvente de todos los valores que permiten a una sociedad respetarse a sí misma.

Cataluña, callejón con salida
Javier Caraballo elconfidencial 13 Diciembre 2019

Cataluña se ha convertido en un callejón con salida, pero eso no quiere decir que podamos alcanzarla. Existe una posibilidad de comenzar a normalizar el embrollo, pero ninguna garantía de que pueda realizarse. Existe una solución viable después de años de empeoramiento, pero ningún indicio concluyente de que exista el ánimo predispuesto para sacarla adelante.

Un callejón es, por definición, una vía estrecha, de edificios altos, en el que es muy difícil ver el final; un callejón es un lugar propicio para reyertas y emboscadas que no buscan una puerta de escape. Esa es la complejidad del momento, que estamos ahí y que nosotros somos los que hemos construido esos edificios altos que no nos permiten ver el final. Pero existe, y se trata solo de detenerse y pensar, aunque solo sea un momento, si queremos atravesar la única salida que se abre al final de este callejón. Antes de nada, en ese instante de sosiego que se exige, conviene reparar en lo sucedido y, sobre todo, en el momento en que estamos.

PSOE y ERC aseguran que las negociaciones para la investidura "avanzan"

Cansados ya de discursos repetidos, conviene comenzar a descartar aquello que nos encierra en un bucle absurdo. Aquello que ya sabemos y que, por tanto, hay que comenzar a superar.

Ya sabemos que todo comenzó por la utilización del nacionalismo catalán cuando, a comienzos de la década, se ve envuelto en un doble apuro, la hegemonía política de Convergencia i Unió durante tres décadas se ve amenazada por los escándalos de corrupción y por los recortes económicos obligados por la mayor crisis mundial que se ha vivido desde el 'crack' del 29. El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, rescata como agravio los recortes del Estatut, que en realidad pasó por la población catalana en medio de la indiferencia, y lo convierte en bandera de un nuevo independentismo. Comienza la hoja de ruta del 'procés'.

Ya sabemos que, durante cinco años, la Generalitat, con todos sus medios propagandísticos, con el respaldo de la burguesía catalana y con la aquiescencia, o indiferencia, de numerosos intelectuales, se volcó en la agitación del movimiento independentista con un lema agresivo, que muy pronto se extendió por toda la comunidad:

“España nos roba”. La respuesta a todas las inquietudes, a todas las protestas, a todo el malestar, ya no era responsabilidad del autogobierno catalán, el mayor del que ha dispuesto en toda su historia, sino del Estado español, que le robaba sus impuestos de la misma forma que, a lo largo de los siglos, le robó la soberanía. Todo mentira, pero todo creíble para cientos de miles de catalanes.

Ya sabemos que, sin que desde el Gobierno de la nación, en aquellos años en manos del Partido Popular, se hubiera podido desarmar, desarticular o contrarrestar aquella ofensiva, se llegó al otoño de 2017, cuando el Parlamento de Cataluña declaró la independencia, después de celebrar y manipular un referéndum ilegal que consideró válido para proclamar la república y anunciar un periodo constituyente, fuera ya del Estado español, rompiendo unilateralmente con la Constitución que había votado más del 90% del censo catalán (el 91,09%), por encima de la media en toda España. E infinitamente más que el respaldo que recibió el Estatut que sirvió de excusa para jalear la independencia.

Ya sabemos que los líderes de aquella revuelta fueron encarcelados, que otros se fugaron y que, dos años después, se les declaró culpables de sedición y que todavía siguen en prisión. A pesar de eso, siguen manifestando que lo volverán a hacer, que lo repiten siempre, hasta en los anuncios del cava para celebrar la Navidad, que es el colmo de la antipublicidad o el 'summum' del ensimismamiento.

Tercer encuentro de los equipos negociadores del PSOE con ERC

Lo dicen, lo repiten y lo graban en las bufandas y en las banderas… Pero no lo hacen. Incluso cuando, como ocurre ahora, los presos por la sedición de octubre de 2017 están en las cárceles catalanas, bajo el control de la Generalitat, las autoridades no los dejan en libertad porque han aprendido que tienen que respetar la ley. Y si no lo han aprendido, lo que está claro es que no lo han vuelto a hacer.

Por lo tanto, una vez que todo eso ya lo tenemos sabido, ha llegado el momento de evolucionar, sabiendo que ha sido el Estado de derecho el que se ha impuesto en España, y comenzar a mirar hacia adelante para alcanzar la única salida que se vislumbra: que Esquerra Republicana acepte negociar una solución dentro de la Constitución.

Cuando lo haga, no se habrá resuelto este enorme problema, pero se habrá pasado la página de lo sabido, de lo repetido, de lo encasquillado. Se trata solo de alcanzar ese umbral porque, de conseguirlo, será el mayor avance en los últimos ocho años. Por ahora, nada más. Quizás es que no somos conscientes de la importancia que tendría ese paso, de la repercusión dentro del propio independentismo; la vuelta al marco constitucional, que es la renuncia a la agitación política y social para conseguir la independencia de forma unilateral. Que la ceguera y los discursos repetidos no nos distraigan del momento. Es Esquerra Republicana la que tiene que dar el paso, la que será acusada de traidora por los suyos, la que tiene más difícil articular el discurso de una derrota.

Pero también es Esquerra la que es consciente del hastío de muchos de los que la apoyaron y de que las alternativas a la legalidad solo son dos, el desvarío fantasmagórico de Puigdemont o la salvaje escalada de los radicales antisistema. En ese callejón, cada vez más catalanes saben que solo hay una salida.

La izquierda que limpia las botas al separatismo
Sergio Fidalgo okdiario 13 Diciembre 2019

Hay personajes dentro de la izquierda catalana que se han especializado en limpiar, por no decir lamer, las botas a los separatistas. Son personajes acomodaticios que los independentistas usan para blanquear su supremacismo con una pátina de presunto progresismo. Con el tiempo se desgastan, y los mandan a la papelera de la historia, pero siempre aparece uno nuevo dispuesto a ocupar su lugar, y de paso conseguir las prebendas que conlleva la condición de palanganero del secesionismo.

Es el caso de Rafael Ribó, que antaño fue el azote de los gobiernos de Jordi Pujol como líder de los ecosocialistas, o ex comunistas, de Iniciativa per Catalunya. Un ‘azote’ controlado, porque en la Cataluña del oasis nadie osaba traspasar los límites del campo de juego que el nacionalismo había marcado, pero que al menos daba el pego como teórica oposición al soberanismo conservador. Tras conseguir una dorada jubilación como ‘Síndic de Greuges’, el Defensor del Pueblo catalán, se dedicó en cuerpo y alma a su labor de admirador, esclavo, amigo y siervo del secesionismo.

En su huida hacia adelante como limpiabotas de los procesistas recientemente ha declarado que la culpa de las listas de espera y de los déficits de la sanidad catalana es del “sobrecoste” de atender pacientes de otras comunidades autónomas. El ‘mantra’ del “España nos roba” o “los andaluces y extremeños abusan de los catalanes” en boca de un ex líder de la izquierda catalana produciría sonrojo, si no fuera porque ya estamos acostumbrados a la servidumbre de cierto ‘progresismo’ a los dictados nacionalistas.

El tema de la Sanidad es especialmente curioso, porque de él provienen dos integrantes de la última hornada de blanqueadores del secesionismo. Hace unos años Marta Sibina y Albano Dante Fachín se hicieron un nombre dentro de la izquierda catalana por denunciar de manera inmisericorde los abusos y corruptelas en Sanidad durante el mandato del gobierno autonómico de Artur Mas. El entonces ‘conseller’ Boi Ruiz todavía debe soñar con ellos, y con la publicación que impulsaron, ‘Cafè amb llet’, que iba lleno de las trapisondas del entorno convergente en el campo de la salud.

Actualmente Sibina forma parte del ‘Consell de la República’ que ha impulsado Carles Puigdmont, después de haber sido diputada en el Congreso por los ‘comunes’ dentro del grupo de Podemos. El caso de Dante Fachín es aún más esperpéntico: líder de la sucursal catalana de Podemos; posteriormente, tras romper con Pablo Iglesias, fue candidato por Barcelona en las elecciones generales de abril por el Front Republicà, lista impulsada por el sector más soberanista de la CUP. Y en los comicios del 10-N pidió el voto para los neoconvergentes de Junts per Catalunya.

De Toni Comín se podría escribir un libro: ex ‘Ciudadano por el Cambio’ maragallista, ex socialista, ex consejero del Govern nombrado por Esquerra Republicana y actualmente mano derecha del líder neoconvergente Carles Puigdemont. En su particular colección de carnets políticos solo le falta PP, Cs y VOX, pero denle tiempo, que solo tiene cuarenta y ocho años, y en este campo es especialmente tenaz. Con pedigrí izquierdista por parte de padre, ha sido otro de los más tenaces blanqueadores del secesionismo. Posiblemente sea el más amortizado de todos, por mucho que juegue a ser un ‘exiliado político’.

Del hoy encarcelado Raül Romeva ya está casi todo dicho: activista pacifista durante la guerra de los Balcanes, eurodiputado por Iniciativa per Catalunya y una de las almas del ‘frente exterior’ abierto por los secesionistas dentro de la estrategia de Esquerra Republicana en este campo. Claro está que ya apuntaba maneras cuando denunció en el 2012 en el Parlamento Europeo que los aviones de las Fuerzas Aéreas Españolas volaban sobre el – no existente- espacio aéreo catalán, que como bien saben, forma parte de España. Todavía se escuchan las risas en la Eurocámara.

Por supuesto, los dos tripartitos de PSC y ICV con ERC, como los actuales intentos socialistas de cerrar un acuerdo con los de Junqueras, se inscriben en esta misma línea de actuación. Mientras parte de la izquierda catalana se dedique a llevar el botijo a los líderes secesionistas, esta comunidad autónoma seguirá siendo una tierra en la que los derechos cívicos de los ciudadanos son sustituidos por una visión tribal de la vida y de la política.

Diez años con Impulso Ciudadano
Isabel Fernández Alonso cronicaglobal 13 Diciembre 2019

Se dice con frecuencia, y en tono crítico, que el movimiento cívico constitucionalista en Cataluña está fragmentado. Es cierto que están proliferando muchas asociaciones y colectivos en respuesta a la asfixiante presión nacionalista, pero esto, a mi juicio, puede resultar muy positivo si se coordinan bien sus actuaciones.

Tiene todo el sentido, por ejemplo, que sea un grupo de historiadores --Historiadors de Catalunya-- el que se centre es desmontar las falsedades que fundamentan el relato nacionalista; que sea un grupo de empresarios el que alerte sobre las consecuencias nefastas del procés para la economía catalana (Empresaris de Catalunya); o que sea un grupo de policías el que trabaje por un buen entendimiento, siempre en el marco de la ley, entre todos los cuerpos de seguridad que actúan en nuestra comunidad autónoma (Politeia).

A la vez, esto es perfectamente compatible con proyectos que persiguen objetivos más diversos y transversales, como es el caso de Impulso Ciudadano, que el pasado 6 de diciembre celebraba su décimo aniversario.

Esta asociación, promovida y presidida siempre por José Domingo, ha desarrollado desde sus inicios una labor muy notoria de denuncia de las políticas lingüísticas nacionalistas ante diferentes instancias, como el Defensor del Pueblo o la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, sin dejar nunca de lado la vía judicial. Así, ha logrado, por citar ejemplos muy llamativos, que los tribunales anulen protocolos lingüísticos de las administraciones catalanas manifiestamente discriminatorios con los castellanohablantes, y --asesorando a la Asamblea por una Escuela Bilingüe-- que reconozcan el carácter vehicular de la lengua española en la escuela.

Impulso Ciudadano también ha sido muy combativa exigiendo el respeto a los símbolos comunes y la neutralidad de las administraciones. Su experiencia en este terreno se hizo especialmente visible cuando concentró su energía en Societat Civil Catalana (SCC), entre 2014 y 2018. Por ejemplo, siendo José Domingo responsable de su área jurídica, SCC inició una intensa campaña contra la presencia de esteladas en edificios y espacios públicos en periodo electoral, que concluyó con una sentencia del Tribunal Supremo que ratificó el criterio de la Junta Electoral Central sobre el carácter partidista de la bandera independentista. También entonces, con Rafael Arenas, actual vicepresidente de Impulso Ciudadano, al frente de SCC, se lanzó la campaña “Por unos espacios públicos de todos”, igualmente coordinada por José Domingo, con la que se reivindicó que las banderas oficiales ondeasen en los balcones de bastantes consistorios municipales catalanes.

En esta línea, tras el relanzamiento de Impulso Ciudadano en 2019, un contencioso interpuesto por esta asociación ha obligado al Presidente Torra a retirar cautelarmente la pancarta que rezaba “Llibertat presos polítics i exiliats” y el lazo amarillo del balcón del Palau de la Generalitat.

En los últimos meses, Impulso Ciudadano ha ampliado considerablemente su ámbito de actuación, favorecido por el reforzamiento de su junta directiva, un incremento notable del número de socios y la constitución de un grupo de trabajo en Madrid.

Entre las nuevas iniciativas sobresalen la creación, junto al Movimiento contra la Intolerancia, del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña que, en su primer informe, ha constatado que la inmensa mayoría de esta violencia proviene del ámbito independentista; la denuncia en diferentes foros internacionales, como la ONU y el Parlamento Europeo de la deslealtad institucional y la vulneración de derechos fundamentales en Cataluña; o la convocatoria, junto a una veintena de entidades sociales de toda España, de la primera convención nacional “por la Convivencia y la Constitución” que, entre otros objetivos, reivindica una reforma del Código Penal para reforzar la protección de los ciudadanos ante todo tipo de delitos relacionados con el odio y la discriminación.

Todo ello, sin dejar de lado una voluntad claramente propositiva, como se advierte en el manifiesto “¡Escuchad a los catalanes constitucionalistas!”, en el que se plantean una serie de reivindicaciones de los catalanes no nacionalistas, sistemáticamente silenciados en las negociaciones entre los Gobiernos de España y Cataluña.

En definitiva, nos encontramos ante un proyecto que cumple diez años repleto de objetivos y vitalidad, y con una clara voluntad de colaboración con el resto del tejido asociativo constitucionalista. Esta colaboración es especialmente intensa con S’ha Acabat, Asamblea por una Escuela Bilingüe y Movimiento contra la Intolerancia, pero se ampliará con certeza en el marco de la referida Convención por la Convivencia y Constitución, que se celebrará en Madrid el próximo marzo.

El trasfondo, siempre el mismo: la defensa sin fisuras de los principios y valores constitucionales frente a fuerzas iliberales, como los nacionalismos, que permanentemente intentan socavar nuestra democracia.

BALEARES
El Pacte inicia una nueva ofensiva para implantar el uso del catalán
MIGUEL ANGEL FONT El Mundo 13 Diciembre 2019

El Consell Social de la Lengua aprueba un paquete de medidas para fomentar la lengua en todos los ámbitos de la sociedad.

Coincidiendo con la celebración del primer pleno del Consell Social de la Lengua Catalana de esta legislatura, el Pacte que gobierna en las principales instituciones de las Islas inicia una campaña para implantar el uso del catalán en todos los ámbitos de la sociedad. Junto al plan de actuaciones aprobado por el Consell de la Lengua está la próxima puesta en marcha de la Oficina para la Defensa de los Derechos Lingüísticos, que fue aprobada por el Govern mediante un decreto a principios de mes. Por su parte, el Ayuntamiento de Palma recuperará en breves la figura de los dinamizadores lingüísticos.

El nuevo líder de Més per Mallorca, Antoni Noguera, mantuvo ayer su primera reunión con los responsables de la Obra Cultural Balear. En el encuentro se abordó la puesta en marcha de la Oficina para la Defensa de los Derechos Lingüísticos. Noguera recordó que «tanto su creación como la dotación presupuestaria necesaria para que realmente sea efectiva son irrenunciables para Més per Mallorca». Así, explicó que el grupo parlamentario trabaja para enmendar los presupuestos y conseguir los recursos suficientes. «La oficina forma parte de los Acuerdos de Bellver y haremos que se cumplan». La Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos actuará en el ámbito de la Administración autonómica, pero también podrá intervenir en relación a las actuaciones de otras administraciones públicas con sede en Baleares o por las actuaciones de sujetos privados que vulneren los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas. En este caso, la función del nuevo ente será interceder entre la persona que presente la reclamación o la sugerencia y la parte que haya originado los hechos. El objetivo de este nuevo organismo público será garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos de la Comunidad, con independencia de la lengua que elijan para comunicarse, ya sea el castellano o el catalán.

Mientras, el conseller de Educación, Martí March, presidió ayer el pleno del Consell Social de la Llengua Catalana donde señaló que «uno de los objetivos» que se ha marcado «es el de impulsar el proceso de normalización del uso social» del catalán en Baleares.

En su intervención en el pleno, que tuvo lugar en el Parlament, el conseller señaló también que «un aspecto clave» en el que están trabajando es el de «mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones y entidades que se responsabilizan de la normalización de la lengua catalana».

Durante el pleno se aprobó el plan de actuación para el año 2021. Son, según dice el plan, 136 medidas basadas en cinco derechos: el derecho de acceder al conocimiento de la lengua catalana, el derecho de utilizar el catalán en el ámbito del ocio, el derecho de utilizar el catalán en el ámbito asistencial y sanitario, el derecho de emplear el catalán en las relaciones comerciales y en el ámbito del servicio y, finalmente, el derecho de utilizar el catalán en el ámbito comunicativo.

La secretaria autonómica y vicepresidenta del Consell Social de la Llengua Catalana, Agustina Vilaret, remarcó que «la lengua es cosa de todos» y destacó que los representantes y cargos de su partido (Més per Mallorca) están poniendo «toda la maquinaria en marcha» para que «esta legislatura sea la legislatura de la lengua».

Al pleno del Consell Social de la Llengua Catalana asisitieron cerca de unos 70 miembros, algunos de los cuales son de nueva designación. Se han renovado todas las vicepresidencias y se ha añadido una de nueva, sumando así un total de siete. Las ostentan miembros del Govern, el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB).

También se han renovado el 50% de miembros del Grupo I, formado por personas de reconocido prestigio de la sociedad isleña. Estas se denominan a propuesta de la Secretaría autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística. Los nuevos miembros son Maria Isabel Cerdó Cura, Jaume Horrach Arrom, Bernat Joan Marí, Nanda Ramon Tous, Margalida Riutort Cloquell y Lluís Segura Ginard, según informa la agencia Europa Press.

El Consell se recuperó la pasada legislatura, después de estar parado entre el 2011 y el 2015. Es un órgano de asesoramiento y consulta en asuntos lingüísticos adscrito a la conselleria competente en esta materia, en este caso la de Educación. Está integrado por personas y entidades representativas de Baleares, las cuales son invitadas a participar de forma activa en la planificación de las acciones promovidas por el Govern para incorporar o reincorporar la lengua catalana a los usos sociales que le corresponden como lengua oficial propia de las Islas.

Un colegio de Mallorca impartirá un programa de «lengua árabe y cultura marroquí» a alumnos de Primaria
La iniciativa, que tiene un carácter voluntario, se desarrollará en un municipio que tiene un porcentaje significativo de residentes de origen árabe
Josep María Aguiló ABC 13 Diciembre 2019

Un centro de Educación Primaria del municipio mallorquín de Sa Pobla oferta este curso un programa de «lengua árabe y cultura marroquí», que forma parte de un convenio de colaboración cultural suscrito tiempo atrás entre los gobiernos de España y de Marruecos. En la actualidad, la población de Sa Pobla supera los 13.000 habitantes, de los cuales unos 1.500 son de origen árabe.

Los objetivos de citado programa cultural son, según explica el propio colegio en un folleto informativo, «enseñar la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí del centro» y «fomentar la inclusión del alumnado marroquí en nuestro sistema educativo, cultural y social». Esta iniciativa tiene un carácter voluntario y las clases de árabe se darán fuera del horario lectivo.

Para llevar a cabo dicho programa, el centro contará dos días a la semana con un profesor originario de Marruecos, que realizará «labores de mediación con las familias» e «impartirá una actividad extraescolar de manera gratuita» los lunes y los jueves, para alumnos de 1º a 3º de Primaria y para alumnos de 4º a 6º de Primaria, respectivamente.
Grupos reducidos

En cada grupo habrá un máximo de 15 alumnos. Si finalmente hubiera más solicitudes que plazas, el equipo directivo del colegio y el profesor de lengua árabe harán una selección teniendo en cuenta «la actitud, el comportamiento y el rendimiento académico del alumnado». Los alumnos interesados en inscribirse debían presentar una solicitud a su tutor antes de este viernes, 13 de diciembre. Además, debían señalar cuál es su nivel actual de conocimiento de la lengua árabe. Las opciones en ese sentido eran «no sabe nada», «sabe un poco», «sabe bastante» y «sabe mucho».

Cabe recordar que en mayo del pasado año la Consejería de Educación del Gobierno balear, que dirige el socialista Martí March, se puso en contacto con los directores de los colegios e institutos de las Islas para informarles de la puesta en marcha del mencionado programa educativo a partir del curso 2018-2019. La Consejería explicó entonces que dicho programa estaba destinado al alumnado de Primaria y de Secundaria de los centros públicos de Baleares.

Según la Consejería de Educación, los objetivos iniciales de esta iniciativa eran, entre otros, «propiciar al alumnado marroquí una formación que le permita salvaguardar la identidad», «respetar la cultura del país de acogida» o «compensar los efectos de la inmigración». Asimismo, se pretendía «facilitar la inclusión escolar y sociocultural del alumnado marroquí en el sistema educativo de las Islas Baleares y en la sociedad de esta Comunidad Autónoma» y «mejorar la relación de las familias marroquíes con el centro, adquiriendo el compromiso de asistir a las reuniones y citas individuales para las que estén convocados».


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