AGLI Recortes de Prensa   Lunes 16  Diciembre  2019

Nueve meses sin hacer nada
Perdidos en la propaganda hemos olvidado que somos un país sin Gobierno
Luis Ventoso ABC 16 Diciembre 2019

Baila con joviales saltitos pícnicos el nacionalista Iceta, guionista del plan de su partido para ir deshuesando España. Sánchez se pavonea organizando a su mayor gloria instagramera una cumbre planetaria del clima, que concluye con una emisión cero de acuerdos, algo cantado al haberla plantado los grandes marchadores: China, Estados Unidos, Rusia e India. El PSOE empieza a pelearse un poquito por la humillante negociación de Sánchez e Iceta con un partido cuyo líder está condenado a 13 años de cárcel por sedición contra España. Pero los pellizcos de monja de los barones a Sánchez son ninguneados por las televisiones del imperio «progresista», que son casi monopolio y no pueden dormir desveladas por Ortega-Smith, para ellas el gran problema nacional. Aún así, Carmen Calvo se ve obligada a salir a regañar a Page y Lambán, tan carcas que no entienden el oxímoron de que hay que dialogar «dentro de la Constitución» con quien te pone como condición irrenunciable una independencia que hace añicos esa Constitución. Los datos económicos son cada vez peores. Y las ministras Calviño, Montero y Valerio nos explican que somos imbéciles y que en realidad son cada vez mejores. El Falcon va y viene, y el Rey es ninguneado. Los más sesudos pensadores buenistas continúan meditando cómo cepillarse la idea de España sin que se note mucho, para que cuando no exista «encajen» por fin en ella cómodamente Cataluña y el País Vasco, que sometidas a tanto desencaje se han convertido extrañamente en las comunidades más ricas del país. Iglesias se pone modosito, mientras prepara un plan fiscal y de ingeniería social similar al disparate que ha provocado que los británicos hayan prejubilado a Corbyn por sublimación percuciente. La derecha, dispersa en su gresca interna, no aporta una sola iniciativa para tratar de evitarle al país el mal supremo: un Gobierno socialista con la ultraizquierda comunista y sostenido por los separatistas.

Y así discurren los días en nuestra amena España, entre regates que no llevan a ninguna parte, revuelos históricos que al final duran unas horas y tonelada de propaganda oficialista que todo lo dulcifica y camufla. El resultado es que casi ha dejado de consignarse lo importante: este país lleva sin Gobierno desde febrero del año pasado, más de nueve meses, y los últimos Presupuestos Generales del Estado, la herramienta principal de un Ejecutivo, son los que sacó adelante Rajoy en mayo de 2018 (un mes antes de que Sánchez, secretario de un PSOE que acaba de ser condenado por robar 680 millones del dinero de los parados, lo echase invocando la corrupción de dos alcaldes de pueblo del PP). España está sin Gobierno y desde junio de 2018 lo que tiene en su lugar es un departamento de relaciones públicas, cuya misión prioritaria es intentar mantener en el poder a toda costa a quien llegó a él con una maniobra sin precedentes morales en nuestra democracia. Los países a veces se equivocan en las urnas, pero también pueden acabar rectificando. Tardará un par de años, o tres, pero asistiremos una contramarea de estabilidad, patriotismo, moderación y sentido común.

El descaro sectario es ya absoluto y el PSOE se venga de los díscolos andaluces que lo desalojaron del poder y de la sentencia de los ERE aplicando a la Andalucía gobernada por PP y CS una suerte de 155 económico, por el que la hoy ministra Montero vigila el pésimo presupuesto que hizo ayer mismo cuando era la consejera andaluza Montero. Mientras tanto, las comunidades amigas y Cataluña incumplen sin problemas todas las normas contables sin apremio alguno.

El fusible, el tapón y el 115
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ABC

Vaya un papelón en el que, a fuerza de dar tumbos desde 2015, nos hemos acabado encontrando. Dos elecciones este año (el 28 de abril y el 10 de noviembre) y todo sigue como al principio, si no peor, a salvo de la «espantá» (tras la segunda ocasión) de Albert Rivera, o más bien el reconocimiento, tardío y parcial, de que su ciclo, tan ilusionante en los inicios, había llegado al final. Lo que tenemos es un presidente en funciones, lo que, traducido a la lengua de Cervantes, más bien sería sin funciones, en el sentido de carente de capacidad para tomar decisiones.

Si finalmente Sánchez se ve ungido con la confianza parlamentaria, será sólo porque los independentistas catalanes piensan que les sirve a sus propósitos inmediatos, como sucedió en mayo de 2018. Pero se acumulan los indicios de que ha dejado de ser así: era un fusible y se ha fundido, valga la redundancia. Les interesa más un Gobierno inexistente, al menos durante un tiempo que puede tender a convertirse en infinito.

Y sucede que, si finalmente el tal Sánchez sí obtiene los apoyos del Congreso, se verá impedido de disolver y convocar hasta septiembre de 2020 porque así lo establece -ahora sí- la Constitución, en un precepto tan importante como el Art. 115.3, que en Barcelona se está leyendo con lupa. Y ello por precaria que devenga la posición del presidente investido y por malos que se muestren los datos económicos: la confianza se mantiene «congelada» en sus efectos durante un año. Piénsese que la hucha de las pensiones (el talonario de cheques de la clase política, administrado, eso sí, por democráticos turnos) se habrá agotado ya para entonces. Y son 9,5 millones de sufragios.

El interrogante de estos días no es hasta dónde está dispuesto el PSOE a inclinar la cerviz con ERC y sus cuates. Una pregunta retórica y cuya única respuesta consiste en indicar que van a mostrarse tan genuflexos como un cortesano de la monarquía alahuita: en eso consiste desde hace 40 años el famoso «diálogo», palabra que se emplea sin el menor respeto a Platón, y que tiene la consecuencia de comenzar negando la evidencia de que en Cataluña existe un conflicto de convivencia, incluso en el seno de las familias. Donde está la tesitura es en otro lugar: qué le interesa a los independentistas, si prestar respaldo formal al muñeco y al poco dejarlo a merced del viento, pero teniéndolo que soportar hasta septiembre, o, por el contrario, prolongar las cosas como están, viendo al náufrago dando brazadas -eso sí, todo muy progresista y muy mono- y ante la mirada, mitad de regocijo por el espectáculo, mitad de consternación y angustia, de la opinión pública española (incluyendo buena parte de la catalana, que son las grandes víctimas) y europea.

Tiene que haber una opción que no pase por Sánchez. O, mejor dicho, que pase por encima de su persona, que hoy, una vez cumplida su misión de fusible, en lo que se ha convertido es en un tapón: de Guatemala a guatapeor. Pero para eso harían falta partidos de verdad (no sólo el PSOE) y no aciertan a verse por ningún lado. Y es que, mientras no abandonemos el marco mental de la partitocracia -el de los fusibles y los tapones: el buen hombre no es el primero en ninguna de los dos facetas-, unas elecciones, así se celebren mes arriba o mes abajo, tampoco iban a servir para clarificar nada.

También cabe que, tras 40 años de deterioro progresivo, sea dicho marco mental precisamente -el generado por unas organizaciones absolutamente personalizadas y a cuyos líderes vota la gente pese a irles teniendo cada vez más aversión y sólo por el miedo atávico a que no gane el otro- el que explique lo que estamos viendo: que en realidad todo se trata de apariencias, a modo de guerra de posiciones frente a unos comicios que se consideran inevitables. En ese caso, la referencia platónica, que también existe y ahora para bien, sería el mito de la caverna. Y vaya caverna. Es lo malo de ir tirando en base a conformarse con el menor de los males. Acaba uno llegando a lo peor.
=================================================
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz es jurista

El nacionalista Iceta, reelegido por aclamación. ¿Ahora, España?
EDITORIAL Libertad Digital 16 Diciembre 2019

La reelección de Miquel Iceta como líder del PSC apuntala la estrategia de Pedro Sánchez de negociar su investidura con los separatistas catalanes, incursos en un proceso golpista que pretende acabar con la Constitución, con la Nación y con su Estado de Derecho. Iceta, cuya aportación más reciente al debate político ha sido afirmar que hay ocho naciones en España ("las he contado"), ha defendido este fin de semana ante sus correligionarios su visión de una España plurinacional que seguramente hará las delicias del otro gran socio de Sánchez, el potendado chavista Pablo Iglesias Turrión, previsible presidente de un país del que abomina ("No puedo decir 'España'") y cuyos símbolos desprecia (recuerden su descripción del Himno como una "cutre pachanga fachosa").

La influencia del PSC en el PSOE es tremenda, no solo por los diputados y senadores que pertenecen a la formación nacionalista presidida por Iceta –empezando por la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet–, sino por el descomunal complejo de inferioridad con que Ferraz sobrelleva esta relación tan tóxica para el PSOE y, sobre todo, para España. El PSC no funciona como una federación socialista más, sino como un partido confederado con el PSOE. Cosas del federalismo asimétrico... y una clarísima advertencia de cómo sería la relación de Cataluña con el resto de España en caso de que Iceta, Batet y compañía se salieran con la suya.

La reelección de Iceta por unanimidad –qué espectáculo bochornoso el de los procesos electorales internos de los partidos– tendrá su primera y más directa expresión en las negociaciones de Sánchez con el partido supremacista ERC, comandado por un sedicioso convicto, en las que el PSC se encargará de hacer recaer toda la presión sobre el PSOE, partido al que quiere despojar de una E que jamás ha hecho suya (el PSC se llama PSC a secas, no PSC-PSOE ni, mucho menos, PSOE-C).

Pedro Ahora España Sánchez, en manos del nacionalista catalán Miquel Iceta, que, como el condenado golpista Oriol Junqueras, piensa que Cataluña es una nación y que, mientras busca el abrazo de los separatistas, arde en deseos de, junto con estos, acordonar a las fuerzas constitucionales españolas. En estas manos estamos.

Tres motivos por los que el Impuesto de Sucesiones debe morir
José María Rotellar Libertad Digital 16 Diciembre 2019

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones grava las transmisiones que se producen por donación mortis causa, que son las sucesiones, o las inter vivos que son las donaciones en sentido estricto. Es decir, es un impuesto que grava la transmisión de bienes, a familiares en la mayoría de los casos, que el donante ha adquirido a lo largo de su vida gracias a los recursos que generó y por los que ya pagó impuestos.

Este impuesto es injusto, aunque no porque las CCAA puedan tener potestad sobre la fiscalidad de este impuesto estatal cedido a las regiones y puedan tener cada una distintos tipos de gravamen, ya que la competencia fiscal es sana y hace que el ciudadano pueda saber qué le ofrecen en cada lugar y llegar a votar con los pies. Es injusto porque es un impuesto que, en la práctica, se ha convertido en un atraco, dicho sea coloquialmente, pues es aberrante por confiscatorio. ¿Cuántas veces tiene que pagar en la vida un contribuyente por el mismo bien que da lugar a cada hecho imponible? Muchas, infinitas. Como bien describen Milton y Rose Friedman en Libertad de Elegir, el Estado, paternalista e intervencionista, nos ahoga con sus crecientes impuestos para sufragar el gasto de actuaciones que nunca deberían realizarse, y lo hace "de la cuna a la tumba".

Pues bien, en España, una persona que, con su esfuerzo, gana una renta, ha de pagar el IRPF. Si ahorra y acumula un pequeño patrimonio, habrá de pagar en muchas regiones, excepto Madrid y alguna otra que se ha unido recientemente, en todas, por el impuesto de este nombre, y al fallecer o legar en vida a sus hijos sus bienes, habrán de ser satisfechos los correspondientes Impuestos de Sucesiones y Donaciones. Por eso, es injusto. No porque no sea buena la competencia fiscal, que lo es, al poner ante el espejo la gestión de los políticos con el dinero público, sino porque es un impuesto, al igual que el de Patrimonio, arcaico y confiscatorio.

De hecho, los socialistas andaluces tuvieron que introducir en sus últimos tiempos una exención de un millón de euros en el Impuesto de Sucesiones para poder sacar adelante sus presupuestos junto a Ciudadanos, no por convicción, ya que ellos habrían deseado seguir sangrando a los contribuyentes andaluces con dicho tributo, como demuestra el hecho de que Montero quiera imponer ahora un mínimo común para toda España.

La hipocresía de la izquierda
Es curioso que ahora la izquierda quiera homogeneizar el impuesto, porque, cuando se debatió en el Congreso una proposición para eliminarlo, rápidamente, la izquierda y los independentistas votaron en contra de dicha propuesta alegando que va contra la autonomía fiscal, argumento de todos ellos- y que beneficia a los ricos y hace caer la recaudación, argumento adicional de la izquierda, especialmente-.

Pues bien, ni va contra la autonomía financiera de las CCAA, ni es una medida a favor de los ricos, ni va en contra de la recaudación. En primer lugar, tanto que se quejan ahora los independentistas catalanes de que esto iría contra su autonomía financiera y fueron ellos mismos los que renunciaron a ella el día en el que alargaron la mano para que el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) les cubriese todo su endeudamiento porque su nefasta gestión los tenía expulsados de los mercados, al estar sus cuentas al borde del colapso y su calificación crediticia ser la de bono basura. Yo se oyó entonces en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera quejarse a Cataluña, a Andalucía o a Asturias del FLA; más bien, todo lo contrario: estaban encantados de desistir de sus obligaciones de política financiera y ser rescatados por el Tesoro, mientras Madrid lograba financiarse gracias a la confianza que el mercado otorgaba a su gestión y a sus cuentas, pese a tener enfrente a casi todo el mundo desde el punto de vista político. Ésa es la realidad. Además, con la eliminación del impuesto, las regiones no perderían nada, pues la Ley de Financiación Autonómica, en virtud del principio de lealtad institucional, recoge que si la Administración General del Estado suprime un impuesto cedido y merma, con ello, la capacidad de financiación regional, ha de compensarlo automáticamente.

Por otra parte, la eliminación del impuesto no beneficia a los ricos. Quienes tienen un patrimonio muy extenso, o bien pueden optar por otras fórmulas que permiten, legalmente, una transición menos agresiva en cuanto al gravamen fiscal, o bien pueden asumir sin problema el pago del impuesto, aun siendo igual de injusto que para quienes menos tienen. Yendo contra todos, a quien más daño hace es a la clase media, a las familias que heredan una casa, unos pequeños ahorros, un par de coches, unas acciones o, incluso, títulos de deuda pública que su familiar pudo suscribir en el pasado para, encima, ayudar a financiarse al Estado, y que ahora le devuelve el favor con una estocada fiscal después de muerto. Son miles las familias que han tenido que renunciar a la herencia por no poder pagar el impuesto, ya que el pago de éste era muy cuantioso y los bienes no eran tan líquidos como lo apremiante que era Hacienda. De esa manera, el sector público, en este caso el autonómico, se quedaba con todos los bienes, no sólo con el aberrante impuesto, dejando a muchas familias o absolutamente sin nada, o endeudadas hasta las cejas para poder pagar los tributos a la Administración.

Ejemplos de la sangría
Eso sucedió en Andalucía durante mucho tiempo. Ahora, es cierto que hasta un millón de euros los familiares más cercanos no pagan nada, pero de no haber sido porque Susana Díaz necesitaba los votos de Ciudadanos o del PP, y porque el actual gobierno ya no es socialista, el Impuesto de Sucesiones habría continuado siendo monstruoso en la región andaluza.

Como se puede comprobar, la diferencia es brutal: de no pagar nada ahora, a tener que abonar a la hacienda andaluza ni más ni menos que casi 30.000 euros, para lo cual, posiblemente, tendría que pedir un préstamo, malvender los bienes heredados o renunciar a la herencia.

Esa situación que había en Andalucía antes llevaba a que ante una herencia de una familia de clase media, por ejemplo una vivienda valorada en 420.000 euros, un madrileño tuviese que pagar una cuota de apenas 500 euros mientras que un andaluz pagaba entonces más de 50.000 euros.

¿Y si se trata de una donación? En ese caso, por ejemplo, en Extremadura, que cuenta recientemente con bonificación en Sucesiones pero no en Donaciones, puede llegar a pagarse casi 130 veces más que en Madrid.

Y, por último, no es cierto que se reduzca la recaudación. Madrid, que fue la que primero bonificó el ISyD al 99% para los familiares más cercanos, es la que más recauda junto con Cataluña, pese a tener un millón menos de población. Además, en los años en los que en ningún otro lugar existía dicha bonificación (hasta el año 2014), Madrid, con el impuesto más bajo de todas las regiones, era la que más recaudaba. De hecho, pese a tener Madrid entonces bonificado el impuesto al 99% y Cataluña no, Madrid llegó a recaudar 120 millones más al año que Cataluña.

Los planes de Sánchez y Montero
Ahora, Sánchez y Montero quieren imponer un mínimo común a todas las regiones. Esa medida, realmente, va directamente contra la Comunidad de Madrid, ya que el intervencionismo no soporta mirarse al espejo madrileño que le demuestra que se pueden gestionar mejor gastando menos, dando los mejores servicios y con los menores impuestos de España.

Una vez más, la izquierda mete la mano en el bolsillo de forma grosera e inmisericorde a los ciudadanos. El Gobierno de Sánchez, pese a que su partido tuvo que bonificar a rastras el ISyD en algunas regiones, como Andalucía (Montero se vio obligada a hacerlo por Ciudadanos), en su deriva hacia la extrema izquierda de Podemos, no sólo se niega a eliminar un impuesto que reduce la renta de los contribuyentes, que, con ello, hace disminuir el consumo y el ahorro y, con este último, la inversión, y que, con todo ello, hace caer la actividad económica, la recaudación y el empleo, al tiempo que grava infinitas veces a los ciudadanos por lo mismo a lo largo de su vida, siendo un impuesto injusto, letal y confiscatorio, sino que quiere acabar con los lugares donde está bonificado al 99%, como la Comunidad de Madrid. Un verdadero "atraco", una aberración de impuesto.

Si a Puig o a algún otro intervencionista le molesta que la Comunidad de Madrid tenga los impuestos más bajos que sus regiones, ya saben qué tienen que hacer: bajarlos de la misma forma, porque tienen las mismas competencias que la Comunidad de Madrid. Si no lo hacen es porque quieren gastar cuanto más, mejor, mientras exprimen a los contribuyentes a base de más y más impuestos, y claro, para evitar que eso se note necesitan que Madrid no pueda demostrar que hay otra política económica posible. Esa medida que quieren imponer Sánchez y Montero sí que pretende eliminar la autonomía financiera, al limitar la capacidad de decisión de las CCAA sobre los tributos cedidos y desincentivar la corresponsabilidad fiscal. Un grave error que, de concretarse, sufriremos todos los ciudadanos, especialmente, los madrileños.

Sindicatos
UGT tiene una plantilla de 2.246 personas en España, más que seis empresas del Ibex 35
Calixto Rivero okdiario 16 Diciembre 2019

El sindicato UGT tiene una plantilla que es superior a la que tienen seis empresas del Ibex 35. Es un dato que se puede extraer de los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que tiene estadísticas de las empresas o instituciones que tienen convenio colectivo marco para sus trabajadores.

En total, el número de trabajadores de la Unión General de Trabajadores, el sindicato vinculado desde su fundación al PSOE, es de 2.246 personas en todo el país, 831 hombres y 1.415 mujeres que en 2020 verán incrementado su sueldo un 2,5% o un 3% en función de cuáles sean las cuotas cobradas durante el ejercicio a los afiliados. También se verían compensados si el IPC es mayor.

Lo más llamativo de este sindicato, que junto a CCOO ha perdido millares de afiliados desde que comenzó la crisis, es que a pesar de que se mantiene en gran medida con subvenciones públicas, tiene una plantilla que es superior a la de grandes empresas de España, que son motores de la actividad económica nacional.

De hecho, UGT tiene doce veces más plantilla que Merlin Properties, una de las principales socimis del país (con 176 empleados), y once veces más que la inmobiliaria Colonial, con 200 trabajadores. También supera a Mediaset España, con 1.267 personas en nómina según su memoria anual; que Cellnex Telecom, con 1.437 empleados; que Enagás, con 1.449; o que Red Eléctrica de España, que tiene en plantilla 1.799 personas, según sus últimos datos hechos públicos en las memorias anuales de estas compañías.

Buenos sueldos
Eso sí, los trabajadores de la Unión General de Trabajadores pueden estar de enhorabuena si se tiene en cuenta que tendrán subidas salariales muy generosas en los próximos años. Los contribuyentes, quizás, no tanto.

Como adelantó OKDIARIO, según el convenio marco de los trabajadores de UGT en 2019 se producirá un incremento salarial del 3%, el año que viene el aumento será como mínimo del 2,5% (aunque podría llegar al 3%) y en 2021 si no se firma otro convenio la subida salarial también será del 2,5%. En definitiva, que si se tiene en cuenta el sueldo que tenían los trabajadores de esta confederación sindical en 2018 y el que tendrán en 2021 las nóminas habrán subido un 8% en tres años.

Merma de afiliados
Mientras tanto, los sindicatos españoles están perdiendo representatividad a marchas forzadas como muestra cualquier estadística que se mire. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha actualizado las cifras de afiliación sindical en el club de los países ricos, se está produciendo una sangría en los sindicatos españoles: en conjunto cuentan con 730.000 afiliados menos que cuando arrancó la crisis en 2008.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

«Vendetta» política en Andalucía
Editorial ABC 16 Diciembre 2019

Tal y como revela hoy ABC, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha intervenido las cuentas de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, por haber excedido unas décimas el déficit público establecido para el año 2018. Ese año, la socialista Susana Díaz fue su presidenta durante todo el año, hasta las elecciones del 2 de diciembre, y la consejera de Hacienda era la hoy titular estatal del mismo ramo, María Jesús Montero, que lo había sido hasta que en julio fue nombrada ministra. La gran paradoja, y el gran cinismo político de esta maniobra, es que Montero enmienda la plana al antiguo Gobierno de Susana Díaz, al que ella perteneció al menos medio año completo, y lo hace justo cuando es el PP quien preside la Junta andaluza. Es decir, Montero se penaliza a sí misma y su propia gestión con el único interés político de perjudicar al actual Ejecutivo andaluz, y además encontrándose en como titular de Hacienda en funciones. El control de las cuentas públicas y el ajuste presupuestario es una necesidad para cualquier gobierno regional, sea del signo político que sea. Ninguna Comunidad autónoma debería superar la previsión de déficit público para evitar seguras reprimendas de la Unión Europea, o incluso eventuales sanciones. Sin embargo, lo relevante en este caso no es tanto que Andalucía haya superado en unas décimas el tope impuesto, sino que el PSOE se haya propuesto castigar al actual Gobierno de Juan Manuel Moreno, penalizándolo como no hace, por ejemplo, con la Comunidad Valenciana o Cataluña. En el primer caso, porque la gobierna el socialista Ximo Puig y el agravio comparativo es indudable, y en el segundo por razones evidentes de cesión ante el independentismo catalán. Peor aún. A Cataluña no solo no se le sanciona de ninguna manera, sino que se sobrefinancia a la Generalitat muy por encima del resto de Ejecutivos autonómicos dada su situación de quiebra técnica.

Las consecuencias son graves para Andalucía ya que la intervención de sus cuentas se produce en un momento en el que acaban de ser aprobados los nuevos presupuestos regionales por el PP, Cs y Vox, y cuando el comportamiento económico de esta autonomía empieza a emitir notables señales de recuperación tras décadas de gobiernos socialistas, y después de que sus cuentas fuesen esquilmadas durante años con los casos de corrupción más graves de la democracia. Ahora, con la decisión de Montero -que siempre planteó a Rajoy una reclamación de 4.000 millones adicionales para Andalucía-, el Ejecutivo de Moreno verá imposibilitado su acceso a los mercados internacionales para financiar muchos de sus proyectos en inversiones. El Gobierno en funciones de Sánchez no actúa de modo equitativo, sino con un ánimo sectario de vendetta política, la especialidad de la casa.

La ley del embudo

Ignacio Camacho ABC 16 Diciembre 2019

Durante su larga etapa hegemónica en Andalucía, los socialistas encontraron un potente argumento contra los gobiernos de Aznar y Rajoy, que consistía en acusarlos de perjudicar a la comunidad, negándole inversiones y recortándole presupuestos, por su costumbre de votar a la izquierda. Fue un éxito propagandístico de primer orden porque era fácil de explicar aunque a menudo no se ajustase a una realidad que siempre queda en segundo plano ante un relato sugerente. Luego hemos sabido -los ERE, los cursos de formación, el fraude de la UGT, los puticlubs pagados con tarjetas oficiales, etc- en qué consistía el distributivo miniestado de bienestar que había creado el PSOE en su latifundio de poder y que al parecer molestaba tanto a la odiosa derecha que le regateaba recursos por puro resentimiento. Pero he aquí que la historia ha dado la vuelta, los andaluces se acabaron cansando de su paternal régimen proveedor y en Madrid, o sea, en el Estado, gobierna (?) un progresismo altruista y benéfico. Y a las primeras de cambio, intervención económica al canto. Una especie de 155 financiero para que ese electorado díscolo aprenda a votar en el sentido correcto y para que los actuales inquilinos de San Telmo se olviden de su inaceptable pretensión de bajar siquiera un poquito los impuestos. Con el recochineo de que las cuentas impugnadas por desviarse unas décimas del déficit, las de 2018, las elaboró la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque que la coalición del PP y Ciudadanos no tomó posesión hasta 2019, a mediados de enero.

Ese mismo Gobierno central tan escrupuloso con el ajuste fiscal andaluz es el que está negociando su reelección con los golpistas catalanes, que enfrascados en su procès han convertido las finanzas de la Generalitat en un chicharro y que en el próximo ejercicio tendrán que pedir al Estado unos diez mil millones para sostener su quebrada administración autonómica, prácticamente la mitad del socorro previsto para la totalidad de las regiones españolas. Y lo que haga falta en inversiones, contrapartidas políticas aparte, aunque Galicia siga sin AVE y el tren de Extremadura tarde lo mismo que una diligencia decimonónica. Ya se sabe que las comparaciones son odiosas, pero unas resultan más antipáticas que otras. La España de dos velocidades depende de la capacidad de cada autonomía para practicar el chantaje... y de las necesidades de apoyos del doctor Sánchez.

Será un buen momento para ver si la nueva Junta de centro-derecha tiene la misma habilidad comunicativa que sus antecesores para hacer de esta grosera ley del embudo un ariete político. El guión lo tiene servido; igual hasta se lo dejaron en uno de esos archivos blindados que guardaban papeles comprometidos. Es sencillo: en esta España donde un golpe contra la Constitución se convierte en un simple «conflicto», sólo sale rentable el victimismo.

Lo que haga falta
Luis Herrero Libertad Digital 16 Diciembre 2019

No hace falta ser un sabueso para darse cuenta de que la investidura de Sánchez no fracasará por culpa del PSOE. Ahí está para corroborarlo el solemne compromiso contraído por Iceta durante su entronización como gran archipámpano del socialismo catalán: "Haremos lo que haga falta". El líder del PSC enarbola un discurso —el de Cataluña como sujeto político no independiente (todavía) dentro de una España plurinacional— que se parece mucho al que que a punto estuvo de provocar, hace cinco años, un cisma de padre y muy señor mío en el seno del partido socialista. En aquella ocasión, líderes territoriales que ahora están mudos (Guillermo Fernández Vara, por ejemplo) dijeron que no veían otra salida que romper el pacto que les unía con el PSC para que el PSOE se presentara a las elecciones en Cataluña con una federación propia. Pérez Rubalcaba le encargó a una comisión bilateral que resolviera el conflicto, y después de muchos tiras y aflojas, los socialistas catalanes recularon lo justo para evitar que la sangre llegara al río.

Cinco años después, el panorama ha cambiado por completo. El PSC vuelve donde solía, pero en esta ocasión ya no hay voces discrepantes, ni comisiones bilaterales, ni riesgo de cisma. El PSC ha engullido al PSOE y quien marca las pautas del debate territorial, es decir, de la idea de España, es la marca catalana. Manda Iceta. Carmen Calvo ha ido a Barcelona a sujetarle el palio y Pedro Sánchez le ha hecho la ola en las redes sociales mientras el partido que otrora se rasgaba las vestiduras ante el discurso filo independentista de sus socios catalanes ahora se muerde la lengua, toca la lira o aplaude con las orejas. Hay que decir, de todas formas, que en ese viaje de ida y vuelta de la locura a la cordura, Sánchez no ha ido a la zaga. ERC tumbó sus presupuestos porque el presidente del Gobierno se negó a aceptar que en la mesa de diálogo pactada en Pedralbes se hablara del derecho de autodeterminación. Diez meses después, ese veto ha desaparecido. Ya no hay líneas rojas. Con tal de seguir en la Moncloa, Sánchez, en efecto, hará lo que haga falta.

El balance de 2019 no puede ser peor. Tras las elecciones de abril, posteriores a la aparente ruptura del PSOE con ERC, el discurso de Sánchez volvió a la senda de la ortodoxia constitucional. Buscaba el apoyo de una "mayoría cautelosa" que le permitiera gobernar sin rémoras comunistas ni independentistas. Abominó de Iglesias y del separatismo catalán y forzó la repetición electoral con la esperanza de que las urnas le permitieran desembarazarse de esas amistades peligrosas. Pero no se lo permitieron. Los votantes constitucionalistas le dijeron que no se fían de él. Setecientos mil de los suyos dejaron de votarle y no fue capaz de atraer prácticamente a ninguno de los que apoyaban a Ciudadanos o al PP. Quedó claro que su credibilidad como líder nacional (en el estricto sentido del término), es nula. Ni los electores ni los líderes de la derecha —ninguno de los dos— le quieren en ese rol. De ahí que Sánchez haya decidido acomodarse de nuevo en el de cabeza visible de Frankenstein. ¿Volvemos entonces al punto en el que estábamos en enero? No, volvemos a uno peor.

Para que sus socios de la moción de censura vuelvan a franquearle el camino a la presidencia del Gobierno hace falta que Sánchez pida perdón por sus antiguos titubeos y acredite con hechos que no volverá a dejarles en la estacada. A Podemos ya le ha resarcido con creces abriendo de par en par las puertas del banco azul que antes mantenía selladas. Ahora tiene que hacer lo propio con los independentistas. ¿Y cuál es el precio que tienen que pagar? Uno más alto que el que se fijó en Pedralbes. Pere Aragonés lo ha vuelto a explicar este domingo en La Vanguardia: ahora ya no vale la mesa de la comisión bilateral que contempla el Estatut ("el problema que tenemos es lo bastante grave como para necesitar un instrumento específico"), y en el orden del día tiene que figurar el referéndum de autodeterminación y la situación de los presos. Las declaraciones del vicepresidente catalán dejan meridianamente claro que las cuatro reuniones que se han celebrado hasta ahora no han servido para que los republicanos rebajen ni un ápice sus exigencias.

La semana catalana judicial

Marcello republica 16 Diciembre 2019

Como ya han pedido la luna y Sánchez no ha descartado que se la pueda dar, esos pequeños intrigantes de ERC (Rufián y Aragonés), que recorren muy ufanos los salones del poder de España porque el ogro Junqueras tiene escondida en su jaula la llave de la investidura, ahora han añadido en su carta a Papa Noel el que el Gobierno de España renuncie desde ahora a la aplicación de la Justicia en Cataluña.

Porque según estos gnomos del cuento del ‘procés’ todo lo que sea aplicar la Ley en territorio catalán será considerado ‘represión’ por parte de España.

Naturalmente, en el Palacio de La Moncloa todas estas quejas y reproches les parecen asuntos de poca monta, pero los días pasan y el presidente en funciones Pedro Sánchez se impacienta como un novio al pie del altar a la espera de la novia, porque ERC no acaba de darle el ‘sí quiero’ para la tan esperada investidura nupcial.

Pero, hete aquí, que todavía están pendientes otros trámites legales de los tribunales europeos y españoles que afectan al meollo de la negociación, y que se espera que concluyan esta semana que ahora comienza.

Y para empezar tenemos en Bruselas este lunes 16 la vista de la euroorden de extradición de Carles Puigdemont. El jueves 19 la Corte de Luxemburgo de la UE se pronunciará sobre la pretendida euro inmunidad parlamentaria de Junqueras y Puigdemont.

Decisión a la que esperará el tribunal de Bélgica, antes de dictar sentencia, porque si la Corte Europea concede la inmunidad a Puigdemont en ese caso la euroorden decaerá.

Y a lo largo de esta semana también se conocerá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -que se espera condenatoria por confesión del reo- sobre flagrante delito de desobediencia a la Junta Electoral Central del president Quim Torra durante las pasadas elecciones. Lo que acarreará a Torra la condena y pena de inhabilitación política. Sentencia que Torra va a recurrir al Tribunal Supremo donde a buen seguro la sentencia condenatoria se confirmará.

Entre una y otra cosa, los gnomos secesionistas infiltrados en los salones del poder, asistirán en el palco del Camp Nou y entre gritos y pancartas contra España, a la celebración de ‘el clásico’ partido de fútbol de la Liga Española entre el Barcelona y el Real Madrid. Y ello, claro está, si el evento no se suspende por causa de algún grave incidente como los que anuncia el soberanismo de corte radical, los de Tsunami y los CDR que son la guardia pretoriana de Torra. Y cuyo presunto comando terrorista ahora también está pendiente del recurso para que un tribunal les conceda libertad provisional.

Estamos pues ante una especial semana catalana y judicial. La que, por otra parte, podría complicar o facilitar la negociación del PSOE con ERC. Algo que sin duda divierte a los enanos infiltrados en los salones del poder y que en La Moncloa a más de uno les pone los pelos de punta de solo pensar que si se hunde el tinglado de la farsa habrá una tercera repetición electoral.

Torra, a las puertas de la inhabilitación
Editorial ABC 16 Diciembre 2019

La negociación, ya pública y a tumba abierta, del PSOE con ERC va a toparse con la segura condena que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a imponer al presidente de la Generalitat por desobediencia. Torra se negó a obedecer a la Junta Electoral Central cuando le ordenó que retirara los lazos amarillos de los dificios dependientes de la Generalitat. La exhibición de tales símbolos constituía una agresión a la neutralidad de las instituciones públicas en período electoral. La desvergüenza de Torra se hizo patente durante el juicio oral, cuando reconoció que había desobedecido a la Junta Electoral porque consideraba que su orden era «ilegal». A partir de esa declaración quedó claro que Torra buscaba el martirio nacionalista, que se saldaría en caso de condena con una pena de inhabilitación. La condena de Torra llegará cuando el discurso socialista en torno a la aplicación de ley en Cataluña vuelve al terreno de la deserción y el oportunismo. Sánchez ya no se acuerda del delito de referéndum ilegal y sustituye la Constitución por la «seguridad jurídica» en sus condiciones al pacto con los nacionalistas. El Gobierno ha frenado la impugnación de las resoluciones separatistas del Parlamento catalán ante el TC y ya empieza a sonar que la Fiscalía podría no oponerse al tercer grado encubierto que recibirían los dirigentes nacionalistas condenados por el TS. Si Torra es inhabilitado, el calendario de PSOE y ERC podría verse enturbiado por un adelanto electoral en Cataluña. En tal caso, los grupos nacionalistas volverían a su prioridad interna de disputarse el liderazgo del separatismo en Cataluña. Para ERC podría ser arriesgado presentarse a la urnas habiendo investido a Sánchez sin unas condiciones explícitamente favorables a la autodeterminación de Cataluña. La suertes judicial que espera a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en Europa no hace otra cosa sino condicionar una negociación que apremia a los socialistas y confiere a los separatistas un protagonismo ganador.

A vueltas con la Resistencia Democrática de España
Pedro de Tena  Libertad Digital 16 Diciembre 2019

Pocos dudan ya de que, visto lo visto, la aparición de una Resistencia Democrática de España (Redespaña) va a ser una necesidad inminente. Tengo por demostrado que hay unos grupos políticos y sociales (separatistas, comunistas y algunos, que no todos, socialistas y radicales) que no desean convivir desde la tolerancia recíproca con quienes no piensan como ellos en un marco legal y conciliador común, sino que tratan de imponerse, las más de las veces, como sea, a la mayoría nacional que aceptó, votó y asumió la Constitución de 1978, sobre todo su espíritu de unidad y reencuentro.

No puede permitirse que una minoría imponga a la mayoría democrática española, por mor de los entresijos y manejos políticos, el dictado de unas normas y valores ajenos a lo que es una democracia auténtica. La de la conferencia del etarra criminal en la Universidad del País Vasco no es sino una de las gotas que están haciendo rebosar todos los vasos, como los han hecho rebosar los acontecimientos separatistas catalanes y otras gotas como la corrupción, la ausencia de un proyecto nacional en temas esenciales y el enquistamiento de los partidos en una casta aparte.

Hay diez o quince cuestiones generales sobre las que muchos estamos de acuerdo que deben ser rescatadas de la primera hora constitucional. Por ejemplo, una ley electoral que impida que Esquerra Republicana de Cataluña con 870.000 votos tenga 13 escaños en el Congreso mientras que Ciudadanos con 1,6 millones, el doble, tenga sólo 10. Otros ejemplos son la necesidad de una educación crítica nacional y común, unos servicios y prestaciones sociales comunes sin privilegios para algunas regiones como ahora. Más ejemplos, la justicia independiente de los partidos y una lucha implacable contra la corrupción, la consideración del agua y otros recursos como dignos de planes nacionales, la no duplicación de las instancias administrativas según el principio de subsidiariedad, la denuncia de la impunidad de la mentira en los ámbitos políticos y judiciales… En fin. No se trata de cambiar la Constitución sino de impedir su deriva encubierta hacia la inconstitucionalidad. Si hubiese que cambiar cosas, siempre habrá que conseguirlo de la ley a la ley, con respeto al marco vigente.

Llevo días pensando por qué los grandes líderes con autoridad moral, residente en su ejemplaridad y su equilibrio intelectual y moral, no toman la iniciativa necesaria. Yo sólo soy un gacetillero del Sur y carezco de la potencia necesaria para impulsar algo tan grande. Observo que hay muchas fundaciones, agrupaciones, asociaciones y grupos que tienen una percepción parecida de lo que está a punto de ocurrir en España. Pero no hay coordinación reticular, en forma de red nacional de resistencia sin exclusiones ni cordones sectarios, desde el liberalismo conservador a la socialdemocracia nacional e incluso al libertarismo moderado.

En la Casa de Extremadura de Sevilla, tras un homenaje a Ortega, Agapito Maestre y Rafael Quirós, entre otros, imaginamos y deseamos un proceso que comprendiera tres pasos:

– Un grupo de españoles con autoridad moral, que no política, convoca un acto en el Teatro de la Comedia de Madrid transmisible mediáticamente a toda España donde se exponga un manifiesto compartido por la resistencia democrática, recordando la "nueva y vieja política" de Ortega en 1914 y actualizando un proyecto democrático en el marco constitucional porque lo que vivimos "no es esto" y necesitamos un proyecto común para la mayoría democrática nacional.

– Se pone en marcha una coordinadora nacional de personas respetables y respetadas mayoritariamente (que pueden ir desde Arcadi Espada y Agapito Maestre a Federico J. Losantos, desde José Luis Corcuera y María San Gil a Paco Vázquez, Nicolás Redondo o Jaime Mayor Oreja, pasando por Albert Rivera, desde Albert Boadella a Félix de Azúa o Amando de Miguel, Serafín Fanjul, Antonio Escohotado y lo dejo aquí, pero hay decenas y decenas de ellos) con el encargo de dar a luz a una red de resistencia democrática nacional a la que podamos sumarnos personas y asociaciones, siempre que su código genético sea civil, y no político, así como constitucional.

– Se convoca, tras el tiempo prudente que se considere, un nuevo acto nacional para concretar la coordinación reticular de la resistencia democrática de España con fundamento en lo esencialmente compartido y su puesta en marcha para la promoción y defensa de la nación democrática que queremos ser y somos e impedir la deriva anticonstitucional.

Si alguna asociación ya existente quiere impulsarlo, bienvenida sea. Si no, hagámoslo posible desde abajo, como surgieron no pocos episodios nacionales. Hay muchos españoles que, más que a la derecha o a la izquierda de nada, estamos frente a métodos y comportamientos que están desmoronando el proyecto cordial de convivencia democrática nacional que creíamos apuntalado por la experiencia histórica y el sentido común. Es un deseo que puede hacerse realidad.

El "plan de hostigamiento" del separatismo contra la Policía: su estrategia para echarla de Cataluña
La presión institucional y las protestas callejeras marcan el rumbo de la campaña, con fijación en la Jefatura Superior de Policía en Barcelona.
Gonzalo Araluce elespanol 16 Diciembre 2019

"¡Fuera las fuerzas de ocupación!". El mantra que se repite en las manifestaciones y protestas independentistas va más allá de un mero eslogan. El plan de presión contra la Policía Nacional en Cataluña se sostiene en dos pilares: la vía institucional y las protestas o actos callejeros. Lo que los propios agentes han denominado un "plan de hostigamiento" que quiere concluir con su expulsión de la región.

La presión contra la Policía Nacional y la Guardia Civil ha vivido una escalada constante desde la celebración del referéndum del 1-O. El Ministerio del Interior, entonces dirigido por Juan Ignacio Zoido, desplegó a cientos de agentes de ambos cuerpos en la llamada operación Copérnico. Las escenas de caceroladas separatistas en las inmediaciones de los hoteles en las que estaban alojados escenificaban la presión contra los agentes.

Desde entonces, los sectores más radicales del independentismo han puesto en el objetivo a los policías nacionales y guardias civiles que están destinados de forma permanente en Cataluña. Además de las manifestaciones a las puertas de dependencias de ambos cuerpos, los agentes han denunciado pintadas en sus domicilios particulares o escenas incómodas para sus hijos en el colegio, entre otras. "Ya no podemos decir cuál es nuestra profesión", lamentan los policías que residen en la región.

Fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL detallan que la sentencia del procés marcó un punto de inflexión en la estrategia independentista. Hasta entonces, sus planes pasaban por mostrar una imagen de cierta normalidad. Tras hacerse pública, la intención es reforzar algunas de sus vías de actuación. Entre ellas, la presión a la Policía Nacional; con especial ahínco en la Jefatura Superior ubicada en la Vía Laietana de Barcelona.

La doble vía
Ya hay actos convocados. Un grupo autodenominado Lliris de Foc, con ciertos paralelismos respecto a Tsunami Democràtic, llama a los radicales a "volver a incendiar" las calles de Cataluña. Y en el calendario han fijado una protesta a las puertas de la Jefatura de Policía el 25 de diciembre, coincidiendo con la celebración de Navidad.

La fecha no es casual. Consideran que en un día tan señalado lograrán un mayor desgaste entre los agentes. También que habrá una menor presión policial sobre ellos por ser una jornada festiva.

Las mismas fuentes policiales consideran que Lliris de Foc puede ser una escisión de Tsunami disconforme con el rumbo que está tomando la dirección por considerarlo demasiado "débil": "La independencia no se negocia", señala el nuevo grupo en referencia al eslogan Sit and talk.

Además de estos dos grupos, los investigadores no pierden de vista a los tradicionales CDR o Arran. Consideran que antes o después realizarán acciones de presión contra la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Junto a esta estrategia callejera, los agentes lamentan el "abandono institucional". Como ejemplo, señalan la moción aprobada en el Ayuntamiento de Barcelona para sacar a la Policía de la Vía Laietana. Un texto lanzado por los independentistas y que contó con el apoyo del PSC.

Como adelantó este diario, la moción soliviantó a los policías. Consideraban que se trataba de un gesto político en un contexto de negociaciones de Gobierno con los independentistas. "Nos usan como moneda de cambio", lamentaban.

El ejemplo del País Vasco
"La situación es insostenible para muchos compañeros", detalla Pablo Pérez, representante del sindicato policial Jupol, en conversación con EL ESPAÑOL. Considera que en Cataluña se vive un "doble juego" y pone como ejemplo el dispositivo de seguridad que se desplegará en torno al Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid: "Dicen que no nos quieren aquí, pero ese día necesitan que prestemos apoyo; los hechos hablan por sí mismos".

Desde el sindicato aseveran que una de las medidas para aliviar la situación que viven los agentes pasa por igualar los derechos de los agentes en Cataluña con los del País Vasco: "Por el acoso que viven ellos mismos y sus familiares". Un asunto que abordaron en la última comisión de personal celebrada en el Consejo de la Policía.

Por eso, desde Jupol reclaman "un apoyo institucional y efectivo". Piden a "los políticos y al Ministerio del Interior" que den un "paso adelante" en defensa de la Policía Nacional en Cataluña. También que en el próximo concurso general de méritos de la Policía se plantee un "aumento de efectivos policiales" en la región.

'Italianizar España': manual de resistencia de los empresarios frente a Sánchez-Iglesias
España se convierte en Italia, lo está haciendo con un sistema multipartidista que solo genera inestabilidad y desconfianza y que también comienza a hacer mella en la economía
Nacho Cardero elconfidencial 16 Diciembre 2019

La frase circula por internet. “Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido”. Se la atribuyen a Otto von Bismarck, pero no parece que lo sea. Tampoco importa.

La frase se ha convertido en un clásico de las redes sociales y sirve de termómetro para medir el grado de hartazgo, o habría que decir resignación, de la sociedad española ante su clase política. A tenor de la frecuencia con que ha aparecido en las últimas semanas en Facebook, el grado de cabreo se encuentra en máximos. No es para menos.

Es la maldición bíblica, la España invertebrada de la que hablaba Ortega, el eterno 'déjà vu', la parálisis por el análisis. Comienza la semana (otra más) como desde hace años: con la opinión pública rezongando de la actualidad por los diálogos estériles, rondas de negociación que no llevan a ningún lado, un país bloqueado institucionalmente, Puigdemont como ‘trending topic’ y un Pedro Sánchez tratando de blanquear lo que resulta imblanqueable.

El hecho de que los hoy inquilinos de Lledoners y otrora miembros del Govern insurreccional catalán estén marcando el devenir de la política española y se erijan en presumibles socios del PSOE para la formación del Gobierno, después de haber sido demonizados hasta el extremo por el presidente en funciones, no deja de ser, como bien apuntaba Ignacio Varela en este diario, una auténtica marcianada. La cosa no puede acabar bien. Y no lo hará.

El cansancio es evidente y la desafección de la sociedad civil respecto a la clase política, así como su progresivo desapego, resulta cada vez más patente. De tantas veces repetidas, los ciudadanos empiezan a darse el gusto de ‘pasar olímpicamente’ y hacer oídos sordos a las palabras hueras que escuchan de boca de sus dirigentes.

España se italianiza. Lo está haciendo con un sistema multipartidista que solo genera inestabilidad y desconfianza y que también comienza a hacer mella en la economía. El multipartidismo obliga a practicar una cultura del pacto que en Italia es excesiva y que en España resulta precaria. Como ironizaba Felipe González, “nos hemos ido hacia un Parlamento italiano, pero sin italianos que lo gestionen”.

Por un lado, la clase política y, por el otro, la sociedad civil y emprendedora. Visto lo visto, cuanto más lejos los primeros de los segundos, mejor. Esa es, al menos, la opinión que se está asentando en el magín de los empresarios.

Como dice otra firma de este periódico, Carlos Sánchez, frente a la demagogia y la desgobernabilidad, los españoles siguen poniendo el despertador a las seis de la mañana, levantan las persianas de sus negocios con los ecos de la desaceleración en sus oídos y hacen que el país funcione. Y lo hacen ajenos a la política. Así de simple. La España que madruga.

El nuestro es un país emprendedor. No hay mejor anécdota para probar tal aseveración que la efeméride de la nao Victoria partiendo de Andalucía hace ahora 500 años, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, para dar la vuelta al mundo. “Se trató de un hito histórico gestado vía iniciativa público-privada, financiación variada y apalancamiento en mejoras de tecnología naval acaecidas en décadas anteriores, un gran número de ellas ligadas a esfuerzos militares”, señalaba recientemente Arcano en un informe sobre emprendimiento.

En dicho informe (‘España, ¿una nación emprendedora?’), se hace una radiografía de la situación del emprendimiento y la innovación en nuestro país, que muestra claroscuros, pero que “no es un paisaje desolador, como muchos clichés insinúan; de hecho, se están creando ecosistemas con enorme potencial (Barcelona y Madrid, sobre todo, o Málaga y Valencia)”. Lo dicho: la España que madruga.

Madrid cuenta en la actualidad con 1.235 'startups', 111.800 programadores y un perfil de emprendedor sin complejos y más abierto que la media nacional a asumir riesgos. Según EY, es la cuarta ciudad europea por potencial tecnológico. Aun así, los inversores suelen decantarse por Barcelona. De los 2.000 millones invertidos en los últimos años, 926 millones han ido a Barcelona frente a los 677 millones de Madrid. El brillo de la 'marca Barcelona' entre profesionales extranjeros del sector tecnológico es todo un imán de atracción de talento.

Con todo y con eso, España arrastra el mismo pecado original que Europa a la hora de emprender. A saber: su incapacidad para crear gigantes tecnológicos y competir globalmente. Apenas hay unicornios —'startups' tecnológicas que ya reciben valoraciones superiores a 1.000 millones de dólares— con el sello de la Unión Europea.

De los 346 que existen actualmente, EEUU tiene 172; China, 91; el Reino Unido, 17; India, 16, y Alemania y Corea, ocho. España solo cuenta con uno, Cabify.

Aunque el dato de nuestro país pueda parecer pobre, que lo es, más triste resulta comprobar cómo desde las distintas administraciones se ha tratado de regular para poner palos en las ruedas de los coches de esta exitosa tecnológica española y acabar con la seguridad jurídica que permitió su despegue. Es la aversión al cambio (y la dependencia del voto cautivo) de nuestra clase política.

Ya no se trata tanto de la matraca de la gobernabilidad de España y del 'procés' catalán como de que nuestros líderes dejen de intervenir torticeramente en nuestro sistema empresarial, que funciona de manera automática sin que nadie le tenga que reconvenir.

La cuestión no es que España se haya italianizado. Eso lo damos por asumido. La cuestión es que la cosa no vaya a peor. Y con un PSOE hilvanando un ‘hiperfrankenstein’ y Podemos en el Gobierno, hay razones más que de sobra para que los empresarios se echen a temblar.

Independentismo catalán
La Cataluña vaciada: el TSJC prorroga a los jueces de pueblos de Lérida por falta de candidatos
La bolsa de jueces sustitutos de la provincia de Lérida está vacía desde el pasado mes de octubre.
María Jamardo okdiario 16 Diciembre 2019

La política está provocando una situación crítica para los profesionales de la Justicia en Cataluña, hasta tal punto que el presidente del Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC), José María Barrientos, se ha visto obligado a prorrogar en su cargo a varios magistrados leridanos sustitutos, ante la ausencia de candidatos para cubrir, en propiedad, las plazas de algunos partidos judiciales.

El pasado mes de octubre, la Sala de Gobierno del TSJC acordaba el nombramiento urgente de dos jueces de Lérida para atender los juzgados de Tremp y el número 2 de Balaguer. Ambas localidades perdían en dicha fecha a los titulares de las plazas y el órgano judicial se encontraba con que la bolsa de jueces sustitutos de la provincia está vacía.

Dos meses después, el presidente del TSJC confirma a los magistrados designados en dichas plazas y les renueva en régimen de "comisión de servicio sin relevación de funciones", por tiempo indefinido, para garantizar la prestación de los servicios de Justicia y el ejercicio de su derecho fundamental de defensa a los ciudadanos que viven en los partidos judiciales afectados.

Jesús María Barrientos se lamentaba entonces de las dificultades con las que se encuentran en el Poder Judicial para cubrir plazas vacantes en Cataluña que se ven obligados a atender "por la vía de la prórroga de jurisdicción".

Inédito
La situación es inédita. Nunca antes se habían encontrado en el TSJC, al menos desde que Barrientos es presidente del mismo, con una bolsa de jueces sustitutos completamente vacía. Y ello se debe a dos motivos fundamentales: Cataluña genera muchos menos jueces de los que necesita y aquellos de los que dispone piden su traslado a otros destinos en cuanto su antigüedad y requisitos se lo permiten.

El contexto político no queda al margen en el segundo caso. En los últimos meses las cifras oficiales han confirmado el éxodo exponencial de magistrados, los jueces abandonan Cataluña por la presión a la que se ven sometidos no sólo desde los círculos más radicales del independentismo, sino desde las propias instituciones.

Tal es así que los portavoces de las principales asociaciones de magistrados en la comunidad autónoma llevan tiempo denunciando que desde la Generalitat de Torra se les ataca y falta al respeto.

Los Fiscales
También los fiscales se suman a las peticiones para salir de Cataluña, en el caso de los representantes del Ministerio Público por el "insoportable acoso" del separatismo. El pasado mes de noviembre un total de 12 fiscales solicitaban formalmente su traslado fuera de la comunidad autónoma en manos de Torra, con destino Alicante, Valencia o Murcia. Las plazas serán asignadas a los solicitantes a medida que se produzcan las vacantes.

Desde que, a finales de 2017, se iniciase la recta final del golpe separatista en Cataluña, jueces, magistrados y fiscales, han incrementado sus peticiones de salida. Un total de 47 jueces en poco menos de un año.

La cifra ha sido proporcionada por la Asociación Profesional de la Magistratura en su último informe. Un documento que recoge, además, cómo, en el mismo período de tiempo, sólo cuatro jueces se han incorporado a diferentes plazas judiciales en Cataluña.
 


Recortes de Prensa   Página Inicial