AGLI Recortes de Prensa   Martes 17  Diciembre  2019

El Pacto de la Vaselina: un todo o nada que elevará a Sánchez o hundirá al PSOE
Antonio Martín Beaumont esdiario 17 Diciembre 2019

Sánchez hipoteca la supervivencia futura del PSOE a una investidura personal abrazado al separatismo. Es un órdago de consecuencias imprevisibles para España y para él mismo.

Pocos escrúpulos muestra Pedro Sánchez. Su guardia de corps maquilla cualquier cosa tildándola de “capacidad de adaptación a la realidad”. O elogia su “mirada de alcance”. En realidad, las maniobras del líder del PSOE muestran una sinuosa concepción del servicio público, la cual moldea según sus necesidades para soldarse al poder. De palabra y de obra.

Sus movimientos ya han desembocado -con total secretismo- en “Pedralbes”, es decir, en la sumisión a las exigencias independentistas. Los gestos presidenciales en este sentido son múltiples. En su entorno reina el convencimiento de que “cuanto antes se pase el trago, mejor será”.

Entrecomillo lo que una de las personas de confianza de Sánchez me llegó a trasladar días atrás: “ERC quiere pactar y tiene su precio. Nos moveremos lo que haga falta”. También para sumar a JxCat a las conversaciones.

A ojos de Sánchez, eso es hacer política. Lograr los objetivos como sea. Que los efectos no contemplen el interés general y se lleven por delante la cohesión nacional es otro cantar... que se solventará -como viene haciendo desde que accedió a la presidencia- limitando las preguntas en sus comparecencias. Con ese simplismo busca camuflar sus cesiones.

El as de Sánchez: así es el referéndum que está dispuesto a regalarle a ERC

La Moncloa está empeñada en desplegar una agenda cargada de hiperactividad del presidente. Es en este contexto en el que se entienden las reuniones con Pablo Casado e Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados, o la ronda de llamadas a los presidentes autonómicos como ardid para recuperar la interlocución con Quim Torra.

Cualquier cosa sirve con tal de aparentar ser el campeón del diálogo, trasladando a su vez la imagen de que busca implicar a todos los actores políticos e institucionales en la gobernabilidad. Así quiere Sánchez ser mostrado ante la opinión pública en su supermercado de la comunicación.

Sin embargo, muchos socialistas consideran (siempre en modo off) que su paso por La Moncloa va a tener un efecto devastador para el histórico PSOE y su vacilante “E” de España. Ahí es donde encaja el pánico de un puñado de barones (notoriamente el castellano-manchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán) ante el descrito internamente como “Pacto de la Vaselina”.

Pero el sanchismo no alberga dudas: “Si Emiliano está pensando de nuevo en la debilidad de Pedro para hacerse un nombre fuera de su territorio, ya salió una vez bastante escaldado”, avisan. Sánchez, tan impregnado del discurso “plurinacional” del PSC de Miquel Iceta, va a refugiarse en el escapismo de la etiqueta "progresista” de su Gobierno para así sobrevolar las principales amenazas: inestabilidad, populismo y sedición.

¿Y la oposición? ¿Qué ocurre con el centro-derecha? Parece estacionado en un cruce de caminos. De lo que decida dependerá si acelera su marcha hacia el poder o se queda deslumbrado por lo que pudo ser y no fue.

¿Y el PP?
El PP se encuentra en la encrucijada de tirarse al monte e instalar allí sus cuarteles de invierno hipnotizado por la música de Vox, o seguir reciclándose y, aprendiendo de la evaporación de Cs, reconvierte como atractivas y modernas unas siglas que esperan los españoles a quienes les rechinan los mensajes conservadores expresados de forma catastrofista.

Casado todavía debe resolver ese nudo gordiano que le entretiene. El conflicto interno que le plantea su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, es elocuente al respecto, aunque parezca decidido a mantenerla en su cargo. Nadie discute que sea una elegante trovadora. Pero su sempiterno frentismo ancla a los populares en el “no” sistemático y sirve a Pedro Sánchez el arma de la polarización ideológica para amarrar su legislatura.

Más deuda y desempleo, mal pronóstico
Editorial larazon 17 Diciembre 2019

Las previsiones del Banco de España sobre la evolución de la economía nacional se sostienen, por expresarlo de manera sencilla, sobre un imponderable: que el «tono» económico se mantenga en los niveles actuales y los ingresos fiscales sean capaces de absorber el mayor gasto de unas pensiones que, según el programa político pactado entre el PSOE y Podemos, van a indexarse al IPC. Y todo ello, por supuesto, suponiendo que la prevista subida del salario mínimo (SMI) no repercuta negativamente en un mercado laboral que ya presenta peores indicadores, precisamente, en aquellas comunidades donde está más extendido el SMI.

Hasta aquí, la parte optimista, porque, ayer, el Regulador advirtió al Ejecutivo en funciones de que no iba a ser posible cerrar 2019 con la prevista reducción del déficit público hasta el 2 por ciento –se quedará en el 2,5 por ciento–, con lo que puede darse por perdido el ejercicio a efectos del saneamiento de las cuentas del Estado. Tras los grandes esfuerzos de estos últimos años, en los que el Gobierno popular consiguió rebajar el déficit desde el 10,5 por ciento del PIB de 2012 al 2,5 por ciento de 2018, nos hallamos ante un frenazo en la tendencia de reequilibrio que no augura nada bueno. Contrasta significativamente esta relajación del Gabinete de Pedro Sánchez, que lleva en el poder desde junio de 2018, con el extremado celo con que se trata a la actual Junta de Andalucía, a la que se imputa el desvío presupuestario de una décima en el que incurrió el anterior Gobierno autonómico socialista, mientras se buscan nuevas concesiones y mayores plazos de la Comisión Europea para seguir incrementando una deuda pública monstruosa, el 96 por ciento del PIB, que, sólo en el pago de intereses, supone un gasto de 24.000 millones de euros anuales.

Por lo tanto, ese celo, que tiene mucho de táctica política intimidatoria, debería también aplicarse al cumplimiento de nuestros compromisos con Bruselas, no sólo porque nos debemos al pacto de Estabilidad, sino porque la reducción de la deuda del Estado es una de las prioridades económicas que señalan todos los organismos internacionales. Con todo, lo que más preocupa del informe de previsiones del Banco de España, que prevén una corrección gradual del déficit público hasta 2022, es que se basan, como ya hemos señalado, en que se mantengan los efectos favorables del presente ciclo económico, condición que nadie está en situación de garantizar, y en el que incide notablemente la evolución del consumo interno, incluso, por encima del balance exportador.

Pues bien, sobre este escenario, no exento de riesgos, como demuestra que los hogares españoles sigan incrementando su tasa de ahorro –síntoma de desconfianza en el futuro–, la caída del mercado de crédito y la desaceleración significativa de la recaudación del impuesto de sociedades, pretende operar el gobierno de coalición social-comunista con unas fórmulas, incremento del gasto público y mayor presión fiscal sobre los sectores productivos, que siempre conducen al mismo punto: la pérdida de la competitividad y, con ella, la destrucción del empleo, que, como decimos, en estos momentos ya crece tres décimas por debajo del PIB, según los mismos datos del Regulador.

Porque el programa del próximo Gobierno de Pedro Sánchez, si es que consigue ser investido, sólo significa mayor gasto público y mayor presión fiscal sobre las empresas y la clase media trabajadora, sin que la mayor carga impositiva presuponga un incremento suficiente de los ingresos del Estado. La situación económica de España aconsejaba aprovechar la época de bonanza para reducir el déficit público y la abultada deuda, algo perfectamente factible. Bajo la actual inestabilidad política, ese propósito suena a ciencia ficción.

El incumplimiento de Montero con el que ataca a Andalucía
José María Rotellar okdiario 17 Diciembre 2019

El ministerio de Hacienda ha enviado una carta a la Junta de Andalucía en la que le exige una serie de recortes y ajustes fiscales si quiere volver a emitir plenamente en los mercados financieros. Esos ajustes se basan en los incumplimientos de Andalucía de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto correspondientes al año 2018, año en el que gobernaba todavía el PSOE y en el que la consejera de Hacienda era, hasta junio, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por tanto, en primer lugar, lo que cabe destacar es que Montero censura a Montero. No es la primera vez, pues ya como ministra advirtió a la Junta de Andalucía del incumplimiento de la regla de gasto para 2017, cuando ese año había sido ella la consejera.

Ahora bien, lo más relevante es la emisión de dicha carta por una cuestión que es realmente menor en estos momentos: no se trata de una denegación de un PEF ni de un incumplimiento o riesgo de incumplimiento actual, sino de que administrativamente Andalucía no cumple con todos los requisitos establecidos para que puedan volver a autorizarle emitir en los mercados financieros. La elección del momento del envío de la carta, de quién la remite y del motivo parece buscar el envío de una señal a todas las regiones, especialmente a las que están bajando impuestos. De esta forma, esa carta viene a decir que aunque se trate de un asunto menor en estos momentos, al ser receptivos los mercados al retorno de Andalucía a ellos, Hacienda va a aplicar la interpretación más dura que permita la norma. Detrás de esos ajustes puede esconderse el obligar a Andalucía a revertir sus bajadas de impuestos. Es una señal que no se acabará en Andalucía, sino que el objetivo es, posiblemente, lanzar una advertencia a la región más importante de España, Madrid.

El Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y EELL y otras de carácter económico incorporó una trampa tremenda en su artículo 15.3, pues enviaría inmediatamente al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a quienes estuviesen adheridos al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y hubiesen incumplido los objetivos de estabilidad, regla de gasto o período medio de pago a los proveedores. Ese traspaso se produciría de forma automática, mientras que quienes no estuviesen ni en el FFF ni en el FLA, aunque incumpliesen, no podrían ser llevados directamente al FLA, no tan automáticament. Ese artículo, en su día, destilaba por todos sus poros el nombre y apellidos de un destinatario, la Comunidad de Madrid, pues la región madrileña emitía en los mercados y se resistía a entrar en el FLA o en el FFF, que era lo que deseaba el Gobierno. Bajo la apariencia de FLA bueno, al que llamaron FFF, se escondía la trampa de llevar a la región al FLA inmediatamente si se adhería al FFF, ya que la negativa entonces del Gobierno a aprobarle la financiación de la parte de déficit excesivo de 2011 que le quedaba por enjugar, podía llevarle a incumplir el período medio de pago a proveedores, cosa que, en cualquier caso, no sucedió por el buen desempeño de Madrid.

Madrid lo vio claro y no se adhirió por dos razones: la primera, porque se financiaba en los mercados de manera brillante, mejor que en el FLA o en el FFF; la segunda, porque se dio cuenta de esa trampa, cosa que otras muchas regiones no vieron.

¿Qué le sucede ahora a Andalucía? Que el gobierno actual está pagando por la mala gestión de quien ahora le pide ajustes: Montero. Ella y su antecesora no dudaron en pedir auxilio al FLA, y ahora, con los incumplimientos de aquella época, censuran a los actuales gestores que están intentando devolver a Andalucía a la normalidad de los mercados y empezar a cumplir el déficit, con una buena gestión en la región andaluza.

No parece sensato interpretar en el extremo la norma cuando la nueva administración andaluza está enderezando el rumbo que se encontró, como tampoco es coherente que quienes quieren sancionar a Andalucía sean quienes incumplieron los objetivos que ahora esgrimen para intervenirla. Si el Gobierno central de entonces hubiese aplicado no ya ese RDL en su interpretación más dura, sino la Ley de Estabilidad y no de la manera más extrema, habría tenido que intervenir a la Junta de Andalucía del gobierno socialista de entonces, cosa que no hizo, pero parece que la flexibilidad que pedían ellos entonces, cuando llegaron a suplicar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que les aprobasen un PEF que estaba muy justito para su cumplimiento, y que se les aprobó, ahora lo devuelven con toda la dureza que la norma permita.

La indecente, injustificada y sectaria intervención de Andalucía desde Moncloa
EDITORIAL ESdiario  17 Diciembre 2019

Sánchez se sirve de nuevo de la ley para utilizarla a su antojo contra una Comunidad que ve la luz tras casi cuarenta años de nepotismo y corrupción socialista.

Andalucía ha mejorado todas sus variables económicas, algunas de manera espectacular, desde que el popular Juanma Moreno llegara a la presidencia. Y lo ha hecho en un entorno hostil por la herencia recibida, ruinosa y plagada de escándalos; la incipiente crisis española y la sonrojante presión hacia su Gobierno.

Además, la salida del PSOE de San Telmo ha venido aparejada de una tremenda sentencia por los EREs que demuestra hasta qué punto el régimen clientelar creado por los socialistas con dinero público existió y explica sus reiteradas victorias pese a su desastrosa gestión.

Un escándalo, por cierto, que pone en cuarentena al conjunto del PSOE, que ha obtenido desde 1978 en torno al 20% de sus votos nacionales en una región mastodóntica donde acudía a las urnas dopado.

Es en ese contexto donde hay que ubicar la inaceptable intervención de las cuentas andaluzas desde un Ministerio, el de Hacienda, dirigido por la responsable de las cuentas andaluzas hasta el año pasado: roza la desfachatez, cuando no la supera, que la ministra María Jesús Montero decrete una medida unilateral tan traumática contra una gestión que, en realidad, es suya.

Es una medida política destinada por Moncloa a intentar dañar al Gobierno de Moreno aunque en el viaje perjudique a los andaluces

Porque el déficit andaluz es un legado de Susana Díaz, de José Antonio Griñán, de Manuel Chaves y, en resumen, de todos los gobiernos socialistas que durante décadas han colocado a Andalucía en el furgón de cola en renta, desempleo o fracaso escolar. Magnitudes que miden la calidad de vida de los ciudadanos y que, como era de prever, han mejorado con el cambio y la llegada de Moreno.

De la arbitrariedad de la intervención da cuenta la impunidad con que otra Comunidad como la valenciana, dirigida por el socialista Ximo Puig, triplica ese déficit sin que Hacienda intervenga. O que Cataluña y Baleares lo iguales sin problema alguno.

Es una medida política, pues, destinada por Moncloa a intentar dañar al Gobierno del PP y de Cs aunque en el viaje perjudique a los andaluces a los que se iba a bajar los impuestos y, sin embargo, a mejorar servicios esenciales como la Sanidad o la Educación.

Que un presidente en funciones ejecute venganzas tan soeces e injustificables da cuenta de cómo entiende el manejo del poder Pedro Sánchez, como una mera herramienta a su servicio, destinada a prolongar su permanencia y a dañar con juego sucio a sus rivales. Y revela cómo será si consigue la investidura en unas condiciones más estables y con unos socios igual de sectarios. Para llevarse las manos a la cabeza.

Ataque a los andaluces
Pablo Planas larazon 17 Diciembre 2019

En su abyección, Sánchez combinara la contemplación de la destrucción de España en Cataluña con el aniquilamiento de las finanzas y la autonomía de Andalucía

Entre las virtudes que asisten a Pedro Sánchez no consta que sea fiel a la palabra dada o que se trate de un tipo de fiar, sincero y sin dobleces. No destaca precisamente el presidente en funciones por su coherencia, sensatez o apego a la verdad. Si está donde está es porque con más malas que buenas artes arrasó a sus muchos enemigos en el PSOE, segó rivales a la altura de la cabeza, aguantó toda clase de puñaladas y las asestó en mayor número, más hondas, con más fuerza y fiereza, sin contemplaciones éticas o morales. Sánchez es un killer, alguien a quien más vale no dar la espalda, un político sin escrúpulos, sin principios y sin más ideología que la descarnada ostentación del poder entendido como una mezcla de manejo del BOE y uso del avión presidencial para actos privados.

Nada hace presagiar que Sánchez no vaya a hacer todo aquello que sea necesario para conservar el poder y específicamente lo que menos convenga a la sociedad, al bien común y a España. No arroja su figura ni su entorno ningún detalle que anime al optimismo. Sánchez pactará con los separatistas y echará la culpa a la derecha y a Ciudadanos de sus cesiones y concesiones a los populistas de la extrema izquierda y a los nacionalistas de la peor ralea en Cataluña y el País Vasco. Se trata del "lo que haga falta" de Miquel Iceta, el líder socialista catalán que señala el camino, España como saldo a subasta entre taifas a mayor gloria de las historias inventadas de la región catalana y las provincias vascongadas, el disparate como política de Estado.

Lo que tampoco era previsible es que en su abyección Sánchez combinara la contemplación de la destrucción de España en Cataluña con el aniquilamiento de las finanzas y la autonomía de Andalucía, sucia, artera y navajera maniobra perpetrada por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, quien sabe de qué va la vaina porque fue ella la que dejó el marrón de unas cuentas infectas en su desempeño como consejera del mismo ramo tributario en la Junta de Andalucía. No se puede tener más cara ni comportarse con mayor desahogo en un ataque contra el sistema autonómico en general y los andaluces en particular sin precedentes. Será que Andalucía no es una de las naciones que distingue Iceta.

En síntesis: el Gobierno socialista impide a la Junta financiarse en los mercados y acometer sus política de inversiones y reducción de impuestos con la excusa de que los Presupuestos de 2018 incumplían los objetivos de estabilidad, deuda pública y gasto. Y es cierto, incumplían esos objetivos, como también es cierto que esos presupuestos los hizo María Jesús Montero y los ejecutó en su integridad el Gobierno autonómico socialista de Susana Díaz. Y ahora va el Gobierno de Pedro Sánchez y le casca a la Junta el viaje que le debería meter día sí y día también a la Generalidad por deslealtad institucional y mamoneo financiero para la erradicación del español en las aulas, la difusión del odio a España en los medios públicos y la extensión de la diplomacia catalana con la apertura de embajadas separatistas alrededor del mundo.

No parece que la cosa vaya a mejorar a corto plazo, entre otras razones porque el presidente del PP, Pablo Casado, está muy ocupado en no quitar plano a Mariano Rajoy, mucho más activo en la venta de su libro de lo que fuera en su pasado desempeño como presidente del Gobierno.

Sánchez y Montero se vengan de los andaluces por sacudirse el yugo socialista
EDITORIAL larazon 17 Diciembre 2019

Pocas veces se ha visto un caso más grosero y pernicioso de utilización de la Administración con fines partidistas que el de la intervención de la Junta de Andalucía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

De manera tan sorpresiva como alevosa, el Gobierno ha comunicado al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla que no le permitirá adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica, lo que implica de facto la intervención de las cuentas andaluzas y crea un obstáculo formidable para que la Junta encuentre en los mercados fuentes asequibles de financiación.

El escándalo es todavía mayor si se tiene en cuenta que se está penando a un Gobierno andaluz forzado a asumir el deficiente Presupuesto regional de 2018, pergeñado por una impresentable María Jesús Montero que vio premiada su sectaria incompetencia con la cartera de Hacienda en el Gabinete del propio Pedro Sánchez.

Con indignante desfachatez, el Gobierno aduce un desfase del déficit de la Junta de una décima, del 0,4% previsto al 0,5% con que finalmente cerró el ejercicio. El caso es que otras comunidades superaron ampliamente ese límite, sin que Sánchez haya movido un dedo al respecto. Es el caso, por ejemplo, de la socialista Valencia, cuyo 1,4% triplica lo previsto en el Programa de Estabilidad; pero Sánchez y Montero no tienen nada que decir al respecto...

Como denuncia el consejero de Hacienda de la Junta, Sánchez utiliza la maquinaria de la Administración del Estado para castigar a los andaluces por no votar al corrupto y corruptor PSOE de Montero y sus semejantes, cuyo régimen de cuatro décadas ha sido una auténtica lacra para Andalucía.

Este infame castigo colectivo a los andaluces es de una gravedad extrema y debe hacer saltar todas las alarmas: el Gobierno de Sánchez y Montero se comporta de manera rabiosamente antidemocrática, muy en línea con los populismos hispanoamericanos (peronista, chavista) que fascinan a su socio de referencia, el ultra Pablo Iglesias.

El ansia cruda del PSC
Juan Carlos Girauta ABC 17 Diciembre 2019

Lo interesante del congreso del PSC fue la primicia sobre lo que se va a tragar el PSOE, con el morbo que eso despierta. Aun así, que tal evento le importe a alguien refuerza la escalofriante doctrina de que nada es imposible. Son los festivales de unos nacionalistas embozados que se les colaron a Felipe y a Guerra y que ahora fabrican el ideario territorial del socialismo todo. Lo resumo: España contiene ocho o nueve naciones, pero Cataluña es un solo pueblo. Traga.

Comprendo que la Constitución les incomode: no solo trata como un solo pueblo al español, sino que encima lo tiene por sujeto único de soberanía. Por lo demás, la extrema sensibilidad del PSC ante la diversidad cultural y lingüística no se activa dentro de Cataluña. Desvían la mirada hacia Aragón, y sí; la vuelven a centrar en Cataluña, y no. Ahí hay algo raro, una célula fotoeléctrica o un identificador de la cara, a lo iPhone. No sé.

Algunos presidentes autonómicos del PSOE sufren al PSC como una experiencia penetrante y dorsal. Así García-Page, a quien se le reprocha lo explícito de su símil, cuando lo que hay que preguntarse es por qué hombre tan prudente menciona la alarmante vaselina.

Todavía hay pesados que esgrimen «el encaje de Cataluña en España», majadería de la época dequeísta del diario de la burguesía catalana, un segmento social muy cuco que se hace el muerto. Si creyera en la buena fe de los pesados, les respondería que Cataluña está tan encajada en España como el mármol del vientre en el David de Miguel Ángel. Y que aquí la duda era si el nacionalismo catalán encajaba en la democracia. Y que esa duda ya se ha despejado: no.

Como a Sánchez lo tiene agarrado ERC por la investidura, los icetas le ofrecen una solución claudicante: violentar, retorcer, descoyuntar la Constitución hasta que se adapte a los dogmas del nacionalismo, lecho de Procusto. Dirá el cándido que los socialistas catalanes y, arrastrado por ellos, el sanchismo, sencillamente se equivocan al creer que se puede apaciguar a una bola de derribo que avanza contra el Estado democrático de Derecho a base de dar la razón a los golpistas, encauzar sus graves delitos como pecadillos, insistir en que todo el problema lo originó el recurso al Estatuto de Maragall y seguir cediendo la construcción del imaginario a TV3.

Pero a poco que uno se sacuda tanta ingenuidad -que empieza a ser imperdonable- advertirá la crudeza del ansia, el hambre canina de poder que el PSC solo puede satisfacer volviendo a gobernar Cataluña de la mano del partido de Junqueras y la franquicia de Iglesias. Aquí se han juntado dos voluntades de poder más parecidas a las caricaturas políticas de José Mota que a Nietzsche: la de Sánchez y la de Iceta. Y, en su estela, la de unos miles de apparátchiki cuyo coste de oportunidad es igual a cero: el poder o la nada. Visto así, es normal que Sánchez lo fíe todo a los profesionales de la ciega dentellada.

¿No hay diez justos en el PSOE?
Cayetano González Libertad Digital 17 Diciembre 2019

Con Zapatero empezó todo, que diría el otro. El proceso de demolición de la Transición con su ley de desmemoria histórica; su apoyo al nuevo estatuto de Cataluña, negociado con Artur Mas una tarde de domingo en la Moncloa; su negociación política con ETA; su confesión de que, para él, el concepto de nación es "discutido y discutible" fueron algunas de sus actuaciones, que dejaron muy tocado al régimen constitucional del 78.

Lo que entonces nadie preveía era que unos años después le iba a suceder al frente del PSOE y del Gobierno de España un personaje como Pedro Sánchez, que ahondaría todavía más en la nefasta herencia que dejó el político leonés (aunque nacido en Valladolid). Lo que tampoco nadie o muy pocos preveían era la escasa o nula capacidad de reacción en el seno de un partido que lleva la E de España en sus siglas ante el empeño de su actual líder de pactar el Gobierno de la Nación con quienes tienen como objetivo principal, precisamente, la destrucción de la Nación. Algo insólito en nuestra democracia reciente.

Muy pocas voces se han oído estos días dentro del PSOE criticando esta actitud suicida de Sánchez. Por no hablar de la falta de debate interno. ¿Desde hace cuánto no se reúne el Comité Federal, que en teoría sigue siendo el máximo organismo del partido entre Congreso y Congreso? ¿Dónde se debatió el pacto PSOE-Podemos que firmaron Sánchez e Iglesias cuando no habían transcurrido ni cuarenta y ocho horas desde la celebración de las últimas elecciones?

Entre esas escasísimas voces críticas está la del presidente de Castilla-La Mancha: "Cuando se habla de España, decidimos todos los españoles", ha dicho García Page. Y tiene toda la razón. Ningún presidente del Gobierno puede negociar el futuro de una parte de España a espaldas de la voluntad popular, es decir, sin respetar la soberanía nacional, que, como la Constitución dice taxativamente en su artículo 1.2, reside en el pueblo español.

Ya puede Sánchez jurar y perjurar que él nunca cederá a las pretensiones independentistas de los de ERC y de los de Juntos por Cataluña. Aparte de que el valor de su palabra quedó muy devaluado hace ya tiempo, entonces ¿por qué negocia con ellos?, ¿para qué busca su apoyo, ¿qué les va a dar a cambio; ¿por qué habla de "seguridad jurídica" y no de la Constitución?; ¿por qué califica de "conflicto político" lo que en realidad es un intento unilateral de unos partidos independentistas catalanes de separarse del resto de España?

Produce gran inquietud que, ante esta deriva del líder del PSOE, no haya dentro de su partido una reacción y una oposición mucho más contundentes. No basta con que Felipe González muestre su sorpresa ante el hecho de que antes se negocien los sillones que el programa de gobierno; no es suficiente con que Rodríguez Ibarra anuncie que se dará de baja del partido si Sánchez es presidente gracias a Podemos y ERC. Es muy llamativo que sólo dos barones regionales –García Page y Lambán– hayan mostrado su desacuerdo con los planes del candidato socialista, y resulta clamoroso el silencio de la otrora lideresa andaluza Susana Díaz.

Como en el pasaje del Génesis del diálogo entre Jehová y Abraham sobre la intención del primero de destruir Sodoma, cabe preguntarse: ¿no quedan cincuenta justos en el PSOE capaces de oponerse a los planes de Sánchez y evitar la destrucción de España? Jehová, a instancias de su interlocutor, llegó a aceptar que, si hubiera diez justos en Sodoma, no destruiría la ciudad. En un partido como el PSOE, con todas las sombras que se quieran –casos de corrupción, GAL, etc.–, que ha sido clave en el desarrollo y la consolidación del régimen constitucional del 78, ¿no quedan siquiera diez justos?

Un terrorista en la Universidad del País Vasco
Rosa Díez okdiario 17 Diciembre 2019

El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, José Ramón López de Abetuxco acompañado del abogado de ETA Txema Matanzas impartió una conferencia en el Campus de Vitoria de la UPV. A la entrada de la sala en la que comparecería el terrorista un profesor colocó un cartel, tamaño cuartilla, con esta inscripción manuscrita: "En este campus ETA asesinó a Fernando Buesa y Jorge Díaz". Quienes querían acoger al terrorista no pudieron soportar la constatación de la infamia y rompieron varias veces el cartel; el profesor la volvió a colocar otras tantas veces. Un profesor, un hombre para defender la dignidad…

José Ramón López de Abetxuko es un terrorista que asesinó directa, cobarde y vilmente al comandante Jesús Velasco, del cuerpo de Miñones de Álava, y al también comandante Eugenio Lázaro, jefe de la Policía Municipal de Vitoria. No se ha arrepentido de ninguno de esos crímenes.

Resulta difícil encontrar aberración mayor: un terrorista no arrepentido hablando en una universidad, el día internacional de los derechos humanos, en el campus en el que ETA asesinó a Buesa y Díaz… He leído y escuchado por ahí que el terrorista Abetxuko ya ha cumplido su condena y que ahora es “un ciudadano como los demás”. No. Abetxuko ha cumplido en la cárcel su condena como probado terrorista; pero su vida como delincuente y terrorista no es un ejemplo a seguir por nadie y, por tanto, no tiene ni sentido pedagógico ni justificación democrática que haya hablado en una Universidad. Abetxuko ha cumplido su condena pero eso no le convierte en un hombre justo y mucho menos en un hombre ejemplar.

Abetxuko ha hablado del sufrimiento; pero no habló del sufrimiento para pedir perdón por el daño causado, para renegar de la historia de terror de ETA, para arrepentirse de sus actos y del dolor que la banda terrorista ha provocado a las viudas, hijos, padres, hermanos, viudas… A todas las victimas que él y sus amigos han dejado en el camino.

No; Abetxuko ha hablado del sufrimiento de los que están en la cárcel juzgados y condenados por ser unos criminales sin piedad; habló de los terroristas presos para cumplir el guión de ETA equiparando a las víctimas con los verdugos, equiparando a los inocentes con los asesinos. Todo para seguir el perverso guión que escribió ETA mientras mataba. Habló para seguir extendiendo el veneno de la desmemoria colectiva.. No lo lograron entonces, pero no descartan conseguirlo ahora que han dejado de asesinar porque ya no lo necesitan. Ya no nos matan, ahora nos gobiernan; tampoco la mafia mata cuando la gente paga…

Creo que ante lo que está ocurriendo, ante este ejercicio de relativización de la verdad y de la dignidad las víctimas de ETA, solo cabe resistir. Y repetir, una y mil veces, NO, los terroristas no son iguales que sus víctimas. Todos los verdugos, todos los terroristas, son culpables. Todas las víctimas, todas, son inocentes. Todos los terroristas, todos, son enemigos mortales de la democracia; todas las víctimas, todas, lo son porque fueron nuestros escudos, porque estorbaban a ETA, porque su voz, su dignidad, su propia presencia, hacia imposible el triunfo del terror.

Sé que ahora no se lleva hablar de estas cosas. Que ahora parece que toca pasar página, hablar de perdón, de diálogo, de superación de la historia… Sé que este discurso de radicalismo democrático resulta antipático, porque la mayoría silenciosa es eso, silenciosa; y porque la minoría que manda está negociando el futuro de España con Otegi, el jefe de la banda. Pero mientras yo pueda hablar o publicar en algún lugar seguiré proclamando que es una vergüenza que la sociedad española no reaccione escandalizada ante actos de tanta indignidad como este. Considero un deber seguir denunciando a los tibios, seguir apelando a la conciencia íntima de la buena gente que confunde paz con que le dejen en paz; seguir recordando, alto y claro, que todas las víctimas son inocentes y todos los verdugos/terroristas son culpables.

Considero que es nuestro deber seguir haciendo pedagogía democrática; es nuestro deber recordar que sin gente como Abetxuko o su jefe Otegi ETA no hubiera podido perpetrar los centenares de crímenes que ha cometido; y que sin gente como ellos, predicadores del terror, los miles de exilados vascos seguirían viviendo en su, nuestra, tierra. Considero un deber y es de justicia seguir rindiendo homenaje a todos los hombres y mujeres que con su valor, su sufrimiento, su tesón, su ejemplo y su dignidad impidieron que ETA destruyera la democracia.

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El PSOE castiga a los andaluces
Editorial El Mundo 17 Diciembre 2019

El Ministerio de Hacienda interviene las cuentas de la Junta recurriendo a normas del PP y pese a que el desvío del déficit corresponde a la gestión socialista en Andalucía

La decisión de Hacienda de intervenir las cuentas de Andalucía supone un castigo que Pedro Sánchez propina a PP y Ciudadanos a cuenta de todos los andaluces -en una insólita maniobra de oposición del Gobierno de la nación a otro autonómico- y una amenaza a otras autonomías que, como Madrid o Galicia, hacen bandera del rigor fiscal y las bajadas de impuestos. La alianza de centroderecha ha convertido a la Junta de Andalucía en un modelo de estabilidad, después de ser la primera comunidad en sacar adelante los Presupuestos para 2020 con el objetivo del déficit cero. En este contexto, resulta un ejercicio de hipocresía y de arbitrariedad que Hacienda -recurriendo a normas aprobadas por el Gobierno de Rajoy- niegue a la Administración andaluza la posibilidad de acudir a los mercados a financiarse. Hipócrita, porque se trata de un objetivo no satisfecho por el anterior Gabinete de Susana Díaz. Y arbitrario, porque Sánchez evita formular las mismas exigencias a otras regiones como Cataluña, por cálculo partidista. Máxime teniendo en cuenta que la Ley de Estabilidad Financiera no obliga al Gobierno a adoptar semejante iniciativa.

La carta que Hacienda ha remitido a la consejería del ramo -sin respetar la normalidad institucional al ir firmada por un subordinado de la ministra- exige al Gobierno andaluz un plan de recortes amparándose en el incumplimiento del objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto. Sin embargo, se da la circunstancia que el ministerio que dirige María Jesús Montero utiliza como argumento "el desequilibrio en las cuentas de 2018". Precisamente, las últimas aprobadas por Montero, en su etapa como consejera andaluza de Hacienda, y ejecutadas al 100% por el anterior gobierno del PSOE. Aunque Hacienda niegue que se trata de una intervención, tiene razón Juan Manuel Moreno Bonilla cuando denuncia la discrecionalidad de una iniciativa que responde al deseo de Sánchez de castigar a una autonomía que este año ha consolidado un exitoso proceso de salida al mercado financiero. Y ello pese a la grave situación de tesorería heredada tras décadas de hegemonía del régimen larvado por los socialistas. De hecho, Montero fue la responsable de elaborar los Presupuestos de 2018 y, en el momento de su salida de la Junta, la desviación presupuestaria estaba ya muy cerca del límite fijado.

El varapalo podría provocar recortes en sanidad y educación o la renuncia a rebajas tributarias Resulta cínico que Hacienda acuse a Andalucía de perjudicar al rating de España como emisor mientras pasa por alto la desobediencia fiscal de la Generalitat en plenas negociaciones para la investidura de Sánchez o mientras el Banco de España ha advertido al Gobierno de la desviación del déficit del Estado para este año. Sánchez y Montero instrumentalizan la función fiscalizadora de Hacienda para penalizar la bipartito de PP y Cs. El coste lo pagarán los ciudadanos andaluces.

Bildu engorda el álbum de la vergüenza de Sánchez
OKDIARIO  17 Diciembre 2019

Adriana Lastra recibe hoy a los representantes de Bildu -su portavoz en la Cámara Baja, Mertxe Aizprurua; el portavoz adjunto, Oskar Matute, y su portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta- dentro de la ronda de contactos para la investidura. El PSOE se reúne con los herederos de ETA bajo la coartada de que lo hará con todas las fuerzas parlamentarias, una impostura que trata de esconder que la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa depende del apoyo de los enemigos declarados de la Constitución, un hecho insólito en una democracia parlamentaria.

Bildu es una excrecencia del sistema, pero Pedro Sánchez ha decidido unir su futuro político al de golpistas y proetarras. No ha salido en los últimos días un reproche de boca del presidente en funciones a los enemigos de España, pero sí a las formaciones constitucionalistas, una muestra, trágica pero reveladora, de la siniestra estrategia que está siguiendo el candidato socialista para seguir en el poder. Con la abstención de Bildu, el PSN gobierna en Navarra, laboratorio de pruebas de lo que está por venir y prueba del nueve de la deslealtad del socialismo con España y los españoles.

El encuentro de hoy provoca grima, porque es la expresión misma del proceso de involución democrático que se deriva de la táctica de Pedro Sánchez: arrinconar a las fuerzas constitucionalistas por la vía de la retroalimentación del socialismo, el golpismo y la izquierda comunista, un triángulo mortal para los intereses nacionales. La foto de un dirigente del PSOE con los representantes de Bildu es políticamente obscena, una humillación para las víctimas del terrorismo -entre ellas no pocos socialistas-, traicionadas por la ambición personal de un dirigente capaz de romper con la España constitucional para seguir gobernando.

Es la foto de la vergüenza, una más, dentro de un proceso denigrante. Es la foto que retrata al PSOE de Sánchez, un caso insólito de indecencia política

Investidura Pedro Sánchez
El PSOE se sienta con Bildu: los de Otegi exigen que se amplíe la acusación de «torturas» contra la Policía
El PSOE sondeará este martes a Bildu para la investidura de Pedro Sánchez. Los de Otegi exigen que se amplíen las sospechas por presuntas "torturas" contra la Policía en Navarra
Luz Sela okdiario 17 Diciembre 2019

Pedro Sánchez buscará este martes el apoyo de Bildu para la investidura. El candidato no excluye a la formación de Arnaldo Otegi de su ronda de contactos con los grupos políticos y será Adriana Lastra la que tantee la predisposición de este partido. Bildu resulta ya un actor imprescindible para Sánchez, pues condiciona todo el Gobierno de María Chivite en Navarra, donde su voto es determinante para la acción parlamentaria. En los últimos días, los de Otegi han presionado al Ejecutivo navarro con la persecución a la Policía por presuntos abusos cometidos en la comunidad. Un asunto que la formación proetarra entiende prioritario.

La pasada semana, Bildu registró la petición de comparecencia de la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo (Geroa-Bai), además del director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza (PSN).

La intención es ‘retratar’ al PSOE ante su intención de extender la sospecha sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por los presuntos abusos cometidos en Navarra. El objeto de la comparecencia es que ambos expongan el informe sobre la "tortura y malos tratos en Navarra durante el periodo 1960-1978″, realizado en la pasada legislatura. Pero, además, presionan porque se elabore un segundo informe, que avale su tesis de la existencia de esas "torturas y malos tratos" desde entonces y hasta la actualidad.

El primer informe fue elaborado el año pasado por el Instituto Vasco de Criminología IVAC/KREI y recibió una subvención de 17.900 euros.

Ollo -entonces en el mismo cargo- defendió dicho estudio como "un primer paso en el acercamiento a la verdad" a la que, dijo, "nos instan las instituciones internacionales, la ética y la responsabilidad".

Equiparando a las víctimas de ETA y sus verdugos, Ollo consideró entonces, también en una comparecencia parlamentaria, que Navarra "ha sufrido durante demasiadas décadas distintas formas de violencia injusta y de vulneraciones de derechos humanos como consecuencia del terrorismo y de la violencia en contextos de motivación política".

"El compromiso es trabajar por la paz y convivencia desde la perspectiva de una gestión integral de la memoria que dé respuesta al derecho a todas las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del terrorismo de ETA, las víctimas de la violencia desatada tras el golpe militar de 1936 y las víctimas de violencia de motivación política", defendió.

En septiembre de este año, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del PP, Ciudadanos y Vox contra la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, "de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos", que fue aprobada en el Parlamento navarro, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai, e I-E, la abstención del PSN y los votos en contra de UPN y PP.

La normativa permite que un comité político declare víctimas de abuso policial a quien lo solicite y sin que medie sentencia judicial, de modo que implícitamente se daría por culpable a una institución o uno de sus funcionarios, como criticaron las asociaciones policiales. La oposición denunció que la Ley equipara a víctimas con verdugos, blanquea a ETA y es una ofensa para las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Jesús Rul: «En Cataluña nueve de cada diez inspectores son nacionalistas o guardan silencio»
En sus 32 años de observación de las aulas catalanas, el inspector ya retirado Jesús Rul ha visto como la Generalitat ha tomado el control de la educación utilizando la lengua como «arma de construcción nacional»
Esther Armora ABC 17 Diciembre 2019

Un día cualquiera, en una escuela catalana cualquiera. Aula de segundo curso de Educación Primaria. Faltan pocos minutos para empezar la clase de Lengua Castellana y el inspector Jesús Rul entra discretamente en el espacio. Toma asiento en la última fila y se dispone a observar cómo transcurre la sesión. Hay aparentemente normalidad, sólo aparente, porque desde el minuto cero de la sesión se evidencia una anomalía: el profesor imparte en catalán la asignatura de Lengua Castellana, la única que con la inmersión lingüística se permite dar en castellano.

«Yo es que el castellano lo explico en catalán», le responde el docente a Rul cuando éste le advierte de las posibles consecuencias de su mala praxis. Al infractor se le abrió un expediente, a resultas del cual fue trasladado a otro centro. La razón de su sanción no fue, sin embargo, el informe negativo que se le realizó por «catalanizar» la clase de castellano sino, «más que probablemente», por las denuncias que algunas familias hicieron llegar a la inspección por un conflicto con alumnos, precisa el inspector. Ésta es sólo una de las muchas «situaciones irregulares» que Jesús Rul ha visto, según afirma, en sus más de tres décadas de observación de las aulas catalanas como miembro del cuerpo de inspectores educativos de Cataluña, del que se apartó en 2015 cuando se jubiló pero con el que sigue en permanente contacto a través del Projecte Inspectio, una asociación que él mismo impulsó en 2006 y que agrupa a los profesionales del cuerpo que defienden el ejercicio de su profesión con independencia.

Fabricar «esteladas» en clase
«En la educación catalana se dan situaciones constitutivas de falta grave y muy grave que quedan impunes, como que un profesor interrumpa el funcionamiento de una clase para llevar a los alumnos a la calle a gritar "¡independencia!”, o que en clase se les haga fabricar una bandera "estelada", indicando a los alumnos que es la bandera de una nación libre, o que se induzca a los estudiantes a huelgas nacionalistas. Estos casos y muchos otros fracturan claramente la preceptiva neutralidad e imparcialidad de la institución educativa», dice Rul.

Gran parte de las «anomalías» detectadas en el sistema educativo las detalla en su libro «Nacionalismo catalán y adoctrinamiento escolar» (Editorial Amarante, 2019), presentado a finales de octubre y en el que pone al descubierto, con vivencias reales, la estrategia que desde inicios de los años 90 ha urdido el nacionalismo para «tomar progresivamente el control ideológico de la educación usando la lengua como arma de construcción nacional».

Control de los directores
En una entrevista concedida a ABC, este veterano inspector, que arrancó su andadura profesional en 1983, un año después de que en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) se alumbrara la inmersión lingüística, explica cómo en estas últimas décadas los gobiernos nacionalistas han ido cumpliendo «escrupulosamente» los objetivos perfilados en el Programa 2000 redactado a comienzos de los años 90 con Jordi Pujol al frente de la Generalitat. A nivel educativo, los resume en dos: «Formar la personalidad catalana de profesores y alumnos, y controlar los equipos directivos y el cuerpo de inspectores».

Marginación del castellano
En sus primeros años de ejercicio, Rul gozó, según relata, de la confianza del departamento de Enseñanza catalán. Entre los años 1986-1990 fue liberado incluso de sus tareas de inspección para dedicarse a la formación de directores escolares. También coordinó por encargo de la Administración la colección de libros sobre gestión educativa.

Este inspector de origen valenciano da fe de que, desde finales de los años 90, el castellano, lengua cooficial de Cataluña y oficial del Estado, «se ha ido arrinconando en las aulas con una intencionalidad política» hasta quedar en una «situación de absoluta marginalidad».

«La inmersión lingüística obligatoria sólo para los alumnos castellanohablantes es discriminatoria y lesiva para el éxito del alumnado. Es una dominación política ajena al orden constitucional. Atenta contra la dignidad, equidad y los derechos de los alumnos. Solo es defendible desde el totalitarismo impuesto por el nacionalismo: no es factor de cohesión social, ni es un modelo de éxito como proclaman machaconamente», asegura con contundencia.

En sus 32 años de servicio, dice haber visto también cómo los principales actores educativos (profesores y equipos directivos) «han ido cerrando filas progresivamente en torno al proyecto nacionalista, primero doctrinario y después secesionista». ¿Cómo han ejecutado el control ideológico de las aulas? Él lo tiene claro: «Adoctrinando a los alumnos a través de los manuales de Geografía e Historia, en los que han tergiversado deliberadamente la historia de la nación» y «desprestigiando el castellano, arrebatándole con instrumentos factuales y sentencias timoratas su estatus de lengua oficial de España y cooficial en Cataluña».
«Contolar el 20% de la población»

«Lo que les importa no es el éxito educativo sino tener bajo control ideológico entre un 15 y un 20% de la población catalana», precisa. «Se induce a los alumnos a una visión anodina y peyorativa de España y de que la lengua que importa es el catalán. Y eso es muy grave», denuncia el inspector. Lamenta que esta situación se haya producido «con la complicidad del cuerpo de inspectores educativos», que, lejos de actuar con arreglo al ordenamiento jurídico constitucional, se han convertido en una pieza más del proceso nacionalista por acción u omisión».

Interinos renovados por el Govern
«La inspección educativa catalana está en las antípodas de lo que debería ser. Su misión ha quedado sesgada por el compromiso ideológico», apunta el funcionario. A su juicio, esa falta de «independencia» del cuerpo responde a un factor «estructural»: el hecho de que durante años (en los que no se han convocado oposiciones) la única vía para acceder a un puesto de inspector haya sido un concurso de méritos renovable cada año por el Govern.

«Un alto porcentaje de los inspectores que ejercen actualmente en Cataluña son nacionalistas o guardan silencio por si acaso y por temor a no ser renovados en el cargo. Son comisarios políticos, la antítesis de lo que deberían ser», asegura. «Algunos de ellos, –añade– incluso aparecen en el centro con un lazo amarillo en su solapa; otros alardean de formar parte de la asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC)». Simbología al margen, Rul denuncia también trabas en el ejercicio de su profesión.
Expedientes silenciados

«Muchos informes realizados por la inspección para denunciar causas objetivamente graves no han tenido recorrido administrativo y han acabado en simples amonestaciones. Otros, han quedado directamente archivados», denuncia el inspector, quien recuerda un caso especialmente destacable: «Había redactado un informe por una cuestión lingüística y me presionaron para que lo modificara. También he visto como la administración adoptaba decisiones antes de tener los preceptivos informes de inspección, reducidos a una función burocrática de archivo. Todos sabemos que no son vinculantes pero, al menos, deberían leerse y tenerse en cuenta».

Inacción del Gobierno
Jesús Rul denuncia también la inacción de todos los gobiernos del Estado ante esta situación. «Ningún gobierno ha luchado contra el adoctrinamiento escolar, ni ha puesto freno a la discriminación del castellano en las aulas», apunta. Recuerda en este sentido, que las leyes que rigen el sistema de educación son muy precisas con relación a preservar la integridad personal, la imparcialidad política y la neutralidad ideológica en las relaciones educativas.

Este inspector jubilado no cree que, en vistas del escenario político que se vislumbra tras las elecciones, la situación vaya a cambiar. «El borrador de la ley Celaá da competencias plenas a las comunidades, sin matices», recuerda. «El Gobierno ha abdicado desde hace años de garantizar la unidad del sistema educativo español y de controlar las desmesuras de la educación en Cataluña», concluye.

«Ya controlan el cuerpo estatal. ¿Para qué crear uno propio?»
E. A. BARCELONA

Uno de los objetivos perfilados por el consejero Josep Bargalló al tomar el control de la Educación catalana fue crear un cuerpo de inspectores educativos propio. Jesús Rul, que ha sido inspector durante más de tres décadas, duda que acabe materializándose ese proyecto. «La Generalitat ya controla el cuerpo estatal. Le saldría mucho más caro sustentar uno propio», apunta Rul. Según dice, el Govern está perfilando un nuevo decreto para la inspección aunque «en el redactado actual no plantea cambios sustanciales».

La supervisión del sistema educativo catalán la realiza un cuerpo de inspectores estatal (243 profesionales), aunque la inmensa mayoría de sus miembros (el 80 por ciento durante años y el 65 por ciento ahora) no han accedido al puesto vía oposición, sino que se encuentran en situación de «comisión de servicios», es decir, son interinos a los que la Generalitat renueva anualmente en el cargo. La asociación de inspectores Projecte Inspectio llevó a los tribunales esta situación y, finalmente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró en 2015 que esa fórmula para acceder a la inspección educativa «es un fraude de ley». Al margen de este cuerpo, está la Alta Inspección en Cataluña, aunque su presencia es residual y su capacidad de acción limitada. Ahora, después de muchos años, se han convocado 110 plazas de inspector. Según Rul, «esto no cambiará nada porque la Generalitat acabará decidiendo quién las ocupa».

El PSC no sabe si está a favor o en contra de la inmersión
Alejandro Tercero cronicaglobal 17 Diciembre 2019

Hace dos semanas, en esta misma sección, mostraba mis esperanzas ante la propuesta de la dirección del PSC de reintroducir el español como lengua vehicular escolar junto al catalán. A pesar de que el texto original presentaba cierta ambigüedad, del mismo se podía deducir que el politburó socialista se abría a enterrar la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que había defendido durante décadas.

Sin embargo, y aunque parezca descabellado, tras el congreso de este fin de semana, no sabemos si el PSC está a favor o en contra de la inmersión. Y es que el programa aprobado, lejos de aclarar su posición, la enmaraña aún más.

La introducción de diversas enmiendas ha convertido el documento final en ininteligible, por contradictorio. Podríamos decir que los socialistas catalanes tienen la misma confusión con la gestión de las lenguas en la escuela como con las naciones que dicen que hay España (ocho, de momento, tras el último recuento de Iceta).

Así, según las resoluciones definitivas, el PSC denuncia que “el nacionalismo desde el Govern y una parte del independentismo los últimos años han acabado defendiendo un criterio monolingüe tratando de marginar el castellano” en las aulas. Y apuesta por “la evolución hacia un modelo plurilingüe manteniendo el catalán en el centro de gravedad del sistema educativo”. “Seguiremos apostando, como lo hace la Ley de Educación de Cataluña, por el catalán como lengua vehicular prioritaria en la escuela a la vez que modernizaremos y flexibilizaremos el modelo de inmersión para que dé respuesta a las necesidades actuales de la complejidad de la escuela avanzando hacia un modelo plurilingüe”, añaden. Y subrayan que “la escuela ha de contribuir a compensar los déficits lingüísticos de los alumnos de cada comarca, municipio o barrio”, por lo que “es necesario que las lenguas curriculares (catalán, castellano y extranjeras) se traten como lenguas de aprendizaje y vehiculadoras de contenidos durante el tiempo lectivo y el tiempo escolar, de acuerdo con los proyectos lingüísticos de cada centro”.

Como recordaba hace quince días, inmersión (que significa que todas las asignaturas no lingüísticas se impartan en una única lengua) es incompatible con plurilingüismo y con el uso de castellano, catalán e inglés como lenguas vehiculares (o vehiculadoras de contenidos). Ambas cosas son opuestas.

¿Entonces? ¿Estamos mejor o peor que antes?

Entre los elementos negativos, hay que destacar que el PSC sigue defendiendo la inmersión como concepto, y mostrando simpatía por un modelo aberrante. Han perdido una oportunidad de oro para --una vez abierto el debate-- haber ido más allá, pero la falta de gallardía política y los complejos --son los padres de la criatura, no lo olvidemos-- se lo han impedido.

Además, las llamadas a la compensación de los “déficits lingüísticos” por zonas y las apelaciones a “los proyectos lingüísticos de cada centro” se podrían traducir en una aplicación espuria de los planes del PSC. Es decir, podría plasmarse en introducir asignaturas en español en Berga y, a la vez, mantener la inmersión en catalán en Santa Coloma de Gramenet (algo demencial).

No obstante, también hay aspectos positivos en el texto aprobado en el congreso del PSC. Los socialistas catalanes dejan claro que el español debe ser lengua vehicular junto al catalán, e insisten en hablar de plurilingüismo.

Pero, sobre todo, el PSC se ha movido. Ha abandonado su tradicional encastillamiento en el discurso de que la inmersión es un “modelo de éxito” que hay que “preservar”. Puede parecer un desplazamiento insustancial, pero no lo es. Cualquier movimiento desde la posición extrema que en este asunto han defendido durante décadas solo puede ir hacia la centralidad, la moderación, el bilingüismo y la defensa de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes.

Además, el nuevo planteamiento del PSC --aunque tremendamente confuso-- rompe el “consenso” respecto a la inmersión obligatoria en el que se había apoyado el catalanismo y el nacionalismo para salvaguardarla durante años. Y admitamos que eso es, por sí mismo, un progreso.

Ya sea con tacto o con fórceps, sería un avance para la convivencia en Cataluña que el resto de los partidos constitucionalistas impulsaran al PSC en la dirección que parece que apunta tras el congreso e intentasen impedir que dé un solo paso atrás en esta cuestión.

Escuelas catalanas excluyen el castellano de los villancicos que cantan los alumnos
Numerosas familias se quejan de la ausencia del idioma en los festivales navideños que organizan los centros escolares
Gisela Revelles vozpopuli.es 17 Diciembre 2019

Con la llegada de la Navidad, los centros escolares se convierten en escenario de festivales en los que los niños y los villancicos son los protagonistas absolutos. En Cataluña, el proceso de inmersión lingüística ha convertido estos eventos infantiles en actos de "exclusión del español por pura hispanofobia". Así lo define el profesorDaniel Perales, ex miembro de Sociedad Civil Catalana (SCC), quien ha vivido esta situación como padre en el centro donde asisten sus hijos.

Pero no es el único. Júlia Cabrera es otra de las madres afectadas. La organización responsable de listar todos los casos, la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), ha enviado un mensaje en las redes sociales para animar a más padres a denunciar. De momento, los casos que han recibido quejas son: Escola Mestal (Vilaseca), Escola Eduard Todà i Güell (Reus), Escola General Prim (Reus), Escola Joan Perucho (Albinyana), Escola Sant Jordi (L'Ametlla de Mar), Escola Timbaler del Bruc (Barcelona) y Escola Sant Jaume (El Prat de Llobregat).

Inglés o italiano antes que castellano
Perales explica que villancicos netamente catalanes "hay pocos". Por lo que, asegura, "muchas veces lo que se canta en estos festivales son adaptaciones al catalán de canciones inglesas". Los niños no son, en su opinión, conscientes de la situación y "cantan felices porque es la lengua que se habla en el colegio". "A esas edades", añade, "no hay espíritu crítico".

El problema, a su juicio, es que el hecho de que no se canten villancicos en español en la mayoría de colegios catalanes es "la guinda del pastel": "Eliminar la lengua materna de la mayoría de los alumnos completamente del día a día de las aulas supone una ruptura emocional muy grande y que, a la larga, aunque sea difícil de demostrar, no ayuda a prevenir el fracaso escolar".

La situación se agrava en el caso de los alumnos con más dificultades y que tienen el español como lengua materna. Según Perales, "no sienten la escuela como un espacio de confort y eso es contraproducente". Lo mismo sucede con "los niños menos abiertos de mente" y que deberían ver el colegio como "un lugar propio y cercano".

Inmoral e ilegítimo
Obviando totalmente las recomendaciones de la UNESCO sobre la enseñanza en lengua materna, los centros escolares de Cataluña imponen el catalán sea cual sea la situación del alumnado. Para Perales, no se persigue que los alumnos "sepan escribir, entender o expresarse en catalán". "Quieren que sea su lengua, sustituyendo su realidad cultural en un proceso de aculturación inmoral e ilegítimo", añade.

En su experiencia como profesor, Perales asegura que ha encontrado "más cercanía" en las aulas cuando ha usado indistintamente el español y el catalán. Lo importante para él era lograr que los alumnos se expresaran y "no la lengua en la que lo hicieran". "Yo quiero", concluye en su conversación con este medio, "que todo el mundo sepa catalán igual que castellano. Pero no quiero que mis hijos tengan que renunciar a su cultura que, además, es una cultura inclusiva que no excluye a nadie".

"¿Alemania? No, Cataluña"
La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, también ha denunciado lo que sucede en los festivales navideños de los centros escolares catalanes. Su propia experiencia como madre le permite relatar que, en nueve años de escolarización de su hija en Cataluña, no ha podido escuchar en un festival navideño "ni un villancico en español". "¿Estamos en Alemania?", se pregunta Losada irónicamente, "no, en Cataluña".

En declaraciones a El Liberal, Losada denuncia que "la escuela catalana no abre ni un resquicio al español", ni siquiera "en una actividad lúdica y dirigida a las familias". A juicio de Losada, la "marginación" del castellano obedece al objetivo de transmitir a los niños "directa o indirectamente" que "no es lengua de cultura".

La Navidad, recuerda la presidenta de la AEB, "es un momento de afectos y emociones". Un momento que, en los colegios catalanes, impide que los alumnos castellanohablantes puedan expresar "lo que sienten" en su lengua materna. "El español", lamenta Losada, "es para casa. En la escuela, solo el catalán".


 


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