AGLI Recortes de Prensa   Viernes 20  Diciembre  2019

Caso Junqueras: la España de Rajoy y Sánchez cosecha lo que siembra
EDITORIAL Libertad Digital  20 Diciembre 2019

Lo primero que cabe preguntarse sobre la sentencia emitida este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el condenado golpista Oriol Junqueras es si habría sido similar si, por ejemplo, el caso afectara a un separatista bávaro incurso en un golpe de Estado o a un líder corso condenado por la Justicia francesa por sedición. La respuesta parece obvia para todos, empezando por Junqueras y demás liberticidas: de ninguna manera.

Las instituciones comunitarias tienen varas de medir muy distintas para sus socios, en función del peso específico que tienen estos en la Unión; y también soportan la presión de muy distinta manera si quien presiona es Alemania o, el caso es sangrante, España. Esa es la realidad intolerablemente aceptada… cada vez menos, como ha quedado meridianamente claro con el Brexit y con los resultados que cosechan formaciones muy críticas con la forma en que se maneja la UE en países como Polonia o Hungría, muy celosos de su independencia tras vivir durante decenios sometidos al totalitarismo comunista.

En el caso Junqueras, si hay algo peor que la iniquidad de las instituciones europeas es la actitud de los propios Gobiernos de España. Una actitud signada o por la incompetencia o por la pusilanimidad o, cómo no barajarlo, la subrepticia complicidad.

Y es que hoy no estaríamos como estamos si los Gobiernos de la Nación hubiesen cumplido con su primera, fundamental obligación. De hecho, se ha venido pidiendo a las instituciones comunitarias que hiciesen lo que las españolas –excepción hecha de la Corona– no han querido: enfrentarse de verdad a la amenaza separatista.

Si Mariano Rajoy y su vicepresidenta con plenos poderes para Cataluña, Soraya Sáenz de Santamaría, hubiesen impedido el referéndum del 1-O, nada de esto habría pasado. Por otro lado, tratar de convencer a los magistrados del TJUE de que los sujetos con los que el actual presidente del Gobierno está pactando su permanencia en el poder son unos golpistas que pretenden dinamitar el orden constitucional de un país miembro de la Unión es demoledor… para la imagen de España, a la que hace mucho más daño un Gobierno incompetente o pusilánime o directamente cómplice con los peores enemigos de la Nación que un fallo infame como el del TJUE.

La bomba de la deuda pública: España paga cada hora 3,35 millones de euros en intereses
Libre Mercado Libertad Digital  20 Diciembre 2019

EAE Business School ha publicado el informe Deuda pública 2019 en el que se concluye que, en 2018, España pagó en concepto de intereses de la deuda un total de 29.301 millones de euros, es decir, el equivalente al 2,4% del PIB, cantidad similar al año 2017. Esta cifra se traduce en una media de 80,3 millones de euros cada día o 3,35 millones a la hora de pago por intereses de la deuda pública durante el 2018, cifra que se mantiene en 2019 y que equivale a más de la mitad del gasto en educación o el 40% del gasto en sanidad.

Sin embargo, el estudio indica que "para el primer semestre de 2019 la cifra de déficit primario ha empeorado, en gran medida por los llamados viernes sociales, alcanzando en este periodo un acumulado de 12.594 millones de euros". Esta cantidad, unida a los 14.117 millones pagados en ese periodo en concepto de intereses de deuda, hacen un total de -26.711 millones de euros de déficit público acumulado, un 18,1% más respecto del mismo periodo de 2018, y que representa el 2,18% del PIB. Según el autor del estudio y profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras: "Estos datos sugieren que el gobierno va a incumplir, con toda probabilidad el objetivo de déficit del 2% fijado para el año 2019".

"La economía española mantiene una serie de vulnerabilidades que, junto a la incertidumbre política, podrían poner en compromiso el crecimiento económico ante cambios bruscos en el entorno mundial como son la desaceleración económica, el Brexit y las tensiones comerciales internacionales" señala Higueras en el estudio de EAE Business School.

En el periodo 2008-2018 la deuda pública española ha aumentado en 717.835 millones de euros, lo que equivale a un incremento medio anual de 65.258 millones. Si se considera el valor acumulado hasta el primer semestre de 2019 la cifra asciende a 755.447 millones de euros, lo que equivale a cerca del 62% del PIB estimado para este año y eleva el stock de deuda a su máximo valor histórico de 1,21 billones de euros.

En este sentido, la deuda pública ha crecido en lo que llevamos de año, 2019, a un ritmo de 6.270 millones de euros cada mes o 209 millones de euros cada día, mientras que en 2018 lo hacía a una velocidad inferior equivalente a 80 millones de euros diarios y desde que alcanzó el máximo (100,7%) sólo ha mejorado 1,8 puntos, cuando la economía ha crecido un 18,6% desde entonces.

Por otro lado, en el primer semestre de 2019, los pasivos en circulación totalizan un montante acumulado de 1,774 billones de euros. Por tanto, si se considerase esta cifra habría que sugerir que la deuda pública española, lejos de tener una equivalencia al 98,9% del PIB en el citado periodo, representaría casi el 145% del PIB, bastante más alejado de las cifras oficiales bajo el criterio PDE.

"A la vista de estos datos, se puede decir que, si bien es posible que la relación deuda pública sobre PIB vaya reduciéndose en los próximos años de acuerdo con los objetivos de la Comisión Europea y considerando el crecimiento esperado de la economía del 1,9% en 2019 y del 1,5% en 2020, lo que no parece posible es que disminuya el stock acumulado sino todo lo contrario", indica Higueras en su estudio.

La deuda por comunidades
Cataluña lidera, una vez más, la lista con una contribución del 26,9% que equivale a 78.732 millones de deuda pública en 2018. En este primer semestre de 2019, la deuda de Cataluña ha seguido creciendo hasta los 79.243 millones. A continuación, le sigue la Comunidad Valenciana con un montante, en 2018, de 47.084 millones que representa el 16,1%, un incremento interanual de 897 millones, que sigue creciendo a un ritmo del 1,7% en el primer semestre de 2019.

La tercera es Andalucía, con un volumen de 35.409 millones (12,1% del total) y un aumento de 947 millones (2,7%) hasta alcanzar los 36.356 millones en el primer semestre de 2019. Por último, le sigue de cerca la Comunidad de Madrid que participa con el 11,3% del total, lo que se traduce en 33.270 y 34.584 millones en 2018 y 2019 respectivamente, siendo esta región la que menos ha multiplicado su deuda en valor absoluto desde el año 2008, ya que sólo lo ha hecho en 2,9 veces hasta 2018.

Entre las autonomías que menor representación tienen en la deuda pública en 2018 destacan La Rioja (0,5%), Cantabria (1,1%), Comunidad Foral de Navarra (1,2%), Asturias (1,5%) y Extremadura (1,6%) que suman en conjunto un total de 18.214 millones de euros en el primer semestre de 2019.

En términos relativos al PIB, en el segundo trimestre de 2019, la región más endeudada es la Comunidad Valenciana con un 42,2% del PIB, seguida de Castilla La Mancha con un 35,3%, Cataluña con un 33,8% y Murcia con el 30,6%. Sin embargo, en el lado opuesto destacan regiones cuya deuda ha crecido a una menor tasa que su economía, tales como Canarias (14,2%), País Vasco (14,3%), Comunidad de Madrid (14,3%), Comunidad Foral de Navarra (16,7%) y Galicia (18,3%).

En Europa y en el mundo
En 2018, cada habitante de la UE-28 debía 24.892 euros, mientras que los de la Zona Euro debían 27.233 euros, aproximadamente un 9,5% más o su equivalente, 2.340 euros. Del resto de los países de Europa, tras los irlandeses, son los belgas con 40.320 euros los que más deuda acumulan, seguidos de italianos (39.389), franceses (34.420), austriacos (32.294), británicos (31.272) y griegos (31.203). Cada ciudadano español debía 25.112 euros en 2018, cifra que ha aumentado hasta los 25.900 euros en 2019, lo que implica un aumento en más de 2 euros cada día que pasa.

"Los gobiernos tienen que decidir si sacrificar el rédito electoral que les proporcionan las medidas orientadas al aumento del gasto público o bien dar una patada hacia delante al problema y seguir endeudándose, mientras que las condiciones del entorno propiciado por el Banco Central Europeo lo posibiliten", expone Higueras en el estudio.

Por otro lado, los tres países más endeudados del mundo originan el 58,5% de la deuda pública global. Estados Unidos lidera, en el primer trimestre de 2019, con el 31,1% de la deuda pública mundial, seguido por Japón con el 16,4% y China con el 11,0%. España mantiene la posición 11 que ya tenía el año anterior con el 1,9% de la deuda pública mundial por detrás de otras economías como India (2,9%), Brasil (2,4%) y Canadá (2,1%).

El informe de la Fiscalía al juez Marchena que bajará los humos a Junqueras
ESdiario  20 Diciembre 2019

Inminente. En unas pocas horas, los fiscales han remitido al Supremo sus alegaciones a la sentencia europea. Y argumentan las razones por las que el líder de ERC debe seguir en la cárcel.

Reacción inmediata. La Fiscalía no quiere que la euforia propagandística del independentismo lo invada todo. Y frente a las proclamas de Oriol Junqueras, ha apostado por la argumentación jurídica y el Código Penal. Y de forma fulminante sin demoras. Para moderar la euforia de los condenados tras el balón de oxígeno que han recibido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los fiscales del Tribunal Supremo ha tardado apenas unas horas en dar respuesta a la sentencia relativa la inmunidad de Junqueras. Se opone a la excarcelación del líder de ERC y solicita a la Sala que lo juzgó la ejecución inmediata de su pena de inhabilitación como europarlamentario.

En un escrito remitido a la Sala que juzgó el caso, el Ministerio Público señala que Junqueras no está actualmente sujeto a medida cautelar de prisión provisional, que es a lo que se refiere la sentencia del TUE, sino "ejecutoriamente condenado", por ello interesa la ejecución inmediata de la pena de inhabilitación.

Concretamente, solicita al tribunal presidido por Manuel Marchena "la comunicación, a la mayor brevedad posible, al Parlamento Europeo de la situación procesal del citado y que se remita la sentencia dictada contra él, a fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de Europarlamentario".

Con su escrito, de apenas tres páginas, el Ministerio Público se adelanta al requerimiento que le ha realizado esta misma mañana el propio tribunal, que igualmente ha dado traslado para alegaciones a la Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por Vox y a la defensa de Oriol Junqueras por término de cinco días.

Según el escrito, que firman los cuatro fiscales del caso -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena-, lo que dice el TUE es que la persona que resulta elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha Institución por el hecho y desde el momento de la proclamación de los resultados electorales.

De este modo, goza de inmunidad, entre otras de la de desplazamiento al lugar de reunión del Parlamento Europeo, incluida la primera sesión constitutiva.

Según la Fiscalía, la inmunidad de desplazamiento, garantizada a todo miembro del Parlamento Europeo, implica el levantamiento de cualquier medida de prisión provisional que hubiera sido impuesta antes de ser proclamado electo, con el fin de permitir su desplazamiento al Parlamento Europeo y participar en la sesión constitutiva.

En consecuencia, si el tribunal nacional competente -en este caso el Supremo-, considerara necesario mantener la medida cautelar de prisión provisional habría de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo la suspensión de dicha inmunidad.

Añaden no obstante que Junqueras ya ha sido condenado en firme a penas de años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta con la expresa "privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviera el penado aunque fueren electivos e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, empleos o cargos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena".

La Sala, añade, ha liquidado ya la pena de prisión, que se encuentra en fase de cumplimiento aunque su ejecución fue suspendida a la espera de la propia sentencia del TUE.

Finalmente, en opinión de la Fiscalía, Junqueras no obtuvo la condición de electo hasta el 13 de junio, "estando ya juzgada y vista la causa para sentencia desde el anterior día 12 de junio. Por ello insiste en que "la inmunidad de desplazamiento no hubiera impedido, en ningún caso, la continuación del procedimiento hasta el dictado y ejecución de la sentencia".

Diga lo que diga Europa
La sentencia dificulta la maniobra del PSOE para pactar con ERC
Carlos Herrera ABC  20 Diciembre 2019

¿Qué podía salir peor? La verdad no se me ocurre, habida cuenta de la forma en interpretar sentencias europeas que tiene lugar en España. Seamos serios: Europa solo dice que Junqueras debía de haber adquirido su condición de eurodiputado. No dice que Junqueras sea inocente de haber organizado una maniobra indebida en función de la legislación española. Otra cosa es la derivada política que se tome en suelo patrio. La sentencia dice que Junqueras debía haber sido autorizado a recoger su acta de eurodiputado, sin más. Y no dice que sea inocente de los cargos que la sentencia del Supremo le imputa. Es reo de sedición por muy pronto que se levante el tribunal europeo, el propio Junqueras y la madre que les parió a todos. Lo dicho por los alegres muchachos de Luxemburgo no supone la nulidad del proceso ni implica su puesta inmediata en libertad, por mucha hiperventilación que muestren sus partidarios y algunos cretinos de los que juegan en medio campo sin saber bien a qué portería disparar.

Pero eso no significa que no cree problemas operacionales. Los crea, vaya si los crea. Junqueras será un mártir para los suyos, y aunque no signifique que haya que enviarle a casa con una paga del Estado, sí dificulta las maniobras del PSOE para pactar la investidura con ERC. Habrá quien diga que eso no es necesariamente malo para los intereses nacionales, pero es innegable que crea más inestabilidad de la que de por sí proporcionan los actores principales de la política española. Mucho ruido y pocas nueces, aunque las nueces que hay sean suficientes para desestabilizar la ineficaz planificación política de España. La gente de Junqueras lo tiene ahora muy difícil para pactar con el sanchismo: llenan de aire sus pulmones y le dicen al Gobierno que considere a su líder como un sujeto inocente de los cargos con los que el Supremo resolvió condenarle. Sin razón, pero lo hacen. Y le vienen a decir a los timoratos socialistas que o hay excarcelación o no hay investidura. Los socialistas de Sánchez tienen un problema: vamos a ver cómo manejan a la Abogacía del Estado para intentar satisfacer a unos tipos crecidos por una sentencia que quisiera yo saber si se habría dado en el caso de ser un político provincial francés o alemán quien hubiera organizado un golpe de Estado contra las estructuras de esos dos países.

La sentencia del Supremo es indiscutible, por mucho que esta decisión europea sea un premio al secesionismo catalán (y el que esté por venir). Es una simple cuestión de procedimiento, no de fondo. Inmunidad no es impunidad. Lo dicho por Europa no cuestiona la razón por la que Junqueras está en prisión: está condenado, digan lo que digan y hagan el ruido que hagan. Pueden vivir en la euforia propagandística, pero la sentencia hace referencia a la prisión provisional que debió ser reconsiderada para obtener su acta, no a la definitiva como consecuencia de una sentencia tomada por la soberanía jurídica de un país miembro de la Unión Europea que, evidentemente, sustituye toda decisión anterior.

Que eso signifique que Sánchez y su equipo de cuentistas tengan que apretar esfínteres para ser investidos es harina de otro costal. Ese es un debate político. Y la derivada de Puigdemont no es necesariamente la que se interpreta de forma un tanto ligera en diversos ámbitos políticos y mediáticos. Por muchas ilusiones que se hagan en el ámbito independentista catalán -y en otros ambientes inexplicablemente colaboracionistas ligados al sorprendente PSOE de Sánchez- Puigdemont no se va a pasear panchamente por España. Ser eurodiputado no exime de las responsabilidades penales que un individuo haya acarreado mediante su conducta delictiva en su país de origen.

Eso sí, que ahora Sánchez disfrute de los socios que ha elegido.

El nacionalismo moderado era un cuento
Roberto L. Blanco Valdés la voz  20 Diciembre 2019

Aunque pocos españoles llegan a reconocerlo abiertamente, somos muchos los que, o lo hablamos en privado, o sabemos en nuestro fuero interno -con esa sinceridad que solo tienen los humanos consigo mismos- que, en el trato con los nacionalistas, los gobiernos de UCD, del PSOE y del PP cometieron un tremendo error por el que ahora estamos pagando un precio altísimo: confiar, o fingir que confiaban, en la lealtad constitucional de lo que durante años se llamó el nacionalismo moderado.

Y es que, digámoslo con toda claridad, esa supuesta moderación no fue más que un invento -sin duda, históricamente explicable, pero invento al fin y al cabo- nacido de nuestra ingenua conveniencia, de nuestra ignorancia o de ambas cosas.

Es verdad que los diputados de CiU aprobaron la Constitución -no así los del PNV- y es verdad que ambos partidos facilitaron durante años la gobernabilidad de España, primero con UCD, y luego, alternativamente con el PSOE o el PP. Pero esa labor no fue distinta a la del pirómano que trabaja en plantar un bosque y cobra por ello el salario con el que comprará el material que en el futuro le va a permitir plantarle fuego. Eso, y no otra cosa, es lo que sibilinamente hicieron desde el nacimiento del sistema autonómico, de un modo tan hábil como cínico, CiU y PNV: ayudar con una mano a la gobernabilidad de España, mientras se dedicaban con la otra a utilizar los grandes recursos de poder obtenidos a cambio de tal ayuda en la llamada construcción nacional de sus respectivos territorios, construcción que debería sentar las bases para acometer, antes o después, como así ha sido, el proceso por la independencia.

Es falso, por eso, de toda falsedad, el relato que ahora pretende vendernos el nacionalismo con el apoyo, tan entusiasta como desalentador, de esa parte del socialismo español que encabeza el PSC: que CiU y el PNV fueron leales al Estado hasta que el maltrato de Madrid (¡reunión de todos los males!) o el desprecio de los partidos constitucionalistas no les dejaron otro camino que tomarse la justicia por su mano, bien con el Plan Ibarretxe, bien con la celebración del referendo de autodeterminación del 2017.

La verdad histórica, que solo la ceguera de muchos impidió ver cuando resultaba indispensable haberlo hecho, es realmente muy distinta: el nacionalismo, que tiene siempre como objetivo indeclinable la transformación de lo que considera su nación en un Estado, trabajó por ese objetivo desde que dispuso de medios para hacerlo. Lo hizo en las escuelas, en los medios de comunicación públicos y en la esfera internacional. Y lo hizo sin tregua, sin reparar en gastos y sin que el respeto a la ley lo detuviera. A la vista están los resultados.

Solo podía pasar algo peor para que todo lo conseguido por los separatistas con deslealtad y malas artes culmine en un auténtico desastre: que, por primera vez, tuviesen a un Gobierno de España cogido por el cuello. Y en eso están.

Por un acuerdo de unidad constitucional
Editorial El Mundo  20 Diciembre 2019

Si Sánchez se obstina en complacer al separatismo a cambio de su investidura, la degradación institucional será irreversible. Es el momento del diálogo con los leales a la Constitución

La democracia española cuenta con enemigos que anhelan destruirla, pero la Unión Europea no se encuentra entre ellos. Sus enemigos siguen siendo los mismos que en septiembre y octubre de 2017, advertidos por todas las instancias políticas y judiciales, inspirados por una ideología supremacista que se niega a convivir con quienes no asuman el dogma excluyente de una identidad mitificada, decidieron desencadenar el ataque contra el orden constitucional más grave desde el 23-F. Realizando una interpretación torticera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los independentistas creen haber alcanzado la impunidad judicial y la amnistía moral, pero eso no es ni será posible.

España atraviesa ciertamente un momento muy delicado. No cabe negar el daño que la decisión del TJUE inflige al prestigio del Alto Tribunal. Pero es precisamente ahora cuando la nación reclama el sentido de Estado que los partidos constitucionalistas han demostrado en los mejores momentos de nuestra historia reciente. Si Sánchez se obstina en complacer al separatismo a cambio de su investidura, la degradación institucional será irreversible. Es el momento del diálogo, sí: del diálogo con los leales a la Constitución para contestar desde la unidad al desafío redoblado del secesionismo.

A nadie se le oculta que el momento es de una enorme gravedad. Podemos demorarnos en lamentos estériles respecto de la torpeza en que pudo incurrir el Supremo cuando elevó la consulta a Luxemburgo sin detener el proceso judicial en marcha, pues a Junqueras ya se le había abierto juicio oral cuando adquirió la condición de europarlamanterio. Marchena buscaba conciliar el garantismo de un Estado de derecho europeo con el castigo penal exigido por la intentona golpista. Podemos -y debemos- deplorar el fraude de ley por el que un político en trance de ser sentenciado concurre a las elecciones no para representar a los ciudadanos, sino para obtener el privilegio del aforamiento y tratar de burlar la ley.

Pero más allá de fraudes y desaciertos, conviene recordar que la sentencia del TJUE se refiere a una medida cautelar -la prisión provisional- ya extinguida, pues Junqueras ha sido juzgado. De modo que no tiene por qué tener efectos prácticos sobre el líder de ERC, sobre quien pesa ya una condena en firme del Supremo y una pena de inhabilitación para cargo público. La situación de Puigdemont, en cambio, prófugo de la Justicia y electo en los mismos comicios, es más compleja, pero el TJUE deja abiertas vías para evitar la impunidad del cabecilla del golpe si cruza la frontera.

La eufórica reacción del independentismo ha sido todo lo previsible que cabía esperar. Su propaganda trata de convertir un pronunciamiento técnico sobre una cuestión formal en una exculpación, una enmienda general a la Justicia española decretada por una instancia superior. Pero no es eso lo que ha ocurrido, y bastaría que el Parlamento Europeo concediese el suplicatorio para que Puigdemont fuese entregado a España y juzgado aquí por sus graves delitos contra la democracia. Los tribunales europeos son tribunales españoles porque, a despecho de lo que alienta el populismo eurófobo de raíz nativista, la España constitucional no se entiende sin Europa ni la idea de Europa sin la histórica aportación de España.

Ahora bien, en el plano político las consecuencias de esta sentencia complican mucho la investidura de Sánchez. Él mismo es el culpable de que se aleje la posibilidad de ser investido, pues optó por ponerse en manos de un partido enemigo de la racionalidad jurídica y la separación de poderes como ERC, que ha anunciado la ruptura de las negociaciones con el PSOE hasta que la Abogacía del Estado se pronuncie a favor de la liberación de Junqueras. Es decir, está exigiendo que el Gobierno en funciones traicione al Estado.

Ante semejante órdago, Carmen Calvo ha adoptado una vez más la técnica del avestruz, relativizando la humillante reclamación de sus socios separatistas. No quiere entender el PSOE que aunque Sánchez fuera investido, la legislatura nacería muerta, condenada a la inestabilidad, sometida al albur perpetuo de la pugna entre Puigdemont y ERC que, tras la inhabilitación de Torra, más pronto que tarde se dirimirá en las urnas.

A menudo las situaciones críticas esconden una oportunidad para el genuino liderazgo. En este sentido, el PP de Pablo Casado goza de una ocasión histórica para demostrar su compromiso innegable con la pervivencia de la democracia del 78, hoy amenazada por la nueva acometida de un separatismo envalentonado. Casado puede ahora tomar la iniciativa en aras del interés general. Es el momento de la alta política. El momento de sacar a España del callejón sin salida en que el plan de Sánchez la ha metido. Es hora de que Sánchez enderece el rumbo, aunque lo haga forzada por la necesidad y no por la virtud. Si queda un rastro de responsabilidad en el candidato propuesto por el Rey y se aviene a rectificar, debe encontrar la mano tendida de la oposición para armar el gran acuerdo de unidad constitucionalista que la inmensa mayoría de los españoles está pidiendo a gritos.

La reelección de un inútil y lo que nos ahorramos
Antonio García Fuentes Periodista Digital  20 Diciembre 2019

Cuando esto escribo, leo en “Vozpópuli” (18-12-2019) lo siguiente: “ERC ya le ha dicho al PSOE que se abstendrá en la investidura de Pedro Sánchez: La formación republicana esperará a que pase su congreso para hacerlo oficial. El PSOE activa todos los mecanismos para investir a Sánchez bien la última semana de diciembre, bien la segunda de enero”. Y lo que se entiende que ya “el negocio” está pactado y requepactado, con todos los que van a participar en el reparto de beneficios materiales, del que no es otra cosa que, un negocio entre mercenarios, a los que España les importa, menos que nada.

La realidad triste, bochornosa o desesperante ya, es, que en España, no hay políticos estadistas; y como todo es un conglomerado de miserables mercenarios, que sólo van a sus particulares intereses y de los de su grupo o cómplices para la común explotación de España (que por ello se encuentra en el estado de quiebra y desgobierno en que nos tienen) pues bueno, si reeligen al actual inútil que se sienta en la Moncloa; al menos, nos ahorramos a una serie de nuevos «inútiles» (como los anteriores) y a los que una vez echados del sillón, hemos de pagarles hasta, «el entierro de lujo», ya que así lo han legislado, para mejor explotar al indefenso pueblo español. Puesto que si todo sigue así; y cada seis meses, hay “un nuevo inquilino en la Moncloa… ¿Cuánto nos costarían esas pagas vitalicias y monstruosas que impuso el sinvergüenza de Felipe González Márquez, cuándo con mayoría absoluta, impuso esa ley de sátrapa, para asegurarse una vida principesca mientras viviese? Y con lo que instauró iguales prebendas abusivas para todos sus sucesores en el cargo. ¿Este abusador, se seguirá denominando socialista? Sí; y por cuanto, estos indeseables, tienen cara de “acero inoxidable”.

Por tanto y volviendo al “nuevo mangoneo, que no mandato que beneficiara de verdad a España y los españoles”; vendrá el consiguiente reparto “de bienes adquiridos”; y que cada cual repartirá a su vez, con los de su cuerda y allegados propios; cargando al Estado, con nuevos “regimientos” de parásitos a cobrar sueldos estatales y por tanto, a cargo de nuestros ya abusivos impuestos.
Impuestos que seguro nos irán subiendo cada vez más, como hasta aquí han hecho sus antecesores; lo que conllevará un aumento del empobrecimiento de la mayoría de españoles; igualmente aumentará la deuda pública; y al final todos los culpables y como hasta aquí, se irán “de rositas”; y tan felices y contentos de haber estado en política, y presumiendo que cumplieron con todas sus obligaciones, como empleados públicos y al servicio del Estado Español.

Y ésta es la España actual, que no es otra que la de siempre; y que bien dejaron “retratada”; dos soberanos europeos, el uno alemán, y el otro que fuera llamado de la actual Italia, para que reinara como soberano en aquella también revuelta y medio destruida, España de su tiempo.

El primero de ellos fue Otto von Bismark, o “Canciller de Hierro” y unificador de Alemania, con lo que consiguió la “gran Alemania posterior”; el otro fue Amadeo de Saboya. El primero sentenció en pocas palabras lo que eran España y los españoles, cosa que no repito hoy, pues bastantes vece ya lo he hecho. El otro dejó al marchar, un discurso ante los entonces representantes parlamentarios, que era como para que su hubiesen suicidado la mitad como mínimo; pero es claro que siguieron viviendo y cobrando del Estado, puede que muchos, hasta que la muerte se los llevó.

Pero como España sigue siendo demasiado rica “en materias tangibles y convertibles en oro”; aguanta “lo que le echen”; seguida de sus habitantes que en gran medida, muchos de ellos, lo que quisieran es estar donde están los que critican. Puesto que no olvidemos algo crucial… “O sea que, los políticos, también son paridos por madres españolas, lo que en cierta medida, señalan al pueblo español”.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más)

Spexit: Vox desata su perfil más euroescéptico
ÁLVARO CARVAJAL. Madrid El Mundo  20 Diciembre 2019

Dirigentes del partido que preside Santiago Abascal deslegitiman a la Unión Europea tras "atacar a la soberanía y la Constitución"

La respuesta de Vox a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras fue de lo más beligerante. Hasta el punto de que sacó a relucir el lado más euroescéptico de la formación, con sus dirigentes denunciando "un gravísimo ataque" a la "soberanía" y "a la Constitución" de España y, en paralelo, con simpatizantes recogiendo ese guante y planteando una posible salida de la Unión Europea, haciendo un juego de palabras en inglés con el término Spexit, al espejo del usado en Reino Unido con Brexit.

Aunque Vox no llega -al menos todavía- a ese extremo de plantear dudas sobre la permanencia en la Unión Europea, sí que esgrimió la sentencia para descalificar las decisiones judiciales que están frenando o cuestionando la labor de los tribunales españoles en los procesos abiertos contra los dirigentes independentistas. Y presentar esos fallos como una injerencia y una afrenta absoluta de "instituciones extranjeras" en lo que es España.

Para ello empleó términos muy duros a la hora de valorar el fallo sobre Junqueras: un "ataque" a España, una "pretensión de someter la soberanía de los Estados" a Bruselas o "una falta de lealtad más".

"Aquí lo único que hay que respetar es la soberanía de España, que pertenece a todos los españoles y no puede ser cuestionada desde oscuros despachos de Bruselas o en infames negociaciones entre el Gobierno de Sánchez y los enemigos declarados de la nación", señaló Santiago Abascal, en una clara deslegitimación de Europa para entrar en este asunto.

El presidente de Vox culpó al tribunal europeo por dar "oxígeno y apoyo al proceso golpista en Cataluña" y reprochó que varios países aliados, como Bélgica, "cuestionen y humillen" a la Justicia española en procesos tales como la entrega de Carles Puigdemont a España.

"Una gran movilización nacional"
Abascal agitó fuerte esa supuesta falta de legitimidad de Europa y cargó contra los que calificó de "eurosumisos". Además, amenazó con la convocatoria de "una gran movilización nacional contra este ataque" a la "soberanía" y la "Constitución" españolas y en defensa de "la unidad de la nación".

El fallo y la amenaza de una posible inmunidad de Puigdemont abre para Vox el debate sobre lo que tiene que ser la Unión Europea. Los de Abascal siempre han puesto freno a la cesión de más competencias en materia económica o de legislación y plantean la Unión como un mercado común, con libre circulación pero con límites.

Lo expresaba este jueves el líder de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé, al recordar que su propuesta es "que Europa vuelva a ser una comunidad de naciones libres que cooperan voluntariamente". "Rechazamos el modelo de populares y socialistas que entrega nuestra soberanía judicial y electoral" a las instituciones comunitarias.

Otro eurodiputado, Hermann Tertsch, dio alas al Spexit. "Piénsenlo quienes se niegan a frenar esta permanente renuncia a la soberanía. O se cambia la UE o se hunde", dijo, acompañando su mensaje con una imagen con el lema de Spexit.

Por otra parte, Iván Espinosa de los Monteros indicó que Europa "no se atrevería" a una decisión así contra Alemania y alertó de que hay "personas e instituciones europeas" a quienes "les conviene una España más débil". Duras palabras que victimizan a España frente a Bruselas.

Caso CDR
El ‘papelón’ de la Fiscalía de Sánchez: considera terroristas a los CDR pero pide su libertad
Gesto de Sánchez al separatismo vía Fiscalía: pedirá la libertad de 4 de los 7 terroristas CDR
La Guardia Civil contra la Fiscalía por los CDR: «¿Ahora se pone en libertad a sospechosos de terrorismo?»
Teresa Gómez okdiario  20 Diciembre 2019

La Fiscalía de la Audiencia Nacional confirmó este jueves lo adelantado por OKDIARIO: su respaldo a poner en libertad a tres de los siete radicales CDR imputados por terrorismo. Sin embargo, durante la vista judicial se registraron una serie de contradicciones que sorprendieron a todas las partes implicadas. La Fiscalía recalcó la gravedad de los delitos por los que se les acusa, pero terminó sugiriendo su libertad previo pago de 9.000 euros de fianza.

"¿De quién depende la Fiscalía?". Desde aquellas palabras que pronunció Pedro Sánchez ante los micrófonos de RNE, cada una de las decisiones que ha tomado el Ministerio Fiscal ha sido analizada con lupa. La sombra del uso político por parte del Gobierno socialista es cada vez más alargada en el actual escenario de negociaciones para la investidura.

Así ha ocurrido durante la vista judicial que tuvo lugar este jueves en la Audiencia Nacional. Un tribunal analizaba la petición de libertad bajo fianza presentada por las defensas de cuatro de los siete CDR imputados por terrorismo. La Fiscalía acudía a la cita después de –como adelantó en exclusiva OKDIARIO– cambiar de opinión en sólo un mes sobre la prisión preventiva.

Fuentes judiciales presentes en la celebración de la vista relatan a este periódico cómo el Ministerio Fiscal -representado por el fiscal Miguel Ángel Carballo- argumentó con fervor y de forma muy detallada por qué se le imputaban a los detenidos los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

Uno a uno, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha ido nombrado los delitos que se les imputan a los presuntos terroristas. Se mostró tajante en cada uno de sus argumentos y defendió que los investigados debían continuar en prisión. Sorpresa en la Sala con el inesperado alegato de Fiscalía.

Este alegato sorprendió a las defensas y la acusación popular ejercida por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que esperaban de primeras un ‘blanqueamiento’ de los acusados que permitiera su excarcelación. Al menos, de esos tres CDR que no tocaron explosivos.

Ante esa posición inesperada, el letrado de ACVOT, Ignacio Fuster-Fabra, preguntó directamente al teniente fiscal de la Audiencia Nacional si iban o no a solicitar la libertad bajo fianza de los independentistas terroristas. La Fiscalía, con mucho menos entusiasmos y "cabizbaja" –según las mismas fuentes–, se remitió al escrito presentado la pasada semana, en el que se hablaba de libertad condicional.

"No estaba de acuerdo"
Fuentes presentes en la vista explican a este periódico que el fiscal no parecía estar de acuerdo con esta nueva postura que ha adoptado el Ministerio Público. Subrayan que "parecía como si se las hubiesen impuesto".

Finalmente, Carballo se ha visto obligado a expresar al tribunal que si ellos consideran dejarles en libertad, lo hagan pero abonando una fianza. Además, en este caso se les impondrá unas medidas cautelares como comparecencias periódicas en el juzgado, entrega de pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional.

Esta medida afectaría a tres de los siete detenidos Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón y Xavier Buigas cuyo recurso de apelación contra el auto de prisión provisional ha tenido lugar este jueves. Existe un cuarto integrante que no formaba parte del "núcleo productor". Se trata de Ferrán Jolis, del que existen ciertas dudas dado que era uno de los miembros más activos en la banda.

Se opone a la libertad
La Fiscalía se mostró tajante hace apenas un mes cuando los investigados recurrieron el auto de prisión y se mantuvo firme en su petición de mantener dicha medida cautelar porque temen una “fuga a lo Puigdemont”. Defendieron dicha petición alegando el elevado riesgo de fuga de los detenidos, quienes podrían huir si se encontrasen en libertad debido a las penas que acarrean los delitos que le imputan, destrucción de pruebas y reiteración delictiva.

Ante la Sala de la Audiencia Nacional, Fiscalía no ha defendido de forma clara que los CDR deban salir de prisión. Le han dejado esa decisión al tribunal, que deberá acarrear las consecuencias de una medida que incluso ha encendido a los guardias civiles que realizaron una investigación de un año y medio para detener a la célula. Dicho tribunal está formado por el juez José Ricardo de Prada, el responsable de tumbar el Gobierno de Mariano Rajoy.

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Sánchez claudica y ofrece a los separatistas el control de los jueces
OKDIARIO  20 Diciembre 2019

Una cosa es el teatro y otra la realidad de las negociaciones que de manera taimada mantienen socialistas y ERC, pese a las complicaciones de última hora derivadas de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Que nadie se engañe: Sánchez y Junqueras ya tienen un gran pacto totalmente cerrado: el de entregar el control judicial a los separatistas en sus respectivas comunidades autónomas.

El pacto, como informa OKDIARIO, se ha sellado e incluye fraccionar el Poder Judicial para que los independentistas puedan controlar a los jueces, liberar a sus respectivos delincuentes presos, y ejercer sin cortapisas su injerencia política hasta el punto de reducir la carga penal correspondiente a movimientos como los CDR o la kale borroka. El acuerdo no beneficiará sólo a ERC, porque PNV o Bildu se verán premiados igualmente por un acuerdo que desafía la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del actual estatuto de autonomía catalán. Ante esta situación, OKDIARIO ha podido saber que sectores del más alto tribunal han pedido al PSOE y el PP que defiendan la unidad de la justicia frente al asalto separatista.

La vieja reivindicación de los independentistas catalanes ha recibido el visto bueno del presidente del Gobierno en funciones. Con tal de seguir en La Moncloa, Sánchez ha expresado su firme compromiso de avanzar en el proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero de fraccionar el Poder Judicial para entregar a la Generalitat de Cataluña el control de los jueces de la región catalana. Como primer paso, el PSOE ha aceptado ya que ERC entre cuanto antes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El objetivo final es el fraccionamiento del Poder Judicial nacional, que ya ha sido rechazado por el TC. Para solucionar este "problema", el PSOE ha ofrecido, además, a ERC y PNV una fórmula camuflada que otorgaría, en primer lugar, influencia a estos partidos sobre los jueces de vigilancia penitenciaria –casualmente, los que deciden sobre la permanencia de los presos en las cárceles–.

En definitiva, mientras ERC se hace el ofendido, Sánchez prosigue en su estrategia de desmantelamiento de las instituciones. El separatismo sabe que está ante una oportunidad histórica de lograr sus siniestros objetivos y la sentencia del Tribunal de Luxemburgo les va a servir de catapulta.

Madrastra Europa
Emilio Campmany Libertad Digital  20 Diciembre 2019

La sentencia incrementará el euroescepticismo, y no faltarán españoles que envidien a los británicos.

La sentencia con la que Tribunal de la Unión Europea nos da el último de una larga serie de sartenazos suscita un montón de cuestiones, cada una digna de análisis separado. La primera es su flagrante injusticia. Las normas europeas dejan a cada país miembro la aplicación de sus normas electorales y tan sólo exigen que la elección sea democrática. En España, para ser senador o diputado no basta ser elegido, sino que es necesario jurar o prometer la Constitución y obtener la correspondiente acta. El tribunal dice que para ser eurodiputado español esto no es necesario. Entonces, ¿por qué llevamos lustros exigiendo que todos los eurodiputados cumplan las formalidades exigidas por las legislaciones de sus respectivos países si, según la Justicia europea, son perfectamente inútiles?

Otra consideración deriva de la seguridad de que esto no se lo hubieran hecho a Francia o a Alemania. En cambio, por no sentirnos solos en el maltrato, se lo hubieran podido perfectamente hacer a Polonia o incluso a Italia. Como cuando el socialista Timmermans abrió expediente a Polonia por hacer algo que tenía perfectamente derecho a hacer, por torcidos que fueran los objetivos del Gobierno de Varsovia. En aquella ocasión nadie, incluidos nosotros, levantó un dedo por defender a los polacos.

Luego están las consecuencias prácticas. Mientras España tramita el suplicatorio, Puigdemont podrá pasearse no ya por Europa, sino por toda España riéndose de su Gobierno, de su Justicia y de todos nosotros sin poder ser detenido hasta que el suplicatorio se conceda, quién sabe cuándo. Desde el punto de vista social, la sentencia incrementará el euroescepticismo, y no faltarán españoles que envidien a los británicos, a quienes dentro de poco no podrán hacerles los que nos vienen haciendo a nosotros.

Sin embargo, lo más importante es que todo esto no sólo nos pasa por lo mucho que en Europa nos desprecian. Pasa sobre todo por lo mucho que nos desprecian nuestros Gobiernos. Ninguno de ellos quiso asumir la derogación de la Doctrina Parot pactada por Zapatero con la ETA y lo que se hizo fue conseguir que fuera un tribunal internacional el que hiciera el trabajo sucio para no tener que asumir ninguna responsabilidad frente al electorado. Se permitió y toleró que el proceso de independencia en Cataluña avanzara de ilegalidad en ilegalidad hasta que no hubo otro remedio que intervenir. Y cuando finalmente se actuó, en vez de emplear la cirugía adecuada se recurrió a indoloros e ineficaces métodos homeopáticos. Rajoy dejó escapar a Puigdemont por negligencia y quién sabe si con connivencia, dando lugar a todas las humillaciones que esa fuga nos ha traído. Y, por último, no es descartable que el Gobierno de Pedro Sánchez haya igualmente estimulado una sentencia favorable a Junqueras como precio de su negociación con Esquerra o con Junts, o por exigencia del PSC o por cualquier otro cálculo derrotista de los muchos que lleva hechos el PSOE. Con estos padrastros que han sido Zapatero y Rajoy y todavía es Sánchez, ¿quién necesita una madrastra? Pues por si acaso, ahí está Europa dispuesta a desempeñar el papel.

No se entusiasmen los separatistas
Editorial ABC  20 Diciembre 2019

Ahora es preciso respaldar al TS y no ofrecer su cabeza a unos separatistas que saben que las condenas impuestas por el 1-O no ven alterada ni una coma por la sentencia del TJUE

La reacción eufórica de los nacionalistas catalanes a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre Oriol Junqueras se basa en una interpretación puramente política y oportunista del fallo, para que surta efecto en el proceso de negociación de la investidura de Sánchez, que ahora puede complicarse, pues los separatistas elevarán su precio al apoyo del candidato socialista. Esta finalidad de sacar tajada es la que explica la desmesura absoluta de las declaraciones de dirigentes independentistas, populistas (también socios de Sánchez), abogados de los condenados y medios afines al secesionismo. Quien les oyó y leyó ayer debió de pensar que hoy Junqueras estaría en su casa tranquilamente. Menos explicable es que se hayan contagiado de este entusiasmo impostado de los separatistas quienes hasta hace poco encumbraban a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, particularmente a su presidente, Manuel Marchena, y hoy los tachan con toda suerte de descalificaciones. Unos y otros se precipitan, porque la situación jurídica de condenados y procesados por el juicio del procés no ha entrado en crisis, aunque algunos hayan entrado en pánico. Por lo pronto, el Supremo ha dado audiencia a las partes del proceso por cinco días para que se pronuncien sobre los efectos de la sentencia del TJUE en la situación de Junqueras y otros acusados. Es un trámite obligado, pero que no implica la predisposición de la Sala Segunda a alterar la condición de condenado en firme de Junqueras. Cuestión distinta es lo que suceda con Puigdemont y Comín, que fueron candidatos a la Eurocámara. En el peor de los casos, el Supremo tendrá que pedir al Parlamento Europeo el levantamiento de su inmunidad. Ahí se retratará el PSOE ante sus socios socialistas europeos.

Lo que ha decidido el Tribunal Europeo no pone en la calle a Junqueras, ni convierte en nulo su juicio. El TJUE deja en manos del Supremo que decida cómo se valora la circunstancia de que Junqueras tenía inmunidad como eurodiputado desde la proclamación de los resultados electorales, pero tal prerrogativa -que no equivale a inviolabilidad- debe interpretarse a la luz de los privilegios que la Constitución y las leyes españolas prevén para los parlamentarios. Por eso, la declaración de inmunidad de Junqueras llega tarde para él, porque en España el suplicatorio de los parlamentarios es obligatorio antes de ser mandados a juicio, pero no cuando se ha declarado la apertura de juicio oral. Los delitos son anteriores a su supuesta condición de diputado europeo, lo mismo que su procesamiento, acusación y enjuiciamiento. Las risotadas de los dirigentes nacionalistas no deben nublar el raciocinio de quienes creen en el Estado de Derecho. Ahora, más que nunca, es preciso respaldar al TS y no ofrecer su cabeza a unos separatistas que, a pesar de su jolgorio, saben que las condenas impuestas por el 1-O no ven alterada ni una coma por la sentencia del TJUE.

El juicio del 1-O tuvo todas las garantías
El presidente de la Generalitat, Quim Torra saluda a los doce líderes independentistas acusados por el proceso soberanista catalán/Foto: Emilio Naranjo/EFE
Editorial larazon  20 Diciembre 2019

La lectura que el independentismo e izquierdistas afines han hecho de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el recurso de Oriol Junqueras es tan tergiversada y propagandística, que esconde muy intencionadamente aspectos que no deberían pasar desapercibidos. Sin duda, los magistrados de Luxemburgo han sido claros: goza de inmunidad en virtud del artículo 9 del Protocolo sobre privilegios una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional «en un proceso penal por delitos graves». Así lo especifica el punto 94 de dicha sentencia. Lo que no se dice, claro está, es que el candidato de ERC fue elegido eurodiputado el 13 de junio, justo un día después de que el juicio por los hecho del 1-O terminase el 12, estando ya visto para sentencia. Es decir, para aquellos que afirman que Junqueras fue juzgado sin todas las garantías, habrá que recordarles que fue procesado por «delitos graves», entre otros de rebelión, derivados de la declaración de independencia de Cataluña el 27-O, y no por actividades siendo eurodiputado.

Ayer, los independentistas y el propio Junqueras pedían su libertad y la anulación del juicio que le ha condenado a 13 años por sedición y malversación, sin tener en cuenta que el Tribunal de la UE ha anulado (puntos 46-50) la «reapertura de la fase oral del procedimiento» en el juicio del 1-O, tal y como el líder de ERC había pedido el pasado 12 de noviembre. Ahora bien, a pesar de que el Supremo llevó a cabo bajo la batuta de Manuel Marchena un juicio garantista y ejemplar, la posibilidad de permitir a Junqueras viajar a Estrasburgo para recoger su acta de diputado era una posibilidad que hubiera evitado dejar abierto el resquicio legal por donde ha entrado ahora la defensa de líder de ERC. En todo caso, el Tribunal de la UE no decide sobre la libertad de Junqueras. La Fiscalía ha pedido que se comunique al Parlamento Europeo que el líder de ERC, que no está actualmente sujeto a medida cautelar alguna, sino que ha sido condenado en firme por delitos de sedición y malversación, está inhabilitado. La decisión del Tribunal de Justicia Europeo tiene una virtud: aclarar que la inmunidad parlamentaria de los eurodiputados se adquiere en el mismo momento de la elección, pero plantea una inquietante pregunta. ¿La renuncia de la soberanía de los estados miembros llega hasta el punto de perder validez la fuente de la misma? Porque, España, como en el resto de los estados miembros de la UE, se rige por sus propias leyes nacionales, que emanan de la Constitución, y que establecen un requisito imprescindible para adquirir la condición de eurodiputado de pleno derecho, como es la jura o promesa previa de la Carta Magna en la sede del Parlamento. Que estar en prisión preventiva, como era el caso de Junqueras, o permanecer fugado de la Justicia española, como es el caso de Carles Puigdemont, suponía un problema de interpretación a la ojos del Tribunal Europeo, no se discute, pero que la Ley española al respecto era meridianamente clara, tampoco. En ambos casos, la Justicia española actuó conforme a Derecho y fue avalada por la presidencia del Europarlamento. Sin duda, habrá que acatar la decisión judicial, por más que ampare a unos políticos que se han sustraído a la acción de la justicia de un país inequívocamente democrático como es España.

Habrá, también, que proseguir las actuaciones, comenzando por la solicitud de los suplicatorios a la Eurocámara en el momento procesal oportuno. Pero que una buena parte de la sociedad española no comprende lo que ocurre ni está de acuerdo, es un hecho que merece una reflexión de los actuales arquitectos de la Europa Unida, la misma que ha visto la deserción de Reino Unido y el avance de los populismos disgregadores.

Otra bofetada a la Justicia española
Editorial. vozpopuli   20 Diciembre 2019

El Tribunal de la UE da la razón a Junqueras y abre las puertas a un posible retorno de Puigdemont

Las decisiones judiciales irrumpen, una vez más y como estaba previsto, en el escenario político nacional, con nefastas noticias para los defensores del orden constitucional y una especie de premio gordo anticipado para los secesionistas en pleno pulso al Estado y en la fase decisiva de las negociaciones para formar Gobierno.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a Oriol Junqueras al considerar que la inmunidad parlamentaria se alcanza en el momento mismo de ser elegido y no cuando se jura el cargo. Una controvertida sentencia que echa por tierra no sólo los argumentos del Tribunal Supremo español, sino que ignora los pronunciamientos emitidos tanto por la Eurocámara como por la propia Comisión Europea. Un revés más para las instancias judiciales españolas, que no han conseguido victoria legal alguna contra los promotores del procés en los tribunales comunitarios.

Los efectos de este fallo sacuden, de forma determinante, tanto al ámbito judicial como al político. En el terreno judicial, no deja de resultar paradójico que Junqueras, el principal protagonista de toda esta abracadabrante función, vaya a resultar el menos afectado, puesto que se encuentra cumpliendo una condena firme de 13 años por delitos de sedición y prevaricación.

Puigdemont, el vencedor
Mayor incidencia tendrá sobre el futuro de Carles Puigdemont, el gran vencedor de esta jugada, quien, cómodamente instalado en Waterloo, podrá acogerse a la 'sentencia Junqueras' para reclamar su propia inmunidad y su condición de europarlamentario. Al no haberse sometido a los jueces españoles y no haber sido procesado ni condenado, podría incluso plantearse regresar a España, una posibilidad cada vez más próxima, acompañada de un adelanto electoral en Cataluña con el propio Puigdemont como candidato.

El mundo independentista, algo desmovilizado en las últimas semanas, ha reaccionado con estrepitoso júbilo ante la novedad judicial, todo un espaldarazo internacional a sus reclamos y planteamientos. Junqueras, que no ha perdido ni un minuto en reclamar su puesta en libertad, emerge notablemente fortalecido de este singular capítulo de la 'república', lo que sin duda repercutirá en el pulso negociador que mantiene estos días su partido con Pedro Sánchez.

Mala noticia, por tanto, para el propio Gobierno, que confiaba en una actitud neutral por parte de las instancias europeas y se ha encontrado con que ha de digerir sapo de colosales dimensiones con efectos imprevisibles en su línea de diálogo con los republicanos. Su único consuelo de la jornada es la condena a año y medio de inhabilitación a Quim Torra por no retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral. Un asunto menor, ya que el futuro político de Torra está prácticamente amortizado.

El Gobierno perjudica los intereses de España en la UE cuando legitima a Junqueras tratándole como socio preferente para la investidura

España parece abonada al ninguneo judicial en Europa. La sentencias negativas caen sobre nuestras cabezas como una lluvia inclemente de meteoritos. ¿Qué nos pasa con la UE? ¿Acaso nos odian? Nada más lejos de la realidad. En vez de lamerse las heridas utilizando argumentos populistas y facilones, España debería hacérselo mirar y preguntarse por qué pasan estas cosas y si alguien no está haciendo correctamente su trabajo, desde el Tribunal Supremo hasta el Gobierno.

Y, en este sentido, también conviene recordar que España no tiene actualmente ninguna autoridad moral en la UE para exigir mano dura contra el independentismo catalán porque es el propio presidente del Gobierno el que está legitimando la 'lucha' de Junqueras al tratarle como socio preferente en sus negociaciones para la investidura. Mientras nuestro país no sea capaz de estar unido y cerrar filas frente al totalitarismo, actuando con una sola voz en Europa, jamás se nos podrá tomar en serio en las instituciones comunitarias.

El fallo de la UE no afecta al fondo del asunto. Se trata de una cuestión procedimental que no pone en cuestión la sentencia por sedición y malversación

A pesar de ello, que nadie se lleve a engaño. La euforia del independentismo con esta sentencia es pura propaganda. España ha perdido una batalla, pero no la guerra, porque esta es una cuestión procedimental que no afecta al fondo del asunto y, en consecuencia, nadie ha puesto en cuestión los argumentos con los que Junqueras y otra decena de líderes independentistas fueron condenados por sedición y malversación.

Inmunidad no es impunidad
Cristina Losada Libertad Digital  20 Diciembre 2019

La inmunidad no es impunidad. Pero hay gentes muy interesadas en transmutar la una en la otra.

En política hay que estar preparados para lo peor. De ahí que sorprenda que al Gobierno le haya sorprendido la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, porque esperaba, ¡ay!, otra decisión. Siempre escurriendo el bulto cuando se trata del separatismo, la vicepresidenta Calvo dice que este lío es una herencia del Gobierno de Rajoy. Y un escaqueo tan típico y tópico, en instantes como éste, hace sospechar lo atípico y lo irregular: que quieren deshacerse del legado cuanto antes y aprovechar la inmunidad para pasar a la impunidad. Aunque ya que hablamos de herencias. También lo es, de aquel mismo Gobierno, que Puigdemont, otra inmunidad en juego, lograra escapar. Fue un Gobierno que tampoco supo o quiso prepararse para lo peor. Ni el 1-O ni antes ni después. Hasta le cogió desprevenido aquella sentencia de los jueces de Schleswig-Holstein, que se pasaba por el forro la euroorden.

Entre la estupefacción cierta o fingida del Gobierno y la agitación separatista, que la celebra como si fuera una orden de libertad o anulara el juicio del Supremo, el auténtico alcance de la sentencia está quedando en la confusión más oscura. Aunque la propia decisión del TJUE tiene su papel en el enredo. Para empezar, ha establecido un criterio diferente al que se daba por sentado hasta ahora. El momento en que uno empieza a ser eurodiputado y a gozar de la prerrogativa de la inmunidad –es prerrogativa, no derecho fundamental– no es, como se suponía, cuando el elegido cumple los requisitos que dispone cada Estado miembro en su territorio. Como acatar la Constitución, por ejemplo. Pues no. Según el TJUE, uno es eurodiputado por efecto directo del sufragio y empieza a tener entonces inmunidad. En concreto, la inmunidad de desplazamiento, la que le protege para acudir a la Eurocámara a tomar posesión del escaño.

Una primera consecuencia política de la sentencia, en el plano europeo, es que relega a un papel meramente decorativo las normas internas de los Estados para la formalización del cargo de eurodiputado. Implica, por tanto, un nuevo recorte a la soberanía de los Estados miembros. Es toda una ironía que esta decisión contraria a la soberanía estatal vaya a beneficiar a unos soberanistas que proclamaron un Estado independiente. Pero así son las cosas de la justicia europea. Y aún hay una segunda consecuencia, en ese mismo plano, todavía más inquietante. Una persona que esté procesada por algún delito en un Estado de la UE puede ahora presentarse a las elecciones europeas con la seguridad de que si sale elegida logrará, sin más trámite, la inmunidad parlamentaria y podrá así obstaculizar las actuaciones judiciales a las que está sometida.

¿La Eurocámara como refugio de procesados? Quizá no haya pensado en esa provocadora perspectiva el presidente del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli, cuando anunció, altisonante, que ordenaba a sus servicios jurídicos que estudiaran de inmediato los efectos de la sentencia en la composición de la Cámara. Mira que si uno de los efectos en la composición de la Cámara es que se junte allí, en el gran hemiciclo bruselense, un buen surtido de presuntos delincuentes, lo mejorcito de cada casa y de cada Estado miembro... Cierto, habrá que verlo en detalle. Los legos en derecho nos perdemos los detalles. Pero la posibilidad está ahí. Tan ahí que es exactamente la que exploraron Junqueras y compañía, y que ahora tiene el aval del TJUE. Porque Junqueras ya estaba procesado cuando se presentó candidato. Y se presentó candidato, como el resto de los golpistas, con la sola finalidad de obstruir –o dinamitar– el proceso judicial.

La sentencia dice que el Supremo tenía que haber levantado la prisión provisional para que Junqueras fuera a tomar posesión de su escaño europeo. O haber pedido a la Eurocámara que suspendiera la inmunidad. Pero no ordena poner en libertad al jefe de Esquerra, condenado por sedición y malversación, por más que lo proclame urbi et orbi la propaganda separatista. Propaganda que difundían sin restricción y sin fact-checking los medios públicos nacionales, porque igual ahí, como quiere el Gobierno, les va bien presentar esto como un lío heredado del que hay que deshacerse cuanto antes. La inmunidad no es impunidad. Pero hay gentes muy interesadas en transmutar la una en la otra. La confusión es la redoma perfecta para esa alquimia.

Inmunidad no es impunidad
El veredicto europeo es un revés para el Supremo pero no puede amparar un fraude de ley, un uso espurio del Derecho
Ignacio Camacho ABC  20 Diciembre 2019

Si Junqueras y/o Puigdemont acabasen en libertad, lo que resulta muy improbable, como consecuencia del veredicto del Tribunal de la UE, éste habría colaborado en un fraude de ley de modo indirecto. Porque es evidente que los dos procesados se presentaron a las elecciones de la Eurocámara con la intención de blindarse en el aforamiento. La Corte de Luxemburgo no puede entrar en juicios de intenciones pero no debería ignorar que su garantista fallo -hay polisemias que carga el diablo- favorece un uso espurio del Derecho. Como tampoco debió ignorarlo el Tribunal Supremo cuando evacuó la consulta de inmunidad y cuando decidió no esperar la respuesta antes de continuar el procediso. Si el juez Marchena tenía una duda razonable, procedía detener el juicio hasta haberla resuelto.

Ahora el asunto ha desembocado en un monumental lío, un descalzaperros de esos en los que la maquinaria de intoxicación separatista se las pinta para sacar partido. El relato de trazo grueso no deja lugar a matices técnicos ni jurídicos: para el independentismo, sus líderes han sufrido un atropello que la sentencia comunitaria absuelve con efecto retroactivo. Es falso pero eficaz, y con su indiscutible éxito propagandístico en la mano no van a detenerse en casuismos; tienen a su alcance una formidable oportunidad para autoafirmarse en su mito de la represión autoritaria y del castigo político. Sobre todo después de que el Ejecutivo, en su negociación suicida, haya legitimado la tesis del «conflicto».

El problema es de primera magnitud, y no sólo porque los abogados de Junqueras van a perseguir la anulación de la condena y porque Puigdemont ya se vende a sí mismo cruzando la frontera. Es que aunque ambas posibilidades sean remotas, que lo son, esa apariencia de impunidad de los golpistas incrementa la desconfianza o la actitud escéptica de muchos españoles ante la superestructura europea y propicia un peligroso discurso populista sobre la soberanía humillada por injerencias extranjeras. Además, la situación enreda aún más la ya de por sí incierta investidura de un Sánchez que sigue empeñado en que se la facilite Esquerra. Los secesionistas se sienten más fuertes para elevar su listón de exigencias en el caso de que la perspectiva de un adelanto electoral en Cataluña no los levante de la mesa, y encima la inhabilitación de Torra añade tensión victimista a la pugna por la hegemonía interna.

En esas condiciones, el intento del presidente se vuelve aún más irresponsable: ese pacto, de consumarse, va a provocar verdaderas oleadas de indignación en la calle. Las inesperadas -¿o quizá no tanto?- complicaciones judiciales del procés lo convierten en un funámbulo zozobrando en el alambre. Y con las instituciones del Estado sometidas por todas partes a un severísimo desgaste, lo más inquietante es que sea el jefe del Gobierno quien lidere la escalada de disparates.

Europa ayuda a Junqueras y Puigdemont pero deja a Pedro Sánchez en coma
EDITORIAL ESdiario   20 Diciembre 2019

Los políticos presos o fugados no son menos culpables y su inmunidad no equivale a impunidad. Pero el fallo hace aún más impresentable que el PSOE gobierne bajo su tutelaje.

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha regalado un balón de oxígeno al separatismo catalán, sin duda, al reconocer que todo eurodiputado electo goza de inmunidad desde el mismo momento en que cierran las urnas, aunque no haya formalizado su condición con arreglo a los procedimientos administrativos de su país de origen.

Eso significa que Junqueras debió de ser inmune antes del juicio del Supremo, concluido con una condena a 13 años de prisión por sedición, y que Puigdemont, Comins y Ponsatí lo son también aunque se fugaran de la Justicia española.

Conviene aclarar que inmunidad no equivale a impunidad, y que el fallo judicial no prejuzga ni enmienda ni contrapone una sentencia alternativa que cambia la naturaleza penal de los delitos cometidos por todos los políticos catalanes. Ni tampoco sacraliza el inexistente derecho a la autodeterminación ni legitima la independencia.

Ni siquiera libra a los fugados de la acción de la justicia española ni a los condenados de las penas firmes que ya padecen. Simplemente, en el peor de los casos, se añade otro requisito extra para juzgarlos: que el Parlamento Europeo levante la inmunidad para que el Supremo pueda juzgarles. Algo que siempre ha hecho y que, en el caso de Puigdemont, deberá hacer en cuanto España y sus instituciones judiciales cursen la petición.

Los efectos políticos
El valor y las consecuencias políticas del fallo ya son otra cosa. El soberanismo lo ha presentado como una rotunda victoria no solo de sus dirigentes, sino también de la alocada causa que pretenden imponer. Y pese a ser una falacia, las consecuencias de ese discurso sí pueden ser muy reales.

Sobre todo para Pedro Sánchez, a quien seguramente le hubiera venido muy bien una sentencia limitada al caso de Junqueras para facilitarle el pacto que tenían casi culminado el PSOE y ERC. Pero el fallo europeo es tan genérico -aunque con probabilidad inducido por manos políticas- que sus efectos se extienden a cualquier eurodiputado de cualquier país. Incluido Puigdemont.

Sánchez no puede seguir buscando la investidura con el separatismo. El fallo de la UE lo hace aún más inviable

Y eso estropea el guión y pone en serios aprietos la investidura. Porque un expresidente de la Generalitat retornado a Cataluña con el discurso secesionista intacto, siquiera mientras pierde la inmunidad (conservarla sí sería un escándalo político), constituye una imagen muy poderosa frente a un Junqueras en prisión y responsable de un acuerdo con el "españolista" Sánchez.

O busca otras alianzas, o Elecciones
O bien el PSOE hace unas concesiones vergonzosas a ERC que le permitan a ésta vender una victoria como paso previo a su llegada a la Generalitat; o bien los republicanos no podrán firmar nada por el temor a perder la hegemonía secesionistas ante el redivivo Puigdemont.

Pero es mejor que el problema lo tenga Sánchez a que lo padezca España. Lo responsable sería que el PSOE renunciara a depender de cualquier partido que discuta los pilares constitucionales del país que pretender degradar.

Y este fallo le da la enésima oportunidad para asumir esa obviedad y proceder en consecuencia: buscando otras alianzas constitucionales o convocando otras Elecciones en las que, por supuesto, no podrá ser candidato.

No lo hará, con total seguridad, y preferirá cuadrar un círculo imposible que solo se ajusta si se pagan peajes inasumibles. Siempre lo han sido, pero con este fallo europeo se han triplicado hasta un punto sencillamente insoportable.

¡Pandilla de sanchos!
Antonio Robles Libertad Digital  20 Diciembre 2019

Han sido cuatro décadas de renuncias, de consentimiento y de complejos.

Vaya mañanita la de este jueves 19 de diciembre. Nos desayunamos con la resolución de inmunidad para Junqueras y la completamos con la inhabilitación de Quim Torra para cargo público. La noche anterior la cerramos con la violencia incendiaria de tsunami democràtic. Todo viene del mismo frente, la Cataluña nacionalista. Es como si la hermanita adolescente trajera a toda la familia de cabeza.

Yo no sé a quién se le ocurrió decir que España es un país de quijotes. Ni siquiera sé si algún día lo fue, pero en este tiempo de compromisos sólo veo sanchos por doquier, como si la cosa no fuera con ellos. Y, en medio de la desolación, una pandilla de pillos territoriales sacando tajada de la dejación y la impunidad. Marcos mentales, relato. La nueva brújula.

Los medios nacionalistas daban cuenta del festín judicial como si el Barça hubiera tumbado al Madrid en el último minuto. De la inmunidad infieren la impunidad general del procés. Sus medios y tertulianos ya lo han dejado sentado. Meten en el mismo saco los delitos de sedición y malversación con la inmunidad parlamentaria. Como si un eurodiputado no pudiera ser juzgado por delito alguno. El Estado opresor había sido vencido: ¡viva la independencia unilateral!

Ya cuela todo. En el fondo tenemos lo que hemos permitido. Mientras el catalanismo entendió los nuevos tiempos de la posverdad y se dedicó sin escrúpulos a infectar con información interesada organismos políticos internacionales, a cebar con dinero a periodistas de medios extranjeros, a difundir noticias falsas de una realidad catalana victimizada, a engatusar departamentos universitarios en nombre de la democracia, los Gobiernos de España y nuestros intelectuales y medios ignoraron el fenómeno. Hasta los jueces en Europa tienen una visión inducida sobre lo que ocurre en Cataluña.

Ante sopapos como éste, cobran su justa dimensión la dejación, la irresponsabilidad y la cobardía de la nación entera. Han sido cuatro décadas de renuncias, de consentimiento y de complejos. Nunca se debió permitir que la corrupción de Jordi Pujol con Banca Catalana quedara impune en 1984, jamás se debió sacar a las víctimas de ETA por la puerta de atrás de la Iglesia, nunca se debió permitir que en nombre de la debilidad de una lengua se cercenasen los derechos lingüísticos de todos; el Estado jamás debió consentir que sus símbolos fueran eliminados en parte de su territorio soberano. Fuimos débiles, permitimos que nos convirtieran en extranjeros en nuestro propio país, dejamos que debilitaran el sistema escolar hasta diluir el esfuerzo, la capacidad, la responsabilidad, el respeto al conocimiento, y trocearlo como si fuera a la carta.

Ahora comprenderemos con detalle el inmenso error de Rajoy por no convocar elecciones ante una moción de censura perdida, y repararemos en los costes tan dramáticos del error de Rivera al negarse a pactar el Gobierno de España con Pedro Sánchez, a salvo de populistas y nacionalistas.

Nunca es tarde para tomar conciencia. La percepción que tienen muchos colectivos políticos, mediáticos y judiciales de la UE, en buena medida proviene de la guerra cultural que no hemos sabido contrarrestar.

El Tribunal Supremo no debería haber llevado el juicio a cabo como si tuviera que demostrar limpieza de sangre. El garantismo está bien, evitar al filibustero también. No ha sido el caso, y así nos va. Y si no, que se lo pregunten a Pedro Sánchez, siempre tan oportuno: ¿qué podíamos esperar de un tribunal europeo que ha de pronunciarse sobre cuitas de un preso si el presidente de nuestro propio país está negociando el Gobierno con él, condenado en la cárcel por sedición?

La decisión del TJUE sobre Junqueras reactiva y revitaliza al separatismo
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital  20 Diciembre 2019

La teórica inmunidad sobrevenida de Junqueras y la posibilidad de que beneficie a Puigdemont intensifican la guerra entre JxCat y ERC.

Tras un día aciago con el fiasco del Tsunami en el Camp Nou y el retorno de la violencia separatista a las calles de Barcelona, los partidos independentistas vuelven a coger aire. Ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el encargado de insuflar nuevos ánimos en ERC y Junts per Catalunya (JxCat). La resolución en la que el tribunal europeo afirma que Oriol Junqueras debería haber gozado de inmunidad en el momento en el que fue elegido eurodiputado para tomar posesión del escaño y los efectos que tal resolución pueda tener en la situación del prófugo Carles Puigdemont han desatado la euforia en las filas independentistas. Desde el mes de octubre de 2017 no vivía el separatismo una jornada de tanta excitación y triunfalismo.

Se ignoran por el momento las consecuencias prácticas de la resolución del TJUE, pero el separatismo aprieta y exige la puesta en libertad inmediata de los golpistas, la nulidad del juicio en el Tribunal Supremo y el retorno de los fugados. Como primera providencia, ERC ha paralizado las conversaciones con el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Puigdemont, por su parte, asegura que la próxima reunión de su grupo en el Parlamento de Cataluña se llevará a cabo en "suelo catalán". Las dos grandes facciones del separatismo están on fire, con un optimismo desatado, de nuevo en pie de guerra contra el Estado.

El segundo de Oriol Junqueras, Pere Aragonès asegura que el líder de ERC debe salir en breve a la calle, una excarcelación que arrastraría al resto de golpistas presos, aunque este jueves hayan sido los grandes marginados en las celebraciones separatistas. En JxCat celebran como propia la victoria judicial del dirigente republicano, fruto de una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo ante el TJUE.

TSJC, papel mojado
En paralelo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que inhabilita durante un año y medio al presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha sido encajada como papel mojado. Para el independentismo, la justicia española es un guiñapo. Torra asegura que solo la cámara regional puede inhabilitarlo. Esa es la parte declarativa.

A efectos prácticos ha anunciado que agotará la vía judicial, de modo que como primera medida sus abogados, encabezados por Gonzalo Boye –condenado por colaboración con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla–, recurrirán la sentencia del TSJC ante el Tribunal Supremo. La legislatura autonómica está en su ecuador y podría haber acabado cuando la inhabilitación sea firme.

Las bases, contra la investidura
El espaldarazo a Junqueras y de rebote a Puigdemont en el TJUE recrudece la guerra entre las banderías separatistas. El prófugo afirma que su estrategia de huir es ganadora porque le permitirá tomar posesión de su escaño en el parlamento europeo. En ERC consideran que sin la prisión de su líder no habría sido posible lo que consideran un varapalo internacional contra la justicia española.

Las celebraciones y el descorche se llevan a cabo por separado. Las bases separatistas, el Tsunami, los Comités de Defensa de la República (CDR), la CUP y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) están en contra de que ERC facilite con su abstención la investidura de Pedro Sánchez.

Congreso de ERC
La formación republicana celebra cónclave este fin de semana. El congreso debe servir para ratificar la estrategia a medio plazo con la unilateralidad como bala en la recámara. El objetivo principal es un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. Caso de ser imposible, el comodín es esa unilateralidad que pregonan el resto de fuerzas separatistas como primera y única opción.

Las negociaciones con el PSOE que estaban tan avanzadas corren un serio peligro de descarrilar a pesar de que el informe del abogado de la Unión Europea, el polaco Maciej Szpunar, prefiguraba el peor de los escenarios posibles para el Tribunal Supremo, que la inmunidad comienza el día después de las elecciones y aunque no se haya tomado posesión del acta de eurodiputado.

Puigdemont capitaliza la decisión
Carles Puigdemont se ha apresurado a capitalizar la resolución del TJUE con una rueda de prensa en la sede de la "embajada" de la Generalidad en Bruselas en la que ha reclamado la inmediata puesta en libertad de Junqueras y ha arremetido contra la "represión" del Gobierno español y el "silencio" de las instituciones europeas. También ha dicho que la decisión del tribunal europeo ayuda a "resolver un conflicto político que solo puede tener solución en el marco europeo".

A preguntas de los periodistas Puigdemont ha negado que vaya a mudarse a Perpiñán aunque ha afirmado que tiene muchas ganas de ir a la localidad francesa. No obstante, ha admitido que de momento no puede salir de Bélgica sin autorización judicial.

En relación a la inhabilitación de Torra, Puigdemont ha aconsejado al Tribunal Supremo que "se mire con mucha atención la sentencia de inhabilitación por colgar una pancarta que pide la libertad de un señor que según la justicia europea debería estar en libertad". Además ha asegurado que no era casual que se haya conocido la sentencia del TSJC el mismo día que la resolución del TJUE que estaba prevista con mucha antelación.

En cuanto a la acreditación como eurodiputado, Puigdemont ha reconocido que el parlamento europeo todavía no le ha avisado para realizar el trámite y que es probable, a su juicio, que se lleve a cabo a partir del 6 de enero toda vez que la cámara cierra por vacaciones hasta esa fecha.

Junqueras, por su parte, ha emitido un mensaje en Twitter en el que afirma: "La justicia ha llegado desde Europa. Se han vulnerado nuestros derechos y el de dos millones de ciudadanos que nos votaron. ¡Nulidad de la sentencia y libertad para todos! ¡Persistid como lo hemos hecho nosotros!".

La rebelión de la Cataluña libre de nacionalismo
Sergio Fidalgo okdiario  20 Diciembre 2019

En Cataluña, ante el abandono por parte del Estado, que ha permitido que los constitucionalistas catalanes pasen a ser ciudadanos de segunda frente a unos secesionistas cada día más crecidos, hay grupos de ciudadanos que han decidido que van a hacer ellos el trabajo que no hacen las instituciones que deberían velar por los derechos cívicos y las libertades de todos. Y esto no debería ocurrir si los políticos hicieran su trabajo.

Barcelona sufre desde hace más de dos meses cortes en una de sus principales vías de comunicación, la Avenida Meridiana, por parte de un puñado de radicales que han decidido que el derecho a la libre circulación de los ciudadanos no existe cuando a ellos les apetece. Y cuando les da la gana, que es cada día, bloquean el tráfico afectando a la vida de miles de vecinos y transeúntes.

Por supuesto, todos los poderes públicos miran hacia otro lado. En un par de ocasiones han intervenido los agentes policiales para disolver a los cuatro gatos que cortaban la Meridiana. Llevan más de sesenta días bloqueado esta vía con total impunidad mientras el ayuntamiento de Ada Colau, la Generalitat de Quim Torra y el Gobierno central de Pedro Sánchez daban todo tipo de excusas. Y en el caso del gobierno autonómico, apoyando, dado que hasta diputados de JxCAT han ido a interrumpir el tráfico.

La impunidad de los radicales secesionistas llega hasta tal extremo que se permitieron amenazar con una “lista negra” tomando los datos del vehículo a un conductor de un autobús que protestó con vehemencia contra este abuso. Están tan convencidos que tienen barra libre, que “las calles son suyas”, que ya no permiten ni el derecho al pataleo. Esta es la situación que se ha creado en Cataluña ante la pasividad, complicidad y apoyo por parte de los que deberían resolver problemas, no fomentarlos.

Ante este abuso cotidiano el pasado martes un grupo de ciudadanos libres de nacionalismo, hartos de este abuso, cogieron sus banderas de España y se fueron para la Meridiana para protestar. Por supuesto, la policía autonómica protegió a los secesionistas que cortaban por enésima vez esta vía estratégica y evitó posibles incidentes, pero los gritos de apoyo de los conductores y los vecinos a los contramanifestantes que lucían sus rojigualdas fueron multitud. Porque la gente está harta que un puñado de radicales separatistas se salten cada día las normas de convivencia desde hace años.

No se trata de incitar a los ciudadanos a tomarse la justicia por su mano, ni a provocar enfrentamientos civiles. Se trata de que las instituciones garanticen los derechos de todos. Y no lo están haciendo. Y si la policía no hace su trabajo, se corre el riesgo que la gente quiera hacerlo por su cuenta. Y eso es lo que pasa desde hace años en Cataluña, por suerte sin graves enfrentamientos civiles, pero ante la dejación de los políticos ante los continuos abusos del secesionismo, la situación se puede complicar.

¿Por qué desde hace años cada noche docenas de catalanes libres de nacionalismo se juegan el tipo para quitar lazos amarillos, esteladas y pancartas ofensivas hacia todos los españoles del espacio público? Porque los poderes del Estado han permitido que el secesionismo se haya apoderado de las calles y los edificios oficiales, patrimonializando lo que debería ser unos equipamientos de todos los ciudadanos. Lo han hecho con impunidad, y presumiendo de ello.

A pesar de las sentencias que han exigido neutralidad del espacio público en Cataluña este no existe, y en centenares de localidades el color amarillo de los lazos lo tiñe todo. Y catalanes libres de nacionalismo cada noche, con riesgo de que radicales secesionistas les golpeen, o que agentes policiales “patrióticos” los identifiquen o detengan, intentan que las calles sean de todos, y no solo de los secesionistas.

Y la situación se puede volver endiablada si los posibles pactos con ERC y JxCAT dan al secesionismo más alas para seguir con su estrategia de expulsión del espacio público de los millones de catalanes que no comulgan con el nacionalismo. Es necesaria, de una vez, firmeza para que los derechos de los ciudadanos libres de nacionalismo sean protegidos. Aunque vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el posible pacto de investidura con los de Junqueras, parece que estamos más cerca del incremento de la barra libre para el secesionismo.

Vox arremete contra la sentencia del TJUE: "Es un palo a España, un ataque a la soberanía nacional"
El partido critica que el Gobierno "no se haga respetar" y negocie con "golpistas".
Maite Loureiro Libertad Digital  20 Diciembre 2019

Vox critica duramente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que concede la inmunidad al preso Oriol Junqueras y la condición de eurodiputado al fugado Carles Puigdemont. "Es un palo a España, un ataque a la soberanía nacional", ha dicho el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, en rueda de prensa desde el Congreso.

"Es una falta de lealtad de las instituciones europeas a miembros importantes como es España", ha asegurado en tono muy duro poniendo en valor que "no se atreverían a atacar a otros miembros como Alemania porque se hacen respetar".

En este sentido, ha censurado las negociaciones del Gobierno con los separatistas y "golpistas" que impiden reclamar respeto fuera cuando no se infunde dentro. "Es muy difícil defender a España en Europa mientras la estamos atacando internamente", ha insistido señalando directamente al Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez por su ronda de contactos con ERC o Bildu.

Por ello, ha anunciado que su partido estará "muy atento" a través de los servicios jurídicos de Vox y del grupo parlamentario para evitar que los intereses de España "se vean lesionados", aunque no ha concretado qué medidas van a adoptar para ello ya que todavía no han podido estudiar la sentencia.

Espinosa de los Monteros ha evitado reclamar el incumplimiento de la sentencia y ha pedido poner en marcha todos los recursos necesarios para impedir que "esto haga todavía más daño a España", aunque se ha mostrado escéptico ante las actuaciones que pueda llevar a cago el Gobierno socialista.

La celebración independentista
Preguntado por la petición de ERC para que liberen a Junqueras y las celebraciones posteriores de los diputados en el Parlament jaleando "libertad, libertad", el portavoz de Vox ha asegurado que entran dentro de la "lógica" independentista y ha puesto el énfasis en los diferentes Gobiernos que no han puesto freno a esas aspiraciones.

"El problema es que nos encontremos sucesivos Gobiernos que no son capaces de hacer frente a esa amenaza, a ese dislate", ha criticado mostrándose muy preocupado por las conversaciones de Sánchez "con aquellos que quieren romper España". En este sentido, ha defendido que las pretensiones independentistas "no tendrían mayor importancia" si todas las instituciones estuvieran unidas y los partidos "cohesionados" en la "lucha contra la disolución de España".

El presidente del partido, Santiago Abascal, ha empleado también un tono muy duro para referirse a la sentencia y arremeter contra la UE. A través de las redes sociales ha dicho que que el TJUE "da oxígeno a los golpistas" y le acusa de cuestionar la soberanía nacional en "oscuros despachos de Bruselas".

También el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, portavoz de campaña durante el 10-N, califica la sentencia de "escándalo" y responsabiliza directamente al PP y el PSOE por "no modificar la ley electoral para impedir que los golpistas procesados pudieran concurrir a las elecciones". Por ello, reclama reformar la UE y rechaza la "entrega de la soberanía judicial y electoral al TJUE y el Parlamento Europeo".

La foto de la ignominia: Raquel González debe irse ya
OKDIARIO  20 Diciembre 2019

Hay imágenes que agreden la dignidad y la sensibilidad, imágenes que suponen un intolerable agravio por lo que tienen de indecencia, imágenes que duelen y representan un insulto a la memoria de las víctimas del terrorismo, imágenes que están cargadas de ignominia.

La imagen de la presidenta del PP de Vizcaya y portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Bilbao, Raquel González, brindando en actitud sonriente con la abogada etarra y candidata de Bildu a la alcaldía de Bilbao, Jone Goirizelaia, ex miembro de la Mesa Nacional de HB, es de esas imágenes que atentan contra la dignidad de cualquiera que tenga un mínimo de ética y humanidad.

Intolerable que una dirigente del PP, partido que ha sufrido en sus carnes el azote del terrorismo y derramado litros de sangre inocente -14 asesinados- brinde con una dirigente proetarra. La fiestas navideñas no justifican en ningún caso esa imagen, porque esa imagen es el retrato mismo de la desvergüenza y del oprobio, un acto inconcebible por lo que tiene de insulto a quienes, por defender la libertad, fueron vilmente asesinados por los amigos de la concejal de Bildu. Ese brindis, en suma, es un acto de traición a la dignidad de las víctimas. Porque con los amigos de los verdugos no se brinda jamás.

El PP, si quiere estar a la altura de lo que dice representar, si pretende dignificar la memoria de los asesinados a manos de una banda terrorista, no tiene otra salida que forzar la dimisión de su presidenta en Vizcaya. Raquel González podría dar el paso, asumir su error y renunciar a su cargo, pero si no lo hace su partido tiene que actuar con la máxima diligencia.

Hay imágenes que resultan devastadoras y esta es una de ellas. Hay brindis que se le atragantan a cualquiera que tenga una mínima sensibilidad. Por una cuestión de dignidad, decencia e integridad moral, Raquel González no puede seguir ni un minuto más al frente de la presidencia del PP de Vizcaya.

 


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