AGLI Recortes de Prensa   Domingo 22  Diciembre  2019

El Supremo se inclina por la opción de que Junqueras siga en la cárcel… ¿O no?
Carlos Dávila okdiario 22 Diciembre 2019

Hace apenas dos meses el fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, advirtió que la rebaja de rebelión a sedición de la pena de los implicados en la subversión de octubre de 2017, sólo iba a acarrear efectos nocivos tanto para la Justicia como para el constitucionalismo español. Zaragoza no se cansó de repetir avisos como éste: “La sentencia impedirá de hecho que el fugado Puigdemont sea extraditado a España". Y añadía: “…y esas consecuencias también afectarán contra de los intereses de España en el caso de Junqueras”.

Pues bien, la profecía se ha cumplido, y hoy por hoy –no se sabe cómo estaremos la semana que viene– la situación es que los fugitivos se pavonean en el Parlamento Europeo (PE) luciendo sus escarapelas de parlamentarios, Quim Torra se fuma un puro y le importa una higa su inhabilitación, y el Tribunal Supremo tiene que decidir en estos días, apenas pasada la Navidad, si pone en libertad a Oriol Junqueras y a continuación redacta el correspondiente suplicatorio, o le sigue condenando a prisión.

El parecer más extendido es que efectivamente el reo continuará en su celda. La pifia que ha cometido el Alto Tribunal calificando de “provisional” la situación de Junqueras alimenta esta impresión porque, vamos a ver: ¿Es que dicho Tribunal no se ha enterado todavía de que Junqueras está condenado ya a trece años de cárcel? ¿O es que lo sabe y por darle un nuevo pescozón a la Justicia española no sólo le depara inmunidad al referido, sino que adjetiva de “provisional” una situación estricta de condena?

Es tan burda, tan cutre, tan parcial y tan torpe la decisión de los europeos que, según las noticias más fiables, el Supremo español se ha cogido un rebote de padre y muy señor mío y le enmendará la plana a sus colegas de la Unión Europea. ¿Cómo? Pues reafirmando la prisión de Junqueras. El Supremo –lo está contando este periódico– se esta cuarteando en sus unanimidades y, todavía en voz baja pero en voz audible, sea escucha a los magistrados que en su momento se opusieron a la rebaja de la figura penal de los separatistas. Ahora, el Supremo se acuerda de Santa Bárbara porque truena y suplica a los partidos constitucionales que defienda su autoridad, su jerarquía en los ámbitos europeos. Si al final, en estos días postnavideños el propio Supremo acordara la liberación del sedicioso ocurriría lo que dice, casi apocalípticamente un magistrado: “Entonces, ¡acaba y vámonos!”, o sea un desprestigio casi eterno de nuestra más alta institución judicial.

Sin embargo, no parece que la libertad sea la primera opción: Junqueras seguirá en la cárcel, mientras, eso sí, se pavonea ante propios y extraños de que le están dando la razón y de que, en consecuencia, no hay otro camino digno que volver a delinquir. Como suena: “Lo seguiremos intentando” dice el penado.

Le contaba a este cronista un informador, de los que habitualmente acuden a las ruedas de prensa de la portavoz Isabel Celáa, que los alegatos de ésta en favor de la negociación y el diálogo suenan a vacuos y, hasta desesperados, en los corrillos de los periodistas. Éstos, por lo demás, están hasta el mismo gorro de ser ninguneados por el presidente con simulacros informativos “modo Zimbawue”, y con los insultos del secretario de Estado de Comunicación, un buen periodista radiofónico antaño convertido hogaño en un propagandista patético de la fe sanchista.

Como escribía líneas arriba, Zaragoza constata ahora cómo sus previsiones se están cumpliendo. Queda por saber si otro de los malos efectos de aquella sentencia del Supremo consiste en que el propio Tribunal Supremo se venga abajo esta semana y decrete la libertad de Junqueras.

Parece ser, como digo, que no, pero hace tiempo que de la Justicia española no sea pueden esperar resultados previsibles, por tanto, si acontece este supuesto que ahora mismo no es el mas probable, podrán decirse que, como en el caso de la Abogacía del Estado, el Supremo ha sido sensible a las presiones directas e indirectas, que de todo hay, de un Gobierno necesitado de que Junqueras y sus monaguillos le den el si antes de terminar el año. Hay que repetirlo: no es probable pero aquí, en España, hasta el rabo todo es toro.

¿Qué les está ofreciendo?
Luis Ventoso ABC 22 Diciembre 2019

El deterioro que han sufrido los pilares de la vida pública española en solo 18 meses de desgobierno de Sánchez supera lo imaginable. Si hace solo tres o cuatro años nos hubiesen dicho que un presidente de España iba a negociar su investidura secreteando con un partido separatista condenado por una sedición para romper el país, no nos lo habríamos creído. Si hace solo tres o cuatro años nos hubiesen contado que el árbitro para que España tenga un Gobierno sería un preso condenado en firme a trece años de cárcel por un golpe sedicioso, no nos lo habríamos creído. Si nos hubiesen vaticinado que el PSOE iba a adular a un partido independentista y republicano, que le exige como punto de partida «el fin de la vía judicial y la represión» -es decir, que las leyes españolas queden en suspenso-, la convocatoria de un referéndum inconstitucional y una amnistía para un mandatario que proclamó unilateralmente una república; simplemente habríamos pensado que alguien fumó demasiada grifa.

Pero está sucediendo, porque por primera vez España soporta a un presidente que tiene como principio la amoralidad táctica al servicio de un único fin: conservar el poder a cualquier precio. Debemos recalcarlo: en ninguna democracia de nuestra categoría se soportaría que un presidente prometa en el debate electoral mano firme con los separatistas sediciosos y que solo tres semanas después inicie un cortejo para que lo mantengan en el poder precisamente aquellos a los que él mismo presentaba como el problema que iba a atajar con leyes más duras.

El pronóstico es pésimo. Ayer en el congreso de ERC se dio a entender que las negociaciones con el PSOE están encarriladas y que Sánchez podría ser investido con su ayuda antes del día 5. En esa asamblea, Junqueras, el preso al que Sánchez le mendiga el plácet, intervino desde la cárcel para recordar que «la independencia es irreversible y otro referéndum, inevitable». ERC recordó sus exigencias: consulta, fin de la intervención de la Justicia española en Cataluña y amnistía. Explicaron que el referéndum llegará sí o sí; sea pactado con el Estado, forzado con movilizaciones y desobediencia, o impuesto de manera unilateral (y a todo eso lo llamaron, por supuesto, «diálogo»). ¿Cuál fue la respuesta de la vicepresidenta del Gobierno? Sonrojante: «Hay que mantener el diálogo en el marco que nos permiten los principios democráticos del Estado de derecho». Desde la sentencia del Tribunal Europeo, el Gobierno ha borrado ya toda alusión a la Constitución o el «orden constitucional», para no molestar a su socio separatista.

¿Qué está ofreciendo Sánchez a ERC? Los españoles tenemos derecho a saber si está vendiendo a nuestro país en la mesa secreta de negociaciones. Dice poco de la ciudadanía la pasividad soñolienta con que asistimos al desguace que se oficia ante nuestros ojos. PP, PSOE y Cs suman 221 escaños de los 350 del Congreso. Pero un preso enemigo de España, que tiene solo 13 diputados, decide nuestro Gobierno por la felonía oportunista de Sánchez. ¿Respuesta de los líderes intelectuales, empresariales y sociales de la nación española? Ninguna.


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La europuñalada
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 22 Diciembre 2019

Nunca se había aplicado a nadie el bofetón de fondo que, acomplejadito, pidió como caricia el Supremo.

La resolución del TJUE es lo que parece: una tremenda puñalada a España, cuya daga fue bobamente entregada por Marchena a una instancia que no ha dudado en ponerse a favor del golpe de Estado contra uno de los miembros más importantes de la UE, aunque hoy sin ningún peso en ella.

Como a la gente le cuesta admitir que los males de España vengan de otro sitio que de sí misma, que así estamos de tibetanizados, recordemos lo que Emilio Campmany publicó en LD, apenas conocida la canallada: nunca jamás ese tribunal había discutido que cada país tiene su norma interna de toma de posesión de las credenciales como representante electo, y nunca, repito, nunca, se había puesto en cuestión el respeto de la UE a este trámite.

El Supremo, un protectorado de la UE
El miramelindo Marchena y sus eurocomplejines unánimes, fiados en ese precedente legal y no en la costumbre europea de ayudar a etarras, golpistas y otros enemigos de España y la Libertad en las últimas décadas, elevó sin necesidad una cuestión prejudicial al TJUE precisamente porque nunca se había discutido a ninguno de los países miembros esa formalidad y para cerrar la puerta a la reclamación ya anunciada del Golpista en Jefe. En realidad, no cerraba esa puerta sino que la abría, vanidosa y neciamente.

Como en todo el desarrollo del juicio al Golpe de Estado, Marchena y sus cuates se colocaron en una situación de protectorado legal europeo, como si España no tuviera legitimidad por sí misma para juzgar un golpe a su soberanía, a su integridad nacional y a su régimen constitucional. O sea, como si estuviéramos en la UE de favor, y no como si le hiciéramos a la UE el favor de pertenecer a ella. Que se lo hacemos, más que casi nadie.

Esto último parecerá engreído incluso a los euroescépticos, que hasta ese punto hemos interiorizado un suicida complejo de inferioridad. Pero así es: España ha tenido, tiene y debe tener más importancia que, al menos, 23 países de los 27 que quedan en la UE tras el Brexit. Y si no tuviéremos un Gobierno rata entregado a comunistas y separatistas y, algo aún peor, una oposición lombriz que serpea trabajosamente en los surcos del politiqueo de fortuna, la reacción de los partidos políticos habría sido de indignación, amenazando con abandonar la UE. Pero si la sentencia consensuadamente corrompida del Supremo que, de hecho, absuelve a los golpistas apenas ha sido criticada por Vox, ¿qué cabe esperar de los demás? Estupor y silencio. ¡No vayan a ilegalizarnos a todos Alemania, Francia, Bélgica y la Sextapo!

Un tribunal contra su propia ley y contra España
Durante dos días, el grupo Libertad Digital ha sido el único que sostuvo la tesis de la europuñalada en el artículo tempranísimo de Emilio Campmany. Cabían dos posibilidades: que una vez superado el soponcio los demás nos dejaran por embusteros o que los pocos medios que se oponen al golpismo sanchista y al gobierno socialcomunista en ciernes consultaran a los expertos y publicaran la opinión respaldando la nuestra. Ayer, El Mundo publicaba una encuesta de Marisa Cruz entre expertos en la jungla legal de la UE; y todos, sin excepción, sostenían la misma tesis: nunca se había aplicado a nadie el bofetón de fondo que, acomplejadito, pidió como caricia el Supremo. De hecho, el TJUE había actuado contra legem, es decir, contra su propia ley. También contra su costumbre, que incluía la española entre las muchas legítimas para adquirir la credencial de eurodiputado. También la escandalosa inmunidad para ciertos delincuentes.

Pero debe quedar claro para tantos eurocomplejines atónitos que lo que ha respaldado inequívocamente el TJUE es la actividad golpista contra España en un aspecto esencial, que es el del respaldo internacional. Y lo ha hecho tan decidida y escandalosamente que no ha dudado en cambiar toda su jurisprudencia anterior para respaldar a Junqueras, Puigdemont y demás. Nunca debió haberse pedido ayuda para aclarar lo que no se había discutido jamás en la UE: que cada país aplica su norma para convertir al votado en electo. Pero, cuando se ha hecho, no debería creerse que lo que ha hecho el TJUE no es una puñalada a España, porque lo es y miente el que lo niegue.

La raíz del eurocomplejo español
La legitimidad española es muy superior a la europea. De hecho, la UE es legítima por la legitimidad que le confieren sus estados miembros. Ni su legitimidad es anterior ni puede ser superior, desde el momento en que cualquiera de los ahora 27 Estados que la forman puede abandonarla.

Esto es obvio para cualquiera que se asome a la historia de Europa y la UE, la más ambiciosa y, en muchos sentidos, exitosa, de las asociaciones nacionales y estatales del viejo continente en dos milenios, básicamente a partir de Roma y el Cristianismo. Sin embargo, la idea de que España es más legítima que Europa, que es como genéricamente llamamos a la Unión Europea o a los países ultrapirenaicos, estoy seguro de que sorprenderá a muchos españoles, jóvenes o viejos. Es que hemos interiorizado hasta tales extremos la conciencia de inferioridad, hija de una inducida ilegitimidad, de la nación española y su Estado que nos parece llamativa semejante obviedad. España es uno de los grandes estados, con Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal y Rusia, que han creado en quince siglos esta Europa recreada a partir del Imperio Romano y que ha trasplantado sus instituciones a toda América y Oceanía, y a buena parte de Asia y Africa.

Sin embargo, el poder mediático y cultural de la Izquierda, que ha hecho causa común con el separatismo antiespañol desde el franquismo y, muy especialmente, en la democracia, ha conseguido que los ciudadanos españoles seamos una especie arrugadita, sin estirar, que parece tener que demostrar cada día que está a la altura de la que carecemos pero queremos alcanzar; la famosa "homologación" europea, como si estuviéramos recién llegados en patera a las riberas de una civilización que siempre fue nuestra.

Es verdad, como decía ayer Javier Somalo en su antológico "Europa Republicana de Cataluña", que nada de lo que nos hace la UE dejamos de hacérnoslo nosotros, desde juzgar un golpe sin concluir, que se mantiene y es financiado por el Estado agredido, hasta depender voluntariamente de los golpistas para formar Gobierno, como hace el architraidor Falconetti. Pero yerran los que ven en la miserable actuación del TJUE y Sassoli, socio del PSOE, un episodio pasajero del rompecabezas burocrático de la UE, que solventaremos mal que bien y pasaremos a otra cosa. Es el comienzo de la legitimación del golpismo catalán, hasta ahora fracasada. No importa lo que diga y después matice la sentencia. Lo que no tiene matices es la bofetada a España y el respaldo legal y político a los que quieren destruirla.

Los eurodiputados de centro-derecha han estado más ágiles que los líderes de sus partidos, que, con la excepción de C´s, siguen a la espera de que se forme el gobierno del Frente Popular Separatista para hacer algo. No hace falta ser euroescéptico para hacerse cargo de la canallada del TJUE. Los eurofanáticos podrían decir que los que apoyan a los golpistas son los enemigos de Europa, y que van a convertir a España en un problema muy serio para toda la UE. Pero no: siguen atenazados por sus complejos y se limitan como decía Somalo, a proyectar en Vox lo que temen y en el fondo desean: plantar cara a esta gentuza que no vacila en humillar a una nación cuyo mayor defecto, amenaza con ser mortal, es el de confiar a los demás lo que debe hacer por sí misma.

Europa Republicana de Catalunya
Javier Somalo Libertad Digital 22 Diciembre 2019

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el golpista Oriol Junqueras es la penúltima pulga del perro flaco.

Con un golpe de Estado perpetrado en un Estado miembro lo único que no puede hacer Europa es proferir remilgos procesales. Y si lo hiciera por purismo jurídico, lo suyo sería acompañarlo de tal andanada de garantías contra el golpe y los golpistas que quedara claro que en Europa no caben atajos contra la "unión", que los que violan las leyes no pueden tener más suerte que los que las observan y que el nacionalismo es el enemigo a combatir en Europa y en el mundo.

La premisa es tan grave como un golpe de Estado y, ante eso, todo lo demás debería estar subordinado. Pero la cuestión que quizá explica todo es cómo ha sido visto ese golpe en Europa a la luz de la reacción oficial española. Si España no ha sabido defenderse, ¿por qué iba a hacerlo Europa? O, como acertadamente dijo Alberto Núñez Feijóo en entrevista con Federico Jiménez Losantos, "Europa no respeta al reino de España porque el reino de España no se respeta a sí mismo".

Y qué razón tiene. Todo se ha hecho en España pasando por alto un golpe de Estado: elecciones europeas, elecciones municipales y autonómicas y elecciones generales. Y allí estaban los partidos y los candidatos que habían perpetrado el golpe, como si nada les impidiera romper las instituciones y, al tiempo, servirse de ellas. Hasta el juicio por el golpe se hizo con el golpe en marcha y con la institución rebelde, la Generalidad de Cataluña, en perfecto funcionamiento bajo la ejecución de un artículo 155 diluido. Como si nada pasara.

La Constitución española, ley superior tan alabada en Europa por ser la traducción legal de una transición modélica, tenía mecanismos para defenderse procediendo a la suspensión –perfectamente legal– de la autonomía de Cataluña hasta restaurar la normalidad institucional. La medida, qué duda cabe, habría despertado el interés de nuestros vecinos europeos y el claro mensaje habría sido incluso agradecido por la Europa que sabe muy bien lo que significa el nacionalismo y los escombros que deja a su paso. No hemos querido convertirnos en dique europeo de la sinrazón nacionalista. Hemos renunciado a ser buen ejemplo.

Pero el verdadero problema de todo esto es que, además, personajes como Oriol Junqueras son necesarios para cumplir el deseo de Pedro Sánchez de gobernar con los comunistas en España, un Estado miembro que va camino de convertirse en un peligro para Europa como reconoció –¡es asombroso!– el propio Sánchez en un artículo que escribió para El País y para la prensa europea y que se publicó el 7 de noviembre de 2019, tres días antes de las elecciones que él forzó porque pensó o le dijeron que las iba a ganar por goleada. El artículo se titulaba "Cataluña, España, Europa: mejor unidos" y decía cosas como estas:

Ningún Estado contempla la vía unilateral de la secesión de uno de sus territorios en su ordenamiento constitucional. Y ningún demócrata puede entender que los líderes del separatismo emprendieran ese camino y menos aun contando con un apoyo inferior al 48% de los votos emitidos en las elecciones autonómicas

Y hasta detalló la ignominia resumiendo a la perfección lo que hicieron aquellos que le habían llevado al poder sin elecciones y que ahora le pueden aupar de nuevo sumando sus escaños:

(…) Incumplieron todos los requerimientos y resoluciones del Tribunal Constitucional (…) aprobaron leyes de desconexión del Estado español declaradas inconstitucionales, convocaron ilegalmente un referéndum sin ninguna garantía democrática y proclamaron una supuesta república catalana

Aunque incluía la posibilidad de diálogo con los separatistas si acaso dejaban de serlo –estupidez habitual de la que no escarmentaremos jamás– la conclusión de Sánchez era tan brillante que cualquier incauto burócrata europeo podría pensar que, tras las elecciones, acudiría a pactar un gobierno de emergencia con el PP, Ciudadanos y, en un alarde de sacrificio, hasta con Vox:

La Europa que admiramos se ha forjado frente a los nacionalismos excluyentes y los extremismos que superponen identidades al principio de igualdad de todos los ciudadanos

Ante lo que calificó de "desafío a Europa y a los europeos" y la "normalización de la violencia" que pretendieron los separatistas, según sus propias palabras, sólo cabría hacer el sacrificio de evitar a España y a Europa el peligroso trance de "normalizar" a unos golpistas.

Pues no. El autor de esas líneas llegará a La Moncloa –al gobierno de un estado miembro de la Unión Europea– con los personajes y las políticas que él se atrevió a denunciar en un artículo para El País y otros periódicos europeos. Así que, ahora mismo y según sus propias deducciones, el incompatible con Europa es el propio Pedro Sánchez.

Si de verdad alguien creyera en una Europa como realidad política continental debería darse cuenta de que España se convierte en un problema muy serio para la Unión. Pero ese análisis se ve sustituido por una hipocresía que va por la vida de garantista de los derechos del delincuente y que, según parece, demostrará que en España no hay una dictadura sino una democracia modernísima en cuyas anchas espaldas cabe todo porque todo se soluciona con diálogo.

Y luego están los que dicen que todo esto es un peligro porque alentará a Vox, a la eurofobia y hasta al "Spexit". Es curioso y muy cobarde cómo algunos, bien abrigados por lo políticamente correcto, delegan en los "fachas" sus propios miedos. En cualquier caso, siempre los habrá que encuentren un supuesto mal superior derivado y venidero al que están viendo con sus propios ojos. Que el niño se deje pegar no exculpa al abusón ni puede ser un argumento justo. Pero si, como dice Núñez Feijóo, Europa no nos respeta porque así lo merecemos, bueno será que tomen nota del regalo que les llevamos a todos los europeos para el año 2020.

Ahora que Junqueras es inmune y que Carles Puigdemont y Toni Comín se han acreditado como eurodiputados, han de saber en el Parlamento europeo lo que hacen estos tipos en el de Cataluña. Baste para ello con recordar los aciagos días 6 y 7 de septiembre de 2017. Fue entonces cuando Soraya Sáenz de Santamaría dijo aquello de que "la democracia ha muerto en Cataluña". Tenía razón y no hizo nada para impedir lo que llegaría al mes siguiente. Sí hizo lo que pudo la Justicia hasta que el río desembocó en el Supremo charco de la "ensoñación".

Que no se quejen pues, si los ya acreditados diputados europeos plantan urnas en Bruselas para decidir si Bélgica debe formar parte de la UE o de la antigua lista de países no alineados o si buscan socios para promover una convocatoria de referéndum contra algún país miembro o una ley de transitoriedad contra Europa misma. Está en su naturaleza.

Aquí pasó tal cual. En aquellos días de septiembre de 2017 tramitaron una ley que anuló el Estatuto autonómico y la propia Constitución española. Como reflejó entonces Pablo Planas en su crónica en Libertad Digital, "la ley se cursó sin ninguna de las garantías democráticas previstas en la legislación autonómica". Tras muchas quejas y flagrantes violaciones del reglamento de la Cámara, los diputados constitucionalistas abandonaron el parlamento autonómico dejando en los escaños banderas de España que fueron retiradas por el ahora socio comunista del gobierno central. Fue el paso previo al Golpe de Octubre en el que se celebró un referéndum ilegal custodiado por la Policía autonómica, que no atendió a la legalidad, y se proclamó la República de Cataluña. Hubo intimidación, persecución y violencia. Y todos, gobernantes y ciudadanos, fuimos meros espectadores. Cierto es que, muy poco después, millones de ciudadanos, el Rey y algunos jueces y fiscales estuvieron a la altura. Esa es la esperanza que aún nos queda.

En España todavía no hay gobierno ni villancico que lo soporte pero los políticos y jueces europeos –incluidos, claro está, los representantes españoles– saben que Sánchez negocia con un tipo que está en la cárcel, otro que ha sido inhabilitado y un tercero que permanece fugado de nuestra Justicia, amén de con un partido que surgió de una banda terrorista y otro –sustento principal– que nació en los despachos de Hugo Chávez.

Si lejos de preocuparles lo alientan, los eurófobos son ellos. No es consuelo, desde luego, pero toda Europa puede pagar muy cara esta histórica irresponsabilidad.

Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.

El entreguismo de Sánchez a los golpistas mina al Estado
Editorial El Mundo 22 Diciembre 2019

RESULTA alarmante que el mismo partido que respaldó la aplicación del artículo 155 en 2017, que defendió la existencia de una rebelión por parte del independentismo para socavar el marco constitucional en Cataluña y que, ya desde el Gobierno, ordenó desplegar la maquinaria diplomática para contrarrestar la propaganda separatista, ahora decida inclinar la cerviz ante los mismos que perpetraron la asonada del 1-O. El ansia de Pedro Sánchez por retener el poder, al precio que sea, no solo liquida la reputación del PSOE como una fuerza política sistémica, sino que erosiona la posición del Estado para hacer frente al desafío secesionista.

La dependencia de Sánchez del independentismo, una vez que decidió abrazarse al populismo de Pablo Iglesias, aboca a España a hacer pivotar el próximo Gobierno de la nación sobre aquellos cuya prioridad consiste, precisamente, en vulnerar la soberanía nacional. Esta irresponsabilidad mayúscula ya está teniendo consecuencias graves, tal como ha podido comprobarse a raíz del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce la inmunidad automática de Oriol Junqueras desde su elección como eurodiputado. La jefa de los socialistas españoles en Estrasburgo, Iratxe García, junto a Esteban González Pons (PP) y Luis Garicano (Cs), intentaron frenar el reconocimiento de la acreditación provisional como parlamentarios europeos a Puigdemont y Comín, huidos de la Justicia española. Tal como revelamos hoy, desde el gabinete del presidente del Parlamento europeo, el socialista David Sassoli, se justificó esta decisión de la siguiente forma: "No podemos ya tratar como si fueran delincuentes a quienes están negociando su Gobierno". Es obvio que la negociación abierta por Sánchez con el independentismo, incluido el restablecimiento de la interlocución institucional con la Generalitat, echa por tierra la posición mantenida por el Reino de España desde que Felipe VI pidió a los poderes del Estado que restauraran el orden constitucional. ¿Con qué autoridad defenderán los diplomáticos españoles nuestro Estado de derecho si Sánchez convierte en aliados a los ejecutores del golpe del 1-O?

Junqueras, con un mensaje desde la cárcel, aprovechó ayer el Congreso de su partido para defender la autodeterminación. ERC sigue abierto a facilitar la investidura de Sánchez, aunque después de la sentencia del tribunal de Luxemburgo ha elevado el precio de sus escaños. Esquerra exige un gesto de la Abogacía del Estado con relación a la situación procesal de Junqueras para desbloquear la formación de Gobierno. Si ya es indigno chalanear el futuro de España de la mano de separatistas, aún lo es más hacerlo en un contexto de chantaje inadmisible. Las prisas de La Moncloa, unido al oportunismo táctico de ERC, pueden desembocar en una investidura en vísperas de Reyes. De materializarse, significará la capitulación final del PSOE como un valladar de la unidad nacional.

Sánchez y el chantaje a la nación
Editorial ABC 22 Diciembre 2019

La vicepresidenta del Ejecutivo en funciones confirmó ayer desde Córdoba que a Pedro Sánchez no lo interesa el cómo, ni el con quién, sino el cuándo. Sánchez quiere gobernar cuanto antes, sin importarle las exigencias de los partidos a los que pide el voto para su investidura. Desde la cárcel en la que cumple condena, y con el visto bueno de la Generalitat, encargada de hacerle más llevadera su pena de prisión, Oriol Junqueras abrió el congreso de ERC con una nueva llamada a la sedición y a la demolición del Estado. «La independencia es irreversible y un nuevo referéndum, inevitable», dijo el líder de Esquerra, el preso del que depende el futuro de la España de Pedro Sánchez. Junqueras marca la hoja de ruta y Pere Aragonès modula el chantaje. Si para traer de regreso a España a Puigdemont -como prometió hace poco más de un mes- Sánchez no dudó en reconocer la sumisión de la Fiscalía del Estado a sus estrategias políticas, ahora es la Abogacía del Estado la pieza elegida por los separatistas para que Sánchez tenga «un gesto» -claudicación, personal e institucional- con los condenados por el golpe de octubre de 2017. Si la decisión de la Abogacía, prevista para mañana y referida a la aplicación del reciente fallo del Tribunal de la UE sobre Junqueras, es del agrado de ERC, podría haber investidura antes del día de Reyes. A los separatistas no les interesa la gobernabilidad de una España en la que no creen y que quieren dinamitar desde las instituciones y las calles catalanas, sino sumar a su lucha antisistema a un partido de la talla y las dimensiones del PSOE. Pedro Sánchez no es para ERC el presidente de un previsible gobierno de la nación, sino el fichaje estelar y el colaborador necesario para reeditar su procés. Como dijo Carmen Calvo, lo que Sánchez quiere es jugar, cuanto antes. ERC le puso ayer fecha y deberes.

A la búlgara, con el 93 por ciento de los votos, el congreso de Esquerra aprobó una ponencia negociadora en la que los de Junqueras no renuncian a la unilateralidad -aunque no se incluya la palabra en la ponencia final, para hacerla presentable en La Moncloa- y en la que se fuerza a Pedro Sánchez a terminar con la «represión», lo que obliga a asumir la tesis de los denominados «presos políticos» que deslegitima nuestro Estado de Derecho. Está en manos del PSOE contribuir a la demolición del pacto de 1978, operación para la que ya cuenta con el apoyo de Unidas Podemos y la complicidad de Bildu, o asumir su responsabilidad como partido sistémico y buscar una salida constitucional para articular su minoría parlamentaria. No hay una opción intermedia, salvo que Sánchez decida anteponer su interés personal al de un partido que un día fue nacional y al de una España que no puede depender de quienes, de manera «irreversible», como asegura Junqueras, quieren acabar con ella.

La derrota no vendrá de Luxemburgo, sino de Madrid
Jesús Cacho. vozpopuli 22 Diciembre 2019

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras ha provocado una auténtica conmoción en no pocos españoles dados a ese primario tremendismo de siglos que arrastramos y que parece no tener cura a pesar de la modernidad que exhibe nuestra sociedad y el progreso del que hoy puede presumir. Los españoles, es verdad, somos muy dados al exceso, y los primeros, los catalanes, los más españoles de entre los españoles, de modo que el españolismo más castizo, catalán y mesetario, ha sacado a relucir lo mejor de su florida imaginería verbal para calificar de “gran victoria” lo ocurrido, los primeros, y de “enorme ofensa”, los segundos, añadiendo que se trata de “una humillación más” y de “una falta de respeto” de la UE hacia nuestro país. Hay incluso quien ha llegado a decir que “se ha convertido en el mayor enemigo de la unidad de España” y, en consecuencia, nos anima a protagonizar una reedición cañí del británico Brexit, como si ahora mismo no tuviéramos nada mejor en qué ocuparnos.

Y aunque es muy cierto que colectivamente hemos vivido días mejores que el del pasado jueves, la resolución del TJUE, con jueces españoles en su seno, es una más de las muchas que anualmente factura respecto a los distintos países de la Unión. Ocurre que esta vez no nos ha dado la razón, y eso molesta un poco. Pero el lance no altera la situación penal de Junqueras ni, lo que es más importante, las coordenadas del problema que el separatismo catalán tiene planteado a la España constitucional. Cierto que proporciona una alegría momentánea al Movimiento Lazi que, como rocío de las eras, desaparecerá en cuanto, tras la euforia de estos días, aterricen en la cruda realidad de un Oriol condenado por sentencia firme y un Puigdemont que en buena lógica, y en el caso de acabe recogiendo su acta de eurodiputado, terminará con sus huesos en una cárcel española tan pronto como la Justicia remita al Parlamento Europeo el suplicatorio para su extradición, sin que esta vez quepa tío (belga) páseme el río. Convendría, pues, analizar lo acontecido con una cierta distancia (la que magistralmente desplegaba aquí el viernes Guadalupe Sánchez), sin dejarse arrastrar por esas emociones tan del gusto separata.

Otra cosa es que la sentencia de marras permita algunas reflexiones que tienen que ver, entre otras cosas, con el funcionamiento de nuestras instituciones, tal que la Justicia, con un Tribunal Supremo (TS) que no pasa por su mejor momento. La racha de decisiones insólitas salidas del magín de sus señorías, en sentencias que rozan lo histriónico (como ejemplo, la reciente relacionada con la cesta de Navidad de las empresas) sería suficiente para avergonzar a cualquier profesional del Derecho entrado en sazón. ¿Qué necesidad tenía el juez Marchena de hacer la consulta de marras sobre la inmunidad de Junqueras? Basta con conocer la legislación comunitaria al respecto y desde luego leer la sentencia (breve y concisa, apta para todos los públicos) para concluir que el tribunal no podía dar otra respuesta distinta a la que ha dado, algo que por fuerza tenía que sospechar el señor Marchena. Otro tanto cabe decir del cúmulo de circunstancias que nos ha llevado hasta aquí. Si Puigdemont es europarlamentario se debe a la decisión de unos jueces, los del sedicente TS (Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo), y del propio Constitucional que, cuando la JEC había revocado su candidatura, le permitieron concurrir a las europeas pese a su condición de prófugo de la Justicia y a no tener residencia legal en España. Y otro tanto cabe decir de Junqueras. Pues bien, el TS aceptó esas candidaturas y el TC se negó a admitir los recursos de amparo presentados por PP y Cs.

La situación no es ahora más grave que la de hace una semana o hace un mes, o incluso que la de hace un año o hace cinco. Es la misma de siempre: el mortal desafío que el nacionalismo catalán tiene planteado a más de la mitad de los catalanes y al resto de la España constitucional, un jaque mate consistente en lograr la independencia para ese cuarenta y tantos por ciento de nacionalistas, un envite que significa la muerte no ya del régimen del 78 y de la España constitucional, que va de suyo, sino la inevitable balcanización de uno de los Estados más antiguos de Europa con todo lo que significa en términos de pérdida de libertad y prosperidad, y ello tras un rosario de conflictos en cadena que irían mucho más allá de la independencia de Cataluña y que costarían, fácil es colegirlo, sangre, sudor y lágrimas. Ese partido, que ya es viejo pero que adquirió nuevos bríos a partir del verano de 2012, lo ha perdido el Gobierno de la nación por incomparecencia. No le plantó cara el traidor de Mariano Rajoy, a pesar de la mayoría absoluta de que dispuso, y mucho menos lo va a hacer este aventurero infatuado llamado Pedro Sánchez. Con un tipo al frente del Gobierno que ha convertido en sus socios a los enemigos de la Constitución, la unidad y la igualdad entre españoles, España está indefensa, incapaz de dar respuesta al golpe de un nacionalismo básicamente reaccionario, como todos los nacionalismos.
Un país prisionero de un paisano

Y este es el verdadero problema, el de siempre, no la momentánea llamarada lanzada desde Luxemburgo por una sentencia de la que no quedará rastro en unos días. Como ha señalado ya alguna gente, resulta inevitable constatar la inevitable perplejidad que, en instancias de la UE o en la propia opinión pública comunitaria, sentirán cuando les digan que el separatismo catalán es gente dispuesta a hacer añicos la democracia española pasándose la ley por el forro de sus caprichos, y al mismo tiempo escuchen que esos señores tan malos son los socios que el presidente en funciones, el tal Sánchez, persigue cual perro a perra en celo para convertirlos en sus socios de Gobierno. Un mismo país les persigue y al tiempo les corteja, ¿cómo entender esa contradicción más allá de los Pirineos? Es la anomalía española, encarnada en un aventurero de la apolítica que se ha apoderado de uno de los dos grandes partidos de la Transición y lo usa en beneficio propio sin que ni instituciones, ni sociedad civil, ni españoles de a pie puedan nada contra él. Un país prisionero de un paisano. Lo nunca visto desde la muerte del general Franco.

Lo que queda de aquel PSOE que gobernó España con visión de Estado, asiste atónito al espectáculo de un político presto a entregarse al populismo neocomunista de Podemos y al separatismo de ERC y adláteres. Quienes han combatido, incluso con la vida, a los nacionalismos radicales no comprenden nada de lo que está pasando. Es verdad que aquel viejo partido que, con sus errores, tenía a España en el centro de su estrategia, ha desaparecido. Los herederos de González y Guerra, pero también de Rubalcaba, Jáuregui y López, apenas levantan la voz, acorralados. Conscientes de que Sánchez no ahorra cuchillo cuando descubre un infiel, esperan agazapados a que el líder supremo se rompa la crisma para, llegado el caso, dar un paso al frente y tratar de destronarlo. Es la posición de los Page, Vara y, en menor medida, Lambán, mientras la vieja militancia se despacha a gusto en grupos de wasap en los que es más difícil entrar que en el Concierto de Año Nuevo de Viena. Entregar la gobernabilidad de España a quien quiere romperla parece más un crimen que una imprudencia. Pero, ¿para qué sirven unos políticos valientes en privado y en público acogotados?

Agazapado también está el PP. Escondido, viendo la balsa de piedra deslizarse a la deriva, ante la perplejidad de buena parte de su electorado. Pablo Casado ha perdido este fin de semana la que seguramente era su última oportunidad para abandonar el “síndrome Rivera” y ofrecer a PS la posibilidad de un Gobierno en solitario, incluso con apoyo presupuestario, y naturalmente con condiciones. Inés Arrimadas lleva semanas promocionando valientemente la “Vía del 221”, una solución idéntica en esencia, y lo hace consciente de que el amo del PSOE jamás aceptará una oferta de este tipo porque él ya ha elegido, él está con quienes quieren acabar con el régimen, y porque el PSC no se lo consentiría y aquí manda Iceta, de modo que antes convocaría terceras, cuartas o quintas elecciones (“Sánchez amenazó a Arrimadas con terceras elecciones si Cs no se abstiene”, contaba el viernes Gabriel Sanz) hasta que los españoles aprendan a votar lo que a él le conviene. ¿Significa esa negativa que el PP haya de cruzarse de brazos esperando ver desfilar el cadáver de su enemigo, para entonces heredar las ruinas de un convento del que, por cierto, tal vez no queden ni los restos dentro de cuatro años? Tanto el PP como Vox están obligados a mover ficha (“Casado y Abascal son dos derechas de suma cero”, escribía ayer aquí José Alejandro Vara) y ofrecer alternativas. Aunque se las lleve el viento. Se trata de ponerle, una vez más, en evidencia, y demostrar que los partidos sirven para algo más que para desempeñarse como oficina de colocación de amigos.
Gobierno antes de Reyes

Apenas 48 horas después de que la sentencia del tribunal luxemburgués pusiera en peligro la investidura, en opinión de no pocos expertos, y a riesgo de perder las elecciones catalanas a manos de Puigdemont, los nacionalsocialistas de ERC mostraron ayer su disposición a hacer presidente a Sánchez, regalo de reyes anticipado para un enfermo de poder, antes del 5 de enero, ello a expensas de unos “gestos” cuya literalidad desconocemos pero que podemos adivinar. Sánchez cederá lo que sea menester con tal de que su Begoña pueda oficiar de primera dama en Moncloa los próximos años. Como los saltadores de alturas, Pedro es nuestro campeón olímpico dispuesto a rebasar cualquier listón por alto que se lo pongan. Junqueras lo ha vuelto a reiterar para que nadie tenga duda: la independencia es irreversible y el referéndum inevitable. “Nos hemos ganado el derecho a volver a intentarlo”, mientras Carmen Calvo le ofrece “diálogo dentro del marco democrático” sin mentar la Constitución, y Celaá hace suyo el lenguaje del golpismo, mientras Lastra y Simancas blanquean finamente el edificio bilduetarra. ¿Corolario? El sanchismo se ha constituido en un peligro cierto para la democracia y la convivencia, hasta el punto de que la derrota del constitucionalismo no la dictará el TJUE, sino un tal Sánchez. No vendrá de Luxemburgo, sino de Madrid.

Un secreto a voces: los mayores enemigos de la democracia española están en el corazón de las instituciones. La impericia, la estulticia o la simple traición se sientan al frente de nuestras instituciones junto a silentes y abnegados cumplidores de su deber. En el Supremo, por ejemplo. En el alto tribunal hay magistrados nombrados por partidos que abiertamente desafían la Constitución y quieren acabar con ella, y que en buena lógica siguen al dictado de quien los nombra. Los jueces en los tribunales y el eterno presidente en funciones en La Moncloa. Este es un Estado que ha renunciado a defenderse, que parece dispuesto a entregarse sin lucha. Desde los tiempos de Jordi Pujol, la Generalitat se halla en abierta rebeldía contra el orden constitucional, en manos de una gente que aprovecha los resquicios legales que el garantismo del sistema ofrece para destruir el sistema desde dentro, el famoso “entrismo” leninista, sin que nadie haga algo para impedir la utilización torticera de la Ley para acabar con la Ley. Por este camino, pronto terminaremos por cavar la fosa de este régimen con el que, para ser sinceros, no nos ha ido nada mal. Cuando los países se empeñan en suicidarse víctimas del veneno del conformismo, efectivamente terminan consiguiéndolo. La historia está plagada de ejemplos. Al frente del Gobierno tenemos a un enemigo de los valores constitucionales, un tipo enfeudado con el nacionalismo separatista, mientras en Zarzuela resiste el que aparentemente es último resorte de la España constitucional, callado cual muerto, ¿asustado?, desde su famoso discurso del 3 de octubre de 2017. ¿Dirá algo el martes capaz de elevar la quebrantada moral de buena parte de la ciudadanía?

Somos los tontos de Europa
Eduardo Inda okdiario 22 Diciembre 2019

La idea de Europa es maravillosa. Frente a superpotencias como los Estados Unidos, China y Rusia es menester hacer bueno ese infalible refrán español que sostiene que “la unión hace la fuerza”. Especialmente, frente a las dos últimas, porque los americanos han sido secularmente generosos a la par que entrañables amigos de Europa. Nos salvaron del nazismo a costa de las vidas de casi medio millón de jóvenes estadounidenses y desde hace 75 años son nuestro ángel de la guarda con esa ineludible institución que es la OTAN. Rusia y China son un peligro para Europa: políticamente porque una es una autocracia y otra directamente una dictadura y económicamente porque al saltarse todas las reglas del libre comercio mundial provocan que nunca compitamos en igualdad de condiciones.

Para España fue el motor definitivo para meternos en la modernidad tras 55 años de oscuridad. Las ayudas agrícolas y los fondos de cohesión, elevados a la enésima potencia por un Felipe González que es Cristiano Ronaldo o Messi al lado de Pedro Sánchez, salvaron nuestro campo y modernizaron nuestras infraestructuras. Y el hecho de estar al lado de los mejores democrática y económicamente nos hizo ahondar en la excelencia. El programa Erasmus, por poner otro ejemplo que entenderá todo el mundo, ha permitido y permite a nuestros jóvenes lo que sus ancestros siempre quisieron pero no pudieron: estudiar en el extranjero.

El problema es que 33 años después de la firma de nuestra entrada en la Unión Europea, la idea de Adenauer, De Gasperi, Monnet y Schuman se va al carajo. Tan sólo somos una unión económica. Y a medias porque si bien es cierto que el euro nos garantiza una enorme estabilidad económica y el Banco Central Europeo nos salvó del default en 2012, no lo es menos que la unidad fiscal continúa siendo una entelequia. Y menos mal porque si tenemos que asimilarnos al resto de Europa en materia tributaria es mejor salir corriendo. La unión política es también una utopía y la jurídica un cachondeo de marca mayor que puede hacernos caer en la tentación de que los british a lo mejor no están tan equivocados con un Brexit que será fantástico para ellos y un desastre para sus todavía 26 socios comunitarios.

Que nos lo digan a nosotros, que por culpa del imbécil buenismo imperante llevamos años soportando indignados cómo nos tratan unos tribunales europeos infestados de magistrados progretas de ésos a los que se les llena la boca con esa frase que está muy bien de cara a la galería pero se da de bofetadas con la cruda realidad de la cosas: “Odia al delito y compadece al delincuente”. En caso de mínima-minimísima duda, siempre se ponen del lado del violador, del asesino o del terrorista. El in dubio pro reo llevado al paroxismo.

Los tribunales europeos se deben pensar que la España de Felipe VI es la de Franco. Que aquí no hay democracia, que el Estado de Derecho es una filfa, que se tortura en las comisarías, se mata en las cárceles, se censuran libros y se cierran periódicos. La primera gran pulla se desencadenó con motivo de la Doctrina Parot, que hasta entonces había impedido que a multiasesinos como el francés del mismo nombre, Troitiño, Kubati y otros hijos de Satanás cada muerte les saliera a menos de un año de cárcel. El Tribunal de Derecho Humanos de Estrasburgo derogó la jurisprudencia establecida por Julián Sánchez Melgar y permitió la puesta en libertad de etarras sanguinarios, violadores en serie y un sinfín de psicópatas. Consecuencia: el mundo batasuno se frotó las manos y se sucedieron los homenajes a los responsables de la muerte cruel de cientos de españoles. El Gobierno se la tragó doblada.

No queda ahí la cosa: al violador del portal, al del ascensor y al del estilete los pusieron en la calle y volvieron a practicar la depredación sexual sobre decenas de mujeres. Me cisco en los señores progres de Estrasburgo porque gracias a ellos a todas estas víctimas se les ha arruinado la vida psicológicamente. La macabra gracieta de estos jueces permitió, asimismo, la excarcelación de un malnacido de marca mayor llamado Emilio Muñoz Guadix. ¿Y quién este personaje? Pues ni más ni menos que el violador y asesino de Anabel Segura. Crimen que, para más inri, vendieron como un secuestro durante dos años reclamando un rescate pese a que la muchacha había muerto en el momento mismo en que la asaltaron. El Gobierno se la envainó sin rechistar pese a que advirtió que los violadores excarcelados volvieran a cometer estupros. Y así fue. De locos.

La segunda bofetada de esa Europa progre que nos da lecciones pese a que nos duplican en violencia de género y en suicidios llegó con las euroórdenes que emitió el Supremo sobre el fugado Carles Puigdemont. El Gobierno y la Fiscalía belga se la pasaron por el forro de sus caprichos al igual que han hecho históricamente con etarras con delitos de sangre. La triste historia se repitió con una Alemania que enmendó la plana al juez Llarena, a la Fiscalía y a una Guardia Civil que probó más de 300 episodios violentos durante el golpe de Estado del 1-O. Si el 23-F fue considerado una violenta rebelión con toda la razón pese a no haber un muerto, ¿por qué no ha ocurrido lo mismo con el putsch catalán de 2017? El tribunal del länder de Schleswig-Holstein concluyó en un ratito que no podía entregar al ex president catalán para ser juzgado por rebelión porque “no se empleó la violencia”. En un pispás resolvieron algo que el Supremo español llevaba meses investigando y tardó dos años en dilucidar. Y nuevamente el Gobierno de España puso la otra mejilla.

La última ha llegado esta semana en un acto inequívocamente amañado a propósito de cuándo empezaba a contar la inmunidad como europarlamentarios de Junqueras y, por extensión, Puigdemont. Por cierto: es de coña que una institución medieval como el fuero (¿qué, si no, es la inmunidad?), que se carga la igualdad de todos ante la ley, perviva como si nada en pleno siglo XXI. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presidido casualmente por un flamenco (región belga con un fuerte movimiento independentista), ha cambiado 180 grados su doctrina, que hasta ahora estimaba lo obvio, que la inmunidad empieza cuando se toma posesión del acta. Donde decían “digo”, ahora dicen “Diego”. Conclusión: España debería haber permitido a Junqueras ir a Estrasburgo a recoger su credencial como miembro del Europarlamento. Y por enésima vez, el Gobierno de España, que además está postrado de hinojos ante los malos, casi pidiéndoles perdón.

Da asco ético Estrasburgo y no menos asco ético da el Gran Ducado de Luxemburgo. Sus tribunales, naturalmente, que nada tengo contra esos dos maravillosos lugares y sus habitantes. La culpa no es tanto de ellos, que también, como de un Estado (el español) tonto que no es respetado porque no se hace respetar. Cosa que no sucede con Reino Unido, Alemania o Italia, que cuando han visto peligrar sus grandes intereses nacionales por sentencias políticas progres han respondido a los unos o a los otros que “tururú”. La Cámara de los Comunes legisló para prohibir votar a los presos, Estrasburgo falló en su contra en 2005 y en Reino Unido los presos continúan sin derecho a sufragio durante el tiempo de su condena 14 años después. Idéntico planteamiento el del Estado italiano cuando el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos le obligó a retirar los crucifijos de lugares e instituciones públicas. Los italianos antepusieron su legalidad a la que les querían imponer a 1.000 kilómetros de distancia porque sí.

España es el más legalista del mundo mundial, sí, pero a costa de la violación de decenas de mujeres por basura humana que debería pudrirse en prisión, de la santificación de toda suerte de asesinos en serie y del blanqueamiento de una banda terrorista que quitó la vida a 850 compatriotas. En el fondo, no se engañen: la cacicada del Tribunal de Justicia de la UE le viene de cine a Pedro Sánchez: siempre podrá echar a Luxemburgo la culpa de la libertad de los golpistas y demás tejemanejes espurios. Y él seguirá siendo presidente y no precisamente en funciones. Nada sucede por casualidad. Tampoco la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Supremo no es la vía a la investidura
Editorial larazon 22 Diciembre 2019

Las declaraciones de la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, en referencia a la «ayuda» que el Ejecutivo pretende prestar al Tribunal Supremo para que aplique el fallo de la justicia europea en el caso de Oriol Junqueras, no pasarían de ser un exabrupto más de una política de larga trayectoria, hábil a la hora de mezclar la dialéctica con la demagogia, sino fuera porque desde la dirección de ERC se ha puesto como condición para investir al candidato socialista que haya «un gesto de la abogacía del Estado» que permita la excarcelación del líder separatista.

Si podemos comprender la ansiedad que embarga a la actual dirección del PSOE, capaz de pasar por alto la inequívoca y antidemocrática declaración de intenciones de sus presuntos aliados, ante los vaivenes de la negociación con la Esquerra, nos parece de todo punto inaceptable que el Gobierno de la nación se rebaje a avalar el discurso independentista de la judicialización versus la política y, mucho más, que se pretenda hacer del Tribunal Supremo un mero instrumento de la investidura.

Cabría preguntarse quién es la señora Calvo para marcar al Poder Judicial el sentido de sus resoluciones, pero la respuesta, aunque desalentadora, es sencilla: se trata de un destacado miembro del Ejecutivo en funciones que pretende retener la Presidencia a toda costa, incluso, al precio de negar la propia realidad. Ciertamente, hay mucho de postureo entre unos dirigentes de ERC que buscan una salida al laberinto del «procés» sin perder la cara ante su fanatizada militancia y sin ceder espacio electoral a sus más inmediatos rivales, pero el hecho, tozudo, del que fueron espectadores directos todos los ciudadanos, es que, ayer, en Barcelona, el congreso de los republicanos se mantuvo en sus posiciones maximalistas, es decir, la exigencia, por ahora, sin plazo, de un referéndum de autodeterminación y de la amnistía de sus dirigentes condenados, por más que esta figura de gracia este expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico.

Desde el simple sentido común, cualquier acuerdo que presenta tales premisas sería imposible, por supuesto, desde el PSOE, pero, también, desde los mismos representantes de ERC, a quienes no consideramos capaces de creer que esas demandas vayan a ser cumplidas, ni por este Gobierno ni por cualquiera que le suceda, porque la acción política, aunque la señora Calvo finja desconocimiento, siempre tiene un límite en la Ley, y sólo desde una concepción chavista se puede pretender saltárselo. De hecho, el propio candidato a la investidura fue quien declaró tras la intentona golpista en Cataluña que los responsables habían incurrido en un delito clarísimo de rebelión. Que, más tarde, y ya en La Moncloa, Pedro Sánchez cambiara de opinión no empece que la mayoría de los españoles hayan olvidado lo que vivieron en aquellas dramáticas jornadas.

El entonces Gobierno del Partido Popular no buscó la judicialización de la crisis ni, mucho menos, llevar la política a las sentencias, calumnia grave donde las haya, simplemente las actuaciones de los separatistas catalanes supusieron una serie de ilícitos penales, y como tales fueron juzgados. El problema es que esa ansiedad que, como hemos señalado al principio, se trasluce en las actitudes y comportamientos de los actuales dirigentes socialistas, como si Pedro Sánchez estuviera ante la última oportunidad de su carrera política, está siendo perfectamente explotada por el separatismo catalán, hasta el punto de que está inficionando con su falaz relato la recta comprensión de los hechos por parte de una opinión pública que, al final, no sabe a qué atenerse. Con riesgo cierto para la convivencia, porque, entre otras cuestiones, cuando la señora Calvo descarga responsabilidades en el PP, acusa de complicidad necesaria a los jueces de este país. Todo un dislate.

Sánchez y el chantaje a la nación
Editorial ABC 22 Diciembre 2019

La vicepresidenta del Ejecutivo en funciones confirmó ayer desde Córdoba que a Pedro Sánchez no lo interesa el cómo, ni el con quién, sino el cuándo. Sánchez quiere gobernar cuanto antes, sin importarle las exigencias de los partidos a los que pide el voto para su investidura. Desde la cárcel en la que cumple condena, y con el visto bueno de la Generalitat, encargada de hacerle más llevadera su pena de prisión, Oriol Junqueras abrió el congreso de ERC con una nueva llamada a la sedición y a la demolición del Estado. «La independencia es irreversible y un nuevo referéndum, inevitable», dijo el líder de Esquerra, el preso del que depende el futuro de la España de Pedro Sánchez. Junqueras marca la hoja de ruta y Pere Aragonès modula el chantaje. Si para traer de regreso a España a Puigdemont -como prometió hace poco más de un mes- Sánchez no dudó en reconocer la sumisión de la Fiscalía del Estado a sus estrategias políticas, ahora es la Abogacía del Estado la pieza elegida por los separatistas para que Sánchez tenga «un gesto» -claudicación, personal e institucional- con los condenados por el golpe de octubre de 2017. Si la decisión de la Abogacía, prevista para mañana y referida a la aplicación del reciente fallo del Tribunal de la UE sobre Junqueras, es del agrado de ERC, podría haber investidura antes del día de Reyes. A los separatistas no les interesa la gobernabilidad de una España en la que no creen y que quieren dinamitar desde las instituciones y las calles catalanas, sino sumar a su lucha antisistema a un partido de la talla y las dimensiones del PSOE. Pedro Sánchez no es para ERC el presidente de un previsible gobierno de la nación, sino el fichaje estelar y el colaborador necesario para reeditar su procés. Como dijo Carmen Calvo, lo que Sánchez quiere es jugar, cuanto antes. ERC le puso ayer fecha y deberes.

A la búlgara, con el 93 por ciento de los votos, el congreso de Esquerra aprobó una ponencia negociadora en la que los de Junqueras no renuncian a la unilateralidad -aunque no se incluya la palabra en la ponencia final, para hacerla presentable en La Moncloa- y en la que se fuerza a Pedro Sánchez a terminar con la «represión», lo que obliga a asumir la tesis de los denominados «presos políticos» que deslegitima nuestro Estado de Derecho. Está en manos del PSOE contribuir a la demolición del pacto de 1978, operación para la que ya cuenta con el apoyo de Unidas Podemos y la complicidad de Bildu, o asumir su responsabilidad como partido sistémico y buscar una salida constitucional para articular su minoría parlamentaria. No hay una opción intermedia, salvo que Sánchez decida anteponer su interés personal al de un partido que un día fue nacional y al de una España que no puede depender de quienes, de manera «irreversible», como asegura Junqueras, quieren acabar con ella.

El rompehielos y el rompehuesos
Lejos de romper con un separatismo que utiliza el reciente veredicto europeo para anunciar otro desafío al Estado de Derecho, el presidente Sánchez le ha urgido una fecha para cerrar su acuerdo. Al entregar la llave del poder a un preso no sólo legitima la sedición sino que se hace responsable de un nuevo intento
Ignacio Camacho ABC 22 Diciembre 2019

El veredicto con que la Corte de Luxemburgo reconoce a Oriol Junqueras una inmunidad como miembro del Europarlamento, que en principio no afecta al fondo de la condena firme por la que sigue preso, ha sido interpretado por los separatistas -«con grande alboroto de pitos y timbales», que diría García Márquez- como una victoria contra el Estado de Derecho que representa el Tribunal Supremo. Esa eufórica adulteración de trazo grueso, acompañada de los habituales embustes y de la promesa tan explícita como orgullosa de volver a convocar un referéndum, debería haber bastado en un país serio para apartarlos de inmediato de cualquier posibilidad de influir en la formación del Gobierno. Helos ahí, sin embargo, convertidos en factor esencial de la investidura al mismo tiempo que proclaman la voluntad reforzada de persistir en su proyecto, que es el de provocar la fractura del Estado socavando sus instituciones desde dentro.

Esta disparatada contradicción es posible por el empeño irresponsable de un presidente decidido a pagar cualquier precio por un poder que en esas circunstancias ni siquiera podrá ejercer con criterio autónomo y arbitrio pleno. Lo más asombroso del asunto, lo que lo convierte en una anomalía fuera de escala y de modelo, es que el designio secesionista no constituye ningún secreto porque sus promotores lo anuncian sin miramientos como un objetivo estratégico. No existe engaño alguno; se trata de un propósito declarado y abierto. Al menos los troyanos de Homero no eran conscientes del cargamento letal que contenía el caballo de madera aparentemente regalado por los griegos.

El indiscutible contratiempo, por ahora más político que judicial, que entraña la resolución europea no ha supuesto para Pedro Sánchez ningún problema. Antes al contrario, se dispone a utilizar a la Abogacía estatal como herramienta para allanar las pretensiones de alivio penal de Junqueras, bajo el pretexto de asumir, como no podía ser de otro modo, el cumplimiento de la sentencia. El actual juego de reclamaciones y recelos no es más que la escenificación que la cúpula de Esquerra necesita para aplacar a sus bases antes de dar el visto bueno a la decisión que de antemano tenía resuelta a falta de ponerle fecha. La negociación está cerrada y ni siquiera la compromete el hecho de que Puigdemont, agraciado de rebote por el fallo del TJUE, campa ya a sus anchas por la Cámara de Bruselas dispuesto a disputar a los republicanos la primacía electoral de la sedicente Cataluña irredenta.

Pero incluso ese factor favorece por otro lado las intenciones del presidente al permitirle abrir al segmento nacionalista más arriscado su inquietante oferta de «diálogo». Desde la sentencia de octubre, que redujo el procés a una sedición y consideró la declaración de independencia un mero artefacto ilusorio fruto de un delirio «ensoñado», el presidente ha encontrado en los tribunales un inopinado aliado táctico para su plan de distensión a plazos. No porque se produzca una imposible subordinación de poderes, sino porque el sanchismo ha depositado sobre la justicia comunitaria la responsabilidad del «trabajo» de atemperar la carga punitiva de los condenados. De momento, ya tiene a los dos líderes de la insurrección con inmunidad parcial, y probablemente con credencial parlamentaria, sin necesidad de mancharse las manos. Más adelante será la Generalitat la que aplique beneficios a los reclusos -a través del artículo 100.2 del reglamento penitenciario- para que la gestión del pacto de investidura se pueda efectuar bajo su directo liderazgo. Ibuprofeno en grandes dosis a cambio de su respaldo.

Habrá, no obstante, más contrapartidas. Las primeras han sido de lenguaje, el instrumento de la psicoterapia política: reconocimiento del «conflicto», llamada a Torra, mesa de interlocución bilateral, reunión blanqueadora con Bildu, sustitución de la referencia a la Constitución por la más ambigua de «seguridad jurídica». Luego vendrán cesiones en los presupuestos y una hoja de ruta legislativa, ya sugerida por Carmen Calvo, para acomodar en ella ciertas reivindicaciones soberanistas. Ahí puede entrar la devolución de las competencias de justicia, bloqueadas por el TC, o una ley que desarrolle el artículo 92 de la Carta Magna para permitir, tal como Podemos viene pidiendo, una votación «consultiva». Para esa agenda basta con la correlación de fuerzas que el bloque de la moción de censura garantiza: el método zapaterista de una reforma constitucional encubierta y aprobada sin necesidad de consenso, por simple mayoría.

Llama la atención que en la ronda de esta semana, Sánchez exigiera a PP y Cs su abstención a cambio de nada mientras se sentaba con ERC a discutir y aceptar sus exigencias. Un doble rasero que evidencia su nula disposición al entendimiento con el centro derecha y anula cualquier especulación sobre el giro constitucionalista que incluso muchos de los votantes -y dirigentes autonómicos- socialistas desean, y que hubiese constituido la reacción de un gobernante sensato a la sentencia europea. Ya se ha visto, empero, su respuesta: acelerar a fondo las conversaciones con el separatismo y arrancarle una fecha urgente -la de la noche de Reyes- para evitar que se arrepienta. Una claudicación en toda regla: la legitimación de una sedición y la entrega de la llave del poder al líder de la revuelta.

Por eso, cuando ayer, en el Congreso de Esquerra, Pere Aragonès proclamó su pragmática vocación a hacer de “rompehielos” estaba asumiendo ante los suyos el mandato de su jefe de sumarse a la alianza de Gobierno con la pretensión de ganar el tiempo necesario para reformular el dichoso “proceso”. Traducida la frase al lenguaje real de la política, al significado subyacente de los términos expresos, se trata de actuar más bien como rompehuesos. Porque eso es lo que el pretende el secesionismo catalán con este derrotero: quebrar la estructura de la Constitución, astillar sus bastidores, partirle el esqueleto. Sólo que ahora, anunciado con la palabra “inevitable” su nuevo intento de golpe insurrecto, el cómplice sobrevenido de esa insurrección será el mismísimo Gobierno.

La Moncloa no vale una misa
Pablo Sebastián republica 22 Diciembre 2019

La frase que se atribuye a Enrique de Borbón de ‘París bien vale una misa’, con la que justificó la renuncia a su fe Protestante para convertirse al Cristianismo y optar al trono de Francia, bien puede aplicarse en el actual debate político español.

En el que Pedro Sánchez parece dispuesto a renunciar a sus compromisos democráticos y constitucionales con España para abrazar la destructiva y sectaria religión del nacionalismo catalán a cambio de su conversión pro nacionalista y de ‘entronización’ en el Palacio de La Moncloa.

Y puede que Sánchez lo consiga y que pague por ello un alto precio y su humillación ante el delincuente Oriol Junqueras, renunciando a cualquier alternativa constitucional (un pacto con PP y Cs) para ese su tan ansiado viaje hacia La Moncloa.

Y, de paso, renunciando Sánchez a la soberanía nacional y al Estado de Derecho, como lo exigen desde ERC al pedir una negociación bilateral ‘de Gobierno a Gobierno’, donde se viene a reconocer que Cataluña no forma parte de España; y aceptando a la vez la retirada de la Justicia española del ámbito catalán para permitir allí la ‘ley de la selva’ y garantizar la impunidad de delincuentes golpistas y corruptos del nacionalismo catalán.

Allá Sánchez, pero si da ese paso acabarán mal. ERC es insaciable y no respeta leyes ni la Constitución. Y el PSOE se romperá, primero por el PSC que se ha pasado al separatismo y luego por sus regiones españolistas, donde reina la inquietud empiezan a aparecer importantes discrepancias.

La gran mentira que adorna las ambiciones de Sánchez y Junqueras (uno para seguir en La Moncloa y el otro para acceder a la Generalitat) consiste en afirmar que en Cataluña hay un ‘conflicto político, de convivencia y de represión judicial’, lo que no es verdad. El único problema catalán es de ausencia de legalidad y de violación del orden público y constitucional.

Y lo que busca ERC, con el apoyo a la investidura de Sánchez, es el indulto de Junqueras para que pueda ser candidato a la Generalitat en 2020. Y a la vez la renuncia de Sánchez a la soberanía, la unidad nacional y la legalidad para que soberanismo catalán avance sin problemas hacia la independencia catalana a través de la autodeterminación.

Y ¿de verdad está decidido Sánchez a destruir los pilares del Estado solo para llegar a La Moncloa de la mano de Podemos y con ayuda de ERC? E incluso ¿está decidido a ponerse del lado del Tribunal de Luxemburgo y de los nacionalistas del Parlamento Europeo, humillando así a la Abogacía del Estado y al Tribunal Supremo de España y desbordando la Constitución que prometió ‘guardar y hacer guardar’?

Acaso no ha escuchado Sánchez a primeros líderes de Europa -Merkel y Macron- decir que los mayores peligros para la Democracia, Europa y la paz continental son los nacionalismos? Y ya ¿no se acuerda de las dos guerras mundiales, o de la guerra de los Balcanes? O ¿no conoce Pedro Sánchez las palabras del Presidente francés y líder de la izquierda europea François Mitterrand cuando dijo: ‘el nacionalismo es la guerra’?

Esta frenética cabalgada de Sánchez solo se explica como consecuencia de los posibles efectos delirantes de etéreas grandezas que sufrió al morder la manzana del poder que Pablo Iglesias le hizo probar durante la moción de censura contra Rajoy.

Manzana que ahora, ante la investidura y gobierno de coalición Iglesias le ha vuelto a ofrecer con hechizo y fatal tentación diciéndole: ‘tú eres Pedro ‘El Rojo’ del PSOE, el que acaba de enterrar definitivamente a Franco, el que va a liquidar y cambiar el agotado Régimen de la Transición y el que será primer Presidente de la III República Española, y para ello ya sólo tienes que pactar con Junqueras y decir amén’.

Y el conjuro de Iglesias, que suma su populismo de izquierda radical a los nacionalismos para ¡por fin! llegar el al cielo del poder, a Sánchez le suena bien. Pero no funcionará porque semejante disparate no vale una misa ni el primer despacho de La Moncloa y no durará. Porque España y Europa harán frente a las epidemias del populismo y el nacionalismo y no lo consentirán.

Podemos, PNV y Bildu exigen al PSOE que fije con ERC una fecha para un referéndum pactado
Carlos Cuesta okdiario 22 Diciembre 2019

La decisión de la Justicia europea de defender la inmunidad de eurodiputados golpistas se ha convertido en todo un vuelco en las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez. Y es que, mientras que Oriol Junqueras está preso y condenado, Carles Puigdemont se ha librado del juicio gracias a su fuga y ahora puede plantearse, incluso, presentarse para hacer campaña en Cataluña en unas hipotéticas elecciones regionales.

Eso eleva el precio de ERC, que ve endurecerse sus esperanzas de hacerse con la Generalitat de Cataluña. Y, además, los socios separatistas y comunistas de Sánchez han pedido ya al candidato socialista que sea generoso con ERC para evitar que se frustre el pacto de Gobierno. Esa generosidad tiene un nombre: comprometerse a un calendario para un referéndum separatista admitido y pactado con La Moncloa.

ERC puso hace ya días sus cartas sobre la mesa. Si el PSOE quiere asegurarse la investidura del candidato socialista tendrá que asumir, de entrada, "cuatro patas de la mesa de negociación”. Para el partido separatista esas cuatro exigencias son las siguientes: reconocer el “conflicto”, regalar una amnistía para los presos golpistas condenados por sedición y malversación, aceptar un referéndum separatista y, por último, dialogar todo ello de igual a igual entre ellos y el Gobierno de España.

Ahora, el premio indirecto recibido por Puigdemont, pone encima de la mesa una exigencia adicional: que todo ello cuente con un calendario, con una hoja de ruta pactada entre los socios de Sánchez de forma que las promesas no se las lleve el viento. ERC sabe que con el prófugo de la justicia española en escena y con altas dosis de movilidad y operatividad del líder de JxCAT será complicado que los de Junqueras ganen unas elecciones autonómicas en Cataluña. Y, por lo tanto, puesto en peligro ese premio, deberá ser mayor lo ganado en la negociación con Sánchez.

Hay que recordar que el PSOE se ha comprometido a respaldar a ERC en una potencial gobernabilidad catalana por medio de una recuperación del viejo tripartito –ahora de la manos de Podemos y sus marcas blancas–. Sin embargo, esa opción se antoja ahora más complicada con un JxCAT crecido.

Es más, si ERC quiere defenderse de esa crecida de sus grandes rivales catalanes tiene que poder exhibir un gran premio arrancado a Sánchez en la negociación de investidura. Por eso, el precio de ERC sube. Y todos los socios separatistas y podemitas, que no quieren perder la oportunidad de formar un frente popular, intentar convencer a Sánchez de que debe elevar las dosis de generosidad con ERC.

Por eso, todos ellos han pedido al presidente en funciones que fije un calendario de cesiones con ERC que incluya un referéndum pactado.
Los de Junqueras siempre tuvieron esta opción en la guantera. Creen que su propuesta es “razonable" y admisible por el PSOE. Con un calendario claro -que pasaría por un gesto antes de la investidura debido a la falta de confianza- y garantías de cumplimiento.

Algo que los de ERC piensan que sería "suficiente para dar el primer paso hacia la solución democrática”, en Cataluña, como han defendido en otras ocasiones. Ahora la pelota está en el tejado de Sánchez, que tendrá que ampliar el premio a los separatistas para seguir sentado en La Moncloa.

Fascismo eres tú
Alfonso Pinilla vozpopuli.es 22 Diciembre 2019

Ana Pastor y su ceño fruncido preguntaron durante la pasada campaña electoral a Pablo Casado, en La Sexta, si con la reivindicación del artículo 155 creía que “iba a volver a enamorar a los catalanes nacionalistas”. El tópico de siempre, tan absurdo como si mañana preguntaran a Pedro Sánchez si con esa exhumación de Franco pensó en enamorar alguna vez a los franquistas. Con una diferencia, en España hay menos franquistas que nacionalistas catalanes, salvo en los programas de algunas teles, claro.

Al enemigo de la democracia no hay que enamorarlo, sino desactivarlo, deslegitimarlo, como muy bien se hizo desde la Transición con la derecha nostálgica del 18 de julio, bien a través del chiste – “La escopeta nacional”–, bien a través de la puesta en práctica de la razón democrática frente a la pasión dictatorial. Por eso “facha” es hoy un insulto en España, como lo es “comunista” en la República Checa, donde la dictadura fue de izquierdas y el totalitarismo cargaba con hoz y martillo.

Pero al facherío nacionalista catalán, único facherío superviviente en esta España nuestra, no se le ha tocado un pelo de su aura “democrática”. Pujol era el “seny” frente a la “rauxa”, y así nos ha ido, tras cuarenta años de apaciguamiento y continuas cesiones para que los niños mimados del noreste no se sintieran robados ni aplastados por España.

Ningún presidente del Gobierno tiene que enamorar a nadie, sea o no contrario a sus ideas. Todo eso es atrezzo cursi de esta política-espectáculo, contraria a la inteligencia, que nos ha tocado sufrir. Lo único que, como mínimo, debe procurar un gobernante durante su mandato es garantizar las libertades individuales y la igualdad ante la ley, más allá de las creencias y procedencias particulares. Y eso, desgraciadamente, hace mucho tiempo que no se cumple en Cataluña, el País Vasco, Valencia, Baleares y otras regiones enfermas de la fiebre nacionalista. No hay que enamorar al mal, sino vencerlo, porque de lo contrario te infectará, irremediablemente.

Una estrategia idiota
Por otra parte, existe una derivada que nunca se explora por parte de esos periodistas televisivos: ¿Para cuando plantearse enamorar a esa mitad de catalanes que no es nacionalista y sufre, desde hace cuarenta años, adoctrinamiento en la escuela, ninguneo en la calle, persecución si protesta contra el dogma oficial?

Surge entonces la fatalidad de pensar que, como está ya todo perdido, lo mejor es enamorar a quien te odia, por si el mal se ablanda y llegamos a un acuerdo. Otro embeleco, porque si ese acuerdo sigue las pautas de lo que llevamos haciendo con los nacionalistas desde que empezó esta democracia, siempre ganarán ellos y cederemos nosotros, en esa estrategia idiota de darle al niño pirómano el mechero por si se le calma la pulsión. Hoy arderá la cortina, mañana el salón y pronto la casa entera.

La sentencia del Supremo dio un mechero a medio gas al niño pirómano. Sedición en vez de rebelión, abriendo la puerta a un tercer grado que puede devolvernos en Navidad a los Jordis, cargados de turrones y hechos diferenciales. Esa falta de contundencia se paga, sobre todo en términos de autoridad, fuera y dentro de nuestras fronteras. Tecnicismos jurídicos a parte, no sorprende la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Junqueras. A fin de cuentas: ¿cómo van a respetar a España si su presidente en funciones pretende formar Gobierno gracias al apoyo de los golpistas presos? Gestionar el país contando con quienes quieren destruirlo, he ahí el absurdo que domina una política española donde se sufre, hoy más que nunca, aquél mal definido por Ortega: “la ausencia de los mejores”.

Mientras ardían las Fallas con que Barcelona celebró la Sentencia Suprema, el ministro de interior, Grande Marlaska, afirmó que las hogueras eran una cuestión “estrictamente de orden público”. Sedición, claro, siguiendo la estela de sus colegas jueces. Y he ahí el gran error. La violación de los derechos que unos pocos perpetraron en Cataluña –alterando la paz, cortando carreteras– contra el resto de la población sólo fue un problema de orden público en la superficie, un problema parcial, pero no “estrictamente” de orden público. Porque el fondo del asunto es que los disturbios obedecen a una rebelión en marcha contra el orden constitucional, contra la ley que nos consagra libres e iguales. Una rebelión que utiliza la violencia para triunfar y la estética fascista para impresionar. No en vano, como recordó en estas mismas páginas Jesús Cacho, las recientes marchas sobre Barcelona eran indisimulada copia de la mussoliniana “marcia su Roma”, sobrecogedora imagen que no ha merecido un solo comentario de esa izquierda tan preocupada por el auge del fascismo en España y en Europa.

“¿Y tú me lo preguntas, nacionalista, clavando en mi pupila tu pupila azul?… fascismo eres tú”.

Los centros escolares deberán hacer públicos sus proyectos lingüísticos
RICARDO F. COLMENERO El Mundo 22 Diciembre 2019

La Comisión de Transparencia fuerza al Govern balear a obligar a los colegios e institutos a cumplir la ley

El Govern balear se verá obligado a hacer públicos los proyectos lingüísticos de todos los centros escolares de Baleares, para que puedan ser consultados por los padres de los alumnos.

La Conselleria de Educación exige a los padres que quieran matricular a sus hijos en un centro escolar que firmen en el impreso de solicitud que «conocen y respetan» el proyecto lingüístico de los centros que desean. Sin embargo, muchos centros escolares no tienen publicados sus proyectos lingüísticos en su página web, algo a lo que están obligados por el decreto 45/2016, obligando a los padres a desplazarse hasta el centro para obtenerlo, o bien firmar el impreso sin llegar a consultarlo.

Dado que todos los centros públicos de Baleares practican la inmersión obligatoria en catalán, los padres estaban firmando, sin quererlo realmente, su renuncia al derecho a elegir la lengua de primera enseñanza de sus hijos.

Todo ellos a pesar del artículo 18 de la Ley balear de normalización lingüística, que dice que «los alumnos tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua, sea la catalana o la castellana». Y que «a tal efecto, el Govern ha de arbitrar las medidas pertinentes para hacer efectivo este derecho». Y que «en todo caso, los padres o los tutores pueden ejercer, en nombre de sus hijos, este derecho, instando a las autoridades competentes para que sea aplicado adecuadamente».

Fue por eso que la Asociación de profesores PLIS Educación denunció en diciembre de 2018, ante la propia Conselleria, que muchos centros escolares no tenían en web sus proyectos lingüísticos, y pidió que les fueran entregados o colgados en una misma web para que todo el mundo pudiera consultarlo.

El conseller Martí March contestó con el silencio administrativo, y PLIS recurrió a la Dirección General de Transparencia. En concreto, ante la Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública.

Tras admitirse a trámite el recurso, el conseller respondió a la Comisión que no tenía ninguna obligación de facilitar los proyectos lingüísticos, y que los centros eran libres para publicarlos como quisieran.

411 centros
PLIS Educación volvió a recurrir invocando el decreto 45/2016 de obligatoriedad de publicación del proyecto lingüístico en la web, hasta que el pasado 9 de diciembre, casi un año después, la Comisión acordó instar a la Conselleria de Educación a facilitar a PLIS Educación todos los proyectos lingüísticos, y a requerir a los centros que los publiquen y los hagan llegar a la asociación.

«Estamos muy satisfechos, a pesar de que ha tenido que transcurrir prácticamente un año desde la primera petición, y de tener que sortear todas las argucias posibles de la Conselleria, empeñada en mantener ocultos gran cantidad de proyectos lingüísticos. Esta es la transparencia de la que tanto habla Armengol, pura palabra vacía», apuntan desde PLIS.

Entre los fundamentos de derecho, la Comisión recoge las resoluciones 690 y 692 del 31 de octubre de 2019 dictadas por el organismo de transparencia de Cataluña, que terminaba por estimar una demanda similar de la Asociación catalana para una Escuela Bilingüe, que obligaba al Departamento de Educación de Cataluña a entregar todos los proyectos lingüísticos.

Con la documentación de los 411 centros de infantil, primaria y secundaria, PLIS podrá comprobar «cuántos se ajustan a la ley, es decir, cuántos incluyen la legislación estatal que considera el castellano lengua vehicular; cuántos incluyen la obligatoria vía de primera enseñanza en lengua castellana, y cuántos incluyen al menos el 25% de horas lectivas en castellano», aseguran desde PLIS. «El Gobierno balear tiene la obligación de respetar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, no solo de los catalanohablantes», recuerda la asociación de profesores.



 


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