AGLI Recortes de Prensa   Martes 24  Diciembre  2019

Y ahora, la Abogacía del Estado
EDITORIAL Libertad Digital 24 Diciembre 2019

La escandalosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la inmunidad parlamentaria del condenado sedicioso Oriol Junqueras se ha convertido en la piedra de toque de las humillaciones que los separatistas están infligiendo a Pedro Sánchez.

Cómo extrañarse, pues, de que los líderes de ERC exijan ahora un gesto al Gobierno través de la Abogacía del Estado, a la que pretenden arrancar un pronunciamiento alineado con el fallo –nunca mejor dicho– del TJUE.

La vicepresidenta de Sánchez, Carmen Calvo, se ha apresurado a exhibir las tragaderas del Gobierno ante los golpistas y ha asegurado que el Ejecutivo está estudiando la mejor manera de "ayudar" a que se cumpla la aberrante sentencia del TJUE.

Las intolerables presiones del Gobierno a la Abogacía del Estado están siendo formidables. No de otra forma se explica que no se registrara este mismo lunes el escrito solicitado por el Tribunal Supremo, a pesar de que estaba anunciada su tramitación. El Tribunal Supremo será, sí, el que decida sobre el fondo de una cuestión que parece clara, pues la inmunidad parlamentaria no opera cuando ha habido una condena en firme que, como es el caso, lleva aparejada la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo de representación política.

Pero los separatistas quieren un gesto que demuestre a sus huestes hasta qué punto tienen en su mano el destino del Gobierno de España.

Con sus concesiones, Sánchez se ha convertido en la marioneta de un hatajo de golpistas en ejercicio y en un presidente del Gobierno que está destrozando el prestigio internacional de España. Por eso aciertan PP y Ciudadanos al poner en marcha toda una serie de iniciativas judiciales y políticas para impedir que Sánchez y sus socios sediciosos se salgan con la suya.

Ser investido a toda costa
Editorial ABC 24 Diciembre 2019

Pedro Sánchez aún mantiene la incertidumbre sobre cuándo se celebrará la sesión parlamentaria de investidura tras haber aceptado el encargo del Rey de formar Gobierno. Sánchez continúa una negociación absolutamente opaca con ERC para lograr como mínimo su abstención, y su última decisión ha sido forzar a la Abogacía del Estado a pedir al Tribunal Supremo que ponga en libertad a Oriol Junqueras para que pueda acreditarse como eurodiputado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Esta petición que ultima la Abogacía es una condición sine qua non impuesta por ERC, de modo que una vez más el PSOE sitúa a instituciones del Estado como la Abogacía al servicio de sus fines políticos para poder gobernar. Pese al «gesto» que con inusitada prisa prevé realizar Sánchez para satisfacer a Junqueras, conviene recordar que no tiene mucho sentido jurídico retrotraer el derecho del líder golpista a tomar posesión de su escaño y a gozar de inmunidad cuando la sentencia que pesa sobre él es firme y conlleva una inhabilitación aparte de su pena de prisión. De hecho, la inmunidad que el Tribunal de Luxemburgo reconoce a Carles Puigdemont o a Junqueras ya ha decaído en el caso del segundo, toda vez que ya ha sido condenado con todas las garantías. Por eso, lo relevante es la claudicación política de Sánchez, que intenta utilizar de nuevo a la Abogacía del Estado como ariete en la estrategia del PSOE, frente a la firmeza demostrada por la Fiscalía, que se resiste a cualquier apariencia de sumisión a los intereses de La Moncloa.

Ayer, los fiscales del TS pidieron al magistrado Llarena que reclame al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad concedida a Puigdemont y a Antoni Comín, y que mantenga las órdenes de busca y captura que pesan sobre ellos. También planteó a Llarena que envíe con urgencia los suplicatorios para que la Cámara de Estrasburgo permita que se juzgue a ambos en España, ya que siguen en rebeldía y con una orden vigente de prisión provisional. En efecto, inmunidad no equivale a impunidad, y es una falacia del independentismo sostener que Europa ha desactivado el juicio penal de Junqueras y el resto de líderes sediciosos. Nada ha quedado desactivado ni para Puigdemont, ni para Junqueras ni para nadie. Muy al contrario, la Fiscalía deja claro que ambos fueron incluidos en las listas electorales europeas siendo plenamente conscientes de las limitaciones que comportaba su situación procesal. Resulta desmoralizador que la Abogacía del Estado no tome nota de la contundencia de la Fiscalía, porque una cosa es poder gobernar con ERC como aliado, y otra que Sánchez fuerce a las instituciones a retorcer el marco constitucional con tal de ser investido a toda costa.

La batalla (y la guerrilla) de Madrid
Diego Vigil de Quiñones Otero okdiario 24 Diciembre 2019

La semana pasada se difundió que Madrid ha superado a Cataluña como primera economía autonómica. En la misma semana, la Diputación del General de Cataluña (que es la traducción más correcta de Generalitat en castellano) pretende subir más si cabe los impuestos autonómicos. Paralelamente, fueron varias las informaciones sobre las exigencias de disciplina presupuestaria del gobierno central a la Junta de Andalucía. Una disciplina que, en opinión generalizada, pretendería el acoso contra las bajadas de impuestos que el PP pretende sacar adelante en esta legislatura en Andalucía, mandando con ello un mensaje de amenaza contra las potenciales bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid.

Y es que, en los últimos años, se ha instalado en el debate público el relato de que Madrid es un refugio fiscal (que es la traducción correcta de tax haven –paraíso fiscal sería tax heaven-), que hace “dumping fiscal”, y que las comunidades de impuestos altos no pueden soportar esa “competencia desleal”.

Pese al relato, si se desciende a los datos la diferencia entre CCAA no es tan grande. Un trabajador que gane 70.000€ pagaría en Cataluña 19371€ de cuota en el IRPF. El mismo trabajador en Madrid pagaría 18835€. La diferencia es, por tanto, de poco más de 500€ al año, lo cual no llega a 42€ al mes. Para un trabajador con 30.000€ de remuneración, la diferencia no llegaría a 26€ al mes. Una cifra muy poco significativa que no justificaría el cambio de domicilio, el famoso “voto por los pies” que el federalismo fiscal debería facilitar. Cierto es que en otros impuestos como sucesiones o transmisiones y actos documentados las diferencias son mayores. Pero esos impuestos no los paga todo el mundo cada año, y su eficacia recaudatoria es mucho menor.

Pese a las exageraciones del relato, lo cierto es que el PP ha venido practicando siempre ligeras bajadas de impuestos. Sin embargo, esas bajadas nunca pretendieron reducir la recaudación. Se alegaba que con menos impuestos se podía recaudar más. Es por ello que, pese a las diferencias con otras CCAA, en Madrid la comunidad autónoma también tiene cargos políticos en abundancia y bien remunerados, una radiotelevisión autonómica con dos canales de TV y uno de radio de poca audiencia, la correspondiente corte de asociaciones subvencionadas, etc. Madrid dista mucho de ser la utopía liberal que algunos soñaron y a otros les produce pesadillas.

Aunque esa realidad es tozuda, el discurso popular desde Aguirre hasta Ayuso y Almeida ha sido el de las bajadas de impuestos sin aclarar el tema del gasto. Y claro…. cuando tu infundes en la sociedad una idea, corres el riesgo de que el electorado la demanda incluso más allá de lo que pretendías…. Y así ha ocurrido en Madrid: una parte importante del voto popular se ha ido a Vox, quienes prometen unas bajadas de impuestos mucho más fuertes, acompañadas de las reducciones de gasto que las permitan. Ello ha generado que una "guerrilla" entre la posición de Vox y la posición socialdemócrata de Cs. Una guerrilla en la que el PP anda dividido entre quienes aun creen en la bajada masiva de impuestos que pregonaba Casado, y los "moderados" que desean moderar los recortes (tal vez para mantener sus puestos con sus remuneraciones).

En el fondo, una vez más, el PP frente a si mismo: si de verdad se cree en las administraciones austeras con impuestos bajos, hay que querer reducir el gasto y atreverse a defender los recortes sin miedo y en beneficio de la mayoría. Algo que, a día de hoy, el PP no se atreve a hacer. Y por ello en Madrid habrá batalla, pero también guerrilla.

La España descuajeringada
Amando de Miguel Libertad Digital 24 Diciembre 2019

El pulquérrimo José Ortega y Gasset estampó su célebre España invertebrada, de acuerdo con el lenguaje organicista que imperaba en su tiempo. Pero es que ahora las vértebras del cuerpo nacional se descoyuntan, o mejor, se descuajeringan sin remedio. Por ejemplo, Cataluña y Vasconia son prácticamente independientes a la vista de una buena parte de la opinión pública. En ellas no están presentes muchos de los poderes del Estado. Además, la tradicional soberanía de la nación española se ha erosionado mucho con la pertenencia a la Unión Europea. Por ejemplo, los españoles han descubierto que el Tribunal Supremo no es tan supremo como habíamos supuesto. Además, las autoridades de Cataluña o Vasconia nunca exhiben la bandera española en sus apariciones públicas. Para ellas, España no existe; es solo el "Estado".

No son solo los símbolos. En el Congreso de los Diputados se sientan satisfechos media docena de partidos políticos, fundamentalmente vascos y catalanes, cuyos diputados no se consideran españoles. Ni por asomo pretenden representar al pueblo español sino a la tribu particular. El ejemplo cunde como modelo para otras regiones, mal llamadas "autonomías". No sé si don José Ortega y Gasset se hubiera atrevido a conllevar tales extravagantes situaciones.

El descuajeringue que digo no es solo territorial, sino social. Bien es verdad que, en contra de muchos aspectos del pasado, España es hoy una sociedad pacífica, más que otras europeas. Es decir, la tasa de muertes violentas (homicidios, suicidios, accidentes) es baja. Pero no es menos cierto que apuntan nuevas formas de violencia que tienen amedrentada a la población. Es el caso de la mal llamada "violencia de género" (quiere decir uxoricidio), sobre todo cuando el matachín es un inmigrante extranjero poco integrado. O también, la violencia que se ejerce contra los menores de edad, no digamos si el infanticidio lo ejecutan las mujeres. O asimismo la violencia contra las personas cuando anda por medio la violación en grupo. Añádase el caso igualmente aberrante del suicidio de los adolescentes. Son situaciones excepcionales en términos estadísticos, pero que llaman mucho la atención.

Ante la incidencia de todos esos repugnantes casos, parece razonable pretender que la infausta ley de violencia de género se sustituya por la ley de violencia en el círculo doméstico. Incluiría también los casos de malos tratos, físicos o psicológicos, entre otras formas de desorganización familiar. Es una propuesta que ha hecho Vox, aunque, solo por eso, se le tilda en los medios de machista, fascista o vituperios aún peores. Los voxeros protestan que, con la actual legislación, se establece una nueva desigualdad ante la Justicia, al proyectar sobre los varones una cierta presunción de culpabilidad. No estaría mal que se empezaran a tratar estas cuestiones con serenidad.

Hasta ahora me he referido a la violencia contra las personas; es la que más solivianta a la sociedad sana, y con mucha razón. Pero menudean cada vez más los hechos de violencia contra las cosas, por ejemplo, los referentes a la corrupción política o la ocupación de viviendas. Lo peor de todos esos supuestos de apropiación indebida es que la opinión pública los digiere con cierta naturalidad, o mejor, con una mezcla de resignación y fatalismo. Es decir, nos hemos acostumbrado a tales formas de inicua desigualdad. Es un cambio de valores que no augura nada bueno. Habría que recordar a San Agustín:

Si prescindimos de la Justicia, la sociedad se convierte en un hatajo de bandoleros.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

En manos de Rufián
Pablo Planas Libertad Digital 24 Diciembre 2019

La situación de España se puede resumir en que la gobernabilidad depende de un tipo como Gabriel Rufián y Carmen Calvo exige al Tribunal Supremo que suelte a Oriol Junqueras porque según ella eso es lo que pide el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A esos extremos de degradación ha llegado la política nacional tras el nefasto paso por el Gobierno de personajes como Soraya Sáenz de Santamaría o su mentor, Mariano Rajoy.

Rufián ha hecho una carrera meteórica forjada a base de puñetazos. En Súmate, la facción de ERC para quienes no hablan habitualmente catalán, se las tuvo tiesas con José Rodríguez, alias Trinitro, que hoy es diputado también, pero en el Parlamento regional. Corría 2015 y ambos jóvenes tenían algunas diferencias de matiz sobre el procés que Rufián no dudó en tratar de resolver a leches. Rodríguez, muy digno, se quitó las gafas y le dijo: "Si esto lo arreglamos con una hostia, adelante". No hizo falta. Se impuso Rufián porque le hacían gracia a Junqueras esos aires de camorrista de Santako (por Santa Coloma de Gramenet).

Rufián ha trabajado lo justo. Dice que descargando camiones, de dependiente en tiendas de moda masculina y en empresas de trabajo temporal. Más vale creérselo que ir a comprobarlo. Lo que es seguro es que estaba en el paro cuando le surgió la oportunidad de ejercer de portavoz de la Assemblea Nacional Catalana y de ahí al infinito y más allá. Hoy es la cabeza más visible del equipo negociador de ERC, junto a Josep Maria Jové, el genio que levantaba acta en una agenda y una libreta de las reuniones secretas de la plana mayor del proceso separatista.

Delante tienen a Adriana Lastra, poca broma. La campeona socialista, cosecha del 79, vive del partido y los cargos públicos desde que tenía 18 años. Así es que ha conseguido no solo sobrevivir sino medrar incluso en esos bidés infestados de pirañas que son los partidos políticos. Como para fiarse y no echar a correr.

Pues en manos de gentes así (asín, que decía Rufián antes de dar el salto a Madrid) está el futuro del país, mientras los principales dirigentes de la derecha tocan la lira como si el incendio de España no fuera con ellos, igual que cuando dejaron escapar a Puigdemont, que no solo se ríe de Junqueras, sino de todos los españoles, mientras cobra como diputado autonómico, tiene oficina de expresidente y va a ganar casi cuarenta mil euros al mes (9.000 de sueldo, 25.000 para asistentes y 4.500 para el despacho) en el Parlamento Europeo. Y eso gracias en parte a que la antedicha Sáenz de Santamaría lo tenía todo controlado bajo la supervisión del gran Mariano.

Las finanzas autonómicas
Jose María Rotellar okdiario 24 Diciembre 2019

Como ya hemos venido diciendo a lo largo de los últimos meses, nos encontramos en un momento bajista del ciclo, que podrá quedarse sólo en eso o que podrá intensificarse si no se adoptan reformas que dinamicen la economía, o que puede llegar a devenir en crisis si se aplican medidas de incremento de gasto y subida de impuestos.

Ahora bien, dentro del panorama internacional, que influye, como es lógico, en el nacional, y dentro del contexto nacional, nos encontramos con el caso de las comunidades autónomas, que es singular, tanto por las competencias transferidas como por la financiación recibida para ellas. Aquí nos topamos con un problema, que no se basa en la existencia de las autonomías, sino en si se gestionan de manera eficiente o no y, derivado de ello, en su capacidad financiera para no colapsar.

Las Comunidades Autónomas (CCAA) prestan unos servicios que proceden de las competencias transferidas, como la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales o muchos aspectos del Transporte, que tienen un elevado coste. Para cubrir todos los servicios, perciben una financiación que se deriva de su participación en los tributos estatales, y que cobra forma en el Sistema de Financiación Autonómica, sistema controvertido donde los haya. Pues bien, en estos momentos bajistas del ciclo nos podemos encontrar con un problema importante en las finanzas autonómicas.

¿Por qué puede darse ese problema? Porque las regiones prestan unos servicios, como hemos dicho, y lo financian con unos ingresos. La tentación de muchos políticos regionales -también nacionales y locales, por supuesto- es ofrecer todos los servicios que puedan, incrementando, por tanto, el gasto. Servicios que no son ocasionales, sino que suelen tener un carácter permanente, estructural, cuya eliminación es complicada y no exenta de problemas. Ese gasto lo incrementan sobre la base de posibles incrementos de la recaudación de los impuestos en los que participan o los propios, pero que suelen tener un carácter muy coyuntural en buena parte de su tramo recaudatorio, pues son muy sensibles al ciclo, especialmente muchos de los impuestos estatales cedidos a las CCAA, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el de Actos Jurídicos Documentados. Ahí está el problema.

Ese problema no es otro que el hecho de que la práctica totalidad de las CCAA han incrementado exponencialmente el gasto durante los últimos cuatro años sustentado por un crecimiento de los ingresos todavía mayor. Así dicho, parecería que no hubiese problema, pero sí que lo hay, pues ese gasto es permanente en su casi completa totalidad y el aumento de ingresos es coyuntural en su mayoría. ¿Qué sucede? Que cuando la actividad comience a caer, el gasto quedará y el ingreso se esfumará, aumentando el desequilibrio presupuestario, es decir, el déficit, y, con ello, la deuda, a niveles ya complicados de sostener. Y si entonces tienen la tentación de subir los impuestos, todavía peor, pues caerá más aún la recaudación.

Por tanto, a mi juicio, deben producirse tres reformas o ajustes para garantizar la viabilidad de las finanzas regionales: la primera, un Sistema de Financiación Autonómica claro, sencillo y transparente, que no busque perjudicar a nadie ni beneficiar a nadie. La segunda, un cambio en la normativa estatal que marca la prestación de la cartera de servicios que tienen que ofrecer las CCAA, para que éstas puedan gestionar de manera más eficiente. La tercera, concienciar a las CCAA de que tienen que emprender el camino de vuelta a la austeridad y eficiencia, con la obligación de alcanzar de manera permanente el equilibrio presupuestario, obteniendo superávit durante el período de tiempo que necesiten para amortizar su deuda, porque de lo contrario pueden volver a encontrarse con un serio problema. Si una región ha aumentado el gasto en 3.000 millones en los últimos cuatro años, un suponer, lo que debe hacer es volver a la casilla de salida de hace cuatro años y reducir, de la misma manera que lo incrementó, ese gasto. Si hace cuatro años los servicios esenciales se prestaban bien no hay nada que haya cambiado en estos cuatro años que haga que no puedan prestarse igual de bien con aquellos recursos o, al menos, con una cifra similar, cercana a los de entonces. Obviamente, el primero que debe predicar con el ejemplo es el Gobierno de la nación, pero no parece que si se conforma gobierno vaya a ser su guía la austeridad. En cualquier caso, les deseo una muy feliz Navidad.

Nochebuena para los españoles, mala noche para nuestra democracia
Editorial  elespanol 24 Diciembre 2019

La democracia española encara 2020 en una situación extraordinariamente complicada. Basta decir, para tomar conciencia de la magnitud del problema, que la llave de la investidura del próximo presidente la guarda en su celda una persona condenada por sedición, cuyo objetivo manifestado abiertamente es destruir España. Parecería surrealista en otro país; también en el nuestro en cualquier otro momento de su Historia.

La realidad es que hoy tenemos un Ejecutivo en funciones a punto de decirle a la Abogacía del Estado que facilite la puesta en libertad de quien ha liderado el golpe separatista en Cataluña; al Rey atado de pies y manos, sin poder denunciar, en su mensaje navideño, las negociaciones que encabeza la persona a la que él ha encargado formar gobierno y que ha decidido abrazarse a un partido republicano que pretende poner fin a la Monarquía; a la Justicia herida por otro revés de un Tribunal europeo; a una Generalitat envalentonada que difunde el esperpento de que la sentencia de Luxemburgo abre la puerta a "algún cambio" de la calificación del grado en prisión de Junqueras...

Ruptura del sistema
Los españoles hemos superado momentos muy difíciles que han puesto en riesgo el Estado de derecho y nuestro sistema de libertades emanados de la Constitución de 1978. Ocurrió al principio del periodo democrático, cuando ETA golpeaba un día sí y otro también. Vivimos el golpe de Estado de Tejero. Y una fecha dramática, ya entrado el nuevo siglo, como el 11-M.

Cada uno de aquellos embates dejó su huella. Pero entonces, pese a las diferencias ideológicas y de partidos, había una unidad de fondo que hacía impensable una ruptura del sistema que ha proporcionado a los españoles el periodo más largo de prosperidad de su Historia.

En peligro
La gran crisis económica de 2008 dejó a la intemperie a millones de ciudadanos y abrió las puertas al populismo y al nacionalismo, que aguardaban su oportunidad. Ahora se han hecho fuertes en las instituciones y amenazan con desarticular el entramado institucional que tanto costó fraguar.

Decir que hoy España y la democracia están en peligro es decir verdad. En lo personal, y en un día tan señalado, cabe desear a todos una feliz Nochebuena en compañía de la familia y los seres queridos; pero es imposible cerrar los ojos a la noche oscura que, si nuestros políticos no lo evitan, se cierne sobre el país. Hoy tiene toda su validez la frase que Adolfo Suárez lanzó a los ciudadanos en la Navidad de 1980: "Brindo por el pueblo español, esperando que tenga unos dirigentes mejores que los que actualmente posee".

La maquinación de Georges Soros contra Europa
Raphaël Stainville y Louis de Raguenel lagaceta.eu 24 Diciembre 2019

Es recibido por los grandes hombres, políticos y financieros, de este mundo. Numerosos presidentes desenrollan ante él la alfombra roja como si fuera uno de los suyos. Nada sorprendente para alguien que dice ser “un jefe de Estado sin Estado”. Artesano del desarraigo, animador de los flujos migratorios masivos para debilitar a los Estados europeos, Georges Soros despliega su estrategia mediante el dinero, tan discreto como cínico y destructivo.

En la cena anual que organiza en Davos, en un lujoso hotel de la estación de esquí suiza, los patronos mundiales se presentan para escuchar sus oráculos. En 2018, criticó a Donald Trump y profetizó un final precoz, al mismo tiempo que denunciaba los imperios de Google y Facebook como “monopolios siempre más poderosos que podían estar tentados de aliarse con los regímenes autoritarios”.

Genio de las finanzas para unos, especulador impenitente y depredador sin escrúpulos para otros, que recuerdan cómo ganó su primer millardo apostando contra la libra esterlina en 1992, hasta el punto de merecer el sobrenombre de “el hombre que hizo saltar el Banco de Inglaterra”, Soros suscita tanta admiración como odio, mientras que sus obras filantrópicas no disuaden a los que creen que está detrás de numerosos desórdenes mundiales.

“Yo me veo como Dios, creador de todas las cosas”, explicaba en uno de sus ataques de megalomanía que le caracterizan. Pero él no cree en Dios ni en el Diablo. Sin embargo, si la gran fuerza del Maligno es la de hacer creer que no existe, muchos ven en él a un nuevo Belcebú bajo la máscara de un pródigo benefactor. Si bien no dispone de un ejército, Soros es rico en millardos y los utiliza como si fueran misiles balísticos, tanto en sus negocios y fondos de inversión como en sus actividades presuntamente humanitarias. La revista Forbes estimaba su fortuna personal en 8 millardos de dólares después de que transfiriese la parte esencial de su patrimonio (18 millardos) a la Open Society Foundations (OSF), su red de fundaciones, asociaciones y ONG en octubre de 2017.

Se le supone como el último hombre que está detrás de la desregulación del mundo. Georges Soros fascina, inquieta, atemoriza. Hasta el punto de que Donald Trump, Vladimir Putin, Viktor Orbán y Benyamin Netanyahu lo consideran como un peligro para la seguridad de sus respectivos países. Es cierto que el millardario de origen judeo-húngaro, después de haber contribuido a la campaña de Hillary Clinton (con 7 millones de dólares) y haber perdido varios millones la mañana siguiente a la victoria de Trump al hablar de una caída de la Bolsa de Nueva York, no oculta que quiere “demoler” al presidente norteamericano teleguiando a los movimientos de oposición y las manifestaciones anti-Trump. Cantor de una “sociedad abierta” y sin fronteras, tan querida por el filósofo Karl Popper, del que fue su discípulo, Soros no duda en invitarse a los debates nacionales sin temor a que se le reproche su injerencia, provocando, por ejemplo, la cólera del primer ministro israelí, que le acusaba de manipular las manifestaciones contra el programa de control de migrantes establecido en Israel.

La OSF es una organización tentacular presente, a través de una miríada de ONG (como OXFAM, financiada también por la Unión europea), en más de 100 países. Incontestablemente, al hombre le gusta mover los hilos de la política mundial. ¿Su fuerza? Identificar el estado de las fuerzas sociales de un país, para mejor poder atacar sus debilidades, con la precisión de un depredador que se abalanza sobre su presa. De la misma forma que el financiero dispone de preciosas puertas de entrada en las numerosas empresas que cotizan en Bolsa, con discretas participaciones (del 1 o el 2% del capital) que le permiten acceder a informaciones privilegiadas, el filántropo financia a numerosas asociaciones, como caballos de Troya para desplegar su filosofía. Con mucha habilidad, Soros ha logrado, en algunos años, imponer su visión de “open society” a muchas democracias. En Europa, aconseja a numerosos dirigentes. Un soft power de una temible eficacia que ejerce promoviendo oficialmente los derechos humanos, la libertad de los individuos, la justicia social, la lucha contra el cambio climático, la gobernanza democrática…

Si la OSF anuncia siempre buenos sentimientos, mediante la financiación, por ejemplo, de la bolsa de estudiantes negros de Sudáfrica, la formación marxista de los jóvenes de Europa, o las fundaciones humanitarias en territorios de la ex-Yugoslavia, también aparece rápidamente como la organización que financia, de forma oculta y opaca, a las asociaciones que militan por la supresión de fronteras, la llegada masiva de migrantes, la promoción del aborto y la eutanasia, la despenalización de las drogas…

Desde principios de los años 2000, Soros y su OSF se meten en cuerpo y alma en la denuncia de la corrupción y la defensa de los derechos humanos. “Siendo loable este último objetivo, oculta una ambición: la caída del sistema occidental y de sus valores”, nos confía un antiguo colaborador. Desde los años 80, se estima en 11 millardos de dólares la suma invertida por Soros, vía OSF, para financiar sus proyectos de subversión de Estados y sociedades. Financia el movimiento de las Femen y las revoluciones “de color”. En Ucrania, bajo la cobertura de acudir en ayuda del régimen de Kiev para que el país escape definitivamente de la influencia de Moscú, Soros aprovecha para echar el guante sobre Naftogaz, la sociedad de gas y de energía. Detrás de los buenos sentimientos, nunca olvida sus intereses y aplica con devoción los mismos métodos para lograr sus fines, utilizando a los militantes utópicos, a los idealistas y a las personas que se adhieren a sus asociaciones con buenas intenciones, que ignoran que estas últimas están financiadas por el millardario, siempre de forma indirecta.

Entre sus más celosos amigos, se encuentra el abogado William Bourdon, que actualmente asiste a los yihadistas que vuelven a Francia para ser juzgados. Fundador y presidente de Sherpa, una asociación que milita oficialmente para acudir en ayuda de las poblaciones víctimas de la crisis económica, el abogado se beneficia de la generosa ayuda de la OSF y del apoyo de numerosas asociaciones satélites de la galaxia Soros. Bourdon es miembro del comité de derechos humanos de París (Human Rights Watch) y administrador de esta fundación que Georges Soros financia abundantemente (en 2010 la financió con 10 millones de dólares). De ahí, parte del dinero pasó al presupuesto operacional de Sherpa. Más ejemplos. Bourdon está regularmente asociado con Global Witness, una ONG especializada en la lucha contra el saqueo de los recursos naturales. Una vez más, encontramos a la OSF entre los financiadores de la organización, habiendo recibido, entre 2011 y 2016, la suma de 15 millones de euros. En su consejo de administración figura un tal Alexander Soros, hijo del millardario, nacido en 1985, que dispone ya de una fundación caritativa a su nombre, la cual financia directamente a Global Witness. Sorprendentemente, la ONG nunca ha denunciado las actividades de expolio medioambiental de Soros.

En la guerra secreta que Soros conduce para asegurar su influencia y hacer prosperar sus activos, nunca olvida de rodearse de valiosos aliados. La guerra que conduce pasa por la información y la desinformación. Así la red de la OSF financia a Reporteros sin fronteras y al Consorcio internacional de periodistas de investigación, así como al European investigative collaborations, a los cuales pertenecen, por ejemplo, en Francia, Le Monde y Mediapart. Son los que, presuntamente, estuvieron en el origen de las revelaciones surgidas en torno a los llamados Paradise Papers, que apuntaban especialmente a Bernard Arnault, el patrón de LVMH. Mientras tanto, Soros había transformado Quantum, su mítico fondo de inversión, durante mucho tiempo instalado en las Antillas holandesas, en un Family office, una sociedad familiar de inversiones, que utiliza para escapar a toda obligación de transparencia.
 Fuente: Valeurs Actuelles

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La prisa de Sánchez genera sospechas
Editorial larazon 24 Diciembre 2019

La Mesa del Parlamento ha habilitado laboralmente los días 28,29 y 30 de diciembre en previsión de que pueda celebrarse el pleno de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. La decisión, que compete principalmente a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no sólo supone un trastorno evidente para los empleados y funcionarios del Congreso, que se verían obligados a trabajar un fin de semana en plenas vacaciones navideñas, sino que revela las prisas y la ansiedad que embarga al presidente del Gobierno en funciones y, suponemos, a la actual dirección del PSOE, por concluir un acuerdo con los separatistas catalanes de ERC que no deja de ser de alto riesgo para la estabilidad de España y cuyas condiciones deberían ser expuestas con absoluta claridad al conocimiento de una opinión pública que, según todas las encuestas, mantiene graves reservas sobre el asunto. Prisas inexplicables si tenemos en cuenta que el actual Ejecutivo lleva ya ocho meses en funciones y que no hay en el horizonte más inmediato circunstancia extraordinaria alguna que las justifique. Es más, la naturaleza del pacto que se pretende, aconsejaría retrasar el pleno de investidura hasta después del período vacacional, una vez que los ciudadanos hayan retomado sus actividades habituales y puedan centrar su atención plena en una actuación política que, sin duda, va a tener muchas repercusiones en el devenir de los hogares españoles.

No es de extrañar que el silencio oficial, que raya el obscurantismo, sobre el contenido de las negociaciones con la Esquerra –también con los comunistas de Podemos–, las continuas alusiones al Poder Judicial, como si su intervención, en la forma que sea, pudiera decantar una cuestión que en absoluto es de su competencia, todo ello unido al calendario enfebrecido de la presidenta de la Cámara, acabe por despertar todo tipo de recelos y suspicacias, como si los protagonistas tuvieran algo sospechoso que ocultar a los españoles. Insistimos en que, en realidad, lo que convendría al interés general, aunque sólo sea para preservar la salud pública, es separar el mayor espacio de tiempo posible el pleno de investidura de las secuelas sociales de esta ceremonia de la confusión que estamos viviendo, creada y alentada por el nacionalismo catalán, que, no es posible ocultarlo, está abriendo una nociva brecha entre los ciudadanos y sus instituciones judiciales, percibidas como maleables a los intereses políticos más pedestres. Que algunos representantes del Gobierno de la Nación, como su vicepresidenta Carmen Calvo, den pábulo al relato separatista, pueril manipulación de una sentencia europea que no cuestiona las decisiones últimas del Tribunal Supremo, y que se admita que es posible que uno de los cuerpos claves en la defensa del interés público, que no gubernamental, como es la Abogacía del Estado, pueda ser forzada a realizar «gestos jurídicos» para contentar a unos partidos que han protagonizado el mayor ataque a la democracia española y a su unidad desde Tejero, es un escándalo sólo atenuado por el asombro paralizante que embarga a buena parte de la sociedad española.

La única actitud lícita en estos momentos es la de ofrecer la máxima claridad a los ciudadanos por parte, al menos, de quienes pretenden gobernarlos durante los próximos años, es decir, el PSOE y Podemos. Debería ser extensiva esta obligación a ERC, pero comprendemos que, en su caso, apearse del doble lenguaje es tanto como desnudar unas contradicciones sin solución ante un electorado al que, una vez más, se le vende un imposible. Porque ningún Gobierno español, por más condicionado parlamentariamente que se encuentre, puede atender las demandas públicas del nacionalismo rupturista. Y si hay propuestas bajo la mesa, es imperativo democrático que se sepan.

La Fiscalía y la inmunidad de Junqueras
José Manuel Otero Lastres ABC 24 Diciembre 2019

Como es sabido, tras el encargo del Rey, Pedro Sánchez está negociando que la mayoría del Congreso de los Diputados le otorgue la confianza. Sobre las negociaciones en curso se ciernen, sin embargo, oscuros nubarrones que amenazan con ennegrecer nuestro futuro político, que tienen desasosegada a una buena parte de la ciudadanía. Y es que no deja de ser preocupante que Pedro Sánchez busque el apoyo de ERC, que, sirviéndose de las estructuras políticas de la Constitución, como es una comunidad autónoma, cometió la ilegalidad de participar en la declaración unilateral de independencia de la que pasó de autodenominarse la «non nata» república independiente de Cataluña.

Al parecer, después de unos tira y afloja repletos de mensajes, sobre todo para su electorado, como subrayar que jamás renunciarían al derecho de autodeterminación y a la libertad de los presos, ERC parece contentarse ahora con una actuación de la Abogacía del Estado favorable a su presidente, Oriol Junqueras. En el ABC de ayer se decía que «ERC quiere que la Abogacía del Estado pida la nulidad del juicio», mientras que en la edición digital se señalaba que «la Abogacía del Estado se pliega y apoyará al menos la salida de Junqueras para obtener el acta». En fin, un inadmisible pasteleo.

Por fortuna, la Fiscalía va a dificultar, cuando no imposibilitar definitivamente, cualquier maniobra en este sentido del presidente del Gobierno en funciones. Y es que en el trámite de cinco días que dio el Tribunal Supremo a las partes para que valoraran la sentencia del TJUE, la Fiscalía ha presentado sendos escritos, uno con respecto a Oriol Junqueras y otro referido a Puigdemont y Comín, que tienen por objeto evitar que la inmunidad derivada de su condición de europarlamentarios cause cualquier efecto indeseado.

Como quiera que la supuesta «moneda de cambio» por el apoyo de ERC a la investidura de Sánchez tiene que ver con Oriol Junqueras, voy a detenerme en la impecable actuación de la Fiscalía del Tribunal Supremo con respecto a este europarlamentario.

En efecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 19 de diciembre de 2019 (C-502/19) en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español precisó el alcance temporal de la inmunidad de los miembros electos del Parlamento Europeo. Y con respecto a la inmunidad, que, según es sabido, es una prerrogativa que impide que los parlamentarios puedan ser detenidos, procesados y juzgados sin autorización de la Cámara, salvo flagrante delito, el Tribunal Europeo decidió: que el europarlamentario adquiere la inmunidad desde la proclamación de los resultados electorales; que entre sus inmunidades se encuentra el desplazamiento al lugar de reunión del citado Parlamento, incluida la sesión constitutiva; y que la inmunidad de desplazamiento implicaría el levantamiento de la prisión provisional impuesta con anterioridad a un europarlamentario electo para pudiera asistir a la sesión inicial.

Pero la sentencia del TJUE dijo algo más, a saber: «Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad». Es decir, después de señalar que la inmunidad de desplazamiento producía el efecto de levantar la medida de prisión provisional, el Tribunal Europeo deja en manos del tribunal nacional la posibilidad de solicitar al Parlamento Europeo a la mayor brevedad posible la suspensión de dicha inmunidad. Y esto es lo que, si actúa correctamente, deberá hacer próximamente nuestro Tribunal Supremo.

Ello requería, una vez más, que nuestra Fiscalía, que ya había tenido una actuación impecable durante el procés, procediera previamente con absoluta independencia y con indiscutible acierto jurídico. En efecto, como nuestro Tribunal Supremo había suspendido la pena de inhabilitación absoluta recaída sobre Oriol Junqueras debido al planteamiento de la cuestión prejudicial, tras conocerse la respuesta del TJUE la Fiscalía solicitó a nuestro Alto Tribunal de lo Penal que levante la suspensión de la pena de inhabilitación y proceda, consiguientemente, la ejecución inmediata de la misma.

La Fiscalía razona también de un modo impecable que, como Junqueras obtuvo la condición de europarlamentario electo el 13 de junio, cuando ya estaba vista para sentencia desde el día 12 anterior, la inmunidad de desplazamiento no hubiera impedido, en ningún caso, la continuación del procedimiento hasta el dictado y ejecución de la sentencia. Por eso la Fiscalía solicita finalmente al TS que comunique a la mayor brevedad posible al Parlamento Europeo la situación procesal de Junqueras y que le remita la sentencia condenatoria dictada contra él, a fin de que surta todos los efectos incluido el de pérdida de su condición de europarlamentario.

Actuaciones como ésta prestigian a nuestra reputada Fiscalía.
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José Manuel Otero Lastres es académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación de España

La incomprensible impunidad de Pujol
Editorial ABC 24 Diciembre 2019

Resulta muy difícil de asumir la incomprensible impunidad de que parece gozar el patriarca de un clan con numerosos frentes judiciales abiertos. Nos referimos a Jordi Pujol Soley, de quien la Agencia Tributaria concluye que dejó de tributar 885.651 euros por su fortuna oculta en Andorra. Hacienda le atribuye personalmente un fraude fiscal, pero concluye que está prescrito y que por tanto no tiene que pagar ninguna sanción.

La investigación del caso Pujol destapado por EL MUNDO ha acreditado la vinculación del ex líder de CDC con al menos un depósito bancario radicado en la Banca Reig del Principado que estuvo administrado por su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, y que registró un ingreso en metálico con fondos de origen desconocido por importe de 307 millones de pesetas. Según los investigadores, estos fondos pertenecían a Pujol Soley: su hijo era solamente un fiduciario.

Nos preguntamos por qué se tardó tanto en empezar a investigar a alguien que robó el dinero de los ciudadanos (eso es defraudar a Hacienda) y que sentó las bases para el gran plan de robo de la soberanía de todos los españoles (eso es el procés). Pujol Soley es la vergüenza no solo del catalanismo, sino también del bipartidismo al que sostuvo.

El Gobierno enfangado con ERC. Rectificación a J. Barberá, de TV3
Tantas prisas, después de tantos retrasos, ¿implican que existe inseguridad respecto a la fragilidad, seriedad o capacidad de gobierno del contubernio de izquierdas que nos espera?
Miguel Massanet diariosigloxxi 24 Diciembre 2019

Se dijo que habría transparencia y luz y taquígrafos en estas reuniones, en una mesa de negociaciones que los nacionalistas han conseguido que se constituyera, situando en una posición de igual a igual a la representación del Estado y a los filibusteros separatistas que ya no ocultan, en ningún momento, que su objetivo no sea otro que el de celebrar un referéndum para conseguir que Cataluña logre su independencia de la nación española. Ni ha habido información sobre el discurrir de dicha negociación, ni se ha hablado de los puntos que se han discutido, ni se han mencionado las exigencias del nacionalismo catalán para apoyar la investidura del señor Pedro Sánchez, ni se ha hablado del porqué el PSOE está tan ansioso que no puede esperar unos días, unas semanas o unos meses, después del tiempo que ya han perdido en este escabroso tema de la toma de posesión o investidura que tan cuesta arriba se les va haciendo a los socialistas de Sánchez, pese a las ayudas que reciben del señor Iceta y su partido el PSC, los verdaderos beneficiarios de todo este maremágnum, que el gobierno en funciones de Sánchez ha permitido que se organice en torno a lo que debiera haber sido tan sencillo de decidir si, en lugar de que el PSOE , por interés de su líder, se inclinara hacia una mayor aproximación a las izquierdas más extremas, hubiera adoptado una actitud más constructiva y práctica, gobernando en solitario con el apoyo, en los grandes temas nacionales, de los partidos de centro y de derechas, tal como se ofrecieron a hacer si, el Gobierno en funciones socialista, se hubiera comprometido a no pactar con los independentistas y a no adoptar medidas contrarias a los intereses nacionales, que hubieran servido para enfrentarnos al resto de la UE.

Ante los titubeos del Ejecutivo, las palabras incomprensibles en una persona, como la señora Calvo, vicepresidenta en funciones y que se presenta como una jurista de prestigio, sobre los efectos de la sentencia del TJUE, incapaz de aclarar a los españoles que dicha resolución es la consecuencia de unas consultas que el mismo TS había formulado al Tribunal de Justicia Europeo y que, por tanto, no se trataba de ningún “mazazo” a la Justicia española, sino la contestación a una consulta, algo muy distinto y que, sin embargo, la propaganda separatista, para vergüenza suya, ha pretendido tergiversar para darle la apariencia de una severa corrección al tribunal español. Para más INRI, interesadamente, el Gobierno ha permitido que corra la voz de que la sentencia invalidaba la sentencia del TS, algo categóricamente inexacto o que también comportaba la automática puesta en libertad de Junqueras y la posibilidad de que Puigdemont regresara tan tranquilo a España, sin peligro de ser detenido, cuando ninguna de dichas afirmaciones tiene base alguna ya que no se ajusta al texto de la resolución del TJUE.

La sentencia del tribunal europeo se refiere a lo que fue detención provisional a la que consideraba como improcedente a partir de que se conocieron y legitimaron los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, pero que nada tiene que ver con la sentencia firme a la que está condenado Junqueras lo que, en todo caso veremos la solución que se toma, podría afectar a la posibilidad de que, el político catalán, pudiera desplazarse a recoger su acreditación, como ha sucedido con el señor Puigdemont. Y llegados a este punto no queda más remedio que enmendarle la plana a uno de estos columnistas de La Vanguardia, un tal Jaume Barberá, que no ha tenido inconveniente de escribir una de estas boutades tan propias de la señora Rahola, que demuestran el grado de ignorancia, de incompetencia y, por encima de todo, de fanatismo y obcecación de estos soberanistas que piensan que, en el mundo, no existe más Justicia y leyes que las que ellos se inventan para la comunidad catalana. Dice el sujeto en cuestión: “Señores magistrados del Supremo, ¿por encima de la Justicia hay la unidad de España?

Para empezar, ya hay un defecto en la forma de exponer el tema. La unidad de España es un hecho indiscutible, avalada por la Carta Magna, máxima expresión del Estado de Derecho vigente en nuestra nación y, en consecuencia principal referencia de todas las leyes que hoy están vigentes en España. Usted contrapone su concepto particular de lo que, para usted, significa justicia como hacen sus correligionarios cuando hablan de la minoría independentistas, no llega al 50% de los catalanes y, para más información, en las últimas encuestas celebradas en Cataluña por personal de la Generalitat resulta que cada vez son más lo que no aceptan la independencia respecto a los que siguen empeñados en pedirla. Las leyes son la expresión de la Justicia, de la única manera que hay para que exista un Estado de Derecho porque si la convivencia entre los españoles dependiera de lo que, cada uno de los ciudadanos decidiera que es o no justo, seguramente nos encontraríamos ante un tipo de gobierno ácrata que, por su misma definición, se podría considerar como un oxímoron del respeto por la ley y la justicia.

Para este periodista, señor Barberá: “lo que pasa en España es otra cosa, los que (sic) okupan el Estado, como ya en su día denunció Azaña (menuda referencia), debaten ahora envalentonados por palmeros patrios qué hacer con tamaño varapalo”. Sin duda pretende ser ingenioso al identificar a los gobernantes españoles como okupas del poder, En primer lugar es difícil identificar a los actuales socialistas que ocupan el poder, legalmente por supuesto, con los que define como “envalentonados palmeros patrios”, que no puedo identificar más que como españoles que respetan la Constitución, creen en la unidad de España, como única nación española, y que juzgan a personajes, como el señor Barberá, como fanáticos que se creen que enfrentarse a la Constitución de un país, organizando propagandas internacionales para desacreditarlo, no respetar las leyes comunes ni las sentencias de los tribunales es lo procedente, cuando apenas representan a menos del 50% de su comunidad, una cantidad insignificante si la comparamos con la población total de la nación y que, excediéndose en sus competencias como funcionarios públicos, no temen prevaricar, sublevarse o pretender que se les conceda la independencia de Cataluña porque, ellos en su egolatría se consideran poseedores de la verdad y que, el resto, todavía siguen con el abecedario.

El señor Barberá, ¿qué se podría esperar de un periodista de la TV3, la emisora de TV catalana con un acreditado curriculum de mafia política catalana, donde la verdad brilla por su ausencia gracias a un ominoso ambiente de fanatismo radical en sus tertulias, que se autoalimenta de las sandeces que cada uno de sus asistentes (la señora Rahola, otra que se las trae, acude frecuentemente para animar el ambiente gracias a las perogrulladas e invenciones propias de una mente recalentada por el virus separatista). No busquen en estas tertulias de la TV3 más que a resentidos; “valientes aizkolaris” de la causa catalana; viejas glorias del periodismo egocentrista; mucha ignorancia de lo que son las leyes, las constituciones, las raíces de una nación, la verdadera historia de Cataluña que, a costa de irla inventando, ya no saben si Rafael Casanova luchaba por la sucesión en favor del Austria (lo mismo que hacía Madrid) o si quería ser un separatista catalán, algo que no parece que fuera. Por cierto, era abogado y el rey Felipe V le permitió seguir en libertad ejerciendo su profesión. Nada de fusilamientos ni muerte violenta o, todavía menos, ninguna guerra de “secesión” sino de sucesión, entendámonos.

En realidad una columna en la que se destila tanto odio, incomprensión, fanatismo y escasos conocimientos sobre el tema de la Justicia, que si no fuera porque lo publica en un periódico como La Vanguardia, conocido por sus evidentes connotaciones con el independentismo y el catalanismo, deberíamos concluir que no se podría considerar más que como un panfleto, una basura política y la muestra de lo baja y politizada que está esta parte de la prensa catalana, prácticamente la totalidad, siempre al servicio de millonarios como el señor Roura, dispuestos a dilapidar su dinero promocionando, financiando y colaborando con todos aquellos que están dispuestos, como el mismo señor Pedro Sánchez, a acabar con España lo que supone, como consecuencia inmediata, dejar a Cataluña a las puertas de su propia autodestrucción; algo en lo que ya hace años que parecen dedicarse los catalanes.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos gustaría hacer un pronóstico que, evidentemente, será muy difícil de que se cumpla, porque todavía creemos que pese a todo se impondrá la sensatez que acabará impidiendo que, las cesiones que les hagan al señor Junqueras y a ERC estos socialistas que, pese a sus negativas con la boca pequeña, parecen dispuestos a que, en aras de alcanzar el poder, sean capaces de haberles ofrecido en secreto, sin que se enteren el resto de partidos políticos, excepto Podemos e IU, la posibilidad de que, en un futuro no muy lejano, cuando ellos consideren que los independentistas catalanes superan a los que, todavía ahora, son mayoría, los que se consideran españoles y catalanes; pudieran llegar a alcanzar algún tipo de independencia o, incluso, llegaran a constituirse en una nación dentro de un estado federal. Evidentemente deberían cambiar la Constitución para conseguirlo, algo que, de momento no parece que sea fácil, pero es por eso que ERC no tiene inconveniente en apoyar la investidura de Sánchez, porque prefiere asegurarse que gobierne un señor que se muestra propicio a ceder y al que tiene agarrado por sus vergüenzas, a tener que enfrentarse a un señor Casado y, ya no digamos, a un señor Santiago Abascal, a los que sabe que no conseguiría que cediesen un milímetro en cuanto al tema de la unidad de España..
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