AGLI Recortes de Prensa   Viernes 27  Diciembre  2019

Referéndum en marcha
Cristina Seguí okdiario 27 Diciembre 2019

El rey Felipe VI ha sido injuriado por los socios hispanófobos de Sánchez tras su discurso de Nochebuena en el que, de forma tímida y sin encontrar al presidente en funciones sin escrúpulos al otro lado del aparato, pidió el respeto a la Constitución subrayando los tiempo duros que los españoles tienen por delante. No rememoró el macabro escenario que hace tan sólo dos meses se asentó en el centro de Barcelona y que, tanto la Policía como los terroristas financiados por el todavía presidente de la Generalidad de Cataluña, se grabaron a fuego como La Batalla de Urquinaona. El asedio más virulento y sostenido en el tiempo que muchos de los que se enfundaron el antitrauma aquella noche recuerdan en la historia de la guerra moderna. Trescientos heridos, un policía casi muerto, varios ataques terroristas a la Jefatura Superior de Policía, cócteles molotov y armas fabricadas con intencionalidad terrorista, una organización imputada por terrorismo por la Audiencia Nacional inviabilizada por el infantilismo social… todo deshaciéndose como un azucarillo gracias al disolvente esparcido por el actual Gobierno enfrentado, en un ataque del poder político al judicial inédito en cualquier democracia consolidada, contra la Carta Magna, los fiscales y los jueces. Y eso es sólo el principio.

Al parecer, la Nación española sólo tiene de su lado al Rey y a la Fiscalía. Sánchez es un tipo que usa a la abogacía del Estado como un proxeneta a una profesional de la sodomía: la salida de su investidura consiste en ponerla encima de la mesa como ofrenda para persuadir a un delincuente condenado por sedición y malversación de que le conviene investir presidente a quien, de forma explícita, ha dado la orden a un estamento del Estado al que ha degradado al cargo de ujier de Ferraz o de ERC, de que ha de sacar a un reo de la cárcel mientras éste sigue diseñando el nuevo embate al Estado asegurando a través de sus aparatos de propaganda que “nada de lo que hicimos era delito, no sólo era legítimo, sino que era legal, y nos hemos ganado el derecho a volver a intentarlo”. Mientras, Celaá presume en ruedas de prensa de atacar la aplicación de la Ley por los tribunales de Justicia si ello afecta a los actores políticos de la negociación, y el ministro Ábalos ha pasado de inventar paridas sobre la financiación y la conservación de las carreteras españolas a preparar 10.000 millones de euros más para los golpistas y a limpiar con la lengua cualquier mácula que vayan dejando tras de sí los mayores saqueadores, xenófobos y etnicistas del S. XXI sin dar explicaciones a esa porción de la prensa que se ha ganado que le mientan en la puñetera cara.

Que a nadie le quepa la más mínima duda. Lo que el Sanchismo fragua con los lampiños del narcochavismo podemita es la laminación más salvaje de la Constitución. Desbloquear artículos que se creían consagrados, como el salvaguardar la unidad de España, mediante la inestimable ayuda de una gran parte de los medios de comunicación del país con una posición subordinadísima al antiespañolismo imperante en las Cortes. Medios que han convertido España en un mero antojo exótico y pueril del facherío que, por el hecho de serlo, merece otro golpe en la yugular de la Nación. Aunque Torra ya lo haya programado de facto para la próxima primavera, éste, provendrá, seguramente del próximo presidente del Gobierno una vez investido antes que de los propios partidos golpistas mediante un referéndum consultivo que, a pesar de su naturaleza no vinculante, tensionará a la población, normalizará la separación de Cataluña, y legitimará cada acción violenta y delictiva auspiciada desde la Generalidad de Cataluña hasta ahora mediante la aplicación del artículo 92:

Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Una opacidad escandalosa

Editorial El Mundo 27 Diciembre 2019

El desprecio de Sánchez por el derecho a la información de los ciudadanos en plena negociación con ERC no tiene precedentes

El silencio del presidente en funciones resulta ya escandaloso. Nunca ha gustado en Moncloa rendir cuentas, porque la naturaleza del poder rechaza toda fiscalización, pero nunca como ahora el cerrojazo informativo había sido tan grosero. Hemos dicho a menudo que Sánchez es el político de las primeras veces; pues bien, en lo tocante a opacidad también bate todas las marcas.

El desprecio de Sánchez por el derecho a la información de los ciudadanos se manifiesta de muchas maneras. Ya no se trata solo de la escasez de comparecencias públicas fuera de campaña electoral, o de las ruedas de prensa sin conceder preguntas o concediendo un número testimonial de ellas, a todas luces insuficiente cuando se trata de elucidar los propósitos de un dirigente abonado a los bandazos y en constante negación de sí mismo. Sánchez, que prometió que habría gobierno antes de fin de año, ha incumplido tantas promesas que es muy difícil llevar la cuenta. Consciente de que le resultaría imposible salir airoso de la confrontación entre sus afirmaciones y sus hechos, ha decidido que los miembros de su Gobierno se expliquen poco y únicamente ante medios afines. La comparecencia de fin de año que desde hace años servía para hacer balance tampoco tendrá lugar esta vez. Sánchez incluso ha suspendido la tradicional copa de navidad en Moncloa con los informadores que cubren la actualidad del Gobierno, no vaya a ser que en los corrillos se vea obligado a dar alguna explicación que pueda comprometerle. Hasta ha evitado visitar a las tropas españolas desplegadas en el extranjero, resolviendo la papeleta con un vídeo de pobre factura que solo incrementa la sospecha de que trata de evitar todo viaje con periodistas a bordo que puedan extraer información y arrojar luz sobre sus intenciones.

Capítulo aparte merece la falta de transparencia con que se están desarrollando las negociaciones de investidura. Desde el 9 de diciembre en que los negociadores del PSOE se vieron con los de ERC en Barcelona, los contactos han entrado en esa fase que Marta Vilalta llamó eufemísticamente "discreta", pese a la teórica ruptura anunciada por ERC para chantajear a la Abogacía del Estado. El resultado es que los españoles esperan a oscuras y preocupados el desarrollo de los acontecimientos. No saben qué está negociando el partido del Gobierno con el partido responsable de un golpe de Estado cuyo líder cumple condena por sedición. Y cuando uno oculta sus reuniones, es porque en ellas se abordan temas inconfesables ante la opinión pública.

Lejos quedaron ya las exigencias de luz y taquígrafos que abanderaba Podemos, enemigo de la política de reservado. En la enésima rendición a todo aquello contra lo que se suponía que luchaba, Pablo Iglesias lleva semanas callado para no malograr su codiciada vicepresidencia. Lo peor es que este PSOE comparta su mismo cinismo e irresponsabilidad.

Abogacía del Estado, no del Gobierno
 larazon 27 Diciembre 2019

Si bien la Abogacía General del Estado depende orgánicamente del Ministerio de Justicia, con rango de Subsecretaría, desde su fundación, en 1881, quedó establecido como convención que sus funciones, de asesoramiento y defensa de los intereses de la Administración, se prestan desde la libertad de criterio, sujeción a los principios de legalidad y unidad de doctrina.

Es decir, un compromiso con los intereses públicos y en la defensa del interés general. De ahí que mueva a mayor preocupación que una institución más que centenaria, que ha servido a la sociedad bajo distintos regímenes políticos y gobiernos de todo color, pudiera ver en tela de juicio la probidad e independencia profesional de sus miembros, bajo la supuesta e intolerable presión de un Ejecutivo en funciones, envuelto en una, cuando menos, compleja negociación para la reelección de su presidente. Sin duda, una de las reformas pendientes es la de dotar al Cuerpo de letrados del Estado de un estatuto similar al de la Fiscalía, como mejor salvaguarda de los principios que acabamos de señalar, pero, en cualquier caso, debe ser suficiente aval para los ciudadanos el notorio prestigio de esta institución y sería un desdoro irreparable para la actual abogada general, Consuelo Castro, que fue nombrada por la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, que se extendiera la sombra de la sospecha ante el dictamen que ha requerido a las partes el Tribunal Supremo en el caso del dirigente separatista, condenado en firme por sedición, Oriol Junqueras.

Por supuesto, y queremos recalcarlo, no se trata de prejuzgar en ningún sentido la decisión que tomen los letrados del Estado en el asunto que nos ocupa, que no dudamos será adoptada a su mejor saber y entender, pero sí advertir de que las afirmaciones públicas y reiteradas, sin el menor decoro, de los representantes de ERC, en las que se exige «un gesto» de la Abogacía General del Estado que favorezca a su correligionario encarcelado, son percibidas por la mayor parte de la opinión pública en el sentido que queremos denunciar.

Más aún, si se tiene en cuenta el precedente de la destitución del jefe de la sección Penal, Edmundo Bal, tras negarse a cambiar la calificación del delito de rebelión por el de sedición en el procedimiento acusatorio contra los responsables de la intentona golpista en Cataluña. Que, luego, el Tribunal Supremo se inclinara en la sentencia por aplicar el nuevo criterio de la Abogacía del Estado no empece para que se haya instalado una cierta desconfianza entre los ciudadanos ante lo que, por las apariencias, consideran una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. Especie no sólo abonada por las desafortunadas intervenciones de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, sino por el retraso en presentar el escrito de alegaciones solicitado por el tribunal juzgador, que, sin embrago, ya tiene en su poder las de las demás partes de la causa: Fiscalía, acusación popular y defensa.

No entendemos las dificultades que puedan atravesar los letrados del Estado ante un caso tan flagrante, que a la fiscalía le llevó sólo unas horas tomar posición, a menos que se intente, como exige ERC para facilitar la investidura del candidato socialista, encajar una interpretación política en una causa penal. Entre otras cuestiones, porque el dictamen prejudicial del Tribunal de Justicia Europeo, que no es vinculante, sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, no causa efectos ante el hecho de una sentencia firme de culpabilidad dictada por parte del Supremo. Así lo entiende la Fiscalía, que demanda, además, que se levante la suspensión de la pena accesoria de inhabilitación al dirigente separatista condenado, y así lo percibe, también, la mayor parte de la sociedad española.

La Abogacía del Estado se resiste al Doctor Felón

EDITORIAL Libertad Digital 27 Diciembre 2019

El último escollo para que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno antes de acabara el año estaba en la Abogacía del Estado, que debía plegarse a las exigencias de los separatistas y solicitara formalmente la libertad del condenado sedicioso Oriol Junqueras. Esa fue la demanda-ultimátum de ERC a cambio de volver a facilitar la investidura del candidato socialista, a quien ya encumbró con ocasión de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sin embargo, como hemos desvelado en Libertad Digital, el Doctor Felón está encontrando serios problemas para rendir la Abogacía del Estado a los pies de los golpistas.

No de otra forma cabe interpretar el retraso en la tramitación del informe solicitado por el Tribunal Supremo antes de decidir sobre el alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad del sedicioso Junqueras. La propia ministra de Justicia, la triplemente reprobada Dolores Delgado, habría ordenado expresamente que la Abogacía presentara el escrito defendiendo la puesta en libertad de Junqueras el pasado lunes 23, con el fin de propiciar la investidura antes de la llegada de 2020. Sin embargo, nadie en el máximo cuerpo jurídico del Estado parece estar dispuesto a traicionar su juramento y tirar por la borda su prestigio profesional brindando su firma a un engendro que, para mayor humillación, habría sido redactado por los asesores monclovitas de Sánchez.

El papelón del Gobierno está siendo tan vergonzoso que hasta la ministra de Defensa se ha visto obligada a salir a la palestra para tratar de desactivar el escándalo. Margarita Robles, magistrada de larga trayectoria, ha despachado el asunto asegurando que no hay el menor conflicto con la Abogacía y que se trata únicamente de que sus miembros han decidido gratuitamente agotar el plazo del TS, que vence el próximo 2 de enero. Las explicaciones de Robles ocultan que el sentido de ese informe a favor de la liberación de Junqueras es una exigencia innegociable de ERC para mantener a Sánchez en la Moncloa. Por otro lado, si el Gobierno no tuviera interés en el asunto, la Abogacía del Estado habría tramitado su informe de manera prácticamente inmediata, como hizo la Fiscalía. Y es que el mantenimiento en prisión de un condenado en firme por gravísimos delitos, como ocurre con Junqueras, es una cuestión tan elemental que hubieran bastado unos pocos minutos para solventar el trámite.

Aunque Sánchez no encuentre un cómplice entre los abogados del Estado, siempre podrá obligar a la abogada general a firmar esa traición para agradar a los golpistas. El escándalo sería monumental, pero nada que no pueda asumir tranquilamente un político tan falto de escrúpulos como el fraudulento doctor Sánchez.

Presidente por aburrimiento
Emilio Campmany Libertad Digital 27 Diciembre 2019

Podemos pasarnos negociando meses y meses sin que el rey pueda proponer a otro candidato y sin que se convoquen elecciones.

Más allá de la función general del rey de representarnos a todos, la función concreta que tiene más importante es la de proponer al Congreso de los Diputados un candidato para ser investido presidente del Gobierno. La ronda de consultas previa a tal propuesta tiene por objeto identificar qué candidato tiene más probabilidades de obtener la confianza de la Cámara. En esta regulación, se da por supuesto que el plazo que transcurre entre las elecciones y las consultas ha de dedicarse a fraguar una alianza que permita a algún candidato lograr la investidura. Una vez comunicado su nombre a la presidenta del Congreso, ésta debe convocar la sesión en que será otorgada o denegada la confianza.

Sin embargo, abusando de que el plazo de dos meses para convocar nuevas elecciones no empieza a correr sino desde el momento en que fracasa la investidura, Sánchez tiene dada orden de que no se convoque la sesión hasta que no tenga cerrado el acuerdo. En la práctica, esto significa que las verdaderas negociaciones no empezaron hasta después de haber sido propuesto y que las mismas pueden durar un tiempo indefinido, ya que no hay plazo constitucional al que la presidenta del Congreso deba atenerse para convocar la sesión. Es decir, que podemos pasarnos negociando meses y meses sin que el rey pueda proponer a otro candidato y sin que se convoquen elecciones.

En la legislatura anterior, Sánchez no tuvo inconveniente en ir a una investidura que sabía que fracasaría para luego negociar con Podemos con la espada de Damocles de unas segundas elecciones que se suponía favorecerían al PSOE y perjudicarían a los morados. También esto supuso un abuso del sistema constitucional, porque, antes de que empezaran a correr los dos meses, el candidato no hizo nada por llegar a un acuerdo con nadie. Ahora que la convocatoria de unas terceras le perjudicaría, Sánchez está decidido a que no haya sesión de investidura hasta no tener garantizada la confianza del Congreso. ¿Y cuándo será eso? Cuando sea, pero nada puede hacerse para evitar que esa espera sea todo lo larga que haga falta. Teóricamente podemos estar así años.

Ya no son los graves inconvenientes de tener a un Gobierno en funciones permanentemente. Esto, a fin de cuentas, tiene sus ventajas. No se bajan los impuestos, pero tampoco los suben. También las tiene el que no se forme el Gobierno, si es que va a ser presidido por un ignaro engreído e integrado por socialistas torpes y comunistas ortodoxos. Que se le estén forzando las costuras a la Constitución es sin duda un hecho grave, pero, por desgracia, no es ni mucho menos aislado, y no es en esto donde nuestra Ley de Leyes está siendo más gravemente violentada. Lo que resulta realmente intolerable es pretender, como pretende Sánchez, ser presidente por aburrimiento. Qué tostón de tío.

La Abogacía del Estado "escandalizada" con las presiones de Pedro Sánchez: "No somos la Abogacía del partido"
Miguel Ángel Pérez Libertad Digital 27 Diciembre 2019

La Abogacía General del Estado está "escandalizada" con las presiones que está recibiendo por parte del Gobierno socialista en funciones de Pedro Sánchez para elaborar el escrito sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. El exvicepresidente catalán fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión por sedición y malversación en el golpe del 1-O.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciaba la semana pasada que Junqueras tenía inmunidad como europarlamentario desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas de mayo. Tras concoerse el fallo, el Supremo daba traslado a las partes para presentar alegaciones en un plazo de 5 días hábiles, que vence el 2 de enero y que se prorrogaría hasta el mediodía del viernes día 3. La Abogacía del Estado es la única que todavía no ha contestado.

Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, en la Abogacía existe una "gran preocupación e indignación" por la imagen pública que el Ejecutivo en funciones del PSOE está dando de la institución. Internamente muchos de sus miembros critican la utilización de la Abogacía para usos partidistas con el objetivo de que Sánchez pacte la investidura de Gobierno con los separatistas catalanes: "No somos la Abogacía del partido".

Las mismas fuentes consultadas sostienen que "no se entiende" que Sánchez y su equipo considere que "la Abogacía General del Estado por ser una institución que depende jerárquicamente del Gobierno tenga que actuar a su dictado". Por ello, existe "un gran malestar" interno en el organismo dirigido por Consuelo Castro.

De hecho, el artículo 103 de la Constitución española hace un llamamiento a la objetividad en relación a labor de organismos públicos como la Abogacía General del Estado: "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".

Este diario desvelaba ayer en exclusiva que la Abogacía del Estado estaba encontrando serias dificultades para que alguno de sus integrantes firmase el escrito sobre la libertad de Junqueras. En este contexto, "nadie quiere firmar el escrito" en el que supuestamente se pediría la excarcelación de Junqueras para acreditarse como eurodiputado.

La razón de las reticencias es el "difícil encaje jurídico" y que ninguno de los miembros quieren quedarse "marcados profesionalmente" con dicha decisión. Otras fuentes jurídicas consultadas aseguraban incluso que en la elaboración del documento sobre la inmunidad de Junqueras habrían participado directamente "asesores" de la Moncloa.

Este difícil encaje jurídico de la excarcelación de Junqueras, aunque fuera temporal, ha provocado este retraso en la presentación del escrito que nadie quiere firmar. De hecho, en las últimas horas desde el Ejecutivo en funciones de Sánchez se ha trasladado la idea de apurar los plazos para remitir el escrito al Tribunal Supremo.

Recordamos que el que fuera abogado del Estado y actual diputado de C´s, Edmundo Bal, se negó a firmar el escrito de acusación de la Abogacía que recogía el delito de sedición y no de rebelión en el golpe del 1-O. Tras haber representado a la Abogacía durante toda la instrucción, Bal fue cesado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro y su cargo fue ocupado por Rosa María Seoane. Finalmente, fue Consuelo Castro la que firmó dicho documento. En el caso de que ningún miembro de la Abogacía quiera estampar su firma en el escrito sobre la inmunidad de Junqueras, previsiblemente Castro lo volverá a hacer.

La historia ilustre de la Abogacía General del Estado
La Abogacía General del Estado se fundó tras la creación de la Dirección General de lo Contencioso para la defensa de los intereses de la Hacienda publica en 1849, la primera creación de los Oficiales Letrados de Hacienda en 1868 y finalmente el Cuerpo de Abogados del Estado en 1881.

Su función principal es el asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos, así como, cuando proceda normativa o convencionalmente, el de las demás entidades y organismos públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, de los órganos constitucionales y de las demás entidades ante el Tribunal Constitucional y los tribunales de todo orden jurisdiccional.

A lo largo de su prestigiosa historia, manchada ahora por la utilización política de la institución, la Abogacía General del Estado ha contado con personajes ilustres. Entre ellos, José Calvo Sotelo, Jaoquín Costa o Ángel Herrera Oria. En la actualidad, varios políticos son abogados del Estado como la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría o la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

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Sánchez y la corrosión de las instituciones
Ignacio Varela elconfidencial 27 Diciembre 2019

Uno de los rasgos más perniciosos de lo que ha dado en llamarse “sanchismo” es el maltrato sistemático, continuado, carente de cualquier aprensión, de la lógica institucional. Desde su aparición en la política española, y muy especialmente desde su acceso al Gobierno, no hay norma, convención o principio regulador del sistema que este político no haya lesionado o subvertido de algún modo, en una perpetua fuga hacia delante desprovista de horizonte distinto a la nuda conservación del poder.

El envoltorio de la sigla funciona para Sánchez como cobertura universal. No es que él haya acreditado ser un dirigente leal al sistema, más bien lo contrario. Pero la historia del PSOE desde 1975 le otorga una protectora presunción de respetabilidad política de la que carecería si se cobijara en otra marca.

Es abrumador el cúmulo de anomalías que estamos viviendo en la tortuosa ruta hacia la investidura desde el mes de abril. Lo peor es que el detrito se naturaliza y, poco a poco, se dan por buenas prácticas que antes habrían provocado un escándalo monumental. Sánchez nos está adiestrando con éxito a coexistir con el engaño como método y la falta de reglas como principio; y hasta personas de comprobada conciencia institucional digieren y convalidan ahora lo que siempre les pareció incomestible.

El PSOE y los socios que se ha buscado para esta aventura repiten como papagayos, desde el 10 de noviembre, las expresiones “conflicto político” y “vía política” para Cataluña, oponiéndolas a esos mismos conceptos tratados como jurídicos o judiciales. Lo político frente a lo jurídico, esa es la tramposa dicotomía que se nos quiere colar de matute. En ese marco semántico, cuando a algo se le adjunta el adjetivo “político” parece que todo quedara justificado y todo debiera ceder a su paso. Incluidas la letra y el espíritu de la ley.

Sin embargo, observen la paradoja: quienes más pregonan la llamada “vía política” hacen depender la investidura y la mayoría parlamentaria de un escrito de los servicios jurídicos del Estado, a raíz de una decisión judicial europea que deviene de una consulta de un tribunal español en el desarrollo de un proceso penal. Se proclama el final de la lógica judicial mientras se organiza un colosal enredo jurídico para sacar adelante una votación parlamentaria.

ERC apremia a la Abogacía del Estado
Hoy no hay una negociación política visible, sino un forcejeo leguleyo para torcer la acción de la Justicia. En estos días no se habla sobre el camino político del próximo Gobierno sobre Cataluña. Más bien se busca un apaño con apariencia de legalidad que invalide en la práctica la condena del Tribunal Supremo, ponga en la calle cuanto antes al jefe del partido que entregará el poder a Sánchez y neutralice 'ex ante' los recursos del Gobierno en el Tribunal Constitucional por los probables actos ilegales de quienes mandarán en Cataluña. Con la excusa de la inmunidad, se pretende establecer una situación fáctica de impunidad. No solo para el pasado, también para el futuro. Apagar la ley en Cataluña es el auténtico precio de esta abstención.

Convertir a la Abogacía del Estado en agente de una negociación entre partidos es aberrante. Se desconoce por completo el contenido político del acuerdo entre el PSOE y Podemos, o de las conversaciones con ERC. Pero todos sabemos que el dictamen de la Abogacía del Estado se está negociando con el reo, que exige que el letrado público se alinee con el suyo. Es imposible eludir la sospecha de que finalmente ese documento responderá, palabra por palabra, a lo que desde Lledoners se dicte como imprescindible para la abstención. Si esto no es corrosión institucional, que alguien le busque un nombre.

Igualmente anómala es la convulsión de encajar a martillazos la investidura en plenas navidades, cuando ningún plazo legal obliga a ello. Aparentemente, se teme una posible resolución del Supremo, a partir del día 6, que mantenga en prisión a Junqueras (aunque se le permita desplazarse a recoger el acta), ejecute la pena de inhabilitación que figura en la sentencia y pida al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad (siguiendo la sugerencia de Luxemburgo). Ello estropearía el negocio político, haciendo inútiles los buenos oficios de la Abogacía.

Quizá la mayor de las anomalías –por ahora- es dar por hecha una mesa de gobiernos, “de igual a igual”, para tratar los asuntos que conciernen a Cataluña fuera de todos los cauces existentes. Crear un órgano semejante requiere un instrumento legal que delimite su naturaleza, su composición y sus competencias. Que esté sometido a control parlamentario y judicial. Y por supuesto, que no produzca privilegios ni interfiera con las demás comunidades autónomas, que tardarían muy poco en reclamar mecanismos similares para sí mismas. ¿Dará esos detalles Pedro Sánchez en su discurso de investidura, o nos atizará otra plomiza disertación sobre el diálogo en el que todo cabe? ¿Le permitirán sus aliados pronunciar la palabra “Constitución” al referirse al contenido de esa mesa?

Constatar que existe un conflicto político sobre Cataluña es una obviedad rayana en la simpleza. Pero para no caer en la nadería hay que identificar a los sujetos y al objeto del problema. Los independentistas lo dicen claramente: para ellos, los sujetos del conflicto son España y Cataluña, y el único desenlace que admiten es la secesión. Para otros, los sujetos son los partidos nacionalistas de Cataluña frente a la Constitución española, y el núcleo del litigio es la vigencia, plena o exceptuada en un territorio, del orden democrático basado en el principio de legalidad. ¿Y para Sánchez? Nadie lo sabe. Su silencio cósmico permite suponer cualquier cosa -sin que ello signifique que el día que hable sus palabras sirvan para el minuto siguiente, tal es la reputación ganada con creces-.

Las concesiones del PSOE a Podemos y a ERC desde el 10 de noviembre hasta hoy resultaban inverosímiles hace dos meses para el 90% de los dirigentes socialistas y de los votantes que los creyeron. A quien las anticipara lo habrían llamado apocalíptico y difamador. Ahora las esperan con naturalidad, corroborando que sus tragaderas no tienen límite.

Sea como sea, el mayor mal ya está hecho: el deterioro de las instituciones tiende a hacerse crónico, y empeorará drásticamente con el consorcio Sánchez-Iglesias-Junqueras. Por otro lado, si los independentistas querían internacionalizar su conflicto y destrozar el crédito de la justicia española en Europa, su victoria es completa. Alguien se la ha servido en bandeja.

Bromillas de Margarita
Este Gobierno se ha aficionado a tomar a los españoles por pánfilos
Luis Ventoso ABC 27 Diciembre 2019

A pesar de que sus resabios sectarios empañan un poco su figura, Margarita Robles, de 63 años, desprende una cierta autoridad en comparación al equipazo que la acompaña en los consejos de ministros de Sánchez. A sus espaldas tiene una relevante carrera como jurista y al menos conserva un mínimo sentido de Estado. Ayer la ministra de Defensa se fue a Torrejón a ver cómo se entrenan los pilotos de los F-18. Imbuida del estilo instagramero de nuestro actual No-Ejecutivo, Margarita se embutió en una chupa a lo Top Gun y jugó un poco con el simulador del caza en busca de una fotito curiosa. Después nos dejó unas declaraciones. Pero escuchándola, cunde la sensación de que realmente no llegó a aterrizar y se quedó en las nubes, pues hizo tres afirmaciones que suponen tomar por pánfilo al muy respetable público. Veamos:

El general Fulgencio Coll, hoy enrolado en Vox, ha comentado que en las Fuerzas Armadas existe malestar por el cortejo del PSOE a ERC. La ministra lo desmintió rotundamente. Según el artículo 8 de la Constitución, la misión de los militares es «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Si has consagrado tu vida a esa tarea, es evidente que celebrarás entusiasmado que el presidente del país le haga la rosca a un partido, ERC, que pretende acabar con la integridad territorial de España, romper su orden constitucional y liquidar la soberanía nacional. Margarita, por caridad navideña, tenga la gentileza de no despreciar así la inteligencia de la ciudadanía.

La ministra de Defensa y Exteriores comentó también que «no hay ninguna presión política a la Abogacía del Estado» y que «los procedimientos judiciales nada tienen que ver con los políticos». De nuevo volvió a tomarnos por necios. Tal y como sabe hasta el más desinformado de los españoles, a estas horas la presión de La Moncloa a la Abogacía del Estado es extrema, porque la presidencia de Sánchez pende de que haga un gesto genuflexo hacia Junqueras. Asegurar que impera una escrupulosa separación de poderes supone una chufla en un país donde la vicepresidenta Calvo acaba de advertir que el Ejecutivo «ayudará» al Supremo a definirse en el caso Junqueras, o donde Sánchez se ufanó en plena campaña electoral de que él manda en la Fiscalía General del Estado.

Cerrando una mañana sembrada, tal vez fruto de las emociones bélicas en el simulador aéreo, la ministra nos deleitó con el siguiente análisis sobre el dictamen de la Abogacía del Estado: «Aquí a todo el mundo le están entrando unas prisas tremendas. ¿No sé por qué?». Margarita debe hablar poco con Sánchez, que tiene una prisa enorme (como cuenta hoy ABC, la Junta Electoral podría apartar a Torra del poder en el arranque de enero, lo que caldearía el follón catalán, dispararía el victimismo nacionalista y pondría el precio de ERC al PSOE todavía más alto).

Soportamos un Gobierno que se ha aficionado a tomar a los españoles por una masa informe que no se entera de nada. Pero igual va y resulta que todavía nos queda alguna neurona, Margarita.

La hora de la Abogacía del Estado
Carlos Herrera ABC 27 Diciembre 2019

A lo largo de estas horas se espera el escrito de la Abogacía del Estado sobre el preso Junqueras y la decisión del tribunal de Luxemburgo que afectaba a una cuestión prejudicial y que venía a decir que había que haberle dado permiso para recoger su acta. Las presiones del Gobierno, como pueden imaginar, están siendo persistentes: de lo que se trata es de encontrar un valiente que firme una resolución que complazca a la gente de ERC. Una resolución que se enmarque en el arco que va de pedir su puesta en libertad a dejar las cosas como están, es decir, de mojarse a favor de los intereses del partido del Gobierno o de permanecer fiel a la defensa de la ley.

Consideremos algunos argumentos previos: la Abogacía del Estado, por muy abogado particular del gobierno que algunos consideren que es, no está obligada por ley a seguir las directrices del ministro de Justicia o del presidente del Gobierno. Puede opinar de forma contraria a los intereses particulares de individuos que están de paso, aunque muestren, como muestran, mucho encono en la plasmación de sus deseos al precio que sea. Si la Abogacía hace, a lo largo de estas horas -incluso cuando se esté publicando este suelto- una alegación a favor de la libertad de los presos, o de uno de ellos en concreto, es que ha tragado con las directrices políticas ordenadas desde el poder. Cosa que, ni que decir tiene, preocupa enormemente al colectivo por la deriva reputacional que acarreará esa decisión. La Abogacía del Estado, y eso lo sabe bien el colectivo, debe manifestar independencia de criterio y actuar en la defensa del Estado y del interés general, comprometiéndose a cada momento con la ley y con España. No necesariamente con un aventurero irresponsable que pone en jaque al Estado por sus aspiraciones personales. En virtud de ello no se puede ceder a las pretensiones de unos condenados que están en prisión y que elaboran, uno tras otro, postulados coactivos desde la cárcel.

El prestigio de la institución se ha labrado a lo largo de 138 años, y puede desmoronarse en el caso de que no sigan los criterios de la Fiscalía. De no hacerlo, un auténtico temporal caerá sobre ellos. Es de esperar que entiendan que si actúan exclusivamente por salvar su cargo y, en virtud de ello, ganan los pelotas a los independientes, van a sacrificar a un colectivo que vive, fundamentalmente, del prestigio, no del dinero que ganan. Su retribución, lo sabemos, es variable, y por tanto pueden castigarte si tienes criterio propio; pueden cesarte, vilipendiarte… pero hay límites de decencia que no pueden depender solo del futuro personal de algunos miembros de la carrera. Si me lo permiten: es mucho más importante ese prestigio que los intereses circunstanciales de un insensato aventurero sin escrúpulos como Sánchez.

Ese Sánchez y su mariachi gubernamental no ha salido a los medios a defender el prestigio de la Justicia española, de la misma manera que no ha salido a defender al Rey ni se ha atrevido a no admitir los trágalas; el sujeto más indeseable de los que han poblado la política española ha cedido a la tentación de negociar con condenados y en ningún momento ha considerado oportuno que la muy sectaria y pastueña ministra de Justicia saliera a hacer pedagogía acerca del auténtico alcance de la sentencia europea, que en ningún momento exime a los reos del delito cometido. Ese silencio vergonzoso, junto al ruido sordo de las presiones sobre los abogados del Estado, hace pensar que deberíamos temernos lo peor. Este artículo, no obstante, y con todo respeto, apela a la independencia y decencia de señoras y señores que se han dejado lo mejor de sus vidas en convertirse en miembros de un colectivo esencial.

Renovar el TC pensando en España
Editorial ABC 27 Diciembre 2019

Para la renovación del TC sería necesario el acuerdo de tres quintas partes del Congreso, lo que hace imprescindible un pactoentre el PSOE y el PP que está lejos de producirse

Tal y como informaba ayer ABC, no va a resultar fácil que el Congreso de los Diputados proceda a renovar en tiempo y forma a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que, en puridad, han concluido su mandato. Lo lógico en un régimen parlamentario sería que todas las instituciones en trance de experimentar procesos de renovación cumpliesen de modo escrupuloso cuando legalmente toca hacerlo. Ocurre, sin embargo, que la renovación del TC que corresponde acometer al Congreso se suele dilatar en el tiempo, incluso durante más de dos años. Esta anomalía, derivada de la incapacidad política de alcanzar acuerdos, trastoca además los tiempos máximos tasados de mandato para cada magistrado, que es de nueve años, de modo que aun habiendo vencido en noviembre el plazo de permanencia en el TC de algunos de ellos, su salida se produciría sin cumplir con efectividad esos nueve años. Y eso puede llegar a ocasionar conflictos de interpretación si hay magistrados que saliesen con siete años y medio de ejercicio, en lugar de los nueve previstos por el legislador. Algo similar ocurre en el Consejo General del Poder Judicial, que ya lleva más de un año en prórroga tras vencer su plazo oficial de mandato. La renovación de estos órganos constitucionales permanece a día de hoy bloqueada.

No obstante, los magistrados no son los responsables de la falta de entendimiento político en el Congreso. Son los partidos, y desde esa perspectiva nuestra democracia pierde credibilidad. Para la actual renovación pendiente del TC sería necesario el acuerdo de tres quintas partes del Congreso, esto es, de 210 diputados. Por tanto, es imprescindible un pacto entre el PSOE y el PP que a día de hoy está lejos de producirse. Primero, porque el PP recuperó en noviembre la minoría de bloqueo que perdió en abril, cuando obtuvo 66 escaños; y segundo, porque la actual mayoría del TC tiene un perfil conservador de siete magistrados ante cinco de extracción progresista. Frente a cualquier intento del PSOE por ceder ante el independentismo ofreciéndoles una renovación ad hoc que pudiera resultar favorable a sus intereses, el PP no está dispuesto a regalar ninguna baza en ese sentido a Sánchez. Sería políticamente suicida. Y tampoco es probable que el PSOE acepte una renovación que revalide una mayoría conservadora, más aún cuando el TC ha empezado a romper su unanimidad en cuestiones vinculadas al proceso separatista de Cataluña. Las consecuencias de un Parlamento tan fragmentado son demoledoras, porque la perpetuación de una anomalía en las instituciones no favorece a la democracia. Pero el TC tampoco puede convertirse en un órgano sometido al designio político del Gobierno de turno, y menos si el de Pedro Sánchez pretende avalar que en España hay «ocho naciones».

Pensando en España: eliminar el tc
Nota del Editor 27 Diciembre 2019

El tc ha destrozado la C.E. y tiene que desaparecer, previa derogación de todas sus sentencias, dictadas contra la letra y espíritu de la C.E. Es inadmisible, vergonzoso, insultante, estúpido dejar en manos de quienes destruyen la C.E. su "interpretación".

Un pacto terminal para España
Pablo Planas Libertad Digital 27 Diciembre 2019

A punto de entrar en el octavo año de la última fase del proceso separatista (la que activa Artur Mas en 2012), el panorama en Cataluña es la pura desolación. Quiebra social, ruina económica, desastre cultural, inestabilidad política e inseguridad jurídica definen el día a día de una región sumida en la incertidumbre y el desgobierno.

El deterioro propiciado por el independentismo y sus intentonas golpistas es de proporciones dantescas y no solo afecta a Cataluña, sino que pone de relieve la incapacidad de los Gobiernos del PP y el PSOE para encarar, atajar y resolver el problema.

En ocho años, la comunidad ha tenido tres presidentes. El primero, Artur Mas, fue inhabilitado por el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014; el segundo, Carles Puigdemont, se dio a la fuga tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y el tercero, Quim Torra, no se cansa de desafiar día sí y día también al Estado mientras amenaza con un tercer y definitivo referéndum.

En este tiempo, miles de empresas han abandonado Cataluña, se han perdido miles de millones en inversiones y toda clase de oportunidades económicas. Más grave aún ha sido el enfrentamiento social, con dos comunidades cada vez más definidas y en tensión debido a los arreones contra las libertades y las leyes de los partidos y entidades separatistas, que ya interpretan la violencia como un mal menor en su irrenunciable camino hacia la república prometida.

Se han pisoteado los derechos lingüísticos, sociales y culturales de más de la mitad de la población residente en Cataluña. Se niega incluso la condición de catalanes a quienes no comulgan con el separatismo, se multiplican los episodios de supremacismo y odio a España mientras los líderes separatistas estiran de la cuerda y tensan el ambiente. No ha habido ni un solo dirigente separatista que haya sentido la necesidad de parar, reflexionar y ofrecer una tregua. La posibilidad de que sus huestes más fanatizadas les acusen de traidores elimina cualquier conato de diálogo real y entendimiento, así como la más remota posibilidad de una mano tendida por su parte.

Las condiciones de los independentistas son innegociables: referéndum o referéndum y república o república. Ante cualquier otro escenario sacan a relucir el comodín de los golpistas en prisión y los fugados, "presos políticos" y "exiliados" según su retorcida retórica.

En ocho años habría dado tiempo para desmontar los sistemas educativo, mediático y administrativo que soportan el entramado separatista e incluso construido alternativas a dichos sistemas, pero el egoísmo de los dos grandes partidos nacionales ha impedido cualquier avance. Al contrario, se ha retrocedido, y mucho, en parte también porque los separatistas han perdido los complejos que antaño les aconsejaban disimular sus aires de superioridad y su desprecio por quienes no aceptan su credo.

Madrid, el próximo objetivo territorial de Sánchez: el BOE amenaza a las regiones del PP
Daniel Rodríguez Asensio Libertad Digital 27 Diciembre 2019

El autoritarismo se está instalando en nuestro país. Poco a poco, de forma silenciosa y de la mano de quienes menos lo esperábamos, como suele ocurrir. Imaginen que el PP hubiera intervenido Extremadura bajo la batuta de Rajoy o de Aznar. España, como mínimo, se habría vuelto a la peor etapa de 1936 y necesitaríamos ayuda internacional para salvar a una de las naciones más antiguas de la amenaza fascista, a la luz del mainstream. Por eso, tuvimos que esperar a vivir uno de los mayores atentados al estado de derecho y al sistema democrático liberal que nos dimos en el 78 para aplicar un 155 descafeinado. Porque la intervención de Cataluña necesitaba un consenso de todas las fuerzas constitucionalistas.

Lo que ha ocurrido esta semana en Andalucía es, sencillamente, una vulneración de su soberanía autonómica y un ejercicio de autoritarismo partitocrático. Se trata de una región con problemas presupuestarios graves, pero no son problemas nuevos y, sobre todo, no hay ninguna razón objetiva que justifique ahora esta intervención y no hace un año.

Andalucía ya está comenzando a conocer lo que un modelo liberal puede hacer por sus ciudadanos. Las últimas estimaciones de crecimiento la transportan desde una región que tradicionalmente ha estado en el vagón de cola a la segunda que más va a crecer en 2019, sólo superada por Madrid. Para ello, sólo ha habido que empezar a desmontar las estructuras clientelares y los corrillos de poder formados alrededor del dinero de los contribuyentes. Una relación causa-efecto que, al parecer, escuece entre las altas esferas socialistas. Como consecuencia, el mismo Gobierno en funciones que ha usado los recursos autonómicos de forma interesada en su lucha por llegar a Moncloa, ahora, interviene una región que ya había aprobado unos presupuestos con déficit 0 para 2020.

Los problemas financieros andaluces existen en otras regiones, y en mayor grado. Para empezar, hay dos regiones que tienen una mayor dependencia de los recursos públicos extraordinarios para financiarse: Cataluña y la Comunidad Valenciana. Esta última, además, anotó un déficit público del -1,4% en 2018, frente al -0,51% de Andalucía. Y, para acabar, ostenta el dudoso honor de tener el mayor endeudamiento de todas las regiones. Y, sin embargo, sólo Andalucía ha sido intervenida por el incumplimiento del déficit del 0,4% en 2018.

A la luz de los hechos, cualquiera podría pensar que Sánchez está creando su nación de naciones por la vía de la desvertebración territorial ante el choque con la Constitución. Por supuesto, no busquen argumentos racionales ni objetivos a las decisiones de este Ejecutivo. Estas se toman teniendo en cuenta dos asuntos

:Si las siglas del partido que gobierna en la región son del PSOE o de sus socios.
Si consideran fundamental que el territorio pase a serlo.

Mientras Sánchez alerta en sus mítines sobre el peligro de la eliminación de las autonomías, en referencia a VOX, su ejecutivo interviene a una, ahoga financieramente a las demás y manda a los barones regionales con resultados más pobres a organizar cortinas de humo contra regiones como Madrid, que llevan actuando de forma responsable durante décadas.

El BOE amenaza a Madrid y Galicia
No debería extrañarnos, ante su incapacidad de formar gobierno, que haya decidido tomar el BOE como arma de conquista de regiones clave. Después de Andalucía podrían venir Galicia y, especialmente, Madrid. Veamos los peligros en la región de Ayuso:

Ha sido la región más afectada por la asfixia financiera a la que ha sometido a las regiones. En total, más de 1.200 millones de euros llegó a adeudar a la capital.

Ha dejado a deber casi 54 millones de euros de los más de 750 que le correspondía por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.

A esto hay que añadir los casi 380 millones de euros de IVA correspondientes a 2017 comprometidos y sin pagar.

Está gobernada por el PP en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de VOX. El PSOE estuvo cerca de devolver el golpe recibido en Andalucía, pero no fue posible en las elecciones de este año.

Madrid, una región que nunca ha ocupado portadas de periódicos por incumplimiento de déficit, que siempre se ha financiado en los mercados, que crece y que los únicos recursos que ha pedido al Estado han sido a través de la Facilidad financiera, destinado a regiones "que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y cuyo período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad".

En definitiva, una región modelo de la que se debería aprender y no reprender, porque la democracia liberal se basa en la libertad económica para construir modelos político-sociales de éxito. Aunque esto, en la deriva autoritaria y rupturista de este PSOE, no interesa que se cuente a los españoles. Sánchez se siente más a gusto con una subida de impuestos salvaje como la que han propuesto en Cataluña para los presupuestos de 2020, con las que pretenden recaudar 550 millones de euros anuales. Una comunidad que, de facto, se ha convertido en un infierno fiscal, que reitera sus incumplimientos año tras año y que sigue con unos presupuestos prorrogados de 2017.

España debe funcionar en el entorno del modelo autonómico y como una parte muy importante de la Unión Europea. Muchos de los que han proclamado nuestra salida de la Unión Europea ante la reciente sentencia sobre Junqueras son los mismos que proclaman las bondades de acabar con las Comunidades Autónomas. Y los mismos que ahora se tirarían de los pelos si Sánchez e Iglesias concentraran todo el poder que está distribuido entre estos entes.

Necesitamos un modelo descentralizado, con el sistema normativo justo para poder asegurar la igualdad de oportunidades. Si continuamos por la vía de la burocratización, de la diarrea legislativa y de la demagogia, nuestros políticos estarán repletos de incentivos para aplicar las normas a conveniencia, y, sobre todo, al margen de la necesaria objetividad del sistema constitucional.

Autonomías, descentralización terribles mecanismos de ineficacia, despilfarro, barreras contra la eficacia y la libertad
Nota del Editor 27 Diciembre 2019

Cualquier persona dedica una parte importante de su tiempo a tratar de optimizar el uso de sus recursos, de aumentar su eficacia. Las autonomías y la descentralización son los mayores disparates contra la eficiencia. El argumento de las ventajas del poder distribuido no se sostiene si no se basa en el poder, en la libertad  individual. El ciudadano no puede elegir, tiene que dejarse estrujar por quienes no tienen otro objeto que disfrutar del poder y de la riqueza de los demás que traspasan a sus bolsillos.

Caos en la cárcel de Badajoz: centenares de informes secretos de la corrupción del PSOE a la intemperie
Teresa Gómez okdiario 27 Diciembre 2019

Centenares de documentos confidenciales sobre la corrupción del PSOE en Extremadura se encuentran a la intemperie y al alcance de cualquiera, desde el pasado jueves, tras producirse un incendio en la prisión de Badajoz, que se propagó por las oficinas donde trabajan los funcionarios.

El fuego se originó a las 3:30 de la madrugada, en la sala donde se almacenan todos los archivos con el historial penal de los internos. Esa documentación, hasta el momento, se ha regido por un estricto control de confidencialidad supeditado a la Ley de Protección de Datos. Los funcionarios intentaron salvarla de las llamas, sin éxito, pues los propios documentos dificultaban las labores de extinción, que se prolongaron durante cuatro horas.

Los archivos que se pudieron recuperar fueron trasladados a una zona alejada del incendio, con el fin de que no sufrieran más daños.

Para ello, se habilitó de manera provisional la zona de aparcamiento de vehículos para salvaguardar los documentos confidenciales. Pero se trataba de una medida temporal, que preveían que no iba a durar más de unas horas.

Al alcance de cualquiera
Los archivos confidenciales se encuentran así, a la vista de cualquiera. Y así se van a quedar, al menos, hasta que termine la Navidad dado que Instituciones Penitenciarias no tiene previsto tomar ninguna medida durante estos días, confirman a OKDIARIO fuentes penitenciarias.

El parking donde ahora se almacena esta documentación sensible es una zona muy transitada. Allí suelen aparcar sus vehículos los funcionarios y los propios presos de tercer grado. Además, es una zona de acceso al centro penitenciario, que cada día recorren abogados, familiares y otro personal.

Corrupción del PSOE
Entre los documentos que se almacenan destacan los que afectan a los casos de corrupción del PSOE extremeño.

Cabe recordar que, a principios de año, ingresaron en la cárcel pacense los responsables del escándalo socialista Feval en la Extremadura de Guillermo Fernández Vara.

El ex administrador general de Feval, Juan Francisco Cerrato, ingresó en la prisión, después de que la Audiencia Provincial de Mérida ordenase su detención tras haberse negado a ingresar voluntariamente en el tiempo estipulado por la ley. Sin embargo, tan sólo dos meses y medio después de ingresar en el centro penitenciario fue puesto en libertad tal y como adelantó OKDIARIO.

En esta prisión también cumple condena el ex gerente de la Orquesta de Extremadura (OEx), Pedro Salguero, que fue condenado a dos años de prisión por desviar 111.700 euros de esta entidad pública dependiente de la Junta de Extremadura. Esta desviación salió a la luz en el informe de fiscalización de la Comunidad de los años 2010 y 2011, tras lo cual el Gobierno de José Antonio Monago (PP) presentó una denuncia que fue investigada y dio lugar a ese proceso.

La situación en la cárcel de Badajoz ha sido denunciada por la asociación Tu Abandono Me Puede Matar, que se queja de la dejadez por parte de Instituciones Penitenciarias.

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Hasta cuando señor Sánchez, ¡póngase en pie!
Pablo Sebastián republica 27 Diciembre 2019

La humillación que el delincuente sedicioso Oriol Junqueras está infligiendo al Presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, desde su celda de la prisión de Llenoders, es una humillación que afecta de lleno al Partido Socialista y al conjunto de los españoles. Y algo nunca visto e inimaginable en una Democracia europea, ni en la reciente Historia de España.

Sánchez nunca debió abrir negociaciones con Junqueras, a través de ERC, para ser investido Presidente del Gobierno. Y menos aún para destrozar el prestigio de la Justicia española como está ocurriendo, mientras la banda golpista insulta al Jefe del Estado y el Gobierno calla y se allana frente a esta partida de facinerosos a los que les quiere servir la cabeza de la Abogacía del Estado en bandeja de plata, como un gesto de ‘buena voluntad’ (sic).

Callados, como muertos, están en estos dramáticos momentos dirigentes del PSOE de antes y ahora, desde González a Guerra, y pasando por los llamados ‘barones’, Díaz, Vara, Page, Lamban y Caballero. Y el conjunto de diputados socialistas que se preparan para avalar con sus votos los pactos de investidura del PSOE con ERC, redactados en lenguaje soberanista en el que está prohibido el vocablo ‘Constitución’.

Pactos que esconden los indultos a los condenados en el Tribunal Supremo, para que Junqueras deje de estar inhabilitado y pueda aspirar, en 2020 a la presidencia de la Generalitat, después de haber dejado España hecha unos zorros y a punto de romperse por los cuatro costados.

Recordemos el discurso de Cicerón cuando preguntó a Catilina: ‘¿hasta cuando abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?’ Para preguntar al aún presidente en funciones: ¿hasta hasta cuando, Sánchez, piensas humillarte y humillar a España a cambio del tan famoso sillón de La Moncloa?

Sostiene Sánchez que si logra la investidura y consigue formar el Gobierno de coalición (en cuya vicepresidencia Iglesias esperará su momento para dinamitar el Estado) los españoles entraremos en un remanso de paz y de normalidad.

Pero puede ocurrir lo contrario, porque los soberanistas crecidos por las concesiones del Gobierno y convencidos de su nueva legitimidad y de su triunfo contra el Estado y la Justicia española, tronarán como nunca de la mano de Junqueras y Puigdemont. Inundando el debate político y los medios de comunicación, mientras en la Unión Europea, en EE.UU., América Latina y en los mercados internacionales se disparan las alarmas por causa del que se anuncia como un largo periodo de inestabilidad nacional.

El soberanismo vive del ruido y del continuo enfrentamiento con España y sus instituciones. Y no solo no cesará en el desafío sino que aumentará las dosis de agresividad, sobre todo ahora que ya han probado el éxito que les acarrea la violencia para su propaganda internacional.

¿Qué hará Sánchez cuando, como han prometido, los soberanistas vuelvan a convocar un referéndum y a declarar la independencia? ¿Aplicará en ese caso Sánchez el 155 en Cataluña con la alegre colaboración de Iglesias?

Tenemos la impresión de que en La Moncloa solo se han calculado, para el corto plazo, los beneficios de la cara investidura pero nadie ha evaluado los riesgos imparables que se desprenderán de semejante situación. En la que tendrán destacado protagonismo, y no solo en Cataluña, personajes como Junqueras, Puigdemont, Ortuzar y Otegui, en una carrera de reivindicaciones entre catalanes y vascos aprovechando la presencia de Sánchez e Iglesias al frente del Gobierno español.

¿Hasta cuando, señor Sánchez…? Las Catilinarias de Cicerón nos sirven de telón de fondo. Pero hay otra frase más contundente de una líder española de la izquierda que apoyó la Transición y la Reconciliación entre españoles.

Estamos hablando de Dolores Ibarruri, ‘La Pasionaria’ y sus palabras de ‘más vale morir de pie que vivir de rodillas’. Pues aplíquese la lección, señor Sánchez, póngase de pie y no se humille ante los delincuentes golpistas aunque solo sea para defender la dignidad del Pueblo español.

¿Quién tiene prisa, Sánchez o Junqueras?
Liberal Enfurruñada okdiario 27 Diciembre 2019

Apenas ha pasado mes y medio desde las elecciones del 10N y todo son prisas. El amoroso abrazo entre Sánchez e Iglesias se produjo a la velocidad del rayo, apenas trascurridas 42 horas del cierre de las urnas y con el Rey de visita oficial en Cuba. Las Cortes se constituyeron el 3 de diciembre, el día 10 el monarca comenzó su ronda de consultas y el 12 le encargó a Sánchez que se presente a la investidura pese a contar sólo con los 155 votos que suman socialistas y comunistas. Y ahora nos cuentan que la Mesa del Congreso ha habilitado los días 28 a 30 de diciembre para una posible investidura de Pedro Sánchez en plenas fiestas navideñas, apenas 45 días después de las elecciones, algo tan veloz no lo veíamos en España desde la mayoría absoluta de Rajoy de 2011, ya que en 2015 la sesión de investidura se celebró 72 días después de las elecciones, en 2016 65 días más tarde y en las elecciones de abril a los 85 días. ¿Quién tiene tanta prisa?

Ni la Constitución ni el Reglamento del Congreso fijan ningún plazo en el que obligatoriamente deban celebrarse las sesiones de investidura pero sí establecen que si el candidato fracasa tienen que disolverse las Cortes dos meses después, para celebrar nuevas elecciones. Por este motivo no se comprende que Pedro Sánchez muestre tanta impaciencia por someter su candidatura a votación antes de tener asegurados los votos que le garanticen una mayoría simple. El abrazo entre el socialista y el comunista sí que era de extrema urgencia para los dos boxeadores noqueados a los que no les quedaba más remedio que abrazarse corriendo al rival para no caer al ring, tras conseguir ambos los peores resultados históricos de sus respectivos partidos. Rápidamente ambos debían mostrar a sus bases que tenían una posibilidad real de alcanzar el poder.

Pero ni Sánchez ni Iglesias deberían tener ningún interés en meter presión en la negociación con ERC cuyos votos son imprescindibles para el éxito de su proyecto. Sus partidos los tienen controlados, el silencio de los barones del PSOE es tan clamoroso como vergonzoso, tan sólo superado por el de las bases de Podemos, donde ya saben que Pablo Iglesias es un ‘killer’ que no duda en llevarse por delante a cualquiera que se atreva a ponérsele enfrente. Y la amenaza de elecciones anticipadas en Cataluña no se materializaría en ningún caso antes de que ERC mostrara su apoyo a Sánchez en dicha investidura. Puede que las prisas no sean ni de Sánchez ni de Iglesias, sino de Junqueras.

La política catalana ha dado un giro tal que allí ya no se enfrentan ideologías, sino tácticas. Puigdemont y Torra, que se presentan por un partido de derechas heredero de la Convergència i Unió de Jordi Pujol, recogen el voto y las simpatías de los independentistas más radicales, que ven en sus líderes las figuras que están humillando a España en Europa. Mientras que ERC, pese a ser un partido republicano de extrema izquierda, representa ahora a los independentistas moderados que piensan que pueden lograr su objetivo mediante un procedimiento negociado con el Gobierno de España. A los extremistas el Parlamento Europeo les acaba de regalar una victoria acreditando como europarlamentario al prófugo Puigdemont. Junqueras necesita urgentemente demostrar que él puede torcerle el brazo a Pedro Sánchez obligándolo, por ejemplo, a excarcelarlo inmediatamente o logrando la convocatoria de un referéndum de independencia legal. Ni en sus mejores sueños imaginó el independentismo tener enfrente a alguien tan débil, fatuo, vanidoso y egoísta como Sánchez, capaz de entregarle a ERC cualquier baza que les hagan ganar las próximas elecciones catalanas y de ahí pueden venir las prisas de Junqueras.

Sánchez promete a ERC que Junqueras saldrá de prisión antes del verano
OKDIARIO 27 Diciembre 2019

Mientras se espera la decisión de la Abogacía del Estado, el gesto que esperan los separatistas para facilitar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, socialistas y ERC ya tienen fijadas las condiciones de su pacto. Los equipos negociadores de ambas formaciones han acordado que Oriol Junqueras, encarcelado tras ser condenado a 13 años de cárcel por sedición, empiece a disfrutar de salidas parciales de prisión antes del verano. Más concretamente, los separatistas quieren que ese momento se produzca después de Semana Santa.

Los independentistas saben que la sentencia del Tribunal de la UE no le permitirá cumplir uno de sus objetivos: salir inmediatamente de prisión. Naturalmente, después del fallo del Tribunal de Luxemburgo se han esforzado en trasladar a la opinión pública que exigen la nulidad del proceso y la inmediata puesta en libertad de su líder, pero no se trata más que de una estrategia para aparentar firmeza ante el mundo independentista. Son conscientes de que tendrán que esperar un poco. Y Sánchez ya se ha comprometido a que antes del verano vean cumplidos sus objetivos.

La fórmula que utilizará el presidente en funciones es relativamente sencilla:la aplicación urgente de las competencias penitenciarias, en manos de la Generalitat catalana, para que apliquen todo tipo de mecanismos que permitan a Oriol Junqueras empezar a disfrutar de permisos para salir de prisión sin que haya recursos. Sánchez se ha comprometido a esa parte: a presionar para que ni la Justicia ni la Fiscalía activen esas vías de examen legal.

En realidad, asistimos a una gigantesca farsa. La decisión de la Abogacía no condicionará el apoyo de ERC al candidato socialista, sencillamente porque la decisión ya está tomada y la abstención garantizada. Socialistas y separatistas han atado todos los cabos. La tardanza de la Abogacía forma parte de la representación teatral. Sánchez ha pasado por el aro y se ha comprometido a poner en marcha un plan que pasa por la salida de Oriol Junqueras a corto plazo. Al tiempo, el presidente del Gobierno se ha comprometido a ir demoliendo los diques de contención de nuestro marco constitucional. El proceso de dilución institucional comenzará en breve, pero se llevará a cabo de forma progresiva. Hasta eso han pactado.

La clave
Carlos García-Mateo okdiario 27 Diciembre 2019

Suele ocurrir en los análisis periodísticos de la política. Podríamos conjurarlo vieja usanza, ajada como los Estados decimonónicos, sus tradiciones romanas, vicios y virtudes de Europa mediterránea. Quienes comentamos con mayor o menor éxito los asuntos de la nación, comparecemos proclives a tales hábitos. Al igual que quienes los protagonizan en persona primera. El político se ve a lomos de un corcel del que no se fía, pero le sostiene y le lleva. El periodista, intérprete, trata de comprender adónde carajo va ese jinete: llama, pregunta, almuerza (en algún caso) con él, incluso puede ajustar favores; le ve luego partir y se afana en apuntar la nota semanal. En eso consiste el juego, humilde, del escribiente.

Mientras, el caballo continúa al trote, bridas y espuelas del momento histórico. Resulta esto tan clásico y universal como una fábula de Esopo. Para el animal, inmenso, lento, importan las flemáticas orientaciones. Al Estado (al que estoy llamando corcel, quizás sea mejor decir burro arcaico) le agradan las caricias del primer ministro de turno, si bien está hecho para cargar y nunca parar. Fundadas esas reglas, es decir, que el político “ha de ser corrupto” y el que comenta sus andanzas un sencillo bardo, vamos a la clave.

En el ejemplo español, y sin retroceder más de cuarenta años, las observaciones coinciden en la tragedia: tanto quien se ve ganador como quien teme por su posición claman según la ibérica ortodoxia: o conmigo o contra mí. Uno puede pensar que son naturales consecuencias del quebrantamiento del bipartidismo, un pastel a dividir entre nuevos visitantes. Sin embargo, en el análisis político el dinero, los usos (y costumbres) que de él se han elevado, deberían pesar más. Un Estado no deja de ser un conjunto de relaciones, intereses. La política nacional refleja todavía las herencias y temores del reciente bipartidismo. Orden en que Cataluña fue parte fundamental, sostén de la loable “gobernabilidad de España”. Y que ahora supone la principal amenaza no ya a la gobernabilidad, sino a la supervivencia del régimen constitucional.

Este es el análisis sintomatológico; pero no ofrece la clave, la comprensión. Cuestionemos. ¿Por qué Pujol no ha ido a prisión? ¿Por qué la burguesía catalana ha sido tibia o directamente partidaria del procés? ¿Por qué el gran empresariado español permanece callado? ¿Por qué los sindicatos catalanes -ahora UGT está dirigida por un lazarillo del nacionalismo- no han dicho nada de la rebelión elitista catalana? ¿Por qué Rajoy aplicó un 155 suave (y breve)? Las preguntas se acumulan. La clave es poderosísima, pero se disimula al calor de las disputas diarias sobre chorradas guerracivilistas. Todas las inmovilidades, pasividades y acciones están sujetas a ella. La corrupción sistémica de los años 90 y 2000, la información que algunos poseen y las implicaciones tanto de Pujol (diseñador en la sombra del procés, respuesta a la pérdida de la hegemonía tras el Caso Palau) como de ciertas elites políticas y empresariales madrileñas impiden cualquier resolución a corto plazo. Existe un inmenso chantaje; un pacto tácito de silencio. El President, particularmente, quiere salvar a sus hijos de la cárcel. Y en muchos despachos de Madrid y Barcelona saben que, si tira de la manta, España y Cataluña enteras se van al carajo.

Pujol miente
Antonio Robles Libertad Digital 27 Diciembre 2019

Pujol rechazó el concierto económico y una Hacienda propia para Cataluña porque recaudar impuestos era muy impopular.

Pujol miente de nuevo, en realidad su vida es una gran estafa. Nos mintió sobre su padre y sus negocios sucios con Marruecos en plena posguerra, con el estraperlo y el tráfico de divisas. Nos mintió con sus depósitos bancarios en Andorra, nos mintió con Banca Catalana, nos mintió con la corrupción de sus hijos, nos mintió con el 3%... y Hacienda no lo puede empapelar porque el delito ha prescrito. Treinta años han tenido para procesarlo, y desde el 2014, con confesión incluida. Ni así. Un adelanto de los Santos Inocentes.

Pero hoy traigo otras mentiras aún más peligrosas, las que manipulan el pasado para robarnos el presente. La Cataluña emponzoñada de odio que soportamos hoy es obra de sus mentiras. La última es atribuirse la paternidad de la inmersión lingüística amparándose en una cesión sacada a Adolfo Suárez a cambio de no exigir el concierto económico. ¡Miente!

De hecho, Pujol rechazó el concierto económico y una Hacienda propia para Cataluña porque recaudar impuestos era muy impopular. En esos momentos su mayor ambición era consolidarse como líder indiscutible del catalanismo. Y cobrar impuestos no ayudaba. ¿A quién habría de echar las culpas de su gestión? Su mente ladina ya había puesto en marcha el victimismo. La Generalidad sería solo la imagen de los logros. Por eso subió los sueldos de los funcionarios por encima del resto del Estado y reservó a España el título de madrastra ladrona, fiscalizadora y maltratadora.

Y ahora nos viene con el cuento de que Suárez le prometió la inmersión a cambio de que no pidiera el concierto económico. Miente más que habla. La inmersión fue impulsada por los comunistas del PSUC y los integristas lingüísticos del DEC y Òmnium Cultural. El expresidente Adolfo Suárez nunca pudo concederle la inmersión. Ni siquiera sabía lo que era. Los hechos hablan por sí mismos.

Los primeros traspasos en materia lingüística los hace Suárez el 14 de septiembre de 1978 (Real Decreto 2092/1978), y se limitan a otorgar la enseñanza de la lengua catalana como materia obligatoria. Además, se introducirá también como lengua vehicular en dos materias del currículum (gobernaba Tarradellas). El traspaso de las competencias plenas a la Generalidad se realiza con el Decreto 2089 el 3 de octubre de 1981. Mal le podría haber otorgado Suárez las competencias en inmersión lingüística si éste había dimitido como presidente de Gobierno el 29 de enero de ese mismo año, es decir, nueve meses antes. Además, en el traspaso de educación no se habla de imponer el catalán como única lengua docente. De hecho, cuando a principios de los 80 se introduce sibilinamente la inmersión en las escuelas, se hace de forma clandestina y sin ningún soporte legal. Tanto es así que cuando en 1990 el Parlamento de Cataluña fuerza la aprobación de la ley de inmersión lingüística lo hace porque la inmersión impuesta en la escuela era ilegal. La sentencia 337/1994 del TC se lo recordaba con la conjunción lingüística: ni catalán ni castellano pueden ser lenguas docente exclusivas ni excluyentes.

Estas mentiras de demiurgo nacionalista salen al quite de los balbuceos que el PSC ha hecho a propósito de la modulación de la inmersión con vistas a heredar los votos perdidos de Cs. Ni siquiera permite a los socialistas jugar a camuflar su estrategia en la imposición lingüística. Entre trileros anda el juego. También el PSC se atribuye ahora la autoría de la inmersión, ¡qué fiebre!, pero lo único cierto es que en los primeros años ochenta CiU no se atrevía a imponerla, y el PSC defendía el modelo bilingüe de Rosa Sensat, basado en el rechazo a la doble red escolar, pero respetando la lengua materna de los alumnos. Mientras, el PSUC y los integristas del DEC (organismo de enseñanza del catalán de Òmnium Cultural) se empeñaban en imponer al resto el modelo más excluyente: erradicación del bilingüismo e imposición del catalán como única lengua docente. El pulso entre bilingüistas e integristas lo acabó ganado Òmnium. Tal modelo iba como anillo al dedo a los objetivos supremacistas de Pujol. Viéndose respaldado por toda la izquierda, incluido el PSC, moduló la imposición con la determinación de un fanático. Y en esas estamos.

La vergonzosa manipulación de la Abogacía del Estado por Pedro Sánchez
EDITORIAL ESdiario  27 Diciembre 2019

El lider del PSOE está pisoteando en público la independencia judicial para adaptarla a sus necesidades y a las exigencias de ERC. Nadie se atrevió nunca a tanto.

Las necesidades políticas de Pedro Sánchez llevan tiempo provocando una vergonzosa injerencia en el poder judicial que, de facto, degrada al Estado de Derecho, sustentado en la división de poderes como garantía de una democracia sana y moderna.

La perversa utilización de la Abogacía del Estado simboliza ese afán caciquil, exhibido ya sin pudor en el caso de Junqueras y en general del procés: primero se cambió al titular de la institución en el propio juicio, para que retirara la acusación de rebelión y, ahora, con inmenso impudor, se intenta que adapte su resolución a las exigencias de ERC para lograr Sánchez su investidura.

Hay más casos, igual de vergonzosos, que demuestran que para el Gobierno en funciones la Abogacía es una herramienta al servicio de sus planes: hace escasas semanas, se apeló a ella para asfixiar a las Comunidades a cuenta del dinero adeudado de la liquidación fiscal y, cuando a Sánchez le vino bien, se la ignoró para hacer esos pagos con fines electorales.

Sánchez deja la Abogacía del Estado hecha un polvorín y se esfuma en fin de año

Y qué decir de su utilización para presionar a ERC con las pensiones, que no se van a actualizar con arreglo al IPC mientras no haya pacto, apelando a las reticcencias de la institución tras haberla ignorado anunciando esa subida antes y después de las Elecciones vía decreto ley.

Sánchez actúa como si la Justicia estuviera al servicio de sus objetivos políticos. ¿Dónde está la protesta de la institución?

Es insólito el desprecio de Sánchez por la independencia judicial, la autonomía de la Fiscalía -a la que llegó a presentar como una mera subordinada- o la solvencia de la Abogacía del Estado. Y lo dice todo de sus principios democráticos que piense y actúe como si todo valiera si le vale a él.

Un escándalo
La escandalosa invasión de la Justicia, que tiene en el Supremo su principal punto de mira, coincide con la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, lo que acrecienta la sensación de que Sánchez, cuando logre la investidura, hará todo lo posible por doblegar su autonomía.

Y no parece difícil que lo logre viendo la escasa resistencia de este poder fundamental. Quizá porque una parte de él comparte ese objetivo y acepta encantado que se antepongan los fines políticos a las obligaciones institucionales. ¿Dónde está ahora esa asociación tan combativa contra el PP llamada Jueces para la Democracia, por ejemplo?

Acogerse a sagrado
Juan Francisco Martín Seco republica 27 Diciembre 2019

El asilo en sagrado era una costumbre, casi una ley, en vigor principalmente durante la Edad Media, por la que cualquier delincuente se podía acoger a la protección de una iglesia para librarse de la persecución de la justicia. Nuestros clásicos se refieren con frecuencia a ella. Así, por ejemplo, Quevedo en su Buscón hace decir al protagonista: “Nos acogimos a la Iglesia Mayor a que nos amparase del rigor de la justicia”.

Hoy en día todo se moderniza, y parece que el lugar preferido de asilo es Europa. No, no me refiero a los refugiados políticos que provienen de Asia y de África, de conflictos creados a menudo por los propios europeos o norteamericanos. Ellos suelen tener bastantes dificultades para entrar. Estoy pensando en los golpistas españoles que se han acogido a sagrado, pero no en una iglesia, sino en algunos países europeos y últimamente también en el Europarlamento. Bueno, al menos ahora este órgano servirá para algo, aunque no sea precisamente para algo provechoso. Hay antecedentes. El sur de Francia fue el lugar de refugio del terrorismo etarra. El santuario se le denominaba. Costó años de negociación lograr que entendiesen que España era ya un Estado de derecho y una democracia similar a la de cualquier otro país de la Unión Europea.

Acabar con el santuario francés, allá por el año 1984, costó más que argumentos y palabras. Francia exigió contrapartidas por su colaboración. De una de ellas fui testigo de excepción. Se estaba informatizando en España todo el sistema presupuestario y contable del sector público estatal, y la compra de todos los equipos hubo que adjudicársela a una empresa francesa cuando la licitación estaba ya casi terminada en sentido contrario.

Los defraudadores fiscales y evasores de capitales han tenido siempre y continúan teniendo algunos países europeos para acogerse a sagrado y huir así de las haciendas públicas de sus respectivos países. Ahora, por lo pronto, Bélgica, Reino Unido y Alemania se han convertido en refugio de los golpistas fugados de España. El tema resulta tanto más chusco cuanto que todos estos países son miembros de la Unión Europea (Reino Unido aún lo es), y se supone que debe regir entre ellos si no la unión, que siempre brilla por su ausencia, como mínimo la colaboración y confianza. Y es que en esta materia como en casi todas, la tan ensalzada Unión Europea hace aguas y muestra sus contradicciones. Un país de la Unión se convierte en refugio de los delincuentes de otro. Ha quedado muy clara la inoperancia de ese instrumento denominado euroorden. A esa inutilidad me referí, con ocasión de la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, en un artículo publicado en este diario el 12 de abril del 2018 con el título de “¿Sirve para algo la euroorden?”.

Ahora ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que en una sentencia en procedimiento prejudicial y en respuesta a una consulta del Tribunal Supremo de España ha convertido, se supone que de forma indirecta y no querida, al Parlamento Europeo en refugio de delincuentes. No seré yo el que tenga la osadía de juzgar la sentencia, pero sí conviene señalar algunos hechos y elementos cuando menos extraños. Lo primero es que un tribunal que juzga asuntos tan importantes como este y que afectan a toda Europa, en teoría compuesto por numerosos miembros, no admita votos particulares y que además siga en casi todos los casos las conclusiones y el dictamen de un solo abogado.

Algo que extraña también es que el TJUE considere un requisito sin demasiada importancia la aceptación y promesa de cumplir la Constitución de un Estado miembro. La sorpresa proviene de que quienes representan a España, Polonia o Italia en el Parlamento Europeo no tengan que comprometerse a cumplir la Constitución de sus respectivos países, y puedan ser eurodiputados sin hacerlo. Claro que hay que reconocer que en esto el Tribunal Europeo no se aparta mucho de la opinión de nuestro Tribunal Constitucional que con su tolerancia para con la famosa fórmula de “por imperativo legal” ha consentido que el juramento o la promesa a la Constitución en el Parlamento haya devenido una verbena.

Los expertos en estas lides afirman que, en este caso, el Tribunal de Luxemburgo ha cambiado radicalmente la doctrina que hasta ahora había sobre la materia, consistente en que, por lo que hace referencia al procedimiento electoral, prima la legislación del país miembro. Incluso esta era la opinión del propio Tribunal en su pronunciamiento del 1 de julio y, teniendo en cuenta que el artículo 8, párrafo primero, del Acta electoral de la UE establece que: «Salvo lo dispuesto en la presente Acta, el procedimiento electoral se regirá, en cada Estado miembro, por las disposiciones nacionales», no nos puede extrañar que haya quienes se pregunten si más que una interpretación de la norma, que es su función, no ha cambiado la norma misma, asumiendo funciones legislativas que desde luego no le corresponden.

De lo que no cabe ninguna duda es de que una vez más la UE es víctima de su asimetría. Es esa asimetría la que origina todos los problemas. Se crea la libre circulación de capitales sin establecer entre los países miembros la armonización fiscal y laboral que impida el chantaje del capital a los gobiernos. Se unifica la moneda sin la existencia de una unión presupuestaria y fiscal que compense los desequilibrios entre Estados que la unión monetaria origina.

Y ahora, por lo que se ve también en el tema judicial, ¿dónde está la asimetría? En la uniformidad que parece defender el tribunal de Luxemburgo y en el despiporre de las euroórdenes. No habría habido ningún problema en dejar que Junqueras se desplazase al Parlamento Europeo si su sede hubiera estado en España, o los países de la Unión estuviesen obligados a devolver los delincuentes de otros países. De hecho, con anterioridad, cuando fue elegido diputado nacional, el Tribunal Supremo le permitió asistir al Congreso custodiado por la policía para que pudiese tomar posesión de su escaño, cumplir los requisitos adecuados y volver a prisión. El resultado habría sido muy distinto si se le hubiese dejado asistir al Parlamento Europeo. No es preciso ser mal pensado para suponer que, dada la enorme eficacia de las euroórdenes, hubiera sido imposible hacerle retornar a España, y se hubiese puesto en peligro todo el proceso judicial que estaba a punto de culminar.

No se puede actuar en ciertos temas como si fuésemos un Estado y en otros como naciones separadas, si no enfrentadas, sí refractarias. El resultado es que vamos a tener unos golpistas sentados en el Parlamento Europeo. Es lo único que le faltaba a Europa para caer en el mayor desprestigio. En un momento en el que se critican -y quizás con razón- los privilegios de los políticos, no puede por menos que chocar la inmunidad de los parlamentarios europeos. Tanto más cuando les exonera de delitos cometidos en su propio país con anterioridad a ser elegidos para el cargo y sin que tengan nada que ver con su función. Algo vetusto y ciertamente injusto.

Pero hay que reconocer que en este caso el problema no está tanto en Europa como en España. ¿Cómo vamos a pedir que en Europa se trate a los golpistas catalanes como delincuentes si están negociando con el Gobierno, y el Gobierno se empeña en exculparlos? Tras la sentencia, la ínclita Carmen Calvo repite por doquier la consigna del Gobierno: lo de Cataluña es un problema (a veces dicen conflicto) político. Así dicho, es una obviedad, la política comprende todo. Lo que pasa es que los sanchistas le dan una connotación distinta. Pretenden señalar que no es un problema penal.

Pero penal lo es, y me atrevo a decir que antes que nada, porque lo que caracteriza desde 2012 lo que se llama el problema catalán es que el Gobierno de la Generalitat, apoyado por los partidos que le respaldan, se ha rebelado contra el Estado, la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña y ha saltado por encima de todas las leyes. Penal lo es en cuanto que estos partidos continúan afirmando que piensan repetirlo y que no renuncian a la vía unilateral, dicho de otra forma, a la rebelión.

A los sanchistas les estorba la vía penal porque, si no, cómo justificar que están pactando con unos golpistas y cómo llamarlos así si son sus socios. La vicepresidenta y la portavoz del Gobierno han dicho a dúo que esta sentencia es una herencia de Rajoy. Lo que no se entiende muy bien, aun cuando estemos dispuestos a echar la culpa de todo al anterior presidente del Gobierno. Solo es comprensible desde la creencia sanchista de que el Gobierno puede instrumentar a la justicia. De quién depende el fiscal general del Estado, se preguntaba en sentido retórico Pedro Sánchez cuando estaba en plena campaña electoral. Igual debe pensar ERC, ya que le exige que dé alguna señal de que el poder judicial va a prestarse a sus deseos.

Es difícil que Europa crea que de verdad son golpistas cuando en España hacemos cosas tan raras como negociar con ellos la investidura del presidente del Gobierno de la nación o como que nuestras leyes permitan que un prófugo de los tribunales pueda presentarse a todo tipo de elecciones sin previamente comparecer ante la justicia o pisar suelo español, o como que, a diferencia de otros países no se pueda juzgar a un delincuente en rebeldía.

Se entiende mal que, a lo largo de años, por complacer a los nacionalistas, hayamos cercenado el Código Penal de aquellas figuras delictivas que podían molestarles, pero que quizás eran imprescindibles para defender la Constitución y el Estado. Difícilmente se comprende no ya que, a diferencia de Francia o Alemania, hayamos aprobado una Constitución no militante, que permite que haya partidos separatistas, sino que incluso aceptemos que se presenten a las elecciones con el programa de rebelarse contra las leyes en cuanto puedan.

En cierto aspecto es explicable que, por ejemplo, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein no pudiese concebir que un gobierno de una Comunidad Autónoma se hubiese sublevado contra la Constitución española. En sus esquemas no entra ni por lo más remoto que el gobierno de Baviera pueda rebelarse contra la República Federal de Alemania. Lo más que logra imaginar a efectos de comparación es un conjunto de manifestaciones ecologistas en contra de la ampliación de un aeropuerto en Fráncfort.

Cómo entender que después de la sublevación de una Comunidad continúan gobernando los mismos que se han sublevado y que además muy posiblemente serán árbitros de la gobernación del Estado. No, definitivamente no, no es fácil que en Europa nos entiendan.

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Escandalizarse ante el escándalo
El autor pide una reacción en el PSOE ante la perspectiva de una investidura de Pedro Sánchez apoyada por partidos políticos que impugnan la Constitución.
David Martínez elespanol 27 Diciembre 2019

Hace unos días, el PSOE se sentó a negociar los Presupuestos de Navarra con Adolfo Araiz y Bakartxo Ruiz. Fueron los dos enviados de Bildu a una cita que llegaba poco después de que el PSOE asegurara que no tiene pacto alguno con esta organización, pese a haberles entregado un puesto en la Mesa del Parlamento regional, la alcaldía de Huarte y la presidencia de la Mancomunidad de Pamplona a cambio de su apoyo en la investidura de María Chivite. Esos enviados, Araiz y Ruiz, son dos personajes con cierta historia.

Araiz fue miembro de la mesa nacional de Herri Batasuna (1991-1997), el brazo político de ETA. Como tal, apoyó la tristemente célebre ponencia Oldartzen, que significó la extensión de las atrocidades de la banda terrorista a partir de 1994. Dicha ponencia apostó por la “socialización del sufrimiento”, dirigiendo a ETA de nuevo hacia objetivos “civiles”, además de a los servidores públicos que siempre estuvieron en su diana.

A partir de ese momento, ETA comenzó a matar otra vez (como antes de mediados de los 80) no solo a militares, policías o guardias civiles, sino también a cargos políticos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil. La primera víctima de ese movimiento fue Gregorio Ordóñez. Luego llegarían muchas más: Miguel Ángel Blanco, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Alberto Jiménez Becerril, Ascensión García, Tomás Caballero, Manuel Zamarreño… La HB de Araiz y compañía pidió socializar el sufrimiento, y ETA socializó el sufrimiento.

Ruiz es la hermana de Zigor, etarra que salió de la cárcel en 2015. Acumuló dos condenas por pertenencia a banda terrorista, una de ellas rebajada después en el Tribunal Supremo, y al abandonar la prisión recibió el homenaje de familiares y allegados, como tantos otros asesinos, secuestradores y dirigentes de la banda excarcelados. Su hermana fue una de las que le brindó ese calor.

Sánchez ha llevado al PSOE a un lugar donde puede sentarse a negociar lo que haga falta con este 'Dream Team'

El PSOE considera que tanto ella como Araiz son interlocutores válidos para pactar los Presupuestos de Navarra. También en el Congreso de los Diputados, el PSOE se ha sentado con Bildu a negociar la investidura de Pedro Sánchez.

Mientras exige a Ciudadanos y PP que le despejen la investidura gratis, Sánchez monta mesas de negociación con Bildu y fija como socio preferente a ERC, un partido cuyo presidente está en la cárcel, cuya secretaria general está fugada de la Justicia y cuyo negociador principal está imputado por malversación y desobediencia.

“La falta de escrúpulos es la gran ventaja estratégica del PSOE”, ha escrito recientemente Félix Ovejero, y los hay muy empeñados en darle la razón. Además de con los partidos de Otegi y Junqueras, los socialistas están negociando ese Gobierno que pretenden compartir con Podemos con otros partidos. Como el PNV o JxCat. El primero promueve un nuevo Estatuto de Guernica que divide a los vascos en ciudadanos de primera y de segunda y acaba de recibir una durísima condena por corrupción en el caso De Miguel; el segundo, además de estar dirigido por un prófugo y por el considerado por Sánchez “el Le Pen de la política española”, acaba de ver cómo su portavoz en el Congreso es imputada por malversación, prevaricación, fraude y falsedad en documento público. Les emplazo a buscar las ácidas críticas del PSOE a estos escándalos de corrupción de los nacionalistas. Son feroces, casi tanto como las que dirigen a sus postulados supremacistas y contrarios a la igualdad entre españoles.

Sánchez ha llevado al PSOE a un lugar donde puede sentarse a negociar lo que haga falta con este Dream Team, pero no puede ni hablar de cuatro condiciones básicas con los constitucionalistas para un acuerdo de legislatura que evite que la llave de la nación la tengan quienes quieren destruir la nación. Todo ello ante el clamoroso silencio de los mismos compañeros de partido que hace unos años le echaron para que no hiciera exactamente lo que ahora está haciendo y contra lo que ya le advirtieron en aquel Comité Federal de finales de 2015 donde le ataron las manos.

El riesgo en España es aceptar que el Gobierno se pueda poner en manos de todos los que impugnan el sistema del 78

“La autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento solo traerán mayor fractura a una sociedad ya de por sí dividida. Son innegociables para el Partido Socialista y la renuncia a esos planteamientos es una condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo con el resto de formaciones políticas”, se recogía en la resolución política que le obligaron a firmar. Lo que va de ayer a hoy, que escribiría Góngora.

Con todo, el principal riesgo que corre España es que dejemos de escandalizarnos ante el escándalo. Aceptar que se pueda forzar a la Abogacía del Estado a hacer malabarismos para contentar a un delincuente porque un candidato busca el apoyo del partido que preside el delincuente. Aceptar que se pueda negociar nada con personas como Adolfo Araiz. Aceptar que el Gobierno de la nación se pueda poner en manos de todos los partidos que impugnan el sistema del 78, con uno de ellos dirigiendo cinco ministerios, con el autor de Por qué soy comunista (2017) sentado en el Consejo de Ministros, con el primer español que calificó a los Jordis de “presos políticos” ostentando la vicepresidencia, con el rumbo claramente dirigido hacia ninguna parte.

Señores del PSOE que creen en la democracia española, escandalícense ante el escándalo. Frenen esta locura.

*** David Martínez es asesor de comunicación en Ciudadanos.

Derecho de cabecera
Ignacio Camacho ABC 27 Diciembre 2019

La última vez que un abogado del Estado se negó a seguir el criterio de su «cliente», acabó en excedencia. Fue respecto al debate entre sedición y rebelión en la vista del proceso contra los líderes de la revuelta. Ahora, veredicto de la Corte de Luxemburgo mediante, el Gobierno pretende imponer a su equipo jurídico de cabecera otra vuelta de tuerca para solicitar la excarcelación -al menos hasta que tome posesión de su acta de eurodiputado- de Oriol Junqueras. El «gesto» que ha solicitado Esquerra antes de dar el placet a una investidura que depende de su anuencia. El informe de la Abogacía es el último escollo de un acuerdo que Pablo Iglesias terminó de ajustar en una reunión con dirigentes separatistas en vísperas de Nochebuena, y que incluirá la cláusula no escrita de un tripartito en Cataluña si lo permite la correlación de fuerzas. Los fiscales del Supremo no comparten la idea: tardaron pocas horas en pedir a la Sala que mantuviese la ejecución de la sentencia. Tampoco compartieron en su momento la acusación atenuada y no hubo manera de que torciesen el brazo porque Zaragoza y compañía acostumbran a pensar por su cuenta y no estaban dispuestos a admitir injerencias. Cuando se forme el nuevo Gabinete sabremos si esa resistencia le ha costado el puesto a su jefa; tiene muchas papeletas para que ruede su cabeza porque vienen tiempos en que el control de la Justicia se va a convertir en una prioridad estratégica. En todo caso, la Fiscalía ha dejado claro que no hay un criterio unívoco para interpretar la resolución europea.

Es decir, que existe alternativa a la humillación y que ésta, si se produce, tendrá carácter discrecional y voluntario. Como lo tuvo la declaración de Pedralbes, la apuesta por el «modelo Frankenstein» o la legitimación de la insurrección disfrazada de apuesta por el diálogo. Como lo tiene el inexplicable silencio sanchista ante el relato del independentismo sobre la violación española de los derechos humanos. Como lo tendrá, llegado el momento, la concesión de beneficios penitenciarios a los condenados. El presidente ha elegido el sometimiento para allanar la negociación del pacto, pero no puede aspirar a que los ciudadanos se traguen el agravio judicial como si fuese un trámite automático. Porque la opinión experta del Ministerio Público sostiene lo contrario y, sobre todo, porque el que se degradará con esa capitulación no será sólo -ni solo- el Gobierno sino el Estado, como reza el propio nombre del cuerpo de letrados.

La demora en la presentación del escrito de la Abogacía sugiere una cierta controversia profesional interna sobre la aplicación del procedimiento. El desenlace apuntará datos sobre la cuestión crucial de la legislatura, que es la tensión decisiva entre el interés político y la razón del Derecho. La supervivencia de la democracia depende de que la segunda prevalezca sobre el primero.

2020, catalanes contra españoles
Manuel Peña Díaz cronicaglobal 27 Diciembre 2019

En 2020 se cumplen cuatro décadas de la subida al poder de Jordi Pujol. 1980 fue un año decisivo en la historia de Cataluña, el año del cambio inmóvil, cuando el catalanismo franquista se metamorfoseó en catalanismo democrático. Fue el año del pacto discreto por el que las cuatrocientas familias siguieron agarradas al poder, mientras no veían mal que la gestión municipal --sobre todo en el cinturón rojo barcelonés-- la ejercieran partidos obreristas, eso sí, impregnados ya del virus identitario. Ese fue el único peaje que le exigieron y que, como serviles monaguillos, socialistas y psuqueros pagaron religiosamente durante años y años.

Ni en sus mejores sueños esas distinguidas y poderosas familias imaginaron que, apenas diez años más tarde, el catalanismo impondría su visión exclusiva de Cataluña a todos, dentro y fuera. El temor a que hubiese una resistencia obrera, que recuperase el antaño poderoso movimiento anarquista, no mutó en miedo. Y contra todo pronóstico se difundió la imagen del oasis catalán, donde todo era paz y prosperidad, incumpliendo leyes pero bajo la bendición de la mágica senyera y del xenófobo Els Segadors.

A mediados de la tercera década, el edificio catalanista se tambaleó por el desliz de Maragall al destapar el gran negocio del 3%. Para el devenir del catalanismo fue un error aquel comentario. Apenas un año antes, se había iniciado una esperanzadora reconversión del catalanismo de la mano de los otros partidos identitarios (PSC, IC y ERC). El papanatismo de la izquierda y la derecha española respecto al nacionalismo, encabezado en un primer momento por Rodríguez Zapatero, bendijo esa versión 2.0 del viejo catalanismo que exhibió un nou estatut por bandera. La torpeza nacionalista del PP y la paradójica legislación española --corregir constitucionalmente lo ya votado en referéndum-.- hizo el resto.

El proyecto fue tan convulso como selectivo, y el ultranacionalismo acabó devorando a casi todas las burguesías catalanas, carcomidas por la corrupción inherente a la administración autonómica. Al menos fueron cinco los factores que despreciaron esas élites en su visión de futuro para la cuarta década. La siembra de tanta semilla nacionalista produjo una cosecha muy abundante de fanáticos fascistoides muy difíciles de controlar, salvo que algún líder mesiánico, como Junqueras, pudiera convertir a esa masa hiperventilada en un sol poble y conducirla hacia su liberación. Dificultades internas frenaron la soñada proclamación de 2014.

El segundo factor fue que esas burguesías minusvaloraron que los catalanes no catalanistas se hartasen de tanta corrupción, manipulación, desprecio y marginación y optasen por apoyar a un partido no nacionalista surgido de los márgenes del PSC y del PP. El tercer elemento que ignoraron es que el monstruo nacionalista español acabase por despertar del sueño al que había sido inducido en la Transición, con la excusa --populista pero real-- de que la unidad política de España estaba en peligro.

El cuarto error fue la infravaloración que una parte de esas burguesías --las más fanáticas-- hicieron de la fortaleza de una parte del Estado Español (el poder judicial) por la absurda equiparación que practica el nacionalcatalanismo al confundir España con Estado, entre otras razones. Y el quinto factor es tan viejo como el mundo: el dinero. Una parte importante de la burguesía financiera e industrial catalana trasladó su sede empresarial ante los riesgos económicos del procés.

Al acabarse la cuarta década, desde aquel golpe de timón de 1980, todo apuntaba a que el fracaso era su mayor éxito. Pero no. De nuevo el papanatismo político de la izquierda y de la derecha españolas han decidido otorgar una nueva vida al nacionalismo catalán. Ni ERC en sus mejores sueños hubiera imaginado que les pudiera favorecer tanto las imágenes de la actuación policial del 1-O, ni las lagunas y contradicciones judiciales, ni la ambición personal de los líderes del PSOE y la ceguera de su militancia, ni la pasividad conformista del PP, ni los errores tácticos de Cs, ni la empanada ideológica de Podemos calada hasta los huesos de identitarismo totalitario.

En 2020, sólo un deseo republicanista se ha cumplido con creces: el renacer del nacionalismo español con forma de Vox, su homólogo ultra. Y sólo un deseo tiene ERC para la quinta década: que ese nacionalismo sea el único interlocutor al otro lado. De conseguirlo, Junqueras y sus cachorros --herederos de los que, tiempo atrás, en su partido se hermanaron con las Juventudes Hitlerianas-- habrán llegado al final de su ansiada partida con dos únicos jugadores: catalanes contra españoles.

Sánchez media por los CDR terroristas mientras Seguridad Nacional alerta de la “radicalización violenta”
Luz Sela okdiario 27 Diciembre 2019

La Audiencia Nacional dejó en libertad este jueves a otros dos integrantes de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), acusados de terrorismo. Con ellos, son ya cinco los excarcelados y únicamente quedan dos en prisión. En cuatro casos, la Fiscalía, en un sorprendente cambio de criterio, avaló la salida de la cárcel. En el quinto CDR, el Ministerio Público se opuso, aunque el tribunal acabó equiparando su situación y avalando la salida de la cárcel pese a que el arrestado formaba parte del considerado "núcleo productor de explosivos" según las pesquisas de la Guardia Civil. Las salidas coinciden con la negociación de Pedro Sánchez con los separatistas para la investidura.

La decisión de la Fiscalía, y de la Audiencia Nacional, se produce pese al aviso del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno sobre las amenazas terroristas que afectan a España.

El organismo, que asesora a Presidencia en materia de seguridad, publicó el pasado jueves su Informe Anual, correspondiente al año 2018 (se publican con un año de margen), en el que se avisa de los principales riesgos y amenazas en nuestro país. Y, en este escenario, avisa que la "radicalización violenta" es uno de los grandes retos.

En el apartado sobre la amenaza terrorista, aunque centrado mayormente en el yihadismo y el terrorismo de ETA, sí se advierte sobre "la radicalización violenta como uno de los principales riesgos para la Seguridad Nacional". El Plan Estratégico Nacional de lucha contra la Radicalización Violenta, se informa, "articula la política del Estado en esta materia a través de una estructura integral y nacional que permite prevenir y evitar que los procesos de radicalización culminen en extremismo violento y/o en terrorismo".

"Su contenido debe adoptar un enfoque amplio e integral que abarque no solo medidas de respuesta, sino también medidas preventivas que aborden las condiciones subyacentes que impulsan a las personas a radicalizarse y, en su caso, unirse a los grupos extremistas violentos. Estas actualizaciones están encaminadas a orientar la acción frente a la amenaza terrorista y la radicalización", añade.

Entre los objetivos, se marcan "contrarrestar de manera eficaz el atractivo del mensaje radical", especialmente sobre "las comunidades más vulnerables" para "desmontar su relato".

"La lucha contra la radicalización se aborda desde varios ángulos y requiere la implicación de diversos organismos de la Administración y de la sociedad en su conjunto. Es clave la promoción de las necesarias condiciones de libertad, seguridad y justicia en aras a la convivencia ciudadana y la consolidación de una sociedad democrática, plural, diversa y resiliente ante el terrorismo y el extremismo violento", se puede leer en el documento.

El informe, elaborado, como antes se ha mencionado, sobre la situación del año pasado, no recoge el fenómeno de la radicalización del independentismo, como es el caso de esta reciente amenaza. Pero sí pone ya el foco en los peligros de la radicalización social, entendida en un sentido amplio.

Exigencia de los independentistas
La liberación de los integrantes de los CDR acusados de terrorismo es una de las reclamaciones de los partidos independentistas que ahora negocian la investidura con Sánchez.

La pasada semana, la Fiscalía defendió, en un sorprendente cambio de guión, que cuatro de los CDR en prisión quedasen en libertad bajo fianza. Se trataba de los imputados que, según la Guardia Civil, no habrían tenido contacto con los explosivos incautados. Hasta entonces, la Fiscalía sí había apoyado la medida de prisión provisional. Tres de ellos quedaron en libertad ya la semana pasada y el cuarto, este jueves.

El caso del quinto excarcelado, Alexis Codina, ha sido el más polémico. En esa ocasión, la Fiscalía no reclamó su puesta en libertad, pero la Audiencia Nacional, en una decisión controvertida, decidió aplicarle el mismo criterio que a los anteriores, descartando la existencia de explosivos en los registros, aunque sí de "precursores de explosivos".

Codina, según las investigaciones, formaba parte sin embargo del llamado "núcleo productor" de explosivos y, según el sumario, había convertido su casa en un auténtico "laboratorio", con cantidad de material susceptible de explosionar. En los registros a su domicilio los agentes se incautaron además de objetivos señalados, como torres de alta tensión o cuarteles de la Guardia Civil.

El tribunal alegó "la objetiva inexistencia de explosivos en poder del Sr. Codina"."Únicamente cabe dejar constancia que el tribunal, previamente a la resolución del recurso, ha recabado del juzgado los antecedentes respecto de los objetos y sustancias existentes en el domicilio del recurrente y respecto de los que éste tenía relación, sin encontrar en la pericial preliminar elaborada por los dos técnicos del Grupo de Especialistas en desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil de Barcelona referencia a la existencia de explosivos y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos (precursores), disponiendo el recurrente de documentos con información para elaborar explosivos", se añade en el auto.

La puesta en libertad de la mayoría de integrantes del grupo -en prisión sólo quedan ahora dos- no deja de resultar llamativa. Especialmente, por el detallado informe de la Guardia Civil que, tras su investigación, reveló todo un plan orquestado para cometer acciones tras la sentencia del ‘procés’. En el informe se detallaba además el arsenal que los arrestados habían acumulado, con sustancias para elaborar distintos tipos de explosivo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó el pasado 26 de septiembre el ingreso en prisión provisional sin fianza de los 7 CDR detenidos por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

Papá Noel y el traspaso de competencias
Pedro Insua elespanol 27 Diciembre 2019

Con la implantación del Título VIII de la Constitución del 78, el rodillo nacionalestatutario, en muchas regiones españolas, quiere aplastar y llevarse por delante a figuras navideñas tradicionales como son los Reyes Magos o Santa Claus (Papá Noel) -como tantas otras cosas, al parecer, igualmente "impuestas" desde "Madrid"-, y que van siendo sustituidas por figuras como la del Olentzero, personaje local de algunos municipios vascos y navarros ahora oficialmente generalizado a toda "Euskal Herria", la del no menos inquietante Apalpador, en Galicia, o la del Anguleru en Asturias (esta última ya de creación ex novo para potenciar el uso del bable entre los más jóvenes).

En televisiones locales, y otros medios del País Vasco y Navarra (además de dedicarle casi siempre un espacio en la TVE para que nos enteremos el resto de españoles), se dejan en un segundo plano a Reyes Magos y Papá Noel, para darle protagonismo, el día 24, a la "bajada del monte" del Olentzero, momento en que este barrigudo y borrachín carbonero, transformado para la ocasión, visita la ciudad para recoger las cartas que los niños, por supuesto sólo los vascos, le dirigen.

Así, mientras que Papá Noel se supone que la noche del 24 ha colmado de regalos a "todos los niños del mundo", no lo ha hecho, sin embargo, entre los niños de "Euskal Herria", de cuya distribución ahí, celosos de sus autonómicas competencias, se encarga el Olentzero.

Y es que no importa tanto que este personaje, de origen discutido, tuviese otras funciones, y menos benevolentes, en la tradición local (se dice que bajaba del monte para degollar a los niños, a modo de coco o hombre del saco), lo importante es que sirve para envolver y desplazar (mezcladas con ellas) a las figuras comunes en este sentido (Reyes Magos, Papá Noel), de tal modo que, una vez establecido como "Papá Noel vasco", propio y exclusivo, permita la erradicación, que es lo que interesa a los del "hecho diferencial", de tradiciones que son comunes con el resto de España.

Se dirá que estas tradiciones comunes, particularmente Papá Noel, tienen también un origen muy localizado, y que, promovidas por intereses igualmente espurios (comerciales, etc.), ajenos al entrañable y familiar espíritu navideño tradicional, se han generalizado.

Naturalmente que tanto Reyes Magos como Papá Noel son figuras cargadas ideológica y doctrinalmente, pero, sea como fuera, lograron ser incorporadas como elementos ceremoniales comunes a la sociedad española en ámbitos, además, como el de la familia y la escuela, de gran influencia en la formación temprana de las nuevas generaciones.

La tradición de los Reyes Magos se impone en época medieval en el área mediterránea de difusión cristiana occidental, a la que España pertenece de lleno; Papá Noel tiene más que ver con el desplazamiento moderno de la hegemonía desde el Mediterráneo al Atlántico y mar del Norte, y en el que España también juega un papel fundamental (recordemos que Papá Noel es el san Nicolás de Bari, en el Nápoles dominado por España, difundido ulteriormente, ya como Santa Claus, primero a través del ámbito holandés -provincia rebelde española-, y anglosajón después, por efecto, sobre todo de la influencia que tendrá Nueva York como ciudad alfa en la jerarquía urbana contemporánea).

España, inserta en este contexto geopolítico, asumirá, como todas las sociedades de su entorno, la influencia de estas figuras del proselitismo cristiano que, fundidas con tradiciones locales, le darán un sincretismo característico, con distintas variaciones, pero respondiendo a un patrón común.

Es ahora, con la ideología autonomista del "hecho diferencial", cuando estas grandes representaciones de la tradición cristiana quieren ser desplazadas, inventándose otras ad hoc, traídas por los pelos desde el campanario, pero con pretensiones de autenticidad secular, para justificar así la condición del autogobierno local. Hasta en los regalos de Navidad se quiere liquidar el "centralismo" representado por Papá Noel o los Reyes Magos.

Ignoramos cuándo tuvo lugar el traspaso de competencias, la cuestión es que la magia de Santa Claus da para que en una noche visite los hogares de todos los niños del mundo, pero no puede, sin embargo, con el régimen nacional-estatutario autonómico del Título VIII de la Constitución en vigor. Y es que en España los Reyes no son los padres, son los presidentes de la comunidad autónoma. Vale.

Orgulloso de ser un ‘ñordo’ y un ‘facha’
Sergio Fidalgo okdiario 27 Diciembre 2019

Buena parte de los secesionistas catalanes están enfermos de supremacismo. No todos, porque en todos los colectivos hay honrosas excepciones, pero centenares de miles de independentistas catalanes se creen superiores y están encantados de haberse conocido. Están convencidos de que el hecho de ser nacionalistas y catalanes les otorga un ‘plus’ sobre este planeta, y que son más listos, más trabajadores, más honrados, más productivos, más creativos y más demócratas que los habitantes de lo que consideran ‘país vecino’, España.

Para ellos, ser de Vic y llevar estelada te sitúa en un plano más elevado de la evolución humana frente a una persona nacida en Sevilla. No importa que el ‘indepe’ sea un gañán que se sacó la ESO con dificultades y el andaluz un ingeniero nuclear. Es lo que tiene ser separatista, que te da un subidón de moral ya que cualquiera puede sentirse superior por el mero hecho de gritar “libertad presos políticos” y llevar una chapa con el ‘Free Junqueras’ en la barretina (amarilla, por supuesto).

De hecho, estos secesionistas supremacistas, que son muchos y que han llenado de pancartas propagandísticas y banderas ‘esteladas’ buena parte del espacio público en Cataluña, consideran que los catalanes que no piensan como ellos no son ‘catalanes’. Como mucho, y tienen un buen día, se limitan a llamarte, de forma despectiva, “español”. Pero si esa jornada han tenido demasiada exposición a TV3 o vienen de una reunión para confeccionar lazos amarillos con sus amigos del CDR local, dirán que eres un “facha”, un “quintacolumnista”, un “colono” o un “ñordo”.

Este último término, “ñordo”, es el trending topic entre los ‘influencers’ del secesionismo más tronado, el que se infla a chupitos de ratafía para luego participar en un desfile nocturno de antorchas al estilo de la Europa de entreguerras. Al principio se utilizaba para definir a los ‘españolistas ultraderechistas’, pero como en Cataluña todo aquel que no lleve bordado el lazo amarillo en sus bragas o en sus boxers es un ‘fascista’, se ha generalizado. Actualmente, los millones de catalanes que no somos secesionistas somos unos “ñordos”.

¿Recuerdan aquellos militares soviéticos que llevaban en el uniforme tantas medallas que parecían que se iban a caer de espaldas debido al peso del metal? En el caso de los catalanes libres de nacionalismo cada “ñordo”, “facha” o “colono” es una condecoración más. Y se han de llevar con orgullo, porque cada insulto de los intolerantes es un síntoma de que vas por el buen camino. Si Toni Soler, Pilar Rahola o Carles Puigdemont te ríen las gracias y piensan que eres un buen tipo, malo. Mejor que sus secuaces te llamen “quintacolumnista”. Eso indica que haces lo correcto y que estás defendiendo la democracia frente al totalitarismo que el secesionismo gubernamental practica.

Me siento orgulloso de ser un “ñordo”. Me encanta no ir a un concierto navideño con el ánimo de fastidiar a los asistentes con gritos de “libertad presos políticos” y de sacar esteladas hasta con los pies para convertir un acto cultural en un aquelarre propagandístico. Estoy orgulloso de no dedicarme a cortar las calles, con la complicidad de los Mossos d’Esquadra y las autoridades municipales, para amargar la vida a mis vecinos mientras paseo un palio con una foto gigantesca de Oriol Junqueras o Jordi Turull. Disfruto pensando que no voy a llenar las calles de mi barrio de propaganda excluyente para ocupar el espacio público y amargar la vida a los que no piensan como yo.

Y, sobre todo, estoy orgulloso de ser español, de sentirme español, y de no utilizar mi condición nacional para sentirme superior a nadie. Para mí un separatista no es un “lazi”, es un español equivocado al que tengo que intentar convencer de que España es un proyecto que merece la pena. Y en el caso que no tenga ganas de ser convencido, recordarle que en un sistema democrático hay que respetar la voluntad de la mayoría que representa la soberanía nacional.

En un país tan genuinamente democrático como España, que forma parte del club de democracias más importante del mundo, la Unión Europea, la soberanía nacional reside en todos los españoles. No solo en los españoles que viven en las cuatro provincias catalanas. Si los secesionistas respetan las reglas del juego, son bien libres de pensar como quieran. Incluso de llamarme “ñordo” el día que tengan sobredosis de TV3, ya les he dicho que para mí es un orgullo. Y si no las respetan, siempre nos quedará el Estado de derecho.

Urkullu recaba ya 128 denuncias sin control judicial por presuntas torturas policiales gracias al pacto con Sánchez
L. Sela y C. Cuesta okdiario 27 Diciembre 2019

El Gobierno vasco lleva recabadas ya 128 denuncias al amparo de la conocida como Ley de Abusos Policiales, para el "reconocimiento y reparación" por presunto maltrato por "motivación política".

Así se desprende de una respuesta escrita del Ejecutivo de Íñigo Urkullu a una petición de información por parte del parlamentario del PP, Carmelo Barrio, firmada este jueves y a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En la solicitud se requería información sobre "los expedientes abiertos, resoluciones y actuaciones llevadas a cabo por la Comisión de Valoración" de dicha ley, el órgano extrajudicial y de perfil político encargado de tramitar y conceder dicho reconocimiento.

En su respuesta, el Gobierno del PNV señala que "desde su constitución, la Comisión no ha celebrado ninguna reunión formal, ni ha recabado testimonio ni tramitado expediente ni resolución alguna. Únicamente ha mantenido varias reuniones de carácter formativo".

Añade que "el inicio de los trabajos de la Comisión está pendiente de la aprobación del Decreto de desarrollo del procedimiento para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, producidas en un contexto de motivación política, que se encuentra en trámite". Y concluye: "Hasta el momento se han dado entrada a 128 solicitudes de reconocimiento y reparación".

OKDIARIO ya informó de que el Gobierno vasco había abierto el plazo para recabar denuncias contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por supuestas torturas en el País Vasco.

La norma permite, tanto al PNV como a su Gobierno autonómico, recabar e investigar denuncias de supuestas víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. Como informó este medio, el Ejecutivo de Urkullu ha presupuestado 1,4 millones para reparar a las víctimas de estos presuntos abusos.

Sánchez retiró el recurso
En la actualidad, el Gobierno nacionalista trabaja en el desarrollo del decreto de la conocida como ‘ley de abusos policiales’ -Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política- aprobada por el Parlamento Vasco en abril con los votos a favor de PNV y PSE, la abstención de Bildu y Podemos y el voto en contra del PP.

En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la ley aprobada un año antes por el Parlamento Vasco bajo la denominación de ‘Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999’.

El tribunal acordó la suspensión, entre otros, de la polémica ‘Comisión de Valoración’, un órgano de perfil político encargado de valorar las solicitudes de reparación de las supuestas víctimas. Se trata de un ente ‘parajudicial’ con capacidad para tomar testimonio y con iniciativa de investigación ante supuestos abusos cometidos por funcionarios públicos, que no fueron condenados por la Justicia o, ni siquiera, denunciados ante los tribunales.

Pero el ahora presidente en funciones, Pedro Sánchez, en un gesto hacia el PNV por su apoyo en la moción de censura, acordó la retirada de dicho recurso a cambio de que el Gobierno vasco introdujese varios cambios. En abril, el Gobierno vasco presentó una reforma, que fue aprobada con los votos a favor de PNV y PSE, la abstención de Podemos y Bildu y la oposición del PP.

Esa reforma -que fue también recurrida por PP y Ciudadanos- mantiene la controvertida Comisión, que establece que las presuntas vulneraciones de derechos humanos "se podrán acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa" que las reconozca o "por cualquier otro medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo".

Sin juicio previo
La declaración como víctima implica "el derecho al reconocimiento público" de esa condición, así como "el derecho a la reparación", que comprende una compensación económica "y, cuando proceda, una asistencia sanitaria para superar los daños sufridos como consecuencia de las vulneraciones de derechos humano".

La Ley de abusos policiales pretende investigar, sin juicio, casos de presuntas vulneraciones de derechos humanos, bien sea con resultado de muerte, lesiones permanentes invalidantes o no, casos de maltrato grave y otros casos que se determine.

La Comisión tiene un perfil claramente político. Está compuesta por el director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, tres personas designadas por el titular de la Secretaría General o Viceconsejería competente en materia de derechos humanos, tres expertos en la materia designados por el Parlamento Vasco, dos peritos forenses y un psicólogo o psicóloga designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal.

Este órgano podrá solicitar al Gobierno vasco y a otras administraciones públicas, entidades y órganos, públicos o privados,"antecedentes, datos o informes que pudieran resultar necesarios para la tramitación de los expedientes", así como denuncias, expedientes judiciales, informes médicos, material periodístico y otras diligencias.
 


 


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