AGLI Recortes de Prensa   Domingo 29 Diciembre  2019

¿Se han vuelto locos para complacer a Podemos?
OKDIARIO 29 Diciembre 2019

Si se confirman las acusaciones del Gobierno de Bolivia, que ha denunciado que diplomáticos españoles entraron en la Embajada de México en La Paz, con policías españoles encapuchados y armados, para, en colaboración con las autoridades mexicanas, ayudar a fugarse a miembros del anterior Gobierno de Evo Morales refugiados en la sede consular, estaríamos ante un caso de una gravedad sin precedentes. Sobre los miembros del anterior Ejecutivo boliviano pesan graves cargos, por lo que España habría colaborado en el intento de evasión de la Justicia. Es como si los golpistas catalanes, para evadir la acción de los tribunales españoles tras el 1-O, se hubieran refugiado en una Embajada extranjera en Madrid y policía de otras naciones, cubiertos sus rostros con pasamontañas, hubieran tratado de sacarlos del país.

Bolivia ha apuntado directamente a Podemos, cuyas vinculaciones con Evo Morales son evidentes. El ex presidente boliviano y hoy delegado ante la Comunidad Internacional, Jorge Quiroga, cargó duramente contra Podemos, partido del que dijo estar “muerto de miedo” por las informaciones que puedan aflorar en Bolivia, y consideró que sanchez es cómplice del “neocolonialismo criminal” de la formación de ultraizquierda populista.

Si así fuera, el nivel de ignominia del Gobierno socialista habria superado todas las líneas rojas. Por contentar a su eventual socio de Gobierno habría urdido un plan de fuga para que personas acusadas de graves cargos huyeran de la Justicia boliviana. Sanchez en persona tiene que salir a dar explicaciones. No puede permanecer ni un segundo más escondido. Las acusaciones del Ejecutivo boliviano son de una gravedad tal que el Gobierno de España tiene que responder de inmediato. Si no lo hace, el que calla otorga, habrá que dar por buena la denuncia del Ejecutivo de La Paz y preguntarle a Sanchez si el Gobierno que planea con la izquierda radical y el apoyo de los separatistas va a convertirse en colaborador necesario de dictadores.

Lo ocurrido va más allá de un incidente diplomático porque, si se confirman las acusaciones, el Gobierno socialista de España habría violado la soberanía de Bolivia urdiendo un plan de fuga más propio del chavismo. Si para complacer a Pablo Iglesias Sanchez ha sido capaz de semejante barbaridad, estremece pensar que puede llegar a hacer para contentar a los golpistas catalanes. Todo alcanza un grado de indecencia tal que puede afirmarse que Sanchez está degradando la democracia española a velocidad de vértigo.

Con el Rey
Serafín Fanjul ABC 29 Diciembre 2019

No es la primera vez en nuestra Historia en que la traición viene de arriba. Pero casi nadie quiere darse por enterado, entre la irresponsabilidad de los políticos -que se niegan a ver la inminencia del choque y siguen a lo suyo: cargos, enchufes, comisiones- y la frivolidad de gran parte de españoles. No se trata sólo de asumir riesgos, sino de al menos verlos. Hasta la palabra «traición» suscita tiernos mohines de estupor, cuando no muecas irónicas. También se decía «España se rompe» -en los tiempos del inolvidable Rodríguez- … y España no se rompió, bromea sarcástica la infantería socialista, la que nunca trincará nada porque a nada la convidan, pero que se resarce aperreando al vecino, al cuñado o al sursum corda: sólo les importa llevar razón. O eso creen.

Y es en balde explicarles que si se rompe la unidad de jurisdicción, se acabó España: las legiones de tertulianos gubernamentales y podemitas ya andan sugiriéndolo, en el marco del «diálogo». Es decir, no se podría ni haber encausado a Junqueras, Puigdemont y toda la panda, por poco que haya servido el juicio. No tardarían ni dos semanas en pasar de la situación de iure a la de facto en la proclamación de la independencia, con la misma impunidad a que están acostumbrados desde 1976, bien consentidos, mimados y alimentados por todos los gobiernos centrales. No oigo a nadie pedir cuentas a quienes signaron y rubricaron el pufo vasco -aunque «loss vascoss y lass vascass siguen con gran cabreo», nos perdona la vida el PNV-, porque los gobernantes de entonces, lo mismo que el doctor Sánchez, también querían permanecer en Moncloa y cortaban el paño por la parte más débil, la de quienes no amenazaban ni mataban; ni se exigen responsabilidades por haber entregado el control de las prisiones a los que llevan más de un siglo de deslealtad continua hacia España; o por haberles regalado una Policía que, irremisiblemente, habría de convertirse en policía política al servicio de los separatistas. ¿O es que no lo sabían? Había que ser muy lerdo o muy escapista para no verlo. Perenne trato de favor hacia Cataluña y el País Vasco, en detrimento de casi todos los demás, fijo idéntico odio a cambio. Desde el tiempo de la Restauración del XIX todos los gobiernos y regímenes han insistido en la misma jaimitada: intentar contentar a quien no se contenta con nada y nos considera bestias con aspecto humano - asegura un superhombre que, al parecer, no tiene espejos en su casa-, y a otros similares.

Ya no estamos para amenas diatribas y charletas entre republicanos platónicos y monárquicos prácticos (o viceversa). Llegados al punto actual de desmoralización de la sociedad y desprestigio de la política (ganado a pulso: dejen de llorar), la única institución del Estado que nos queda a los españoles como garante de las libertades, la estabilidad y la unidad nacional es la Corona, personificada en Don Felipe, cuando las otras (los famosos tres poderes) se aprestan para la almoneda que viene, cómplices del enemigo, remoloneando o queriendo ascender. Porque, como agudamente subrayó el Tribunal Supremo, en nuestro país, prodigio del Universo, cualquier maniobra, hasta delictiva, puede ser ensoñación. Y así supimos que cuanto contemplamos en directo por televisión (una asamblea regional cometiendo el máximo delito a su alcance) era puro embeleco, amable trapisonda de románticos gamberros con sentido del humor.

Se ha dicho muchas veces pero no huelga repetirlo: el 3 de octubre de 2017 Don Felipe se ganó el respeto y el corazón de muchos españoles que podían albergar dudas o reticencias contra la institución, por inercia, rutina, sentimentalismo de beatas republicanistas que, de hecho, saben muy poco sobre la II República. El Rey no sólo cubrió el inmenso vacío que estaba dejando un Gobierno tembloroso y desaparecido, logró algo más importante: consiguió que, por fin, en muchos años, una gran cantidad de españoles se sintieran representados y amparados por alguien. Por eso, nunca me he visto más solidario y cercano a un mandatario que en la presencia de Don Felipe en las marchas de las Ramblas en condena del terrorismo islamista, sendas encerronas urdidas por dos gobiernos con objetivos aparentemente dispares pero con un resultado común: dar la cencerrada al Jefe del Estado de España, el Rey, por abrigar el impulso humano de sumarse al duelo y repulsa contra los asesinos, o sea ponerse a tiro de la chusma, que dejó bien clara su categoría moral y cultural, al aprovechar una circunstancia luctuosa para verter su inmenso tesoro de odio, tantos años guardado tras la máscara de la gloriosa Transición.

Jamás pude creerme la patraña de la reconciliación de la izquierda porque yo estaba allí, en aquellos años (muchos), y oía y veía y observaba a las gentes que me rodeaban, los de abajo, no los diputados de su padre y de su madre que apañan sabrosos negocietes inmobiliarios en Levante: Fulano con Zutano, Mengano con Perengano, toda la sopa de letras mal educadas y zafias que asfixian las Cortes. Rodríguez sólo hizo aflorar algo que ya estaba, por bajo de la retórica buenista, de lo contrario habría sido imposible extraer lo que no había, de repente. La opinión se puede modelar/manipular, pero eso lleva tiempo: detrás de Cataluña, ahí va el veneno antiespañol arraigando y prosperando (con dinero del Estado) por Valencia y Baleares. Mientras la derecha política -clarividente y valerosa como es- se apuntaba a cualquier homenaje a Santiago Carrillo o a las manifestaciones localistas más cazurras y catetas en Andalucía, Asturias, Galicia o etcétera, para marcar territorio como autonomistas, modernos, apóstoles de «la gestión», sin más ideología ni ideas que aquellas que imponen la izquierda y los separatistas. Después nos zahieren por no votarles.

El Estado de las Autonomías no da más de sí y estamos rascando el fondo de la olla, así pues si la solución que viene es el Frente Popular, poco y mal disfrazado de democrático, a España le esperan días muy amargos, por la desvergüenza de algunos y la inhibición de los más. Pero si hay que definirse, prefiero mil veces la monarquía de Don Felipe antes que la república del Doctor Sánchez o del Iglesias, el de hogaño o el de antaño. Y no cuenten que hay otras alternativas, porque no las hay.
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Serafín Fanjul es miembro numerario de la Real Academia de la Historia

Tomar como rehenes a las autonomías
Editorial ABC 29 Diciembre 2019

Otro agravio a las regiones: por primera vez en veinte años el Gobierno no las convoca al Consejo de Política Fiscal, mientras negocia con ERC, que quiere acabar con la unidad de España

En la carrera por convertir a las comunidades no afines en simples rehenes que fuercen su investidura como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no repara en esfuerzos. Termina el año y el Ministerio de Hacienda ha incumplido su promesa (otro embuste más) de convocar a las autonomías antes del próximo enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera, de tal forma que por primera vez en veinte años el Gobierno de la nación orilla esta obligación alegando seguramente la socorrida excusa de que se halla en funciones... exactamente igual que estaba cuando el popular Cristóbal Montoro reunió a las regiones para atender sus demandas. No le duelen prendas al sanchismo en apretar donde más les duele a las comunidades, que es en su financiación. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se ha convertido en ese ariete. Sobran los ejemplos, desde aquella renuencia a entregarles los adelantos del IRPF y el IVA que les adeudaba el Estado, en el anterior (y finalmente frustrado) periodo de negociación de Sánchez para ser investido tras las elecciones de abril, hasta la «intervención» de la financiación de Andalucía pretextando el desvío de una décima del déficit en un presupuesto gestionado ¡por la propia Montero cuando era consejera de la Junta Andaluza!

A estas alturas, Sánchez ha dejado claro que España le interesa más bien poco y que prefiere centrar la relación institucional del Gobierno central con las autonomías en todo lo que le es útil en su negociación -llena de opacidad y secretismo- para volver a ser investido presidente, sobre todo con los separatistas que critican al Rey por recordar lo que dice la Constitución y que apoyan a unos condenados en firme por sedición. Esos son sus socios elegidos. Así, el presidente del Gobierno de España no ha consentido hablar con los presidentes autonómicos hasta que estos le fueron útiles como coartada para negociar con el separatista Torra. Hasta entonces, nada de nada. De la misma manera que no comparece ante los medios, contra los que Moncloa ha emprendido una insólita campaña de desprestigio, descalificándolos como profesionales de la información. ¿Imaginan el alboroto progresista si un Gobierno de centro-derecha hubiera calificado de «tertulianos» a los periodistas por su «tendencia enfermiza» a preguntarle a Sánchez. Malos tiempos para las libertades, la transparencia (de la que tanto alardeaban en un principio) y los derechos en este sanchismo, entregado a la adoración a un político que bate el récord nacional de mentiras (y estaba el listón alto), que abusa de su posición institucional (en funciones) para castigar a las comunidades y que solo parece que se esmera en contentar a los enemigos de la unidad de España.

Y no quedó ninguno
Fernando de Rosa esdiario 29 Diciembre 2019

Los españoles nos preguntamos cuál es el precio que Pedro Sánchez está dispuesto a pagar por su investidura, y los que somos adictos a las novela policiaca recordamos la famosa novela de Agatha Christie “Diez Negritos”, también conocida como “ Y no quedó ninguno”, y es este último título es el que mejor refleja la partida de ajedrez que está jugando Pedro Sánchez .

Durante estas semanas somos muchos los que nos preguntamos cuáles son las piezas que está dispuesto a entregar nuestro presidente en funciones para conseguir su investidura y realmente solo se me ocurre pensar cual es el trofeo que persiguen los independentistas , y este premio es la Justicia.

Sánchez está dispuesto a entregar todas las piezas jurídicas una a una hasta que no quede ninguna que pueda suponer un muro de contención a la pretensión última de sus socios que es, en definitiva, la independencia. Gracias a los jueces se pudo parar el golpe de Estado, por eso será la pieza principal que se querrán cobrar, es decir que no hayan jueces que puedan sentarles en el banquillo de nuevo.

Pero para lograr ese objetivo es necesario ir entregando piezas del tablero y en eso estamos estos días. En primer lugar el gobierno ha permitido que los independentistas creen un relato falso sobre el alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, puesto que la inmunidad de un europarlamentario no puede protegerle de los delitos cometidos con anterioridad a adquirir dicha condición como claramente se deduce de la propia Jurisprudencia de dicho Tribunal; en cambio han permitido, por absoluta inacción, que se traslade a la opinión pública que la Justicia europea ha dado un golpe a nuestro Tribunal Supremo y que este ha actuado de forma arbitraria, lo cual es totalmente falso. Estamos ante el primer “negrito”.

La vergonzosa manipulación de la Abogacía del Estado por Pedro Sánchez
En estos momentos se está jugando la partida en el ámbito de la Abogacía del Estado, la segunda pieza a entregar. La credibilidad de una institución de sólido prestigio dentro del ámbito Jurídico está claramente dañada, puesto que Sánchez está permitiendo, por segunda vez, que los independentistas construyan el relato: si informan favorablemente a la libertad de Junqueras están colaborando para conseguir la formación de gobierno, si se oponen obstaculizan la gobernabilidad, da igual el fundamento jurídico que se emplee. El relato ya está construido.

Por eso, cada hora que pasa sin que la Abogacía del Estado informe es una protesta silenciosa de estos grandes profesionales que, según se está filtrando, están sumamente molestos con el papel que el Gobierno les ha hecho jugar en esta partida, se resisten a ser el segundo “negrito” de la novela.

Otra pieza que se quieren cobrar es la fiscalía, en esta partida la Fiscal General del Estado ha sido hábil al mover pieza antes de que el 'Gobierno se pusiera a trabajar' en entregarla puesto que informó a las pocas horas de que el Tribunal Supremo le diera traslado para informe, oponiéndose a la libertad de Junqueras para evitar la presión de Sánchez a través de la ministra Delgado, que para su vergüenza es fiscal, esta maniobra así como su negativa de retirar la acusación de rebelión en el juicio por el golpe de estado independentista es lo que va a provocar , sin duda, que una vez formado gobierno sea cesada María José Segarra y sustituída por un candidato del gusto de esa nueva mayoría “Frankenstein”. Entonces caerá el tercer “negrito”.

Otra pieza que pedirán será introducir los mimbres necesarios para garantizar la autodeterminación como derecho de los pueblos, basándose en que la ley no puede ir en contra de lo que se pide en la calle. Ya lo hemos escuchado a líderes socialistas catalanes, para ello deberá posibilitar, la futura Constitución, la posibilidad de federar comunidades autónomas dentro del Estado plurinacional, así se crearía la gran nación catalana incluyendo a Baleares y la Comunidad Valenciana y la gran nación Vasca incluyendo Navarra.

Sánchez deja la Abogacía del Estado hecha un polvorín y se esfuma en fin de año
No es ciencia ficción, es una realidad que por desgracia se escucha cada vez más en plataformas independentistas. Para ello será necesario cambiar las actuales mayorías en el Tribunal Constitucional y así permitir una reinterpretación de la actual Constitución. Este “negrito” costará más ya que hasta mediados del año 2022 no corresponde al Gobierno la designación de dos magistrados que provoquen este cambio de mayoría, pero en todo caso esa pieza querrá ser cobrada aunque sea en diferido.

El Consejo General del Poder Judicial también está en la lista de los “diez negritos”, puesto que su división en consejos de Justicia territoriales posibilitará su control por los gobiernos autonómicos como ya se consignaba en el estatuto de autonomía de Cataluña que tumbó el Tribunal Constitucional y para eso solo basta con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial , como seguramente tienen previsto en esos pactos oscuros que se están jugando en la partida de ajedrez.

Podemos ir señalando distintos “negritos” como en la novela así como la forma en que se puede pretender que vayan quedando , pero en todo caso el objetivo es que no quede ninguno como precio de esta investidura.

(*) Fernando de Rosa Torner, senador del PP por la provincia de Valencia

El PSOE se entrega a la propagación del tribalismo
Editorial El Mundo 29 Diciembre 2019

La moción aprobada en el Ayuntamiento de León para reclamar la independencia de Castilla y la constitución de una nueva autonomía leonesa está muy lejos de ser una noticia anecdótica. Antes bien se trata de un síntoma evidente -otro más- del proceso de centrifugación identitaria que padece la España de nuestros días. Un proceso que recuerda al cantonalismo que provocó el naufragio de la I República en el siglo XIX y que conspira hoy contra el proyecto colectivo de libertad e igualdad en una sola nación diversa pero indivisible consagrada en la Constitución de 1978.

Se extiende como una epidemia la estrategia demagógica del agravio territorial y los supuestos derechos históricos. Durante estos años, esa estrategia ha servido a los nacionalismos vasco y catalán para chantajear -con triste éxito- al Estado en pos de nuevas cesiones y mayores privilegios que minaban la solidaridad interterritorial, razón de ser del Estado democrático redistributivo. Su debilitamiento ha sido posible porque los dos principales partidos han necesitado los votos de los nacionalistas para garantizarse la gobernabilidad, que han ido pagando a un alto precio. Pero es el PSOE, entregándose al designio plurinacional del PSC, el que está liderando esta tribalización, desde el momento en que asume como propias posiciones antaño marginales como las de Unión del Pueblo Leonés. Lo que empezó Zapatero lo está llevando Sánchez hasta el paroxismo y por la misma razón: la falta de escrúpulos a la hora de supeditar, en su política de alianzas, todo sentido de Estado a la conquista y conservación del poder. Que los socialistas leoneses voten con Podemos la ruptura de su comunidad solo prueba que el PSOE ha sustituido en sus reivindicaciones la clase por la identidad y la desigualdad material -los problemas de Castilla y León se llaman despoblación o envejecimiento- por el victimismo histórico. Es decir, abraza una deriva reaccionaria en la que Podemos, depositario de la vieja lógica autodeterminista del comunismo, ejerce de socio necesario en la tarea de impugnar el ideal igualitario del 78.

Que la moción votada en León coseche un efecto dominó en otros tres municipios de la provincia (de momento) se veía venir. Que otros lugares como Cantabria o Teruel imiten la lucrativa táctica del victimismo identitario para canjear votos por inversiones, también. Si la deslealtad llevada al golpismo en Cataluña obtiene el premio de una interlocución privilegiada -hasta bilateral- con el Estado por interés personal de Sánchez, se vuelve imposible la pedagogía respecto del valor de la unidad y la cohesión. Falla quien debiera ser el principal abogado de la causa: el presidente.

De agudizarse esta tendencia, la arquitectura institucional de la España de las autonomías se vendrá abajo, socavada a un tiempo por las tensiones separatistas y por la simétrica reacción centralista. Todo lo que se anudó en 1978 se desatará y habrá de rehacerse. Pero sin la clase política de entonces ni la toma de conciencia a que invitaba la superación de una dictadura.

¿Dónde vas Pedro Sánchez, triste de ti? España tiembla
Mientras Cataluña se ha convertido en una hoguera independentista, España lleva camino de su sovietización galopante
Miguel Massanetdiariosigloxxi 29 Diciembre 2019

Mientras se está deshojando la margarita sobre cuál será el informe de la abogacía del Estado sobre la cuestión catalana y la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, en lo que respecta a la situación interior de nuestra nación, estamos temblando ante la posibilidad del rédito que pudieran sacar los separatistas catalanes, que están cumpliendo condena en las cárceles catalanas y este fugado de la Justicia, este bon vivant de Carlos Puigdemont, que, por los raros designios del Destino, sigue campando por sus respetos, creando problemas a nuestro gobierno y dejando que el resto de los que intervinieron en aquel simulacro mal parido de referendo, sufrieran las consecuencias de sus actos en la cárcel, mientras él sigue esparciendo por donde fuere palabras de odio, de desprecio y de traición hacia España y todos aquellos que, no perteneciendo a esta exigua minoría del pueblo español que pide la independencia de Cataluña, se sienten a sus anchas vilipendiando todo lo referente a la españolidad y tachándonos, al resto, poco menos que de ignorantes y opresores de los catalanes que, como de todos es sabido, siempre han sido “los peor tratados” de las 17 autonomías en las que se divide España.

Y estamos obligados a ver como una señora Robles, indignada, carga contra el general retirado, don Fulgencio Coll por haber tachado a nuestro presidente en funciones, señor Pedro Sánchez, de traidor a España y a los españoles. Esta señora, ministra de Defensa, pese a sus escasos conocimientos sobre la milicia y lo que es un Ejército, debiera de saber que este general está retirado, que forma parte de un partido bastante representativo dentro del Congreso ( 52 escaños) y que no está excluido del derecho que tenemos todos los españoles, incluso ella, de expresar libremente lo que pensamos sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y, todavía con más razón, si de lo que damos nuestra opinión es de algo que afecta directamente a la Constitución, a la unidad de España y a defender a la nación de cualquier intentona de conseguir sacar provecho político de unas negociaciones con determinados clanes políticos formados por elementos claramente dispuestos a conseguir la independencia de la comunidad catalana o dispuestos a sovietizar a la población española, según el sistema totalitario que nos pretenden imponer, según el modelo que han conseguido implantar, gracias a Maduro, en Venezuela. Si ella piensa que su líder, el señor Sánchez, está libre de toda culpa pese a estar negociando con unos señores evidentemente separatistas, cuyo principal representante, el señor Junqueras, residente en la cárcel de Lledoners o si a ella le parece correcto poner de chupa de dómine a la oposición, formada por los partidos de derechas o centroderecha, simplemente por no apoyar la investidura, para presidente del gobierno español, de un señor que, entre sus planes confesados, tiene el de formar coalición con Podemos e IU, con el apoyo del señor Junqueras y sus independentistas, seguramente debería hacérselo mirar, porque existe el evidente peligro de que los verdaderos españoles, no los que son como ellos que buscan alcanzar el poder a toda costa, lleguemos a pensar que puede que ella también, si apoya la política de su jefe, pueda ser cómplice de lo que ocurra en España si llegamos a caer bajo las zarpas de semejantes exaltados, capaces de formar alianzas cuyos propósitos declarados conducen directamente al mayor desastre que le pudiera suceder a la nación española.

Y mientras el Gobierno, del que se sospecha que retiene el informe de la abogacía del Estado, para poder conseguir, a cambio de él (se supone que pudiera ser favorable a una interpretación de la sentencia del TSUE que favoreciera a los políticos catalanes encarcelados que, como Junqueras, pudieran ser favorecidos en sus aspiraciones de conseguir la libertad; de modo que sirviera para que ERC tuviera la excusa perfecta para abstenerse en la sesión de investidura de Sánchez), sigue mareando la perdiz, impaciente porque, cuanto antes, se pudiera producir la formación del nuevo gobierno que tiene preparado; en Cataluña, todo lo relacionado con el ensalzamiento de una futura independencia, la proyección, especialmente encaminada a tener efecto en las naciones del resto de Europa, de una propaganda antiespañola, enormemente manipulada, basada en toda una serie de invenciones, embustes, calumnias y argumentaciones torticeras, que se pueden realizar gracias a una retahíla de embajadas catalanas, expresamente prohibidas por su carácter separatista pero, como tantas otras materias que han sido prohibidas por el TS y el TC, siguen funcionando sin que los actuales gobernante del país en funciones se atrevan a impedirlo, tan necesitados se encuentran de conseguir el apoyo de ERC. No olvidemos al señor Carlos Puigdemont que, aparte de parecer estar beneficiado por la sentencia que se ha dictado sobre el caso Junqueras, sigue en su actitud de vender a todos aquellos que le quieren escuchar que, España, es la culpable de toda la inestabilidad de Cataluña y que la “opresión” que ejerce el Estado español es la que impide que esta autonomía consiga despegar como, según él dice, debiera hacerlo.

El periódico catalán La Vanguardia, del grupo Godó, por su parte, no ceja en sus intentos de vender sus particulares ideas de lo que es la Justicia y su funcionamiento. Por ejemplo la señora Carlota Guindal intenta hacernos creer que el informe de la abogacía del Estado es esencial y que el TS “no pude prescindir del criterio de la Abogacía”. No sabemos en qué universidad habrá estudiado esta corresponsal, pero a muchos nos parece muy temeraria esta opinión que, por supuesto, no parece ser cierta porque, que sepamos, no está escrito en ninguna Ley que, unos abogados cuya principal función es hacer de abogados del Estado y, en consecuencia, no dejan de ser unos señores cuya misión es defender la postura del Gobierno ( queda por saber hasta qué punto estarían obligados a emitir un informe con el que no estuvieran de acuerdo o si, en caso de que el que emitiesen no fuera favorable a los intereses del Gobierno, pudiera ser causa de represalias sobre dichos funcionarios), una postura que, naturalmente, no tiene por qué ser asumida por el TS ni porque influir, en lo más mínimo, en la resolución final que sobre el tema que contemplamos tenga a bien emitir. Es más, esperamos que no prevalezca sobre el informe que los fiscales emitieron, apenas tres o cuatro horas después de conocida la sentencia del TJUE, sin necesitar tantos comadreos ni indecisiones, porque fueron claros en rechazar aquella opinión e insistieron en que se siguieran los procedimientos iniciados contra los huidos de la Justicia y en no considerar prudente poner en libertad a Junqueras y sus compañeros encarcelados.

Y un inciso respeto al tema del general retirado, señor Fulgencio Coll .La pizpireta ministra de defensa, señora Robles, al ser consultada sobre las declaraciones del general Coll, pretendiendo quitarles importancia (todos sabemos lo que preocupa a las izquierdas cuando se habla del rumor de sables) ha querido zanjar el asunto manifestando que: “nadie de las fuerzas armadas le ha trasladado ninguna preocupación”. Una respuesta muy inocente por proceder de una persona a la que se atribuye una inteligencia propia de una magistrada, porque sería muy curioso que cualquiera de los militares descontentos (nos imaginamos que muchos más de los que pueda pensar la señora Robles), tal y como está la situación en España, iban a ser tan inconscientes de irse con el cuento de sus protestas a la señora ministra que, como es sabido, forma una de las piezas principales de este sector adicto al señor Pedro Sánchez, colaboradores directos en todas estas operaciones en las que los ha metido su líder, un verdadero maestro en cuanto a utilizar las alcantarillas de la política para conseguir, si no legalmente por los medios que fueren necesarios, sólo comparables con los usados por el inquieto bailarín, que dirige el PSC, don Miguel Iceta que, para muchos de los expertos en política que siguen la situación de España, parece ser que se ha convertido en uno de los pilares mejor situados en los que se viene apoyando, en lo que respeta a sus intentos de conseguir el apoyo de ERC a su investidura, el mandamás señor Sánchez.

Antes de concluir, un apunte para el señor Casado del PP. Estamos convencidos de que está siguiendo el camino adecuado desde que las pasadas elecciones de Noviembre le devolvieron muchos de los votos que el partido había perdido en anteriores comicios. Nos gustan sus intervenciones en público y estamos convencidos de que va a conseguir más votos del partido de Ciudadanos, hoy en día, reducido a un rescoldo de lo que fue en otros tiempos gracias a que el señor Rivera, como le sucedió a Rajoy, cometió errores políticos muy graves que lo distanciaron de sus bases y que produjeron importantes abandonos de entre los que habían sido sus principales apoyos dentro del partido. Sin embargo, hay un punto en el que creemos que no está acertando. Puede ser que considere que VOX es un partido que potencialmente puede llegar a ser su mayor adversario en las urnas. Pero, para esto falta todavía, salvo fracaso prematuro del nuevo gobierno de coalición que se nos viene anunciando, para que tenga que preocuparse porque estamos empezando una legislatura de cuatro años. Tenemos la impresión de que, siendo evidente que para gobernar en muchos puntos, de los escasos en los que ha tenido la oportunidad de conservar, viene precisando del apoyo de VOX y Ciudadanos, resulta un poco prematura esta campaña, a cara de perro, que parece que alguien le ha recomendado que haya iniciado en contra de los señores del partido del señor Carbajal.

Nos parecería lógico que seis o cinco meses antes de los nuevos comicios, quisieran marcar distancia con sus competidores de derechas, no obstante, es obvio que, en la actualidad, ante los desafíos a los que van a tener que enfrentarse en los próximos meses, provocados por un gobierno de izquierdas que parece dispuesto a usar el tiempo que se mantengan en él, para acabar con nuestra economía, nuestra imagen ante el resto de Europa y, quien sabe, si ante una situación en la que, desde Bruselas, se nos requiera seriamente ( por ejemplo: ya lo han hecho respecto a nuestra deuda pública y, también, en relación a nuestro déficit público) por el incumplimiento reiterado de sus amonestaciones para que normalicemos nuestras cuentas. Un Gobierno que ya viene anunciando que van a anular la reforma laboral, aún antes de que haya conseguido subir al poder; lo que parecería más inteligente, lo más prudente y sensato sería unir fuerzas y presentar, junto con Ciudadanos, un frente común de centro-derecha para intentar, dentro de lo posible, que lo que se nos viene encima, que no es poco, no sea tan deletéreo como todos pensamos que podría ser.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, creemos que sería conveniente, para el bien de todos aquellos españoles, especialmente los que vivimos en Cataluña, que muy a pesar nuestro somos los que más desamparados nos sentimos, en manos de un insensato como es pedro Sánchez. Y esto no ha hecho más que empezar.

Unos presupuestos para Madrid
Rocío Monasterio ABC 29 Diciembre 2019

En los últimos años se está adquiriendo el mal hábito de normalizar un mecanismo excepcional: la prórroga presupuestaria. Esta figura permite a los gobiernos aprobar unos presupuestos sin tener que someter la Ley General de Presupuestos al debate parlamentario y, por tanto, al control de las cámaras correspondientes.

Pero hay algo más grave: los presupuestos que se aprueban no se corresponden con las necesidades y preocupaciones -de carácter económico y social (entre otros)- de los españoles. Del mismo modo que cualquier familia, autónomo, empresario, etcétera, no organiza su economía de acuerdo con problemas pasados, sino a posibles dificultades o imprevistos actuales (pérdida de empleo, un familiar dependiente), los presupuestos deben adaptarse a las necesidades presentes y futuras de los madrileños y no de los políticos. Necesidades presentes de carácter económico como la reducción de la deuda pública, sobre todo, tras la advertencia por la Airef del alto riesgo de incumplimiento de la regla de gasto. La deuda es un impuesto en diferido que hipoteca a las próximas generaciones y merma nuestra soberanía al depender de los mercados. ¿Es posible realizar una bajada drástica de impuestos sin aumentar la deuda pública? Claro que sí, pero ello exige eliminar la grasa que asfixia a las clases medias y trabajadoras: el desorbitado gasto político, las subvenciones ideológicas y el sobredimensionado sector público.

Necesidades presentes de carácter social como la vivienda, inaccesible para muchos madrileños; la sanidad, saturada y prestando servicios a inmigrantes ilegales cuyas facturas no son retribuidas por sus países de origen; la inseguridad que reina en algunos zonas de la región como consecuencia de la política de menas, a la que se han destinado recientemente veinticuatro millones de euros; o la atención a las personas dependientes, ya que actualmente una persona en esta situación debe esperar 276 días mientras se tramita su expediente, cuando la normativa establece que el plazo máximo para resolver los casos es de 180 días.

Todo lo anterior son sólo algunas de las cuestiones que afectan al presente de los madrileños. Pero también al futuro. Si no se abordan presupuestariamente esos temas, la situación va a ir a peor. Por eso hemos introducido una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Deducciones Fiscales. En concreto por tres motivos. En primer lugar, porque es una bajada poco ambiciosa. En segundo lugar, porque no viene acompañada de una reducción del gasto político. Y, en tercer y último lugar, porque lo que necesitamos es unos nuevos presupuestos que afiancen la prosperidad social y económica de los madrileños.

No nos conformamos con una leve bajada de impuestos, que ni siquiera está contemplada en los Presupuestos que se van a prorrogar, y que ni siquiera compensa el gasto político creado por el Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos. En apenas cuatros meses han incrementado el gasto con cuatro nuevas consejerías y numerosas viceconsejerías, direcciones generales, comisarios del bienestar animal, etcétera, que superan con creces los dieciséis millones previstos y cuya supresión permitiría una rebaja fiscal aún mayor.

Nosotros creemos que necesitamos unos nuevos presupuestos que permitan una reducción drástica de los impuestos, del gasto político y de la deuda. Así se lo transmití a la presidenta del Gobierno de la Comunidad en el pleno de este jueves. Queremos llegar a un acuerdo y proponemos tres medidas del acuerdo vigente de Vox con PP y Ciudadanos como punto de partida para las negociaciones: eliminar el gasto político innecesario y las subvenciones con fines ideológicos, racionalizar el sector público institucional y, como consecuencia de lo anterior, una bajada de impuestos ambiciosa destinada a fortalecer a las clases medias y trabajadoras. A partir de ahí estamos dispuestos a sentarnos, hablar, negociar y alcanzar acuerdos. Si en Andalucía fue posible con las mismas formaciones políticas (con Vox, PP y Ciudadanos), ¿por qué no vamos a ser capaces de ofrecer unos presupuestos que den estabilidad y prosperidad social y económica a los madrileños? ¿Qué lo impide? Esta pregunta quizá la deberían responder desde las bancadas del PP y Ciudadanos.

En Andalucía propiciamos la eliminación de las subvenciones a chiringuitos ideológicos y la creación de una deducción autonómica para familias numerosas, un teléfono para víctimas de la violencia intrafamiliar o un plan de seguridad para frenar la violencia en los centros de menas. Hoy Andalucía está mucho mejor, y la mejor prueba de ello es que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez quiera intervenirlo, a pesar de que la máxima responsable del déficit es su ministra de Hacienda.

Los madrileños necesitan unos presupuestos que den respuesta a las preocupaciones y a las dificultades que atraviesan. Prorrogar los presupuestos es un error. Convertirlo en una práctica habitual, una señal de la inutilidad de los políticos.
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Rocío Monasterio es portavoz nacional de Vox

Quiroga acusa a Sánchez: «Intenta salvar su pacto de Gobierno ocultando el dinero criminal recibido por Podemos»
Carlos Cuesta okdiario 29 Diciembre 2019

Jorge Quiroga acaba de lanzar una acusación directa contra Pedro Sánchez: la de pisotear la soberanía de Bolivia con hombres armados para hacer un gran favor a Podemos. Un favor consistente en ocultar la información que tres personas cobijadas en la Embajada de México en La Paz pueden aportar sobre las finanzas de la formación morada. Las tres personas están en contacto con el narcotráfico que ha financiado las dictaduras populistas, según Quiroga. Y las tres personas igualmente saben “la plata” que ha obtenido Podemos de países como Bolivia o Venezuela.

El delegado ante la comunidad internacional del Gobierno interino de Bolivia, Jorge -Tuto- Quiroga ha avisado al presidente en funciones español, Pedro Sánchez, de que el envío de agentes armados GEO a la Embajada de México en La Paz va a ser trasladado al Grupo de Lima ante el abuso que supone y el trasfondo que implica. Quiroga pide a Sánchez que “asuma su responsabilidad" por enviar “cuatro encapuchados armados” para acompañar al personal diplomático de España a la residencia de la embajadora mexicana en Bolivia, María Teresa Mercado.

Quiroga ha incidido en que la orden de enviar a los cuatro GEO armados tuvo que provenir del Gobierno de Sánchez. Y que la explicación es sencilla: Sánchez intenta salvar su pretendido “co-gobierno con Podemos”. Y Pedro Sánchez y Unidas Podemos, “deben estar muertos de miedo” de que se haga pública la información de la que disponen Juan Ramón Quintana y Héctor Arce, exministros de la Presidencia y de Justicia de Evo Morales. Igualmente Quiroga cree que otra de las personas escondidas en la Embajada Mexicana, el exdirector de la Agetic, Nicolás Laguna, tiene también información sensible sobre los morados.

“Ahora están en el co-Gobierno con Sánchez y ahora están muertos de miedo de que desde Bolivia y Venezuela se denuncie y se desvele la enorme cantidad de dinero que le robaron a nuestros países estos señores a nombre de hacer colonialismo constitucional”, aclara Quiroga.

Pero la explicación va más allá. Y apunta a la percepción de dinero “criminal”, de dinero manchado por el “narcotráfico”, con el que habrían tenido contacto o tenido acceso a información los tres mencionados.

Quiroga anuncia su deseo de que Bolivia recurra al Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar lo que cobra signos evidentes de una “conspiración contra la reconstrucción democrática” del país por parte de México y de España.

Quiroga va más allá y califica a Sánchez de “otro padrino de tiranos”, rango que le iguala a “López Obrador”.

Porque, según los datos de Quiroga, la clave se encuentra ahí: en la percepción de dinero criminal por parte de Podemos, un dinero que, en caso de descubrirse, puede poner en serios apuros el pacto de Gobierno en España entre PSOE y la formación de Pablo Iglesias. Y según Quiroga, ese es el motivo del envío de los GEO a La Paz.

Caso Junqueras: la Junta Electoral avala la inhabilitación automática de los condenados por sedición
Luz Sela okdiario 29 Diciembre 2019

La Junta Electoral Central (JEC) tiene en sus manos impedir que Oriol Junqueras pueda adquirir la condición de eurodiputado. Expedientes del organismo, que decidirá sobre este asunto el próximo viernes, avalan la suspensión automática para el cargo de los condenados por sedición, entre otros delitos.

La decisión de la Junta se adelantará así a la del Tribunal Supremo, que procederá a la discusión sobre el líder de ERC tras el parón navideño, a partir del 7 de enero.

La petición ha sido activada por PP y Ciudadanos, partidos que han solicitado a la Junta Electoral que comunique al Parlamento Europeo que Junqueras ha perdido la condición de eurodiputado debido a la condena firme a 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación.

En el escrito de los ‘populares’ se destaca que el artículo 6.2 de la Ley Electoral establece que resultan "inelegibles" los "condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad en el periodo que dure la pena".

En este sentido, exponen que "la inelegibilidad afecta al acto electoral en su raíz y comporta, en el caso, por ser sobrevenida la pérdida de la condición representativa adquirida, la de diputado del Parlamento Europeo, al haber sido inhabilitado en virtud de sentencia firme, por la comisión de un delito de sedición".

Añaden también que el propio Tribunal Supremo, en sentencia reciente (de abril), considera que el artículo mencionado, en su última reforma, "tiene un sentido omnicomprensivo no limitativo en lo que concierne al artículo 23.2 de la Constitución, en aras a una mayor protección de las instituciones públicas haciendo emerger una orientación más cercenadora respecto a condenados a la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público".

Y señalan que: "Las causas de inelegibilidad lo son tambien de incompatibilidad, de aplicación a todos los procesos electorales, incluidas las elecciones al Parlamento europeo".

Varios expedientes a favor
En concreto, la Junta Electoral se pronunció en ese sentido en un expediente, de julio de 2018, en el que avala la "inelegibilidad" de los condenados por delitos, entre otros, de sedición y alega que dicha condena no sólo es causa de "inelegibilidad" sino de "incompatibilidad" y, por tanto, comporta la "suspensión de cargos públicos". En dicho contexto, afirma el organismo que procede a declarar la "correspondiente vacante" y a "tramitar la oportuna credencial al candidato que corresponda".

La tesis se refuerza en otro expediente similar, de 2016, en el que se destaca que delitos como el de sedición (además de rebelión y otros contra la Administración Pública) "por su naturaleza y gravedad afectan particularmente al ejercicio de los cargos electos".

Esa inhabilitación, además, resulta automática para el organismo. En abril de este año, por ejemplo, determinó en otro expediente -relativo a la sustitución de un concejal por un delito de prevaricación- que la "incompatibilidad sobrevenida se produce ex lege", de forma inmediata y sin que medie más procedimiento. "Lo contrario", se avisa, "produciría una dilación indebida de la ejecución de una sentencia judicial, lo que afectaría al derecho fundamental al cargo público de quien deba sustituir" al cargo en cuestión.

En noviembre, la Junta Electoral Central ya desestimó el recurso de ERC en el que se solicitaba que se restituyese a Oriol Junqueras, ya condenado, como su candidato a las elecciones del 10-N. El organismo consideró que no procedía atender dicha reclamación porque el dirigente había sido condenado y por tanto, era "inelegible". La defensa de Junqueras había solicitado además en su recurso la puesta en libertad del líder de ERC.

La Junta Electoral Central tomará la decisión en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE , que estableció que la inmunidad de Junqueras como eurodiputado empezó el mismo día de las elecciones al Parlamento europeo, el 26 de mayo.

Antes se conocerá el escrito de la Abogacía del Estado, que tiene de plazo hasta el día 2 para presentar sus conclusiones. En junio, los servicios jurídicos del Estado se mostraron favorables a que el líder de ERC pudiese realizar los trámites para adquirir la condición de eurodiputado.

La mutabilidad de las naciones
Roger Senserrich. vozpopuli  29 Diciembre 2019

La identidad nacional, la nacionalidad, es algo que dista mucho de ser algo binario o fácil de clasificar a poco que miremos de cerca. Es más sutil, más complejo, y muchos menos profundo de lo que nos hacen creer demasiados nacionalistas identitarios ahí fuera, y mucho más maleable de lo que creemos.

La caída de la Unión Soviética dejó detrás de sí una docena larga de Estados siguiendo las caprichosas fronteras de las repúblicas soviéticas. Estas particiones forzosas quebraron naciones y culturas, separaron pueblos y dejaron a millones de personas viviendo en estados dominados por otro grupo nacional.

De todas las minorías desplazadas en la era postsoviética, la mayor de todas ellas son los rusos. Tras siglos de expansión zarista, muchos territorios del vasto imperio soviético tenían notorias minorías rusas. Su presencia y posición social, sin embargo, variaba enormemente en cada territorio. En Estonia, por ejemplo, el papel de la ahora-minoría rusa en la economía y gobierno era el de una mayoría étnica intentando asimilar una cultura nacional y fracasando, mientras que en Ucrania era más transaccional, con el estado zarista/soviético dando poder y prestigio social a los ucranianos que se asimilaban. En muchas repúblicas asiáticas, sin embargo, los rusos eran poco menos que autoridades coloniales, ejerciendo poder sobre súbditos lejanos.

El porcentaje de rusos en cada nuevo estado varía considerablemente. Los rusos llegaron a ser más de un 30% de los habitantes de Kazajstán, un 25% en Estonia y Letonia o un 17% en Ucrania, pero apenas son un error de redondeo por debajo del uno por ciento en Georgia, Armenia o Tayikistán.

Para un sociólogo avispado, la caída de la URSS presentaba una oportunidad única. Los rusos en toda la diáspora se enfrentaban al mismo choque exógeno de ser extranjeros en su propio país simultáneamente, pero el punto de partida era completamente distinto. Cómo respondían al nuevo mundo podía ayudarnos a entender los procesos de construcción nacional.

Eso es precisamente lo que hizo David Laitin en la segunda mitad de los noventa en su libro Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad, y sus conclusiones son fascinantes. Para Laitin, los rusos tienen varias opciones ante sí. Pueden decidir asimilarse, aprendiendo el idioma dominante del nuevo estado y participando en lo posible en el sistema político y económico. Pueden organizarse y actuar como un bloque étnico, preservando en lo posible su idioma o cultura. O pueden largarse, haciendo las maletas y volviendo a Rusia.

Supongamos, por ejemplo, el caso de una familia de rusa que vive en Karaganda, cuarta ciudad de Kazajistán, tras la caída de la URSS. Llevan años viviendo en el país en un barrio mayoritariamente ruso y no hablan Kazajo. Durante la era soviética, eso no importaba; trabajaban en los pozos de petróleo, todo el mundo en la oficina hablaba ruso, y el kazajo era el idioma que se hablaba en la calle, pero no en los despachos. Post-independencia, sin embargo, el rol social del kazajo deja de ser secundario, y el gobierno pasa a utilizarlo casi en exclusiva. Los miembros de esta hipotética familia empezaran a plantearse si vale la pena aprender el idioma, y si deben escolarizar a sus hijos en un colegio kazajo o no.

Lo fascinante de este proceso es que esta decisión no la toma nadie en solitario, sino que es el resultado de las interacciones y expectativas de los miembros de una comunidad. Es posible que Iván, el vecino del quinto, sea un nostálgico de la era soviética que se mofa de todo aquel que intenta aprender un idioma de campesinos como el kazajo. Quizás otros familiares están muy orgullosos de ser rusos, y creen que es muy importante mantener la cultura. Es posible que el gobierno kazajo, mientras tanto, desconfíe de su minoría rusa, e incluso cuando se asimilan busque marginarlos.

Laitin concluye, tras un monumental ejercicio de investigación que combina encuestas, etnografías, modelos de elección racional, multitud de fuentes locales y un enciclopédico conocimiento de la historia de la región, que las identidades nacionales son mucho más flexibles de lo que parecen.

Los rusos en cada uno de los cuatro países en los que concentra su investigación (Estonia, Lituania, Kazajastan y Ucrania) viven en planetas distintos, y en cada lugar deciden sobre si deben seguir siendo rusos o no según los incentivos políticos, económicos, y sociales que les rodean. Los rusos en Ucrania siguieron mirando a Moscú en vez de a Kiev porque mantenerse como grupo étnico distintivo era racional para ellos; la intelligentsia ucraniana era mayoritariamente rusófila, y las regiones orientales del país representaban un bloque político sólido para tener un papel decisivo en la política ucraniana. En Kazajastán, sin embargo, las nuevas autoridades excluyeron activamente a la enorme minoría rusa de oportunidades económicas o políticas, retirando el estatus del ruso como lengua oficial. En consecuencia, muchos o bien se han asimilado o bien han emigrado de vuelta a Rusia.

Lo intrigante del libro de Laitin, y que se repite en muchos estudios parecidos sobre identidad nacional y asimilación en inmigración, es que la identidad nacional de un individuo no es una característica innata e inamovible, sino una esencialmente racional. Nacemos y nos socializamos como miembros de una nación cultural determinada, pero podemos cambiar qué queremos ser para adaptarnos al contexto. La leyenda que lo primero que hizo Henry Kissinger al llegar a Estados Unidos en 1938 fue hacerse republicano porque eso era lo que se esperaba de un WASP con ansias de movilidad social en la costa este es probablemente apócrifa, pero es una historia que suena como real a cualquier inmigrante. Nos adaptamos al mundo en que vivimos, y a menudo lo hacemos cambiando quiénes somos.

Esto no quiere decir, por supuesto, que mantener y preservar lenguas o identidades culturales no sea algo legítimo y digno de ser defendido. Una lengua es una forma de ver el mundo; las tradiciones, costumbres, y cultura de una identidad nacional son expresiones de la creatividad humana que merecen ser preservadas. Las naciones, no obstante, no son seres o criaturas esenciales que viven fuera del mundo; nos definen, ciertamente, pero lo hacen porque nosotros decidimos que así sea, no porque sean una característica inamovible de nuestro ser.

El ocaso sangriento de la teocracia iraní
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli 29 Diciembre 2019

Irán vive, desde el pasado 15 de noviembre, una ola de manifestaciones contra la dictadura islamista por la subida del precio del combustible. La respuesta del régimen ayatolá ha sido la represión: se estima que el número de víctimas mortales supera las mil quinientas

El régimen teocrático y totalitario imperante en Irán desde la caída del Sha Reza Pahlevi y la llegada al poder del Ayatolá Jomeini en 1979 podría estar viviendo sus últimos meses de existencia entre explosiones de violencia en las calles y una brutal represión de las protestas. La actual ola de manifestaciones de rechazo a la dictadura islamista se inició el 15 de noviembre pasado a raíz de la decisión del Gobierno de triplicar el precio del combustible. Esta medida, que castiga severamente a las familias modestas y a las pequeñas empresas, ha encendido la indignación de una población ya muy soliviantada por la corrupción de la élite clerical que rige el país y por los tremendos dispendios en las acciones bélicas y terroristas en Siria, Yemen, Iraq, Somalia, Libia y otros lugares.

Aunque el origen de las alteraciones del orden público haya sido un asunto muy concreto, pronto éstas se han transformado en un fenómeno de carácter netamente político exigiendo un cambio de sistema. La quema de efigies del fundador, Ruhollah Jomeini, y del Líder Supremo, Ayatolá Alí Jamenei, así como los ataques a sucursales bancarias, comisarias, instalaciones gubernativas y cuarteles de la Guardia Revolucionaria, han proliferado y se han extendido a un centenar de ciudades, incluida la capital, Teherán.

Se estima, a partir de informaciones obtenidas de fuentes del interior del régimen, que el número de víctimas mortales supera las mil quinientas, entre ellas diecisiete menores de edad y cuatrocientas mujeres, los heridos son siete mil y los detenidos doce mil. Se trata de la actuación más letal de los Guardias Revolucionarios y las milicias Basij en los cuarenta años de vida de la República Islámica. En la revuelta del llamado Movimiento Verde, tras las elecciones fraudulentas del presidente Ahmadinejad en 2009, la cifra de muertos no llegó al centenar y en las recientes algaradas para expresar el descontento de la ciudadanía por el deterioro de las condiciones de vida en 2017 y 2018, los fallecidos fueron una veintena.

El inusitado nivel de la respuesta de las autoridades al presente desbordamiento de contestación masiva al régimen se debe a la percepción por parte de la cúpula de la República Islámica de que en esta ocasión el peligro de verse derribada es real y que únicamente el uso de la fuerza extrema puede garantizar su supervivencia. El propio Líder Supremo reunió el 17 de noviembre en un encuentro de urgencia al Presidente de la República, Hasán Rohani, al ministro del Interior, al jefe de la Guardia Revolucionaria y a otros altos cargos responsables de la seguridad, para ordenarles taxativamente que acabaran con las protestas sin reparar en medios.

El resultado ha sido una carnicería espantosa en la que tiradores situados en las azoteas han disparado a matar en la cabeza o en el pecho de los manifestantes y las brigadas antidisturbios han ametrallado sin contemplaciones a multitudes desarmadas e indefensas. La Alta Comisaria para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, ha condenado estos abusos, pero paradójicamente ha solicitado al Gobierno iraní “una investigación independiente” sobre el alcance y circunstancias de la matanza. El encargo a los criminales de realizar averiguaciones sobre sus crímenes revela que la ex-Presidenta de Chile o bien posee una inteligencia limitada o, lo que parece más plausible, no desea incomodar en exceso a los enturbantados verdugos del pueblo iraní.

A la vista de estas dramáticas circunstancias, la comunidad internacional personificada en elConsejo de Seguridad de Naciones Unidas debería intervenir urgentemente antes de que Irán se transforme en un matadero a gran escala. Es imprescindible una comisión de investigación de la ONU que establezca in situ el número de víctimas y de arrestados y que identifique a los responsables de tales atrocidades para ponerlos en su momento ante un tribunal nombrado al efecto.

Hay que reconocer que, pese a sus muchas excentricidades y salidas de tono, Donald Trump es el único mandatario de Occidente que ha comprendido la verdadera naturaleza de este régimen y la inutilidad de las maniobras de apaciguamiento y de diálogo para mantenerlo a raya. La única solución a la permanente amenaza que representa la teocracia de los ayatolás para la estabilidad y la paz mundiales, y para evitar el terrible sufrimiento que inflige al pueblo persa, es la presión diplomática, económica y política sobre la República Islámica combinada con el apoyo decidido a la oposición democrática y a las acciones emprendidas por el heroico pueblo iraní en busca de su liberación.

Revelación del Gobierno de Bolivia
Interior falseó los pasaportes de los GEO que fueron a Bolivia a neutralizar a testigos clave contra Podemos
Los pasaportes de los policías, como se puede apreciar en los documentos que hoy publica OKDIARIO, fueron renovados con el encargo de trabajar en la Embajada en Bolivia el pasado 20 de diciembre
Carlos Cuesta okdiario 29 Diciembre 2019

El delegado ante la comunidad internacional del Gobierno interino de Bolivia, Jorge -Tuto- Quiroga, ha señalado al Ejecutivo de Pedro Sánchez como autor de una conspiración e injerencia en la soberanía de Bolivia perpetrada con cuatro GEO armados y enviados a este país con el encargo de neutralizar a testigos clave contra Podemos.

La operación, tal y como apunta Bolivia, se ha realizado falseando los pasaportes de los cuatro GEO enviados a La Paz: sus pasaportes, como se puede apreciar en los documentos que hoy publica OKDIARIO, fueron renovados con el encargo de trabajar en la Embajada de esta plaza el pasado 20 de diciembre.

Tras su envío, el verdadero encargo de los cuatro GEO era el de conseguir evitar que dos personas clave cobijadas en la Embajada de México (los ex ministros de Evo Morales -Juan Ramón Quintana y Héctor Arce-) pudieran hablar y dar información sobre el dinero “criminal” recibido por el partido morado de manos de Evo Morales.

El plan consistía en sacar de esa Embajada a los dos mencionados y, posiblemente, buscar un país de acogida donde su situación y pasado no pueda ser controlada judicialmente.

Los pasaportes mencionados de los cuatro GEO efectivamente muestran la fecha del 20 de diciembre como día de expedición y señalan como destino de los agentes el de “oficial de seguridad de la Embajada de España en La Paz”.

El escándalo de la embajada mexicana ha provocado una crisis diplomática de incalculables dimensiones entre Bolivia y España.

Una decena de cargos de Morales
Bolivia acusó a la Embajada de España en La Paz de cometer "atropellos" a su soberanía, después de que personal diplomático -encabezado por la encargada de Negocios en el país- intentase entrar a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado. Los funcionarios iban acompañados de agentes de los GEO "encapuchados" y "presumiblemente armados", según informó el país. La Embajada mexicana alberga a una decena de ex cargos del Gobierno de Evo Morales, entre ellos, ex ministros procesados por acusaciones de terrorismo.

La canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, denunció la "incomprensión de algunos gobiernos, que guiados por compromisos ideológicos y sin entender aspectos sustanciales inherentes a nuestra realidad nacional, comenten actos de injerencia directa".

Longaric señaló que el personal español "intentó ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática", y explicó que la Policía Boliviana "frenó el ingreso de los vehículos".

El Gobierno español explicó que la encargada de Negocios, Cristina Borreguero, realizaba una visita de "cortesía" a la embajadora y negó que tuviese por"objeto facilitar la salida de personas", como denuncia el Gobierno boliviano.

La crisis diplomática es evidente. Quiroga, en una rueda de prensa este sábado, exigió además al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez una investigación y le reclamó que no diga que fue "un desliz" tener "cuatro encapuchados armados" acompañando al personal diplomático de España a la residencia de la embajadora mexicana.

Pero la crítica fue más allá. Acusó a Podemos de ser "agitadores académicos" que pretenden realizar "colonialismo de complicidad criminal" en su país.

El delegado ante la comunidad internacional del Gobierno interino de Bolivia consideró que tanto Pedro Sánchez como Podemos "deben estar muertos de miedo" de que salga a la luz toda la información que tienen Juan Ramón Quintana y Héctor Arce.

"Ahora están en el co-Gobierno con Sánchez y ahora están muertos de miedo de que desde Bolivia y Venezuela se denuncie y se desvele la enorme cantidad de dinero que le robaron a nuestros países estos señores a nombre de hacer colonialismo constitucional", destacó.

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El año baldío del aventurero Sánchez
El liderazgo de Sánchez es un monumento al aventurerismo, una carrera de saltos al vacío y piruetas ventajistas que han convertido 2019 en un año yermo, políticamente baldío. Ni siquiera sometiendo a la nación al estrés de dos elecciones consecutivas ha podido superar su estigma de gobernante interino
Ignacio Camacho ABC 29 Diciembre 2019

Toda la trayectoria pública de Pedro Sánchez constituye un monumento al aventurerismo. Desde que ganó por primera vez las elecciones internas de su partido hasta este fin de año presidido por el intento de tejer una incierta alianza con el independentismo, pasando por su asalto al poder mediante una censura parlamentaria urdida con un burdo -y tardíamente desenmascarado- pretexto jurídico, la carrera del actual presidente es una serie encadenada de piruetas arribistas y saltos al vacío. Su estancia en el poder, la mitad en funciones y la otra mitad en una especie de mandato interino, no ha tenido más logros que los de una contradictoria sucesión de trampas ventajistas, autodesmentidos, contradicciones y lances propagandísticos. Su instinto de resistencia, impúdicamente pregonado en un libro, esconde la clamorosa evidencia de un liderazgo impostado, falto de base ideológica o intelectual, meramente postizo. Ni siquiera ha sido capaz, al cabo de dos elecciones organizadas desde La Moncloa, de romper el bloqueo que provocó él mismo en la búsqueda de un pedestal para su precario equilibrio. Empeñado en apoyarse en los adversarios del constitucionalismo, ha demostrado que el bloque de la moción, lejos de representar una coyuntura de emergencia, es el verdadero soporte de su escuálido proyecto político. Sin más objetivo que el del disfrute de un cargo en el que apenas ha podido ejercer más que un cierto protocolo representativo, ha convertido 2019 en un ejercicio yermo de leyes y de medidas, institucionalmente estéril, baldío.

Casi es mejor así, porque de un dirigente como él no cabe a estas alturas esperar nada sensato al frente de las responsabilidades plenas de la dirección del Estado. Al menos en esta desleída función sin facultades reales de mando no ha dispuesto de la capacidad de hacer daño y el país está dotado de una estructura social y económica lo bastante sólida para funcionar por su cuenta durante un cierto plazo. Habrá que ver, sin embargo, si ese armazón civil puede resistir el entramado de intereses contradictorios que se está fraguando bajo un programa común que en la práctica supone el desmantelamiento de un modelo de convivencia contrastado con aceptable balance práctico. La intolerable oscuridad de la negociación en curso sugiere lo contrario: mal principio apunta un pacto urdido a escondidas de la mirada de los ciudadanos, en un ambiente vergonzante, subrepticio, casi furtivo de puro opaco.

Está muy dicho que la proclamada vocación rupturista de la totalidad de los posibles socios de investidura entraña para la nación una amenaza inquietante: los que no son partidarios de la desintegración territorial cuestionan la Carta Magna en sus principios esenciales. Empero, aún resulta más grave que el único anclaje constitucional teórico de esa amalgama sea el PSOE de Sánchez, porque como partido carece de vertebración orgánica para embridar a un líder al que le faltan credenciales en la defensa de las instituciones claves. El silencio presidencial ante los ataques del separatismo al discurso navideño del Rey es la última demostración de ese carácter plegable que lo lleva a sentarse a negociar con los autores convictos de una sedición, a permitir que la decisión última sobre su propia candidatura la tome un condenado desde la cárcel o a presionar a los cuerpos jurídicos estatales para que cedan al chantaje. Tampoco el contenido del acuerdo con Podemos se conoce más allá de unas vagas afirmaciones exentas de detalles; sí se sabe, por el contrario, que Iglesias y otros dirigentes están mediando con Esquerra Republicana a cambio de ignoradas -aunque sospechadas- contrapartidas en un juego que en cualquier democracia se consideraría aberrante. Porque supone, en la práctica, la entrega de los resortes cruciales del Estado a un conjunto de insurgentes y facciosos que se han amotinado contra los principios legales y que aspiran de forma explícita a derogar el régimen monárquico o la soberanía indivisible contra la que ya han perpetrado un sonado sabotaje.

Este proceder corrosivo, dañino, se ha convertido para el sanchismo en la norma de funcionamiento, una rutina desaprensiva que ha instalado a la política nacional en la parálisis durante un año y medio sin obtener un solo efecto que pueda calificarse como algo parecido a un acierto ni servir al menos para despejar el sistemático bloqueo. El presidente ha sometido a los ciudadanos al estrés de otras dos elecciones consecutivas que han resultado para sus intereses cualquier cosa menos un éxito. Y en ambos casos ha desdeñado la posibilidad de trazar con el centro derecha el único compromiso estratégico que podría garantizar una mayoría estable y solvente de Gobierno. Los problemas endémicos de la sociedad española continúan estancados y los indicadores de crecimiento, pese a la inercia dinámica de los últimos tiempos, empiezan a ofrecer síntomas de retroceso. Pero el dirigente que debería liderar la respuesta a esos retos, incluido el del conflicto catalán, sólo permanece atento al empeño de establecer un frente común, que sarcásticamente denomina «de progreso», con los partidos que en vez de reconstruir el país se proponen romperlo y tras fracasar en una primera tentativa anuncian con desparpajo su voluntad de intentarlo de nuevo.

El aventurero profesional no parece inmutarse ante la evidencia de que los enemigos del sistema constitucional lo consideren, aunque sea como mal menor, la opción que les puede proporcionar mejores bazas. En su perpetua huida adelante tal vez sueñe con ganarse su confianza para después hacer con ellos lo mismo que con todos los que han dado algún valor a su palabra. Pero sus prisas por cerrar cuanto antes la investidura, si es necesario en esa víspera de Reyes que para millones familias representa una fecha mágica, revelan un fondo de seguridad muy escasa, una convicción débil, rayana en el estado de alarma. No es imposible que incluso un oportunista tan consumado, un experto jugador de ventaja, un tahúr acostumbrado a usar cartas marcadas y demás martingalas, empiece a ser consciente de que llega un momento en la vida en que la suerte acaba por volver la espalda.

Sobre la capacidad política de Pedro Sánchez
Pablo Sebastián republica 29 Diciembre 2019

En España no existe un procedimiento de ‘impeachment’ como el que la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos acaba de poner en marcha contra el Presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Y suerte que tiene Trump de que no exista una variante de ‘impeachment’ que, además de la de la incapacidad física o mental, incluya la flagrante incapacidad política.

Lo que aplicado a España nos habría librado de tres nefastos presidentes del Gobierno como lo han sido Zapatero y Rajoy (de los que Manuel Martin Ferrand decía que habían sido un regalo de José María Aznar) y lo es Pedro Sánchez, ‘en funciones’ destructivas del marco constitucional español.

De Sánchez se pueden decir muchas cosas, como que tiene una ambición sin límites y que está a dispuesto a pagar el precio que sea a Podemos y ERC para seguir en La Moncloa, lo que es verdad.

Como también se puede decir de Sánchez que es autoritario, rencoroso y vengativo con sus adversarios políticos de dentro y de fuera del PSOE. O que es republicano y marxista radical y quiere implantar en España la III República y el Estado federal, facilitando la independencia de Cataluña.

Pero lo que no se puede decir de Sánchez es que sea persona inteligente y con capacidad política para gobernar España. Él es consciente de sus carencias y huye de la prensa y sólo acude a debates electorales obligados donde queda mal, mira al suelo y huye del cuerpo a cuerpo con cualquier adversario político.

La prueba indiscutible de su incapacidad y ceguera política la demostró cuando tras las elecciones generales del pasado 28 de abril tuvo, con Cs y con Podemos, dos claras y fáciles oportunidades -ambas muy beneficiosas para él y para el PSOE- de alcanzar la investidura y la formación del nuevo Gobierno. Y las dos Sánchez, inexplicablemente, las dinamitó.

La del pacto con Cs, cuando el PSOE y Cs sumaban 180 escaños, Sánchez ni siquiera se la planteó, ni se la ofreció a Albert Rivera con quien en el 2016 había firmado un pacto de Gobierno de coalición.

Decidió Sánchez que lo suyo era la izquierda y tras negociar con Iglesias -el que si es inteligente y mucho más hábil que Sánchez- al final aceptó ir a un Gobierno de coalición con Podemos, pero vetando la presencia de Iglesias en el gabinete (con un sin fin de argumentos que ahora han desaparecido), lo que el astuto líder de Podemos entonces aceptó.

Pero en el último minuto y con la excusa de una pequeña competencia que pedía Podemos para uno de sus ministerios Sánchez dinamitó el pacto en la votación de su investidura del pasado 25 de julio. Demostrando con ello su ceguera y absoluta incapacidad política.

Entre otras cosas, porque en aquel momento ERC ofrecía su abstención sin pedir contrapartidas porque no se había publicado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe catalán, y la investidura era para Sánchez un paseo militar.

Pero de pronto Sánchez se puso chulo y creyó los pronósticos de su fiel Tezanos que le ofrecía más de 150 diputados en la repetición electoral del 10-N con la ayuda de la momia de Franco y se equivocó.

Y, olvidándose de la cercanía de la sentencia del procés, Sánchez se lió la manta a la cabeza, destruyó la investidura de julio diciendo que Iglesias le quitaba el sueño y puso en marcha su muy temeraria repetición electoral del 10-N donde perdió 3 escaños y más de 700.0000 votos.

Y ahora ahí está Sánchez, sin dormir desde la noche electoral del 10-N y abrazándose (como un beodo a una farola), a Pablo Iglesias al que acaba de ascender a vicepresidente. Y dispuesto a destruir el Régimen constitucional de 1978, la credibilidad de la Justicia, la unidad de España y el PSOE -que ya está roto por el PSC- y, por supuesto, a fracturar la convivencia entre los españoles.

Y todo ello para conseguir ahora en la segunda votación de su investidura la abstención de ERC, que en julio era gratis, entregando al soberanismo catalán buena parte de la soberanía nacional, la cabeza de la Abogacía del Estado y la promesa de indultos a los golpistas condenados en el Tribunal Supremo para que su hoy nuevo socio, el compinche, Junqueras pueda ser pronto en 2020 presidente de la Generalitat.

Como verán las cuentas son muy sencillas Sanchez tuvo en julio la gran oportunidad de una inmediata y gratuita investidura y la despreció. Y ahora está dispuesto a pagar una gigantesca factura poniendo con España en almoneda. Y ¿esta es la prueba de su inteligencia y capacidad política? O más bien la de su capacidad de destrucción de un plumazo la reciente y brillante Historia de la Transición al sólo servicio de su personal ambición.

Un presidente al precio de una democracia
Jesús Cacho. vozpopuli  29 Diciembre 2019

Siete días después de que el jueves 20 de diciembre de 2018 Pedro Sánchez y cuatro de sus ministros se reunieran en el Palacio de Pedralbes con el president de la Generalitat, Quim Torra, y otros tantos de sus consellers, en aquella “cumbre bilateral entre los gobiernos de España y Cataluña” exigida por el independentismo, el líder socialista compareció ante los medios para hacer balance de sus primeros meses de Gobierno con un discurso marca de la casa que al desparpajo unió la retórica hinchada habitual: “Este Gobierno ha hecho más en siete meses por la regeneración de la democracia, la modernización de la economía y el presupuesto social que el anterior en siete años”. Sánchez aceptó la humillación de aquella “cumbre” porque necesitaba el voto afirmativo de PDeCAT y ERC a los PGE (“que son muy buenos para Cataluña” decía la doña de Cabra, Carmen Calvo) para 2019, asunto del que dependía su continuidad en Moncloa. Al final, el separatismo le dio con la puerta en las narices, dijo no a los Presupuestos, y le obligó a comparecer el viernes 15 de febrero del año en curso para anunciar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril. Sánchez “no ha querido traspasar la línea roja de la autodeterminación” que le exigían los indepes, escribía entonces Lo País.

Un año después de la cita a ciegas en Pedralbes, el eterno presidente en funciones se ha negado a comparecer ante los medios para hacer balance de estos 12 meses en el limbo de la vacuidad más absoluta. Ahora como entonces, Sánchez sigue necesitando, con más desesperación si cabe, el favor de los independentistas de ERC para poder ser investido, por fin, presidente del Gobierno. Sigue anclado al cepo del separatismo, y con él todo un país de la dimensión de España. Si en diciembre de 2018 pasó por la afrenta de la foto con Torra en Pedralbes, ahora los nacionalsocialistas de ERC han elevado la apuesta y le exigen como primera providencia la libertad de su líder, un señor que ha sido condenado a 13 años de prisión en sentencia firme del Supremo por los delitos de sedición y malversación. La diferencia es que si hace un año no quiso vulnerar “la línea roja de la autodeterminación”, ahora parece dispuesto a bajarse los calzones hasta los zancajos para que Junqueras le aplique el correctivo que tenga a bien. Pedro perdió 800.000 votos y 3 diputados (120 en total) el 10 de noviembre, cuando pensaba llegar a los 150, y es el único líder que bajo ninguna circunstancia podría permitirse acudir a nuevas generales la próxima primavera. Ese es el problema. La línea que separa el éxito del fracaso es tan delgada en su caso, su debilidad es tal, que está dispuesto a pagar el precio que sea menester con tal de que los enemigos de España le hagan presidente del Gobierno de España.

Ahora, el falsario pretende poner la Abogacía del Estado a su servicio para que se pronuncie sobre la libertad de Oriol Junqueras, un imposible jurídico en tanto en cuanto acceder a la pretensión de ERC significaría anular el juicio al procés y la correspondiente sentencia (como aquí explicaba el viernes Tono Calleja) del Supremo, es decir, equivaldría a hacer añicos toda nuestra arquitectura legal. El pájaro está sometiendo a las instituciones a tal estrés que las vigas maestras del edificio constitucional podrían saltar por los aires como las cuadernas de un buque sometido a las tensiones de un gran temporal en alta mar. La Justicia, por ejemplo, convertida en felpudo de un político sin escrúpulos necesitado de satisfacer las exigencias de sus socios. La economía también, con la subida de las pensiones, la del sueldo de los funcionarios y la revisión al alza del SMI, para pagar el precio del apoyo de los neocomunistas de Podemos, ello cuando acabamos de enterarnos de que el déficit acumulado por el sistema de pensiones entre 2011 y 2018 es ya de 101.000 millones, según un informe del BBVA Research hecho público esta semana. Destruye las instituciones, arruina la economía y se fuma un puro.

España duerme, duermen los españoles
Nada de lo ocurrido en 2019 es comparable a lo que podamos esperar en 2020 y sucesivos si el tipo consiguiera ser investido presidente con los apoyos conocidos. Sánchez negocia su investidura con un grado de opacidad inimaginable en un sistema democrático. Ni una explicación. ¿Qué es lo que en realidad está pactando? ¿Hasta dónde está dispuesto a arrastrarse? Los medios se mueven con un candil en mitad de la noche, tratando de interpretar los signos externos que como señales de humo envían desde Moncloa los edecanes de este “sofista garrulo”, que diría Menéndez Pelayo, dispuesto a la “espantosa liquidación” de nuestro pasado reciente. Mientras, el país calla. Y celebra la Navidad aparentemente ajeno a los riesgos que entraña la aventura personal del sabueso. Como escribía Gabriel Albiac en un memorable artículo reciente en 'ABC': “España duerme. Duermen los españoles. Lo verdaderamente trágico es que les importa un pito lo que pase con la nación: su extinción incluso. Los españoles odian, tal vez, a los Puigdemont, a los Junqueras, sencillamente porque han alterado la paz de su sacrosanta siesta. Pero se han hecho a seguir durmiendo en medio del alboroto. Puede que eso cifre la popular sabiduría: morir durmiendo. Una muerte placentera, pero muerte”.

Y nadie sabe qué hacen “las derechas”, a qué esperan para intentar al menos quebrar este guion infame, ensimismadas en la idea de heredar los jirones de un país sobre el que, cuando llegue, que nunca será pronto si es que llega, resultará muy difícil volver a construir un espacio de convivencia y progreso como el que hemos conocido los últimos 40 años. Ya es casi una obviedad decir que caminamos a toda velocidad hacia un cambio de régimen. El PSOE y sus socios (¡qué razón tenía Albert Rivera cuando hablaba de Sánchez y su “banda”!) ya han dejado de hablar de alcanzar acuerdos con ERC “dentro de la Constitución” para referenciarlos dentro de un genérico “marco normativo” (sic). Convertido en el último baluarte del régimen del 78, Felipe VI es el objetivo a batir por populistas y separatistas durante 2020. De lo inevitable podría salvarnos la demostrada capacidad del “Movimiento Lazi” para darse patadas en el culo y hacer añicos la mejor oportunidad que los siglos le depararon en la persona de Sánchez Castejón. La Junta Electoral Central tiene previsto reunirse este viernes, 3 de enero, para tratar la petición formulada por PP y Cs de inhabilitar como eurodiputado a Junqueras y desalojar como presidente de la Generalitat a Torra, igualmente inhabilitado por sentencia reciente del TSJC. Momento en el que, quien maneja las riendas desde Waterloo, podría ordenar la disolución del Parlament para ir a elecciones catalanas ante el riesgo de que la Generalitat quedara en manos del actual vicepresidente, Pere Aragonès, de ERC para más señas, algo que arruinaría casi definitivamente la investidura de Sánchez.
Sánchez vuelve a Pedralbes

Equilibrista en el alambre, el personaje vuelve a Pedralbes y, lo que es peor, a su declaración final, dispuesto a asumir todos y cada uno de sus puntos si un milagro no lo remedia. Ya se han tragado sin pestañear lo del “conflicto político” entre España y Cataluña, y hablan con desparpajo de esa “mesa de partidos” cuya formación, en el fondo, equivaldría a cortocircuitar la prevalencia del Parlamento como instancia en la que los representantes de la soberanía popular acuerdan las leyes por las que nos regimos todos. En el horizonte cercano, los famosos 21 puntos que Torra, por mandato de su jefe, entregó al líder socialista en la citada “cumbre”. Entre ellos, la exigencia de “reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación”, la necesidad de “una mediación internacional que facilite una negociación en igualdad”, y el compromiso de que “la soberanía de las instituciones catalanas no puede verse amenazada con la aplicación del artículo 155”. Lo cual equivaldría a reconocer, de facto, la inoperancia en Cataluña del ordenamiento jurídico vigente en el resto de España. De ahí a la independencia, un paso.

El 30 de diciembre de 2018 calificamos aquí el 2019 como “un año trascendental, en el que debería producirse el desenlace del nudo gordiano en el que se debate España: el de la destrucción del Estado que ampara la Constitución y la consiguiente balcanización a la que aspiran Sánchez y sus compañeros de viaje populistas y separatistas, o el rearme de la España democrática que consagra esa misma Constitución, junto a la voluntad decidida de abordar la solución del problema catalán mediante la aplicación de la Ley y solo la Ley, con la intervención de la Generalitat durante el tiempo que sea menester”. El año que acaba no solo ha sido baldío a los efectos enunciados, sino que la situación ha empeorado de forma dramática. Difícil ser optimista cara a 2020. Con el viejo PSOE recluido en las catacumbas, el tipo que se ha hecho con las riendas del socialismo español está dispuesto a aceptar la ruptura de España antes que renunciar al poder. Y aceptar esa ruptura significa acabar con la Constitución del 78, que es la norma que nos ha permitido vivir en paz desde la muerte de Franco a esta parte. Significa, en definitiva, acabar con la democracia. Que los Dioses les sean propicios durante 2020.

Sánchez puede y debe rectificar

No hay contradicción de fondo entre Pablo Casado y Núñez Feijóo en la reivindicación del Partido Popular como un partido de Estado que antepone los intereses generales a la conveniencia electoral.
Editorial larazon 29 Diciembre 2019

Desde algunos sectores políticos podrán interpretarse las posiciones que hoy defiende el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la entrevista concedida a LA RAZÓN, como un desacuerdo de fondo con la estrategia de radical oposición que mantiene el presidente de su partido, Pablo Casado, con respecto a la investidura del candidato socialista.

Pero, leídas detenidamente la declaraciones del barón popular gallego, se puede concluir que no hay tal. Porque cuando Núñez Feijóo señala que el PP es un partido de Estado y que sería posible volver a la casilla de salida para entablar negociaciones con el PSOE, recalca lo que todos sabemos, que el presidente del Gobierno en funciones no ha tratado en ningún momento de buscar otra alternativa al acuerdo con Podemos y con ERC, en un acto político inaceptable no sólo para Casado, sino, incluso, para una parte de los propios votantes socialistas a quienes el secretario general del PSOE explicó antes de celebrarse la repetición electoral que no pensaba pactar con la extrema izquierda que lidera Pablo Iglesias y que la sola idea de gobernar con Podemos le quitaba el sueño.

Pues bien, y el relato de los hechos que hace Núñez Feijóo es exacto, una vez que el recuento del 10 de Noviembre certificó la caída en votos y escaños del PSOE, Pedro Sánchez se desdijo de sus posiciones anteriores y aceptó un acuerdo de gobierno de coalición con los comunistas, en el que Pablo Iglesias conseguía la primera Vicepresidencia. El líder socialista fue directo a esta alternativa y el resto de los partidos políticos, entre ellos el PP, sólo supieron de los hechos consumados. A partir de ahí, Pedro Sánchez no quiso mantener interlocución alguna con Pablo Casado hasta el 17 de diciembre, en una entrevista celebrada en el Congreso en la que el presidente del Gobierno se mantuvo en sus trece. De ahí, que Núñez Feijóo advierta de que no se puede transferir una responsabilidad que es exclusiva de Pedro Sánchez, menos, cuando lo que exige es un apoyo incondicional para formar un Ejecutivo con la extrema izquierda comunista, apoyado por un partido separatista catalán que no ha renegado en ningún momento de su participación en la intentona golpista de octubre de 2017 y que manifiesta abiertamente que seguirán intentado romper la unidad de España.

Pero como señala, también, el presidente de Xunta gallega, el problema no está tanto en los independentistas, que están donde siempre han estado, como la dejación de los principios socialdemócratas de la actual dirección del PSOE y, sobre todo, de su secretario general, que ha situado al partido en un escenario sin solución de continuidad, puesto que no puede arriesgarse a celebrar unas terceras elecciones que significarían, como ya pronostican las encuestas, una mayor pérdida de votos, ni puede alejarse del precipicio separatista que significa pactar con ERC.

Pues bien, aún en estas condiciones que, siendo cínicos, a medio plazo podrían favorecer las expectativas de gobierno del Partido Popular, Núñez Feijóo mantiene que no es imposible negociar un acuerdo con los socialistas, siempre, claro, que Pedro Sánchez rectifique su incomprensible deriva. A nuestro juicio, que es, por supuesto, el que hemos venido manteniendo en la línea editorial, la alternativa de un pacto entre los dos grandes partidos constitucionalistas, con inclusión de Ciudadanos, es preferible al proyectado Gobierno de coalición con Podemos, que no sólo estaría muy condicionado por los partidos nacionalistas, sino que pone en peligro la recuperación económica de España. Pero para ello es imprescindible que el Partido Popular obtenga garantías expresas de la voluntad de cumplir tal pacto por parte del PSOE y el acuerdo previo sobre el programa político que se pretende llevar a cabo.

Repetir errores
Nota del Editor 29 Diciembre 2019

Claro como el agua clara: el único grupo que debe seguir en España es Vox, los demás tienen que desaparecer.
El Dr Cum Fraude está haciendo un buen trabajo para cargarse al PSOE, lo grave es que sus daños colaterales son terroríficos. El lector del Marca hizo lo propio con el PP, también con tremendos daños colaterales, sólo hay que ver donde estamos hundidos, y de cuando en cuando saca la cresta el tal Núñez, para
terminar de demostrar la necesidad de su desaparición.

Trece escaños sin piedad
Javier Somalo Libertad Digital 29 Diciembre 2019

Trece escaños. Ese ese el precio. Trece escaños de un partido cuyo líder está en prisión por el golpe de Estado –inconcluso– del 1-O. Sin ellos, Pedro Sánchez no conseguirá ser investido presidente de un gobierno comunista-separatista, que se salta al segundo y al tercer partido en escaños y votos, síntoma inequívoco de que no es, como dicen ellos, "el gobierno que han elegido los ciudadanos". No lo es, ni por asomo, pero es el que quiere Sánchez y el que le están sirviendo sin oposición en la oposición del centro-derecha al no forzarle a elegir. Como el PP "no juega de farol", ganará la partida el que juega de tramposo.

Los trece escaños dependen ahora de la Abogacía del Estado gracias a la inestimable ayuda –para hacer el mal– del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Era inmune Oriol Junqueras y debió tomar posesión de su acta de eurodiputado o su delito de sedición ya había sido visto para sentencia para entonces y, en cualquier caso, ahora ya es un condenado? ¿Es esto lo que están evaluando en la Abogacía del Estado a la luz de la sentencia europea? Sinceramente, me importa un bledo porque salta a la vista que lo que deliberan es si acatan las órdenes de un señor que dijo que la Fiscalía es él. ERC quiere que Oriol Junqueras salga de prisión e inaugure una ampliación del Camp Nou, cual Nelson Mandela con barretina. Y, por descontado, que se anule el juicio por el golpe de Estado. Es lo que ahora llamamos "gestos" para que el Señor de los Fiscales pueda gobernar España. Por trece escaños, que ni siquiera deberían ser legales porque ese partido no debió presentarse jamás a unas elecciones al violar flagrantemente la Ley de Partidos.

Doce hombres sin piedad, con Henry Fonda en el cine, o más de una década después con José Bódalo en el teatro televisado de Estudio 1, sigue siendo una interesante reflexión sobre los juicios y prejuicios. Las cosas no siempre son como aparentan y todo esfuerzo deductivo es poco cuando está en juego la vida de un posible inocente y requiere un veredicto unánime. Pero, sea con José Bódalo o con Henry Fonda; con Sancho Gracia o con Peter Falk, el problema que nos ocupa no es de piedad sino de decencia y, por supuesto, de Justicia. Y esta vez, las cosas sí son como parecen: hubo un golpe de Estado en 2017 pero Pedro Sánchez necesita hoy los escaños de los que lo perpetraron. No hay dudas razonables, no hay prejuicios del jurado por el origen racial del muchacho acusado de asesinar a su padre, nadie discute cómo se empuña una navaja automática para provocar la mortal herida, no hay testigos que vieran la escena desde la ventanilla de un tren en marcha. El golpe del 1-O no es tan interesante como el guion adaptado de aquella película. Se perpetró y se proclamó una república dentro de un Estado democrático. Y, como recuerdan siempre que pueden, "ho tornarem a fer". Ahora, se nos vende un juicio paralelo instruido desde Bruselas y cuyo veredicto parece que deben firmar unos abogados del Estado.

Edmundo Bal sabe muy bien cómo funcionan las lealtades en la Abogacía del Estado porque le echaron a patadas por negarse a firmar enjuagues piadosos prefiriendo la Justicia, que es lo que sustenta una democracia. No hay garantía jurídica que no se haya observado y hasta inventado para llegar a condenar a los golpistas. Tanto es así, que el propio Tribunal Supremo se impuso la innecesaria unanimidad a la baja para firmar la sentencia y condenar por sedición en vez de por rebelión. No operó la objetividad sino el miedo, como siempre, a un reproche europeo desde Estrasburgo a cuenta de los derechos humanos de quienes los conculcan. El prurito jurídico no tardó en llegar desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, base ahora de la negociación con la Esquerra para formar un gobierno del PSOE y Podemos. Jamás ha habido mayor orgía entre Poderes.

Como ha relatado Bal en entrevista con Rosana Laviada en esRadio, es casi una certeza que el escrito de la Abogacía tenga que pasar la censura previa de ERC antes de darse a conocer. Por eso, tal y como adelantó en exclusiva en Libertad Digital Miguel Ángel Pérez, no se encuentra abogado firmante para el cambalache aunque no falte quien asegure que la jefa, Consuelo Castro, tiende al autógrafo fácil. Y mientras, todos en vilo por si las condiciones para formar gobierno llegan en Nochevieja o en Reyes, con las campanadas o a lomos de camellitos. Tal es el estado de salud de la democracia en el Reino de España, miembro de la Unión Europea y Piadosa.

Porque lo más asqueroso de este paréntesis de la democracia es que si Pedro Sánchez no necesitara a ERC para seguir en el poder, Junqueras no sería objeto de piedad alguna. Ni siquiera habría merecido una complicada deliberación bajo una insoportable presión del cliente, el Estado. Es más, si no fueran necesarios esos trece escaños, Junqueras sería indiscutiblemente un golpista y Torra no habría dejado de ser un "xenófobo".

Pero la piedad mal entendida dejó herida de muerte a la Justicia desde que un Fiscal General del Estado –del Gobierno, como ya ha acuñado Sánchez– llamado Cándido Conde Pumpido reclamó que las togas tenían que mancharse con el polvo –y la sangre– del camino para negociar con la banda terrorista ETA.

El éxito completo del golpe de Estado de la Generalidad de Cataluña llegará pues, cuando gobierne Pedro Sánchez gracias a los escaños de ERC en una rediviva "Solución Armada" contra la Democracia. Esto es lo que está a punto de suceder.

De nada servirá que PP y Ciudadanos busquen la censura de los barones socialistas que critican sin romper filas o que Vox delegue el sacrificio en otros. Si Pablo Casado cree que hay una alternativa, no puede ser tan corta como la que insiste en proponer referida a Ciudadanos y Navarra Suma, que sólo excluiría aparentemente a ERC y permitiría el gobierno del PSOE con los comunistas. No creo que 89 diputados sirvan para tan poco cuando es tanto lo que hay en juego.

La intolerable confusión de Poderes que ha pergeñado Pedro Sánchez se aleja mucho de lo que es un sistema democrático y nos aboca a todos a un riesgo cierto. Si en enero hay gobierno, una cosa es segura: por su parte no habrá piedad.

Zapatero en Bolivia o la diplomacia enmascarada de Falconetti y Pablenin
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 29 Diciembre 2019

Aunque se convirtiera rápidamente en tonting topic mundial, no está probado que Zapatero fuera uno de los agentes españoles enmascarados que, tras los diplocamaradas Borreguero y Álvarez, trataron de entrar en la casa de la embajadora de Méjico en La Paz, presuntamente para sacar del país a Juan Ramón Quintana, uno de los ministros de Evo Morales que son acusados de terrorismo y narcotráfico por el gobierno legítimo de Bolivia. La identidad fue detallada, tal vez sin querer, por El País, diario golpista del Ibex-35, en una liosa noticia sobre el asunto cuya evidente intención era encubrir el delito, impedido por el vecindario del diplo-zulo de AMLO. Son las siglas del hoy presidente, anteayer López Cobrador, cuando, en México DF, parecía tener el favor del narco. Búsquese en You Tube el soberbio film El conejo en la luna, cuyo director tuvo que huir de México y en el que aparece el presunto cobrador trincando, en metálico y en su despacho.

La INI (Izquierda Narcotraficante Internacional)
Estamos ante la izquierda narcotraficante en pleno: el triángulo La Habana-Caracas-FARC, el cocalero golpista Morales, las conexiones narco-bolivarianas en el Méjico de Andrés Manuel López Obrador, y la diplomacia paralela española cuya cabeza visible es Rodríguez Zapatero. Al fondo, como ha denunciado Santiago Abascal, el Foro de Sao Paulo, la Komintern del Socialismo del siglo XXI, que, con Rusia y China detrás, está desestabilizando violentamente las democracias iberoamericanas. El incidente de La Paz es cualquier cosa menos esperpéntico. Demuestra que, bajo el Gobierno en disfunciones de Sánchez y antes de que Podemos haya llegado al Poder, España actúa ya como un régimen bolivariano más.

Dos personajes, Zapatero y Garzón, nos hacen temer que este es sólo el primero de los incidentes por venir en la diplomacia española. Un país de la UE es perfecto para el mercadeo político-delictivo que va a caracterizar la actuación de la INI con Castro, Maduro y Kirchner como cabezas de un movimiento continental cuyas bases teóricas puso Carlos Ledher, socio de Pablo Escobar que defendía la entrada de cocaína en los USA como parte de la lucha antiimperialista. Corrompida su juventud, sería fácil su derrota.

Las cloacas que mandan en el Estado
Teóricamente, un Estado de Derecho y miembro de la UE no podría nunca convertirse en plataforma de este narcoimperio antioccidental. Sin embargo, basta escuchar la terrorífica grabación de Villarejo al Presidium de las cloacas judiciales y policiales –Garzón, Dolores Delgado, El Gordo, el propio Villarejo- para comprobar que en España opera desde hace años una especie de micro-Estado delictivo dentro del Estado, que se ha forrado en la seguridad privada de las grandes empresas del IBEX-35 (repito: base financiera de El País) gracias al respaldo del Gobierno, del PP o del PSOE.

Los casos de espionaje entre grandes bancos y empresas españolas, que acaban de empezar, tienen un claro antecedente: el espionaje a Pizarro en Endesa por Villarejo, que dijo actuar "en nombre del CNI", pero acabó en los tribunales y el CNI fue condenado. En realidad, Villarejo y demás hacían trabajitos para el Gobierno, el Partido o el Ministerio del Interior. Y cuando espiaban a particulares por cuenta de particulares y los pillaban, se remitían a esos políticos que les habían encargado espiar a otros políticos. Daba igual Rubalcaba ("lo sé todo de todos") que Fernández Díaz.

El poder de esas cloacas policial-judiciales se ha multiplicado hasta extremos difíciles de precisar, nunca de menospreciar, después de que uno de sus miembros, el pro-batasuno De Prada, entrañable amigo de Garzón, proporcionara la excusa técnica -una sentencia manipulada- para la moción que defenestró a Rajoy. El premio fue el Ministerio de Justicia para Dolores Delgado, la entrañable de Garzón, cuyo mérito para ocuparlo es nulo. Pero si uno de los comisarios entrañables de Villarejo llegó a alquilar el aeropuerto de Barajas a Gao Ping y otros hampones, ¿qué no harán con este Gobierno en funciones, cuya única función es quedarse en la Moncloa?

Garzón es también entrañable de Cristina Kirchner y, desde el Caso Pinochet, el ídolo de la extrema izquierda político-judicial iberoamericana; Zapatero, embajador oficioso internacional del narco-régimen de Caracas; y hay un tercer personaje con los mejores contactos con el narcorrégimen venezolano y sus aliados bolivianos o argentinos: Juan Carlos Monedero. El hombre de las finanzas de Podemos, que trajo a España al que era jefe de gabinete de Pablo Iglesias y ha ascendido a ministro de Educación peronista, fue protegido por el PP de Montoro y Rajoy cuando le pillaron medio millón de dólares sin declarar a Hacienda. Eso lo apartó un tiempo del Politburó, pero la crisis con Errejón le devolvió al círculo de confianza del Marqués de Galapagar. Ha sido uno de los negociadores de la entrada de su partido en el futuro Gobierno de la Esquerra que presidiría Sánchez. Y, aparte de la marquesa, es la persona más influyente y cercana a Iglesias.

Sin embargo, precisamente en Bolivia se ha denunciado el tinglado financiero de Monedero, tras impedir el Ejército, la policía, la Oposición y la OEA el gigantesco pucherazo de Evo Morales con el que pensó quedarse para siempre en el Poder. Puso pies en polvorosa camino de México y de su malhabida fortuna y quiso seguirlo su séquito de apandadores, pero con desigual fortuna. Algunos huyeron por Brasil, según cuenta El País como cosa normal, pero otros quedaron atrapados en La Paz, bajo la protección mejicana, en especial el ex-ministro Quintana. Y según ha denunciado el expresidente boliviano Quiroga, la ignominiosa actuación de la diplomacia española obedece al afán de sacar a Quintana del país antes de que cante. Y de que cante, según Quiroga, los millones que le dió a Monedero a través de su empresa de asesoría Neurona. Antes, pues, de llegar al Gobierno, Podemos, en alianza con el zapaterismo caraqueño, habría convertido las embajadas españolas en guaridas de delincuentes. Eso sí: todos rojísimos.

¿Será España el balneario del hampa roja?
El más rápido en reaccionar ante este escándalo, que lo es y grave, fue, como decía al principio, Abascal. También el PP se apresuró a pedir la comparecencia de la ministra en funciones Margarita Robles, aunque su representante parecía tan desganado en la tele como el Dastis de Rajoy, de borroso aunque imborrable recuerdo. Será diplomático o así. Pero la cosa es tan seria que no puede abordarse por twitter ni con suplentes. Los líderes de la Oposición deben emplearse a fondo y explicar a la opinión pública en qué puede convertirse España bajo Falconetti y Pablenin: en el hotel de lujo y la dorada lavandería financiera del hampa narco-comunista internacional.

Los efectos del "lavado de cerebro" en Cataluña en un dato escalofriante
ESdiario 29 Diciembre 2019

Décadas de inmersión independentista en la educación pública y los medios de la Generalitat tienen consecuencia. Y un solo dato lo demuestra con crueldad.

El Rey arrasó en el prime time de Nochebuena y su discurso fue uno de los programas televisivos más vistos del año, con 7.5 millones de espectadores, a los que hay que sumarle una audiencia multitudinaria pero sin cifra oficial a través de las distintas emisoras de radio.

Pero el dato deja algunas derivadas inquietantes que evidencian hasta qué punto está triunfando la calibrada estrategia de "desespañolización" que desde hace años funciona, a través del dominio de la educación y de los medios de comunicación públicos, en comunidades como Cataluña.

Si la media nacional de audiencia del discurso de Felipe VI fue del 65.1% de los espectadores, sumando las veinticinco cadenas que lo emitieron, en Cataluña apenas pasó del 36,8% y en el País Vasco se quedó en el 43%.

El contraste con otras regiones es abrumador: Murcia (84,8% de cuota de pantalla); Castilla La Mancha (79,4%); Comunidad de Madrid (73,7%) y Asturias (72,8%) son las cuatro Comunidades que más seguimiento tuvieron hacia el Monarca, lo que más que duplica en algunos casos las cifras obtenidas en las regiones con mayor control de las instituciones por parte del independentismo.

Algo que demuestran, con puño de hierro, controlando las emisiones de sus cadenas de televisión autonómicas: en el caso del País Vasco, ETB ni siquiera difundió la intervención del Jefe del Estado. Y en el de Cataluña, lo hizo fuera de su canal principal de TV3, dejándolo relegado a uno de menor enjundia y temático.

En el conjunto, las palabras de don Felipe tuvieron 400.000 espectadores menos que en 2018, aunque no es un descenso relevante dado el menor número de cadenas que emitieron sus palabras en tiempo real el pasado 24 de diciembre.

En el 2018 la audiencia fue de 7,9 millones y 70,6% en el acumulado de las 30 cadenas, por lo que este año se produce un descenso de 5,5 puntos de cuota de pantalla y 407.000 espectadores, según datos de Kantar Media ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Otras ediciones
La primera alocución navideña de Felipe VI, pronunciada en 2014, fue la que logró un mayor seguimiento con una audiencia media de 8.239.000 y una cuota de pantalla del 73,4. Más interés suscitó el mensaje que Felipe VI dirigió a los españoles el 3 de octubre de 2017 en el marco de la crisis política en Cataluña. En esa ocasión, el discurso del monarca alcanzó el 76,6% de cuota de pantalla y 12.443.000 espectadores.

Ese mismo año, el discurso navideño fue el segundo más visto de los retransmitidos en Nochebuena desde la proclamación de Felipe VI con 8.139.000 espectadores, aunque con una cuota de pantalla del 65,6 por ciento. Por contra, el mensaje del Rey pronunciado en 2016 fue el menos visto con 5.822.000 televidentes con una cuota de pantalla del 57,6 por ciento.
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